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30 de junio de 1983
Dictamen de la Comisión Especial de Investigación sobre Desaparición de Súbditos Españoles en Países de América.
Presidencia del Senado.
Se ordena la publicación en el Boletín de las Cortes Generales del dictamen emitido por la Comisión Especial de Investigación sobre la Desaparición de Súbditos Españoles en Países de América, así como los votos particulares presentados a dicho dictamen.
Palacio del Senado, 5 de julio de 1983.- El Presidente del Senado, José Federico de Carvajal Pérez.- El Secretario primero del Senado, José Luis Rodríguez Pardo.
Excmo. Sr.:
La Comisión Especial de Investigación sobre la Desaparición de Súbditos Españoles en Países de América, visto el Informe elevado por la Ponencia designada al efecto, y tras un detallado análisis del mismo, tiene el honor de elevar a V.E. el siguiente:
Dictamen
Introducción
El Pleno del Senado, en su sesión del día 29 de diciembre de 1982, tomó el acuerdo de crear una Comisión especial de investigación sobre la desaparición de súbditos españoles en países de América (en adelante, la Comisión).
Se trataba, con ello, de dar una respuesta institucional, a nivel de esta Cámara y en cuanto a España pudiese afectar a un gravísimo problema que desde hace tiempo venía suscitándose en los medios de opinión pública, tanto nacionales como internacionales: el de los miles de ciudadanos que en diversos países de América habían sido aparentemente detenidos, secuestrados o eliminados, sin que figurasen como tales en los registros públicos correspondientes. De este problema estaban ya ocupándose, entre otros, el Parlamento italiano y el venezolano. La actualidad y urgencia de esta cuestión era puesta de relieve diariamente en los Informes de las Asociaciones de Derechos Humanos, en las denuncias de los familiares afectados y demás vías.
El 19 de marzo de 1983 quedó constituida la Comisión por los señores Senadores que a continuación se relacionan, con indicación entre paréntesis del Grupo Parlamentario a que pertenecen:
Mesa:
Presidente: D. Francisco Moreno Franco (S).
Vicepresidente primero: D. Jordi Maragall I Noble (S).
Vicepresidente segundo: D. Castor Alonso Bar (GPP).
Secretario primero: D. Celso Montero Rodríguez (S).
Secretario segundo: D. Juan Francisco Serrano Pino (GPP).Vocales:
Aguiriano Fornies, D. Luis Alberto (S).
Arbeloa Muru, D. Victor (S).
Armas García, D. Alberto (S).
Cercos Pérez, D. Ramiro (Mx).
Cid Cebrián, D. Miguel (S).
Cuco Giner, D. Alfons (S).
Delgado Morais, Dª María del Carmen (S).
García Duarte, D. Antonio (S).
Jaramillo Rodríguez, D. Carlos (GPP).
Jiménez Hidalgo, D. Joaquín (GPP).
Laborda Martín, D. Juan José (S).
Lovelle Alen, Dª María del Carmen (GPP).
Martínez Bjorkman, D. Joaquín (S).
Pérez-llorca Rodrigo, D. Jaime (S).
Prat García, D. José Diosdado (S).
Simo I Burgues, D. Joan (C. al S.).
Solana Prellezo, D. Fermín (S).
Ulloa Vence, D. Julio (GPP).
Uria Epelde, D. Juan Ignacio (SNV).
Vallejo Rodríguez, D. Rafael (S).Letrado:
D. Manuel Alba Navarro.
Interpretando el mandato de la Cámara, la Comisión se propuso desde el comienzo averiguar cuál había sido la suerte corrida por los desaparecidos españoles y proceder a su recuperación en la medida que fuese posible.
Para ello, lo primero que hubo de hacerse fue delimitar el concepto de "desaparecido" . ¿Debía incluirse en la investigación a cualquier ciudadano de origen español cuyo paradero dejó de conocerse algún día? ¿Debía, asimismo, incluirse al que por motivos laborales, afectivos o de integración social abandonó su lugar de residencia y dejo posteriormente de comunicarse con su familia?
Buscando una racionalidad operativa para el trabajo, así como valorando las pautas marcadas por la diversas asociaciones de familiares de desaparecidos, se llegó a la conclusión de adoptar a efectos de la investigación el concepto de "detenido - desaparecido". Es decir, aquellos ciudadanos españoles o vinculados a España por razones de parentesco próximo, que en un momento dado fueron detenidos en algún país de América y cuyo rastro posterior no fue posible seguir.
Por razones análogas de operatividad, se ha debido ceñir la investigación a aquellos casos y países en los que, bien por denuncia directa o por documentación fidedigna presentada ante la Comisión, constase la existencia de algún "detenido-desaparecido". Países que a través del proceso investigador iban a quedar reducidos a tres: Argentina, Chile y Guatemala. Incluso casos como el de Uruguay, donde ha habido un número considerable de españoles detenidos, han debido quedar fuera del campo de trabajo directo de esta Comisión.
En cuanto al método seguido por la misma en sus trabajos, se procuró desde el comienzo recabar toda la información que fuese posible, tanto de organismos públicos españoles y extranjeros, como de las diversas asociaciones de derechos humanos, organizaciones de familiares de desaparecidos, y también de las denuncias de testimonios directos ante esta Comisión.
Entre aquellas personas que, bien a título personal, bien como representantes de organizaciones, han declarado ante esta Comisión figuran:
Las representantes de las Madres de la Plaza de Mayo, de Buenos Aires, las señoras doña Hebe Pastor de Bonafini, presidenta de la Asociación de Madres, y doña María Adela de Antokoletz, vicepresidenta (3 de febrero de 1983).
Ilmo. Sr. Don Carlos Miranda, director general de Asuntos para Iberoamérica, del Ministerio de Asuntos Exteriores (8 de febrero de 1983).
Representantes de la Federación de Familiares de Desaparecidos (FEDEFAM), que engloba asociaciones de once países de Iberoamérica, y en su nombre, la señora Galetti, vicepresidenta; doña Mabel Gutiérrez, vicepresidenta, y don Juan Salazar, secretario de Finanzas (8 de febrero de 1983).
Don Cesáreo García del Cerro, S. J., procurador de la Compañía de Jesús para Hispanoamérica (15 de febrero de 1983).
Dña María Asunción Pérez Alonso, junto con otros miembros de su familia (15 de febrero de 1983).
Tanto ellos como el Padre García del Cerro, testificaron sobre la desaparición en Guatemala del sacerdote jesuita Padre Pérez Alonso.
Asociación de Derechos Humanos de España, encabezada por su presidente, señor Mohedano (16 de febrero de 1983).
Don Daniel Vidal, de la iglesia Evangélica de España, en representación del Consejo Mundial de las Iglesias (23 de febrero de 1983).
Doña Lilliana Callizo y doña Graciela Geuna, supervivientes del campo de concentración "La Perla" de Córdoba (Argentina) (23 de febrero de 1983).
Doña María Pilar Corchero, del equipo coordinador de la Comisión Española para la Defensa de los detenidos-desaparecidos en América Latina (CEDDAL), acompañada por don Eugenio Parrau, chileno; don Marco A. Sagastume, de la Comisión guatemalteca de Derechos Humanos; don Carlos Bouza, de Uruguay, miembro de la Convención Nacional de Trabajadores de Uruguay, y doña Lidia Massaferro, miembro de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (2 de marzo de 1983).
Don Javier Cenén, secretario general en España de Amnesty International, acompañado del señor Zúñiga, de la misma organización, y de la especialista para estos temas de Amnesty International, señorita Priest (2 de marzo de 1983).
Además, a esta Comisión han llegado un considerable número de cartas y denuncias varias referentes a desaparecidos.
Alguna de las personas y organizaciones invitadas a declarar han complementado su deposición con entrega de valiosos testimonios escritos o dossier más extensos.
Entre los centenares de documentos recibidos y examinados por la Comisión figuran informes de organismos tan autorizados como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), Amnesty International, Comisión Argentina de Derechos Humanos, Comisión Chilena de Derechos Humanos o la propia Comisión de Derechos Humanos de Guatemala. Obran también en poder de la Comisión amplios dossiers como los referentes al funcionario español de las Naciones Unidas, don Carmelo Soria Espinosa, detenido en Chile y luego hallado muerto; el jesuita español Padre Carlos Pérez Alonso, detenido-desaparecido en Guatemala; varios centenares de expedientes individualizados acreditados por las Madres de la Plaza de Mayo de Buenos Aires y los publicados por diversos órganos de la prensa española que desplazaron enviados especiales a estos países para informar sobre los desaparecidos. Especialmente útil para el trabajo de la Comisión han sido las listas oficiales de desaparecidos españoles o de origen español, así como los expedientes pormenorizados proporcionados por el Ministerio Español de Asuntos Exteriores.
Entre los testimonios directos cuya audiencia ha sobrecogido el ánimo de los miembros de la Comisión merecen mención singular los presentados el día 23 de febrero de 1983 por las señoras doña Graciela Geuna y doña Lilliana Beatriz Callizo, supervivientes del campo de concentración "La Perla", de Córdoba (Argentina). No menos escalofriante ha resultado la lectura de los testimonios escritos de la también superviviente del mismo campo de internamiento, doña Teresa Celia Maschiati, así como de los supervivientes del campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (Buenos Aires), don Andrés Ramón Castillo y doña Graciela Beatriz Daleo, o el de don Juan Martini, sobre los campos de concentración clandestinos en la provincia argentina de Tucumán.
Una vez realizadas las diversas audiencias y recabado el material escrito que se consideraba necesario, la Comisión acordó crear en su seno el día 15 de febrero de 1983 un Grupo de Trabajo que examinase más detenidamente los diversos documentos y diese cuenta de su contenido. Dicho grupo quedó compuesto por los señores Senadores Montero Rodríguez, Cercós Pérez, Cid Cebrián. Delgado Morais y Lovelle Alen. En la sesión de la Comisión celebrada el día 13 de abril de 1983, el Senador Montero Rodríguez expuso una clasificación de la documentación analizada, sugirió las líneas para la elaboración del Informe y apuntó las posibles listas de desaparecidos españoles o vinculados a España por lazos próximos de parentesco.
El día 25 de mayo de 1983 la Comisión acordó formar una Ponencia compuesta por los Senadores: señora Lovelle Alen y señor Ulloa Vence, del Grupo Popular, señor Uría Epelde, del Grupo Nacionalistas Vascos, y señores Montero Rodríguez y Cucó Giner, del Grupo Socialista. Esta Ponencia elevó el día 30 de junio el Informe a la Comisión.
II. El proceso de las "desapariciones"
Si bien, la Comisión especial ha recibido del Pleno del Senado el encargo de investigar la desaparición de súbditos españoles en países de América, ha creído conveniente enmarcar las desapariciones de españoles en el contexto más amplio del fenómeno de los "desaparecidos". De ahí que se describa a continuación todo el proceso de esta lamentable práctica.
II.1. Número de los desaparecidos
El fenómeno de los desaparecidos viene producido por un método de eliminación de las personas que pretende no quedar sujeto a responsabilidad alguna por parte de quien lo practica. Para ello, se evita toda orden escrita de detención; no se consigna el paso de los así detenidos en las comisarías o lugares de interrogatorio y tortura; no se registran en ningún documento oficial las ejecuciones o defunciones; a los familiares o amigos que se presentan a requerir información acerca de los que suponen retenidos, se les contesta oficialmente que no hay conocimiento alguno ni orden de detención contra ellos, pero extraoficialmente, se les amedrenta o disuade con frecuencia para que no sigan insistiendo. En resumen, se pretende que no se encuentren rastros de los detenidos y que se les vaya olvidando. Por una parte, la negativa oficial a reconocerlos como detenidos, acusados o muertos, y por otra el instintivo deseo familiar o amical de encontrarlos algún día con vida, coadyuvan a crear la eufemística figura del "desaparecido".
A nadie puede escapar las enormes dificultades, insalvables en muchos casos, que entraña el intento de esclarecer un fenómeno de esa naturaleza. Probablemente nunca se sabrá cuántas personas han sido víctimas de él. Muchos familiares sólo a medida que las circunstancias políticas cambian visiblemente y en consecuencia van perdiendo el miedo se deciden a presentar denuncia de las desapariciones. Otros acaban resignándose a "integrarse" en una situación que no saben cuanto tiempo puede durar, y renuncian a reclamar al que presienten no se encuentra ya con vida. Argumento expeditivo para desalentar la continuación de la búsqueda ha sido en más de un caso que las personas que la efectuaban (familiares, abogados...) acabasen ellos mismos siendo a su vez detenidos y convirtiéndose en desaparecidos.
De hecho, las nuevas denuncias sobre desaparecidos siguen constituyendo todavía un triste goteo interminable.
A este horrible fenómeno y a su frecuencia en diversos países hispanoamericanos, se refería ya en el Informe anual de 1977 la CIDH de la OEA con estos términos:
"Son muchos los casos, en diferentes países, en que el Gobierno niega sistemáticamente la detención de personas, a pesar de los convincentes elementos de prueba que aportan los denunciantes para comprobar su alegato de que tales personas han sido privadas de su libertad por autoridades policiales o militares o, en algunos casos, de que los mismos están o han estado recluidos en determinados sitios de detención."
A continuación, el informe de la CIDH calificaba este procedimiento de "cruel e inhumano", pero lo que conviene retener ya desde este momento es que un Informe tan autorizado y representativo (por formar parte de la OEA todos los Estados americanos) alude ya sin ambages y de forma determinante a las responsabilidades de diversas instituciones oficiales del Estado ("Autoridades militares y policiales") en aplicación a estos métodos represivos.
