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18jul13
Gallardón se reunió con un abogado de la Gürtel en casa de Alberto Cortina
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, mantuvo una reunión secreta con Ignacio Peláez, exfiscal de la Audiencia Nacional y defensor de algunos personajes de la Gürtel, para obtener información de algunas de las irregularidades procesales de este caso. El encuentro, a petición del abogado, se produjo en el domicilio familiar de Alberto Cortina, en una de las calles de la milla de oro de Madrid, días antes de la Semana Santa de 2013.
La confidencialidad de las cita quedaba garantizada tanto por las buenas relaciones de ambos con el anfitrión como por el escenario donde se desarrollaba la entrevista, ya que Cortina es amigo personal de Gallardón y cliente de Peláez. El vínculo del primero con el letrado es más umbilical ya que ambos fueron compañeros de banquillo en una misma causa judicial. Peláez, con más suerte que su cliente, fue absuelto, mientras que Cortina salió condenado por la utilización en un proceso judicial de una carta anónima que, según el tribunal, había sido falsificada.
Las pretensiones de Peláez, un abogado considerado próximo al Partido Popular, en su acercamiento al ministro Gallardón eran hacerle llegar sus quejas y la de otros letrados de las defensas por las irregularidades procesales que se habían cometido a lo largo de la instrucción de la Gürtel. Según los abogados, el proceso judicial estaba emponzoñado por una serie de nulidades: las grabaciones del testigo Peñas que podían haber sido manipuladas, el quebrantamiento de las normas de reparto, el incumplimiento de los límites fijados en los autos de entrada y registro, las intervención de las comunicaciones en la cárcel de Soto del Real por orden de Garzón y el auto de prórroga firmado por el juez Pedreira.
Letrado y ministro hablaron también del caso Campeón y de la suerte de José Blanco. Peláez es el abogado del empresario Dorribo que denunció al exministro de Fomento por recibir de él comisiones ilegales a cambio de favores políticos. La causa se sigue en el Tribunal Supremo por un delito de tráfico de influencias.
El Confidencial habló ayer con un portavoz oficial del ministro de Justicia, quien desmintió la noticia asegurando que "en ningún momento hubo un encuentro a tres". También intentó contactar con Peláez para conocer su versión de los hechos. El abogado no contestó a las reiteradas llamadas y a los mensajes dejados en su teléfono.
Las quejas de Peláez, letrado del empresario berciano José Luis Ulibarri, imputado en la causa Gürtel, se centraron especialmente en el comportamiento de las fiscales Concepción Sabadell y Miriam Segura. Según las defensas de los encausados, ambas estaban contaminadas por su responsabilidad en algunos de esos motivos de nulidad y, por tanto, debían ser apartadas de la investigación por la Fiscalía General.
El ministro de Justicia estaba al tanto de las protestas contra el ministerio público, pero se negó a entrar en el fondo de la materia. En todo momento, mantuvo que él siempre delegaría cualquier decisión en la persona de Torres-Dulce, que tenía autonomía y todo el poder en la Fiscalía en función del mando piramidal.
El ambiente en el domicilio de Cortina estuvo marcado por la atmósfera que se respiraba en esas fechas en la sede popular de Génova 13 y en la Moncloa. Bárcenas ya había puesto en funcionamiento el ventilador. En aquellos días, el PP ya había recibido los cánticos de sirena de su extesorero y sus intermediarios con una serie de exigencias para no tirar de la manta, tras la publicación en El País de unas fotocopias con datos de una contabilidad B y los sobresueldos de sus dirigentes. La primera condición era la sustitución de las dos fiscales anticorrupción y el control de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que, según las quejas, guardaba en un almacén más de cien cajas sin abrir con información de la Gürtel y que filtraba los documentos como una gota malaya. La segunda contrapartida, según las defensas, era la nulidad del proceso por una serie de irregularidades durante la instrucción del sumario.
