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12jun18


La Policía acaba el registro en Economía y detiene al jefe gabinete de la conselleria, Daniel Gimeno


La Policía Nacional ha finalizado sobre las 15.45 horas de este martes el registro en la conselleria de Economia de la Generalitat a raíz del 1-O, y se ha llevado detenido al jefe del gabinete técnico de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Daniel Gimeno. Los agentes empezaron el registro pasadas las 9 de la mañana y, durante la operación, Gimeno ha estado presente en la sede del departamento, cuyo ordenador ha sido registrado, según informan fuentes del departamento.

Este mismo martes también se han producido en la sede del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) y la sede de la empresa Mediacloud, filial de la empresa Mediapro, desde primera hora, dentro de las diligencias que instruye el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona relacionadas con el 1-O. El objetivo de la operación de hoy, según las fuentes, sería recabar información sobre la obtención del censo electoral del referéndum.

Según fuentes cercanas a la investigación, la operación es la continuación del registro que la Policía llevó a cabo el pasado 5 de diciembre en la sede del Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat) de la Generalitat, en búsqueda de documentación relacionada con la confección del censo utilizado para el 1-O. De hecho, la operación se está saldando con un segundo detenido, el director del Instituto de Estadística de Catalunya, Frederic Udina.

Daniel Gimeno fue una de las 32 personas incluidas en un informe de la Guardia Civil remitido al Juzgado 13 de Barcelona por ser consideradas de “interés para la investigación” sobre el procés. La lista se configuró a raíz de los correos del exsecretario de Hacienda de la Generalitat de Catalunya Lluís Salvadó y, entre otros, figuraba Elsa Artadi, entonces jefa de campaña de Carles Puigdemont y ahora consellera de Presidencia de Quim Torra.

Según el informe policial, el Idescat contribuyó de forma activa en la cesión al Govern de los ficheros del Registro de Población de Catalunya para el “censo global” de votantes para el 1-O, en una entrega que se hizo a Gimeno, “sin que la cesión estuviera amparada por ningún marco legal”. En un registro al Idescat, efectuado el pasado 5 de diciembre, la Policía intervino un correo electrónico de Udina, del que los investigadores concluyen que hubo la mencionada “cesión y entrega” de los ficheros.

Por su parte, el registro en Mediacloud, empresa del Grupo Mediapro, ya ha finalizado después de que los agentes buscaran información vinculada a la gestión de bases de datos. En un comunicado, Mediapro ha insistido en que no se han registrado instalaciones de la productora sino un servidor de Mediacloud, sin hallar “información relevante para la investigación y sin llevarse ningún tipo de material”. Mediacloud es una empresa dedicada a la prestación de servicios de hosting informático (alquiler de espacio en la nube) a empresas, entidades e instituciones públicas.

El pasado mes de febrero, otro informe de la Guardia Civil situó al empresario y fundador de Mediapro, Jaume Roures, en el Comité Ejecutivo que aparecía en el documento denominado Enfocats, considerado la hoja de ruta del procés para la declaración de independencia de Catalunya e incautado en el domicilio de Josep María Jové, número dos del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.

El juez de Barcelona que investiga a varios exaltos cargos del Govern por el 1-O, abrió en junio de 2017 una pieza separada para investigar varias denuncias por revelación de secretos por el uso de datos personales en el envío de cartas del gobierno catalán para designar a los miembros de las mesas electorales del 1-O.

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha criticado la “judicialización” del derecho democrático de la gente a votar. En declaraciones ante la conselleria, ha dicho que el derecho de autodeterminación colectiva “nunca” debió judicializarse y ha recordado que el exvicepresidente y exconseller de Economia, Oriol Junqueras está en prisión provisional.

Ha criticado que los trabajadores públicos vean alterado su ritmo de trabajo y ha deseado que las actuaciones policiales se hagan con “celeridad y mínimas molestias” para los trabajadores de la Generalitat. “Esperamos que esta pesadilla de judicializar los anhelos políticos de la ciudadanía de Cataluña termine lo más pronto posible”, ha manifestado.

En la misma línea, la consellera de Presidència y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha vinculado la operación policial con la sentencia contra Iñaki Urdangarin. “Viene siendo habitual y un poco lamentable que cada vez que hay una sentencia contra el Gobierno o en este caso contra la monarquía se tape la noticia haciendo el show mediático que comportan los registros”, ha añadido en rueda de prensa.

[Fuente: La Vanguardia, Barcelona, 12jun18]

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