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02feb17


La Guardia civil registra el Puerto de Barcelona y detiene a cargos de CDC por el caso del 3%


En pleno recrudecimiento del órdago secesionista y cuando la 'operación diálogo' del Gobierno da muestras de agotamiento casi antes de haberse iniciado, la Guardia Civil ha lanzado un una nueva macrooperación contra la antigua Convergència por la 'trama del 3%', la licitación pública de contratos amañados con empresas que como contraprestación realizaban donaciones a fundaciones satélite del partido catalán. Se han registrado unos 25 registros y, durante los mismos, han permanecido detenidos unos cuantos altos cargos de CDC y Sixte Cambra, director del Puerto de Barcelona y amigo íntimo de Artur Mas.

Como los arrestos se han producido en el marco de los registros y no por orden judicial, la mayoría de los detenidos ha ido quedando en libertad a medida que finalizaba la búsqueda de documentos y otro tipo de pruebas en sus domicilios o empresas. Este ha sido el caso de Cambra, que dirige el Puerto de Barcelona desde 2011, cuanto Artur Mas llegó a la presidencia de la Generalitat. Es íntimo amigo del expresident y en 2014 ya se le investigó por la concesión del embarcadero para yates de lujo junto al Hotel W de la capital catalana, conocido como Marina Vela. La querella fue presentada por Varadero Barcelona SL, corporación que se consideraba perjudicada por "la oscuridad del proceso de adjudicación".

En este caso, a las 9.30 de la mañana, agentes de la Guardia Civil han acudido al edificio del World Trade Center de Barcelona, donde tiene su despacho el presidente del Port de Barcelona, que ha sido arrestado mientras los agentes registraban las oficinas del área de presidencia en búsqueda de dos expedientes sobre contrataciones en el Puerto. Los investigadores estaban especialmente interesados en la ampliación en el muelle sur, adjudicada con un presupuesto de 4,2 millones de euros a Comsa, empresa que también ha sido registrada.

El grueso de la investigación de esta macrooperación, conocida como 'Pika', se centra en obras contratadas por el Ayuntamiento de Barcelona durante la etapa en la que el alcalde era Xavier Trias (CiU), por lo que dos de los detenidos han sido el antiguo responsable de Hábitat Urbano y exteniente de alcalde Antoni Vives -arrestado en su casa y trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil en Tarragona- y el gerente municipal durante el periodo 2011-2015 Constantí Serrallonga, actualmente director de Fira de Barcelona.

En declaraciones a la prensa desde el consistorio, donde preside el grupo de CiU, el propio Trias ha señalado la "clara intencionalidad política" de la operación desplegada hoy, que ha vinculado al inicio del juicio contra Mas por la consulta del 9N, que se inicia el próximo lunes. También Rafael Entrena, abogado de Vives y de la exvicepresidenta Joana Ortega en la causa del 9N, ha relacionado la operación contra la antigua Convergència con el inminente juicio por la consulta, en declaraciones a TV3: "Hace muchos años que no creo en las casualidad".

Los agentes buscaban en los registros, tanto en las adjudicatarias como en las sedes de las empresas públicas Infraescturues.cat -dependiente de la Generalitat-, Autoridad Portuaria de Barcelona y Bimsa (Barcelona de Infrastructuras Municipales SA), los contratos de concesión de las obras bajo sospecha. Una de las principales obras, por su envergadura, es el proyecto de construcción del túnel para soterrar la Gran Via en la plaza de les Glòries en Barcelona, que fue adjudicado por 49,6 millones de euros en febrero de 2015, tres meses antes de que CiU perdiera la alcaldía de Barcelona, una unión temporal de empresas integradas por Romero Gamero, Benito Arnó e Hijos, Copisa y Comsa.

El titular del juzgado nº 1 de El Vendrell (Tarragona) que ha ordenado la operación indaga si las empresas públicas adjudicaban obras a constructoras o a la UTE a cambio del pago de comisiones del 3% a las fundaciones FORUM o Catdem, vinculadas a CDC, partido al que se acababa desviando el dinero.

Viloca, Serrallonga… el hilo de una madeja que conduce a Xavier Trias

De hecho, otro de los detenidos es el extesorero de Convergència Andreu Viloca, que ya fue arrestado en 2015 en una fase anterior del caso del 3%. Viloca ingresó en prisión preventiva por orden del juez instructor, pero la Audiencia de Tarragona lo dejó en libertad, aunque le fijó una fianza de 250.000 euros por considerar que existía riesgo de fuga, dada su relación con un "entramado organizado, con amplia capacidad económica, con contacto con diferentes personas de especial relevancia (…)". La Fiscalía sospecha que el extesorero era "quien controlaba de forma sistemática los pagos que serían, de confirmarse, sobornos bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas: CatDem y Fòrum Barcelona". Es decir, que Viloca era el eje de la trama del 3%.

La Guardia Civil también ha acudido al domicilio de Constantí Serrallonga, actualmente director de la Fira de Barcelona y gerente del Ayuntamiento de Barcelona en tiempos de Trías, entre 2011 y 2015. No cabe duda de que el exalcalde de Convergència está en el punto de mira, por lo que no es de extrañar que haya tenido interés en hablar enseguida para llamar la atención sobre el contexto en el que se han producido estas detenciones y registros. Junto al portavoz de su grupo municipal, Joaquim Forn, Trias ha asegurado que estas investigaciones siempre suceden en momentos determinados -"¡vaya, qué casualidades más curiosas", ha ironizado- y ha insistido en que él ha vivido situaciones similares que se han demostrado falsas.

En total, los registros, solicitados por la Fiscalía Anticorrupción, se han practicado en doce poblaciones: Barcelona, Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Rubí (Barcelona), L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Manresa (Barcelona), Lleida, Madrid, El Prat de Llobregat (Barcelona), Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Girona, Berga (Barcelona) y Majadahonda (Madrid). La operación de este jueves es la cuarta fase de la investigación por la que la Guardia Civil registró en noviembre de 2015 la sede de CDC y detuvo a Viloca, al director de Infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rossell, y a varios empresarios, entre ellos el consejero delegado de Copisa, por sospechas de pagos de comisiones del 3% a la formación nacionalista.

El juez, que mantiene el caso bajo secreto de sumario, atribuye a los detenidoslos delitos de blanqueo, financiación ilegal, cohecho y malversación. El largo proceso judicial que tiene contra las cuerdas a Convergència estalló en 2014 en Torredembarra, un pueblo de Tarragona cuyo alcalde y seis ediles del Ayuntamiento fueron detenidos tras constatarse la existencia de una trama corrupta a raíz de la denuncia de Montserrat Gassull, ex concejala de ERC.

Pero la conocida como 'trama del 3%' era vox populi en Cataluña desde muchos años antes. Fue en febrero de 2005 cuando el socialista Pasqual Maragall, que entonces era presidente de la Generalitat, protagonizó un rifirrafe parlamentario con el entonces líder de la oposición, Artur Mas, que cerró con esta afirmación: "Ustedes tienen un problema. Y ese problema se llama 3%". Ya en 1998, Josep Lluís Carod-Rovira, que entonces lideraba ERC, le echó en cara a Jordi Pujol en un debate de política general "la tradición de percibir comisiones en obra pública de algunas administraciones".

[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 02feb17]

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