Organismos como FEDEFAM calculan que el número de desaparecidos en América Latina durante las tres últimas décadas se eleva a 90.000. Respecto a Argentina, el país donde mayor número de desaparecidos se ha dado en la década en los años 70, diversos organismos e instituciones suelen calcular que puede alcanzar a los 30.000. De hecho, más de 7.000 casos han sido nominalmente localizados en Argentina por las diversas organizaciones relacionadas con la defensa de los derechos humanos y el propio Ministerio argentino del Interior reconoce 6.504 peticiones de averiguación de paradero.
La Comisión ha recibido varios centenares de denuncias referentes a personas de desaparecidos españoles o de origen español más o menos próximo. Dada la gran cantidad de emigrantes españoles y de su descendencia en países como Argentina, razones de método han aconsejado dar preferencia en nuestra lista a los que en el momento de ser detenidos disfrutaban de la nacionalidad o ciudadanía española, así como a los que eran hijos, nietos o cónyuges de españoles, aún sin excluir a otros familiares. Y así se han incluido en la lista de detenidos-desaparecidos a 39 españoles (tres en Chile, uno en Guatemala y 35 en Argentina), así como a 174 hijos, nietos y cónyuges de españoles, desaparecidos todos ellos en Argentina.
Este es el número de los que ha podido tener noticias fehacientes la Comisión hasta el momento de concluir este informe, reiterando una vez más que la lista por ella elaborada debe quedar necesariamente abierta. No se sabe hasta dónde podría aumentarla con el tiempo el imprescriptible derecho de familiares y amigos afectados a seguir presentando denuncias.
II.2. Tipología de los desaparecidos
En las listas que obran en poder de la Comisión, la gran mayoría de los desaparecidos son hombres y mujeres con edades comprendidas entre 19 y 34 años, aunque también hay personas que superan dicha edad y otras más jóvenes. Incluso se dieron casos de niños pequeños detenidos junto con sus padres, y otros cuyo alumbramiento se produjo en los centros de internamiento, dado el avanzado estado de gestación de sus madres en el momento de la detención. Algunos de éstos fueron luego liberados, entregándolos a parientes o abandonándolos en la vía pública. Otros aún no han aparecido, ignorándose si han sido muertos, arbitrariamente entregados en adopción o si están siendo retenidos en algún tipo de cárcel u orfelinato.
Desde la óptica laboral, el estudio de los desaparecidos demuestra que afecta a personas de profesiones liberales diversas, estudiantes, sindicalistas, obreros y empleados de los diversos ramos, periodistas, religiosos, abogados, soldados, comerciantes y, en general, la mayoría de los estamentos de la sociedad argentina. No pocos eran delegados de curso o de Facultad, representantes sindicales, alfabetizadores voluntarios en barriadas o "villas miseria", etc.
Entre los desaparecidos de origen español es frecuente el caso de los que simultaneaban sus estudios con el desempeño de algún trabajo para ganarse la vida. Pertenecientes ya en bastantes supuestos a la segunda o tercera generación de emigrantes, parecían estar realizando el esfuerzo de conquistar su plena integración cultural y social en la sociedad que les había acogido. Contra ellos se cebó aparentemente con más saña el método represivo que reseñamos.
II.3. Las detenciones
En función del conjunto de informes y denuncias que la Comisión ha examinado, no resulta difícil describir la forma más genérica en la que fueron detenidos los que luego se convertirían en "desaparecidos".
Un escrito presentado ante la Corte Suprema de Justicia Argentina en nombre de 1.221 personas, que reclamaban en su vez a favor de 1.542 desaparecidos (expediente P-51 RN, encabezado "Pérez de Smith, Ana María y otros S- pedido") la describe así:
"Las personas referidas han sido aprehendidas en sus domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública, según el caso, por grupos armados que, prima facie y casi siempre invocándolo expresamente actuaban en ejercicio de alguna forma de autoridad pública. Los procedimientos aludidos tuvieron lugar de forma más sensible, con amplio despliegue de hombres -a veces uniformados-, armas y vehículos y se desarrollaban en general con una duración y minuciosidad que ratifican la presunción que quienes intervenían obraban con la plenitud operativa que es propia del uso de la fuerza pública."
Esta descripción cabe complementarla con la que hace por su parte la CIDH. Esta Comisión hace suyas ambas por su carácter complementario, puntualizando que en cuanto al detalle referente a los uniformes, aparentemente contradictorio, es la presentada ante la Corte Suprema de Justicia Argentina la que refleja con mayor exactitud el caso de los desaparecidos españoles: los comandos que se presentaron a detenerlos, en algunos casos lo hicieron uniformados.
Dice así el informe de la CIDH:
"Los operativos, en su mayoría coincidentes, se efectuaron por grupos cuyo número varía entre 6 y 20 personas que se presentaron en el domicilio o lugar de trabajo de la víctima en varios automóviles sin placa de identificación y con radios que podían comunicarse entre ellos. En algunos casos estaban acompañados por fuerzas adicionales de apoyo con camiones en los que al cumplir la misión, se retiraron los enseres domésticos de las viviendas pertenecientes a los aprehendidos.
El personal que realizaba el operativo concurría vestido de civil, con armas largas y cortas que servían para intimidar a las víctimas y a los testigos de los hechos. Si el operativo se hacía en el lugar de trabajo o en la vía pública era de corta duración; pero si se producía en la residencia podía durar varias horas, especialmente cuando se hacía necesario esperar la llegada de la víctima.
Se ha denunciado también que cuando los familiares, testigos o administradores de edificios comunicaban lo que estaba ocurriendo a la sección de policía del respectivo lugar, la respuesta era casi siempre, junto con la del formal conocimiento del hecho, advertir su incapacidad de intervenir. En los pocos casos en los que policías se presentaron en el lugar de los acontecimientos, éstos se retiraron al poco tiempo de dialogar con la persona directamente responsable del operativo. A esta situación se la ha denominado "zona franca" a favor del cuerpo interviniente".
Más adelante, y refiriéndose ya más concretamente a la detención de estudiantes y menores de edad, la CIDH hace suya la descripción efectuada por la "Agrupación de familiares de menores desaparecidos", y que se expresa en estos términos:
"La mayor parte de las desapariciones de menores adolescentes tuvo lugar en el año 1976 (entre los meses de mayo y diciembre).
En la mayoría de los casos en que la detención se llevó a cabo en el domicilio de la víctima y su familia, el horario del procedimiento fue en el periodo que va desde las 23,00 horas a las 2,00 a 3,00 horas de la madrugada, momento en que las familias estaban entregadas al reposo.
La mayoría de los menores cuya desaparición fue denunciada ante la Justicia llevaban una vida regular: vivían con sus padres, cursaban estudios en colegios -a los que concurrían normalmente- o trabajaban. Todos poseían documentos auténticos de identidad. Estos documentos les fueron exigidos en el momento de la detención y ante sus familiares.
Surge de la declaración de los familiares que muchos de los menores adolescentes habían pertenecido a la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) en los años en que esta organización era legal, o habían participado, en 1973, en "temas de colegio". En 1973 estos jóvenes tenían entre 13 y 15 años de edad.
En varios de los casos, cuando el menor fue requerido por las fuerzas actuantes y no se encontraba en su domicilio, se obligó a algún familiar -hermano, uno de los padres o ambos- a que condujeran a los actuantes al lugar en que estaba la víctima.
En todos los casos en que las víctimas del hecho fueron detenidos ante testigos, éstos coinciden en señalar que los procedimientos fueron llevados a cabo por hombres que no vestían uniformes identificables, que se conducían en varios vehículos, que iban fuertemente armados, que operaban en grupos de entre 5 a 11 o más hombres y que no exhibieron credencial alguna.
La duración de dichos procedimientos varió de quince minutos a dos horas. En esos periodos de tiempo, y a pesar de permanecer los vehículos estacionados a la puerta del domicilio de la víctima o, incluso -en algunos casos-, de haber desviado las fuerzas actuantes el tránsito (tráfico) en la zona, ninguna fuerza policial intervino para impedirlo.
En ninguno de los casos en los que los padres pidieron acompañar a sus hijos, esto les fue permitido. Tampoco, en general, se les dio explicaciones sobre los motivos de la detención. Sí, en cambio, en algunos casos, se les dijo que los menores eran llevados para un interrogatorio o averiguación, llegando los actuantes a indicar reparticiones policiales o del ejército donde la familia debía requerir por ellos después. Estas informaciones demostraron ser totalmente falsas.
En ningún caso las denuncias presentadas ante la Justicia u organismos especiales dio resultado alguno para dar con el paradero de los menores desaparecidos."
Hasta aquí una descripción generalizada que la Comisión hace suya por coincidir en todo lo fundamental con los datos que obran en su poder. La Comisión se considera también en el deber de añadir que entre los casos examinados de españoles o descendientes de españoles desaparecidos no ha conocido ni un solo ejemplo en el que la persona detenida lo hubiese sido portando armas, luchando o resistiéndose a la Autoridad. Todos los casos de que ha tenido conocimiento son de detenciones en viviendas, lugares de trabajo o de estudio, o transitando normalmente por la vía pública.
II.4. La desaparición
Una vez que estas personas eran secuestradas o detenidas, la averiguación de la suerte que pudieran correr se convertía, para los familiares o amigos, en un verdadero calvario, casi siempre sin resultados visibles. Por lo común, al enterarse recurrían a las dependencias policiales y militares más próximas para preguntar por los detenidos. La respuesta invariable que se les daba era que allí no se sabía nada, que ni estaban detenidos ni existía acusación alguna contra ellos. De esta forma, todo parecía ordenado para que se perdiese el más mínimo rastro del detenido.
En su angustia, familiares y amigos cercanos acababan por recurrir a abogados, a asociaciones religiosas y humanitarias, organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos cuando podían tener acceso a ello. Una vez asesorados, casi todos presentaban recurso de "Habeas Corpus", formulaban denuncias ante los Tribunales por privación ilegítima de libertad; efectuaban gestiones administrativas ante el Ministerio del Interior; realizaban gestiones ante la Embajada o Consulado respectivos, en el caso de extranjeros; dirigían escritos al Papa y al Consejo Mundial de las Iglesias, etcétera. Algunos españoles solicitaron y obtuvieron también, audiencia de S.M. el Rey don Juan Carlos, cuando visitó Argentina, en la segunda quincena de noviembre de 1978.
Todas estas gestiones acababan estrellándose contra la negativa del Poder ejecutivo a reconocer que hubiesen sido detenidos o tuviesen noticia alguna de ellos.
Progresivamente, los familiares de desaparecidos, cuyo coraje pudo superar la prueba del desaliento y el paso del tiempo, fueron organizándose en entidades coordinadas para proseguir su búsqueda y defensa. A este respecto, es imposible dejar de reseñar aquí el caso de las Madres de la Plaza de Mayo, argentinas, ya mundialmente famosas y que la Comisión ha podido escuchar sobrecogida de respeto ante el enorme valor moral y humano de su testimonio.
Pero no todos los detenidos desaparecieron para siempre. Algunos han acabado por ser liberados, a veces por motivaciones que más parecen deberse a un conjunto de azares que a un plan preconcebido. A través de sus testimonios, varios de los cuales han podido ser directamente escuchados por la Comisión, es posible reconstruir el proceso seguido por la mayoría de los detenidos hasta convertirse en desaparecidos.
Con posterioridad al secuestro, las personas eran conducidas a diferentes establecimientos militares o paramilitares, comenzando una etapa que podía denominarse de "averiguación de antecedentes". Al mando de estos establecimientos se encontraba "un personal adiestrado, con cierto nivel jerárquico, que utilizaba malos tratos y tortura como método en los interrogatorios, con claros fines de ablandamiento de obtener confesiones, datos sobre otras personas y, en algunas ocasiones, como sistema intimidanterio frente a quienes luego eran liberados sin interrogatorios, que eran, generalmente, los familiares o amigos que en el momento de la aprehensión se encontraban con la víctima.
Las informaciones coinciden en afirmar que la tortura en las detenciones ilegales prolongadas era aún más grave que en los secuestros de corta duración.
De acuerdo con los testimonios recibidos, sólo una mínima parte de los aprehendidos fueron, durante esta etapa, regularizados, es decir, sometidos a proceso o puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional" (Informe de la CIDH).
Por el contrario, a la gran mayoría se les pierde todo rastro en esta etapa, pudiendo presumirse, fundadamente, que fueron eliminados de diversas formas con la misma ilegalidad absoluta con que habían sido detenidos; sin orden oficial, sin juicio, sin derecho de defensa, sin que sus nombres fuesen consignados en registro alguno hasta ahora conocido, procurando que sus cadáveres no pudiesen ser nunca hallados e identificados...
Entre estos campos de internamiento y presunto exterminio, el ya mencionado Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pudo realizar averiguaciones "in situ" y escuchar centenares de testimonios y pruebas, enumera los siguientes: Campo de Mayo; Superintendencia de Seguridad Federal; Puente Doce en el Camino de la Cintura; Base Naval del Mar de Plata; Brigada Guemes; Escuela de Mecánica de la Armada; El Pozo de Arana de la Ciudad de la Plata; Guardia de Infantería en Palermo; Regimiento Militar "La Tablada"; Regimiento Militar "La Rivera", en Córdoba y Comisaría de Policía.
La Comisión ha podido obtener además testimonios sobre el campo "La Perla", en la provincia argentina de Córdoba, y sobre los siguientes campos, en la provincia de Tucumán: Campo de la Jefatura Central de Policía; Campo "LRD" de la Compañía de Arsenales "Miguel de Azcuenaga" y Campo "Nueva Baviera".
