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08ene14
La situación legal de la infanta imputada plantea el vacío legal por la falta de ley orgánica de sucesión monárquica
Se multiplican las reacciones a la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos, por presunto delito fiscal y blanqueo de dinero. Los abogados de hija del rey trabajan en la presentación de un recurso contra la imputación, y la Fiscalía deberá decidir en los próximos días si recurre o no la decisión del juez. Paralelamente, vuelve a cobrar fuerza el debate en torno a una cuestión que ya se planteó cuando el juez Castro la imputó por primera vez: ¿Debe la Infanta renunciar a sus derechos sucesorios? Los defensores de que lo haga llaman la atención sobre el hecho de que una Infanta de España imputada bajando la célebre cuesta de los Juzgados de Palma no es precisamente la imagen que más conviene a la Monarquía en estos momentos, en plena crisis de aceptación por la opinión pública.
Además, los partidarios de la renuncia argumentan que, con independencia de que la Audiencia Provincial de Palma decida o no suspender de nuevo la imputación tras los recursos pertinentes, el auto de 227 páginas redactado por el juez Castro sobre el que se sustenta la imputación es durísimo. Acusa a la infanta simple y llanamente, de "mirar para otro lado" y considera que no podía ignorar las actividades de su marido en un complejo empresarial diseñado para "defraudar reiteradamente". Y apunta cosas como que en ocho años la infanta solo realizó "dos compras por un importe superior a 3.005,06 euros con cargo a su propio peculio". Y es que vajillas o animaciones para fiestas privadas aparecen cargadas a las cuentas de Aizoon.
En estas circunstancias, aunque la Zarzuela ha mostrado su respeto por las decisiones judiciales y mantiene una posición neutral, es imposible evitar el daño a la Casa y la posible renuncia de la infanta resulta más acuciante que nunca. Según Vanitatis, la infanta llevaría más de un año negociando esta posibilidad con el Rey, tras haber renunciado a la posibilidad de divorciarse. Algunas personalidades políticas llevan tiempo mostrándose partidarias de la solución de la renuncia. Es el caso del expresidente del Congreso, José Bono, que en una entrevista en el diario El Mundo el año pasado aseguraba que sería un "gesto que supondría renunciar prácticamente a nada" pero que, sin embargo, sería "un gesto muy importante que daría prestigio" a la Corona.
¿A qué renunciaría la Infanta?
La renuncia de la infanta tendría más implicaciones simbólicas que prácticas. Aunque es cierto que ya no podría representar a la familia real, hace tiempo que ella y su marido han sido exlcuidos de los actos oficiales de la Corona, con lo que no reciben asignaciones económicas por este concepto. Sí mantienen sin embargo ella y sus hijos su posición en la línea de derechos sucesorios: la infanta Cristina sería la séptima tras la familia de los Príncipes de Asturias. Su renuncia implicaría además dejar sin estos derechos también a sus hijos, lo que la prensa del corazón considera que, como madre, puede pesarle más.
Por otra parte, la renuncia constituiría un hito sin precedentes en nuestra historia con enorme peso simbólico (no se pude negar que también dañaría la institución) e inserto en un vacío legal. La Constitución, en su artículo 56.5 señala que "las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica". El problema es que esta ley orgánica no existe… Según expertos, en caso de decidir su retirada, la infanta tendría que dirigir un escrito a al Rey y a las Cortes, que posteriormente tendrían que aprobarla. ¿Contribuiría un gesto así a salvaguardar la Corona?
[Fuente: República de las Ideas, Madrid, 08ene14]
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