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26ene18


El Gobierno formaliza el recurso contra la candidatura de Puigdemont y Torrent la confirma


Soraya Sáenz de Santamaría ha confirmado que el Consejo de Ministros ha acordado interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la propuesta del presidente del Parlament, Roger Torrent, para que Carles Puidemont se someta a la investidura como presidente de la Generalitat. "El Gobierno es firme y utilizará el 155 para impedir que se produzcan situaciones como las del día 6 y 7 de septiembre", ha dicho el ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo. Roger Torrent ha replicado al Gobierno que Carles Puigdemont "cumple todos los requisitos legales y tiene absoluta legitimidad" para ser candidato.

Previamente, la vicepresidenta ha desgranado todos los argumentos en los que el Ejecutivo basa una iniciativa que no cuenta con el aval del Consejo de Estado, lo que es inédito en el largo historial de sus recursos al TC. Sáenz de Santamaría lleva dos días dando la cara para justificar una maniobra arriesgada con la que se pretende frenar de forma preventiva un debate de investidura más insólito todavía, el de un candidato sobre el que pesa una orden de detención por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia que, encima, pretende ser elegido por vía telemática para seguir esquivando a la justicia y recuperar de esa manera la presidencia del Govern.

Cuando anunció el recurso, este jueves, la propia vicepresidenta dijo que se presentaría "si" el Consejo de Estado se pronunciaba a favor. Pero el resultado de la consulta a dicho órgano no fue el deseado sino todo lo contrario. El Consejo de Estado cree que se puede actuar contra la investidura de Puigdemont pero no ahora, cuando lo único que hay es la propuesta del presidente de la Cámara autonómica. Es decir, discrepa del momento procesal para recurrir pero no de la filosofía que guía la acción del Gobierno.

Y eso es lo que la vicepresidenta ha utilizado para justificarse, apelando al artículo 161.2 de la Constitución: "El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses". El problema es que el Gobierno coloca la pelota en el tejado del Constitucional, que se reunirá este sábado a la una de la tarde para dirimir la difícil papeleta que tiene por delante. ¿Qué hará el tribunal de garantías sobre un asunto cuyo fundamento jurídico no ve claro el Consejo de Estado? Y, si se pronuncia en contra del recurso, ¿en qué papel deja al Gobierno central y qué implicaciones puede tener de cara a que el independentismo se sienta reforzado en sus pretensiones?

Por otro lado, si el Constitucional admite a trámite el recurso se suspenderá inmediatamente el pleno de investidura convocado para el martes 30 de enero. Según el reglamento del Parlament, tiene que haber un debate de investidura a los 10 días de la constitución de la Cámara, plazo que se cumple el próximo miércoles 31. A partir de ese momento, y si no hay presidente, empieza a correr el plazo para convocar nuevas elecciones. La única forma de evitarlo es que Torrent proponga otro candidato que no esté imposibilitado para someterse al trámite parlamentario. ¿Podría ser ese candidato Oriol Junqueras, el líder de ERC que permanece en prisión?

La respuesta de Santamaría es que en ese caso la decisión le corresponde al juez que instruye su causa, Pablo Llarena, que podría autorizarle excepcionalmente para asistir al pleno si considerara aceptable su petición. Lo importante es la presencia del candidato en el debate. Si Puigdemont se pusiera a disposición del Tribunal Supremo, fuera detenido y luego fuera autorizado a asistir al pleno de investidura, tampoco habría problemas 'a priori' salvo uno de gran trascendencia simbólica que el Gobierno trata de evitar a toda costa con su recurso: que el Rey tenga que firmar el decreto de proclamación como 'president' del candidato de JxCat reclamado por la justicia.

De momento, la invitación a Torrent no ha prosperado y la hipótesis de la sustitución del candidato no se va a producir. En una comparecencia en el Parlament, Roger Torrent ha replicado al Gobierno que Carles Puigdemont cumple todos los requisitos legales y tiene absoluta legitimidad para ser investido, por lo que la impugnación no tiene ningún fundamento jurídico. Ha tachado de "fraude de ley" el recurso y ha afirmado que atenta contra los diputados, los ciudadanos y la democracia parlamentaria. "Constato que he apelado siempre al diálogo desde que soy presidente del Parlament, he apelado siempre a la política y desde el Gobierno sólo he recibido amenazas", ha lamentado.

La vicepresidenta, en cambio, cree que la impugnación está plenamente justificada porque "Puigdemont está en busca y captura en territorio nacional por los delitos por los que se ha negado a rendir cuentas ante el Tribunal Supremo". Esta circunstancia, ha subrayado, "impide que pueda ser investido presidente". Sobre las consecuencias que pueda tener la decisión, la vicepresidenta ha hecho toda una declaración de principios: "Este gobierno asume el compromiso legal y político de evitar que esta candidatura pueda volver a vulnerar nuestros principios democráticos" y que se produzca un "mal mayor", una "afrenta a nuestras instituciones y nuestra democracia".

Sobre el caso omiso que se hace del dictamen del Consejo de Estado, ha puntualizado que ese órgano consultivo "nos da sus opiniones, tiene función de asesoramiento, no nos da instrucciones. A nosotros nos toca gobernar". Para Sáenz de Santamaría, "la principal obligación de un Gobierno es utilizar todos los instrumentos que estén en su mano para evitar que se produzca" un ataque a las instituciones o lo que ella también ha calificado como "un momento inédito en nuestra democracia" porque, según ha recordado, "ha habido otros desafíos desde el nacionalismo pero no nos habíamos encontrado nunca esta circunstancia".

[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las Ideas, Madrid, 26ene18]

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