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26nov02


El Gobierno reformará la ley de Internet dos meses después de su entrada en vigor.


La Ley de Internet sigue generando polémica casi dos meses después de su entrada en vigor. El Director General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, Leopoldo González-Echenique, dejó ayer abierta la puerta a una modificación de la ley en el punto relativo al envío de publicidad 'si se genera inseguridad jurídica'

La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (más conocida como LSSI o Ley de Internet), que entró en vigor el pasado 12 de octubre, prohíbe expresamente el envío de comunicaciones publicitarias por cualquier medio electrónico 'que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas'.

El problema es que la prohibición choca con la directiva 2002/58 de la Unión Europea, que no exige a las empresas pedir consentimiento si el destinatario de la publicidad es ya cliente.

'Estamos en los albores de aplicación de la ley y el camino se hace al andar', afirmó ayer el director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. 'Si genera inseguridad jurídica y es necesario, tendremos que ajustar la ley a la directiva europea', aseguró.

El ministerio alega que la directiva europea no pudo incluirse en la LSSI 'por falta de tiempo'. Sin embargo, la norma europea fue aprobada el 12 de julio, el mismo día en que la Ley de Internet se publicó en el Boletín Oficial del Estado.

El envío de publicidad a través de Internet no es el único punto que ha generado incertidumbre entre las empresas proveedoras de servicios, que actualmente no saben a qué atenerse. González-Echenique, quien presentó ayer en Madrid, junto al secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Carlos López Blanco, una campaña de publicidad para informar sobre la LSSI, afirmó que 'el ministerio ha recibido cientos de preguntas desde la entrada en vigor de la ley'.

Para intentar paliar de alguna forma las dudas que ha levantado la polémica norma, Ciencia y Tecnología ha puesto en marcha una página web para resolver preguntas (www.lssi.es) y un tríptico que se distribuirá por toda España y donde se resumen los aspectos más importantes de la LSSI.

Además del envío de publicidad no deseada, otro frente abierto es, según reconoció ayer González-Echenique, el controvertido artículo 12 de la ley, que obliga a los proveedores de acceso a Internet a retener datos de tráfico de los usuarios. 'Esa obligación no se está aplicando porque así nos lo han comunicado por escrito desde Ciencia y Tecnología', afirmó ayer Javier Valiente, presidente de la Asociación de Proveedores de Internet (Aepsi). Ese punto se encuentra sujeto a desarrollo reglamentario, a través de un real decreto, para delimitar qué empresas deben cumplirlo, cuánto tiempo deben conservarse los datos y quién correrá con los costes.

La tarea del nuevo equipo de Josep Piqué en cuanto a la aplicación de la ley promete ser muy difícil. La puesta en marcha de la LSSI, impulsada por la anterior ministra del ramo, Anna Birulés, descuida aspectos tan esenciales como el número de inspectores de que dispone el ministerio para hacer cumplir la norma.

Otra de las obligaciones que incluye la ley es la de comunicar en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro el nombre de dominio. 'En el Registro Mercantil de Madrid no tienen ni idea de cómo se registra un dominio, sólo te dicen: presente usted un escrito', afirma Eduardo Berrocal, presidente de Atiendes, que engloba a las 15 principales empresas de comercio electrónico.

Ayer, el estupor era palpable entre las principales asociaciones de Internet, que no habían sido informadas de la campaña. 'Mal empezamos si sigue sin haber una interlocución entre los comercios y la Administración dos meses después de la entrada en vigor de la ley', afirmó Berrocal.

Fuente: Diario Cinco Días, Madrid, Esp, 26nov02


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Este documento ha sido publicado el 26nov02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights