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11dic12


Abogados, jueces y fiscales, contra Ruiz-Gallardón


Las siete asociaciones de jueces y fiscales, las de secretarios judiciales, cuatro sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios --un total de 18 colectivos--, han celebrado un inédito acto público "en Defensa de la Administración de Justicia" en el que han coincidido en criticar duramente la gestión del actual ministro, Alberto Ruiz-Gallardón.

Le piden que no privatice la Justicia. Que rectifique. Que, si no lo hace, se volverá a épocas "preconstitucionales". Lo han hecho en un acto celebrado en la sede del Consejo General de la Abogacía Española. Todos, unidos, han coincidido en realizar un diagnóstico muy negativo sobre la situación de la Justicia en España.

Advierten del coste para los derechos de los ciudadanos que tendrán reformas como proyectos la ley de tasas, la cesión a registradores o notarios de trámites realizados ahora por el Registro Civil o la práctica desaparición de los jueces sustitutos, entre otras políticas.

Pese a la insistencia de los periodistas presentes en el acto los participantes no consideran que sea ahora el momento de plantear huelgas como las que se desarrollan en los sectores educativo y sanitario y tampoco han dado el paso de pedir la dimisión del ministro, con excepción de dos asociaciones de secretarios judiciales. No obstante, consideran que Ruiz-Gallardón ya no es interlocutor válido, porque se ha dedicado ha "descalificarlos" desde los medios de comunicación, sin tratar de llegar a consenso alguno, y han pedido una reunión con el preside del Gobierno, Mariano Rajoy.

Gallardón se reafirma

El ministro por su parte se pregunta cómo no van a quejarse los jueces "si les van a quitar días libres" --de 18 a 12 los días de asuntos propios-- y la paga extra de Navidad. Así, Gallardón considera que las protestas de jueces, fiscales o abogados responden a "intereses legítimos pero corporativos". "Mi obligación no es pensar como fiscal o abogado, sino como ministro", ha aseverado, para mostrarse dispuesto a mantener abierta la interlocución los operadores jurídicos.

Por otro lado, Gallardón ha desvelado que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) le pidió aumentar las tasas cuando tomó posesión como ministro. "Las tasas quienes las han pedido son los jueces", ha dicho, para advertir además del alto número de abogados colegiados en España con respeto a la media de la Unión Europea.

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha respaldado la protesta de jueces, abogados, fiscales, secretarios judiciales y funcionarios señalando que le resulta "muy llamativo" que todos los sectores de la Justicia hayan mostrado una "posición de claro rechazo" a las propuestas del Ministerio. Bajo su punto de vista, el Gobierno del PP "ha devaluado" los derechos de los ciudadanos porque "impide el acceso a la Justicia" para exigir su ejercicio, "y lo hace en función de la tarjeta de crédito" porque "quien no tenga dinero, no puede apelar".

Cortan la Gran Vía

Precisamente en el marco de estas protestas, un centenar de trabajadores de la Administración de Justicia madrileña ha cortado esta tarde la Gran Vía durante más de diez minutos en el transcurso de un concentración en protesta por el "desmantelamiento" de la Justicia que pretenden los Gobiernos central y regional.

Convocados por los sindicatos STAJ, CSIF, CCOO y UGT, los manifestantes han desocupado la calzada de la Gran Vía, a la altura de la sede de la Consejería de Justicia, cuando agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) les han conminado a ello.

[Fuente: Madridiario, 11dic12]

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