III. Extracto de los testimonios de las Sras. Dª Lilliana Callizo y Dª Graciela Susana Geuna
Refugiadas, respectivamente, en España y en Suiza, las señoras doña Lilliana Callizo y Doña Graciela Susana Geuna son dos de las 17 personas que han logrado sobrevivir de un total de entre 1.500 y 2.000 que calculan estuvieron internadas en el campo militar de concentración "La Perla" situado a unos 17 kilómetros de la ciudad argentina de Córdoba. La Comisión ha querido ofrecer aquí algunos pasajes de sus respectivos testimonios. Ellos nos ayudan a adivinar y presentir el trato sufrido y la suerte final de tantos desaparecidos ("trasladados") que no han podido contarlo.
Secuestro
Señora Callizo
"Nosotras dos hemos estado secuestradas casi dos años por la dictadura militar en el campo de concentración "La Perla", y permanecimos un año bajo libertad vigilada.
Nuestros secuestros, producidos el año 1976, fueron realizados por personal de operaciones especiales del Destacamento de Inteligencia 141, con base en Córdoba...
En mi caso, yo estaba viviendo con una familia para la que trabajaba cuidando de los niños. Tengo un hijo de 7 años -en ese momento tenía nueve meses- y mi marido, mi compañero, que es obrero de Luz y Fuerza, había sido detenido en un golpe dado por la policía provincial en Córdoba, donde destituyen al gobernador..., todavía está preso, no está juzgado, lleva casi 9 años y seguimos esperando que se resuelva su caso.
Yo vivía con esta familia, estudiaba Ciencias de la Información y formaba a los grupos de base.
Llegan a mi casa y se identifican, sí, como miembros de la Fuerzas Armadas. Iban disfrazados: vestidos de negro con peluca hasta más abajo de los hombros...
En la casa donde vivía estaba la señora con dos niños, uno de cuatro años y otro de dos meses, un amigo de origen judío, que pasó a devolver unos libros, y yo. Al abrir la puerta entraron, más o menos, veinte personas con armas largas y nos pusieron contra la pared golpeándonos. Nos preguntan los nombres, nuestro amigo les da su nombre y empezaron a golpearlo muchísimo por ser judío. Entra otro grupo de gente que venía detrás con unos bolsos y empezaron a robar todo lo que había en la casa: se llevaron radios, televisor, todo. Nos llevaron a los tres y dejaron sólo a los dos niños. Al día siguiente es puesta en libertad la señora, porque nosotros gritábamos dentro del campo que estaban los niños solos.
En todo momento, en mi caso, ellos se identifican como Fuerzas Armadas, en ningún momento dicen otra cosa. Luego, a mí y a este amigo nos llevan después a la sección de tortura. Me conducen a una casa, que no sé a donde es, en la que me violan varias personas, que no sé quienes eran algunos de ellos, y me traen de nuevo al campo. Después me pasan a "la cuadra", como se llama el lugar donde estábamos todos los detenidos, y me ponen cerca de mi amigo. Este me dice: "Me amenazaron todos de muerte por ser judío. Que tengas mucha suerte: A mi me van a matar". Efectivamente, a los tres días, cuando pregunté de uno en uno a ver si estaba mi amigo, ya no estaba..."
Señora Geuna
" A mí me secuestraron, junto con mi marido, Jorge Omar Cazorla, nieto de españoles, en Córdoba. Los dos éramos estudiantes de la Facultad de Derecho; estábamos en quinto año. En esa época yo tenía veinte años y Jorge veintidós, y éramos militantes de la Juventud Universitaria Peronista. Eran las 16,30 horas, estábamos en casa. Jorge sale y yo salgo un poquito más tarde que él, unos diez minutos más o menos, y al salir escucho gritos en la calle que dicen: "¡Me llamo Jorge Omar Cazorla! ¡Me secuestran, me secuestran!".
Primero pensé que no era cierto, como piensa todo el mundo. Después lo que se me ocurrió fue salir corriendo hacia la calle (tenía que pasar un corredor, pues vivía en el piso del fondo) para tratar de ayudarlo, mi reacción normal en ese momento. Cuando me vieron salir corriendo, así me encontré con una cantidad de hombres muy armados -ametralladoras, escopetas, pistolas-, todos vestidos de civil, algunos la cara tapada, otros con binchas. Era un espectáculo muy raro. En ese momento se dicen: "vos sois la esposa de éste, ¿no?". "Sí claro. ¿cómo le secuestran a él?". Después me enteré adentro. El iba a salir de casa, se había olvidado el dinero, vuelve y había militares y altos civiles (después me enteraría que eran militares). Estaban viendo gente con movimientos sospechosos. Por el hecho de ver a las personas ir y venir se dijeron: "¿qué andarán merodeando por aquí?". Y decidieron secuestrarlas: fue simplemente por eso por lo que las secuestran.
En ese momento empiezan a pegarle. Yo veo que a Jorge estaban tratando de introducirlo dentro del baúl de un auto. Por supuesto que se resistía -yo también-, y los vecinos gritaban: ¡dejen a los chicos, dejen a los chicos!". Y ahí el capitán Acosta ( yo no sabía, por supuesto que era capitán: estaba vestido de civil con la brincha atada en el cabello) empezó a tirar escopetazos al aire y dijo: "¡Miren, los próximos tiros son para ustedes, así que entren todos!". Finalmente, consiguieron meterme a mí también en otro baúl, me desmayaron de un golpe en el estómago y cerraron los baúles. Yo iba esposada, con los brazos atrás, y partieron los autos.
Cuando recuperé el conocimiento traté de tirarme del baúl, no sé si para escaparme o para matarme, pero de cualquier manera cualquier cosa era mejor que lo que ya se oía en Córdoba: que todos los días se vivían secuestros, aparecía gente dinamitada, o sea, que ya sabía cuál era el destino.
Entonces, en un momento determinado, me doy cuenta de que los autos toman velocidad y me digo: "ya casi no tengo más posibilidades de escaparme, porque debemos estar en la carretera. Voy a hacer el último esfuerzo". Logré abril el baúl y me tiré. En ese momento ví que mi compañero también se tiró del baúl. Esto fue una casualidad, no hay explicación ninguna racional, porque no es que los militares tuviesen intención de dejar salir a nadie. El me dijo: "Graciela, corre para mi lado", porque, desgraciadamente, ya estábamos en plena ruta, trayecto al campo "La Perla", que queda cerca de Carlos Paz, a unos 17 kilómetros de la ciudad de Córdoba.
Nos tiramos del auto, disparan sobre nosotros y los dos corrimos. Justo nos tiramos (es todo zona militar, son 10 kilómetros de cuarteles) frente a IME -Industrias Mecánicas del Estado-, de la Aeronáutica. En ese momento a mí me agarran de nuevo, ahora la guardia de IME, y le dije: "Soldado, por favor, no deje que me lleven", porque yo me dije: "Ir prisionera es lo mejor que me puede pasar para que me hagan un juicio legal, un juicio justo en cuanto a las acusaciones que puedan tener contra mí". Pero los que vinieron de civil mostraron credenciales de Inteligencia y les dijeron: "Vía libre".
Me agarraron de nuevo, me metieron esta vez dentro de un baúl, se sentó un tipo encima de mí y me dijo: "Tu marido es boleta". Boleta, en jerga militar, quiere decir muerto. En principio creí que era mentira, que lo decían para desmoralizarme. Unos cinco minutos después llegamos al campo, me sacó la venda, me puso la cara dentro de un baúl y vi que Jorge estaba muerto.
Ya digo que cuando mataron a mi marido no sabían nada de él. Cuando llegamos al campo se ponen a buscar en los ficheros (esto era el 10 de julio de 1976, el golpe militar había sido el 4 de marzo y la Universidad les había pasado fichas de activistas universitarios), sacan mi ficha -la tenían con mis fotos y todos mis datos como activista-, así como la de mi marido, etcétera.
Y después ya comienza la tortura. Pienso que todo el mundo aquí sabe lo que es la tortura, así que no tiene sentido entrar en eso. Es todo: desnudarte, "picana" eléctrica, palos, golpes, agua; todo lo que se puede imaginar, durante días. Me mostraban al marido muerto, me decían: "Mira como se está pudriendo, ya te vas a pudrir igual que él". La tortura es siempre, más o menos, la misma."
El Campo
Señora Callizo
"En La Perla esto estaba dirigido por un capitán, normalmente, que fue cambiando a través del tiempo; luego seguía un teniente primero, después había varios sargentos y tenientes y estaba custodiado (había cuatro garitas y alambres cerrando todo; se ve desde la ruta, está a 100 metros) por gendarmería nacional que tiene el rol de custodiar fronteras y cárceles en nuestro país. O sea, que era una cosa que, por supuesto, no era legal, ni conocida, ni se admite nunca que existe el campo La Perla, pero quiero decir que era con la infraestructura del Estado.
Nosotros todo esto no lo sabemos cuando caemos. Lo sabemos porque ha sido nuestra vida durante tres años, es decir, que vamos teniendo ideas. Recién a los seis meses sabemos que estamos en La Perla. Después, un día nos sacan a tomar el sol (estábamos siempre con venda), ahí podemos levantarnos la venda y vernos que estábamos en un lugar -Caleras de Yoesine- y nos damos cuenta donde estamos situados y ubicados.
Luego, con el tiempo, empezamos ya a tener acceso a información. Entre todos nosotros nos íbamos pasando los datos que pudiéramos tener para centralizar, porque si alguno salía, esto había que decirlo...
Quiero contar que el General Menéndez nos ha visitado y le hemos visto. El General Menéndez era el Jefe del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército. También el General Sasiaín, el General Bossy, el General Maradona. Iban de inspección y, por supuesto, vestidos de militares, no de civil...
Otra cosa interesante, por ejemplo, es que, además de la gente que participaba, que eran militares y civiles adscritos al ejército, además de los militares de Inteligencia, como ellos no quieren "ensuciarse" solos, según decían, hacían participar a militares de otras unidades (según nos comentaron a nosotros, hasta el año 1978, hasta subtenientes participaron todos) en operativos, o sea, en todo tipo de secuestro, torturas, etcétera. Iban por un día, a lo mejor, pero para hacer su práctica. Ellos decían: "A nosotros no nos van a asilar para hundirnos después", o sea, que iban a poner las manos todos. Y vimos pasar todos los días a grupos de militares, estos ya vestidos de militares, mientras que los de Inteligencia iban vestidos de civil...
Dentro del campo hubo niños de paso, o sea, los que detenían en enfrentamientos o detenciones en las casas. Por lo general, en ese campo no conocemos que haya niños desaparecidos. El capitán que estaba al cargo del campo tenía la idea de devolver a los niños. Por ejemplo, nacieron dos. Se mató a muchas embarazadas de seis o siete meses para abajo, en las que no se notaba tanto el vientre. A estas personas las llevaban con ponchos o mantas tapándolas para que el pelotón o quienes hacían los traslados no vieran que estaban embarazadas. Pero cuando caían detenidas, secuestradas, mujeres ya al borde del parto, traían médicos y consultaban; quisieron hacer un parto ya dentro y el plan era matar a la madre mediante una inyección, pero eso no fue posible. Entonces, las atendieron en el Hospital Militar, donde nacieron dos niños que llevaron a las casas de sus abuelos...
Había jóvenes de secundaria, o sea, de trece y catorce años, que fueron trasladados; había una madre y una hija y las dos fueron trasladadas.
Había gente de todas las edades. Estaba el caso de una mujer a quien habían detenido por error y le habían robado todo en la casa. Después, cuando hacen un recuento de toda la gente, dicen: "¡Huy!, esa mujer, nos la olvidamos aquí dentro". Entonces dijo uno: "Pero en la casa ya no hay nada, le hemos sacado todo". "Entonces, hay que trasladarla". Y la trasladaron."
Señora Geuna
"Quiero agregar otra cosa. Había gente de todo tipo de ideología, incluso gente que no tenía militancia. Hay, por ejemplo, el caso de un hombre, de apellido Rizuela, que estaba haciendo el servicio militar y le tocó hacerlo en cárceles, junto con la gendarmería nacional, y se enteró por un gendarme que había estado en La Perla, de que existía un campo de concentración que se llamaba La Perla. Se enteró en el año 1976 y lo comentó con sus amigos. Se entera de esto un militar que vive en su barrio y lo secuestran y trasladan porque se enteró de que existía La Perla."
"Traslados" (Desapariciones)
Señora Callizo
"El funcionamiento en sí del campo eran traslados. Por ejemplo, en el momento que me secuestran a mí, había, aproximadamente, en el campo 150 ó 200 personas. Es uno de los números más altos que yo he visto. Esa noche, en el momento en que nos empezaron a golpear fue en conjunto porque éramos muchísimos. Entonces, nos encerraron a todos y comienzan a golpearnos a todos juntos.
Los traslados se hacían semanalmente o cada quince días. Después empezaron a organizarlos mejor. Por ejemplo, iba un grupo grande, de 10, 15 ó 20 personas, pero luego vieron que tenían que participar todas las fuerzas armadas, empezaron a hacer grupos de a tres. Entonces, iban tres un día, tres el otro; se cambiaba el pelotón.
