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Por Grupo de Acción por el Bíobio.


Carta dirigida al Presidente Lagos con relación al conflicto que enfrenta a Endesa y los Mapuches por el proyecto RALCO.


Sr. Presidente, nos vemos en el imperativo de plantear a Ud. nuestra visión y nuestra solicitud respecto a la situación en el Alto Biobío, dónde familias Pehuenche se han visto en la necesidad de confrontar a la empresa ENDESA y al Gobierno debido a que se niegan a permutarle sus tierras a la empresa para la construcción de la central hidroeléctrica Ralco.

Nuestra opinión es que este proyecto no debiera construirse, ya que después de seguir muy de cerca, a lo largo de los últimos años, su proceso de evaluación y autorización, consideramos que la central Ralco es desde todo punto de vista perjudicial para el país. Brevemente expondremos a Ud. a continuación las principales razones que nos llevan a esta conclusión y que nos motivan a dirigirnos a Ud. con suma urgencia.

En primer lugar, Ralco empobrece ecológicamente al país ya que destruiría uno de los ecosistemas mas ricos, en este sentido, con la mas alta tasa de biodiversidad y de endemismo, de Chile. Numerosas especies endémicas --únicas a Chile-- de flora y de fauna presentes en el Alto Biobío están registradas por los especialistas chilenos como en peligro de extinción, como vulnerables o raras. Expresión de esta riqueza ecológica es también la belleza del Biobío y su cuenca, reconocida en todo el mundo. La central y el embalse Ralco, sumado a las obras de Pangue, destruirían en forma irreversible 70 km. del valle del Alto Biobío, inundando 4.000 has. de esta cuenca de valor cultural y ambiental incalculable, patrimonio de los Pehuenche, de todos los chilenos y de la humanidad.

Con el embalse Ralco se sustituiría un tramo de 45 km. del río por un lago artificial ecológicamente aberrante, ya que la operación de la central implicaría una fluctuación del nivel de las aguas de entre 25 a 33 mts., lo que impediría para siempre su estabilización como ecosistema lacustre. Desde el punto de vista del desarrollo en la zona, este embalse tendría un potencial productivo o turístico cero ya que la fluctuación mencionada conlleva a la periódica inundación y desnudamiento de cientos de hectáreas. El embalse estaría rodeado de una enorme zona de barro y vegetación en descomposición. Con Ralco, además, diez kms. del río Biobío serían prácticamente secados.

Es necesario considerar como costo del proyecto Ralco el valor del río Biobío y su cuenca en su estado natural actual. Incluso con la central Pangue ya construida, que ciertamente degrada significativamente la cuenca, este valor se estima en cientos de millones de dólares, y éste sólo puede aumentar dada la creciente escasez en el mundo de ríos, cuencas y paisajes naturales no intervenidos industrialmente. El potencial eco-turístico del Alto Biobío, que perfectamente podría ser gestionado y administrado por las comunidades Pehuenche y la población local, es muy elevado y a perpetuidad.

En segundo lugar (no en orden de importancia), Ralco desmantelaría dos comunidades Pehuenche, Quepuca Ralco y Ralco Lepoy, y pondría en riesgo de extinción a un pueblo originario de este país. Esto es del todo inaceptable. De hecho, la dispersión de estas dos comunidades ya ha comenzado, algo que puede y debe ser reparado con la mayor urgencia.

Queremos denunciar a Ud. que ENDESA, para construir Ralco, desde 1992 ha desplegado una perversa campaña a través de la Fundación Pehuén con el sólo objetivo de dividir y desmoralizar a estas dos comunidades a través del amedrentamiento, de rumores de todo tipo, de contrataciones estratégicas de los líderes y dirigentes para convencerlos, durante el día de trabajo, que no tienen opción salvo entregar sus tierras a ENDESA, que la Ley Indígena no sirve porque ellos tienen una ley eléctrica mas poderosa, que los que se oponen a la construcción de estas centrales serán sacados de sus tierras por la fuerza pública y quedarán sin sus tierras ancestrales y sin compensaciones. Se les ha dicho desde hace años que Ralco ya estaba plenamente autorizado por el Presidente Frei en persona. Sr. Presidente, estos hechos están en gran medida registrados en el libro "Ralco: ¿Represas o Pobreza?" de Domingo Namuncura, ex-Director de CONADI, despedido por la administración Frei por llegar a la conclusión fundada que la mayoría de las promesas de permutas de las familias Pehuenche tenían vicios de consentimiento, en otras palabras, que habían sido obtenidas por ENDESA con engaños y amedrentamiento.

