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DERECHOS


14dic06

Debates de totalidad de iniciativas legislativas: Proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Índice:

Presentación del Proyecto de Ley:

Exposición de las enmiendas a la totalidad:

Respuesta a las enmiendas a la totalidad:

Turno de réplica:

Turno de fijación de posiciones:

Votación:

CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 - VIII Legislatura - Núm. 222
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 206
celebrada el jueves, 14 de diciembre de 2006

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.

-- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS EN FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA. (Número de expediente 121/000099.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto IX del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia física durante la guerra civil y la dictadura. Como saben, se han presentado tres enmiendas a la totalidad; una primera de devolución del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y dos de texto alternativo, una del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y la segunda del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

Procedemos al debate con la presentación del proyecto por un miembro del Gobierno. Tiene la palabra la señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señor presidente, señorías, aunque ya lo hice anoche, quiero desde esta tribuna que mis primeras palabras sean para expresar, en mi nombre y en nombre del Gobierno, nuestro profundo pesar y nuestro más hondo sentimiento por la pérdida de Loyola de Palacio. Fue una mujer extraordinaria, una mujer valiente y comprometida y una magnífica parlamentaria. Quiero una vez más rendir tributo a su persona y a su trabajo; a ella y a todos los miembros del Partido Popular.

(Aplausos.)

Señor presidente, señorías, hoy presentamos ante esta Cámara el proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. En primer lugar, me gustaría dar las gracias públicamente a todas las asociaciones, grupos, entidades y particulares --más de 14.000-- que con su conocimiento, su contribución y sus propuestas han colaborado de manera muy importante en los trabajos de la comisión interministerial y, por tanto, nos han ayudado a elaborar este proyecto de ley. Mi reconocimiento a todos ellos en nombre del Gobierno. Además de dar respuesta a un mandato parlamentario, esta ley, señorías, entronca sus raíces en la necesidad de hacer un reconocimiento público a todos aquellos que sufrieron la injusticia inherente a la violencia que tanto dolor y sufrimiento generó entonces en nuestro país. Como país perdimos mucho, pero como sociedad perdimos mucho más, y es que las víctimas de la violencia fueron no solo los perseguidos, represaliados o condenados injustamente, sino también sus familiares y allegados, así como los millones de ciudadanos que padecieron sus consecuencias. Después, durante cuarenta años, llegó el exilio exterior e interior, años en los que una buena parte de los españoles tuvieron que añadir al desgarro de la violencia la negación no ya de las libertades y derechos democráticos que todos padecimos, sino el del reconocimiento público y de la memoria de su propia existencia, de su libertad e incluso de su honor y del derecho a su propia dignidad, y será paradójicamente ese cúmulo de dolorosas experiencias el que, al finalizar la dictadura, ya en la llamada transición, llevó a los españoles a querer mirar hacia delante, sin negar el pasado, pero con la mirada firme en el futuro que se vislumbraba en el horizonte, pensando en una democracia de todos y para todos, sin exclusiones y sin olvidados. Hace treinta años, señorías, que esa democracia empezó a abrirse paso en nuestro país. Incluso aquellos a quienes se suponía guardianes del viejo orden aceptaron que era imparable el tránsito del pueblo español hacia un Estado de derecho, un tránsito mesurado pero firme, basado en la confianza del que tiene un objetivo claro y sabe que puede y debe alcanzarlo. Los gobiernos, los partidos políticos, las altas instituciones, las fuerzas sociales, todos, absolutamente todos, supieron, supimos estar a la altura de las circunstancias, a la altura de la ciudadanía, una ciudadanía que ha seguido demostrando desde entonces la sabiduría de una nación madura, consciente de su historia, de su bagaje indudablemente amargo, pero también de dónde estaba su futuro. En mi opinión, el éxito de la transición se debe en buena medida a que entonces todos nos empeñamos mucho más en encontrar lo que nos unía que lo que nos separaba, trabajamos mucho más en tejer que en destejer, nos empeñamos todos en sumar y no en restar, y fue el futuro, mucho más que el pasado, el protagonista de aquella historia que quisimos escribir entre todos. El futuro se convirtió en el verdadero motor que tiró de esa España hacia delante, y es ahora, treinta años después, cuando, al mirar los hitos del camino que entonces emprendimos, es posible apreciar nítidamente la claridad con que fueron entendidas las grandes prioridades que había que abordar, las decisiones que era necesario tomar para poder recorrer ese camino con ilusión y sin rencor, con muchas heridas en el alma, pero con la mirada limpia y con el objetivo común y compartido de convivir en libertad y en democracia.

Señorías, desde los inicios de la transición, entre esas prioridades, entre esas iniciativas sobre las que fundamentar el nuevo Estado de derecho estuvo la de reinstaurar la justicia y superar las discriminaciones de la dictadura. En julio de 1976 se aprobó el primer Decreto de Amnistía y se inició la sucesión de disposiciones restauradoras de la que esta ley que hoy presentamos forma parte. Muchos, todos los presos políticos, simplemente salieron de las cárceles y recuperaron su libertad personal, otros muchos, los funcionarios de la Administración pública o de la justicia, o los maestros que habían sido depurados se vieron rehabilitados en sus derechos tanto activos como pasivos. También los militares que habían sido fieles a la República recuperaron su derecho a una pensión. Paso a paso y ley a ley se reconocieron indemnizaciones y pensiones a las viudas, hijos y familiares de las víctimas de la guerra y a los mutilados de la República. Llegaron también las pensiones a quienes no eran militares profesionales pero habían luchado defendiendo la República. Eran medidas de auténtica justicia, medidas necesarias para que todos juntos pudiésemos caminar hacia la democracia, para acabar con la desigualdad y discriminación que la dictadura había generado, y se adoptaron entonces a pesar de que supusieron un tremendo esfuerzo económico para una España sumida como ningún otro país de su entorno en la llamada crisis del petróleo. Los datos reflejan muy bien el esfuerzo. Fíjense: en los años ochenta, una cuarta parte de los perceptores de pensiones lo eran por pensiones de guerra y en 1991 el coste de estas pensiones llegó a suponer más de una cuarta parte del total. Cifras impresionantes en un país sometido a un duro ajuste económico. Pero lo hicimos entonces porque sabíamos que no era un acto de generosidad, sino de justicia. No confundimos entonces, como no lo hacemos ahora, valor y precio.

El informe general de la Comisión para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo entregado a esta Cámara, junto con el proyecto de ley que hoy presentamos, ofrece, señorías, el detalle pormenorizado de toda esta acción reparadora de la transición que se extendió, ya con nuestra democracia plenamente consolidada, con medidas como la indemnización por haber estado en prisión por causas políticas en la guerra y la posguerra y la devolución de bienes y derechos a partidos políticos y a sindicatos. Su lectura conviene por tanto a quienes afirman que nada se ha hecho por la reparación, afirmación injusta, no para el Gobierno que presenta esta iniciativa, sino para todo un país que se esforzó por reintegrar derechos y protección social a quienes habían sido tan injustamente excluidos. Libertad, reconocimiento, protección pública fueron desde los inicios de nuestra democracia las palabras clave de una nueva convivencia; una convivencia basada en la concordia, en la libertad individual y colectiva, en el respeto y en la tolerancia.

Señorías, como ya he señalado, el proyecto de ley que hoy se presenta en este Parlamento es fruto de la iniciativa de este Parlamento. El 1 de junio del año 2004 el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley en la que instó al Gobierno a que elaborase un informe sobre las reparaciones morales, sociales y económicas de los daños ocasionados a las personas con motivo de la guerra civil, de la represión efectuada por el régimen franquista y también de los que se hubiesen podido producir durante la transición a la democracia, con propuestas específicas de programas, medidas y actuaciones concretas para mejorar la situación actual. El Congreso de los Diputados instaba también al Gobierno a remitir a la Cámara un proyecto de ley de Solidaridad, un proyecto de ley de Solidaridad con las víctimas que sufrieron daños personales en el ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas prohibidos por el régimen franquista y reconocidos posteriormente por nuestra Constitución, para rendirles de este modo un tributo de reconocimiento y justicia. Finalmente, la proposición invitaba al Gobierno a informar de la situación de los archivos sobre este periodo histórico y a facilitar el acceso a los datos que consten en ellos, ya sean de carácter público o privado. Pero también este proyecto de ley es heredero, señorías, de un pronunciamiento histórico. El 20 de noviembre de 2002 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad --repito, por unanimidad-- una declaración en la que por primera vez se reafirmaba --y cito literalmente-- el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de quienes padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista. Señorías, eso lo aprobó esta Cámara por unanimidad en noviembre de 2002.

(Aplausos.) Pues bien, con los informes remitidos y con la ley que presentamos a esta Cámara cumplimos como Gobierno escrupulosamente estos mandatos parlamentarios y lo hacemos con la firme convicción de que nos honra como pueblo reconocer la arbitrariedad de toda violencia y nos engrandece como sociedad democrática facilitar la recuperación de la memoria personal, lo que supone reparar públicamente el honor y la dignidad de los españoles y españolas que durante largos años sufrieron, además de la injusticia, la privación de ver cómo no se recuperaba ni su memoria ni el recuerdo de sus allegados. Esta ley profundiza además la tarea de reparación ya realizada en normas anteriores. Así, se mejora la normativa sobre prestaciones sociales, reconocimiento de pensiones, asistencia médico farmacéutica, asistencia social a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los fallecidos como consecuencia o con ocasión de la guerra civil ampliando su cobertura. También se aumenta el importe de determinadas pensiones de orfandad, se amplía la cobertura de las indemnizaciones a colectivos que anteriormente se veían excluidos y se contemplan exenciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como ayudas para compensar a quienes ya habían tributado por ellas. Con estas medidas, señorías, seguimos pues avanzando en la línea marcada desde la transición y profundizamos en la reparación material de las víctimas. Pero, junto a ese reconocimiento y ampliación de los derechos materiales de las víctimas, la ley pretende saldar una deuda, señorías, la deuda de la injusticia. (Aplausos.) La ley quiere saldar esta deuda que como sociedad tenemos con las personas que sufrieron violencia y persecución injustas. Ellos y sus descendientes tienen todo el derecho a reconstruir su propia biografía y a recuperar su memoria individual y personal. Es un reconocimiento moral a las víctimas pero también un reconocimiento a sus derechos individuales, derechos que aún hoy no les han sido reestable-cidos, derechos con los que el Gobierno quiere una vez más extender la igualdad, eliminar toda la discriminación y restaurar el honor y la dignidad que se les debe a quienes sufrieron persecución o violencia durante la guerra civil o la dictadura y a quienes vieron despreciado su nombre o el de sus familiares y cruelmente condenado su derecho a la memoria y a la dignidad de su recuerdo.

Señorías, ni los gobiernos ni los parlamentos están para sustituir a los historiadores, es a ellos a quienes corresponde escribir la historia; tampoco le corresponde al legislador construir o reconstruir, determinar o implantar una supuesta memoria colectiva, porque la memoria tiene que ver con la relación que las personas establecen con su pasado y, por tanto, exige una reelaboración necesariamente personal. Es obvio que nadie puede resolver aquello que no forma parte de su experiencia personal. Francisco Ayala ha escrito que no hay ningún hombre que posea memoria histórica por la sencilla razón de que nadie recuerda ni puede recordar lo sucedido fuera del ámbito de su propia experiencia.

Conocer el pasado y recordarlo, señorías, son cosas distintas, memoria e historia no son lo mismo ni tienen los mismos objetivos, y es por ello que el Gobierno en ningún momento ha pretendido con esta ley ni reconstruir la historia ni instituir una memoria. (Aplausos.) Ahora bien, sí es deber y sí debe ser obligación de un Gobierno y de un Parlamento consagrar, proteger y posibilitar el derecho de toda persona a su memoria individual. Por ello, el proyecto de ley aborda con el máximo vigor normativo el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática, un derecho fundamental, como fundamental es la memoria para cada uno de nosotros. Porque somos, porque tenemos memoria, porque somos el fruto de la elaboración y reelaboración de nuestra biografía y la memoria, señorías, es la condición necesaria de nuestra identidad única.

La implacable dictadura franquista impidió el ejercicio de muchos derechos y entre ellos, sin duda, el derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad de mucha gente que desapareció sin tener la posibilidad de reconstruir no ya su propia vida, sino su propia memoria, el derecho a dar a conocer lo recordado, a transmitir memoria a los que vinieron después. Se negó así la única posibilidad de sobrevivir al menos en el recuerdo, un recuerdo público y publicado, honorable y digno, se negó así la única posibilidad de sobrevivir al menos en el recuerdo a muchos millones de españoles. Esta dictadura, señorías, fue tan larga que muchos de los que la padecieron, y que padecieron sus rigores o que fueron testigos de los sufridos por sus familiares, murieron sin poder ejercer esos derechos, y poner remedio a esa injusticia es lo que pretende la ley que hoy presentamos. Para ello, por primera vez en la historia reciente de nuestro país un proyecto de ley reconoce y declara, con carácter general, la injusticia de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal ocasionadas por razones políticas o ideológicas durante la guerra civil y la dictadura. (Aplausos.) Las razones políticas e ideológicas incluyen todas cuantas actuaciones, sanciones y decisiones fueron objeto de represión o prohibición, incluyendo la pertenencia o la colaboración con partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas y militares, minorías étnicas, sociedades secretas, logias masónicas y grupos de resistencia, así como opciones culturales, lingüísticas o de orientación sexual. Además, señorías, la ley va un paso más allá y reconoce el derecho de las víctimas y de sus familias a una declaración singular, a una reparación y reconocimiento personal e individual de la injusticia infligida a cada una de ellas. Con ello se garantiza que los allegados de los que sufrieron violencia o persecución puedan ver rehabilitado el nombre y el recuerdo de sus familiares y así recuperar el honor y la dignidad pública de su biografía personal a través de una declaración que proclame la injusticia del castigo, es decir, su inocencia y el sufrimiento que padecieron. Podrán solicitar esta declaración quienes durante la guerra civil y la dictadura sufrieron condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producida por razones políticas o ideológicas. Esta declaración afectará a las penas y a las sanciones impuestas durante la guerra por juzgados, tribunales u órganos administrativos de cualquier naturaleza que no gozaban de los requisitos y garantías de los que goza hoy en nuestra concepción en el ámbito de un Estado de derecho, pero también afectará a las actuaciones y a las ejecuciones llevadas a cabo con o sin sentencia, con o sin resolución administrativa por cualquier organización o grupo durante el mismo periodo. Y será, señorías, una declaración pronunciada en nombre de la democracia, en nombre de este Parlamento. (Aplausos.--Un señor diputado: ¡Muy bien!)

Señoras y señores diputados, el reconocimiento moral de las víctimas y la restitución del derecho a la memoria implican también el reconocimiento del derecho de los familiares y allegados a localizar, identificar y, en su caso, recuperar los restos de sus parientes. También aquí nuestra obligación es facilitar el derecho de las personas a disponer de su propia memoria individual. A ellos corresponderá la decisión y el Estado, garantizando siempre el respeto a la ley y el interés legítimo de cuantas partes puedan estar afectadas por las actuaciones que sean necesarias, articulará procedimientos que faciliten la localización, la identificación y la recuperación de los cuerpos de sus familiares. Una vez más, señorías, estamos extendiendo derechos. Del mismo modo, atenderemos con esta ley la reiterada petición de víctimas y familiares, de asociaciones, de investigadores, petición también trasladada al Gobierno por esta Cámara en la proposición a la que me he referido, de facilitar el acceso y sin límites a los archivos que guardan la memoria de la guerra civil y de la dictadura. Así lo establece la ley al garantizar a los interesados y a sus herederos el derecho de acceso a los fondos depositados en los archivos públicos, unos fondos que se integrarán y reunirán en el Archivo General de la Guerra Civil Española y que se irán enriqueciendo con el programa de convenios, también recogido en esta ley, para la adquisición de aquellos documentos que obren en archivos privados o de otras administraciones, tanto nacionales como extranjeros, y que sean relevantes para nuestra historia. La creación y puesta en marcha, también en Salamanca, del Centro Documental de la Memoria Histórica permitirá organizar convenientemente todos estos fondos documentales, de forma que estén efectivamente a disposición de quienes deseen consultarlos. Además, este centro tendrá una labor activa en el fomento de la investigación, impulsará la difusión de sus fondos y contribuirá, en definitiva, al mejor conocimiento del periodo histórico al que nos referimos. Me gustaría subrayar en este punto el riguroso trabajo realizado por la Comisión interministerial, recogido en el informe que se ha entregado en esta Cámara sobre los archivos. De la lectura de sus conclusiones se desprende la necesidad de acometer una intensa labor de organización y modernización de estos archivos. Para ello, se realizan distintas propuestas, incluida la elaboración de una ley de archivos.

Permítanme, señorías, que me refiera finalmente de forma muy breve al capítulo que el proyecto de ley dedica a los símbolos y a los monumentos conmemorativos de la guerra civil o de la dictadura, símbolos por cierto cuyo destino ha sido una de las cuestiones que ha suscitado mayor debate y que ha venido siendo objeto de una intensa actividad parlamentaria. Una vez más, señorías, sus propuestas han sido tomadas en consideración porque, efectivamente, aunque a lo largo de la transición y hasta hoy se han cambiado nombre de calles y de plazas, se han eliminado símbolos en edificios oficiales o erigido monumentos a las víctimas de la represión, no ha existido hasta el momento en torno a ellos un criterio concertado y global. Pues bien, establecer ese criterio general es lo que pretende la ley en este punto. Sus disposiciones evidentemente afectan solo a los organismos de titularidad estatal --somos respetuosos de las competencias de cada cual--, pero a él pueden acogerse todas las administraciones, instituciones y entidades, y yo les invito a ello, porque creo que se trata de un criterio, como el de toda la ley, ponderado y respetuoso; no resta, suma. Se sustenta firmemente en el principio de evitar toda esa exaltación del conflicto entre los españoles, como también en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio. Por eso, en el artículo 17 la ley ordena a los órganos de titularidad estatal que tomen las medidas oportunas para la retirada de los escudos, insignias, placas y menciones conmemorativas de la guerra civil cuando promuevan confrontación o se identifiquen con el régimen franquista. Y digo que la ley es respetuosa porque, cuando esta retirada no sea procedente por razones históricas o artísticas, se considerará colocar en el mismo lugar, de modo visible, una inscripción o placa que recuerde y rinda homenaje a todas las víctimas.

