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13nov20


España saldrá de la crisis con un déficit estructural de 60.000 millones, según el FMI


La política fiscal está jugando un papel clave durante la actual crisis económica. Las políticas de protección de rentas activadas por el Gobierno con el inicio del estado de alarma --créditos ICO, ERTE, cese de actividad, subsidios de desempleo, etc-- sirvieron para evitar una recesión mucho más profunda y limitaron los riesgos de una crisis prolongada, como ocurrió en 2008. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aplaudido la "rápida y contundente implementación de medidas de ingresos y liquidez" en el informe anual de su misión a España publicado este viernes. No solo eso, los directores del organismo recuerdan al Gobierno "la importancia de mantener las políticas de apoyo hasta que la recuperación esté asentada".

En su informe del Artículo IV a España, el Fondo enumera sus recomendaciones a España, entre las que se encuentran las ayudas a empresas y familias, la mejora del mercado laboral, el estímulo de la inversión productiva o el fortalecimiento del sistema bancario. En definitiva, una política fiscal expansiva que sirva para contener la crisis económica en este momento clave. Sin embargo, el FMI también recuerda al Gobierno que las cuentas públicas quedarán en una situación delicada tras la pandemia, por lo que hay que asumir que España necesitará una política fiscal restrictiva, algo que desde el punto de vista político es muy complicado.

Según las estimaciones del Fondo Monetario, España saldrá de la crisis del coronavirus con un déficit estructural cercano al 4,5% del PIB. Si se tienen en cuenta las previsiones del cuadro macroeconómico del Gobierno, eso supone un déficit estructural de casi 60.000 millones de euros en precios de 2021. La crisis del coronavirus habría aumentado el déficit estructural en el entorno de 1,5 puntos del PIB, desde el 3,1% hasta el 4,5%. Y, lo que es más preocupante, esta sería la fotografía de las cuentas públicas justo antes de que empiece a jubilarse la generación del 'baby boom' que disparará el gasto en pensiones.

En estos meses se han puesto en marcha diversas medidas para aumentar el gasto corriente que se consolidarán en forma de mayor gasto estructural. Se pueden sumar aquí diversas políticas sanitarias, el aumento del empleo público, o las transferencias sociales, como el ingreso mínimo vital, la subida de las pensiones, o el salario de los funcionarios. Al mismo tiempo se ha acelerado el deterioro de las cuentas de la Seguridad Social como consecuencia del 'parón' de la inmigración por las restricciones a la movilidad.

Todas estas medidas agravan una situación que ya era delicada antes del estallido de la pandemia del coronavirus. Según los cálculos del FMI, en 2019 el déficit estructural de España subió en 8 décimas del PIB, escalando hasta el 3,1%. Un dato que sitúa al país a la cabeza de la eurozona en déficit estructural. En el momento más favorable del ciclo económico, España realizó un deterioro importante de su situación fiscal, abandonando la senda de ajuste de los años anteriores. Esto hace que el punto de partida fuese más delicado y obligará a hacer un esfuerzo mayor en el futuro.

"En el medio plazo se necesita un ajuste fiscal creíble para abordar el legado de la crisis y volver a una posición fiscal próxima al equilibrio", explica el Fondo Monetario Internacional. Estas medidas de ajuste fiscal no deberían comenzar antes del año 2022, pero "un anuncio avanzado de un plan de ajuste creíble podría enviar una señal fuerte al mercado y promover la política de transparencia". Para el FMI, es "crítico" que España se prepare para el momento en el que lleguen las restricciones monetarias del FMI, ya que si la situación del país es delicada, las primas de riesgo podrían deteriorar rápidamente la balanza por cuenta corriente del país.

Sin un ajuste fiscal, la deuda pública se estancará en el entorno del 118% del PIB a medio y largo plazo, alerta el FMI. Es normal que así sea, ya que con un déficit estructural del 4,5%, es difícil que el crecimiento nominal del PIB sea suficiente como para contrarrestarlo.

Una de las vías que señala el Fondo es el aumento de la presión fiscal, que en España "es relativamente baja en comparación con los países de su entorno". En especial, señala un tributo para mejorar la recaudación: el IVA. El FMI no es el único organismo internacional que pide a España subir el IVA, lo ha hecho también la Comisión Europea, ya que este gravamen genera menor impacto económico que los impuestos directos. Sin embargo, los diversos gobiernos de España han rechazado esta vía porque tiene un impacto regresivo sobre el sistema tributario y porque socialmente es rechazado.

El FMI también recomienda a España avanzar en la fiscalidad medioambiental y reducir las ineficiencias del sistema a través de la lucha contra el fraude. El organismo va un paso más lejos esta vez y recomienda que el diseño de las medidas fiscales tenga en cuenta la "situación económica y social". En su opinión, sería posible ejecutar ya en 2021 una subida de impuestos sobre los ahorros de los grupos "más ricos y menos afectados" por la crisis. Una recomendación que va en línea con las decisiones del Gobierno de subir el IRPF a las rentas del capital y el impuesto sobre el patrimonio.

El Fondo también aborda la cuestión nuclear para España de la reforma de las pensiones, pero en esta ocasión da un importante giro en sus recomendaciones, al solicitar que la futura reforma no solo tenga en cuenta la corrección del déficit, sino también la "aceptabilidad social". Para ello, el FMI ya no reclama una rebaja del gasto con menores prestaciones, sino que pide incentivar el retraso de la jubilación, elevar las cuotas a la Seguridad Social y fomentar el ahorro complementario.

El Fondo recuerda a España que para mejorar la situación fiscal es prioritario estimular el crecimiento potencial de la economía. Solo con el aumento del PIB y la mejora de la recaudación generada, el déficit estructural ya se corregiría. El organismo alerta de que el "crecimiento potencial de España se verá erosionado por la pandemia", de modo que el país debe hacer un esfuerzo para recuperar el terreno perdido. Entre las recetas del fondo se encuentra la inversión en digitalización y energía, la revisión de los incentivos fiscales a la I+D+i que han dado resultados muy pobres, la mejora del sistema educativo y la formación para el empleo y la reforma del mercado laboral. En su respuesta al FMI, el Gobierno ha omitido la propuesta de derogar la reforma laboral, pero sí señala su intención de mejorar la flexibilidad del empleo simplificando el menú de contratos existente en la actualidad y luchando contra el abuso de la subcontratación.

[Fuente: Por Javier G. Jorrín, El Confidencial, Madrid, 13nov20]

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