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13feb17


La Audiencia Nacional imputa a MAFO, Restoy y Segura por el caso Bankia


La sección tercera de la Audiencia Nacional ha obligado al juez Fernando Andreu a imputar al antiguo gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y a toda la cúpula del supervisor en su etapa, incluido Fernando Restoy, subgobernador hasta hace unos meses, por su papel en las presuntas irregularidades en la salida a bolsa de Bankia (el caso Bankia). Asimismo, tendrá que declarar en condición de investigado el expresidente de la CNMV cuando se produjo la OPV, Julio Segura.

Andreu se había resistido hasta ahora, con el apoyo del fiscal, a las peticiones de imputación de los supervisores por parte de la principal acusación, el sindicato Confederación Intersindical de Crédito, representado por Andrés Herzog, a pesar de los famosos correos del inspector Casaus en los que cuestionaba su viabilidad y el acierto de la salida a bolsa. Pero ahora la instancia superior tumba este rechazo y, además de MAFO, Restoy y Segura, cita como investigados a otros responsables del Banco de España en ese momento: Pedro Comín (el destinatario de los correos de Casaus), Mariano Herrera García-Cantauri, Pedro González, Jerónimo Martínez Tello y Javier Arístegui.

Herrera es el actual director general de supervisión del Banco de España, Comín es su adjunto y González también sigue trabajando en la actualidad en el supervisor bancario. Restoy era vicepresidente de la CNMV cuando se produjeron los hechos y el 4 de enero se incorporó como presidente al Instituto de Estabilidad Financiera, dependiente del Banco Internacional de Pagos de Basilea. Tras la salida de Jaime Caruana de este último, Restoy es el máximo representante de España en los organismos financieros internacionales.

El auto considera procedente la petición de los recurrentes de llamar a declarar a los responsables de ambas entidades, que tenían bajo su competencia la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su constitución y salida a bolsa, que, según aquellos, autorizaron "pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del BdE de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)".

"Indicios de criminalidad" del BdE y la CNMV

El auto se muestra muy duro con los supervisores, al calificar de "razonable" y "razonada" la pretensión de la CIC sobre la base de la existencia en este procedimiento de indicios "múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados".

Los jueces consideran también que en la fase actual de la instrucción, tal y como sostienen los recurrentes, no es el momento procesal para circunscribir el ámbito del procedimiento a una determinada calificación jurídica de los hechos (posible estafa de inversores), como ha realizado el instructor, sino que no procede verificarse hasta finalizada la investigación.

La sala rechaza la solicitud de que se oficie al Banco de España para que aporte todos los correos electrónicos remitidos y recibidos desde su dirección corporativa entre José Antonio Casaus y Pedro Comín, por tratarse de una diligencia "manifiestamente excesiva".

[Fuente: Por Eduardo Segovia, El Confidencial, Madrid, 13feb17]

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