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17nov10


El CGPJ rechaza pedir el sueldo extra que Garzón ganó en la universidad de EEUU


El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado el recurso de los abogados Antonio Panea y Jose Luis Mazón contra la decisión del órgano de gobierno de los jueces de no reclamar al juez suspendido Baltasar Garzón las remuneraciones que recibió durante su permiso de estudios en Nueva York.

Los abogados, que se querellaron contra Garzón por el dinero que presuntamente cobró del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006, reclamaban al CGPJ la apertura de un procedimiento de recuperación de las remuneraciones percibidas por el magistrado, alegando que recibió un segundo salario de una entidad privada sin autorización de compatibilidad.

El magistrado, actualmente suspendido, percibió el dinero al mismo tiempo que mantenía su sueldo íntegro de juez. Concretamente, el magistrado percibió gastos de viaje por valor de 21.152 dólares, además de otros 21.650 dólares destinados por ese centro para pagar la matrícula de la hija de Garzón en la Escuela Internacional de Naciones Unidas. Asimismo percibió, en "concepto de sueldo", otros 160.333,14 dólares del Centro de Derecho y Seguridad. En total, el dinero supera los 158.000 euros al cambio de entonces.

La Comisión Permanente del CGPJ ya rechazó el pasado mes de febrero la solicitud de Mazón y Panea, al estimar que no había lugar a abrir tal procedimiento debido a que los hechos estaban siendo investigados en el Tribunal Supremo, decisión que recurrieron los letrados.

El recurso esgrimía que no se trataba de los mismos hechos ya que la Sala Segunda del Supremo no admitió la querella por un supuesto delito de estafa, sino por cohecho y prevaricación.

Finalmente, el pleno del CGPJ acordó el pasado 28 de octubre desestimar dicho recurso en un acuerdo en el que indica que no consta que, como afirman los abogados, haya existido un pago indebido y reitera que por estos hechos se sigue causa penal en el Supremo, por lo que concurre una situación "prejudicial" que impide incoar el procedimiento solicitado

[Fuente: El Mundo, EFE, Madrid, 17nov10]

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