Señor presidente, señorías, esta es una ley heredera del mejor espíritu de la transición y del principio que nos condujo hacia una democracia estable y consolidada: la concordia. Esta es una ley que, lejos de escribirse contra nadie, pretende hacer justicia, y de manera muy especial con aquellos que se vieron privados del derecho a su memoria, aquellos cuya biografía quedó silenciada o mutilada durante años.

El Parlamento, señorías, es la casa de todos los españoles y el mandato de los representantes parlamentarios en una democracia es legislar para todos los españoles. A ello ha querido contribuir el Gobierno con esta ley. Nuestra obligación como representantes del pueblo es garantizar la igualdad de derechos entre españoles, seguir afianzando la concordia en la justicia, seguir profundizando en la igualdad y en la solidaridad. Es una deuda que tenemos contraída con todas las víctimas, pero también es una deuda con las generaciones futuras. Con el reconocimiento y profundización de los derechos de las víctimas que esta ley establece, señorías, enriquecemos nuestro legado de concordia, de justicia y de libertad. Mi reconocimiento a todos ellos en nombre del Gobierno.

Decía Ramón Llull que la justicia nos proporcionará paz y también trabajo. Por mi parte, puedo decirles que el Gobierno ha trabajado con rigor, con respeto y con el convencimiento de que es posible mejorar nuestra sociedad, haciendo justicia a todos aquellos que aún no habían recibido el homenaje público debido a su sacrificio. (Aplausos.) Hace unos días, a propósito de la muerte de Pinochet, afirmaba el poeta Mario Benedetti que la muerte había ganado a la justicia. Pues bien, para que al horror de tanta muerte, tanta humillación y tanta represión injusta no añadamos el oprobio del olvido, les pido el voto para esta ley.

Muchas gracias. (Aplausos.--Una señora diputada: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Turno a favor de las enmiendas a la totalidad, comenzando por la de devolución.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Atencia, por un tiempo de 15 minutos.

El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señor presidente.

En primer lugar, señora vicepresidenta, miembros del Grupo Socialista, gracias por su reconocimiento hacia Loyola de Palacio.

Antes de entrar en la defensa de la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Parlamentario Popular, me gustaría hacer dos precisiones a raíz de la intervención de la vicepresidenta del Gobierno. En primer lugar, este país, que adoptó medidas de reconocimiento, de recuperación y de rehabilitación de las víctimas, tuvo gobiernos que impulsaron esas medidas y que buscaron siempre el consenso político. En segundo lugar, la resolución, por unanimidad, del año 2002 se produjo con mayoría absoluta del Partido Popular y era una culminación y un cierre, no lo que dice su señoría. (Un señor diputado: ¡Muy bien!)

Voy a defender la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular, y lo hago con la tranquilidad y la autoridad que me da hacerlo en nombre de un grupo político que no tiene más pasado ni más herencia que la transición y la democracia. (Aplausos.--Un señor diputado: ¡Muy bien!) Solicitamos la devolución de este proyecto al Gobierno por varias razones. En primer lugar, porque es una ley innecesaria a la vez que extemporánea y errónea, porque es una ley hipócrita y falsaria y porque es una ley jurídicamente irrelevante que pretende atribuir derechos ficticios. Además, señorías, el planteamiento que subyace detrás de este proyecto de ley --legislar la llamada memoria histórica-- constituye un gran error. Este proyecto supone un torpedo en la línea de flotación de nuestro régimen político, de la legitimación de la democracia, que es la transición y el pacto constitucional, y es además una iniciativa que no sintoniza ni con los anhelos, ni con los sentimientos mayoritarios de la sociedad española.

Como decía, esta es una ley innecesaria. Nuestra democracia, bajo distintos gobiernos y mayorías de la UCD, del PSOE y del Partido Popular, tomó numerosas iniciativas y adoptó numerosas medidas a favor de las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Y tales iniciativas estaban y están en la naturaleza de la Constitución, que es la suma expresión de la reconciliación y de la concordia entre los españoles. Pero, señorías, señores miembros del Gobierno, para ampliar, para mejorar o complementar esos derechos económicos de algunas víctimas no era necesaria esta ley. Para ese objetivo, que el Grupo Popular comparte, no era necesario un proyecto de esta envergadura ni este lío que ha organizado el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Para ese objetivo tenían nuestro voto, pero no para esta ley. Tampoco justifica esta iniciativa pretender abordar cuestiones que hace más de cuatro años resolvimos de forma unánime en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, cuando establecimos mandatos claros en materia de colaboración de las administraciones públicas para la localización e identificación de víctimas, derechos de los exiliados, etcétera.

Esta es una ley jurídicamente irrelevante, porque introduce derechos ficticios sin contenido alguno, como ese pretendido nuevo derecho fundamental denominado derecho a la memoria personal y familiar. Es difícil encontrar algo semejante en el derecho comparado; es un derecho inédito y no reconocido en ninguno de los pactos internacionales de derechos humanos. Como afirmaba Juan Antonio Ortega en un reciente artículo, es un derecho de una enorme originalidad, inimaginable para Papiano, para Kelsen o para cualquier autor de ciencia política. Además, en la declaración de este pretendido derecho, no intervienen los jueces. La seguridad jurídica no existe, no preocupa. Es un consejo carente de carácter jurisdiccional al que se reconoce capacidad para juzgar actuaciones del pasado prescritas y juzgadas. Por si fuera poco, dicho consejo habrá de decidir, sin prueba contradictoria alguna, a modo de tribunal de la inquisición de la memoria oficial, qué conductas pretéritas fueron manifiestamente injustas. Esta ley es falsaria e hipócrita, porque se disfraza de iniciativa de concordia lo que en realidad no es sino un paso más en la estrategia de ruptura del gran pacto de convivencia entre los españoles que fue la transición y la Constitución. (Aplausos.) Además, sus fines son contradictorios en sí mismos. Busca nominalmente suprimir división, pero la propia existencia de la ley significa un factor de división y de enfrentamiento. Habla de reconciliación y de concordia, pero eso, señorías, no tiene nada que ver con remover el barro. Este proyecto parte también de dos axiomas falsos. Por un lado, dice que es hora de honrar a las víctimas. ¿Es que no lo hicimos en la transición? ¿Es que no lo hemos hecho en 30 años? (Varios señores diputados: ¡No!) ¿Es que no lo hicimos con la Constitución? (Varios señores diputados: ¡No!) ¿Es que no lo ha hecho esta Cámara de forma reiterada? (Varios señores diputados: ¡No!) ¿Es que no lo hicimos solemnemente el 20 de noviembre del año 2002? (Un señor diputado: ¡Muy bien!--Una señora diputada: ¡Sí!)

Por otro lado, afirma contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles. Señorías, las heridas del pasado quedaron definitivamente cerradas con la transición (Un señor diputado: ¡No!), la reconciliación nacional y la Constitución de la concordia. (Aplausos.-- Un señor diputado:¡Muy bien!)

La mejor memoria que tenemos los españoles, todos los españoles, es la transición, que cerró una larga historia de división y que además cerró y cicatrizó las heridas de la guerra civil y del franquismo. Y la mejor memoria ha sido y sigue siendo la Constitución, que encarnó el abrazo de todos y para todos. (Aplausos.) Esto, señorías, también lo quería el señor Rodríguez Zapatero cuando era un diputado de la oposición, porque en el año 1999, en esta misma tribuna, en relación con la aprobación de una medida a favor de los militares de la República --que fue respaldada, como no podía ser de otra forma, por mi grupo parlamentario, mayoritario entonces en la Cámara--, calificó tal iniciativa de último paso, último fleco, último resquicio y hasta de punto final en el proceso de restitución moral de las víctimas de un bando de la guerra civil. Y concluía el señor Rodríguez Zapatero que con las medidas acordadas por la democracia se había conseguido culminar la reconciliación. (Un señor diputado: ¡Muy bien!--Aplausos.) Eso queda ahí y nadie lo puede desmentir. Aquel espíritu de reconciliación y de concordia en la transición fue refrendado hace 4 años cuando en la Comisión Constitucional del Congreso acordamos que el pasado no fuera utilizado más como arma política, con el fin --y cito textualmente-- de no revivir viejos rencores, resucitar odios o alentar deseos de revancha. Pero después de las elecciones de 2004, el señor Rodríguez Zapatero rompe el pacto, traiciona aquel pacto, traiciona la posición del PSOE durante 25 años --incluidos los 14 años de Gobierno Socialista-- (Rumores.--Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben.) y se traiciona a sí mismo como han visto sus señorías; se traiciona a sí mismo. (Aplausos.) Sin tenerlo en su programa electoral, el PSOE se suma a los deseos de sus socios políticos y asume plena y abiertamente el objetivo de recuperar la llamada memoria republicana. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.)

¿Por qué reabrir un capítulo que se cerró con éxito en la transición? ¿Por qué si el señor Rodríguez Zapatero daba por cerrada la meta de la concordia cuando estaba en la oposición es capaz de decidir que ya no lo está cuando asume la responsabilidad de gobernar? ¿Por qué ahora dice usted, señor Rodríguez Zapatero, que esta ley es un imperativo moral, una deuda improrrogable con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, cuando hace 7 años habló de último paso? Como ya hemos dicho en otras ocasiones, el camino en el que se ha metido el Gobierno --y nos pretende meter-- y el planteamiento general de esta cuestión nos parece un error y un auténtico disparate.

Señorías, ni más ni menos, lo que se quiere es hacer revisionismo de nuestra historia. (Rumores.--Una señora diputada: ¡No!) En vez de asumirla en su integridad, como se hizo en la transición, se quiere reescribir la historia. (Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben.) Se quiere imponer una verdad oficial. Se quiere revisar la transición e imponer una tesis falsa que da a entender que hay vicios de origen en nuestro proceso político y democrático que ha llegado la hora de revisar y actualizar. Se quiere imponer como antecedente de nuestra democracia constitucional la II República, al mismo tiempo que subyace el intento de establecer una legitimidad distinta a la de la transición y la Constitución de 1978.

La mal llamada memoria histórica no es más que el intento partidista de utilizar la historia. Se trata de utilizar el pasado como arma política, estableciendo una falsa y maniquea, a la par que irresponsable, división entre los españoles, de forma que a los españoles y a las fuerzas políticas actuales se les identifique nada menos que con los criterios establecidos para los bandos de la guerra civil. Y todo esto, señorías, lo rechazan todos los historiadores solventes, que dicen que lo de la memoria histórica es un mero espejismo, porque o hablamos de memoria o hablamos de historia. Por cierto, eso de memoria colectiva, que a algunos les gusta tanto recordar, es propio solo del nacionalsocialismo.

(Rumores.--Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben.) Les recuerdo las palabras de Antonio Muñoz Molina, quien recientemente decía: No tiene sentido hablar de memoria histórica pues la transición cerró las heridas de la guerra civil. (Una señora diputada: ¡No!) El espíritu de la transición, que animaba a todos a los que hicieron posible la recuperación de las libertades, significaba, en última instancia, dejar la historia para los historiadores y no usarla jamás como arma política arrojadiza; solo hay que leer el debate del día 14 de octubre de 1977 en esta Cámara, con ocasión de la Ley de Amnistía, y ver las intervenciones de relevantes miembros de la izquierda y de la oposición democrática al franquismo, como Marcelino Camacho, Txiqui Benegas, Javier Arzalluz o Rafael Arias-Salgado. Les animo a releerlo, porque verán dónde está el espíritu del germen de lo que al final fue el pacto constitucional y la propia Constitución.

El discurso y la estrategia de la memoria histórica asumida por el Gobierno se pretende justificar en los supuestos olvidos y silencios que se produjeron durante la transición. Lo acaba de dar a entender la señora vice-presidenta, pero la inmensa mayoría de los españoles que vivieron y protagonizaron el paso de la dictadura a la democracia saben que esto es radicalmente falso. Es falso que en la transición no hubiese memoria; hubo mucha. El recuerdo de los errores y los horrores del pasado estuvieron muy presentes para no volver a cometerlos. Los principios nucleares de la transición fueron olvidos conscientes de la guerra, perdón y nunca otra vez, pero parece que ahora solo se recuerda lo último. Además, había dos ideas centrales que animaron la Constitución, llamada acertadamente de la concordia: superar las dos Españas, irreductiblemente enfrentadas, a las que ser refirió en su lamento Antonio Machado, y el paz, piedad, perdón, de don Manuel Azaña. La idea de un pacto de olvido resulta ridícula; la falsedad del planteamiento en la que tratan de apoyarse los que quieren revisar la transición democrática queda refutada por cualquiera de sus protagonistas. Hay múltiples testimonios relevantes --además de los mencionados-- de los padres de la Constitución, de Felipe González, de Miguel Roca, de Javier Solana, entre otros muchos. No hubo olvido ninguno. Nadie se vio obligado a olvidar nada ni a reprimir su recuerdo, solo nos obligamos a dejar en paz la historia y a no usarla como arma política arrojadiza.

Cualquier incursión en la transición demuestra que ninguna de las limitaciones, condicionantes, olvidos, lagunas, etcétera, que los críticos quieran atribuirle, son verdad. Pero, después de la caída del muro de Berlín, cierta izquierda ha querido autoproclamarse como magistrado supremo en el juicio de la historia y pretende apropiarse de una presunta legitimidad para declarar qué es la verdad histórica. Y nadie puede discutirlo sin ser tachado de antidemócrata, nostálgico o, simplemente, fascista. El riesgo, señorías, es caer en el discurso único y oficial y en la lectura maniquea de la historia, precisamente lo mismo que reprobamos con razón a la dictadura franquista. Ese intento de establecer y de imponer una verdad única y oficial nos recuerda a la obra 1984, de Orwell, en la que el ministerio de la verdad utilizaba la historia en medio de una utopía totalitaria. ¿No les parece una barbaridad ese centro de la memoria histórica? ¿No les recuerda ese centro de la memoria histórica al ministerio de la verdad? Ese intento de imponer una memoria única y oficial choca radicalmente con la posición de siempre del PSOE, traicionada ahora por el señor Rodríguez Zapatero; choca radicalmente con ese territorio común compartido de Felipe González, que no es otra cosa que la conciencia histórica común; y choca con lo que defendía Javier Solana, cuando siendo ministro portavoz del Gobierno en el año 1985 decía que la democracia española ha asumido la memoria histórica de España en una voluntad básica de integración, añadiendo que asumir toda la historia es consustancial a la esencia misma de la democracia. Señorías, las pretensiones de revisionismo histórico y utilización de la historia para dividir hoy a los españoles están en las antípodas de lo que entre todos hicimos en la transición. Además, como he dicho, este proyecto de ley traiciona aquel gran acuerdo de noviembre de 2002, que daba por concluidas las iniciativas que tenían que ver con esta parte lamentable de nuestra historia, a la par que reiteraba la renuncia a cualquier uso político de la misma. Nosotros, actuando coherentemente en todo momento en esta legislatura en todas las iniciativas que se han planteado, hemos respetado siempre esos acuerdos, y nos parece que la palabra clave es concordia y no memoria.

Voy terminando. Ante el dilema de anclar la democracia en la guerra y la II República o anclarla en la transición, desde el Grupo Popular apostamos sin ninguna reserva por la transición y la Constitución, que permitieron no solo el tránsito pacífico a la democracia, sino la reconciliación nacional y la mayor etapa de estabilidad política, económica y social de la historia de España. Nosotros, preservando ese espíritu, queremos seguir apostando por la concordia, y esta no se estimula recuperando memorias parciales y revanchistas, rompiendo acuerdos y apoyando procesos revisionistas. Por todo ello y porque, en nuestra opinión, esta iniciativa es tan innecesaria y falsaria como errónea y tiene que ver más con la separación y la división entre españoles que con la reparación de las víctimas, pedimos al Gobierno que retire este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Atencia.

Turno a favor de las enmiendas de texto alternativo. En primer lugar, Esquerra Republicana. Tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, señorías, el proyecto del Gobierno ha provocado una amarga decepción en Esquerra Republicana. (Un señor diputado: Normal.). Una amarga decepción compartida por las asociaciones de víctimas que sobreviven a los crímenes contra la humanidad del franquismo y los familiares de los que desaparecieron; amarga decepción que empieza en el mismo título del proyecto de ley, que niega el carácter de víctimas de atentados contra los derechos humanos a todos los fusilados, encarcelados, torturados, exiliados, expoliados y discriminados; amarga decepción al constatar que el Gobierno ha sucumbido ante el creciente protagonismo de los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas y de la judicatura, personas instaladas en una cosmovisión histórica conformada por 40 años de dictadura. Véase, si no, la actitud de los jueces de la Sala Militar del Tribunal Supremo ante la sentencia que deniega la revisión de los consejos de guerra de Joan Peiró, Joaquín Delgado o Francisco Granado. Solo amargura y decepción puede producir comprobar que el proyecto de ley del Gobierno no reconoce que hubo personas condenadas a muerte en consejo de guerra y en consecuencia ejecutadas; tan solo reconoce que hubo quien perdió la vida, y después de tratar estos actos criminales como si fuesen accidentes y no actos intencionados llevados a cabo con voluntad de exterminar toda oposición, la exposición de motivos tiene la desfachatez de afirmar que no es tarea de la presente ley implantar una determinada memoria histórica. Cualquier demócrata con la conciencia formada en la tradición internacional de los derechos humanos tiene que indignarse con esta visión tendenciosa e interesada de los trágicos sucesos causados por la rebelión militar del 18 de julio, que duraron más de 40 años. Y la decepción se convierte en indignación cuando observamos que el proyecto de ley no aborda la nulidad de los consejos de guerra y de los juicios en aplicación de la legalidad franquista. Pero, sobre todo, como demócratas, nos indigna que desde la justicia española se haya invocado en su día el principio de jurisdicción universal de los derechos humanos para dictar una orden de detención del general Pinochet, y que al mismo tiempo se reclame el principio de seguridad jurídica de la legislación franquista para oponerse a la anulación de los consejos de guerra.

