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23ago10


Donde dije alquiler social digo subasta


Cuando en mayo de 2005 Alberto Ruiz Gallardón les hizo entrega de sus viviendas, los vecinos de la promoción Sanchinarro X -al noreste de Madrid- oyeron de los labios de su alcalde que "cuando la Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda digna, éste tiene que ser articulado por las administraciones públicas, y muy especialmente de los ayuntamientos". Un lustro después, la misma institución pública, ese mismo alcalde, ha decidido vender al mejor postor esas viviendas dignas y las que albergan otros tres edificios municipales.

Los inquilinos creen que el futuro propietario lo primero que hará, entre otras cosas, será actualizar los alquileres a precios de mercado. "Si no conseguimos parar esto ahora, más adelante vendrán más subastas y habrá más afectados", estima Alejandro Muñoz, portavoz de las 630 familias afectadas.

No van desencaminados. La EMVS -la sociedad que desarrolla la política de Vivienda municipal- necesita fondos. De otra manera, jamás hubiera puesto a la venta cuatro promociones en los barrios de Sanchinarro, Carabanchel, Vallecas y Pavones, todas entregadas entre 2003 y 2005, por los que espera obtener 64 millones de euros, a razón de 102.000 euros por vivienda.

De hecho, es la primera vez que el Ayuntamiento emprende una operación semejante, la cual materializará con extrema rapidez, el próximo 13 de septiembre. "La EMVS pone en marcha medidas aprobadas por el gobierno Zapatero dentro de su Plan de Vivienda, que permite la enajenación de promociones completas destinadas a alquiler, no permitiendo la enajenación de las viviendas de manera individual mientras las viviendas estén sujetas al régimen de protección de alquiler", justifica Pablo Olangua, su director general de Gestión de la EMVS.

Por el mencionado edificio de Sanchinarro, de 300 viviendas, el ayuntamiento espera obtener 29 millones, cuando hace cinco años declaró que había invertido apenas quince.

Lo miren por donde lo miren, los vecinos se sienten engañados. Nadie les consultó y, más allá de una carta enviada el 2 de agosto, nadie se ha dirigido a ellos. Tampoco les ha sentado bien que la decisión se haya hecho pública en verano. Les ha costado reunirse y aclararse y planificar una estrategia en torno a una Plataforma de Afectados por la subasta municipal. Ahora lo tienen claro, hacerse oír hasta el final.

A mediados de agosto, durante un primer plante frente a las oficinas de la EMVS, "nos dijeron que la cosa no tenía marcha atrás", dice Muñoz. Los vecinos no pararán hasta que alguien les haga caso y mañana por la mañana se personarán por tercera vez ante la sede de la EMVS en la calle de Palos de la Frontera de Madrid. Después volverán a hacerlo el 27 de agosto y 1 el 3 de septiembre.

Saben que la Ley no permite que les vendan a ellos las casas individualmente, "por mucho que nos gustase", pero también estiman que "ninguna Ley obliga al Ayuntamiento a tomar esta decisión y podrían esperar hasta la finalización del contrato de arrendamiento y buscar otra opción que no fuese el vender el conjunto de viviendas a una empresa privada".

Además, están convencidos de que, de alguna manera, se les había dado a entender que al cabo de diez años, cuando terminase el contrato de arrendamiento, podrían optar a comprar las casas. Es decir, que se trataba -como reza la nota de prensa que el ayuntamiento envió a los medios de comunicación en su día- de un régimen en alquiler con opción a compra.

Sin embargo, el Ayuntamiento les invita a revisar los contratos que ellos mismos firmaron "Los contratos suscritos en todas estas promociones son de alquiler, conforme a la calificación que tienen las viviendas. En ningún caso puede hablarse de contratos de alquiler con opción a compra, ya que las viviendas no tienen esa calificación", afirma Olangua.

Sin políticos detrás

Los vecinos no quieren que se les vincule con ningún partido político, aunque por ellos se han interesado representantes de PSOE e IU. Se consideran la avanzadilla de un movimiento vecinal que, creen, aflorará a medida que más promociones se vean afectadas. "Las actuaciones futuras dependerán de la situación económica del sector inmobiliario y de las posibilidades que ofrezcan los planes de vivienda estatales", señala Olangua, que no se cierra puertas a futuras ventas.

A los inmuebles no les faltarán novias. El alquiler cautivo y de renta elevable a partir de 2015 y con fecha de caducidad, como es el caso, se ha convertido en uno de los segmentos de inversión refugio para fondos de inversión, gestoras inmobiliarias y grandes 'family offices'. Firmas como Lazora, especializadas en gestión de alquiler protegido, los fondos de Amancio Ortega, la familia Lara, Alicia Koplowitz o Manuel Jove podrían optar a la compra.

[Fuente: Por José Leal, El Mundo, Madrid, 23ago10]

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