En un primer momento, el plan de ellos, es que no permaneciera nadie en el campo, o sea, durante todo el proceso que ellos lo tuvieron. ¿Qué pasó después? Empezaron a comentar ellos y decían: "Es muy feo llegar y encontrar siempre miradas y caras distintas. Podemos dejar un plantel que, por lo menos, nos conozcamos un poco". Por ejemplo, las tareas dentro de la "cuadra" había que distribuir la comida, barrer, limpiar; a algún coche que no andaba bien iban los hombres jóvenes a arreglar un motor, a inflar alguna rueda. Entonces, nos dieron como una especialidad. Unos tenían aptitud para repartir la comida, el otro para barrer, el otro para limpiar y se formó un grupo de gente. A mí, por ejemplo, me toca barrer cuando llegan, me dan un día una escoba y me quedo. "Bueno, el que tuvo una escoba ayer, que siga; el que pasó el piso, que siga; el que arregló el coche el otro día, que vuelva". Y nos quedamos un grupo en tareas de limpieza, de atención a los que se morían adentro, por ejemplo. Nos permitían a este grupo que era más viejo, digamos, atender en la agonía a la gente que moría en la tortura. Nosotros nos sentábamos al lado de ellos (no había atención médica, por supuesto), les acompañábamos hasta que morían, corríamos un poco su cuerpo al medio de la "cuadra", llamábamos al guardia y lo sacaban fuera. Esto era una cuestión interna de mantenimiento de la "cuadra", digamos: de los prisioneros, heridos, etcétera.
En la cuadra quiero decir que no estábamos en celdas, sino en un recinto muy grande donde permanecíamos todos, uno al lado del otro, durmiendo en el suelo, en unas colchonetas de paja, los ojos vendados. En los primeros tiempos era esposados. Después nos sacaron las esposas, nos pusieron un hilo y ya después ni eso. Pero, era siempre con guardias, con gendarmería -por supuesto, armados-, adentro, afuera y por todas partes y vendados. Por ejemplo, yo estuve un año vendada y nos bañábamos vendados, hacíamos todo vendados. Empezamos a tener ya todos el sentido de la orientación así, o sea, que no estábamos separados y podíamos llegar a tener información. Por ejemplo, yo me acuerdo que por ahí me enteraba de que trasladaban a alguien porque pasaba un cigarrillo. Yo decía: "Pasa un cigarrillo para tal", se lo daba al de al lado y por ahí volvía y me decían: "No, no está más; lo han trasladado."
Señora Geuna
"Nosotros veíamos todo este movimiento. Por ejemplo, una vez una amiga -no sabemos ni el nombre de ella- la conocí adentro, se queda cuando dicen de pasar a ducharnos. Deciden que fuéramos diez y ella era la número once. Se queda y me dice: "Bueno, si pueden conseguir un poquito de jabón me lo traes". Vuelvo -a todo esto vendada-, la digo "toma el jabón" y no me lo recibía nadie. Empiezo a tocar y no estaba ella; ya se la habían llevado..."
La Liberación
(A preguntas de varios señores Senadores sobre cómo tuvo lugar su liberación, responden:)
Señora Geuna
"Miren, es que no sé ni cómo salimos. A mí me parece que, personalmente, es la pregunta más difícil que tengo para contestar, porque no tengo ni siquiera una respuesta para mí misma, ya que para eso tendría que explicar la lógica del fascismo... Ahora, yo la puedo explicar a través de muchos hechos personales que se dan dentro del campo, por ejemplo, el del Coronel Fierro, asesor de Menéndez, que era íntimo amigo de mi abuelo. Se da el caso de otro capitán con cuya hermana yo había hecho la escuela secundaria. Se van dando hechos porque la gente te conoce -éramos todos de Córdoba- y se va produciendo todo un proceso interno, donde yo creo (la respuesta la tienen que dar ellos; no sé por qué salimos), en función de cosas que ellos nos decían a nosotros, es que necesitaban dejar gente con vida para ellos mismos, es decir, para sentirse no sé si, posiblemente un poco descargados de culpa y, por otro lado, como manifestación de poder total. A mí una vez uno me dice: "El que tiene poder puede conceder. Total, si ustedes salen y hablan, ¿qué nos importa mientras tengamos el poder nosotros?" O sea, para mí era igual, el mismo hecho, que nos dejaran en libertad o que nos mataran. Ellos lo que nos querían demostrar, y lo decían siempre: "Dios somos nosotros". Yo creo que es el poder decirte: "A vos te dejo vivir porque es que no me interesas", o "A vos te mato porque tampoco me interesas". Pero aquí mando yo.
Miren, son muy largas las circunstancias de la liberación, porque yo no sólo puedo contar lo del amigo del abuelito, también puedo contar, por ejemplo, que a mi familia se le hizo pagar rescate y que se cobraron rescates a muchas familias. Cuando ellos veían que era una familia más o menos pudiente, porque siempre averiguaban los ingresos de la familia, usaban después el método del rescate, y eso se ejerció siempre. O sea, también puede ser eso o el amigo de mi abuelito; es que no lo sé.
Por otro lado, medió otra circunstancia. Los militares eran muchos de ellos cursillistas, católicos de derechas, y mi familia tenía militancia católica, no de derechas. Pero consiguió tener relación, porque uno en ese momento intenta ver quién le puede decir algo. Por ejemplo, a mi madre un coronel le dice: "Bueno, ¿estás dispuesta a resignarte?", y mi madre le responde que sí. Entonces, él dice: "Está en un lugar donde no va a salir nunca más. Está en tal lugar". Mi madre, en ese momento, le dijo, "muchas gracias", se fue al general Sasiaín y le dijo: "Sé dónde está mi hija y le voy a hacer un escándalo si no aparece".
Es decir, se juntaron muchos elementos aleatorios, que yo no puedo determinar cuál está el primero..."
Señora Callizo
"Se plantea el año 1978 que tenía que haber una salida para nosotros. Nosotros lo relacionamos con el antecedente que hay en el campo de la EMA, en Buenos Aires, donde por esa época salen 80 personas. Por supuesto, nosotros desconocíamos que era una línea general de campo. Pero en el año 1978 esto se plantea. Nos proponen mandarnos a una cárcel, o sea, empiezan a estudiar la forma de hacernos aparecer en la sociedad nuevamente. Nuestros casos fueron especiales, por su marido muerto y por el amigo mío también muerto.
Entonces, nos quisieron hacer un juicio público con miles de justificativos: que no habíamos estado secuestrados, que éramos detenidos, etcétera. Eso veía el coronel que no podía andar. Después se pasó a otro plan, el de decir: "Bueno, ustedes van a la cárcel con el resto de los presos, pero claro, si ustedes hablan, también las penas que van a tener va a ser doscientos años más o menos". O sea, se empezó a hablar de todas las posibilidades. No fue "Vamos a pasarlas a régimen de libertad vigilada, en lo primero". Se llega a eso porque, después de haber hablado y discutido ellos todas las posibilidades, viene también el traslado del jefe del campo, un coronel que lo trasladan a la Embajada Argentina en Moscú. Entonces, él dice: "Yo quiero aquí terminar este proceso que cierra, digamos, y dejaron una salida para todo esto".
Señora Geuna
"Yo me acuerdo de que el coronel Anadón, que fue el responsable del Destacamento de Inteligencia (yo creo que ustedes lo pueden encuestar porque actualmente es el responsable de Radio Universidad, es Interventor de Radio Universidad en Córdoba y Canal 10 de Televisión, coronel César Emilio Anadón), nos dijo, una vez que vino a hablar antes de que saliéramos: "Yo me siento redimido por el hecho de que ustedes 17 estén vivos y voy a hacer que antes de irme ustedes 11 salgan con vida. Tengo que ver como lo voy a hacer". Es decir, yo creo que entró mucho la voluntad de hombres concretos (...) para determinar ese proceso.
Se produce esto porque nosotros no sabíamos en qué iba a terminar. Luego vinieron un día, sin explicarnos nada -nosotros pensábamos que estaban por hacernos consejo de guerra- y nos dijeron: "Súbanse al auto, agarren las cosas", y nos llevaron a la casa de ella, porque yo no vivo en Córdoba, sino en la Provincia, diciéndonos que quedábamos ahí bajo libertad vigilada, que teníamos que llamar por teléfono, y nos dan los teléfonos del destacamento donde teníamos que llamar todos los días; al mismo tiempo, ellos venían permanentemente a la casa a controlar, es decir, se da toda una situación de control, hasta que luego, como ustedes saben, en febrero se dan siempre los cambios de militares, que empiezan a pasar de un lado para otro, y cuando se dan estos cambios, como era una situación tan de hecho, no de derecho, no quedan ahí hombres concretos que nos controlen.
Entonces, aprovechando eso, yo me fui con unos curas amigos (que, ocasionalmente, eran de Navarra) a la Patagonia, donde me quedé escondida hasta que pude tramitar pasaporte, que me lo dieron sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la información no estaba centralizada, es decir, el ejército no se la pasaba a la policía federal, ni a la policía de la Marina, porque estaban todos peleados entre ellos. Para ellos, información es poder.
Mientras tramitaba el pasaporte me fui a esconder y mi padre fue a retirarlo. Cuando lo retiró me dijo: "Ya está el pasaporte. Hasta luego". Las amenazas eran constantes. Luego ha habido amenazas a mi familia; cuando presenté la denuncia ante la ONU amenazaron a mi familia de muerte mucho tiempo. Yo llegué aquí y mi intención era quedarme a vivir, pero, lamentablemente, he recibido amenazas de muerte, que estaba por denunciar, y me fui.
La compañera ha recibido también amenazas. Es decir, la situación de amenaza no termina todavía..."
IV. Tres casos de desaparecidos
A continuación, la Comisión quiere ofrecer tres casos de desaparecidos. Tres casos, dos españoles y otro hijo de españoles que, por su edad y demás circunstancias que concurren, pueden considerarse típicos del conjunto de desaparecidos de origen español.
Deliberadamente se transcriben los datos escuetos referentes a su ficha de desaparecidos, conscientes de que este estilo aparentemente burocrático puede contrastar con el patetismo y la angustia existencialmente reflejados en el testimonio anterior. Pero unos y otros -testimonios y datos- constituyen piezas fundamentales de este informe que, ante todo quiere ser fidedigno.
1. Manuel Ramón Souto Lestón
Español, nacido en La Coruña, el 30 de enero de 1946.
Residente en Argentina, con su documentación en regla: LEN 5.769.751.
Estado civil: soltero.
Profesión: obrero chapista.
Empleado en la fábrica Peugeot, en la localidad de Florencia Barela, provincia de Buenos Aires.Detenido el 13 de junio de 1976, junto con un matrimonio amigo formado por Juan Carlos Almada e Isabella Raquel Schulz de Almada, hallándose Manuel Ramón Souto de visita en casa de sus amigos.
Lugar de detención: número 26 de la calle Islandia-Lomas de Zamora, Partido de Villa Florito, provincia de Buenos Aires.
Circunstancias: A las 5,00 de la mañana, llegan a casa de sus amigos cinco hombres armados vestidos de civil y que se identifican como policías. Los detienen a los tres y les llevan en una camioneta gris clara.
No vuelve a saberse nada de él, pese a que su madre, doña Carmen Lestón de Souto (con documentación CIN 5.244.177 y domicilio en Casa Cuberta número 5028, Villa Domanico, Avellaneda, Buenos Aires) efectúa gestiones incansables:
Presenta varios recursos de Habeas Corpus, obteniendo siempre resultado negativo. Presenta denuncia por privación ilegítima de libertad ante la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires, expediente número 186.464.
Denuncia en la Comisaría de Lomas de Zamora.
Envía carta de denuncia al Presidente de la República Argentina, al Ministro del Interior, al Comandante del Primer Cuerpo del Ejército, al Episcopado Argentino, a la Organización de Estados Americanos (OEA), a las Naciones Unidas, en la Embajada de España, ante las "Madres de la Plaza de Mayo".
Gestiones que no han arrojado hasta ahora luz alguna sobre la suerte y paradero del desaparecido Manuel Ramón Souto Lestón.
2. Miguel Ángel Labrador Pérez
Nació en 1951, en Argentina, a donde, un año antes, habían llegado sus padres Víctor Labrador y Esperanza Pérez procedentes de San Esteban de la Sierra (Salamanca), donde habían nacido ambos así como otros tres hijos suyos anteriores.
A sus veintiséis años, Miguel Ángel Labrador Pérez trabajaba en una pequeña empresa de calzado, propiedad de su familia, en la provincia de Santa Fe. Su documentación era LEN 8.506.916.
El día 10 de septiembre de 1976, Miguel Ángel Labrador es enviado por su padre a efectuar diversas cobranzas por la provincia. No llegó a su destino, ni pudo hacer las visitas previstas, ni llamó por teléfono como acostumbraba cuando estaba fuera de casa.
Después de múltiples gestiones para encontrarlo, la familia se entera de que Miguel Ángel ha sido visto en la Jefatura de Policía de Rosario, cuando era sacado de una oficina. Su padre consigue que un comisario inspector conocido suyo, llamado Antonio Ávila, le acompañe a esta Jefatura de Policía; después de registrar los archivos, le informa que, efectivamente, su hijo Miguel Ángel había estado allí, pero que luego ha sido trasladado ignorándose el lugar donde se encuentra.
No se ha vuelto a saber nada de Miguel Ángel Labrador Pérez, pese a los numerosos recursos de Habeas Corpus presentados y a las múltiples gestiones llevadas a cabo ante el Ministerio del Interior, la Embajada de España, "Madres de la Plaza de Mayo", etcétera.
Estos recursos y gestiones han debido ser efectuadas por la madre de Miguel Ángel, Esperanza Pérez, y demás miembros de la familia que lograron sobrevivir y regresar a España.