Una gran esperanza se abrió entre las víctimas de los crímenes del franquismo cuando el actual presidente del Gobierno, en su discurso de investidura, afirmó que su compromiso político había estado marcado por el ideario de su abuelo, militar fusilado por sus compañeros de milicia por respetar el juramento de fidelidad al orden constitucional. Por eso creímos que asumía íntegramente el testamento de su abuelo: Cuando sea oportuno se vindique también mi nombre y se proclame que no fui traidor a mi patria. Esquerra Republicana --cándidos, lo reconozco-- pensó que después de 70 años había llegado el momento de vindicar el nombre de todas las víctimas, de proclamar que todas esas personas no habían cometido traición; al contrario, habían tenido, como héroes, la dignidad de defender, incluso llegando a su inmolación, la libertad y la democracia contra los militares rebeldes, aliados de Hitler y de Mussolini. Sin embargo, Esquerra Republicana ha constatado que la manera de ver el mundo y la historia reaccionaria que encarnó la sublevación del 18 de julio ha penetrado en una parte de la sociedad española y que la rectificación de las ideologías que habían llevado a cabo las naciones de Europa, después de 1945, no ha tenido el efecto deseado en el Estado español. Con amargura y decepción, Esquerra constata que la derecha española ha sido incapaz de desmarcarse de sus raíces franquistas. Solo en el Estado español un partido que tiene como presidente de honor a un ministro de Franco, que formaba parte del Consejo de Ministros que dio el visto bueno a la ejecución de Julián Grimau, que fue corresponsable directo de los hechos asesinos de Vitoria y que todavía hoy día justifica impúdicamente al dictador Pinochet, llegó a conseguir una mayoría absoluta. Sin embargo, ese reconocimiento electoral no otorga legitimidad democrática a la defensa de un régimen criminal, como el triunfo de Hitler en las elecciones de 1933 no legitimó democráticamente sus ideas expansivas y racistas. Pero la decepción es más dolorosa cuando proviene de los que creemos que están de nuestro lado. Por eso, la que podemos denominar ley Zapatero de memoria histórica, ha herido intensamente a las víctimas del franquismo y a Esquerra Republicana de Catalunya. Ningún partido socialista homologaría su proyecto de ley por tratar como tratan a las víctimas de los crímenes contra la paz, crímenes contra la guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura. Señor presidente, ¿realmente cree que usted tiene que solicitar y obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal de que su abuelo no fue traidor a la patria? ¿No se da cuenta que la creación de un consejo sin nombre, destinado a tramitar los expedientes de declaraciones de reparación y reconocimiento personal, son una humillación más a las víctimas, que lo que reclaman es dignidad? ¿Se ve usted capaz de encontrar entre todos los ciudadanos del Estado cinco personalidades con la calidad moral necesaria para estudiar quién fue y quién no fue traidor a su patria? ¿Por qué razón el Parlamento alemán en el año 1998 pudo aprobar una ley, a instancias de un gobierno de derechas, que anulaba las sentencias penales condenatorias que se dictaron en 1933 por motivos políticos, militares, religiosos o ideológicos y, en cambio, no es posible en el año 2006 en otro Estado europeo como es el nuestro? ¿Es que acaso la sociedad alemana merece más dignidad que la nuestra?

Señor presidente, lo que está en cuestión no es la dignidad de las víctimas, no es la dignidad de las víctimas del franquismo, porque nadie puede dudar de su ejemplaridad; lo que está en juego es el carácter criminal de las leyes franquistas, que respondían a una voluntad de exterminio de la democracia y de genocidio cultural de las comunidades nacionales catalana, vasca y gallega, y la declaración de ilegitimidad de los consejos de guerra y de los tribunales nombrados por el régimen militar rebelde. Por todas estas razones, no se extrañen si las asociaciones de la memoria histórica, que hoy nos acompañan en esta Cámara, optan por la objeción de conciencia al procedimiento que consagra su ley, caso de que fuese aprobada en los términos propuestos.

Esquerra Republicana ha batallado a lo largo de esta legislatura para acabar de manera definitiva con la situación de las víctimas de los crímenes del franquismo; hasta diecisiete iniciativas ha presentado nuestro grupo, algunas de las cuales, como la que instaba a la anulación de la causa del presidente de Cataluña, Lluís Companys, fue aprobada por el Partido Socialista, y al cabo de pocos días fue reafirmada por la vicepresidenta en Barcelona, acompañada por el entonces president de la Generalitat, el molt honorable Pascual Maragall, en el mismo lugar y día que nuestro presidente mártir fue fusilado por el ejército español. Ha llegado, pues, el momento de aplicar a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos cometidos por el franquismo el mismo trato que establece la legalidad internacional, fijada por Naciones Unidas, tarea que ya han llevado a cabo todos los Estados que sufrieron en el pasado un régimen totalitario.

El artículo 10.2 de la Constitución española establece que las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El ordenamiento jurídico internacional desde Nüremberg establece tres tipos de crímenes: crímenes contra la paz, crímenes de guerra, y crímenes contra la humanidad. Es más, en aplicación de esta participación en la legislación internacional, la Justicia española --ya lo hemos dicho-- pudo dictar una orden de detención contra el dictador Pinochet.

Señor presidente, no aceptamos lo que la exposición de motivos de su ley denomina implantar una determinada memoria histórica. Nosotros nos ceñimos estrictamente a los hechos y a la valoración de estos, de acuerdo con la jurisprudencia internacional. Y voy a remitirme a los hechos. Primer grupo de hechos: la rebelión militar. El 18 de julio fue una conspiración de militares, con el apoyo financiero de las grandes fortunas del Estado, contra el Estado de derecho en el que funcionaban tribunales de justicia independientes. Rebelarse contra la República, pues, puede calificarse de crimen contra la paz, de acuerdo con la legislación internacional de las Naciones Unidas. Segundo grupo de hechos: la guerra civil. El ejército nacional desencadenó una política destinada al exterminio. La rebelión militar dejó al Estado democrático sin la fuerza necesaria para mantener la ley, y provocó una situación de desorden público, con la proliferación de elementos incontrolados.

A pesar de todo, es fundamental precisar que las instituciones republicanas nunca, nunca adoptaron o legislaron textos contrarios a los derechos humanos. Tercer grupo de hechos. Régimen militar del general Franco: se ejecutaron más de cien mil personas, centenares de miles de presos republicanos encarcelados, doce mil republicanos declarados apátridas deportados a Mau-thausen; campo de exterminio que Felipe González se negó a visitar en 1995 y que sí lo hizo Rodríguez Zapatero el pasado año. Por eso nos duele todavía más que, en vista de aquel error, se haya atrevido a patrocinar esta ley. ¿Quién se atreverá a discutir que los consejos de guerra y las ejecuciones de Lluís Companys, Joan Peiró, Blas Infante, Carrasco i Formiguera, Salvador Puig Antich o Juan Paredes Manot, o de sacerdotes vascos nacionalistas y de tantos otros hasta alcanzar la cifra de más de cien mil no constituyen crímenes contra la humanidad? Le voy a responder; desde el catalanismo político y desde el republicanismo catalán, nadie. Y estos crímenes contra la humanidad no se cometieron de manera clandestina, como es el caso del asesinato de García Lorca, sino que en su mayoría fueron cometidos pervirtiendo en su aplicación la legislación vigente, en un primer momento, y aplicando la legislación franquista posteriormente, mediante procesos que parodiaban el Estado de derecho. Por tanto, aquella actuación y la legislación franquista forman parte también de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo.

Señorías, un Estado democrático tenía el deber de juzgar a los responsables de los crímenes contra la humanidad y, si esto no era posible, establecer un mecanismo reglado de reconciliación como el que se formuló en la Comisión de la verdad y la reconciliación de Sudáfrica y otros países. Por cierto, Desmond Tutu recibió el premio Nobel de la Paz por este proceso modélico de transición. Ni Adolfo Suárez ni Santiago Carrillo ni Felipe González ni Juan Carlos de Borbón han recibido nunca este premio. Señorías, les pedimos que voten afirmativamente nuestro texto alternativo; un texto que no propone la creación de una comisión de la verdad y la reconciliación; propone, sin más, la declaración de ilegitimidad del régimen franquista y la aplicación de la doctrina de las Naciones Unidas sobre los crímenes contra la humanidad a los cometidos por la dictadura franquista, y de igual manera el reconocimiento jurídico por parte del Estado de la condición de víctimas a todas las personas que sufrieron persecución y muerte, así como la restitución moral y material de las personas, instituciones públicas y entidades que fueron perseguidas y represaliadas.

Voy terminando, señor presidente. Nuestro texto alternativo plantea también la anulación jurídica de las sentencias dictadas en consejos de guerra por motivos políticos, de las dictadas por el tribunal de orden público, etcétera. Por ello deberán emitirse certificaciones judiciales de nulidad, a solicitud de los cónyuges, parejas o familiares de los penados. Incluye la restitución a la Generalitat de Catalunya y al Gobierno vasco de los bienes que les fueron incautados, y se reparan los honores a los miembros de las fuerzas del orden republicanas. A su vez, se garantiza la entrega al president de la Generalitat de Catalunya, el molt honorable Josep Montilla, por parte del jefe del Estado, la certificación de la anulación de la causa sumarísima del molt honorable Lluìs Companys, presidente de Cataluña.

Señor presidente, voy terminando. (El señor Padilla Carballada: ¡Y las sentencias de la República, también!)

El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, por favor. Mantengan el orden, por favor. Vaya concluyendo, señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Les remito al resto del articulado porque, por razones de tiempo, no puedo ser más explícito, pero ustedes ya lo conocen y podrán actuar en consecuencia si consideran que deben votar afirmativamente, tal y como les solicitamos.

Finalmente, nuestro texto alternativo especifica que debe corresponder al jefe del Estado formalizar solemnemente, en nombre del Estado español, las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución republicana. Es evidente que Juan Carlos de Borbón representa la continuidad del Estado. Él juró solemnemente en esta Cámara los principios fundamentales del Movimiento Nacional, y en este mismo lugar ratificó la Constitución española vigente.

Con esta demanda de perdón, como así lo hicieron otros Estados democráticos, se establecerá la discontinuidad entre la legislación criminal franquista y la Constitución de 1978. Inevitablemente la ley resultante, sea la que fuere, será conocida como la ley Rodríguez Zapatero de la memoria histórica. Usted, señor presidente, a nuestro entender, debería desear que dentro de setenta años un nieto suyo pudiera citar esta ley con el mismo orgullo con que usted citó el testamento político de su abuelo fusilado. Pero esto solo será posible si la ley se adecua al derecho internacional de derechos humanos.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Turno a favor de la enmienda de texto alternativo del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Señor Herrera.

El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.

En primer lugar quisiera trasladar, en nombre de mi grupo parlamentario, el pésame al Congreso de los Diputados y especialmente a la familia Popular por la desaparición de Loyola de Palacio.

Señores diputados, señoras diputadas, hoy discutimos una ley trascendente; una ley que coincide con el año de la memoria histórica --que así se aprobó-; una ley que discutimos en la semana en que ha muerto un dictador, Pinochet, en el Día internacional de los Derechos Humanos y ocho años después de que la justicia española solicitase su extradición. Esta coincidencia nos ha permitido que en una misma semana hayamos oído voces lamentando que el dictador hubiese muerto, sin ser juzgado y condenado, y a la vez se ha negado, no ya la posibilidad de condenar a nuestros pinochet, sino la posibilidad de anular sentencias de nuestra represión. Nuestra opinión pública se ha horrorizado recordando los métodos de la tortura chilena, pero desconoce el genocidio que, según los ministros franquistas de turno, alcanzó a más de 300.000 personas, que supuso más de 30.000 desaparecidos, según el Consejo de Europa. Cómo explicar, si no es desde ese desconocimiento, que hoy al 51 por ciento de la ciudadanía la figura de Franco le resulte indiferente. En este mismo año hemos vibrado con Bachelet cuando anunciaba que en el centro de tortura de Villa Grimaldi acabará haciendo un teatro por la vida, pero nos vamos a resignar con que en el Valle de los Caídos, a lo sumo, no se realicen más actos de homenaje a Franco. Hoy mismo nos han advertido de los riesgos de reabrir viejas heridas. Nos hablarán de la guerra de las esquelas, después de contrastar que en el año 1998, tras la pretensión de enjuiciar al dictador Pinochet, las consecuencias para la democracia chilena fueron precisamente que sus raíces democráticas eran mucho más sólidas, en contra el vaticinio de muchos.

En esta semana de contrastes tengo que decirles que tenemos un sabor amargo y un sabor dulce. El sabor amargo es el de las flagrantes contradicciones de nuestra democracia, de los dobles discursos de que lo que vale para Chile no vale para nosotros y, ¿saben cuál es el sabor dulce? Que nos obliga a resolverlas moral y democráticamente. Somos uno de los países de la Unión Europea que más años de dictadura ha padecido, y somos el país de la Unión Europea más desmemoriado. Por eso, para solventarlo, empezamos la legislatura bien, con el convencimiento de que algunas cosas habían cambiado, que el no nos falles se traducía en una buena ley de la memoria. El 8 de junio le decíamos al Gobierno que esta vez tenía que hacer los deberes, y que esperábamos que respondiese a ese compromiso de organizaciones, de historiadores, de grupos parlamentarios; un compromiso reeditado en esta legislatura con la petición de anulación del juicio de Carrasco i Hormiguera, del president Com-panys, un compromiso que esperábamos que llegase, pero que al final ha sido profundamente decepcionante. Lo cierto es que en el trámite nos armamos de paciencia porque teníamos un precedente, la proposición no de ley de 2003 firmada por el Grupo Socialista, discutida en esta Cámara y rechazada por el voto exclusivo del Partido Popular. Al final, ni nuestra paciencia ni nuestra voluntad de pactar con el Gobierno han servido.

El proyecto que hoy discutimos no es que resulte solo decepcionante, sino que incluso es un paso en la mala dirección. Hemos presentado un texto alternativo porque, después de mucho insistir, hemos contrastado que continúan en sus trece. Nuestra enmienda a la totalidad es la reflexión y el trabajo de mucha gente --de Jaume Bosch, con su reflexión y su iniciativa en torno al Valle de los Caídos, de Martín Pallín--, e incorpora el excelente trabajo de Carlos Jiménez Villarejo, y es un texto que se distancia de una ley que es equidistante, que no sirve a las víctimas y, sobre todo, que no se proyecta en el futuro. ¿Cómo puede pretender, el proyecto que plantean, fomentar la cohesión y la solidaridad entre las diversas generaciones de españoles cuando parten de un planteamiento histórico e ideológico desde nuestro punto de vista erróneo? Por ejemplo, la guerra civil queda definida en el texto aprobado como un conflicto entre españoles, y no se realiza mención alguna al golpe de Estado del 18 de julio de 1936. En el artículo 2 se refiere a la República --ya producida la sublevación militar-- como a un bando, pero, según el Diccionario de la Real Academia, bando significa facción, partido, parcialidad, y en España no hubo dos bandos, había un Estado democrático elegido por sufragio universal y, frente a él, unos militares facciosos que se levantaron en armas contra ese Estado legítimo. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.) El problema es la equidistancia; el problema es que la ley parte de un planteamiento equidistante.

Como consecuencia de lo anterior, se reconoce y declara el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas durante la guerra civil, pudiendo equiparar, por tanto, las sentencias emanadas de los tribunales constituidos por el Poder Judicial de la República española con las ejecuciones llevadas a cabo por aplicación del bando de guerra o de los juicios suma-rísimos. Ese es el planteamiento de la ley --la vicepre-sidenta lo decía: defendemos un planteamiento individual de la memoria-- y la pregunta es: ¿es un planteamiento de la memoria, individual o colectivo, que un Estado democrático diga que hubo una dictadura y que la condene? En esta misma legislatura hemos aprobado una ley que habla del año 2006 como el año de la memoria histórica, y es un planteamiento claramente colectivo de memoria colectiva. Nosotros reivindicamos la memoria colectiva, porque es el mejor antídoto contra los totalitarismos. La propia Amnistía Internacional dice de la ley que agrava la tendencia a la privatización de la libertad, legislando la inacción y la ausencia de responsabilidades del Estado en la investigación de graves crímenes. Cuando hablamos de fosas, cuando hablamos de la política activa para la retirada de los símbolos, no se fija qué órgano va a llevar delante esas políticas. Se dice que se colaborará con los particulares, negando en definitiva la iniciativa en liderazgo de una administración pública con las políticas de recuperación de la memoria democrática. ¿Qué instituto, qué ministerio será el que vele por el desarrollo de la ley? Ninguno, y ahí está el problema. El problema está en que implícitamente existe la privatización de una actividad que debe ser pública. Y no lo decimos nosotros, no lo dicen las entidades de la memoria que nos acompañan, lo dice Amnistía Internacional. ¿El ejemplo más sangrante? El Valle de los Caídos, un espacio de represión que es patrimonio del Estado, y en el que cada mes de noviembre, 31 años después de la muerte del dictador, se realizan actos de homenaje al dictador. ¿Se imaginan que en Mauthausen hoy se realizasen homenajes a Hitler? Es lo que pasa en este país y es lo que demuestra que las cosas no van bien, que algo no ha funcionado, que algo ha fallado. Mientras que en otras latitudes esos espacios de represión se convierten en espacios de recuperación de la memoria, de explicación del genocidio, de divulgación de la lucha contra el represor, ¿qué nos dice el Gobierno aquí? Que no se podrán hacer actos de exaltación de la guerra civil ni de sus protagonistas, incluyendo, por tanto, a los que lucharon por la democracia. Pero el ejemplo más sangrante, lo que es el colmo de la frustración para muchos, y especialmente para las entidades que hoy nos acompañan, es la solución para los juicios sumarísimos de la represión. Ante el aparato seudojurídico, instrumento imprescindible del genocidio franquista, el Gobierno opta por la declaración de reparación y reconocimiento personal respecto de las ejecuciones, condenas y sanciones sufridas, cuando se acredite que fueron manifiestamente injustas. Revisión moral y simbólica, pero sin efectos jurídicos. ¿Y cuándo llega su opción? Cuando se cumplen 60 años de la doctrina de Nuremberg que permitió hacer justicia con las víctimas del régimen nazi, al finalizar la II Guerra Mundial, así como con las víctimas de violaciones más recientes de derechos humanos, como las ocurridas, por ejemplo, en Sudáfrica o en las dictaduras latinoamericanas. ¿Y sus argumentos? Los que daba el presidente del Gobierno a una pregunta de Gaspar Llamazares: la seguridad jurídica. Pero dichos argumentos, que ustedes decían que venían avalados por informes jurídicos, tres meses después de haberlos solicitado aún no los hemos visto. El problema --su problema-- está en que su principal argumento, la seguridad jurídica, se supedita a otro de rango superior, el principio de justicia recogido en el artículo 1 de la Constitución española. La seguridad jurídica, un principio que informa el ordenamiento constitucional, sirve para garantizar la protección de los ciudadanos, que en nada se vería afectada por la nulidad de sentencias de la represión franquista, porque ¿a quién afecta la declaración de nulidad? Sencillamente a nadie. Por eso no nos sirve su propuesta.

