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04ene13


La Comunidad de Madrid no encuentra comprador para Telemadrid en vísperas de los despidos


"La realidad es que no hay comprador para Telemadrid. Si lo hubiera, la venderíamos como locos", aseguran sin ambages fuentes internas del Gobierno de la Comunidad de Madrid en vísperas de que se hagan efectivos 925 despidos en la cadena. Y es que nadie confía ya en alcanzar una solución negociada al conflicto, después de que los sindicatos rechazaran ayer de plano una última propuesta de la dirección, que pasaba por dejar las salidas forzosas en algo más de 600. "No se puede ser optimista. Los representantes sindicales ya han dejado claro que no aceptarán ningún despido", aseguraban fuentes internas de la cadena.

¿El futuro? "A partir de ahí, o se cierra o se externaliza la producción", remachan las citadas fuentes del Ejecutivo regional. Sobre el terreno, la festividad de Reyes dejará todo pendiente de la semana que viene, una vez escenificada la ruptura. Será entonces cuando el Consejo de Administración de la cadena se reúna para aprobar la remisión del ERE a la autoridad laboral y cuando comiencen a producirse los despidos de acuerdo a la actual legislación. Esto es, con indemnizaciones de 20 días por año trabajado y un límite de 12 mensualidades, tal y como ya avanzaba el plan de viabilidad encargado por los gestores a Cuatrecasas y Deloitte.

La última propuesta a los trabajadores, planteada el miércoles por la noche, reducía las salidas obligadas en torno a un 30%. La iniciativa incluía la permanencia de 60 personas en la cadena y la recolocación de 50 trabajadores en otras dependencias de la Comunidad. Asimismo, recogía un plan de bajas incentivadas con indemnizaciones de 28 días por año trabajado y un límite de 18 mensualidades, al que se calculaba que podían acogerse otros 100 profesionales. "Este plan añadía una mensualidad adicional si un trabajador no había logrado recolocarse a los seis meses de desvincularse de Telemadrid", detallaban ayer fuentes oficiales de la cadena.

Finalmente, se ampliaban las prejubilaciones para quienes cumplieran 59 años antes del 31 de diciembre, un planteamiento que elevaba en 60 el número de salidas. "Se trata de un movimiento muy considerable", subrayaban estas fuentes. No obstante, los sindicatos no piensan lo mismo, al punto que desde el primer momento desacreditaban la propuesta en las redes sociales y lamentaban que la dirección de Telemadrid no valorara sus planteamientos de recortes para mantener todo el empleo. Las 925 bajas que prevén los responsables de la cadena suponen el 80% de una plantilla compuesta por 1.175 trabajadores.

En todo caso, lo que parece claro es que los números no cuadran. Según consta en el proyecto de Presupuestos Generales para el año próximo, la cadena facturará 15,9 millones de euros cuando sólo en gastos de personal el montante asciende a 59,8 millones de euros. Un desequilibrio inmanejable, común a la mayoría de televisiones autonómicas. Telemadrid recibirá del Ejecutivo de Ignacio González una subvención de 78,6 millones de euros, insuficiente para compensar todos los gastos y así evitar unas pérdidas de 48,33 millones. En la última década, la cadena roza los mil millones de pérdidas sufragadas con dinero público, un auténtico pozo sin fondo.

Fundido en negro

Todo mientras el fundido en negro preside las emisiones de la cadena, que con un 2% de share se ha anotado en diciembre su mínimo histórico en audiencia debido a las numerosas huelgas convocadas. Una evolución que convierte a la televisión pública en irrelevante e incluso reforzaría la tesis del cierre. No falta en la casa quien, acogiéndose a este argumento, considera contraproducentes los paros. En esta línea, el director general del ente público, José Antonio Sánchez, afirmó recientemente que Telemadrid había perdido 1,6 millones en ingresos publicitarios por las movilizaciones laborales y el 56% de la audiencia con respecto a septiembre. El ejecutivo cifraba los paros parciales convocados hasta el 7 de enero en más de 60.

Eso sí, el devenir del conflicto no ha sido una sorpresa. Cuatrecasas, el bufete encargado de la parte jurídica del citado informe de viabilidad de Telemadrid, ya advertía de que el ajuste de plantilla en la televisión pública podía convertirse en un polvorín para el Gobierno regional que preside Ignacio González. "Teniendo en cuenta el historial de huelgas y el creciente índice de conflictividad social existente en RTVM [Radio Televisión Madrid] (…) el procedimiento de reestructuración seguramente se verá afectado por continuas y numerosas huelgas, así como otro tipo de medidas de presión", rezaba el análisis jurídico.

"Conviene apuntar que el derecho de huelga no es absoluto e ilimitado, y que uno de sus límites principales es la garantía de que durante el transcurso de la huelga no resulten dañados los bienes ni las instalaciones de la empresa", zanjaba el documento, al referir las posibles contingencias que afrontaba el proceso. Mientras, a la espera de una solución están las productoras que atisban el negocio en la externalización de los servicios. "En eso estamos, tanto en contactos y posibles alianzas, como en estructurar la oferta para que se adapte al modelo elegido para las externalizaciones", aseguraba recientemente el presidente de Vértice, Manuel García-Durán, en referencia a las licitaciones a la vista en Madrid, Castilla-La Mancha y Valencia, comunidades con cuyos Gobiernos dijo tener "muy buena relación". No será el único interesado.

[Fuente: Por Daniel Toledo, El Confidencial, Madrid, 04ene13]

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