Pues el padre, Víctor Labrador, así como su hijo Palmiro Labrador y su nuera Edith Graciela Koatz, fueron asimismo secuestrados y muertos en la madrugada el día 10 de noviembre de 1976. En el caso del padre de Miguel Ángel Labrador, su secuestro se produjo en su casa por más de 20 hombres armados y encapuchados, quienes le golpearon brutalmente junto con su esposa, le vendaron los ojos y lo llevaron; su cadáver apareció horas más tarde mutilado y torturado. Aparentemente, ésta había sido la respuesta a las reclamaciones que Víctor Labrador había comenzado a hacer ante el Ministerio del Interior para averiguar el paradero de su hijo Miguel Ángel Labrador Pérez.
3. Antonio Llidó Mengual
Español, nacido el 29 de abril de 1936 en Javea (Alicante).
Sacerdote secular desde 1962.A partir de 1969 trabaja como tal en la diócesis chilena de Valparaíso adonde había acudido voluntariamente a través de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA).
En su labor pastoral se destacó por la toma de posturas en defensa de las clases más humildes, en las diversas parroquias que le toca regentar en los suburbios de la localidad de Guillota.
Ante la represión que sufrió el pueblo chileno al ser derrocado el Presidente Allende, don Antonio Llidó Mengual se vio obligado a pasar a la clandestinidad.
Fue detenido en fechas que oscilan entre mediados de septiembre y primero de octubre de 1974. Tras su detención, la DINA (policía política chilena) lo mantuvo preso en el número 1.215 de la calle José Domingo Cañas, donde fue salvajemente torturado. Se cree que con posterioridad fue internado en el campo de concentración "Cuatro Álamos", donde se pierde todo rastro de él.
Se han efectuado gestiones, sin resultado alguno, para saber su paradero por la Embajada de España en Chile, la Embajada belga en Chile, la Nunciatura Apostólica, Cruz Roja Internacional, Naciones Unidas, diversas Comisiones de Derechos Humanos, Senado español, etcétera.
V. La actitud del Poder Judicial
Ya hemos expuesto antes que los recursos de Habeas Corpus y demás reclamaciones presentadas ante los Tribunales argentinos no obtuvieron generalmente resultado alguno en cuanto a esclarecer la situación de los desaparecidos. En el caso concreto de los españoles, los recursos presentados fueron sistemáticamente sobreseídos.
Esto ha llevado a la Comisión a plantearse cuál ha sido la actitud general del Poder Judicial Argentino en todo este problema. Para responder a esta cuestión, nos limitaremos a resumir lo que al respecto expuso en su día el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. A su autoridad moral y política, por todos reconocida, une el Informe la ventaja de haber sido verificado "in situ". La Comisión senatorial española a la que el Gobierno argentino no autorizó a viajar a aquel país, hace constar, sin embargo, que todas las referencias y testimonios que ha podido obtener al respecto coinciden con los datos aportados por el Informe de la CDIH. De él extractamos los pasajes más relevantes.
"Los miles de recursos Habeas Corpus interpuestos ante el Poder Judicial en favor de los detenidos desaparecidos no han producido resultados efectivos. Inicialmente, ante la interposición de tales recursos, los Jueces federales solicitaron a las Autoridades correspondientes -generalmente el Ministerio del Interior, el Jefe de la Policía o los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas- un Informe para precisar si las personas estaban o no detenidas bajo alguna jurisdicción. Como las respuestas señalaban que no se registraban antecedentes de detención, los Tribunales optaron por rechazar los recursos.
Posteriormente, los denunciantes, a medida que obtenían mayores elementos de juicio que hacían presumir la intervención de fuerzas estatales en los operativos a que se ha hecho mención, fueron presentando mayores pruebas en los recursos. A pesar de ello, los resultados continuaron siendo negativos, sin que el Poder Judicial asumiera un rol más activo en la investigación de la situación de detenido-desaparecido. En algunas oportunidades los Tribunales competentes optaron por remitir los casos a los Jueces de Instrucción con el fin de iniciar procesos por privación ilegítima de la libertad; pero este camino tampoco resultó fructífero en la solución del problema y la gran mayoría de las causas han finalizado en un sobreseimiento provisional debido a la dificultad con que se encontraban los jueces al no obtener los debidos Informes de las Autoridades militares o policiales."
Se refiere a continuación el Informe de la CDIH a la "lenta evolución sufrida últimamente", al conseguirse que la Corte Suprema emitiera algunos fallos en que de alguna forma acusada, aunque tímida y veladamente, la falta de cooperación del Poder Ejecutivo con la Administración de la Justicia. La Corte Suprema equiparaba las circunstancias en que se hallaba a las de "privación de la justicia, toda vez que esta situación no sólo se configura", razonaba, "cuando personas se encuentran ante la imposibilidad de recurrir a un Tribunal competente o cuando la decisión judicial se aplaza en forma irrazonable o indefinida, sino también cuando no se dan las condiciones necesarias para que los Jueces puedan ejercer su imperio jurisdiccional con la eficacia real y concreta que, por naturaleza, exige el orden jurídico, de manera que esté al alcance su efectiva vigencia en el resultado positivo de las decisiones que la Constitución Nacional ha encomendado al Poder Judicial".
"A raíz de este fallo innumerables Recursos de Habeas Corpus volvieron a presentarse, tropezando con dificultades en los Jueces de Primera Instancia, quienes continuaron recibiendo los mismos Informes del Poder Ejecutivo, lo que hace que la vía judicial para los detenidos-desaparecidos continúe siendo inoperante."
Este Informe de la CDIH está fechado a 11 de abril de 1980. Nuestra Comisión sólo puede constatar que, por desgracia, tal resumen de la situación ha seguido y sigue rigurosamente vigente hasta ahora. Los Tribunales de Justicia se han mostrado totalmente inoperantes a la hora de esclarecer la suerte seguida por las personas desaparecidas. La causa ha sido tanto la falta de libertad de Tribunales y Jueces como la negativa a cooperar con ellos por parte del Poder Ejecutivo. Desgraciadamente, hay que recordar aquí cuando de verdad tiene aquel dicho de que la libertad es indivisible, y que cuando todo un pueblo es privado de ella las Instituciones que deberían garantizarla o desaparecen o se degradan hasta niveles insospechados de indignidad.
Informaciones recientes aluden a un recursos de Habeas Corpus sobre detenidos-desaparecidos en el que habrían sido citados a declarar los ex presidentes, generales Jorge Rafael Videla y Roberto Viola. Quizá pueda esto interpretarse como un signo de que ciertos tribunales argentinos de Justicia van recuperando la independencia y sentido de responsabilidad en su actuación respecto a los detenidos-desaparecidos. Sobre si se puede esperar de ello que otros recursos de Habeas Corpus referentes a ciudadanos comunes puedan ser replanteados con esperanzas serias de ser examinados con mayor objetividad que hasta ahora, la Comisión no se atreve a dar una respuesta, que sólo el tiempo podrá proporcionar.
VI. La opinión pública ante el problema de los desaparecidos
Pese a la enorme importancia política, jurídica y moral que encierra el problema de los desaparecidos, éste sólo muy lentamente ha ido calando en la opinión pública. La naturaleza misma del sigilo con que con frecuencia se rodeaban las detenciones; el hecho de que se procurase cegar todas las fuentes de información que permitiesen seguir el rastro de los desaparecidos; y sobre todo el miedo generalizado que consciente o inconscientemente parece haberse extendido sobre el país, unidos a la falta de libertad de prensa, son algunos de los factores que impidieron al principio crear una conciencia generalizada del problema.
Sin duda, por temor a las represalias, "inicialmente" la mayoría de los periódicos se negaron a publicar noticias que hicieran referencia al tema, e inclusive se llegaron a negar a la publicación de avisos pagados que mencionaran en su redacción la palabra "desaparecidos", según consigna el Informe de la CIDH.
Sin embargo, la amplitud misma del fenómeno que afectó a miles y aún probablemente decenas de miles de familias, hacía imparable su divulgación a medio plazo. La persistente denuncia de las organizaciones de defensa de los derechos humanos; el coraje moral y eficacia divulgativa demostrados, por ejemplo, por las " Madres de la Plaza de Mayo"; los impresionantes testimonios de algunos de los supervivientes de los campos clandestinos de exterminio; el mismo debilitamiento de la dictadura como consecuencia de la crisis económica y la provocada por el desenlace de la guerra de las Malvinas, han ido contribuyendo a que la atención pública internacional se centrase en Argentina y que sus mismos habitantes exijan luz sobre su inmediato pasado. Es así como han comenzado a aparecer en la prensa de diversos países reportajes y listas de desaparecidos; y, a partir de ahí, un clamor general pidiendo explicaciones y justicia.
VII. La posición del gobierno argentino
Pese a los más de tres años transcurridos desde que la CIDH emitiera su Informe sobre el pavoroso problema de los desaparecidos en Argentina, el paso del tiempo no ha hecho sino corroborarlo en términos generales. Por eso y por la alta autoridad moral del organismo esta Comisión lo hace suyo también en lo que se refiere a la actitud oficial del Gobierno argentino. A continuación reproducimos sus pasajes más representativos, que luego completaremos con incorporaciones de otros documentos que han visto la luz pública posteriormente.
"La posición del Gobierno al iniciarse el reclamo de los familiares... fue eludir una contestación clara y afirmar desconocer el paradero de los desconocidos. Con el transcurso del tiempo y debido principalmente al incansable batallar de los reclamantes, ha reconocido que el hecho existe y ha adecuado los mecanismos internos del Gobierno, a través del Ministerio del Interior, para atender los reclamos y suministrar información. Pese a ello, muchas contestaciones siguen siendo imprecisas...
Frente al Poder Judicial, al pedir éste último informe en la tramitación de los recursos de Habeas Corpus, el Poder Ejecutivo ha respondido reiteradamente desconocer el paradero de las personas, afirmando que no se encuentran detenidas ni a disposición de ninguna autoridad civil o militar.
Fundamentalmente, cuatro causas han sido aducidas por las Autoridades Gubernamentales como determinantes de las desapariciones: a) que han muerto en enfrentamientos y que debido al estado de los cadáveres no fue posible identificarlos; b) que han abandonado el país clandestinamente; c) que han sido ejecutados por grupos subversivos por ser desertores, y d) que se encuentran en la clandestinidad.
Últimamente, sin embargo, las Autoridades han comenzado también a señalar como una de las causas de desaparecimiento los "excesos o abusos en la represión", aunque sin hacer referencia a ninguna situación específica o caso concreto."
Pero si ésta era la posición oficial del Gobierno Militar Argentino cuando fue redactado el Informe de la CIDH, las voces individualizadas de altos Jefes Militares comenzaron pronto a ser bastante más explícitas.
Así, el 29 de mayo de 1979 y con motivo de celebrarse en Argentina el Día del Soldado, el Comandante en Jefe del Ejército y Miembro de la Junta Militar, General Roberto Viola, justificaba los supuestos excesos cometidos en la "guerra sucia" con estas palabras:
"Esta guerra sí tiene, como todas, y por eso es guerra, una dimensión distinta del valor de la vida. Se rompen diques y barreras, la vida y la muerte se juegan en aras de la victoria. Lo peor no es perder la vida. Lo peor es perder la guerra..." Para concluir que la "única explicación" que el Ejército argentino tiene para dar al pueblo "es la libertad que la Patria le encomendó asegurar".
Otro testimonio significativo es el emitido el 24 de enero de 1980 por el General de División Santiago Omar Riveros, Jefe de la Delegación Argentina en la Junta Interamericana de Defensa. En su discurso de despedida el General Riveros dijo, refiriéndose a lo que él llamaba guerra antisubversiva:
"... Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los Comandos Superiores. Nunca necesitamos, como se nos acusa, de organismos paramilitares; nos sobraba nuestra capacidad y nuestra organización legal para el combate frente a fuerzas irregulares en una guerra no convencional... Es simplemente no conocer o no saber que esta guerra nuestra la condujeron los Generales, Almirantes y Brigadieres en cada Fuerza... La guerra fue conducida por la Junta Militar de mi país a través de los Estados Mayores..."
Más recientemente, en unas declaraciones efectuadas a un enviado especial del Diario "Pueblo", publicadas por este órgano español de prensa el día 27 de enero de 1983, el General Ramón J. A. Camps, ex Jefe General de la Policía en la Provincia de Buenos Aires, se proclamaba orgulloso de haber dirigido personalmente la operación represiva en esta provincia. Aseguraba que el pueblo argentino entero, y aún la misma civilización occidental y cristiana, deberían estarles agradecidos por el éxito con que habían llevado a cabo esta guerra. Tildaba de cobardía a sus compañeros de armas que ahora trataban de rehuir responsabilidades. Refiriéndose a los desaparecidos españoles afirmaba que fueron eliminados en la lucha antisubversiva, y apostillaba que "por ser subversivos, nunca por ser españoles."
Pero el documento que de forma más oficial y definitiva nos da la posición del Gobierno Militar Argentino sobre el problema de los desaparecidos es el hecho público por el propio Gobierno con fecha 29 de abril de 1983 en Buenos Aires. Esta Comisión lo ha analizado en la fotocopia del Diario "La Nación", que le ha remitido la Embajada de la República Argentina en Madrid. Es un documento publicado aparentemente con la intención de poner punto final a la polémica desatada en torno a los desaparecidos. Por sus pretensiones tanto de ser la palabra definitiva como de constituir una explicación suficiente y auténtica del problema que nos ocupa, es necesario resumir aquí su contenido esencial, aún cuando su texto completo se adjunta como anexo III del presente informe.
Este documento es presentado por la Junta Militar como "un mensaje de fe y reconocimiento a la lucha por la libertad, por la justicia y por el derecho a la vida", y afirma estar destinado en primer lugar al conjunto del pueblo argentino y en segundo lugar al "mundo de los hombres libres al que pertenece y seguirá perteneciendo la República, fiel a su destino histórico".