Pero es que además no sirve porque ni siquiera es coherente con lo que el propio Grupo Parlamentario Socialista exponía hace apenas tres años, una proposición no de ley que planteaba la anulación de los fallos injustos emitidos en los juicios sumarios realizados al amparo de la institución de la causa general. Una proposición no de ley que hablaba de obligación moral, pero también --escuchen bien, su proposición no de ley-- de la obligación jurídico-política de reparar los daños causados a las personas víctimas de esa represión. ¿Y saben qué citaban? Citaban como precedente la ley dictada en Alemania tras el nazismo, de derogación de los fallos injustos nacionalsocialistas. No son nuestros argumentos, son los suyos, de hace apenas tres años. Los tribunales establecidos para dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidades Políticas, compuestos por militares, miembros de Falange y miembros de la carrera judicial eran, como mantiene el ex fiscal jefe de la fiscalía Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, instrumentos esenciales de represión, y su carácter radicalmente ilegítimo tanto por su origen como por su composición, y sobre todo por constituirse como organismos de naturaleza administrativa dotados de competencias penales, y por tanto con facultades para la imposición de las sanciones penales. Eso es lo que dice Carlos Jiménez Villarejo. ¡Y es tan razonable!

La solución, al fin y al cabo, es bien sencilla: la nulidad. La nulidad que ustedes pedían, la nulidad que nosotros hoy mantenemos, y Carlos Castresana también lo mantiene: la dictadura no suprimió nuestros derechos, se limitó a violarlos. Por tanto la solución es bien sencilla, las consecuencias jurídicas de tales actos ilícitos deben considerarse inexistentes. (Aplausos.) Esa es nuestra propuesta. Ante la revisión de los juicios de Grimau, de Peiró, de Delgado, y de Granado ayer mismo, cuando se les niega la revisión nosotros decimos que es voluntad del Legislativo decir que puede tener efectos jurídicos, que tiene efectos morales, y que solo cabe la nulidad. Lo decía también en un voto particular, en la revisión que negó la Sala Quinta del Tribunal Supremo al juicio de Pellicer. Lo han dicho todos. ¿Saben cuál es el problema? Simple y llanamente que aquello no eran juicios, porque no tenían la estructura mínima básica de un juicio, porque en siete minutos condenaban a una persona a muerte, porque los magistrados, o eran de la Falange o eran militares, porque sencillamente no existía la independencia judicial.

Por todo ello nosotros entendemos que su solución no vale. Porque no puede pretenderse que los miles y miles de perseguidos, deportados, torturados, privados de libertad, sometidos a trabajos forzosos o sus familiares o los familiares de los fusilados deban ahora, además de todo lo sufrido, acudir a que se reconozca de forma muy moderada que fueron injustamente perseguidos. Para ellos y para la comunidad internacional está claro lo que fueron: víctimas de un genocidio. Todas las sentencias, sin excepción, dictadas por los consejos de guerra y los tribunales especiales eran contrarias a los derechos y libertades que constituyen el fundamento del orden constitucional hoy vigente. Por eso no vale la propuesta del Gobierno, porque mantiene la plena validez de todas las sentencias, mantiene la plena validez de todas las sentencias y, por tanto, los condenados continúan están-dolo como sediciosos, rebeldes, traidores --cuando no como simples delincuentes--, y eso no es aceptable, señor presidente, señora vicepresidenta. Por todo ello, la deuda que el Estado español tiene contraída con las víctimas del franquismo no puede resolverse sino en la forma prevista por el derecho internacional, esto es, garantizándoles la justicia, la verdad y la reparación, el reconocimiento de que todas las decisiones judiciales y de los tribunales especiales, derivadas del ordenamiento jurídico represor de la dictadura y sus consecuencias, se produjeron con violación de los derechos humanos más elementales y, por tanto, son nulas de pleno derecho.

Ya para concluir, señor presidente, diputadas, diputados, tengo que decirles que nuestra propuesta se hace desde la convicción --escuchen bien, desde la convicción-- de que fueron imprescindibles el perdón y la reconciliación; claro que lo fueron, porque sin perdón y sin reconciliación difícilmente hoy serían realidad los valores de la II República, pero entendiendo que perdón y reconciliación deben significar al mismo tiempo memoria democrática, memoria civil y justicia, y eso va muy asociado también a la memoria colectiva. Y es que el problema, señor presidente, no fue el perdón, el problema --lo decía Semprún-- fue el olvido posterior, y eso tiene aún serias consecuencias. Es seguramente la razón de esa extraordinaria anomalía de vivir en el país de Europa que ha padecido más años de dictadura, pero que menos políticas ha hecho por la recuperación de esa memoria democrática.

Yo no soy una persona de la transición ni una persona que luchó contra el franquismo, soy de los nietos, y mi generación y la que viene después han pasado por la escuela sin estudiar y sin saber lo que fue la lucha antifranquista, lo sabemos por nuestra tradición familiar, por lo que nos explicaron los amigos, los compañeros, pero no lo hemos estudiado; eso es imposible que pase en Francia, en Alemania, en Portugal y en tantos y tantos países, lo que demuestra que algo no se ha hecho bien. Lo más terrible es que con esta ley, con esta política, podría llegar a cuajar esa perversa ecuación que impulsan algunos ideólogos cuando pretenden igualar memoria republicana con revanchismo, cuando dicen que el golpe de Estado fue fruto de una situación convulsa y conflic-tiva. Para nosotros, el proyecto de ley es un texto en el que se obvian por completo derechos humanos y el derecho internacional, y lo que propone más bien son obstáculos a los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, para acabar siendo --y no lo digo yo, lo dice Amnistía Internacional-- una ley que podría ser de punto final. Ante esta situación, ¿qué hacer con la ley? Sabemos que tienen ustedes tres caminos: el primero de ellos es sacarla sin más, haciendo de una ley tan esperada un espacio de frustración de muchos, de frustración de pasado por los que lucharon contra el franquismo, pero de frustración de futuro porque muchas generaciones no tendrán con esta ley una política de recuperación de la memoria democrática, como se merece un país como el nuestro. La segunda opción es dejarla morir, en una tramitación larga, haciendo que el final de la legislatura coincida con el final de la reivindicación de la memoria, pero así harán de la resignación su signo, no cumpliendo con sus compromisos y fallando a muchos. Por eso nosotros les proponemos que opten por la tercera opción, que es hacer caso de nuestro articulado, de nuestra enmienda a la totalidad. Se lo ofrecemos para que construyan la única política de recuperación de la memoria de un país que reivindica la lucha por la democracia. Tienen en sus manos --acabo ya, señor presidente-- que la ley deje de significar frustración y resignación, para que pase a ser esperanza y justicia, para que sirva para construir una democracia mucho más sólida. Como reza en una placa del Camp de la Bota, en Barcelona, donde fueron fusilados muchos demócratas, como decía Màrius Torres, un poeta que vivió la represión: (Pronuncia la cita en catalán, que traduce) ¡Oh, padre de la noche, del mar y del silencio!, yo quiero la paz, pero no quiero el olvido. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señorías, muchas gracias por sus intervenciones.

Voy a contestar a las enmiendas que han presentado, tratando de dar la mayor argumentación posible porque no me resigno a no convencerles. Señor Atienza, el 20 de noviembre de 2002 este Congreso aprobó una moción que decía literalmente, como he señalado: El deber de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres, de hacer cosas para proceder a ese reconocimiento moral. Eso es lo que estamos haciendo, de la misma forma que cumplimos este mandato como el mandato del año 2004. Señor Atienza, esta ley continúa, por supuesto, la labor del espíritu de la transición. Claro que la transición supuso la reconciliación definitiva de todos los españoles y la llegada de la Constitución y de la democracia. Pero, señorías, ni concordia es olvido ni perdonar significar eclipsar el recuerdo. Quienes vivimos en democracia y creemos firmemente en los valores que esta representa, tenemos el deber como comunidad política de proclamar la injusticia de todas aquellas actuaciones presentes y pasadas que han desconocido la dignidad del ser humano y los derechos más elementales que le son inherentes. Me sorprende que usted ahora desconozca la naturaleza de los derechos que esta ley reconoce. Me sorprende, porque recuperar la memoria reciente de un país que ha sabido superar ejemplarmente la crueldad de una larga dictadura supone reconocer a través de la palabra de la ley la dignidad de millones de españoles y españolas que sufrieron las consecuencias más tremendas de un gobierno impuesto por la fuerza y sin democracia. Como españoles y como demócratas, tenemos una deuda de gratitud con quienes defendieron, a pesar de las adversidades, los mismos valores de libertad, de justicia y de pluralismo político que hoy son el fundamento de nuestra convivencia. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, señoría. Tenemos una obligación moral de hacer esa pedagogía democrática comenzando por nosotros mismos, mirando sin temor el pasado, siendo conscientes de lo que hemos sido para sentirnos más unidos y fuertes en la defensa de lo que hoy somos y de lo que, como comunidad política, queremos seguir siendo. El hecho de permitir a muchos españoles y españolas y a sus familias recuperar la memoria personal y proclamar la dignidad de su conducta pasada, si así lo desean, es un acto de justicia que, como he señalado, nos honra como pueblo.

Ya sé que a ustedes les parece irrelevante e innecesaria esta ley, pero les digo que se equivocan porque en democracia no conviene olvidar que los derechos más importantes no son los que revisten un mero significado económico o patrimonial, sino aquellos otros que como la vida, la libertad, el honor, la intimidad o la dignidad personal o familiar son, ante todo, la expresión de un compromiso compartido, de ese compromiso compartido, de esa convivencia compartida y de esa concordia acordada. Por tanto, el respeto mutuo no es una cuestión de precio y en democracia ni se vende la tolerancia ni se compra el reconocimiento. Por eso, precisamente por eso, este proyecto no pretende reescribir la historia. Ya lo he dicho, eso ha de seguir dejándose a la inquietud del conocimiento. ¿Me puede decir usted si hay una sola línea o un solo artículo en este proyecto de ley en donde se interprete, escriba o reescriba la historia? Ni uno, señoría, no hay ni uno. Esta ley no pretende escribir la historia, no puede escribir la historia, porque no es misión del legislador escribir la historia, pero menos aún abrir cicatrices que cosió la transición para volver a examinar las heridas del pasado. Antes al contrario, reconocer el derecho a la memoria individual y familiar y declarar a través de la voz de la ciudadanía, del pueblo español, de esta Cámara, la ilegitimidad --sí, la ilegitimidad, porque lo declara la ley-- de las condenas impuestas a quienes murieron o se vieron privados de su libertad por defender los mismos valores fundamentales que hoy rigen nuestra sociedad es una decisión del presente, una decisión que confiere derechos a los españoles de hoy para que puedan sentirse reconocidos con plenitud, ya de modo directo ya de modo indirecto, al recuperar la dignidad de sus ascendientes.

Señorías, estamos ante una ley que nace para que, quienes así lo demandan y sientan, puedan celebrar en la intimidad el reencuentro con su historia personal y sentirse reconfortados por la ética de la democracia. Eso es lo que pretende esta ley. No es una ley contra nadie, pero sí es una ley para alguien, para todos aquellos que defendieron los valores que antes he expuesto (Aplausos.) y para quienes se quedaron atrás sin el disfrute de derechos fundamentales, que la experiencia ha demostrado incompletos o insuficientes. No es una ley innecesaria; es una ley necesaria, porque necesario es ese reconocimiento. Es una ley necesaria, porque incluye medidas que han sido solicitadas de manera unánime por todos los colectivos con los que hemos tenido contacto desde el inicio del trabajo de la comisión interministerial, medidas que son justas porque, pese a que desde 1979 se ha avanzado mucho desde el punto de vista de las pensiones, aún quedan muchas situaciones que resolver. Es necesaria, pero ustedes están instalados en el no. Creen y están defendiendo que no se extienda el derecho a recibir pensión, reconocido en esta ley; si no la estiman necesaria, considerarán que no hay que extender la pensión a los beneficiarios de la Ley 5/1979, a las personas que fueron heridas o que padecieron enfermedad o lesión como consecuencia de las guerras. Están diciendo que no se haga, que no es el momento; están diciendo que no a las exiguas pensiones de orfandad para que se sitúen en un importe más digno; están diciendo que no a que se eximan del impuesto sobre la renta de las personas físicas las indemnizaciones que recibieron gracias a la Ley 5/1979 quienes sufrieron cárcel y a que se compense a quienes ya tributaron por esas cantidades; están diciendo que no a establecer una indemnización para todas aquellas personas que perdieron la vida en defensa de la democracia y que no habían recibido hasta ahora compensación debida. Cualquier persona razonable es consciente de que no estamos hablando de supuestos desproporcionados o fuera de lugar, sino de situaciones objetivas de necesidad que no pueden quedar fuera de la atención del Estado y que afectan a las personas que nos lo han venido reclamando. Simplemente, parece ser que todo eso no va con ustedes.

He de añadir que esta ley no es irrelevante. Tengo la sensación de que no han acabado de entender cuál es su sentido principal. Es un proyecto de ley de extensión de derechos y ningún derecho es irrelevante. Pero, además, el derecho que garantiza esta ley, que es el derecho a reconstruir la memoria, a rehabilitar la propia biografía o la de un familiar, es un derecho básico. Estamos hablando del derecho a la personalidad, a la identidad de lo que se ha sido como persona y del recuerdo que ha dejado en los suyos. ¿Para ustedes es irrelevante que desde nuestra democracia, desde la soberanía, se declare solemnemente la injusticia de las condenas, de las sanciones, de las ejecuciones, de la violencia de cualquier clase que sufrieron millones de españoles? ¿Es irrelevante? Pues si lo es para ustedes, para la mayoría no lo es. (Aplausos.) ¿Para ustedes es irrelevante que se reconozca el padecimiento injusto que sufrieron muchos españoles y españolas, un reconocimiento que les debemos porque nuestra libertad de hoy se sostiene también sobre sus hombros? Será para ustedes, porque para nosotros, no y, mucho menos, para las personas y las familias que van a poder obtener esa declaración de injusticia, esa declaración de inocencia de forma general, que ya la tienen en la ley, e individual, si ese es su deseo. Este proyecto de ley es relevante porque sí que existe el derecho individual a la memoria personal y familiar. Lo decía en mi primera intervención: somos porque tenemos memoria; las personas somos porque tenemos memoria. Es más, somos nuestra memoria y en este sentido existe el derecho a la memoria, el derecho a la memoria individual y familiar, lo que significa ni más ni menos que el reconocimiento del derecho a ser recordados a los que se les negó esta posibilidad, a ser recordados como lo que eran y no como se les calificó en esas sentencias o resoluciones injustas dictadas por tribunales sin pruebas y sin ninguna garantía. Tienen derecho a recuperar su ser y, si ya no existen ellos, otros pueden y deben también reclamar ese derecho. Es más, les diría que tienen el deber moral de reclamarlo, porque, una vez uno muere, sobrevive solo si sobrevive en el recuerdo de los demás. En este sentido, el derecho a la memoria es el derecho a recordar en sí mismo a quien fue y como fue, el derecho a recordar para informar de lo recordado a los que vienen después, de modo que se deposite en ellos el recuerdo de los recuerdos de los demás. (Aplausos.) Así sí que construimos la memoria colectiva, a través de las memorias de cada una de las personas que sufrieron y padecieron. Decía Luis Cernuda: Recuérdalo tú y recuér-daselo a los otros. Eso está en el espíritu de esta ley. Compartir esos valores y ese pasado de sufrimientos es lo que nos ha llevado a promover una ley como la que hoy presentamos, que no reinterpreta la historia, señor Atencia. Esta ley es heredera --lo he dicho-- del espíritu de la transición, restituye un derecho importante, la restauración de la memoria, elimina discriminaciones y repara injusticias. Y le vuelvo a repetir que me diga una sola disposición de esta ley que rompa el pacto constitucional. Sé que no me va a decir ninguna porque no la hay, porque con esta ley estamos abriendo posibilidades a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, porque así se nos ha pedido por este Parlamento y por parte de las propias víctimas. Los ciudadanos que lo quieran y que lo decidan podrán hacer uso de la posibilidad de que el Parlamento en nombre de la soberanía, sin juicio contradictorio de todas aquellas resoluciones, diga cómo se dictaron y en qué condiciones se dictaron, que se dictaron por tribunales excepcionales, que fueron injustas y atribuidas a hombres inocentes que quieren recuperar y van a recuperar con esta ley y con esa declaración su dignidad. Y la van a recuperar sin juicio alguno, a través de la declaración de los representantes de la soberanía popular que está plasmada en esta Cámara.

(Aplausos.)

