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11ene18


Desbandada secesionista: Forn y 'los Jordis' reniegan del 1-O y Forcadell renuncia a presidir el Parlament


A cinco días de que se constituya el nuevo Parlamento catalán, se desconoce quién llevará las riendas del futuro Govern, la presidencia de la cámara está en el aire y la desbandada de los líderes del 'procés' que ahora reniegan de sus principales hitos extiende un manto de incertidumbre sobre ese mundo. Que el exconseller de Interior se desvincule del dispositivo policial durante el 20-S y el 1-O y que Sánchez y Cuixart, principales agitadores de la movilización social proindependentista, abracen la Constitución es todo un símbolo. Como lo han sido, esta semana, la renuncia de Artur Mas a seguir al frente del PDeCAT, la de Carles Mundó a la política y la de Carme Forcadell a presidir el Parlament.

El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y diputado electo de Junts per Catalunya Jordi Sánchez ha manifestado este jueves ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que nunca llamó a la violencia en las movilizaciones que se realizaron en relación con el "procés" en Cataluña y que no cree en la unilateralidad como vía para alcanzar la independencia. Es más, se ha comprometido a renunciar al escaño si la marca con la que concurrió al 21-D insiste en esa vía. Lo mismo ha declarado el exconseller de Interior, Joaquim Forn, candidato en la misma lista y quien, además, ha acatado la Constitución.

A Forn se le ha considerado una pieza clave en los acontecimientos que condujeron al referéndum ilegal del 1 de ocutbre y a la declaración unilateral de independencia el 27 del mismo mes por haber hecho la vista gorda ante los problemas de orden público que generó el 'procés', permitiendo la pasividad de los Mossos, y propiciando los acontecimiento del 21 y el 21 de septiembre. Fue entonces cuando se procedió a las detenciones y registros para tratar de evitar el referéndum ilegal y tanto Forn como los otros dos dirigentes independentistas citados este jueves por el juez, Sánchez y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, están considerados como "directamente vinculados a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella".

"El riesgo de reiteración de sus conductas -añadía el magistrado en su auto del 4 de diciembre en el que decidió mantenerlos a todos en prisión- impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela, a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física".

En su declaración ante el juez, Forn se ha desvinculado de los dispositivos policiales desplegados por los Mossos, la policía autonómica directamente dependiente de su consejería, el 20 de septiembre frente a la Consellería de Economía y durante el referéndum del 1-O. Según ha explicado a los medios su abogado, Daniel Pérez-Esque, el exconseller ha querido dejar claro que su competencia no era la de coordinar ni diseñar los operativos policiales desplegados en aquellas jornadas, aunque también ha negado la pasividad de los Mossos o que estuvieran al servicio de la causa independentista. "Todo lo que debían hacer, lo hicieron", ha dicho en referencia al cumplimiento de los distintos requerimientos judiciales.

La declaración no deja de ser un intento de ahuyentar el riesgo a la reiteración delictiva que el juez Llarena invocaba en su auto y que le impidió poner en libertad a los comparecientes como sí hizo con otros exconsejeros: Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Carles Mundó. Ahora, Forn, Sánchez y Cuixart vuelven a intentar apuntarse a la 'vía Forcadell', renegando de las ilegalidades cometidas durante el 'procés' con frases como "reconozco la Constitución y las resoluciones judiciales" (Forn), "el único referéndum con validez sería el que convocara el Estado" (Cuixart) o con la confesión de que existía una hoja de ruta independentista (Sánchez).

Los tres han renunciado a la vía unilateral y han expresado que la independencia en Cataluña solo debe ser perseguida respetando la Constitución. Es más, para que no quede duda y según ha revelado el letrado que le representa, Sánchez firmó el miércoles una declaración jurada en prisión comprometiéndose a acatar la Carta Magna.

El exlíder de la ANC y número dos de la candidatura de Junts per Catalunya -de él se ha llegado a decir que podría ser el hombre de paja de Puigdemont en Cataluña mientras él dirige al Govern desde Bruselas- ha admitido que desde 2015 existía una "hoja de ruta", cuyos objetivos compartían ANC, Omnium Cultural, ERC y CDC, y que viene a confirmar los datos extraídos por los investigadores del documento Enfocats, incautado al segundo de Oriol Junqueras, y por el que Llarena ha imputado al expresidente catalán Artur Mas y a la dirigente de ERC Marta Rovira, entre otros.

En cuanto al referéndum, Sánchez ha reconocido que fue ilegal, Cuixart ha asumido que desde Òmnium convocaron a la participación, aun a sabiendas de que no era legal, y Forn ha confesado que participó en el 1-O, con conocimiento de que era un acto prohibido por el Tribunal Constitucional. Todos han restado valor legal a esa consulta. Cuixart, además, ha señalado que la declaración unilateral de independencia fue meramente simbólica. Y ha hecho hincapié en que no es político, ni quiere participar en política, llegando a prometer que nunca ha buscado coaccionar al Estado, sino dejar que se manifestara la opinión de la gente.

El líder de Òmnium y el exlíder de la ANC permanecen en prisión desde el pasado 16 de octubre por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, ante la que apenas declararon. La juez los envió a prisión al asignarles el papel de "promotores y directores" de las concentraciones del 20 de septiembre, ya que ambos se mantuvieron al frente "durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes".

Lamela destacaba también que el 1 de octubre, desde las mismas cuentas de whatsapp utilizadas para promover el asedio a los agentes de la Guardia Civil que acompañaban a la comitiva judicial, "realizaron llamadas a los participantes animándoles a permanecer en los colegios y presentar resistencia a las autoridades policiales". Con todo ello, según la juez, pretendían "impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una República catalana, independiente de España, contraviniendo con ello la Constitución".

[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 11ene18]

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