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19abr17
El juez cita como testigo hoy a Cifuentes por la corrupción en el Canal
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado a declarar hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y al vicepresidente, Ángel Garrido, como testigos en la causa que dirige contra la corrupción en el Canal de Isabel II, han informado a Efe fuentes de la investigación. Se trata de la investigación de la Guardia Civil por la que ha sido detenido Ignacio González, antecesor de Cifuentes en Madrid y presidente del Canal entre 2003 y 2012.
En una breve declaración sobre la operación que está desarrollando la UCO, Cifuentes ha recordado que se trata de un asunto que está bajo secreto de sumario y sobre el que no puede dar más detalles. Pero ha hecho hincapié en su deseo de colaborar con la Justicia: "Desde la Comunidad de Madrid estamos colaborando absolutamente con la Justicia porque este Gobierno que tengo el honor de presidir está comprometido con la lucha contra la corrupción".
El juez Velasco también ha citado al portavoz del Gobierno regional y presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido. Ambos, Cifuentes y Garrido, comparecerán en calidad de testigos después del informe que trasladaron a la Fiscalía por encontrar anomalías en las filiales del Canal en Iberoamérica. Ese informe ha contribuido a activar las investigaciones que han desembocado en la operación que se está llevando a cabo este miércoles.
Concretamente, en mayo de 2016, el Gobierno de Cristina Cifuentes informó que el nuevo director gerente del Canal de Isabel II, Rafael Prieto, estaba haciendo un análisis de la sociedad del Canal en Iberoamérica y sus filiales comenzando por la operación de compra más reciente, realizada en 2013. Esta compra es la relativa a la que hizo el Canal en noviembre de 2013 de una empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes por un importe de 21 millones de euros. Un año después el valor contable era de cinco millones.
Según explicó entonces el portavoz del Gobierno regional y presidente del Canal, Ángel Garrido, habían aparecido cuestiones que les parecían "anómalas", relativas a diferentes etapas, precios, plazos y fórmulas de pago de la operación. Por ello, las pusieron en conocimiento de la Fiscalía para determinar si alguna de estas anomalías eran constitutivas de delito.
[Fuente: República de las ideas, Agencias, Madrid, 19abr17]
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