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05nov19


El TC estrecha el cerco a Torrent con un tercer aviso sobre las consecuencias penales de desobedecer


El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido este martes a trámite los tres últimos incidentes de ejecución de sentencia que el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado contra los acuerdos de la Mesa del Parlament en los que se reitera la disposición a debatir sobre el derecho de autodeterminación, la pretendida soberanía del pueblo catalán o la reprobación a la Monarquía. De momento, la actuación del tribunal de garantías ha quedado ahí y no ha ido más lejos, es decir, no ha dado el paso de instar a la Fiscalía a actuar pese a la reiteración con la que el órgano que dirige la Cámara catalana ha ignorado sus advertencias.

El Pleno se ha reunido este martes, a las 10.00 horas, de urgencia para estudiar si se admitían o no a trámite los recursos que el Consejo de Ministros acordó presentar el pasado jueves contra la admisión a trámite por la Mesa del Parlament, el pasado 22 de octubre, de una propuesta de Junts, ERC y la CUP en la que se rechaza la sentencia del Tribunal Supremo por el 'procés' independentista. Esa resolución iba a ser debatida y eventualmente aprobada en el pleno que tiene previsto celebrar la Cámara catalana el próximo día 12, cuando retome su actividad normal después de las elecciones. Ese mismo día está convocado un pleno ordinario del TC que, sin embargo, ha preferido no esperar hasta entonces ante la posibilidad de que la orden de suspensión de los trámites sobre la resolución y la nueva advertencia llegaran ya tarde, y se estuviera ya ante hechos consumados, que ahora quedan directamente prohibidos.

La providencia del TC se refiere a los acuerdos de la Mesa del 22 de octubre, en cuyo apartado 11 se señala literalmente que "reitera y reiterará tantas como lo deseen los diputados y las diputadas… la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político", y del 29 de octubre por el que se rechazan las solicitudes de reconsideración formuladas por varios grupos y subgrupos parlamentarios -en concreto Cs, Socialistes i Units per Avançar y el subgrupo parlamentario del PP- por contravenir dicho acuerdo parlamentario la sentencia del propio Constitucional 259/2015.

De hecho, el Gobierno entiende en sus impugnaciones que la admisión a trámite de esta iniciativa parlamentaria incumple sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en 2015, 2018 y 2019 relacionadas con la independencia de Cataluña. También vulnera dos providencias del Tribunal Constitucional dictadas el 10 y el 16 de octubre en las que ya advirtieron al presidente de la Generalitat, Quim Torra, al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a cada uno de los miembros del órgano que dirige el Parlament.

Esas providencias, al igual que la de este martes, incluían avisos muy serios. La de este 5 de noviembre recuerda la obligación que impone la Ley Orgánica de dicho tribunal a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este Tribunal y ordena que se notifique personalmente al presidente del Parlament, Roger Torrent, al secretario general de la Cámara, Xavier Muro, a los miembros de la Mesa con la advertencia de "su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".

El Constitucional requiere al Parlament para que en el plazo de tres días remita a este Tribunal el acta de la sesión de la Mesa de 22 de octubre de 2019, en los particulares referidos a la deliberación y adopción del acuerdo impugnado, así como los informes y documentos relativos al citado acuerdo de la Mesa, y el acta de la Mesa de 29 de octubre, informes si existen y resolución sobre la solicitud de reconsideración formulada por los Grupos Parlamentarios de Ciudadanos, Socialistes y Units per Avançar y el Subgrupo Parlamentario PPC. La providencia termina alertando de que una vez recibidos los documentos solicitados, "se dará traslado al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña, por conducto de su presidente, para que en el plazo de diez días, a la vista de los mismos, formulen las alegaciones que estimen procedentes".

Torrent sigue en sus trece pese al riesgo de ser investigado

Y, salvo que cambien mucho las cosas de aquí a la próxima semana, todo indica que la Fiscalía acabará actuando. Inmediatamente después de recibir la notificación, el presidente del Parlament ha comparecido ante los medios para explicar que desoirá los avisos del Tribunal Constitucional porque en la Cámara catalana "se debe poder hablar de todo", además de tildar de "intentos de censura" las impugnaciones a resoluciones sobre monarquía o autodeterminación.

"Es la libertad de expresión de los diputados y se protege así como también los derechos de los ciudadanos a los que representan", ha señalado Torrent, que ha asegurado que ni él ni la Mesa impedirán debatir y votar la propuesta de resolución de ERC, JxCat y la CUP sobre de respuesta a la sentencia del 'procés'. "El Gobierno focaliza en mí la responsabilidad y las decisiones de la Mesa del Parlament. Hay una voluntad de individualizar la responsabilidad, pero lo que no sabe o entiende el Gobierno es que esos debates seguirán vivos en la sociedad catalana. No es cuestión de un presidente u otro", ha añadido.

Para Torrent, "es peligroso que se intente limitar debates parlamentarios", por lo que él se "mantendrá donde siempre", es decir, "en la defensa del derecho de los grupos parlamentarios a poder posicionarse sobre todo". Además, ha recordado que, "sobre la autodeterminación, el Parlament ha aprobado resoluciones desde 1989". Tras instar a Sánchez a dejarse de "persecución parlamentaria" y "sentarse a hacer política a una mesa de diálogo", ha tachado de "absoluta anormalidad" el hecho de que "el TC se reúna de urgencia para amenazar de nuevo a la Mesa y al presidente del Parlament".

A su juicio, Sánchez tenía la oportunidad de desjudicializar el conflicto con Cataluña y sacarlo de los tribunales pero "ha optado por la vía del PP", hasta el punto de que "está superando incluso la dinámica absurda, ineficaz y peligrosa desde un punto de vista democrático" del anterior Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy".

[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 05nov19]

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