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01nov18
Dolores Delgado intentó purgar a todos los abogados del Estado del 1-O
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, intentó apartar en verano a los principales abogados del Estado que han intervenido en los asuntos vinculados con el proceso independentista de Cataluña. El pasado mes de agosto, en plena polémica por la defensa institucional del juez Pablo Llarena ante las maniobras de Carles Puigdemont en Bélgica, Delgado comunicó su destitución al responsable de los asuntos penales de la Abogacía, Edmundo Bal, y al subdirector general de los Servicios Contenciosos, Luis Gonzaga Serrano.
La notificación les fue comunicada por la mañana a estos dos juristas clave en las causas abiertas por la crisis catalana, que cuentan con un prestigio incontestable dentro de la institución. Sin embargo, horas después el Ministerio rectificó su decisión y procedió a notificarles que continuaban en sus puestos.
EL MUNDO se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia para conocer los motivos que llevaron a la ministra a adoptar esta decisión, así como su posterior rectificación en un lapso de tiempo tan breve. Fuentes oficiales de Justicia se limitaron a asegurar que el Gobierno "no va a realizar ninguna valoración sobre esos hechos". "Ni una sola palabra", enfatizaron.
Por su parte, los abogados del Estado afectados tampoco quisieron hacer declaraciones sobre el incidente tras ser requeridos por este periódico.
La decisión de la ministra se produjo, según aseguran a este diario fuentes próximas a los protagonistas, al hacerse públicos informes de la Abogacía del Estado que dejaban en evidencia a Dolores Delgado.
Los informes recomendaban la posición contraria a la que había adoptado el Gobierno en relación con la defensa del juez Pablo Llarena ante la demanda promovida en Bruselas por un grupo de dirigentes independentistas encabezado por el ex president Carles Puigdemont. La demanda cuestionaba la imparcialidad del magistrado del Tribunal Supremo en la instrucción del proceso del 1-O a lo largo de una investigación que consideraban "arbitraria".
Uno de los informes de la Abogacía del Estado, rubricado por uno de los purgados temporalmente, sostenía que se daban "los requisitos previos para autorizar la representación y defensa del juez Llarena" por parte del Estado. El escrito hacía referencia a la "relevancia especial que para España tiene el fondo de la demanda", ya que cuestionaba "la independencia y soberanía de un órgano jurisdiccional español y del magistrado al que se le atribuye la potestad jurisdiccional, a través del reexamen de sus actuaciones por un órgano jurisdiccional extranjero con previsible quebrantamiento de los principios de inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución de actos soberanos".
En el informe, el subdirector de los Servicios Contenciosos llegaba a esgrimir que si el Estado no asumía la defensa del magistrado "podría afectar a la política exterior" de nuestro país.
Este posicionamiento rotundo reflejado por Gonzaga Serrano chocaba frontalmente con el criterio de la ministra, que se había mostrado partidaria de no defender al magistrado o de hacerlo de forma muy limitada. La filtración del informe, ajena a los abogados del Estado referidos, provocó la reacción virulenta de Delgado. La crisis también afectó al Departamento de Prensa de Delgado, que fue reestructurado.
El Ministerio de Justicia había sostenido en un principio que la demanda de Puigdemont y sus ex consejeros incluía "referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función". Es decir, que Delgado abría la puerta a no defender a Llarena ante la demanda de Puigdemont.
La difusión posterior de los informes y las duras críticas de asociaciones de jueces y fiscales llevaron a que la ministra tuviera que rectificar y asumir las tesis iniciales de la Abogacía. "Desde el primer momento, la intención del Gobierno y de esta ministra ha sido defender inmunidad de la jurisdicción española y del juez demandado", acabó afirmando la ministra.
[Fuente: Por Esteban Urruiztieta y Manuel Marraco, El Mundo, Madrid, 01nov18]
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