Equipo Nizkor - El TS insiste en la gravedad de la rebelión: Si alcanzaran sus objetivos afectaría a los valores de la UE.

El Tribunal Supremo sigue insistiendo y apuntalando en la gravedad de los hechos ocurridos en Catalunya, con un intento de fracturar España con la declaración de independencia de la comunidad autónoma. En plena crisis con los países vecinos, tras el rechazo de entregar por parte de Bélgica a tres exconsellers huidos, la Sala de lo Penal insiste que si los procesados alcanzaran sus objetivos y proclamaran la república catalana afectaría a "la propia estructura política y a los valores de la Unión".

Así lo recoge un auto del tribunal por el que confirma la prisión incondicional para los exconsellers Jordi Turull, Joep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa así como para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

El tribunal aprovecha este auto para recordar la necesidad de la cooperación judicial en un asunto que afecta a las estructuras de un Estado. "Aunque se mantenga la confianza que merecen los sistemas de cooperación judicial internacional instaurados en el ámbito de la Unión Europea, que no tienen por finalidad enjuiciar la actuación de las autoridades judiciales de otro socio, sino que pretenden aumentar la agilidad de la colaboración basándose en un reconocimiento de las resoluciones judiciales que tiene su razón de ser en el respeto mutuo y en la confianza recíproca, sin embargo, a pesar de ello, ha de reconocerse que, en el caso, son evidentes las dificultades existentes para hacerlos efectivos mediante la entrega a España de quienes se han instalado en diversos países de la Unión".

El auto agrega que "en estas circunstancias, la posibilidad de que los recurrentes consideren una opción atendible la huida de la acción de la Justicia española, que ya se aprecia de forma suficiente en atención" a la consolidación de los indicios que han llevado a su procesamiento, "se incrementa, y debe ser evitada para asegurar la tramitación adecuada del proceso".

En cuanto al riesgo de reiteración delictiva, la Sala indica que la conducta imputada a los exconsellers encarcelados no ha consistido en un acto aislado, "sino en la participación constante y relevante, como miembros del Gobierno y del Parlamento de una Comunidad Autónoma, en un plan que se desarrolló a lo largo de un periodo cercano a los dos años, desde el 9 de noviembre de 2015 hasta octubre de 2017". En este periodo de tiempo, se desobedecieron "frontalmente" las resoluciones del Tribunal Constitucional y se actuó derogando de facto la Constitución, el Estatuto de autonomía y "cuantos elementos del ordenamiento jurídico se oponían al designio de los recurrentes".

Un plan que se mantuvo "aún después de los episodios de violencia y de los tumultos que tuvieron lugar el 20 de septiembre con ocasión de los intentos de evitar, con el concurso de la fuerza física, que se diera cumplimiento a resoluciones judiciales de entrada y registro en dependencias oficiales de la Generalitat, pues insistieron públicamente en la convocatoria de la población a votar en el referéndum que pretendían celebrar aun sabiendo que la presencia policial encargada de impedir las votaciones daría lugar a enfrentamientos físicos que, con alta probabilidad, como ya había ocurrido y finalmente volvió a suceder, terminarían en actos de violencia".

Entre otras razones, la Sala entiende que los exconsellers deben permanecer en prisión porque no existen indicios de que se haya abandonado "de forma clara y definitiva la idea de forzar la colisión con el Estado con la finalidad de declarar la independencia, e imponerla por vías de hecho con el concurso de la movilización popular y, consiguientemente, con la alta probabilidad de enfrentamiento físico con los agentes que actúan para asegurar el cumplimiento de la ley".

En la resolución, la Sala recuerda que no existen precedentes conocidos en la reciente historia europea de que, en un estado democrático, los miembros del gobierno de una Comunidad Autónoma (o de un Estado federado), "que en ese sistema democrático goza de un régimen amplísimo de autogobierno, junto con miembros del Parlamento y apoyados por asociaciones ciudadanas, instrumentando y aprovechando todos ellos el poder de presión de la movilización popular, se hayan alzado contra la Constitución del Estado, contra la ley que asegura y regula su autonomía y contra el resto del ordenamiento jurídico que se oponga a sus pretensiones".

Y que hayan procedido a derogarlos, "de hecho, en su territorio, ante la preocupación, sorpresa y desasosiego de, al menos, más de la mitad de la población de esa Comunidad y la práctica totalidad de la población del resto del Estado, que contemplan como se vulneran una y otra vez aquellas normas; y, además, que lo hagan utilizando la movilización popular y aceptando y aprovechando que se produzcan episodios de violencia y tumultos, para así impedir la aplicación de las leyes y el cumplimiento de las resoluciones de los tribunales y presionar al Estado hasta el punto de obligarlo a admitir la independencia".

17may18

El TS insiste en la gravedad de la rebelión: Si alcanzaran sus objetivos afectaría a los valores de la UE

[Fuente: Por Carlota Guindal, La Vanguardia, Barcelona, 17may18]

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