Equipo Nizkor - Renovación en el TS para poder juzgar a Puigdemont si Bélgica lo extradita.

El Tribunal Supremo (TS) ha puesto en marcha la renovación de la Sala Penal, con el objetivo esencial de que pueda juzgar al expresident Carles Puigdemont si finalmente la justicia belga decide entregarlo, como ha pedido el juez instructor del caso 1-O, Pablo Llarena. El proceso para nombrar a tres nuevos magistrados ya se ha iniciado, y una vez designados el próximo mes de diciembre, el Alto Tribunal dispondría de cinco jueces que no han intervenido en ninguna de las fases previas de la causa del procés.

Esta circunstancia impediría que pudieran ser recusados para enjuiciar a Puigdemont, porque no cabría considerar que están "contaminados" por haber formado ya criterio sobre los hechos del 1-O. No habrían estado entre los siete magistrados que asumieron el juicio celebrado en el Supremo, ni habrían pertenecido a la Sala de Apelaciones que resolvió los recursos interpuestos contra las decisiones de Llarena durante la investigación de los hechos.

Sobre dichos cinco jueces, en suma, no podría en principio sostenerse la falta de imparcialidad objetiva, ya que no han desempeñado función alguna en las anteriores fases del caso.

Las tres plazas de la Sala Penal, que se van a cubrir con rapidez, son las resultantes de otras tantas jubilaciones. Antes de que termine el año van a dejar el Supremo por esta causa los magistrados Luciano Varela -que ha formado parte del tribunal del caso 1-O-, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro.

Varela tendrá que permanecer en su puesto hasta que se resuelvan los incidentes de nulidad que las defensas van a plantear contra la sentencia del procés . Los otros dos jueces serán sustituidos a finales de este año, o a lo sumo a comienzos del próximo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto el mayor interés en que el proceso de renovación se haga con la mayor agilidad posible, dadas las especiales circunstancias de la Sala Penal, como encargada de juzgar los casos relativos a aforados.

Fue el propio presidente del tribunal que juzgó el caso 1-O, Manuel Marchena, quien expuso que la Sala Penal quedaría en una "posición difícil" si tuviera que intervenir en nuevas fases de esta misma causa. En principio, tal situación sólo podría producirse en el supuesto de que Puigdemont fuera entregado, o que lo fuese alguno de los exconsellers para los que la Fiscalía ha solicitado que se dicte también una euroorden de detención. Se trata de Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig. Llarena tendrá que decidir en breve si solicita su entrega, y lo más probable es que lo pida.

El Supremo, en todo caso, ha querido concentrar su iniciativa en Puigdemont, por la obvia razón de que era el máximo responsable de la Generalitat cuando ocurrieron los hechos motivo de este proceso penal, y porque las negativas de la justicia belga y alemana a su entrega fueron consideradas injustificadas en su día por el Alto Tribunal. De hecho, la Sala Penal así lo expuso en varios autos durante la instrucción de la causa.

Una vez dictada la sentencia, el mismo día que se publicó el fallo, el Supremo puso en marcha la nueva euroorden de detención contra Puigdemont. En esta ocasión ya no se dirigió contra él la acusación de rebelión, sino la de sedición y malversación, que fueron los tipos penales por los que se condenó a los antiguos miembros del Govern que fueron juzgados por la Sala Penal.

El hecho de que la sentencia se haya apartado de las tesis de la Fiscalía y haya descartado una condena por el delito de rebelión ha contribuido a que predomine en el Supremo la idea de que existen más posibilidades para la entrega. Cabe recordar en este sentido que el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein denegó en su momento la euroorden con el argumento de que la acusación de rebelión exageraba la trascendencia de los hechos ocurridos en Catalunya.

Los jueces alemanes equipararon tales hechos a las protestas registradas contra la ampliación del aeropuerto de Frankfurt. Esta tesis produjo indignación en la Fiscalía y en el Supremo, por la comparación que implicaba entre la movilización ciudadana contra una infraestructura y el proyecto de desconexión de una parte de un Estado respecto del resto de su territorio.

Para la renovación no van a faltar candidatos. El Consejo General del Poder Judicial dispone ya de una larga lista de magistrados que quieren acceder a la Sala Penal del Supremo. Para renovarla, será imprescindible un acuerdo entre conservadores y progresistas. Cada nombramiento requiere al menos 13 de los 21 miembros del Consejo y la mayoría conservadora sólo tendría 11.

Aspiran a una plaza en el Supremo varios jueces de la Audiencia Nacional, como Eloy Velasco, que instruyó la causa sobre el cerco al Parlament o la relativa a la red de corrupción Púnica, o Concha Espejel, que presidió el juicio sobre el caso Pretoria, sobre hechos de corrupción ocurridos en Barcelona. Ambos responden a un perfil conservador. El centrismo judicial está representado por el presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús Barrientos, y por la magistrada María Tardón, de la Audiencia Nacional. Los dos pertenecen a la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV). De la izquierda judicial se presenta Clara Bayarri, hasta hace poco también juez de la Audiencia Nacional y ahora en el TSJ de Valencia, y José de la Mata, que instruye la causa sobre los Pujol. La lista se incrementará en los próximos días, porque aún hay plazo para presentarse.

04nov19

Renovación en el TS para poder juzgar a Puigdemont si Bélgica lo extradita

[Fuente: Por José María Brunet, La Vanguardia, Barcelona, 04nov19]

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