Anteriormente, a raíz de una denuncia de organizaciones chilenas en el sentido que la Fundación Pehuén estaba siendo utilizada como "caballo de Troya" para allanarle el camino a la construcción de Ralco con los métodos descritos, el Presidente del Banco Mundial encargó una evaluación independiente de la Fundación Pehuén a un antropólogo de la U. de Arizona, Theodore Downing, quién, después de largos meses de evaluación en terreno, no sólo corroboró lo denunciado sino que hizo otros importante hallazgos negativos sobre el accionar de ENDESA y de esta fundación en el Alto Biobío. Por presión de ENDESA este informe fue enterrado hasta después que Ralco fuera autorizado ambientalmente, lo que motivó una queja del antropólogo ante la Asociación Americana de Antropología (AAA), tanto por la violación de los derechos de los Pehuenche a conocer información vital para su supervivencia, como por la violación de sus derechos como consultor a entregar las conclusiones de su evaluación a los afectados por los proyectos hidroeléctricos en cuestión, tal como lo estipulaba su contrato. La AAA dio la razón al especialista y emitió un informe sumamente desfavorable tanto respecto al accionar de ENDESA como del BM y de la International Finance Corporation (IFC), esta última responsable del préstamo para la construcción de Pangue.

Otro informe posterior encargado por el BM a un connotado ecólogo fue aún mas crítico de la situación del Alto Biobío generada por el impropio accionar de ENDESA, así como de la responsabilidad del propio BM al respecto. Las consiguientes presiones del BM sobre ENDESA para que esta cumpliera los compromisos suscritos llevaron a que finalmente ENDESA devolviera a la IFC del BM el préstamo contraído para liberarse de su fiscalización.

La situación de las comunidades Pehuenche hoy es crítica. El accionar de ENDESA ha generado una situación de violencia entre las comunidades, entre familias e incluso intrafamiliar. Hace tan sólo diez años estas comunidades, a pesar de su pobreza que es la consecuencia histórica del proceso de agresión, negación y abandono al que han estado sometidos todos los pueblos originarios del país, estaban cohesionadas y mantenían una estructura comunitaria tradicional, y, en el caso particular de Ralco Lepoy, con muy bajas tasas de emigración. Hoy estas comunidades están evidentemente deterioradas, en desintegración, algo que insistimos, puede y debe ser reparado.

Es necesario señalar que durante el proceso de participación ciudadana que establece el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de CONAMA la gran mayoría de los Pehuenche siempre se opuso al proyecto Ralco y a una eventual relocalización, incluyendo a aquellos Pehuenche que hoy aparecen defendiendo el proyecto. Esta oposición está consignada claramente en documentos públicos que son parte del archivo Ralco de CONAMA. La evidente indiferencia del Gobierno respecto de la opinión de los directamente afectados terminó por desmoralizar a los Pehuenche y los convenció que no tenían otra opción que aceptar el proyecto y sus consecuencias.

La situación de las 45 familias ya reasentadas por ENDESA en el predio "El Huachi" es patética. El Huachi en mapudungún significa 'la trampa'. Es un predio de 500 has. de lomas sin bosque, es decir sin sombra y sin leña en el predio mismo, esto último paradójico ya que todo el sistema de calefacción y cocina de las casas entregadas por ENDESA es con este combustible. (ENDESA posteriormente adquirió un predio contiguo intentando reparar esta grave omisión). El Huachi por supuesto no tiene río, estero ni vertiente. El sistema de agua potable instalado por ENDESA ha estado fallando constantemente. Lo que ya parece una franca crueldad, es que el predio es cruzado en diagonal por la línea de transmisión de alta tensión que viene de la central Pangue. Es obvio que el predio fue comprado por estar depreciado por este hecho. En todo caso es evidente, y siempre lo fue, que las familias Pehuenche, esta gente del Pehuén que ha vivido toda su vida a orillas del río Biobío, a la sombra y el amparo de Araucarias, Canelos, Robles, Coihues y Raulíes, en este lugar no tienen ningún futuro posible.

Sr. Presidente, el Presidente Frei declaró el Alto Biobío "Area de Desarrollo Indígena" (ADI) en 1997, pero esta nunca fue implementada, permitiéndose así que ENDESA apareciera como la única opción de ingresos y 'desarrollo' en la zona. A través de la implementación del ADI los Pehuenche podrían acceder a todo lo ofrecido interesadamente por ENDESA y mucho mas, incluyendo el ecoturismo mencionado, sin represas de por medio. De hecho Ralco destruiría toda posibilidad de desarrollo para los Pehuenche en el Alto Biobío, ya que destruiría todas las tierras bajas, planas, ribereñas que permiten la 'invernada' de los Pehuenche en el lugar. Ralco haría inhabitable el Alto Biobío para los Pehuenche. Tal como ya se mencionó, el lago artificial tampoco ofrece ninguna posibilidad de desarrollo en torno a él.