El documento esquematiza la situación de inestabilidad y violencia sufrida por la República argentina " a partir de mediados de la década del sesenta", presentándola como un enfrentamiento entre por un lado lo que llama "las tres organizaciones terroristas más poderosas: "Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros", y por otra parte "las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales", que actuaban en nombre de "la Nación" y en defensa de "sus tradiciones".
Hace hincapié en que fue el propio "Gobierno constitucional" presidido por la señora doña María Estela Martínez de Perón, quien "a principios de 1975... impuso el estado de sitio en todo el país y ordenó el empleo de las Fuerzas Armadas para neutralizar y/o aniquilar el foco terrorista".
En la exposición que hace de los hechos, la única alusión indirecta a los posibles desaparecidos es aparentemente cuando dice que "durante estas operaciones fue prácticamente imposible establecer con precisión las bajas totales sufridas por las bandas de delincuentes terroristas y la identidad de sus componentes". Y esto "incluso cuando sus cadáveres quedaron en el lugar de los episodios, dado que actuaban bajo nombres falsos y con apodos conocidos como "nombres de guerra" y porque su estructura celular, modo de operar y compartimentación de sus acciones imposibilitaron disponer de un panorama más completo de los acontecimientos".
Silencia inexplicablemente este documento el hecho decisivo de que el 24 de marzo de 1976 estas mismas Fuerzas Armadas dieran un golpe de Estado, desbancando al Gobierno Constitucional y asumiendo por tanto voluntariamente la responsabilidad exclusiva en la dirección de los acontecimientos, y que fue precisamente desde esa fecha hasta finales de 1977 cuando tuvieron lugar la gran mayoría de las detenciones de personas que luego se convertirían en desaparecidos.
Y, aunque dejando para el capítulo siguiente nuestra valoración de los hechos, esta Comisión no puede menos de recordar ya aquí que la inmensa mayoría de los casos hasta ahora denunciados como desaparecidos en Argentina fueron detenidos en sus lugares normales de trabajo o de estudio o en la vía pública, no luchando; y que, en cuanto a los de origen español se refiere, esta Comisión no conoce ni un solo caso que haya sido detenido luchando o portando armas.
Respecto a los principios y procedimientos utilizados en la lucha contra la subversión, el documento de la Junta Militar dice que las Fuerzas Armadas se propusieron "el restablecimiento de los derechos de todos los habitantes y de las condiciones esenciales que deben garantizar la inviolabilidad del territorio y la convivencia social".
Admite que el carácter singular de esta lucha y los "procedimientos inéditos" a que obligó tal vez llevaron en algún momento al "eventual deterioro de la dimensión ética del Estado". Pero asegura que las Fuerzas Armadas, "a diferencia del accionar subversivo" no utilizaron directamente su poder contra terceros inocentes, aún cuando indirectamente estos pudieran haber sufrido sus consecuencias.
Describe un marco de lucha que califica de "casi apocalíptico" y admite que, en medio de él, "se cometieron errores que, como en todo conflicto bélico, pudieron traspasar a veces los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales". Pero confía el dictamen sobre los mismos "al juicio de Dios en cada conciencia y a la comprensión de los hombres".
Expresa que, en cualquier caso, las Fuerzas Armadas actuaron en esta lucha "orgánicamente y bajo sus mandos naturales" y operando "en cumplimiento de órdenes propias del servicio".
Como consecuencia de esta "guerra sucia" y entre las "heridas no cerradas de la sociedad argentina" el documento de la Junta Militar reconoce expresamente las "largas detenciones y desapariciones físicas de personas". Y prosigue diciendo: "Es el tema de los desaparecidos el que con más fuerza golpea los sentimientos humanitarios legítimos" del pueblo argentino. Alude a las respuestas sobre el tema reiteradas por el Gobierno "a las Comisiones específicas de los organismos internacionales competentes" que se interesaron por el problema.
Pero después de repetir una vez más que una parte de éstos pueden haber muerto en la lucha siendo imposibles de identificar sus cadáveres, que otros habrán pasado a la clandestinidad y otros se habrían refugiado en el exterior, concluye tajante: "En consecuencia, debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos, aún cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de sus sepulturas".
Este documento oficial de la Junta Militar argentina no consiguió el asentimiento pretendido. Por el contrario, fue contestado en el interior por familiares de los desaparecidos, juristas, entidades de defensa de los derechos humanos, organizaciones sindicales, partidos políticos... Los Gobiernos de otros países afectados por la desaparición de ciudadanos suyos en Argentina expresaron sus protestas, siendo especialmente destacable por su vigor y energía la del Presidente de la República Italiana, Sandro Pertini.
VIII. Posición del gobierno español
El Gobierno español expresó su protesta tanto ante la opinión pública como a través de la Embajada española en Buenos Aires, en nota elevada al Gobierno argentino.
El día 2 de mayo de 1983, el portavoz de nuestro Gobierno, hacía público un comunicado de Prensa en el que expresaba:
"El pasado día 28 de abril las Autoridades argentinas han publicado un documento en el que se analiza la cuestión de los desaparecidos. A reserva de la opinión que se pueda emitir una vez conocida en su integridad dicha declaración, el Gobierno quiere manifestar su profunda preocupación y rechazo ante la afirmación de que la casi totalidad de los desaparecidos eran terroristas. Muy especialmente, por lo que se refiere a aquellos 35 de nacionalidad española y a los 174 hijos y nietos de españoles por cuya suerte España se ha interesado. Al Gobierno español no se le ha procurado ninguna prueba que pueda avalar fehacientemente esta tesis. Por otra parte, el Gobierno español considera atentatorio a los más elementales derechos humanos el procedimiento empleado para erradicar de la sociedad argentina núcleos terroristas."
Y concluía la nota del Gobierno español reiterando la esperanza de que "el hermano pueblo argentino encuentre un camino hacia la paz y la concordia mediante procedimientos que conviertan en mero recuerdo de un trágico pasado hechos y procedimientos como los señalados en el documento emitido por la Junta Militar".
Tres días más tarde, el 5 de mayo de 1983, la Oficina de Información Diplomática de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores hacía pública una nota en la que afirmaba:
Que el Embajador de España en Buenos Aires acaba de entregar un Memorandum a las Autoridades argentinas recabando de nuevo explicaciones satisfactorias sobre la suerte y paraderos de 209 españoles y descendientes de españoles.
Que se habían dado instrucciones a nuestro Embajador para rechazar ante el Gobierno argentino "la calificación general de "terrorista" atribuida a casi todos los "desaparecidos" en el documento de la Junta Militar, así como la justificación de los métodos empleados para erradicar núcleos terroristas, métodos que por su improcedencia y brutal naturaleza han afectado a miles de personas (...) que no pudieron defender su inocencia".
Y concluía la nota de la OID con esta enérgica advertencia:
"El Ministerio de Asuntos Exteriores quiere subrayar que en ningún caso puede considerar el Gobierno español que el documento de la Junta pueda ser aceptado como un Informe definitivo y exculpatorio de las responsabilidades que recaen sobre los inductores y autores materiales de secuestros realizados, al amparo de las propias estructuras e instituciones del Estado Argentino con total menosprecio de los más elementales derechos humanos, no sólo de ciudadanos argentinos y otras nacionalidades, sino también de ciudadanos españoles respecto a los cuales el Gobierno español en todo momento seguirá ejerciendo sus obligaciones."
IX. Valoración de la Comisión
La Comisión abrigaba entre sus propósitos el que algunos de sus miembros pudiesen visitar personalmente los países americanos en que consta han tenido lugar desapariciones de súbditos españoles. Se consideraba que constituiría al mismo tiempo un deber escuchar a las Autoridades de los países afectados antes de emitir el dictamen; un esfuerzo suplementario de objetividad el poder pulsar "in situ" el clima moral y sociopolítico en que se produjeron los hechos, y una expresión de solidaridad para con las familias españolas afectadas por tan dolorosa tragedia.
Pero tal propósito quedó truncado al transmitir la Embajada Argentina en Madrid la denegación de autorización para el viaje al país en que han desaparecido mayor número de súbditos españoles. De ahí que este dictamen haya debido hacerse prescindiendo de este viaje y de la observación directa.
No obstante, esta Comisión cuenta con documentación y testimonios suficientes como para poder concluir sus trabajos con una valoración ponderada del fenómeno.
La táctica de eliminar físicamente y hacer desaparecer a los que son considerados enemigos políticos, sin detención oficialmente reconocida, sin acusación y sin juicio, así como sin que consten en ningún registro oficial de muertos, ha sido desgraciadamente frecuente durante las últimas décadas en algunos países de América Latina, llegando a hacerse incluso habitual en momentos especialmente turbulentos.
En cuanto a los tres países hispanoamericanos en los que se han dado casos de españoles desaparecidos, conviene valorarlo por separado.
A. El caso argentino
La práctica de hacer "desaparecer" a las personas como método expeditivo de lucha social, que venía acentuándose en Argentina en los últimos años del peronismo bajo la Presidencia de María Estela Martínez, viuda de Perón (creación de la llamada "Triple A", comandos "Montoneros"...) parece haberse convertido en parte consustancial del sistema con el golpe de Estado efectuado por las Fuerzas Armadas Argentinas el 24 de marzo de 1976. Entre esa fecha y finales de 1977 tienen lugar la mayoría de las "desapariciones" que los Informes más cortos cifran alrededor de 7.000 y otros muchos calculan en 30.000. Los españoles que "desaparecen" son también detenidos, en su gran mayoría, durante esos dos años.
En cuanto a la magnitud, valoración y secuelas del problema de los desaparecidos en la República Argentina, esta Comisión hace suyo el resumen que ya, en 1980, efectuaba el Informe de la CIDH, que luego actualizaremos y complementaremos con algunos matices referentes al caso de los españoles. Decía así dicho Informe:
"El origen del fenómeno de los desaparecidos, la forma en que se produjeron las desapariciones y el impresionante número de víctimas alcanzadas están íntimamente ligados al proceso histórico vivido por Argentina en los últimos años, en especial a la lucha organizada en contra de la subversión. La violencia ejercida por grupos terroristas encontró una similar y aún más enérgica respuesta por parte de los aparatos de seguridad del Estado que ocasionó graves abusos al intentarse suprimir la subversión prescindiendo de toda consideración moral y legal."
Según muchos testimonios e informaciones que la Comisión ha recibido, pareciera existir una amplia coincidencia de que en la lucha contra la subversión se crearon estructuras especiales, de carácter celular, con participación a diferentes niveles de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, las que estaban compuestas por comandos de operación autónomos e independientes en su accionar.
"La acción de estos comandos estuvo dirigida especialmente en contra de todas aquellas personas que, real o potencialmente, pudiesen significar un peligro para la seguridad del Estado, por su efectiva o presunta vinculación con la subversión.
Esta lucha desatada con el objeto de aniquilar totalmente la subversión tuvo su más sensible, cruel e inhumana expresión en los miles de desaparecidos, hoy presuntamente muertos, que ella originó.
Parece evidente que la decisión de formar esos comandos que actuaron en el desaparecimiento y posible exterminio de esos miles de personas fue adoptada en los más altos niveles de las Fuerzas Armadas con el objeto de descentralizar la acción subversiva y permitir así que cada uno de los comandos dispusiera de un ilimitado poder en cuanto sus facultades para eliminar a los terroristas o a los sospechosos de serlo. La Comisión tiene la convicción moral de que tales Autoridades, de un modo general, no podían ignorar los hechos que estaban ocurriendo y no adoptaron las medidas necesarias para evitarlos."
Hasta aquí el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos.
Esta Comisión sólo puede añadir los siguientes pormenores:
Que los documentos y testimonios recogidos en los tres años transcurridos desde la elaboración del Informe de la CIDH, no han hecho más que confirmar esas mismas conclusiones en términos generales.
Que según los datos últimamente publicados, la inmensa mayoría de los desaparecidos no perecieron en ningún tipo de lucha, sino que fueron detenidos haciendo su vida normal en lugares de trabajo, de estudio, vivienda o mientras circulaban por la calle.
Que en el caso concreto de los españoles o descendientes próximos de españoles desaparecidos, las Autoridades argentinas no han aportado en ningún caso pruebas de su militancia o actividad supuestamente subversivas.
Que en todo caso, fueron también detenidos -y luego "desaparecidos"- no pocos niños y menores de edad, así como ancianos incapacitados ya para efectuar ningún tipo de lucha, y personas, incluso, totalmente ajenas a los buscados, pero que, al encontrarse casualmente en su compañía, les coincidió ser testigos involuntarios de las detenciones.
B. El caso de Chile
Al contrario de lo que hemos constatado sobre la historia reciente de Argentina, en Chile no existía tradición alguna de conculcación masiva de los derechos humanos, con "desapariciones" incluidas. Esta forma de represión tan absolutamente atentatoria contra toda legalidad, incluso aparente, sólo tuvo lugar a partir de septiembre de 1973, cuando el Gobierno constitucional de Salvador Allende fue derrocado por un golpe militar.
Entre las "desapariciones" que desde entonces han tenido lugar, esta Comisión debe constatar el caso de los tres españoles siguientes: don Antonio Llidó Mengual, sacerdote valenciano, cuyo caso ya ha sido supra mencionado; la señorita doña Michelle Peña Herreros, y el experto de las Naciones Unidas don Carmelo Soria Espinosa.
