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21nov13
Aberrante Proposición no de Ley apoyando el modelo de impunidad español
Proposición no de Ley sobre creación de una comisión de la verdad EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Plataforma por la Comisión de la Verdad, compuesta por víctimas de la guerra civil y el franquismo y asociaciones representativas de las mismas, se ha dirigido a todos los grupos con representación parlamentaria para promover la presentación de una iniciativa parlamentaria conjunta que inste al Gobierno a crear una Comisión de la Verdad que aclare lo que pasó en este país entre 1936 y 1977.
Este instrumento -la comisión de la verdad- es recomendado por la ONU para explicar el pasado y necesariamente ha de entenderse como complemento de lo que ya se ha ido haciendo, durante los últimos 35 años, tanto desde el poder legislativo como, en menor medida por las dificultades que a nadie se le escapan, por el Poder Judicial.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha visitado recientemente España y, tras reunirse con víctimas del franquismo y sus organizaciones representativas, así como con autoridades, tanto estatales como autonómicas, elaborará un informe sobre la cuestión, pero ya en sus Observaciones preliminares ha manifestado que, "dada la edad avanzada de muchos de los familiares y testigos que vieron por última vez con vida a personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura resulta esencial que el Estado actúe con la debida urgencia y celeridad en materia de desapariciones forzadas".
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, que entró en vigor hace algo más de cinco años, supuso un importante impulso de estas medidas.
En desarrollo y aplicación de esta ley, se han venido dictando las correspondientes normas de rango inferior y adoptando una multitud de medidas. De esta manera, sin ánimo exhaustiva: casi 200.000 descendientes de españoles exiliados y 22 brigadistas internacionales han adquirido la nacionalidad española; más de 2.400 Niños de la Guerra han visto reconocida una prestación económica; se han destinado más de 25 millones de euros a subvencionar 833 proyectos de localización y exhumación de restos y a recuperar documentos, homenajear o rememorar hechos históricos de aquella época, etc.; se han reconocido más de 1.300 declaraciones de reparación y reconocimiento personal por padecer persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura entre los que destacan, como casos más conocidos, el de Lluís Companys y el de Migue! Hernández; casi 90 personas, que no pudieron acreditar esta situación con arreglo a la normativa anterior, han recibido indemnizaciones por haber sufrido prisión tras la Guerra; se han indemnizado casi 50 personas fallecidas o con lesiones incapacitantes en defensa de la democracia en el tardofranquismo (1968 a 1977).
No obstante, quedan aún heridas abiertas y tareas inacabadas. Como consecuencia de la Ley 52/2007, se publicó el Mapa de Fosas, un mapa integrado de todo el territorio español en el que constan los terrenos en que se han localizado restos de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra civil o la represión política posterior. A este Mapa se incorporaron más de 2.300 lugares y se realizaron casi 6.000 exhumaciones. Pero este trabajo ha quedado truncado con la decisión de! Gobierno de poner fin a lás medidas previstas en la Ley y específicamente a los créditos presupuestarios que se destinaban a estas tareas, quedando aún pendientes cerca de 2.000 fosas por abrir y decenas de miles de desapariciones forzadas por aclarar.
Los familiares de los desaparecidos durante ese triste período de la historia de España no han visto aún satisfecho su derecho a conocer la verdad y el derecho a recuperar los restos de sus seres queridos, fusilados o enterrados en fosas comunes. Esta tarea ha de ser encarada no sólo por particulares. Han de contar con el apoyo de las políticas públicas de recuperación de la memoria histórica.
Para restablecer estos derechos, esta proposición no de Ley propone, por un lado, la necesidad de crear una comisión de la verdad, formada por expertos independientes, que permita el conocimiento de los hechos. Se necesita alcanzar un diagnóstico completo de las desapariciones forzadas producidas durante la Guerra Civil y el franquismo, que deberá ir acompañado de la propuesta y adopción de recomendaciones dirigidas a todos los poderes públicos.
Por otro lado, se propone restituir las partidas presupuestarias destinadas a financiar los gastos derivados de la aplicación de la Ley 52/2007 y que se venían dedicando, fundamentalmente, a la labor de localización, exhumación e identificación de las víctimas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo.
Finalmente se establece un plazo razonable para la apertura de las fosas pendientes y la exhumación e identificación de las víctimas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Crear una comisión de la verdad, integrada por expertos independientes, con el mandato de restablecer la verdad histórica acerca de las desapariciones forzadas ocurridas en España durante la Guerra civil y el franquismo, así como formular las propuestas y recomendaciones a los poderes públicos para que la defensa de los derechos de las familias de las víctimas no sea sólo una tarea particular, sino una responsabilidad colectiva.
b) Recobrar las políticas públicas destinadas a la recuperación de la memoria histórica y restablecer fas partidas presupuestarias dedicadas a los gastos derivados de la Comisión Interministerial creada por el Real Decreto 1891/2004, de 10 de septiembre.
c) Adoptar las medidas necesarias para lograr que, en el plazo de dos años, se produzca la completa localización y apertura de las fosas pendientes, y la exhumación e identificación de las víctimas."
[Nota documental: Texto de la "Proposición no de Ley sobre creación de una comisión de la verdad" para su debate en el Pleno de la Cámara, presentada el 21 de noviembre de 2013 a la mesa del Congreso de los Diputados por los siguientes Grupos Parlamentarios: Grupo Parlamentario Socialista; Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)]
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