Sr. Presidente, Ralco sería el fin de un pueblo y de una cultura. Permitir su construcción viola una vez mas los compromisos suscritos por don Patricio Aylwin a nombre de la Concertación de Partidos por la Democracia en 1989 en el Acuerdo de Nueva Imperial y viola de igual forma la Ley Indígena (19.253) promulgada en Democracia después de larga consulta a los pueblos originarios. Las familias Pehuenche que no quieren permutar están defendiendo un derecho claramente consagrado en la Ley Indígena y en la Constitución.

Ud. personalmente ha prometido un nuevo trato a los pueblos originarios de Chile y ha declarado que la solución real de sus problemas es una de las prioridades de su Gobierno. Elocuentes fueron sus palabras el 21 de mayo en cuanto a la riqueza multicultural de Chile y a la necesidad imperiosa de conservarla y ampliarla. Los pueblos originarios, así como de hecho todos los chilenos, necesitamos urgentemente gestos de amor, de consecuencia, de honestidad y de cordura de parte de las autoridades que nos representan.

En tercer lugar, el proyecto Ralco empobrece al país en términos estrictamente económicos. En efecto, cuándo ENDESA unilateralmente, en 1995, haciendo caso omiso de las señales de la Comisión Nacional de Energía (CNE), declaró Ralco en construcción, la CNE se vio obligada, dada nuestra sui-generis legislación eléctrica, a incluir obligadamente la central en el Plan Indicativo de Obras. En ese momento la CNE declaró públicamente que lamentaba esta decisión de ENDESA dado que ya no se cumpliría el óptimo económico-social que busca la CNE a través de su plan de obras. Funcionarios de la CNE dijeron claramente que Ralco era antieconómico para el país comparado con la alternativa de las centrales termoeléctricas a gas natural de ciclo combinado. Esto fue corroborado por un estudio de la consultora especialista EMG, algo que ni ENDESA ni el Gobierno de Frei han podido rebatir seriamente.

El hecho que el costo de la energía en el SING, sistema 100% termoeléctrico, haya caído por debajo del costo de la energía en el SIC, sistema predominantemente hidroeléctrico, ilustra claramente la actual conveniencia económica del gas natural para el país como alternativa de generación de energía. Hoy el costo del kw/hr hídrico se encuentra prácticamente equiparado con el costo del kw/hr generado con gas natural, y esto es sin considerar costos socioculturales y/o ecológicos, algo que desgraciadamente hasta hoy escasamente sabemos evaluar.

El gasoducto, construido precisamente en 1995, permite abastecer al menos 7 centrales termoeléctricas. Sólo se han construido 3 hasta la fecha y la próxima recién aparece para el año 2004. El gasoducto que costó US$ 300 millones tiene una capacidad ociosa para 4 centrales. Esto es la consecuencia directa y deliberada de la imposición por parte de ENDESA de la central Ralco en el plan de obras, que con 540 MW copa el mercado e inhibe la presentación de proyectos alternativos, es decir, la competencia para ENDESA. Esto es particularmente grave dado que ENDESA además posee el 90% de los derechos de agua del país, tal como nos informara recientemente funcionarios de la Comisión Resolutiva Antimonopolios, lo que prácticamente impide que otras empresas presenten proyectos hidroeléctricos. Es decir, la construcción de Ralco concentraría aún mas la excesiva, cuasi-monopólica, participación en el mercado eléctrico de ENDESA, principal generadora del país, privatizada de mala manera a precio vil en 1989 por funcionarios del Gobierno militar, con un costo incalculable para el país y para todos los chilenos.

La construcción de Ralco, además, agudizaría la dependencia hídrica del sistema eléctrico del país y, por lo tanto, su vulnerabilidad a la variabilidad pluviométrica de la zona central, es decir a la sequía. El Gobierno anterior, en declaraciones públicas, aconsejó al sector agrícola considerar la sequía como permanente, es decir como un cambio de clima que desgraciadamente está afectando en forma creciente la zona central de nuestro país. Si se construye Ralco en la cuenca del Biobío (que con 540 MW sería la central mas grande de Chile) quedaría un porcentaje muy elevado de la capacidad hidroeléctrica concentrada en un corto tramo de la zona central del país. Bastaría un episodio de sequía como los sufridos en los últimos años en esta zona para provocar una crisis aún mas severa de escasez de energía y racionamientos, con todas sus secuelas, que las ya experimentadas.

