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05ago09


Von der Leyen promete a Sánchez que la UE se mantendrá firme ante el secesionismo


Ursula von der Leyen, que será a partir del próximo 1 de noviembre la nueva presidenta de la Comisión Europea, está aprovechando las últimas semanas para visitar las capitales europeas. Esta semana le tocó el turno a España, donde se reunió con Josep Borrell, que se convertirá en el jefe de la diplomacia europea a partir de noviembre, y con el presidente en funciones, Pedro Sánchez.

En el encuentro, donde se discutieron las líneas maestras de la próxima Comisión Europea y la contribución que puede hacer España al próximo lustro del proyecto comunitario, también se abordó, como era de esperar, el tema catalán.

El Gobierno español aprovechó la visita de la nueva presidenta de la Comisión para entregar a la política alemana un dosier explicativo de la cuestión catalana, con una serie de hitos factuales sobre el origen de la crisis que ha llevado a nueve políticos y activistas catalanes al banquillo del Tribunal Supremo, acusados de delitos como rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

Durante la reunión, Von der Leyen aseguró al Ejecutivo español que la nueva Comisión Europea mantendrá la línea defendida por la institución durante estos últimos cinco años, según explican fuentes conocedoras de los encuentros que mantuvo la alemana en España. Fuentes comunitarias explican que Bruselas mantiene una postura firme con la llamada 'doctrina Prodi', que ha sido la columna vertebral del mensaje defendido por el brazo ejecutivo de la UE: cualquier región que se separe de un Estado miembro debe pedir el ingreso en la Unión Europea y seguir el arduo proceso de acceso al club.

Además, la Comisión Europea mantendrá el mensaje de firme defensa del orden constitucional español, que ha sido el protagonista de las decenas de respuestas que el Ejecutivo comunitario ha dado durante los dos años posteriores a la consulta ilegal del 1 de octubre.

Bruselas fue la pieza clave de la estrategia internacionalizadora del 'procés'. Primero, los líderes independentistas catalanes trataron de convencer a la población de que era posible una independencia unilateral que mantuviera Cataluña en la UE sin el visto bueno de España. Después intentaron que la UE validara de algún modo el referéndum ilegal del 1 de octubre. El propio Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat que se trasladó precipitadamente a Bélgica en octubre de 2017 para evitar dar cuentas a la Justicia desde España, llegó a decir públicamente que la UE y los Estados Unidos reconocerían el resultado. Ahora, el plan se centra en desprestigiar el sistema judicial español para trasladar la imagen de que el juicio a los líderes del 'procés' es un juicio político.

En el fondo, la estrategia siempre ha sido la de intentar presionar a las instituciones comunitarias para que fuercen una intermediación entre Madrid y Barcelona. Pero el Gobierno central se ha opuesto de plano a esta posibilidad, al considerar esta crisis un asunto interno. Y Bruselas siempre lo ha respetado.

El juicio del 1-O

Para la Comisión Europea de Jean-Claude Jucnker, el momento más crítico fueron las imágenes de las cargas policiales del 1 de octubre. Entonces, todos los ojos se pusieron sobre la capital comunitaria. Fueron días de enorme tensión, pero en Madrid todos saben el rol crucial que jugó el hecho de que la Comisión Europea cerrara filas con España y mostrara su confianza en los mecanismos constitucionales españoles.

A la próxima Comisión Europea le tocarán también algunos días de terremoto político. Se espera que después del verano salga a la luz la sentencia del 'procés', y, otra vez, muchos ojos se volverán a poner sobre Bruselas. Como hace dos años, se espera que la Eurocámara sea un foco donde los independentistas encuentren cierto apoyo y acomodo a su mensaje, y que logren que algunos eurodiputados de otros países defiendan la existencia de presos políticos en España.

La actual Comisión sí que afeó al Gobierno las imágenes de dureza policial del 1 de octubre, aunque rápidamente cerró filas, con un discurso ante la Eurocámara de Frans Timmermans, vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, en el que disipó cualquier duda que quedara sobre la posición de Bruselas respecto al 'procés'.

La tensión no fue fácil de gestionar, y posiblemente se recuperen unos niveles similares con la sentencia. Incluso eurodiputados de los grupos más afines al Gobierno del conservador Mariano Rajoy, como eran el Partido Popular Europeo (PPE) y los liberales (ALDE), buscaban explicaciones en sus colegas españoles a las imágenes que se habían visto en las televisiones de toda Europa. La posterior fuga de Carles Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat, volvió a intensificar el foco mediático sobre la capital comunitaria.

La Comisión Europea tuvo que desarrollar un plan de comunicación concreto para gestionar la oleada de preguntas de corresponsales sobre la postura del Ejecutivo comunitario. Margaritis Schinas, entonces portavoz de la institución, llegó a delegar las respuestas sobre el tema catalán sobre su número dos de ese momento, el austriaco Alexander Winterstein, que repetía robóticamente una y otra vez que Bruselas defendía el orden constitucional español.

[Fuente: Por Nacho Alarcón, El Confidencial, Madrid, 05ago19]

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