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20jul20


Condicionalidad, reformas, inversiónů La 'letra pequeña' de las ayudas para España


El histórico acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo abre la puerta a una nueva Unión Europea más cohesionada para hacer frente a las crisis como un bloque. En total se movilizarán 750.000 millones de euros para responder la pandemia del coronavirus y la recesión económica. Pero el acuerdo también contiene una letra pequeña que es tan relevante como los grandes números. Estos son los puntos clave del acuerdo para España.

- 140.000 millones de ayudas a través de los distintos mecanismos de asistencia aprobados. De esta cuantía, 72.200 millones serán transferencias sin contrapartida que engrosarán como deuda de la Comisión Europea. El resto, 67.800 millones, serán préstamos que el país tendrá que devolver. El desembolso de los fondos comenzará en 2021 y se extenderá hasta 2023. Para este último año solo puede quedar pendiente de pago el 30%, de modo que en los dos años anteriores se tendrá que haber desembolsado el 70% de los fondos.

- Una condicionalidad severa. El grueso de la financiación se canalizará a través del fondo bautizado Facilidad de Recuperación y Resistencia, que repartirá el 90% de los fondos aprobados. Los gobiernos nacionales tendrán que presentar planes de recuperación y refuerzo de la economía que incluyan el uso de estos fondos y tendrán que contar con el visto bueno de los socios europeos. Estos planes tendrán que quedar aprobados en 2022 o, de lo contrario, no se repartirán todos los fondos acordados, lo que obliga al Gobierno de España a contar con una mayoría suficiente para aprobar esta normativa. A nadie se le escapa la dificultad para aprobar medidas de calado solo con un ejemplo: los presupuestos generales del estado no se han actualizado desde 2018.

- El Gobierno tendrá las manos atadas para ejecutar sus promesas electorales. A partir de ahora y hasta 2024 las políticas que apruebe España deben alinearse con las recomendaciones anuales de la Comisión Europea. Esto limita de forma significativa el margen político con el que cuenta el Gobierno de Pedro Sánchez para desmontar las reformas aprobadas durante la primera legislatura de Mariano Rajoy y que estuvieron auspiciadas por Europa. El mejor ejemplo es la reforma laboral, que será muy difícil desmontar antes de que acabe la legislatura. Sin derecho de veto. Aunque exista una importante condicionalidad para el uso de los fondos, ningún país tendrá derecho de veto sobre las políticas de uno de sus socios. Esta exigencia inicial de los Países Bajos ha quedado finalmente neutralizada. Si existen discrepancias en la política económica y presupuestaria de algún estado miembro, cualquiera de los socios puede paralizar temporalmente la entrega de los fondos en el seno de la Comisión Europea, pero no vetarlos. La última palabra la tendrá el Consejo Europeo, que decidirá por mayoría, sin opción a vetos individuales.

- Se perderán los nuevos impuestos del Gobierno. En su carrera por elevar la recaudación, el Ejecutivo de Sánchez ha iniciado la tramitación de tres nuevos impuestos que ahora irán a parar al presupuesto europeo para elevar los recursos propios de Bruselas. El primero es el impuesto sobre los plásticos no reutilizables, que el presidente esperaba que comenzara a recaudar en 2021, y que ahora se irá directo a Bruselas. El segundo es el impuesto digital ('tasa Google'), que deberá crearse para financiar el presupuesto comunitario. El acuerdo alcanzado hoy contempla que la Comisión realizará su propuesta en el primer semestre de 2021 con el objetivo de que esté listo para recaudar en enero de 2023. Por último, el impuesto sobre servicios financieros ('tasa Tobin'), que ya está en fase de tramitación en España, se contempla como una opción dentro del presupuesto plurianual que se va a negociar. El Gobierno tendrá que buscar otras vías para elevar la recaudación.

- Devolución antes de 2059. Es el plazo que han marcado los líderes del Consejo Europeo para que los países devuelvan todos los créditos concedidos por Bruselas. En España, el repago de la deuda coincidirá con los años de más presión sobre el gasto público por la jubilación de la generación del 'baby boom'.

- Las pensiones, un punto clave. El Gobierno de Sánchez derogó la reforma de las pensiones de 2013 que tanto habían elogiado los socios europeos, pero no aportó ninguna solución al problema del déficit de la Seguridad Social. Ahora la Comisión Europea pide a España una reforma que garantice la sostenibilidad del Sistema. Este será uno de los puntos que los socios europeos vigilen de cerca, y durante esta legislatura tendrán poder para presionar a través de la congelación de fondos. El Gobierno de Sánchez pretende elevar la edad efectiva de jubilación y traspasar gastos de la Seguridad Social al Estado. Pero esto no será más que un ajuste contable que no eliminará el déficit estructural del 2% que tienen las pensiones.

- Tijeretazo al presupuesto europeo. A cambio del acuerdo para la recuperación económica, los estados han aceptado que el presupuesto plurianual 2021-2027 quede rebajado a 1,074 billones de euros. No solo eso, los países que más contribuyen gozarán de un importante descuento en su aportación anual al presupuesto comunitario. Se trata de los conocidos 'cheques', que no son más que descuentos en las transferencias netas. Aunque la Comisión quería eliminar esta fórmula, finalmente ha quedado ratificada en el texto acordado este martes y se aplicarán a los cinco principales contribuyentes: Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia. España será uno de los perdedores de esta decisión principalmente como consecuencia de la reducción de los fondos de la PAC (Política Agrícola Común), que podrían reducirse en un 10%.-

- Más recursos para gestionar las fronteras. España es uno de los países europeos que sufre mayor presión migratoria como consecuencia de su posición en el extremo del continente. El acuerdo alcanzado por el EUCO contempla destinar una media de 3.000 millones de euros anuales hasta 2027 para financiar esta política.

- Lucha contra el cambio climático. Uno de los objetivos prioritarios del fondo de recuperación será la inversión en lucha contra el cambio climático. Para El Gobierno de Sánchez, la transición energética es también una de las políticas clave, de modo que la ayuda europea será clave para poder ejecutarla, dada la escasez de recursos para invertir con los que cuenta España.

[Fuente: Por Javier G. Jorrín, El Confidencial, Madrid, 21jul20]

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