Finalmente, Ralco ha empobrecido institucionalmente nuestro país porque es un hecho público que el proceso de evaluación y autorización del proyecto Ralco ha sido viciado durante el Gobierno del Sr. Eduardo Frei por una flagrante intervención del Ejecutivo, particularmente de CONAMA y CONADI, pero también de todos los Servicios Públicos pertinentes, lo que ha significado a la fecha el despido de seis altos funcionarios de Gobierno que llegaron a la conclusión fundada que esta central es inconveniente para el país y viola leyes y normativas vigentes. Las razones jurídicas esgrimidas por la Contraloría Generalde la República para tomar razón, en las últimas horas del último día del Gobierno del Sr. Frei, de la Concesión Eléctrica Definitiva para Ralco, a pesar de todos los gravísimos problemas no resueltos en torno a esta proyectada central, nos parecen inaceptables. ¿Como puede Contraloría tomar razón de una concesión definitiva para una obra hidroeléctrica para la cual la empresa no cuenta con la propiedad de las tierras necesarias, para la cual no tiene el derecho de agua completo, respecto a la cual hay una Demanda de Nulidad de la autorización ambiental sin resolverse? Sorprende ver a la Contraloría, al contestar todas estas objeciones formalmente planteadas por abogados, parlamentarios, profesionales y ecologistas, haciendo interpretaciones tan discrecionales y flexibles de las leyes de la República.

La verdad es que todo lo que ha sucedido en torno al procedimiento legal/administrativo de este proyecto con el objeto de permitir que ENDESA imponga la central Ralco configura un cuadro que no es como para sentirnos orgullosos de nuestra democracia, de nuestras autoridades elegidas democráticamente y de los empresarios. Ciertamente que la alta visibilidad de esta turbia situación en torno al caso del Alto Biobío no da una buena imagen de Chile hacia el exterior, pero nos es imposible, para los que hemos sido testigos de todas estas irregularidades que lesionan nuestra institucionalidad, orden jurídico y democracia, y que apoyamos a las familias Pehuenche que defienden sus derechos y sus tierras, no denunciarlas en el país y si es necesario en foros y Cortes internacionales. Lo hacemos incluso por patriotismo porque necesitamos que estas prácticas e imposiciones de poderes fácticos sean definitivamente erradicadas de nuestro país.

Sr. Presidente, como muchos chilenos y chilenas seguiremos apoyando firmemente a las familias Pehuenche que defienden sus legítimos derechos y sus tierras. El caso del Biobío y del pueblo Pehuenche es emblemático y trascendente en los ámbitos vitales del quehacer nacional mencionados.

Sr. Presidente, sabemos que está en sus manos resolver esta situación en forma justa y de modo que se respeten los derechos de los Pehuenche y de todos los chilenos. Su gobierno no se puede hacer cómplice de los vicios legales/administrativos en torno a este proyecto que aquí denunciamos y que son hechos documentados.

Solicitamos a Ud. con urgencia gestiones para que el Gobierno ejerza la autoridad que le corresponde y utilice los instrumentos legales/administrativos a su disposición para ponerle fin a esta grave situación que se torna cada día mas difícil y violenta. Las mujeres Pehuenche le han hecho ver al Gobierno demasiadas veces que sólo muertas saldrán de sus tierras. Desde hace años que inutilmente solicitan una audiencia con el Presidente de la República para informar a la mas alta autoridad del país de sus sentimientos, de su postura y sufrimientos. Recientemente las mujeres han sido agredidas y amenazadas de muerte por los trabajadores de ENDESA. Ellos han sido llevados, a través de los dichos de los ejecutivos de la empresa y del hecho consumado de la construcción ilegal de Ralco, a creer que estas mujeres, mal aconsejadas por 'ecoterroristas' y 'comunistas' han adoptado una postura retrógada y anacrónica que las convierte en sus enemigas, eventuales responsables de la pérdida de sus empleos, y en las enemigas del progreso de Chile.

Sr. Presidente, el Gobierno tiene el deber de proteger a estas mujeres y sus familias, tiene que defender sus derechos. Está en juego la relación entre el Estado de Chile y los pueblos originarios. Está en juego la confianza que tantos chilenos han depositado en Ud. El Gobierno tiene medios para negociar con ENDESA-España su desistimiento de construir Ralco. Sabemos que todo es cuestión de voluntad política apuntando en la dirección correcta de la verdad, la justicia y el bien común.

