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11mar20


Neutralidad bajo sospecha


El informe que acaba de presentarse se fraguó en enero del pasado año, cuando Fernand de Varennes realizó una visita de 12 días a España para recopilar información de primera mano sobre la situación de las minorías étnicas, nacionales, religiosas y lingüísticas en nuestro país. La visita levantó cierta polémica en ciertos ámbitos del asociacionismo. Por un lado, por el momento elegido por el relator para hacer su trabajo de campo en España, ya que su visita se produjo justo antes del inicio del juicio del «procés» en el Supremo. De hecho, pese a que su mandato se limita a someter a escrutinio la situación de las minorías, no dudó en cuestionar a la justicia española por actuar contra los políticos catalanes que trataron de subvertir el orden constitucional.

«La disidencia política no violenta», escribió en su informe preliminar, «no debería dar lugar a cargos penales», observación que reafirmó en rueda de prensa al advertir que compartía «la opinión e inquietudes» del relator especial sobre libertad de expresión, quien instó a las autoridades españolas a no acusar de rebelión a los entonces políticos catalanes imputados. Por otro lado, durante su visita a Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco y Galicia, De Varennes cerró dos agendas, una institucional organizada al alimón con los Gobiernos central y autonómico, y otra con actores de la sociedad civil. Sin embargo, entre éstos, el relator canadiense recibió sólo a una entidad no nacionalista: la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB).

Sabedores de que De Varennes estaba en Barcelona «entrevistándose con asociaciones marcadamente nacionalistas y sólo con una no nacionalista», la Asociación por la Tolerancia escribió al relator para transmitirle su preocupación de que «ese desequilibrio pueda llevar a conclusiones sesgadas». A su vez, Hablamos Español escribió a Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, por la negativa del relator a reunirse con la asociación que lucha a nivel nacional contra la vulneración de los derechos de los hispanohablantes en las comunidades autónomas bilingües. No sólo nadie en la ONU dio a réplica a esas quejas, sino que el propio De Varennes, en su comparecencia ante los medios en Madrid, consideró que la persecución al español y la discriminación que sufren los castellanohablantes en Cataluña no era un asunto de su incumbencia. «Los hispanófonos no son una minoría en el conjunto del Estado español y, por tanto, no forman parte de mi mandato», dijo.

Para entender por qué uno de los mayores expertos mundiales en derechos lingüísticos se desentendió de investigar la discriminación que sufren los castellanohablantes en las comunidades bilingües y, a la vez, se atrevió a juzgar la actuación de la justicia española, hay que remontarse a 2004. En ese año, De Varennes fue galardonado con el Premio Internacional Linguapax, que concede la organización gubernamental del mismo nombre y cuya dotación actual es de 6.000 euros. Linguapax ha dejado rastro de su militancia nacionalista. La conmemoración de su 30 aniversario, celebrada en Barcelona semanas después del 1-O, estuvo presidida por dos grandes lazos amarillos. Y tras de la sentencia del Supremo, en la que los imputados fueron condenados por sedición y malversación, afirmó en un comunicado que la condena, «precedida de una prisión calificada de arbitraria por instancias de la ONU, es un castigo desproporcionado teniendo en cuenta el carácter pacífico» del movimiento independentista. También señaló que «en estados democráticos no es admisible la persecución o el castigo a ideologías políticas», en referencia a España.

¿Qué es Linguapax? Tuvo su origen en una serie de seminarios celebrados en la década de 1980 sobre lengua y educación que la Unesco, dirigida entonces por Federico Mayor Zaragoza, integró en un programa para protección de la pluralidad lingüística hasta que cesó como director general, cuando se eliminó el programa. Sin embargo, éste fue asumido por el Centre Unesco de Catalunya (Unescocat) gracias a la financiación de la Generalitat de Cataluña y, en menor medida, por el Gobierno vasco. Su sede se trasladó entonces a Barcelona, se creó una red de delegaciones internacionales y logró estatus consultivo en Ecosoc, uno de los órganos de la ONU. Según la memoria de actividades de 2017, la última publicada en su web, Linguapax depende al cien por cien de las subvenciones de la Generalitat y de otras administraciones catalanas. En 2017 recibió 116.483 euros, 75.000 de los cuales fueron aportados por la Generalitat y la cantidad restante por la Diputación y por el Ayuntamiento de Barcelona.

Entre sus exdirectores destacan figuras ilustres del independentismo, entre ellos Agustí Colomines, cerebro de la fundación CatDem, el hoy difunto chiringuito convergente, además de director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña antes de ser destituido en aplicación del artículo 155 e ideólogo de la Crida Nacional per la República de Puigdemont. Por su parte, Unescocat, entidad que resucitó a Linguapax y que está compuesto por la Fundación Jaume Bofill, el Institut d'Estudis Catalans, la Fundación FemCAT y Òmnium Cultural, todas ellas de marcado perfil soberanista, ha destacado en la ONU por su proselitismo político y por organizar actividades en su seno que se convirtieron en auténticos aquelarres contra España.

En ese contexto, la relación del relator especial Fernand de Varennes con todo ese mundo no se limita al mencionado galardón de 2004. Según revelan las memorias de actividades de Linguapax disponibles, tras ese premio siguió una invitación a dar una ponencia en 2008, formó parte de un grupo de trabajo en 2010, integró una entrega de premios en 2014, acudió a un debate en la Universidad Blanquerna ese mismo año y fue invitado a un simposio en Nueva York en 2015. Además, desde al menos el año 2015, De Varennes es miembro del consejo asesor de Linguapax. Por si fuera poco, el relator canadiense tuvo también vínculos con el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), cuyo presidente, David Bondía, interpuso una demanda -luego rechazada- contra España en Estrasburgo para frenar la aplicación del artículo 155. En la primavera de 2018, siendo ya relator y nueve meses antes de su visita a España en enero de 2019, fue invitado a unas jornadas de IDHC en Barcelona.

Dichas jornadas coincidieron en el tiempo con un evento en la sede de la ONU en Ginebra, organizado por IDHC, en el que participaron, entre otros, Rafael Ribó, José Antonio Martín Pallín y Jordi Soler, además de que entre el público estaban Puigdemont y Anna Gabriel. El asunto central del evento fue presentar una España autoritaria. IDHC, creado en 1983 en Barcelona, recibió 200.000 euros de subvenciones en 2017, la mitad de ellos aportados por la Generalitat de Cataluña.

Reportaje elaborado por Juan Pablo Cardenal basado en el contenido de su libro «La Telaraña: la trama exterior del procés» (Ariel, 2020).

[Fuente: Por Juan Pablo Cardenal, ABC, Madrid, 11mar20]

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