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21jul20
La exMesa del Parlament en el TSJC: "no queríamos desobedecer al TC"
Los exmiembros de la Mesa del Parlament durante la presidencia de Carme Forcadell han declarado este miércoles en la primera sesión del juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Los acusados, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó han asegurado que la Mesa no podía frenar que se debatiera sobre las leyes del procés porque no entraban en el contenido de lo que se debatía. Mireia Boya, exdiputada de la CUP también acusada aunque no formaba parte de la Mesa, en un tono más político que técnico ha reivindicado que su grupo quería "hacer efectiva la declaración de independencia".
La fiscalía, la abogacía del Estado y Vox piden para ellos 20 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia al considerar que siguieron adelante con la tramitación de las leyes con las que pretendían crear un estado catalán independiente y que eran contrarias al ordenamiento jurídico como había advertido el TC. Las leyes que fueron admitidas para ser debatidas en el plenario por los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament fueron las conclusiones de la Comisión de estudio del proceso constituyente, la ley de los presupuestos, que incorporaban una partida para votación, las leyes de transitoriedad y del referéndum-votadas en los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017 - y la declaración de independencia.
Este es el tercer juicio por el procés después de los celebrados contra los líderes independentistas en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional contra el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero y la cúpula de Interior, que está pendiente de sentencia. A la entrada al tribunal, los acusados han sido arropados por miembros del Govern, del Parlament y de los partidos independentistas.
Los acusados han señalado que la Mesa del Parlament se limitaba a analizar las cuestiones formales sin entrar en el contenido de lo que se iba a debatir en los plenos y han subrayado que este órgano parlamentario no tenía capacidad para modificar ni para impedir ninguna iniciativa parlamentaria si se cumplía con los requisitos formales. El vicepresidente primero de la Mesa, Lluís Corominas (PDECat) que integraba el grupo parlamentario de JxSí, ha asegurado que en ningún momento tuvieron la intención de desobedecer al TC, pero actuaron con el ánimo de "permitir el debate parlamentario y el derecho de participación de los diputados".
En la misma línea se ha expresado la exdiputada de ERC, Anna Simó, que también formaba parte de JxSí. "La Mesa solo podía hacer un análisis formal" de las propuestas que hacían los grupos parlamentarios sin entrar en el fondo. El abogado de Simó, Raimon Tomàs, ha recordado que el letrado del Parlament expresó sus reservas con la admisión a trámite de la ley del referéndum a lo que Simó ha respondido que las opiniones del letrado no son vinculantes y que consideró que había que tener "criterio propio".
Los acusados se han sometido únicamente a las preguntas de sus abogados. Ramona Barrufet (PDECat), secretaria cuarta de la Mesa ha mantenido la misma tesis que sus compañeros. "No tuvimos ninguna intención de desobedecer al TC, pero "había que preservar el derecho de participación de os diputados", ha subrayado. La exsecretaria cuarta también ha señalado que la Mesa no podía actuar con censura previa ya que "sería perverso decidir de qué se habla", ha remarcado. Y Lluís Guinó, que sustituyó a Corominas en la Mesa, ha reiterado que impedir un debate "sería analizar antes de hora el contenido de una proposición.
Mireia Boya es la única acusada en esta causa que no formó parte de la Mesa del Parlament y está acusada por haber presentado la propuesta para la aprobación la ley de transitoriedad jurídica para desconectar jurídicamente con el Estado. La exdiputada de la CUP ha defendido que su grupo parlamentario quería "avanzar en el camino de la independencia de Catalunya" y que actuaron según lo que establecía su programa electoral. "La paradoja es que el Arán se puede autodeterminar pero Cataunya no", ha alegado Boya recordando que el Parlament aprobó años atrás una resolución a favor del derecho a decidir de la Vall d'Arán. La exdiputada ha declarado a las preguntas del fiscal en aranés acompañada de un intérprete y a su abogado n catalán. En un intenso interrogatorio ha acusado a la Fiscalía de hacer "literatura de género fantástico". Mirándola fijamente y visiblemente molesto, el fiscal Pedro Ariche le ha contestado: "si no le parece mal aquí las preguntas las haré yo". "
Las defensas de los acusados han esgrimido que toda la actuación que los ha llevado al banquillo estaba amparada en la inviolabilidad parlamentaria que protege la función de los diputados respecto de sus opiniones y de los votos que emitan. El fiscal se ha opuesto a este argumento incidiendo en que "la inviolabilidad no es ilimitada ni se puede transgredir" mientras que el tribunal le ha dado la razón. "Nadie está por encima de la ley, tampoco nuestro cuerpo legislativo", ha sentenciado el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos.
El partido de ultraderecha Vox, que ejerce la acusación popular como ya hiciera en los otros juicios del procés, ha retirado la acusación por organización criminal en la que solicitaba una pena de 12 años para los acusados. Lo ha hecho en el trámite de las cuestiones previas que ha sido aceptado por el tribunal. Las defensas de los acusados ha arremetido contra el partido de ultraderecha al considerar que actuaba con mal fe procesal después de que la imputación por este delito ya hubiera decaído durante el juicio del Tribunal Supremo.
La causa contra los exdiputados fue desgajada de la que instruía el magistrado del TS, Pablo Llarena, y que culminó con la condena por sedición de los líderes del procés. En diciembre de 2018, el magistrado consideró que el enjuiciamiento de la actuación de los miembros de la Mesa correspondía al TSJC.
[Fuente: Por Toni Muñoz, La Vanguardia, Barcelona, 21jul20]
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