Sabemos que la gran mayoría de los chilenos se opone a la construcción de Ralco, a la destrucción del Alto Biobío y de dos comunidades Pehuenche. Un plebiscito, sin dudas, corroboraría esta certeza.

Sr. Presidente, después de años de seguir el proceso de estos proyectos y de la participación ciudadana en torno a ellos hemos llegado a la conclusión responsable que detener la construcción de Ralco nos enriquece en todos los ámbitos en los que nos empobrece su construcción. Estamos seguros que anunciar que Ralco no se construye provocaría una jubilosa celebración desde Arica a Punta Arenas. Necesitamos estas legítimas y postergadas alegrías nacionales.

Salvar el Alto Biobío y dos comunidades Pehuenche es una gran oportunidad para el país y para el Gobierno.

Atentamente,

Santiago de Chile, 12 de junio de 2000


Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor, UE, 25jun00

Conflicto Bio-Bio

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Este documento es publicado en la internet por Equipo Nizkor y Derechos Human Rights Equipo Nizkor - El Presidente Lago a las reivindicaciones de los Mapuches amenaza con utilizar mano dura
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16mar02


El Presidente Lago advierte que actuará con mano dura frente a las protestas mapuches.


El gobierno actuará con dureza, dijo, porque no puede haber violencia en Chile, de ninguna naturaleza, en ningún ámbito, a propósito de los hechos contra la represa Ralco y los reclamos de tierras.

El Presidente Ricardo Lagos advirtió ayer que su gobierno actuará "con mucha dureza" si persiste la violencia atribuida a las comunidades indígenas del sur del país que reclaman tierras y se oponen a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco.

Junto con enfatizar que no aceptará el uso de la violencia como instrumento de presión en el conflicto mapuche, desestimó la existencia de grupos militares en la zona. "Estamos investigando, pero eso no existe. Y mientras no se compruebe, no podemos actuar sobre eso", señaló.

"Lo importante es que no puede haber violencia en Chile, de ninguna naturaleza, en ningún ámbito, y si la hay el G! obierno va actuar con mucha dureza. Los gobiernos tienen la obligación de escuchar y abrirse, pero dentro de las normas del Estado de Derecho y del respeto de unos a otros. Cuando se pierde el respeto, se entra en un camino del cual es muy difícil salir.

Sería un profundo error que se confundiera el deseo del gobierno de poder escuchar con una mano blanda frente a las tareas que hay que hacer. Frente a estos hechos es muy importante que se aplique la justicia. Hay personas que están siendo procesadas y es como nos entendemos. La justicia no la hace el gobierno, sino los tribunales de justicia". manifestó.

"Podemos tener muchas discrepancias en Chile, pero tenemos que aprender que lo que nos permite tener una sociedad ordenada hoy en el mundo es la capacidad de diálogo", agregó.

Lagos formuló sus declaraciones 10 días después de los violentos disturbios que culminaron con 55 detenidos y dos camiones incendiados!, cuando grupos pehuenches se enfrentaron con Carabineros en el Alto Biobío. Estos grupos bloquearon en esa oportunidad la carretera para impedir el paso de un generador eléctrico de 225 toneladas, que en los próximos días debe llegar hasta la futura central Ralco.

"La violencia terrorista está poniendo en peligro el estado de derecho y las inversiones", reiteró, por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Andrés Santa Cruz, que hace dos días lanzó una advertencia similar al referirse a los disturbios.

Santa Cruz se reunió en La Moneda con el ministro del Interior, José Miguel Insulza, para examinar los alcances de la tensión indígena en las regiones de Biobío y la Araucanía, con ocupaciones de tierras y disturbios con la Policía.

Dentro de este análisis, el dirigente empresarial negó la existencia de un comando paramilitar -denominado Trizano- organizado para reprimir las prot! estas y manifestaciones de los mapuches, que calificó de "una falacia".

"Eso es una ficción, un invento. No existe ningún antecedente al respecto y no nos podemos hacer eco de cosas imaginarias", agregó Santa Cruz, en declaraciones que coincidieron con la visión del titular de la cartera de Interior. "Yo, como ministro encargado de los temas de seguridad pública, les puedo asegurar que no tenemos evidencias" sobre la existencia del comando, dijo el ministro Insulza, ante consultas de la prensa.

[Fuente: Diario El Sur, Temuco, Chile, 16mar02]

Conflicto Bio-Bio

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