Garzón, arropado por las fiscales
Peláez, que como Gallardón procede de la carrera fiscal, recordó al ministro el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo contra el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón como contestación a su querella. El Alto Tribunal no había condenado a Garzón por "una interpretación errónea de la ley", sino por "un acto arbitrario, carente de razón, que desmantela la configuración del proceso penal como un proceso justo". Además, la orden de grabar las conversaciones entre encarcelados y letrados vulneraba el derecho de defensa, entre ellos el de Peláez.
La sentencia del Tribunal Supremo, que condenaba a Garzón a 11 años de inhabilitación, asimismo, acusaba al magistrado de realizar "prácticas que ahora sólo se encuentran en los regímenes totalitarios donde todo se considera válido para obtener la información que interesa al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos".
Y en esa dinámica de grabar las comunicaciones de Correa y Crespo, Garzón estaba arropado por las fiscales de la causa, como se pudo constatar durante el juicio contra el magistrado en el Tribunal Supremo. Un funcionario del Juzgado Central de Instrucción número 5 declaró que la orden de intervenir las comunicaciones partió de Garzón y de las dos fiscales. El funcionario judicial afirmó que una de ellas se presentó una mañana en el Juzgado, nerviosa e inquieta, para comunicarle al juez que había que hacer algo porque Correa y Crespo estaban moviendo el dinero desde la cárcel.
Ignacio Peláez desveló al ministro que el magistrado Pedreira había dictado un auto de prórroga de la intervención de las comunicaciones el 20 de abril de 2009 pero que, al estar la pieza judicial bajo secreto sumarial, tal medida sólo fue comunicada a la policía y a las autoridades de la cárcel de Soto del Real.
Según informó el abogado a Gallardón, las representaciones legales de los imputados de la Gürtel tenían muchas dudas sobre la elaboración de ese auto y sobre una serie de vicisitudes acaecidas en el Juzgado. El letrado dijo contar con el testimonio de varios funcionarios judiciales que aseguraban "haber visto cosas extrañas" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En torno a estos testimonios se da la circunstancia de que, por aquellas fechas, en la sede de Génova 13 se habían recibido dos cartas anónimas, dirigidas al extesorero Luis Bárcenas y al exdiputado popular Jesús Merino, ambos inmersos en la causa Gürtel. El Confidencial ha tenido acceso a uno de esos anónimos, cuyo remitente se presenta como extrabajador del TSJM. El contenido del escrito es demoledor pero, con las reservas que provoca cualquier anónimo, sólo reproduce uno de sus párrafos: "Solían pasarle a la firma documentos (al juez Pedreira) justo cuando estaba en la puerta de la calle a la hora de salir a comer, con la mala intención de que los firmase sin leerlos".
La negativa de Justicia
La entrevista de Peláez y Gallardón formaba parte de una estrategia más amplia desplegada por la defensa de los imputados para conseguir la nulidad del caso Gürtel pero, finalmente, no funcionó. El ministro de Justicia se enrocó en sus planteamientos iniciales: plena libertad e independencia para el juez Ruz y el fiscal general, Torres-Dulce.
Tal postura provocó discusiones entre algunos compañeros del Consejo de Ministros. Un alto cargo del Partido Popular manifestó a El Confidencial: "Aquellos polvos trajeron estos lodos. Cuando estábamos en la oposición, cuando estalló el caso Gürtel, mantuvimos, y con razón, que todo se debía a una persecución política. Pero cuando llegamos al poder no tuvimos los bemoles de cambiar, el primer día, a las fiscales y a los policías de Rubalcaba. Eso no quería decir que se fueran a ocultar las cosas, sino que se investigara con imparcialidad".
Según publicó El Confidencial, Peláez visitó a Bárcenas el pasado 11 de julio en la cárcel de Soto del Real, con quien mantuvo una entrevista de casi dos horas. La conversación se celebró cuatro días antes de la comparecencia de Bárcenas ante el juez Ruz y dentro de la línea de estrategia que mantenían desde hacía meses. Finalmente, el extesorero de Génova decidió comenzar a tirar de la manta.
[Fuente: Por Manuel Cerdán, El Confidencial, Madrid, 18jul13]
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