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10jun19


El Supremo se inclina por mantener la prisión hasta el fallo del 1-O


Las defensas de los procesados por el caso 1-O van a lanzar una ofensiva procesal conjunta y pedirán la libertad de todos ellos al final del juicio en el Tribunal Supremo (TS). La base de esta solicitud es que una vez terminada la vista ya se habrá conseguido la finalidad que perseguía el Alto Tribunal de asegurar el enjuiciamiento de los procesados.

Los letrados de los acusados consideran que no hay razón para creer que una vez en libertad podrían marchar fuera de España, porque tuvieron oportunidad de hacerlo, y tal cosa no sucedió. Y añaden que de este modo los magistrados podrán deliberar sin la presión derivada de la larga duración del proceso, demostrando su ausencia de prejuicios sobre los hechos y el respeto efectivo a la presunción de inocencia de los acusados.

Las cosas se ven muy distintas desde la perspectiva de las acusaciones. Pese a las diferencias entre sus respectivas calificaciones, todas ellas han solicitado penas considerables para los encausados, desde los 12 años de prisión hasta los 74 que piden, respectivamente, la Abogacía del Estado y Vox para el exvicepresident Oriol Junqueras, pasando por los 25 que solicita la Fiscalía. La entidad de estas penas convierte en prácticamente inverosímil la posibilidad de que alguna de las acusaciones deje de oponerse a la libertad de los presos.

En todo caso, los letrados de los procesados lo van a intentar en bloque al final del juicio. Hay, en este sentido, un principio de acuerdo para compartir una estrategia común, con la perspectiva de que, si no todos, al menos algunos de los encarcelados pudieran salir en libertad provisional. Para las defensas, la salida de uno solo de los acusados del caso 1-O sería un signo de que el tribunal va a analizar con nitidez cada situación para determinar hasta dónde puede alcanzar la responsabilidad individual de cada uno de ellos. Es decir, sin medirlos a todos por el mismo rasero, siguiendo las tesis del fiscal de que cometieron un delito de rebelión con un reparto previo de papeles y con una finalidad compartida.

En todo caso, los antecedentes acumulados a lo largo de este proceso penal no dejan mucho margen para creer que el Supremo vaya a decidir ahora, al final del juicio, la puesta en libertad de los procesados, cuando la ha negado en cuantas ocasiones ha sido solicitada, y siempre aludiendo en especial al riesgo de fuga. La calificación de los hechos que han realizado las acusaciones, estimándolos constitutivos de un delito de rebelión, y la aludida gravedad de las penas solicitadas también llevan a la conclusión de que no cabe hacer un pronóstico muy favorable para esta nueva solicitud. Por el momento, la Fiscalía ya ha remitido al Supremo un informe en el que califica de mera "opinión", para nada vinculante, el dictamen del grupo de trabajo de la ONU que estimó arbitrarias las detenciones de Junqueras, Sànchez y Cuixart. Los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena, firmantes del escrito, piden que se desestime la petición de libertad basada en dicho dictamen.

Las defensas son muy conscientes de las dificultades. Pero estiman que la petición de libertad al término de la vista es lo más coherente con los planteamientos que han defendido en sus conclusiones definitivas y que expondrán ante el tribunal durante las jornadas de mañana y el próximo miércoles, en que la vista concluirá con el ejercicio del derecho a la última palabra por parte de los procesados.

En estas conclusiones, todos ellos solicitan la absolución, al tiempo que plantean dos caminos alternativos para sostener tal petición. La primera, que los hechos que se les atribuyen no constituyeron delito. Esta es la opción de Jordi Cuixart, por ejemplo. Y la segunda, que aunque se hubiera lesionado algún bien jurídico, existiría una causa de justificación, consistente en el ejercicio de derechos fundamentales, a los que apelan todas las defensas del caso 1-O.

Esta última alegación ofrecerá al Supremo la oportunidad de entrar en el debate sobre los límites de tales derechos, como los de reunión y manifestación, y sentar doctrina al respecto. Y también la de fijar criterio sobre conceptos clave manejados en este proceso, como los de violencia ambiental, rebelión sin armas o resistencia pacífica.

[Fuente: Por José María Brunet, La Vanguardia, Barcelona, 10jun19]

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