Si exceptuamos el hecho de que en alguno de los casos aparecieron posteriormente sus cadáveres, en lo demás reúnen las características típicas de la figura del "desaparecido": detención o secuestro sin orden alguna, negativa de las Autoridades a reconocer que estuviesen detenidos y a formular acusación alguna contra ellos, no liberación, evasivas y pruebas visibles de incomodidad ante la insistencia de familiares y organismos españoles en reclamar por ellos, etc.
C. El caso de Guatemala
En el clima de guerra civil larvada que desde hace ya bastantes años viene sufriendo Guatemala, esta Comisión ha debido analizar el secuestro y desaparición del jesuita español P. Carlos Pérez Alonso, secuestrado cuando salía de oficiar su ministerio en la ciudad de Guatemala.
Todos los testimonios recabados coinciden en negar que el P. Pérez Alonso hubiese tenido nunca militancia alguna y ni siquiera relación alguna de carácter político. Nada fehaciente ha podido esclarecerse acerca de su paradero desde el día en que tuvo lugar su secuestro, pese a las múltiples gestiones efectuadas.
X. Crimen contra la humanidad
Por el gran número de los desaparecidos -sobre todo en Argentina-, por pertenecer éstos a todas las edades, clases sociales y profesiones, así como a las diversas convicciones políticas y sindicales del espectro democrático, fuesen o no militantes encuadrados; por haberse prescindido de toda consideración moral y legal en su eliminación; por no habérseles reconocido derecho alguno ni otorgado la más mínima oportunidad de ser escuchados y poder probar su inocencia; así como por la ofensa póstuma a su memoria con la acusación indiscriminada de que eran simples y vulgares terroristas, cuando ellos no pueden hablar ni se les permite a sus familiares defender su buen nombre ante los Tribunales; también por la crueldad macabra e inhumana que en muchas ocasiones parece haberse ensañado en el tratamiento de sus cadáveres... Por todo ello, esta Comisión se siente obligada a declarar y declara que se encuentra ante una violación masiva del derecho fundamental por antonomasia: el derecho a la vida y a la dignidad humana. Un derecho amparado por la Constitución de todos los países civilizados, protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamado por las diferentes culturas, profesado por las diversas Iglesias... Una eliminación así de los "detenidos-desaparecidos" es, pues, un verdadero crimen contra la humanidad.
Son formas de lucha que nunca podrán aprobarse en nombre de la moral, ni de la razón, ni aún de la llamada razón de Estado. Que ni siquiera pueden justificarse para combatir los brotes del terrorismo. Pues aún siendo evidentemente el terrorismo uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, no se le combate correctamente generando, para hacerle frente, un terrorismo de Estado. Porque el Estado se degrada e incapacita radicalmente para combatir el terrorismo cuando renuncia de antemano a lo que le confiere autoridad política y moral para hacerlo: su propia legalidad, y la honesta apelación a lo que hay de más profundo en el ser humano.
Las concepciones totalitarias del Estado son, en el fondo y a medio y largo plazos, las que encierran una mayor debilidad congénita incluso para combatir los brotes del terrorismo. Por el contrario, las formas democráticas de gobierno asentadas sobre el apoyo de pueblos libres y soberanos, son por su propia naturaleza las más fuertes para desterrar y quitar razón de ser a las formas irracionales de lucha social.
XI. Solidaridad con los pueblos
Es necesario dejar constancia expresa de que la inexcusable severidad de juicio en nada disminuye la profunda voluntad y el arraigado deseo de mostrar la solidaridad con los pueblos americanos. Especialmente con el hermano pueblo argentino, de cuya reciente tragedia han participado cientos de españoles. Bien sabe la Comisión que no son los pueblos los responsables de los métodos de gobierno y represión que a veces padecen.
Tampoco se pretende en modo alguno erigirse en jueces de una etapa de la historia argentina, que sólo los argentinos podrán juzgar autorizadamente a medida que la libertad y la perspectiva permitan el análisis. Los españoles, por nuestra parte, hemos protagonizado y sufrido una dolorosísima guerra civil que las generaciones más adultas recuerdan aún con horror y que todos guardamos en nuestra memoria histórica, como modelo de lo que por ningún motivo debemos repetir. En todo caso, ello nos impregna de la necesaria humildad colectiva para evitar la fácil tentación de juzgar la historia de otros pueblos.
Al referirnos, pues, necesariamente en el presente Informe a una etapa reciente de la historia de algunos pueblos iberoamericanos, lo hacemos cumpliendo estrictamente el deber que las Instituciones democráticas españolas -y en este caso el Senado- tienen de preocuparse por la suerte de nuestros conciudadanos residentes en el extranjero, y sólo indirectamente en cuanto que el problema de los derechos humanos es un problema universal cuya vulneración a todos afecta.
Quede constancia así de nuestro más absoluto respeto y solidaridad para con el pueblo argentino y los demás pueblos hermanos de América que atraviesan o han atravesado situaciones semejantes. Paralelamente a esto manifestamos nuestro más absoluto respeto para con los pueblos americanos y nuestra plena solidaridad con el proceso de recuperación de las libertades que se ha iniciado en Argentina, que se apunta en Uruguay, que enfrenta en estos momentos al pueblo chileno con la dictadura del General Pinochet y que adquiere tonos tan dramáticos y complejos en América Central.
El Senado hace los votos más fervorosos para que cuanto antes estas naciones y sus pueblos encuentren su propio camino de convivencia y progreso basados en la democracia y la soberanía popular libremente expresadas.
XII. Conclusiones
Por todo lo hasta aquí expuesto, el Senado adopta las siguientes conclusiones:
1ª Respalda al Gobierno español en su demanda y exigencia de explicaciones mucho más satisfactorias sobre la suerte y paradero de los desaparecidos españoles en diversos países de América, desapariciones numerosas sobre todo en Argentina.
2ª Insta al Gobierno para que utilice cuantos medios estén a su alcance, al objeto de que pueda esclarecerse, y en la medida de lo posible repararse, la suerte corrida por los españoles desaparecidos en América.
3ª Propone al Gobierno que estudie la posibilidad de plantear el problema de los españoles desaparecidos en América ante el Grupo de trabajo sobre desapariciones involuntarias o forzadas de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
4ª Propone igualmente al Gobierno que auspicie la adopción de un acuerdo o convenio internacional que establezca los instrumentos y mecanismos adecuados para erradicar la práctica de la desaparición forzada de personas.
5ª Acuerda presentar este informe ante el Consejo de Europa, Parlamento Latinoamericano y Unión Interparlamentaria solicitando de estas altas instancias que declaren como así lo hace el Senado, un crimen contra la Humanidad la práctica generalizada de la detención-desaparición.
Palacio del Senado, 30 de junio de 1983.- El Presidente, Francisco Moreno Franco.- El Secretario, Celso Montero Rodríguez.
Como anexos al presente dictamen figuran los siguientes:
-Lista de españoles y descendientes de españoles desaparecidos en Argentina, Chile y Guatemala.
-Documentación de la Comisión de Investigación sobre la desaparición de súbditos españoles en países de América.
-El documento de la Junta Militar.
Los precedentes anexos se encuentran a disposición de los señores Senadores, para su examen, en la Secretaría de la Comisión.
Dictamen de la Comisión Especial de investigación sobre la desaparición de súbditos españoles en países de América
El señor Presidente: Entramos a continuación, señores Senadores, en el punto segundo del orden del día, que es el dictamen de la Comisión Especial de Investigación sobre la desaparición de súbditos españoles en países de América. Procede la presentación del dictamen por el representante que designe el señor Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores.
El señor Moreno Franco: Muchas gracias, señor Presidente. Se ha designado al Senador don Celso Montero.
El señor Presidente: Muchas gracias. El señor Montero tiene la palabra.
El señor Montero Rodríguez: Señor Presidente; señoras y señores Senadores, al concluir sus trabajos la Comisión Especial de Investigación sobre la desaparición de súbditos españoles en países de América, presenta a la consideración y aprobación de SS. SS., en primer lugar el documento -análisis que me figuro tienen SS. SS. En sus manos- que está en el documento de la serie I, número 35, de 13 de julio de 1983; en segundo lugar, tres documentos -análisis-, el principal de los cuales, o por lo menos el más voluminoso, es este libro en que figuran 318 fichas elaboradas por la Comisión, donde constan las circunstancias que concurren en cada una de las personas de origen español, algunas a veces ya de origen un poco lejano, como por ejemplo, cuñados de españoles, pero la mayoría españoles, hijos o nietos de españoles, algunos ya biznietos o cuñados, y a veces incluso el suegro que vivía en la misma casa y desapareció en idénticas circunstancias.
Otro anexo es un resumen de la documentación que la Comisión ha podido manejar.
Y, finalmente, el texto del documento en que el Gobierno militar argentino ha querido zanjar la cuestión de los desaparecidos, echando tierra sobre el asunto, y como esta Comisión se ha visto obligada a hacer en su documento-análisis que ustedes tienen un rechazo enérgico de la explicación dada por el Gobierno militar argentino. Por ello figura en el anexo ese documento del gobierno militar argentino, por si SS. SS. Quieren consultarlo.
El documento-análisis comienza primero recordando la composición de la Comisión; pasa después, en el Capítulo II, a exponer cómo fue el proceso que condujo a estas desapariciones. Pero el proceso típico, que fue el mismo para todos, pero, concretamente, de los de origen español, lo tienen ustedes en la página 617, donde se comienza a hablar del número de desaparecidos, que es un número esencial y necesariamente abierto; no podemos fijar un número exacto porque, en primer lugar, nunca prescribirá el derecho de los familiares de seguir presentando denuncias y, además, porque es imposible, totalmente imposible, saber cuántos son los desaparecidos, su número exacto y, por tanto, tampoco los de origen español.
Hay organismos muy fidedignos que hablan de hasta 90.000 desaparecidos en toda Latinoamérica y 30.000 sólo en Argentina. Amnistía Internacional ha localizado unos 7.000 casos especificados en Argentina, aunque calculan que pueden ser hasta más de cuatro veces más.
Nosotros, por tanto, al localizar esos 39 españoles, de los cuales 35 desaparecieron en Argentina, tres en Chile y uno en Guatemala, más 174 hijos y nietos de españoles y otros 105 más, sabemos que ese número no puede ser un "númerus clausus", tiene que ser una lista abierta que, por desgracia, puede multiplicarse y podría interminablemente seguir ampliándose.
Se expone una tipología de los desaparecidos, quiénes eran, qué clase de personas, y se habla de que son, generalmente, personas de diecinueve a treinta y cuatro años; hay adolescentes de trece o catorce años, hay niños de pecho que fueron llevados con sus madres y algunos de ellos nunca aparecieron; otros fueron entregados más tarde a sus abuelos o familiares, y hay también personas mayores, pero la mayoría se puede incluir en esa tipología de diecinueve a treinta y cuatro años, entre los cuales hay toda clase de profesiones, estudiantes, trabajadores de todas clases, empleados, obreros manuales, arquitectos, periodistas, religiosos, toda la gama de la sociedad, sobre todo en Argentina.
¿Cómo fueron las detenciones? Ello figura en la página 619, dado que de esto sí que constan datos, porque, en general, todos ellos fueron detenidos delante de abundantes testigos, prácticamente fueron todos detenidos en sus casas, en los lugares de trabajo normales o en la vía pública cuando retornaban de su trabajo o salían a arreglar algún asunto. De eso sí que constan datos.
Luego está el fenómeno de la desaparición en la página 620, cómo desaparecen, cómo se les pierde todo rastro, que, generalmente, eso ya está un poco en la nebulosa, porque de algunos se sabe que llegaron a estar en campos de concentración y exterminio; los campos eran clandestinos, no reconocidos oficialmente; por tanto, eso nunca constará, nunca lo han reconocido las autoridades, los responsables de las detenciones. Lo que sí se sabe es que los comandos que los detenían revestían toda la forma de miembros del aparato oficial de las fuerzas de seguridad y de represión, concretamente en Argentina. A veces van uniformados, la mayor parte sin uniforme, pero llevan coches militares; otras veces claramente coches sin matrícula, pero abundantes. Por otra parte, deteniendo el tráfico, si lo creían necesario, en toda una manzana de casas cuando no pueden hacer la operación, que a veces tardaba dos horas porque, a lo mejor, no encontraban en casa a quien iban a detener y, entonces, deteniendo el tráfico y viendo que la Policía normal, a la cual llamaban los familiares, no podía intervenir o no venía, y si venía dialogaba con el comando y le daba ya carta blanca para actuar, etcétera.
Sin embargo, después las desapariciones tienen lugar no se sabe dónde; la familia, desde luego, pierde toda posibilidad de seguirlos; va a reclamar, pero siempre le contestan lo mismo, que no saben, que no están detenidos, que no son buscados, que "no tenemos nada contra ellos". Y ante ese muro se choca y se rompe ya todo el esfuerzo de la familia para saber de sus familiares o para localizarlos.
En la página 621 empieza el extracto de los testimonios de dos señoras sobrevivientes de uno de los campos de exterminio, el campo "La Perla", a 17 kilómetros de Córdoba, Argentina, dos señoras que están ahora exiliadas, una en Pamplona en casa de una hermana y otra, nieta de españoles, exiliada en Ginebra: primero estuvo en España y después se exilió en Ginebra. La Comisión ha podido conseguir que viniesen a declarar ante ella. Tenemos ahí los extractos de estos dos testimonios, aunque la Comisión ha podido estudiar muchos más testimonios, que nos han mandado por escrito, de sobrevivientes de los campos de exterminio.