El Grupo Socialista jamás ha utilizado el pasado como arma política. Entre otras cosas, la historia ya está escrita por los historiadores. Este Gobierno y este partido la respeta, la ha respetado y en ningún momento hemos intentado reescribirla; no podríamos. La hemos hecho y no la vamos a reescribir. Hemos sido protagonistas de esa historia y jamás hemos pretendido reescribirla, cosa que por cierto parece que algunos están intentando hacer muy burdamente. Eso sí, a veces parece que se hace con claras intenciones políticas. Lo que le preocupa a este Gobierno, como les preocupó a los constituyentes, es el presente y el futuro de este país; eso y atender a las necesidades de los ciudadanos, en este caso especialmente de aquellos que fuese por la guerra o la dictadura padecieron daños que solidariamente entre todos tenemos que mitigar. Señores del Partido Popular, la justicia es el mejor cicatrizante para las heridas. La justicia no reabre, sino que cierra etapas. La reconciliación cerró las heridas y las etapas, pero dejó dolor, heridas y cicatrices en el alma que esta ley va a subsanar para tratar de mitigar ese dolor que ni siquiera con esta ley podremos reparar, el de todos aquellos que sufrieron la persecución y la violencia.

Señor Herrera, este proyecto de ley es riguroso, comprometido y responsable. Lo es porque el rigor, el compromiso y la responsabilidad son justamente lo que ha caracterizado siempre al Partido Socialista, siempre, a través de toda su historia. Son el patrimonio que hemos recibido quienes ahora ostentamos la responsabilidad de gobernar de los socialistas que nos precedieron desde siempre, desde hace un siglo, desde el final de la dictadura, por no remontarme tan lejos. Me siento muy orgu-llosa de poder decir que este patrimonio socialista ha sido también patrimonio de todos los ciudadanos españoles, porque con este bagaje el Partido Socialista ha construido mucho para esta sociedad. (Aplausos.) Quiero que eso quede bien claro. Al periodo al que nos estamos refiriendo también contribuimos los socialistas, y hemos seguido trabajando sin solución de continuidad. Estamos orgullosos del rigor, del compromiso, de la coherencia y de la responsabilidad con los que se llevó a cabo la transición y con los que actuaron mi partido, el suyo y el de todos, por supuesto. Le diré más, todo lo que entonces se hizo fue gracias a otro ingrediente fundamental y básico sin el cual seguramente no habríamos podido hacer la transición, que ha sido la generosidad de todos los ciudadanos que habían sufrido violencia y represión, que fueron los primeros en mirar hacia delante y en esperar a que llegara el momento de recibir el reconocimiento que se les debía y que hoy aquí les hacemos. Han recibido muchos reconocimientos, sí. Se han hecho muchas cosas por devolverles su dignidad, pero ni siquiera les hemos devuelto una mínima parte de lo que nos dieron. Por eso creo que hoy es un día importante en ese camino, porque espero que este proyecto de ley avance, se apruebe y sirva para rendir el reconocimiento moral y personal que les debíamos a ellos y a su memoria y que les debe rendir este país.

Señoría, yo sé que ustedes consideran que no es suficiente que la ley haga una proclamación clara, absoluta y tajante de injusticia, que significa reponer a quien fue condenado por esas resoluciones dictadas sin ningún tipo de garantías en la situación previa a la declaración de esa injusticia. No les parece suficiente. A veces su posición en este punto es, a mi juicio, imposible de entender. No voy a entrar en un debate jurídico --ya lo hemos tenido en alguna ocasión--, porque no es un problema de debate jurídico, sino que estamos en un debate político. Yo creo que el proyecto que ha propuesto el Gobierno va más allá de lo que ustedes piden, porque viene a establecer la injusticia de todo lo que ocurrió, pero con sentencia y sin sentencia. Ustedes me piden las anulaciones de las sentencias. ¿Y cuándo no hubo sentencia? ¿Qué hacemos cuando no hubo sentencia? ¿O es que todos los supuestos que se produjeron fueron con sentencias dictadas por tribunales excepcionales o por consejos de guerra? No. Hubo muchas sentencias dictadas que ya hemos calificado como tal, que entran en un debate de validez y eficacia jurídica. Ustedes están dando validez a lo que ya no la tiene, primero, porque ha producido sus efectos y, segundo, porque está dictado por un tribunal que ni era tribunal, con unas garantías que no eran garantías y con unas pruebas que no eran pruebas. Lo que estamos diciendo aquí es que lo que quiere el Gobierno es que a todas esas personas que fueron condenadas, que fueron castigadas o que sufrieron persecución y violencia sin o con sentencia se les declare su justicia, se les repare y se les declare el reconocimiento de su inocencia y, a partir de ahí, que puedan reconstruir su memoria individual y personal. La ley hace lo que no había hecho nunca una ley en la historia desde la transición de la democracia de este país: esa declaración, solemne y general, y abrir un procedimiento individual para que, en nombre de la soberanía, la persona que lo considere oportuno pueda tener esa declaración personal de justicia y de inocencia en su expediente personal, en su casa, que le sirva para reconstruir, consigo y con los suyos, su biografía personal e individual. Eso es lo que hace esta ley. Va más allá de la nulidad. Repito que no voy a entrar en ese debate jurídico porque no se corresponde con la realidad de los hechos. Las personas y las familias que han padecido estas situaciones --respeto la posición, pero no la comparto--, con esta ley tienen un reconocimiento general de la democracia y también tienen un reconocimiento individual de la democracia cuando lo consideren oportuno. Entre otras cosas, la ley no cierra, como no podía ser de otra manera, ninguna vía a quien quiera acudir a los tribunales --¡faltaría más!, es un tema que queda abierto, por supuesto que queda abierto-- nacionales e internacionales. No debemos olvidar que en la dictadura la falta de garantía fue común a todo y a todos. Fue común a los que lucharon contra ella, pero también lo fue para el resto de los ciudadanos, porque nadie tuvo garantías, nadie. No había garantías, era un sistema sin garantías. La pérdida de garantías fue para todos. La inexistencia del derecho a un juicio justo y universal lo fue para todos. Por eso, esta ley desagravia esa situación y con carácter general dice: todo eso fue injusto, todo eso produjo dolor, todo eso hizo que muchas personas desaparecieran, que no existieran y que no pudieran ni siquiera reescribir ni recuperar su biografía y su memoria personal. Insisto, la ley satisface el deber de reconocer la injusticia que padecieron todos: los condenados con sentencia y los que lo fueron sin proceso ni sentencia de ningún tipo. Esa es la posición de la ley y creo que es una posición comprometida y generosa. Jamás lograremos reparar el daño de forma completa, porque hay determinados daños que nunca se terminan de reparar. Como decía al inicio de mi exposición, creo que el procedimiento que habilita esta ley va a permitir un reencuentro de las personas que sufrieron --y de sus familiares-- con su pasado más doloroso.

Cuando en su discurso siguen hablando de esto, a veces tengo la impresión de que ustedes se están confundiendo de ley. Porque es evidente que España cumple con las normas internacionales sobre crímenes contra la humanidad y de guerra, lo tenemos en todos nuestros códigos. Por tanto, los derechos de las víctimas y de esas conductas a saber la verdad, a obtener justicia, a ser reparadas del daño sufrido, están plenamente garantizados aquí desde hace muchísimo tiempo. Su crítica contra el proyecto de ley parte, a mi juicio, de un error conceptual, porque confunde el campo propio del Código Penal, de una ley de justicia penal, y el ámbito en el que se mueve esta ley, que no es otro que el de la articulación de la solidaridad de las víctimas --y eso fue lo que ustedes mandataron al Gobierno-- y de los españoles hacia todas las personas que sufrieron la violencia. Tiene como objeto el reconocimiento y la ampliación de derechos. Tampoco quiero entrar en la discusión, que nos llevaría muy largo, de no perder de vista que las normas internacionales a las que se hace referencia constantemente, tanto en el informe de Amnistía como por SS.SS., es lo que se ha venido en llamar la justicia transicional, es decir, un conjunto normativo de carácter internacional que pretende asegurar, por supuesto, el respeto a los derechos humanos, bien en la resolución de los conflictos, bien en los procesos de transición de regímenes que han usado de manera sistemática y arbitraria la violencia a regímenes democráticos, para fortalecer de este modo las bases del nuevo Estado de derecho; a eso se refieren estas normas. Desde ese punto de vista, no hay paralelismo con una situación como la de nuestro país, que ha hecho ejemplarmente y con éxito su transición hace 30 años, una transición que ha merecido el más amplio respeto y reconocimiento internacional y que nos ha permitido gozar del mayor periodo de libertad, prosperidad y democracia de nuestra historia. Tampoco es cierto que la ley no dé pasos importantes en relación con los símbolos. Lo decía al inicio de mi intervención. Usted se ha referido al Valle de los Caídos. Quiero subrayar que es muy importante lo que la ley dice respecto de este lugar, porque no va a volver a ser nunca más un lugar de exaltación del franquismo ni de ninguna cruzada. A partir de esta ley, nunca más. Por el contrario, lo que dice esta ley es que la Fundación gestora del Valle de los Caídos tendrá como uno de sus objetivos honrar la memoria de todos cuantos murieron en la guerra civil y profundizar en el conocimiento de esa etapa histórica. En definitiva, el Valle de los Caídos va a ser un lugar donde lo único que se exaltará serán la paz y los valores democráticos. Señorías, este es un cambio claramente notable respecto a la situación actual.

Termino, señorías. Puedo decir que es una ley necesaria, relevante, que responde a un acto de justicia. Con esta ley estamos contribuyendo a dar un paso muy importante en el reconocimiento de lo que padecieron tantos españoles y españolas, que con su sacrificio, silencio y generosidad han permitido que hoy estemos viviendo los mejores años de nuestra historia.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Con la intervención del Gobierno se abre el correspondiente turno de réplica. Señor Atencia.

El señor ATENCIA ROBLEDO: Gracias, señor presidente.

Señora vicepresidenta, su intervención demuestra que el Gobierno está empeñado en mirar al pasado y en sembrar división en la sociedad. Usted manipula y tergiversa hasta la saciedad. Manipula y tergiversa cuando quiere dar a entender que este grupo parlamentario no está de acuerdo con alguna de las medidas que contempla el proyecto de ley. He dicho al principio de mi intervención que esta ley era innecesaria, porque si su objetivo era complementar, mejorar o ampliar algunas medidas que la legislación vigente contempla para las víctimas, no era necesario hacer un proyecto de ley de esta envergadura. Para esas medidas, que por una parte vienen mandatadas por el Tribunal Constitucional y en otros casos significan rebajar las edades para tener derecho a determinadas indemnizaciones, no necesitaban ustedes ese camino. Si era tan urgente y tan necesaria, ¿por qué no han utilizado otros mecanismo más rápidos? ¿Por qué no han elegido, por ejemplo, el mismo mecanismo que utilizaron para indemnizar a la UGT? Podrían haber elaborado un real decreto-ley. En cualquier caso, podían haber llamado a los grupos parlamentarios, entre ellos al nuestro, para establecer estas medidas, que podrían estar ya en vigor. Pero no han hecho ni lo uno ni lo otro: no han tomado ninguna decisión como Gobierno por real decreto-ley ni han llamado a los grupos parlamentarios para establecerlas, sino que han presentado una Ley de recuperación de la Memoria Histórica, aunque después la quiten de su texto.

Usted manipula y tergiversa hasta la saciedad lo que han sido acuerdos de esta Cámara. La resolución de 20 de noviembre del año 2002 puede que S.S. no la conociera. Yo la conozco perfectamente, participé en su debate y en la génesis de aquel texto de todos y para todos, donde recuperando el espíritu de la transición y del pacto constitucional decidimos hacer una serie de proclamas políticas relevantes --aquella resolución fue calificada por todos, y entre ellos por mí, como histórica-- y hacer una serie de pronunciamientos políticos. Pero es que además aquella resolución significa, por lo menos en lo que era el compromiso del Partido Socialista, entonces en la oposición, y del Grupo Popular, que sostenía al Gobierno, que todo este tipo de cuestiones que tenían que ver con las secuelas de la II República, la guerra civil, la dictadura franquista y su represión quedaba fuera del debate político y que quedaba, si no lo estaba ya, para los historiadores. Ustedes incumplieron aquel pacto que en nombre de su grupo alcanzó alguien tan respetable como don Alfonso Guerra y ustedes lo incumplieron inmediatamente después de las elecciones de 2004 y, como he dicho, en el año 2004 rompieron ustedes ese pacto, rompieron lo que era la tradición del Partido Socialista al abordar estas cuestiones, rompieron lo que ustedes habían hecho desde el Gobierno y rompieron y traicionaron hasta las propias palabras del presidente del Gobierno, que en el año 1999 desde esta tribuna habló de cierre, de reconciliación, etcétera.

Usted se introduce de nuevo en esta intervención en el concepto del olvido y se apuntan a una tesis que el Partido Socialista nunca asumió, que era la de que hubo olvido, hubo lagunas o hubo limitaciones en la transición. He leído antes algunos testimonios relevantes de miembros de su partido que demuestran y atestiguan que nada de eso ocurrió. No hubo olvido, hubo mucha memoria. Lo que sí hubo fue olvido consciente de superar los elementos que dividieron a los españoles en la primera parte del siglo XX, que culminaron en la guerra civil y que además después representó un terrible régimen autoritario. Precisamente le podría sacar algunos testimonios que son claramente representativos, unidos a los de los padres de la Constitución, Felipe González, Miquel Roca, Javier Solana. Supongo que eso ya para ustedes hoy es irrelevante. No hubo ningún tipo de olvido, nadie renunció a sus señas de identidad histórica, nadie se vio obligado a olvidar nada o a reprimir sus recuerdos. Solo hubo un compromiso: nos obligamos por incorporarnos todos los españoles a dejar en paz la historia y no usarla como arma arrojadiza. Le podría traer el testimonio de Rafael Arias-Salgado, que claramente lo dice, pero veo que el presidente me señala ya con el reloj que tengo que ir terminando.

La ley es jurídicamente irrelevante en cuanto al derecho singular, que se inventa y que no tiene ningún antecedente, a la recuperación de la memoria personal y familiar y después establece, en un órgano, en un consejo sin ningún carácter jurisdiccional y sin ningún tipo de procedimiento contradictorio, la posibilidad de establecer qué resoluciones son manifiestamente injustas. ¡Viva la seguridad jurídica! Dicen ustedes que no quieren imponer ninguna memoria oficial. ¿También está usted de acuerdo en que no se quiere revisar ni siquiera la legitimidad de nuestro sistema? Precisamente, el presidente de la Asociación de la Memoria Histórica declaró no hace mucho que con la memoria histórica lo que se quería imponer era una nueva legitimación de nuestra democracia. Pues con eso no cuenten. La única legitimación de nuestra democracia es la Constitución de 1978. Y la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica a ver si no es un intento de imponer una memoria única y oficial. Por cierto, dice usted que el Partido Socialista en ningún momento ha utilizado el pasado, nunca ha agitado los fantasmas del pasado. Pues agitar los fantasmas de la guerra civil y del pasado ha sido una excusa macabra que ha sacado el PSOE cuando las cosas le han ido mal. Lo hizo en el año 1993 y en algún otro momento.

Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Atencia. Su turno de réplica, señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente. Brevemente.

En primer lugar, desearía lamentar profundamente que la vicepresidenta no se haya tomado la molestia de contestar a nuestro grupo parlamentario. Al parecer los republicanos servimos para aprobarles la Ley de Defensa Nacional pero no somos merecedores de su respuesta. Me parece una descortesía parlamentaria y un gravísimo error político que creo que una vicepresidenta de todo un Gobierno español no debería cometer con un partido político que les dio también la investidura, que durante dos años y medio ha sido leal y que, juntamente con el resto de las izquierdas del Estado español, está intentando construir algo. Repito, descortesía. Es posible que yo no sea merecedor de su cortesía, pero el error político es de calado.

Hemos dicho lo que teníamos que decir y además lo hemos dicho con la credibilidad de los que lo han dicho siempre. Debo decirles que el presidente del Gobierno para nosotros es un hombre del siglo XXI, es un hombre que no está lastrado por la transición y por esto y por otras cosas creemos en él y creíamos y creemos en el proyecto del Partido Socialista Obrero Español, en la construcción de una sociedad más libre, juntamente con el resto de las izquierdas nacionales, y de un Estado plurinacional. Ya conocen nuestro discurso, no voy a repetirlo aquí, pero, atención, toda la valentía mostrada por el Gobierno español, teorizada incluso a partir del choque de civilizaciones, todo aquello que el Gobierno español ha asumido como reto, y saben que me refiero a superar todas las contradicciones que hemos heredado del franquismo y de la transición --y ustedes ya saben a qué me refiero: a los procesos de pacificación--, requiere una sociedad madura, una sociedad rica en valores democráticos y esto exige radicalidad democrática y no habrá radicalidad democrática si no metaboli-zamos el pasado. Solamente podremos exigir generosidad a la sociedad del Estado español para afrontar los grandes retos del presente y del futuro --y saben a qué me refiero-- si metabolizamos el pasado, es decir el horror. Si no cumplimos con el pasado inmediato, si no hacemos justicia, si no somos dignos, si no somos respetuosos con los derechos humanos, no hay futuro, repito, y ya saben a qué me refiero. Necesitamos una sociedad forjada en valores dignos, de dignidad, y, luego, los políticos podremos exigir, legitimados por la democracia, generosidad para el presente, para el futuro y también para el pasado inmediato. Ya lo saben.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Su turno de réplica, señor Herrera, por favor.

El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.

Señora vicepresidenta, lo fácil en este debate es confrontar con el Partido Popular, hacer el juego de espejos con el Partido Popular, y su responsabilidad es no fallar con sus compromisos, con lo que decía en la legislatura pasada, no fallar en definitiva con lo que este país se merece. Entiendo que estén preocupados por la reacción de la derecha. Cuando intentaron enjuiciar a Pinochet muchos se preocuparon por la reacción de la derecha, pero lo cierto es que el intento de enjuiciar a Pinochet sirvió para que en Chile las cosas fueran mejor. Yo les pido una cosa, aprendan lecciones, aprendamos lecciones de lo que ha pasado en otros sitios, porque quizás así tengamos reacciones furibundas, pero lo que consigamos es que este país no sea tan anormal y tan atípico, hasta el punto de que seamos un país tan desmemoriado habiendo padecido lo que hemos padecido.

