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17jul18


Cs y PPC ven “fraude” en la propuesta de los letrados y el PSC pide suspender el pleno si no hay acuerdo de la Mesa


La situación del Parlament de Catalunya es “incierta”, “surrealista” y “sin precedentes” ante el auto que suspende a los diputados procesados por rebelión, en palabras de diferentes portavoces parlamentarios.

Ciutadans y PPC ven un “fraude” en la propuesta de los letrados de la cámara de aplicar una suspensión temporal a los diputados y reemplazarlos con otros de su grupo parlamentario que puedan desempeñar sus funciones mientras no se reforma el reglamento de la cámara. El PSC, grupo que solicitó el informe a la Mesa, en cambio, estará satisfecho si se lleva a cabo esa suspensión y sustitución de los diputados afectados por el auto del magistrado Pablo Llarena. Son las dos premisas que piden que se cumpla antes de cualquier votación. En lo que sí coinciden los tres partidos mentados es en que los diputados suspendidos no deberían cobrar, algo que la CUP y por supuesto las dos formaciones afectadas -ERC y Junts per Catalunya- sí contemplan.

No obstante, los republicanos se han limitado a señalar como condiciones que no tenga que renunciar al acta ninguno de los diputados procesados y que se garanticen sus derechos y no se alteren las mayorías parlamentarias, algo que ha sostenido también estos días el presidente del Parlament, Roger Torrent y el grupo neoconvergente.

Los comuns, por su parte, se han mostrado más cautos y han querido esperar a ver cómo se resuelve la cuestión antes de opinar sobre el sueldo de los diputados. Lo que sí han reiterado es su petición de que el Gobierno ordene a la Fiscalía que retire la acusación por rebelión, algo que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez rechazan, ayer por boca de Ábalos desde la sede de Ferraz y este martes lo ha hecho Meritxell Batet en Catalunya Ràdio . Catalunya en Comú Podem rechaza la rebelión y ha pedido que no haya medidas simbólicas sino efectivas para garantizar los derechos de los diputados “porque no hubo rebelión”, en palabras de Elisenda Alamany. Lo que sí resaltan es que no aprobarán que se ponga en juego al Parlament y sus miembros a nivel jurídico.

La Mesa del Parlament, el órgano rector de la cámara, ha pospuesto su decisión sobre la notificación de suspensión que recibió el viernes pasado hasta la reunión que celebrará este miércoles a las 9:00 horas. Junts per Catalunya y ERC, que cuentan con mayoría en la Mesa, buscan una fórmula para resolver el laberinto en el que se encuentran por la resolución judicial del Tribunal Supremo. Los socialistas, por boca de su miembro en la Mesa, David Pérez, han señalado que debería suspenderse el pleno si no se ha resuelto la cuestión que ha centrado todas las polémicas de la actividad parlamentaria en estos últimos días, desde el auto conclusión de la instrucción de la causa del procés de Llarena.

Este martes por la tarde ha arrancado el último pleno del periodo ordinario, antes de las vacaciones, y acabará el jueves. No obstante, hasta este miércoles por la tarde no está prevista ninguna votación en el hemiciclo catalán, por lo que todavía hay tiempo de tomar una decisión que todos apuntan que será “política”.

Ciutadans, por su parte, ha anunciado que pedirá una reconsideración a al decisión de la Mesa si va en la línea del informe de los servicios jurídicos y ha avisado que interpondrán un recurso de amparo al Tribunal Constitucional si siguen por esa vía. Inés Arrimadas se ha quejado de forma reiterada de que la suspensión tenga los mismos efectos prácticos que no llevarla a cabo mientras que Alejandro Fernández, del PPC, ha señalado que es como conducir con el carnet de otra persona si se te retira el carnet en vez de dejar que conduzca otro. Los dos grupos han emplazado a los parlamentarios afectados -Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez- a renunciar a su escaño.

Arrimadas ha emplazado a Pedro Sánchez -al que ha atacado de forma insistente- a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la medida que adopte la Mesa si sigue el informe de los letrados porque ese supuesto no se recoge ni en la ley electoral ni el reglamento cameral. Fernández también ha reprochado que se pueda hacer una normativa y un cambio del reglamento ad hoc para resolver la cuestión de los diputados procesados. Ciutadans y PPC han defendido que la resolución debe cumplirse de forma automática, si bien han desdeñado que el informe se acoga a lo que propone Llarena en su auto de conclusión, contra el que las defensas han interpuesto recursos de reforma.

Arrimadas ha querido vincular el informe de los letrados al nombramiento de Joan Ridao como letrado mayor de la cámara la semana pasada, apuntando que fue nombrado después de que los letrados emitieran un informe contrario a que se debatiera y votara la resolución de la CUP que aprobó el Parlament hace dos semanas y que ya ha suspendido el Constitucional tras el recurso del Ejecutivo.

El anterior letrado mayor, Antoni Bayona, había renunciado al cargo a principios de junio, por lo que debía ser reemplazado y la elección de Ridao, exsecretario general de ERC que accedió al puesto de jurista de la cámara mediante oposiciones, ya fue censurado por el bloque constitucionalista.

Sobre la denuncia de fraude de ley de populares y naranjas, la portavoz de ERC, Anna Caula, ha recordado que si se hace una “lectura escrupulosa” de la ley, el fraude está en otra parte porque no hubo ni violencia, ni armas, ni terrorismo y por ende no debería haber rebelión ni suspensión, algo que han señalado muchos juristas. Además, ha recordado que quien abre esa puerta de la suspensión temporal es el propio magistrado para protegerse de posibles sentencias futuras contra sus decisiones, tal y como apuntaba Junts per Catalunya la semana pasada.

Tras el informe de los servicios jurídicos la CUP es el único partido que ha mantenido de forma pública la opción de no acatar la resolución del juez y mantener a los diputados. Arrimadas ha señalado que el informe está hecho a medida para lo que pedía ERC -aunque esté todo recogido en la resolución de Llarena- y señala que hay división entre neoconvergentes y republicanos.

[Fuente: Por Iñaki Pardo Torregrosa, La Vanguardia, Barcelona, 17jul18]

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