Si me permiten una sugerencia, señorías, yo me tomaría la libertad de recomendarles que se lean estos extractos de los testimonios de estas dos personas. Las vivencias que reflejan han marcado para siempre, de forma sombría y dramática, la vida de las dos, pero sobre todo nos permiten intuir de qué forma brutal fueron sacrificadas otras muchas personas, entre ellas nuestros compatriotas desaparecidos.
Si algún señor Senador tuviese interés en documentarse más a fondo sobre el horror de estos campos de exterminio, la Comisión les podría proporcionar otros testimonios que, por habérsenos remitido por escrito, resultan aún más reflexionados y completos, dado que los de estas señoras son como un recuerdo improvisado en su exposición ante la Comisión.
Después, en el Capítulo IV, se estudian tres casos de desaparecidos: un español natural de La Coruña, un hijo de españoles nacidos en un pueblo de Salamanca y el sacerdote valenciano don Antonio Llidó Mengual.
En la página 629 comienza un capítulo aparentemente delicado porque trata de cuál fue la actitud del Poder judicial en todo esto. Sobre esto yo quisiera decirles, señorías, por qué hemos tenido que tratar este capítulo, que ciertamente creemos la mayoría de la Comisión que es esencial al informe, respetando el derecho del Grupo Popular que mantiene un voto particular pidiendo su desaparición o supresión.
Uno de los más grandes testigos de nuestro tiempo, Frank Kafka, y que fue quizá uno de los críticos más radicales, a la vez de nuestra civilización...
El señor Presidente: Señor Montero, ha transcurrido el tiempo.
El señor Montero Rodríguez: Termino. Quería decirles sobre esto que en una de las obras de Frank Kafka se describe hasta qué punto puede llegar a ser inhumano un proceso cuando en él se suprime esa forma de comunicación, esa dialéctica acusación-defensa.
Pues bien, en general, la situación de todos los desaparecidos que fueron exterminados sobrepasó lo "kafkiano", fue mucho más allá, no tuvieron siquiera derecho a ser escuchados para defenderse y poder probar su inocencia; no tuvieron derecho a ningún proceso y fueron exterminados con esa frialdad mortal de quien había planificado que tenían que desaparecer de la vida. Después los familiares recurrieron al poder judicial para reclamar por ellos y para saber dónde estaban o, por lo menos, para que se les juzgase, y entonces el poder judicial se inhibió de la forma que ahí se describe y que resulta esencial para comprender todo el proceso de las desapariciones.
Pasamos por encima la valoración que hace la Comisión, en que declara crimen contra la humanidad la forma en que fueron exterminados nuestros compatriotas o los familiares de nuestros compatriotas, distinguiendo entre los casos de Argentina, Chile y Guatemala, por ser diferentes por su magnitud y vastedad.
Finalmente, hay solidaridad en el juicio, que necesariamente es severo, al tener que pronunciarnos sobre este hecho, y se distingue que no queremos con eso entrometernos en la historia de pueblos hermanos ni juzgarla tampoco, sino que nos solidarizamos con estos pueblos que han tenido que sufrir este tipo de regímenes que han perpetrado estos crímenes.
Por último, presentamos cinco conclusiones que ustedes tienen ahí y que no necesitamos leer.
Muchas gracias.
El señor Presidente: Muchas gracias, señor Montero.
Vamos a entrar, a fin de que el turno de portavoces sea común, habida cuenta de lo cargado que tenemos el Pleno, a discutir, en primer lugar, la enmienda presentada por el Senador don Julio Ulloa Vence, quien tiene la palabra por tiempo de diez minutos.
El señor Ulloa Vence: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, tengo que adelantar que en los trabajos en Ponencia y en Comisión hemos visto que todos los Grupos Parlamentarios y los Senadores pertenecientes a esta Comisión estábamos de acuerdo en el fondo de la cuestión y seguimos estándolo en el fondo de la misma. Todos los grupos, y por supuesto el Grupo Popular, está siempre pendiente de lo que se observa en esta línea de defensa de las libertades y de los derechos humanos. Pero tengo que decir que hay algunos aspectos de la redacción del informe, aspectos concretos, algunas partes, en particular el Capítulo V, que debemos matizar, y eso es lo que yo quisiera hacer a continuación en estos diez minutos que la Presidencia me ha concedido.
No hay, por tanto, discrepancias importantes de fondo, pero sí hay estas discrepancias de matiz, que, por otra parte, son bastante naturales en una discrepancia de Grupos Parlamentarios que se dan en esta Cámara.
El Capítulo V nosotros estimamos que se refiere a la actitud del Poder judicial, y en este capítulo estimamos, primero, que se rompe un poco el esquema en el informe y hacemos la condena de unos hechos, de unas prácticas. En este informe, nosotros, ante el fenómeno, hemos recibido testimonios directos y hemos analizado y valorado los casos de Argentina, Chile y Guatemala, hemos propuesto unas conclusiones al Gobierno y a las instituciones internacionales sobre las actitudes a tomar ante estos fenómenos, pero de pronto, en el Capítulo V, se rompe este esquema y se entra a juzgar la actitud del Poder judicial, que es tanto como decir la actitud de una institución de un país extranjero.
Dice el informe, en el párrafo segundo de este capítulo, que "esto ha llevado a la Comisión a plantearse cuál ha sido la actitud general del Poder judicial argentino en todo este problema". El Grupo Parlamentario Popular cree que realmente este planteamiento no es el correcto. Nosotros no hemos querido entrar en cual ha sido la actitud del Poder judicial; naturalmente, hemos visto casos de actuaciones incorrectas de determinados Jueces, como hemos visto casos de actuaciones incorrectas de otros estamentos de la sociedad argentina. Pero tengo que decir aquí, en honor a la seriedad, que no hemos investigado directa y expresamente al Poder judicial, como no hemos investigado tampoco la actitud del Ejército, ni de la Prensa, ni de ningún estamento argentino en particular. Esto es conveniente aclararlo. Por tanto, ¿por qué hemos de pronunciarnos con dureza, como se pronuncia el informe, sobre la justicia argentina, a la que se tacha en un párrafo de haber alcanzado "niveles insospechados de indignidad". Me parece que esto, en primer lugar, no es procedente.
Nosotros hemos recibido el encargo del Pleno de la Cámara para investigar la cuestión de las desapariciones de súbditos españoles en países de América, pero no la de juzgar a las instituciones de países amigos y, además, hermanos. Por tanto, estimo, en primer lugar, que este apartado que nosotros proponemos su supresión es improcedente; en segundo lugar, es contradictorio, porque en este apartado se dice que los Jueces no han actuado por la falta de cooperación del Poder ejecutivo con la Administración de Justicia, lo cual es verdad. Se dice también que no se dan las condiciones necesarias para que los Jueces puedan ejercer su inspección jurisdiccional con la eficacia real, que también es verdad; pero seguidamente se dice que han sido inoperantes y que se han degradado hasta esos niveles insospechados de indignidad. Esto me parece contradictorio, porque o son culpables o no lo son. Yo estimo que lo son, pero no debemos entrar a juzgar a las instituciones en sí. Por tanto, estamos de acuerdo en casi todo lo demás, salvo en palabras concretas. Pienso, en tercer lugar, que en este punto el informe no tiene seriedad y por eso propongo, propone el Grupo Parlamentario Popular, que se suprima. Yo digo que no es serio, porque, ¿de qué Jueces estamos hablando?, ¿a qué Jueces nos referimos? Probablemente, los Jueces que han intervenido en este proceso de las desapariciones constituyen una mínima parte de los Jueces argentinos y nosotros estamos metiendo en el mismo saco a todos ellos.
Por otra parte, tengo que decir que últimamente hay un cambio en la actitud de los Jueces argentinos; todos sabemos que hay Jueces argentinos -de los que algunos nombres han salido en la Prensa días pasados- que han tenido que exiliarse porque han sido amenazados, otros Jueces han conseguido que vayan a declarar ex Presidentes argentinos, otros Jueces han conseguido que esté preso el Almirante Massera. Por tanto, no todos los Jueces deben estar incluidos en una condena genérica de la justicia argentina.
Creemos que este informe es inoperante por esto que decía -me refiero al informe en este apartado, porque en todo lo demás, repito, estamos de acuerdo-; el apartado V es inoperante porque hay, efectivamente, una cierta reacción clara de la justicia argentina como tal; así pues, a mí me parece que no es el momento de que vengamos nosotros ahora a condenar una justicia que está actuando exponiendo sus vidas, probablemente. Condenemos, sí, con toda la fuerza a los Jueces que hemos comprobado que se han comportado incorrectamente, en eso no tenemos por qué ocultar la fuerza de nuestra condena más enérgica; pero no metamos en el mismo saco a todo el Poder judicial como aquí se hace al titular el apartado V "La actitud del Poder judicial". Todos sabemos que el Poder judicial en Argentina, antes del golpe de Estado de marzo de 1976, dependía del Poder legislativo, del Senado; a partir de esa fecha no hay Poder legislativo en Argentina; por tanto, el responsable realmente es el Gobierno. Estimamos que nosotros debemos condenar a la Junta Militar, al Gobierno; no nos metamos en esto.
Por todo ello, yo pido, en nombre del Grupo Popular, que este apartado V del informe sea suprimido, con lo cual estimamos nosotros, estima el Grupo Parlamentario Popular que el informe sería, primero, más coherente con el encargo recibido, y, segundo, más racional y se conseguiría una unidad mejor sin este apartado. Nuestra condena sería igualmente enérgica y todo lo rotunda que queramos. En definitiva, estimamos que el informe sería más serio y, sobre todo, más justo. En todo caso dejaríamos claro nuestro respeto hacia una institución que, como tal institución, es respetable, aunque algunos de sus miembros, algunos de sus Jueces puedan haber sido menos respetables, como se dice en el informe. Lo que pasa es que nosotros estimamos que la expresión en particular del penúltimo párrafo de este apartado, la expresión que dice que se puede haber degradado -refiriéndose a la justicia argentina- "hasta niveles insospechados de indignidad", es una expresión demasiado dura. Yo creo que el pueblo argentino seguramente rechaza esta expresión, seguramente no le gusta que esta expresión se vierta, seguramente el pueblo argentino, que ahora mismo está pensando en que se revisen estos casos de desapariciones a cargo de Tribunales civiles, encargará a algunos de estos Jueces que sean ellos los que decidan qué fin se le da a esta cuestión. Si los argentinos confían en sus Jueces, no debemos nosotros hacer una condena tan genérica en este punto.
Por eso nosotros, al Grupo Parlamentario Popular, este apartado en concreto no nos gusta y por eso proponemos a la Cámara que se suprima, con lo cual entendemos que ganaría bastante el informe.
Muchas gracias.
El señor Presidente: Muchas gracias.
Para turno en contra tiene la palabra el señor Cucó.
El señor Cuco Giner: Señor Presidente, señorías, muy brevemente para oponerme al voto particular de supresión que ha defendido el señor Ulloa.
Para el Grupo Parlamentario Socialista el apartado V, el apartado titulado "La actitud del poder judicial", está tratado, entendemos, con la misma ponderación y con el mismo rigor que el resto del informe, y espero que en turnos posteriores podamos expresar nuestra opinión al respecto. Informe que, como ha señalado el señor Ulloa hace un momento, ha merecido la general aprobación de los Grupos Parlamentarios. Nosotros partimos de dos constataciones, por lo que a este Título respecta, creemos que fácilmente verificables. En primer lugar, que, generalmente -y subrayo el generalmente porque así consta en el informe-, no se han obtenido resultados en los miles de recursos de "habeas corpus" que se han presentado ante el Poder judicial argentino, y en segundo, que en el caso concreto que nos ocupa, en el caso de los españoles desaparecidos en América, ha sido exactamente así, no ha habido ningún recurso que no fuera sobreseído por el Poder judicial.
El dictamen, en definitiva, lo que hace, si SS. SS. han tenido la oportunidad de ojearlo, es resumir expresamente los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La OEA es un organismo plural, un organismo de autoridad moral reconocida, un organismo exento de cualquier tacha de radicalismo extremista.
El texto contiene, por otra parte, los suficientes matices para acoger los casos excepcionales que puedan haberse producido; casos que no han llegado hasta nosotros, de los que no tenemos constancia.
El dictamen, por otra parte, saluda incluso con esperanza, lo que considera una cierta recuperación de la independencia de ciertos tribunales. Expresamente el dictamen recoge la citación que por parte de algunos Jueces argentinos han tenido los generales Videla, Viola y Harguindey y puede incluso acoger -y el señor Ulloa ha hecho referencia a ello- casos de excepcional gravedad, como el caso del procesamiento del almirante Massera y la valiente actuación del Juez Salvi, con lo cual, evidentemente, estamos introduciendo matizaciones muy claras al respecto.
Yo quisiera decir, señorías, un poco lo que recordaba hace escasos días el Presidente del Consejo General del Poder Judicial en España en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados cuando decía -y leo textualmente-: "Evidentemente la independencia del Juez es un valor personal de éste y creo que en cualquier régimen, incluso cuando la designación pudiera corresponder al Ejecutivo, el Juez ha podido, y sobre todo ha debido, mantenerse independiente".
Pensemos que cuando un Juez claudica en esta independencia que postula el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, claudica de su independencia y se hace ciertamente cómplice de la indignidad, más aún cuando tanta sangre inocente se ha derramado, cuando tantos derechos legítimos y democráticos se han conculcado, como es en el caso de Argentina. Para la complicidad indigna, nuestra condena; para la independencia y la estatura moral, nuestro saludo esperanzador.
Con estas precisiones, quizá innecesarias por sabidas, el Grupo Parlamentario Socialista va a mantener íntegro el texto del dictamen.
Muchas gracias.
El señor Presidente: ¿Turno de portavoces? (Pausa.)
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