Yo quería preguntarle qué es para usted relevante. ¿Es para usted relevante o no que no hayan admitido el recurso de revisión del caso Grimau, del caso Peiró, del caso Pellicer, del caso Delgado y del caso Granado? Para nosotros sí, es muy relevante. ¿Saben lo que es muy relevante? Que eso es posible solucionarlo mediante una buena ley de recuperación de la memoria democrática; porque es un problema moral, es un problema político y es un problema democrático que esas revisiones no den a luz, que la Sala Quinta del Tribunal Supremo niegue cada una de las revisiones. ¿Sabe lo que decía un voto particular en el caso Pellicer? Que el Estado social y democrático no es un mero Estado de derecho, no es el mero Estado de la legalidad sino el proyecto de un Estado justo, y en un Estado justo, siempre inacabado, no tienen cabida las condenas pronunciadas sin un juicio justo. A tal Estado de derecho ha de resultarle intolerable la presencia de condenas pronunciadas abiertamente contra la justicia.

Nosotros le decimos y se lo dicen también las víctimas que la solución que han propuesto no sirve y no sirve por una razón muy simple, porque no tiene efectos jurídicos; no sirve porque reivindicábamos algo más; no sirve porque la historia ya ha rehabilitado precisamente a los que padecieron el franquismo y la represión; no sirve porque en definitiva tenemos que ir mucho más allá. Fíjense ustedes, entre los valores y el precio, ustedes con el proyecto han optado por el precio y es lo que a nosotros no nos gusta.

El problema no es que la ley sea insuficiente, el problema es la mala orientación de la ley. ¿Es o no una mala orientación de la ley hablar de bandos, situar en el mismo saco a un Gobierno legítimo y a un grupo de sublevados, facinerosos, que se alzaron contra ese Gobierno legítimo? No es un problema de insuficiencia; es un problema de mala orientación. Es un problema de insuficiencia y no de mala orientación decir que se omiten los nombres de los verdugos. Todo el mundo dice que los nombres de los verdugos --ya no juzgarlos sino que sean públicos-- es un derecho de las víctimas. Es un problema de insuficiencia y de mala orientación, ambas cosas, que mientras en Villa Grimaldi, en el S21 en Camboya, imagínese usted, en los cuarteles de la Armada argentina, explican no que fueron espacios sin más, sino que fueron espacios de represión, y no quieren una perspectiva neutra de la historia y explican los crímenes de la represión, en el Valle de los Caídos nos conformemos con que no se hagan homenajes al dictador. ¡Si en el Valle de los Caídos murieron miles y miles de personas picando piedra para hacer la tumba del dictador! Lo que tendríamos que hacer es como hacen en Mauthausen, en Auschwitz o en tantos sitios: explicar los crímenes de la represión, del franquismo y no tener una perspectiva neutra. No es un problema de insuficiencia, es un problema de mala orientación. Y es un problema de mala orientación que no haya un marco institucional de desarrollo de la ley, que no tengamos una arquitectura institucional, como hemos aprobado en el Govern de la Generalitat, que desarrolle las políticas públicas de recuperación de la memoria democrática. No es un problema de insuficiencia, es un problema de mala orientación.

El drama es que durante estos años muchos de los nuestros han muerto; el drama es que Simón Sánchez Montero, que participó en la guerra, en la lucha contra el franquismo y en la transición, ha muerto prácticamente en la más absoluta de las clandestinidades, y eso ¿sabe por qué es? Porque somos un país de desmemoriados, porque mientras que en Francia, en Portugal o en cualquier otro sitio nuestros muertos serían héroes, aquí hoy nadie los reivindica. Miguel Núñez padeció dieciocho años de cárcel, dieciocho años, se dice pronto, padeció torturas; hoy padece un enfisema pulmonar fruto de esas torturas. ¿Saben qué pasa? A Miguel, como a tantos otros, le tenemos que decir que lo que padeció fue injusto. Lo que le tenemos que decir simple y llanamente es que las sentencias no fueron sentencias, que los juicios no fueron juicios; que, en definitiva, en este país vamos a hacer bien las cosas. Porque a Miguel no le sirve la ley ni a mi sobrina Luna, que tiene 3 años, tampoco le sirve. Porque a los protagonistas de la lucha contra la dictadura no les sirve la ley, pero a las nuevas generaciones tampoco les sirve porque no se proyecta un futuro. Y lo que les pedimos es que rectifiquen.

Acabo ya, señor presidente, con una última reflexión. Señora vicepresidenta, usted ha subido a la tribuna a defender a capa y espada la ley. Nosotros lo que les decimos es que rectifiquen, que cambien de orientación, que están muy solos porque nadie les acompaña en su propuesta sobre los juicios, porque sería una incongruencia pedir la anulación de los juicios a Manuel Carrasco i Formiguera y continuar diciendo: Vamos a ver si es posible o no es posible jurídicamente anular los juicios.

El señor PRESIDENTE: Señor Herrera, concluya.

El señor HERRERA TORRES: Por eso les decimos que cambien de rumbo, y si lo hacen les acompañaremos. Ahora, si continúan en sus trece, vamos a dar argumentos para decir que esta no es la ley que se merece uno de los países de Europa que más años de dictadura padeció.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias. Es el turno del Gobierno.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Para cerrar el debate simplemente, quiero volver a insistir en que el proyecto de ley participa del mismo espíritu de entendimiento y reparación que animó otros muchos aprobados durante nuestra transición, insisto. Desde luego, nadie en su cabal juicio puede pretender o sostener que en una sociedad y a través de una ley el Parlamento puede imponer una determinada visión de la historia y desde luego esta ley no lo hace. Si ustedes lo afirman es por una cuestión o de nostalgia o de pensamiento único, señoría, no tiene otra explicación (Rumores.), o, si no, quizá tan solo para buscar la descalificación mediante un ejercicio de demagogia que es demasiado fácil.

Señor Atencia, usted no ha sabido citarme ni un solo precepto de este proyecto de ley en donde diga que reabre heridas, ni uno solo. Este proyecto de ley solamente permite que cada español que así lo sienta pueda conocer su historia personal y la de su familia, que se le reconozca la injusticia que padeció, que se le restituya el honor que injustamente le fue arrebatado por un régimen político en el que la palabra democracia solo se encontraba en algunos libros como ejemplo del mal ejemplo, como aquello que en un Estado nunca debía ser. Sé que a ustedes el reconocimiento legal de todo esto no les parece relevante, pero a mi grupo sí y a muchos españoles que han sufrido y padecieron la persecución y la violencia, también. Y es evidente que en ningún momento hemos mantenido o sostenido que la transición se basara en el olvido o en la amnesia, ni que hubiera silencio, porque sabemos que durante aquellos años no quedó ni un solo terreno sin explorar por decenas de historiadores, politólogos, sociólogos, periodistas y críticos. A finales de los años setenta precisamente se hizo un trabajo de memoria, por un lado, y de investigación y divulgación por otro, que nunca hasta ahora se ha interrumpido. Ahora bien, quiero señalar que recordar el papel de la transición a la democracia, recordar el papel que esa transición ha significado en la recuperación de la memoria no significa que no quede nada por hacer ni que todo lo que se hiciera entonces sea inamovible, sino sencillamente que todavía queda un camino por recorrer, que es el que recorre este proyecto de ley.

Al señor Tardà quiero pedirle disculpas si no he mencionado su nombre, pero es evidente que toda la argumentación que he estado dando sobre la ley pone en cuestión la posición que usted mantiene. Discrepamos; por supuesto que respetamos su posición pero no la compartimos. Creemos que este es el proyecto de ley que nos encomendó el Parlamento; es un proyecto de ley que reconoce y extiende los derechos de las víctimas; es un proyecto de ley que va a servir para declarar lo que nunca se ha declarado en esta democracia, que es la condena, la injusticia de todas las personas que padecieron persecución y violencia, lo hicieran por sentencia o lo hicieran sin sentencia. Es un proyecto de ley de solidaridad con las víctimas, no es un proyecto de ley que escriba la historia ni que fije una memoria. Ese es el contenido del proyecto. Todo lo que he estado diciendo --me disculpo si no he mencionado su nombre-- a otros grupos iba también dirigido al suyo, porque es evidente que no compartimos su enmienda a la totalidad.

Para finalizar, quiero contestar al señor Herrera. Le he oído afirmar en más de una ocasión que la ley limita el acceso a los archivos. No es verdad. La ley permite el acceso a los archivos a toda persona interesada que quiera acceder, como ha venido ocurriendo en los últimos veinte años, porque está regulado en la Ley del Patrimonio Histórico. Por tanto, no hay ningún cambio sustantivo. No es verdad lo que ustedes están sosteniendo de que esta ley esconde nombres y no permite el acceso a determinadas partes de los archivos. No es verdad, sinceramente, porque, repito, no hay ningún cambio sustantivo en lo que está previsto en la Ley del Patrimonio Histórico, que viene funcionando durante los últimos veinte años. Por tanto, está garantizado el derecho sin límites de todos los interesados a acceder a cuanta información obra en los archivos y sea de su interés. Cuestión distinta es que el Estado tenga que cumplir a la hora de certificar con determinadas previsiones que están en la Ley del Patrimonio y en la Ley de Protección de Datos Personales, pero, repito, sin reservas. Por supuesto que al Gobierno le importa la rehabilitación de la memoria de Companys, de Formi-guera y de toda las personas que usted ha mencionado, y de los miles y miles que no ha mencionado, de todos, porque fueron muchos, unos condenados con sentencia y otros condenados sin sentencia y sin resolución. Claro que nos preocupa la rehabilitación de todas las personas que padecieron persecución y violencia. Por eso hacemos una declaración general, de todos. Todos se pueden sentir ahí incumbidos, todos los que padecieron esa persecución y esa violencia. De la misma forma que si lo desean sus familiares y allegados, van a tener una declaración de la representación de la soberanía y de este Parlamento para decirles que, efectivamente, fueron condenados sin un juicio, fueron condenados por un tribunal de excepción, sin pruebas y sin garantía alguna, y que eso va en contra de las normas de convivencia que hoy nos hemos dado. Es decir, que eran inocentes y fueron injustamente condenados y, en muchas ocasiones, asesinados. Eso es lo que esta ley rehabilita y permite. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Quedan todavía cuatro grupos. En primer lugar, el Grupo Mixto. El turno de fijación de posiciones es de diez minutos. Comprendo la intensidad del debate y el interés. Procuren autolimitarse en la medida que puedan. Señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.

Señorías, nos enfrentamos hoy a un debate de totalidad de relevancia muy especial en la opinión pública y esto está quedando patente a lo largo de la sesión que se está celebrando en esta Cámara. En algunos casos --hay que reconocerlo y ha sido mentado por alguno de los intervinientes-- es una relevancia suscitada más bien en el escenario mediático y hasta partidariamente artificial, pero en muchos otros casos hablamos del anhelo de personas, de familias que durante muchos años --demasiados-- han venido buscando algo básico y fundamental, entre otras muchas cosas tres cuestiones básicas y fundamentales: buscan unos restos, buscan un duelo digno y buscan justicia. Con estos tres argumentos, con estas tres herramientas, bases fundamentales a nuestro entender de la dignidad humana, debemos hacer frente al reto legislativo que hoy nos ocupa, y con ellas va a responder Nafarroa Bai a las enmiendas a la totalidad que analizamos en esta sesión.

La primera de ellas, la presentada por el Partido Popular, busca básicamente evitar una reparación. Dice el Partido Popular en su justificación que la sociedad hoy no busca reabrir viejas heridas superadas. Dice además que el proyecto de ley que nos presenta el Gobierno pretende revisar un pasado que habíamos dado por superado, y en su intervención el señor Atencia ha insistido en muchas ocasiones en la memoria superada. Señorías, yo sinceramente no sé en qué mundo viven ustedes, lo digo muy sinceramente, señor Atencia y señorías del Partido Popular, porque les aseguro --y en esta sala creo que hoy tenemos muchas personas que podrían atestiguarlo-- que quienes durante décadas --décadas, señorías-- siguen buscando restos de sus mayores --y eso sigue produciéndose hoy-- difícilmente pueden superar en absoluto además el pasado que todavía no han podido ni tan siquiera recuperar. (Rumores.) Por tanto, casos de estos, como digo, hay muchos, señorías, miren a su alrededor, o quizás ustedes deban mirar un poquito más allá, porque estamos de acuerdo…

El señor PRESIDENTE: Señora Barkos, discúlpeme, por favor.

No hagan corrillos ahí porque el murmullo es tremendo.

Continúe, por favor.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.

Decía yo, proponía o aconsejaba a los diputados del Partido Popular que miren a su alrededor, un poquito más allá quizá, porque sí es verdad que hay quienes habiendo sufrido el mismo dolor en aquellos años terribles sí pudieron recuperar a sus muertos y sí pudieron despedirlos en un duelo digno, y aquí, señoría, todavía sí hay bandos, porque quienes habiendo sufrido las mismas pérdidas siguen buscando los restos de sus mayores y siguen sin poder hacer efectivo un duelo digno, y esto hay que repararlo. Hay muchas personas --miles y miles, insisto, señorías-- que tan solo quieren poder hacer lo mismo, dejar de ser perdedores en el duelo a sus fallecidos, y eso, señorías, eso, señor Atencia, no es revancha, es reparación y en ella creo que estamos --y creo que conviene empezar este turno de fijación de posiciones recordándolo-- la mayoría clara y contundente de esta Cámara. Por tanto, Nafarroa Bai no va a votar una enmienda de devolución que únicamente pretende esconder el anhelo conciliador y democrático pero contundente de quienes siguen teniendo pendiente la transición. La ley es necesaria, señorías, para responder a la dignidad de quienes siguen siendo los perdedores injustos de aquella guerra y de la dictadura. Pero hablábamos también de otro anhelo pendiente y es el de la justicia, justicia para quienes fueron condenados sin más motivo que el de enfrentarse al dictador y a su régimen, y en este capítulo debo decir que coincidimos plenamente con lo expresado hoy en esta tribuna por Izquierda Unida y por Esquerra Republicana de Catalunya. Comprendemos perfectamente las dificultades que la reparación a aquella lamentable actuación de la justicia nos puede suponer, por revisión o por anulación incluso, hay herramientas posibles, habrá que encontrar una fórmula. Hagámoslo porque no podemos dejar de ambicionar --y estoy convencida que compartimos todos el mismo anhelo-- la mejor de las fórmulas, el mejor camino por el que ofrecer a los familiares de aquellas personas la posibilidad de reparación. Nos dice la vicepresidenta que la justicia ya nos permite este camino, pero lo cierto es que de momento esto es solo sobre el papel, señora vicepresidenta, porque la realidad nos está demostrando, y hace bien pocos días, que esto finalmente no es así. Votaremos por tanto las enmiendas alternativas en la seguridad, en cualquier caso, de que a partir de ahora el trayecto legislativo nos permita llegar al mejor acuerdo con un solo interés, el de superar lo que la transición no resolvió.

Señorías, una ley, y la mejor ley, es lo que les debemos --y hoy nos acompañan algunos de ellos-- a aquellos que nos han legado a las generaciones más jóvenes el espíritu más entusiasta, el espíritu más combativo y el espíritu más digno de la democracia.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barkos. Señora Lasagabaster, por favor.

La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor presidente.

Señor presidente del Gobierno, señorías, todos nosotros, en representación de la ciudadanía, tenemos una deuda pendiente con las víctimas del franquismo, con su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación. La transición no cerró esta cuestión, muy al contrario, la transición fue posible por la generosidad de esas víctimas. La Constitución, hoy, todavía, no ha hecho posible esa justicia material. Y tampoco la resolución de la Comisión Constitucional, señor Atencia --aunque no sé si está presente--, que salió de tres propuestas originales, una de ellas, la de Eusko Alkartasuna, no implicaba cierre alguno de esta cuestión, no al menos para Eusko Alkartasuna, como dijimos en aquel momento, el año 2002, por si alguien tenía esa tentación. Hoy convenimos con el Gobierno y con otros grupos --nos gustaría decir: todos los grupos-- en la oportunidad, necesidad y urgencia de una ley sobre esta cuestión. Pero lamentamos no poder participar del contenido --o no de todo el contenido material-- de la ley que nos ofrece hoy el Gobierno. Compartimos --eso sí-- los textos alternativos que nos han propuesto Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Republicana de Catalunya, a cuyo portavoz Joan Tardá traslado mi más sincera felicitación por su intervención de esta mañana.

¿Qué pretendemos desde Eusko Alkartasuna? En primer lugar, una ley que rechace el golpe militar de 1936 y la dictadura que siguió durante cuarenta años, que reconozca jurídicamente a las víctimas de la violencia --no personal, ¡institucional!-- organizada por un régimen ilegítimo y que repare las consecuencias derivadas de tales violaciones; que recoja expresamente la aplicación --aunque implícitamente es obvio-- de la doctrina de Naciones Unidas sobre crímenes contra la humanidad; que revise y anule en su caso las sentencias dictadas por los tribunales militares y otros de carácter excepcional e ilegítimo durante la guerra civil y la dictadura. Será difícil jurídicamente pero el derecho debe servir a la sociedad y hay ejemplos en materia de derecho comparado que nos permiten señalar que se puede hacer.

Muchas cosas más; señalaré dos: garantizar la conservación y el acceso a los archivos, realizando para ello un inventario, catalogación, reorganización y modernización de los mismos, procediendo a la devolución de aquellos patrimonios públicos, archivos, documentación incautada en su momento, y pedimos expresamente que se haga la devolución a Euskadi, a las instituciones vascas, de lo incautado que se encuentra en el Archivo de Salamanca. Queremos igualmente que sea una ley que establezca una política ¡activa! en relación a la loca-lización de fosas, identificación de restos y devolución a sus familiares en casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, y queremos la retirada de todos los símbolos e identificaciones vinculados al régimen franquista tanto en espacios públicos como en dependencias de la Administración. En definitiva, que haya un verdadero acto y una ley que recoja esa reparación: justicia a las víctimas del franquismo. Y una cosa más, hablaré de las llamadas víctimas de los excesos policiales como coloquialmente les llamamos. Víctimas de excesos policiales de la transición porque, habiendo llegado a un consenso sobre esta materia en 2004, no compartimos la regulación final. No puede haber dos tipos de víctimas y a éstas les corresponde la aplicación de la regulación jurídica en las mismas condiciones y términos que establece la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo en toda su aplicación. Son elementos que nos parecen posibles.

Señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, les vamos a ayudar. Si ustedes tienen voluntad, nosotros también, a fin de llegar a una ley pactada con todos; pero no puede ser un cierre en falso porque si no volveremos a tener aquí la misma cuestión una vez más. Termino esta intervención como la inicié. Todos tenemos una deuda pendiente con todas las víctimas, no puede haber distinciones, y también con las víctimas del franquismo, señorías, señoras y señores del Grupo Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasa-gabaster.

Señor Rodríguez, por favor.

El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, señor presidente del Gobierno, señora vicepresidenta, para el Bloque Nacionalista Galego estamos ante un problema social, político y colectivo; el problema es cómo se hizo la transición que no fue más que un pacto con el régimen anterior. En este aspecto, la actual democracia en el Estado español es un caso muy similar a la que se está produciendo en el caso de Chile. Treinta años más tarde somos prisioneros de esta concepción de concordia que conlleva olvido y silencio y es indudable que con esta concepción no podemos acabar de legitimar la República y, sin embargo, se sigue considerando que la rebelión militar fue un hecho inevitable ante el estado de cosas. Esta opinión está viva en muchos poderes fácticos del Estado español: lo está sin duda en la Iglesia católica, institucionalizada; lo está en gran parte del Poder Judicial; seguramente está en el Ejército y, lo que es más grave, anida aún en una parte importante de la conciencia social colectiva, porque, aunque se diga lo contrario, el pasado existe, el pasado está condicionando nuestro presente. Por eso, incluso en plan eufemístico y bondadoso se sigue hablando de bandos en aquella etapa, se sigue hablando de la sublevación porque no se respetaba el marco legal y, en todo caso, porque había peligros de revolución social y de ruptura del Estado. Creo que de una forma paliada podemos escuchar los ecos en el actual debate político de estos planteamientos. Pero, señorías, yo soy gallego y la mayoría de nuestros abuelos no fueron a una guerra, padecieron una represión violenta y brutal, fueron perseguidos, quedaron en el anonimato y nosotros nos criamos en la desmemoria que conllevó el miedo. Por lo tanto, estamos ante el problema de que no existe una violencia abstracta o contra las personas, hay una violencia que tuvo unas causas y una orientación política y, por tanto, estamos enfrentados a dotar de legitimidad democrática, de legalidad, a un pasado que tuvo esa legitimidad democrática y que fue legal. Si no lo hacemos así, tendremos muchas dificultades para poder anular los juicios sumarísimos, los consejos de guerra y anular también sus consecuencias político jurídicas; tendremos límites para asumir la eliminación de los símbolos franquistas; consideraremos un tema privado que solamente merece una ayuda colateral de la Administración la búsqueda de fosas, la exhumación de cadáveres y sacar del anonimato, de la indignidad y del silencio a muchos de nuestros familiares; consideraremos que hay que dar indemnizaciones limitadas, y muchas veces humillantes, y sin duda alguna no nos atreveremos a desacralizar el Valle de los Caídos ni a retirar las tumbas de Franco y José Antonio para que sean respetadas familiarmente en otros lugares. Este es el problema y por eso para el BNG está claro que esta ley es paternalista. Está de acuerdo con una posición moralista, eso es verdad, limitadamente política, pero nula desde el punto de vista jurídico, administrativo y de la asunción total de la legalidad republicana.

Nosotros no presentamos una enmienda a la totalidad precisamente porque no teníamos un texto alternativo y porque no queríamos coincidir en esta ocasión, ni siquiera formalmente, con aquellos que son valedores del franquismo, que defienden leyes de punto final y que están haciendo un revisionismo histórico no para justificar la concordia, que es inevitable, sino para justificar el régimen anterior y sus ecos en la actual democracia. Por eso vamos a presentar enmiendas para que la ley mejore en el sentido al que nos hemos referido. Si no es así, no podremos apoyar la ley. Lo decimos con contundencia, pero también con reconocimiento de las dificultades políticas en esta democracia para dar un salto cualitativo en este terreno. Sin duda, vale la pena correr los riesgos y nosotros animamos a que el Gobierno, de una forma responsable, corra algún riesgo porque si lo hace contará, desde luego, con nuestro apoyo decidido y entusiasta. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias señor Rodríguez. Por el Grupo Vasco, señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.

Evidentemente, que pudiéramos debatir y que pudiéramos arbitrar determinadas medidas acerca de la memoria histórica es una exigencia y una petición de hace mucho tiempo de esta Cámara, a instancia y a iniciativa de varios grupos, entre ellos el mío, y es evidente que ha habido un retraso en los plazos previstos para la presentación de este texto.

Una vez presentado, quiero decirlo desde el principio, para que quede clara nuestra posición, nuestro grupo tiene gravísimas discrepancias con el texto presentado por el Gobierno y nuestro voto, en caso de tener que emitirlo ahora, sería rotundamente negativo a este proyecto de ley. Sin embargo, creemos que hay que debatir, que ha llegado el tiempo de discutir sobre esta materia y que no podemos atrasarlo más. Es un debate que tiene que ser suscitado, un debate en el que tenemos que explorar las posibilidades que hay de llegar a un punto de encuentro y si esto no es así, y si para la mayoría de esta Cámara no es aceptable, desde luego, a nosotros no nos dolerán prendas votar negativamente lo que pudiera resultar después de su tramitación. Pero si queremos reparar lo máximo posible, el tiempo corre en nuestra contra y cada vez son menos los testimonios de las personas que vivieron aquella época y que todavía están entre nosotros.

Se ha manifestado en esta Cámara hoy una cierta idea idílica de una transición, pero nuestro grupo no tiene una sensación idílica de la transición española. Fue una transición del silencio, una transición en la que muchos tuvimos que mantener determinadas formas. No se reivindicó ni se sacaron temas como el de la memoria histórica no porque no se quisiera, sino porque no era factible en aquellos momentos. Fue una transición con el peso importantísimo de unos poderes fácticos que todavía tenían una presencia fundamental en el Estado, y es un sarcasmo que se diga que se ha honrado a las víctimas de la guerra y a las víctimas de la represión franquista. Eso no ha sucedido y no sucedió, desde luego, en la transición.

Es cierto que, dentro de lo que se denomina la guerra civil española, ha habido muchas guerras diferentes, con contextos sociales diferentes. El caso de la guerra en Euskadi es diferente al caso de la guerra en Cataluña, en Madrid o en Galicia, que ha expuesto antes el representante del BNG. Se cometieron, en unos sitios más que en otros, atrocidades en ambos bandos, pero lo que no puede haber es una equidistancia a la hora de juzgar esos hechos porque unos, debo decirlo de nuevo, han tenido cuarenta años para rehabilitar a aquellas víctimas, de hecho las han rehabilitado, y sin embargo, para otros, ha habido cuarenta años de oprobio, de exilio, de silencio y de olvido, con muchas víctimas que todavía continúan enterradas en cunetas en lugares desconocidos. Por tanto, el afrontar estos temas y dar dignidad a las víctimas de la guerra civil, a las víctimas del franquismo, es algo inaplazable.

Ha habido varios temas estrella en el debate parlamentario y uno ha sido el de la revisión y anulación de las condenas. Por parte de algunos se hablaba de una nulidad general conseguida, por ejemplo, a través de una ley, pero ¿hay problemas jurídicos? Mi grupo piensa que los problemas jurídicos --evidentemente, podría haberlos-- son superables políticamente, pero ¿dónde nos tenemos que detener? ¿Por qué nos tenemos que detener en la condenas de los tribunales franquistas, en los juicios sumarísimos? ¿Qué pasa con las leyes que conformaban el ordenamiento jurídico del sistema franquista, algunas de ellas todavía en vigor? ¿Por qué no las declaramos nulas y por qué no se podrían declarar también nulos los actos administrativos y los actos llevados a cabo sobre la base de todas esas leyes? Desde luego, a nosotros no nos dolerían prendas. Si hubiera que afrontar eso, nosotros seríamos los primeros en dar un paso en ese sentido. Se habla también de nulidad jurídica general. Por parte de algunos historiadores se ha hecho la reflexión de que eso hecho así, sin más, podría resultar injusto, porque estamos hablando de revisión de condenas, de penas. Eso sería en los casos en que hubo un proceso judicial, ridículo, atentatorio contra con cualquier derecho, pero en los que al menos existía una expediente o algo, pero ¿qué pasa con todas esas víctimas que fueron asesinadas o represaliadas sin que existiera en su momento ningún expediente? A esa gente también hay que repararla en su honor y hay que buscar soluciones para tantas personas fusiladas por los fascistas pero que constan en el registro simplemente como fallecidos, como otro cualquiera.

Por otra parte, ¿por qué se asume que la gente quiere ver anuladas sus condenas? Se olvida, vuelvo a insistir, que aquí hubo varias guerras civiles. Por ejemplo, en Euskadi había gente que asumía como su propia nación Euskadi y que contemplaba y sigue contemplando el ordenamiento jurídico y la legalidad del Estado español como algo existente, pero no como algo propio. A muchos de nuestros gudaris, y así nos lo han manifestado, no les haría ninguna gracia que el Tribunal Supremo fuera a decirles que fueron inocentes. ¿Quién es el Tribunal Supremo --para ellos un tribunal español-- para decirles eso? Por otra parte, esas condenas para ellos suponen una condecoración, un orgullo, que demuestran como fueron represaliados. Además, con la perspectiva de lo que está ocurriendo --tenemos hoy la noticia en el prensa-- en el Tribunal Supremo, habría que ver, en primer lugar, que la Sala Militar admitiera el recurso --no sería de extrañar, habría que verlo, porque cuando se habla de revisión de los juicios hay que ver cuál es la realidad, del Supremo y de los tribunales españoles-- y, en segundo lugar, incluso si se admitiera, a ver qué ocurriría, no sea que les condenaran por segunda vez, porque aquí cualquier cosa ya es posible.

Ahora bien, ¿es suficiente esa declaración de reparación que aparece en el proyecto de ley? Pues no, para nosotros no es suficiente; para algunas personas a lo mejor es suficiente, pero para nosotros no vale con que solo se diga que ya está ahí, sin más, per se, sino que hay que habilitar un mecanismo para la revisión judicial voluntaria de aquel que lo quiera; eso debe decirse expresamente. Además, esa declaración de reparación que aparece en el texto del proyecto debe ser compatible con cualquier otra acción ya instada o que pueda instarse y que, desde luego, no impida el ejercicio de acciones judiciales o administrativas que los interesados puedan emprender de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno, pero también con el ordenamiento jurídico internacional. Además, no debe quedarse en una mera declaración, sino que debe tener también un cierto uso práctico y debe servir, en todo caso, como dato probatorio ante los tribunales.

Lo que tampoco nos parece de recibo es que permanezcan ocultos, sobre la base de lo dispuesto en el proyecto de ley, los nombres de las personas que cometieron los desmanes. Si lo que estamos buscando es dignificar y lo que estamos buscando es la verdad, lo que no podemos admitir es que vayan a señalarse sucintamente unos hechos, pero sin señalar las personas que lo hicieron. Por cierto, a esto debo unir otro asunto, el que se refiere al acceso a los archivos en el Estado español. Se dice que el derecho de acceso se asegura con toda libertad; yo no lo interpreto así, sinceramente. Y no lo interpreto así por lo siguiente, porque la Ley del Patrimonio Histórico Español se cita expresamente en el proyecto de ley, concretamente el apartado 3 del citado artículo 57, y leo literalmente el proyecto: Será de especial aplicación cuando los documentos identifiquen a los autores o a otras personas intervinientes en los hechos o en las actuaciones jurídicas sobre los mismos, en cuyo caso los responsables de los archivos públicos sustituirán la entrega de una copia de los mismos por un certificado sobre su contenido con el fin de preservar la identidad de aquellos. Y el artículo 57.1,c) de la Ley del Patrimonio dice que los documentos que contengan datos personales, de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole, que afecten a la seguridad de las personas o a su honor, etcétera, deben ser reservados y no pueden ser facilitados. A nosotros nos parece que si verdaderamente se quiere saber la verdad y reparar en su honor a las personas, ese artículo no puede quedar tal y como aparece en el proyecto, y tampoco creemos que para esa declaración de reparación el tiempo de un año sea suficiente. Por cierto, los parámetros a la hora de juzgar esto tampoco pueden ser solo el orden constitucional actual, sino también los tratados internacionales de derechos humanos, y en especial el Convenio europeo de derechos humanos.

Pasando a otro apartado, ya que el tiempo se ha agotado --voy concluyendo, señor presidente--, me referiré ahora a las fosas comunes, ocultas, desconocidas; no puede ser que esto quede simplemente en un facilitar. La Administración debe impulsar, debe, de oficio, llevar adelante un trabajo y una colaboración con las entidades, como hasta ahora lo han ido haciendo, y con los familiares en la localización y exhumación de los cadáveres, pero no solo como mero apoyo; pedimos un impulso activo por parte del Gobierno. A nuestro modo de ver, es inadmisible --en Euskadi no sucede, pero sí en muchas partes del Estado-- que calles, monumentos y símbolos del franquismo estén por doquier en el Estado. Tal y como está redactado el artículo 17, a nosotros no nos parece que sea suficiente. No se puede afirmar que nos vamos a limitar, como ha dicho la vicepresidenta, a la Administración del Estado porque es lo que nos corresponde por nuestras competencias y somos muy respetuosos. De repente, les ha entrado un impresionante respeto competencial, olvidando a los ayuntamientos, a aquellos propietarios privados, que los hay, alguno muy claro, que reciben fondos públicos y a los que parece que la ley ni quiere obligar ni quiere decir nada. Ahí hay graves insuficiencias. Tampoco puede decirse: cuando exalten a uno solo de los bandos enfrentados que se identifiquen con el régimen. No, no. Debe decirse cuando exalten la sublevación armada o rememoren a los sublevados, porque no es solo que se exalte a uno de los bandos, es que hay muchos sitios en los que se rememora con nombres y apellidos a los sublevados.

El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, lo siento.

El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, en este sentido es inadmisible que ocupen un lugar prefe-rencial en el Valle de los Caídos las tumbas de Franco y de José Antonio Primo de Rivera, aunque por falta de tiempo no voy a entrar más en esto.

Por último, volveremos a reivindicar, claro que sí, cuando se hable del Archivo de Salamanca, que se repare la injusticia, además de la injusticia comparativa que se ha hecho con el Gobierno vasco, de los papeles que fueron incautados por los franquistas de nuestra Administración. Pediremos que los papeles de Salamanca sean devueltos al Gobierno vasco y, si no, volveremos a denunciar por enésima vez la injusticia y la discriminación que se está cometiendo con Euskadi en este sentido.

Por tanto, señor presidente, si no hay un cambio radical del texto del proyecto de ley, este texto en el futuro no va a contar con nuestro apoyo, como tampoco en este momento, evidentemente, lo tiene.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero expresar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán, a esta Cámara y especialmente al Grupo Popular, la condolencia por la muerte de doña Loyola de Palacio.

Señorías, cerca de treinta años después de la recuperación de la democracia y del gran pacto de convivencia de la transición, el Gobierno nos presenta un proyecto de ley que solo se puede interpretar en su literalidad y en su espíritu como una ampliación del gran acuerdo de convivencia de la transición, como un avance en la búsqueda de la verdad, la reparación hasta donde sea posible de los que fueron asesinados, de todos ellos, como dice Jan Arent, y como la construcción de un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas para la definición de unas bases comunes de interpretación objetiva de lo acaecido, de un núcleo de valores democráticos compartidos por todos ante los años más oscuros de la historia española del siglo XX. Para ello creemos que puede ser válido este proyecto de ley, proyecto que, para recibir nuestro apoyo, debe tener notables modificaciones en su tramitación parlamentaria a través de un importante paquete de enmiendas que ya hemos formulado.

Permítanme que en este debate de totalidad les traslade algunas ideas que inspirarán el posicionamiento del grupo en la tramitación del proyecto de ley. En primer lugar, esta iniciativa política y legislativa debe servir para ampliar y mejorar las bases sobre las que se construyó la transición, no para negarla, sino para mejorarla. Recordemos brevemente cuál fue el objetivo prioritario hace ahora treinta años y que Josep Bonet, historiador, luchador en la República y en el franquismo, senador en las constituyentes, candidato a la Presidencia de la Gene-ralitat por el PSUC en el año 1980, me recordaba este lunes. Me decía Josep Bonet: Nuestro objetivo en aquel momento era construir una democracia incluyente, en la que pudieran coexistir todas las Españas reales o imaginarias y en las que el pasado no fuera repetible ni fuera impedimento para la convivencia entre todas las partes. Afrontar esta ley solo vale la pena si sirve para mejorar la reparación, la memoria y el honor a partir de este punto. Este proyecto de ley debe ser --y así creemos que ha sido planteado-- una ley de los demócratas, una ley de todos los demócratas. No puede ser una ley teñida de una visión ideológica y parcial del pasado, de ninguna versión parcial; un pasado doloroso y desgraciado, un pasado que solo se puede afrontar desde la búsqueda rigurosa de la verdad histórica, de una verdad que empieza con un golpe de Estado contra el régimen constitucional, de una verdad que ha sido a estas alturas largamente investigada por los historiadores; existen más de 25.000 libros de investigación científica sobre la guerra civil, más que todos los publicados en todo el mundo sobre la Segunda Guerra Mundial. Partimos de una gran recorrido de investigación y de fijación de los datos objetivos, que son pieza indispensable para la reparación. Hoy es bueno recordar el trabajo de los historiadores y tener un reconocimiento hacia él.

Señorías, estos días se ha discutido mucho sobre la anulación jurídica de los juicios sumarísimos, políticos y sin garantías, sobre juicios políticos antagónicos a los principios de un Estado de derecho. La posición de este grupo solo puede ser de coherencia con la que ha sido nuestra iniciativa parlamentaria durante años: la anulación jurídica de los juicios políticos. Los diputados Josep López de Lerma y Manuel Silva han venido defendiendo esta posición, y en esta misma legislatura hemos planteado lo propio ante el asesinato de Manuel Carrasco i Formiguera. Deberá ser, pues, el grupo de la mayoría, en el trabajo en ponencia y en Comisión, quien deberá exhibir argumentos suficientes para modificar eventual-mente nuestra posición, que es la anunciada y que es condición indispensable para nuestro apoyo a este proyecto de ley.

Hay otro aspecto importante para este grupo parlamentario. Si afrontamos nuestro pasado con una mirada sincera, esta no es posible sin recordar que la guerra civil y el franquismo supusieron también la persecución y el intento sistemático de aniquilación de lenguas y culturas del Estado español, entre ellas la catalana. No podemos hablar con propiedad de las dos Españas. Señorías, hay una tercera España que fue incomprendida por unos y por otros, que fue perseguida por unos y por otros, que fue humillada y que reclama hoy reparación. Si queremos mejorar nuestro respeto mutuo, este empieza también por reconocer ese intento sistemático de aniquilación de la lengua y la cultura catalanas y por recordar que hubo una tercera España que se puede encarnar en la figura de Carrasco i Formiguera, hombre leal a la República pero perseguido en Cataluña por sus convicciones religiosas y asesinado en Burgos por su catalanismo. Esta tercera España, en acertada definición del historiador Agustí Colominas, la debemos recordar todos. La España del obispo Borrás, auxiliar del cardenal Vidal i Barraquer, de los obispos de Barcelona y de Lleida, del general Batet y de tantos fusilados por ser fieles a la República, es decir, al orden constitucional; de Carlos Rahola, Joan Peiró, sindicalista y ministro de la República, los alcaldes republicanos de Berga y Bada-lona, el alcalde de Lleida, el president Companys y tantos y tantos exiliados no asesinados pero muertos en el exilio; y de los muertos del Cullell y del Camp de la Bota y también el teniente Sospedra y tantos soldados del ejército republicano. La memoria, señorías, son todos ellos y en nuestro corazón deben estar todos.

Hace treinta años, señorías, solo fue posible un pacto de amnesia selectiva para transitar con paz y concordia hacia la democracia. Hoy debemos ir más lejos. Han pasado veinte años y hoy debemos llegar más lejos hablando de la verdad, de toda la verdad y del perdón, también del perdón. Señorías, hoy, el que fuera presidente de la Generalitat, el president Pujol, publica un artículo en La Vanguardia desde su condición de preso político que estuvo tres años en la prisión por su lucha antifranquista, y desde esta autoridad me permito citar una parte de dicho artículo, que dice: «A una persona como yo, de familia republicana y antifranquista convencida y activa, y que ha valorado y valora y admira la lucha de muchos antifranquistas de ideología muy distinta de la suya, le duele tener que decir que no todas las ideologías y los valores presentes en el bando republicano eran democráticos. Pero es necesario recordarlo a la hora de definir lo que algunos llaman «un espacio ético y político» que configure nuestra sociedad democrática.» Pues bien, señorías, esta verdad y este perdón, este espacio ético y político compartido lo podemos construir hoy, treinta años después, y después de la resolución unánime de noviembre de 2002 por la cual la Cámara condenaba el levantamiento militar y condenaba el franquismo.

Finalmente, esta debe ser una ley del perdón, del recuerdo y de la verdad. Estos días se ha hablado mucho de Chile y algunos dicen que Chile ha mirado al modelo de la transición española, algunos dicen que Sudamérica ha mirado a España, pero creo que es al revés, que hoy nosotros debemos mirar a los procesos de perdón y de reconciliación de América del Sur y de Sudáfrica, aquello que el historiador Solé i Sabaté ha estudiado con profundidad. Señorías, fue en Chile, después de conocerse el expediente de los aviones del terror, cuando empezó un proceso en el que organizaciones políticas e implicados políticos pidieron perdón por sus errores e incluso por sus crímenes, por todos ellos. Asimismo y en esta misma línea se planteó en Sudáfrica; asimismo y en esta misma línea lo planteó el presidente Nelson Mandela. Por tanto, la búsqueda del recuerdo, de la verdad, pero también hoy, treinta años después, es posible --como hace hoy el president Pujol, luchador antifranquista tres años en prisión-- reconocer la verdad y reconocernos todos mejor en nuestra historia reciente, en nuestra identidad desgarrada reciente de estos años.

Señorías, después de la Segunda Guerra Mundial, Albert Camus dijo: No hemos de ser como ellos; hemos de buscar la verdad y el perdón. Este es el principio general que informará el planteamiento y el enfoque de este grupo parlamentario en la tramitación de este proyecto de ley, con un paquete importante de medidas que parten de una discrepancia profunda con el grupo de la mayoría respecto a la anulación de los juicios políticos, que creemos que son viables a través de distintas fórmulas, a la reparación de muchos otros aspectos y a la reivindicación de esa tercera España de la cual Cataluña sufrió la falta de reconocimiento por parte del conjunto de las instituciones españolas. Puede ser difícil tener en esta legislatura el mismo consenso de la transición, porque el contexto y el marco político, como hemos visto esta mañana, son bastante distintos. Pero hoy, como en aquel momento, debemos recordar las palabras de un ilustre catalán y catalanista, también exiliado por su catalanismo, miembro de las Cortes Constituyentes y conseller de la Generalitat, Ramon Trias Fargas, que dejó escrito en su testamento político lo siguiente: Tened la generosidad del que merece la victoria. Hoy, treinta años después, esta ley puede ser oportuna si es una ley de actualización desde el consenso y el espíritu de la transición para tener la generosidad de la victoria. ¿De qué victoria? De la victoria de la verdad, de la victoria del recuerdo, pero también de la generosidad para reconocer el perdón.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà. Finalmente, Grupo Socialista, señor Torres Mora.

El señor TORRES MORA: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, les ruego que me permitan contar brevemente una antigua historia. Los dos hermanos de Antígona se mataron entre sí luchando por el poder. El nuevo rey, Creonte, ordenó que enterraran a uno y que el otro fuera pasto de los perros y los buitres. Antígona muere por desafiar el edicto del rey Creonte y enterrar a su hermano. Antígona no estaba a favor de la guerra entre sus hermanos ni a favor de ningún hermano en la guerra, Antígona solo quería cumplir el deber de sepultura. Lamentablemente, los españoles tenemos una historia parecida. Hace setenta años los españoles se enfrentaron en una guerra civil; unos fueron enterrados con honores fúnebres y otros fueron arrojados a anónimas fosas comunes. (Aplausos.) Setenta años después de la sublevación militar de 1936, una mayoría de españoles declara que las víctimas de la guerra han sido las grandes olvidadas y piensa que ya es hora de reparar esta injusticia. También piensa así una mayoría de las personas que han votado al Partido Popular. Respondiendo a ese sentimiento, el Gobierno nos trae el proyecto de ley que ahora debatimos, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de las personas que fueron perseguidas y sufrieron violencia durante la dictadura y la guerra civil. Frente a la propuesta del Gobierno nos encontramos con tres enmiendas a la totalidad. El PP, con el espíritu de concordia que tiene en los últimos tiempos, presenta una enmienda de devolución. Dice que esta ley reabre las heridas del pasado y, naturalmente, rompe España. Por otro lado, Izquierda Unida y Esquerra Republicana han presentado sendas enmiendas con texto alternativo porque dicen que esta ley es decepcionante, cuando lo decepcionante es el pasado al que se refiere esta ley. (Aplausos.) Algunos piensan que si no satisface a todos, mejor que no satisfaga a ninguno. A nosotros nos parece que merece la pena, y merece la pena porque da una respuesta razonable a la demanda de las víctimas de una guerra y de una dictadura nada razonables. Por eso me gustaría abundar algo más en las razones de un partido democrático que no da, pero no recibe, lecciones de solidaridad con las víctimas de la guerra y de la dictadura. (Aplausos.)

Señorías, tampoco la memoria quedó atada y bien atada. El 80 por ciento de los españoles considera que lo que ocurrió el 18 de julio de 1936 fue un golpe de Estado contra un Gobierno legítimo. Así que ni desmemoria ni amnesia, la gente sabe. La memoria de los errores y de los horrores de la dictadura se conservó en las familias, pero se conservó para servir de semilla de la reconciliación en la transición. Tenemos treinta años de democracia en los que los historiadores españoles y extranjeros han trabajado libremente y han dibujado un relato contrastado de lo que ocurrió. No es misión del legislador imponer una determinada memoria histórica colectiva, ya la hay. La sociedad española sabe lo que ocurrió, y lo sabe como lo saben los pueblos democráticos, sin adoctrinamientos, sin verdades oficiales. Somos legisladores, ni historiadores ni jueces. Nuestro trabajo no es establecer la verdad de los hechos históricos ni dictar o anular sentencias, pues no tenemos competencia técnica para una cosa ni competencia constitucional para la otra. A cambio, nosotros, y solo nosotros, podemos hacer y dictar leyes. Esas son las reglas del Estado de derecho y del Estado democrático por las que murieron muchas de las personas a las que queremos homenajear con esta ley (Aplausos.), que tampoco es una ley para juzgar los crímenes de la dictadura. Recuerdo a SS.SS. que en octubre de 1977 el Congreso aprobó una Ley de amnistía, que no es una ley de punto final de ningún dictador, es una ley aprobada por una Cámara democrática representando a los ciudadanos, esta Cámara, un acuerdo que apoyamos todos los grupos en aquel momento, excepto uno, el Grupo Popular. Genio y figura. (Aplausos.)

Lo que el Gobierno nos trae hoy es un proyecto de ley del derecho a la memoria individual y familiar, no una versión oficial sobre el pasado que pudiera cambiar otra mayoría parlamentaria. Sencillamente es una ley que afirma que la guerra y la dictadura fueron dos crímenes y dos fuentes de crímenes y de injusticias, y que las personas encarceladas, torturadas y asesinadas durante la guerra y la dictadura lo fueron injustamente. Es una ley que no resta, que no cierra ninguna vía judicial, nacional o internacional, y tampoco la sustituye. Es una ley que continúa el camino de otras leyes y medidas que se han tomado desde el comienzo de la transición a favor de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, todas siempre desde el espíritu de concordia y de reparación. Cada día que ha pasado desde la transición, cada instante que hemos vivido en libertad, han sido un día y un instante de negación, de refutación y de condena de la dictadura.

Señor Atencia, el único que quiso revisar recientemente la transición y superarla fue su presidente, señor Aznar, que escribió un libro que se llamaba La segunda transición. Unos nos empeñamos en recordar el pasado y otros se olvidan fácilmente. La transición fue una oportunidad que aprovechamos, con la transición empezamos de nuevo; de nuevo, no de cero.

Esa es la razón por la que es ejemplar y esa es la razón por la que necesitamos esta ley, porque tenemos un pasado, un pasado en el que muchas personas de nuestro país fueron condenadas a la muerte, a la indignidad y a ese amargo sucedáneo del olvido que se llama censura y represión. Ninguna ley podría rescatar a las víctimas de la muerte, pero esta ley puede ayudar a muchas familias a rescatar y a restaurar la memoria pública de sus seres queridos. Se trata sencillamente de que desde los valores constitucionales, desde la legalidad democrática que se funda en el pacto de la transición, demos satisfacción a algunas personas y les ayudemos a cerrar, no a abrir, sus heridas. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Lo reprimido siempre vuelve en forma de síntoma; solo el que recuerda puede olvidar.

Señor Tardà, el abuelo del presidente, en el presente horrible de quien va a ser asesinado y lo sabe, supo ver ese presente con ojos de futuro y de concordia, y dijo: Muero inocente y perdono. Hoy usted mira el presente de España con ojos de pasado, y no es lo mismo. Lamento mucho que utilice la memoria del abuelo del presidente que sufrió injusticias en el 36 y hoy las ha vuelto a sufrir, una más, y es penoso que sea en nombre de Esquerra Republicana.(Aplausos.)

Señores del PP, ¿en qué les ofende que se facilite a las personas que lo desean el derecho a buscar los huesos de sus padres, de sus abuelos y los entierren en un lugar digno? (Rumores.) Ese es el único barro que quieren remover esas personas, el barro que cubre la tumba de los huesos de sus familiares. (Aplausos.) ¿En qué les molesta? Ese es el único barro de la historia que quieren remover; no quieren remover más barro. ¿En qué les molesta que se produzca un reconocimiento individual de que esas personas fueron asesinadas injustamente? No me puedo creer que les parezca mal que se pague una indemnización a las personas que pasaron más de tres años en las cárceles de la dictadura, luchando por una democracia que nos ha honrado con hacernos diputados a nosotros. (Aplausos.) ¡Qué España más extraña! No la reconozco aquí. No me puedo creer que este sea el problema. Nadie normal se puede creer que una familia divide a España porque quiera dejar claro que uno de los suyos, asesinado en un juicio sin garantías o en un paseillo sin juicio, fuera una persona de bien.

Señorías, han pasado 2.500 años desde que se escribió la historia de Antígona y la humanidad la ha representado muchas veces. Esta mañana podemos elegir libremente qué personaje queremos ser, si Antígona o Creonte. Yo les animo a que, en el trámite parlamentario de esta ley, no solo no nos dividamos las izquierdas sino que nos unamos todos los demócratas en el trabajo de Antígona.

Muchas gracias. (Aplausos.--El señor Fernández Díaz pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias. Llamamos a votación. Dígame, señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor presidente, invocando el artículo 72 del Reglamento, que dice: «Cualquier Diputado podrá también pedir, durante la discusión o antes de votar, la lectura de las normas o documentos que crea conducentes a la ilustración de la materia de que se trate», pediría, en nombre de mi grupo, que se pudiera leer el preámbulo del Real Decreto-ley 10/1976, de 30 julio, sobre amnistía y sus artículos 1 y 2, y los artículos 1 y 2 de la Ley de amnistía, de 15 de octubre.

El señor PRESIDENTE: Su petición es correcta. Por favor, ¿tiene la amabilidad de dárselo a los letrados de sala? (Pausa.)

A requerimiento del Grupo Popular se dará lectura a dos documentos que son pertinentes respecto al objeto del debate. Adelante, señora secretaria.

La señora SECRETARIA PRIMERA (Sainz García): Real Decreto-ley 10/1976, de 30 de julio, sobre amnistía. La Corona simboliza la voluntad de vivir juntos todos los pueblos e individuos que integran la indisoluble comunidad nacional española. Por ello es una de sus principales misiones promover la reconciliación de todos los miembros de la nación, culminando así las diversas medidas legislativas que ya, a partir de la década de los cuarenta, han tendido a superar las diferencias entre los españoles. Tal es el caso de la reintegración de los derechos pasivos a los militares sancionados después de la pasada contienda, de los distintos indultos concedidos y de la prescripción, por ministerio de la ley, de todas las responsabilidades penales por hechos anteriores al 1 de abril de 1939. Al dirigirse España a una plena normalidad democrática, ha llegado el momento de ultimar este proceso con el olvido de cualquier legado discriminatorio del pasado en la plena convivencia fraterna de los españoles. Tal es el objeto de la amnistía de todas las responsabilidades derivadas de acontecimientos de intencionalidad política o de opinión ocurridos hasta el presente, sin otros límites que los impuestos por la protección penal de los valores esenciales, como son la vida e integridad de las personas. De otra parte, el complejo contenido de las leyes penales militares y la amplitud y variedad de los supuestos a que han sido aplicadas obligan a dictar normas que, sin menoscabo del espíritu de este Real Decreto-ley, armonicen el olvido y la total abolición del delito en que la amnistía consiste, con las facultades inherentes al poder público, que ha de velar en todo momento por la mejor organización y moral militar de las instituciones armadas. En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros, en su reunión del día 28 de julio de 1976, en uso de la autorización conferida por el artículo 13 de la Ley Constitutiva de las Cortes, texto refundido aprobado por Decreto de 20 de abril de 1967, y oída la Comisión a que se refiere el apartado 1º del artículo 12 de la citada ley, dispongo: Artículo primero. I. Se concede amnistía por todos los delitos y faltas de intencionalidad política y de opinión comprendidos en el Código Penal o en leyes penales especiales no mencionadas en el apartado siguiente, en tanto no hayan puesto en peligro o lesionado la vida o la integridad de las personas o el patrimonio económico de la nación a través del contrabando monetario, ya se hayan cometido dentro o fuera de España, siempre que la competencia para su conocimiento corresponda a los tribunales españoles.

Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía. De conformidad con la ley aprobada por las Cortes, vengo en sancionar: Artículo primero. I. Quedan amnistiados: a) todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis. b) todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis y el quince de junio de mil novecientos setenta y siete, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España. c) todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el seis de octubre de mil novecientos setenta y siete, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas. II. A los meros efectos de subsunción en cada uno de los párrafos del apartado anterior, se entenderá por momento de realización del acto aquel en que se inició la actividad criminal. La amnistía también comprenderá los delitos y faltas conexos con los del apartado anterior. Artículo segundo. En todo caso están comprendidos en la amnistía: a) los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ello, tipificados en el código de justicia militar. b) la objeción de conciencia a la prestación del servicio militar, por motivos éticos o religiosos. c) los delitos de denegación de auxilio a la justicia por la negativa a revelar hechos de naturaleza política, conocidos en el ejercicio profesional. d) los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o cualquier otro medio de comunicación. (Aplausos.--Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

Antes de proceder a la votación y aprovechando que el hemiciclo está al completo, quiero señalar, como ya lo han hecho los portavoces, en nombre de la Mesa y en el mío propio, nuestro pésame al Grupo Parlamentario Popular por el fallecimiento de doña Loyola de Palacio y que conste en el «Diario de Sesiones» nuestro reconocimiento a quien fue una brillante parlamentaria. Gracias. (Aplausos.)

[...]

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.

-- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS A FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN Y VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA. (Número de expediente 121/000099.) (VOTACIÓN.)

El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de los debates de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, enmienda de totalidad de devolución al proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 133; en contra, 190.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Procedemos a continuación a votar, por su orden, las dos enmiendas de totalidad con texto alternativo. En primer lugar, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana al proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 17; en contra, 298; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

En segundo lugar, enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds al proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 18; en contra, 296; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

[Fuente: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente. Año 2006 - VIII Legislatura - Núm. 222, 14 de diciembre de 2006]
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