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21feb06
Intervención del diputado Joan Tardà presentando la proposición de ley sobre víctimas del franquismo.
Señor presidente, señorías.
El progreso económico, político y cultural alcanzado por nuestra sociedad, y el objetivo de garantizar un futuro pleno de libertades y de fraternidades entre la ciudadanía de las distintas naciones y pueblos, deberían haber impedido que el Estado español continuara siendo una excepción en Europa, que continuara representando, en definitiva, una lamentable y peligrosa excentricidad producto de tanta dejación para con la Memoria Antifascista.
Vaya por delante que, con nuestra PL no pretendemos una simple revisión del pasado histórico. Al contrario, queremos que se evidencie legislativamente una firme voluntad de mayor progreso y mayor cultura democrática. Todo ello a la manera europea; es decir, previa condena del fascismo, verdadera plaga en el pasado europeo; previa asumción por parte del Estado y de sus máximos dirigentes de la solicitud de perdón a las víctimas del totalitarismo, a la Humanidad; previo compromiso de fundamentar los valores de la convivencia presente y futura en la radicalidad democrática, tal como se llevó a cabo en el Estado alemán cuando, a la par, se supultó no sólo el nazismo, sino también aquellos valores totalitarios, belicistas y unitaristas inherentes al prusianismo.
¿Creen ustedes, sinceramente, que si algo parecido y con la misma intensidad se hubiera desplegado a favor de la superación del franquismo durante los años de democracia que ya llevamos vividos, sería posible que el PP pudiera desplegar, con relativo éxito movilizador tanto odio y tanta discordia entre la ciudadanía del Estado español?
Nosotros estamos convencidos que la respuesta sería negativa. Pero todo tiene su explicacón y su razón. Por eso les pedimos que atiendan a lo que hoy, desde esta tribuna, les planteamos los republicanos catalanes. Les ofrecemos a consideración una Proposición de Ley que alcanza el conjunto de los ámbitos que, a nuestro entender, debe integrar una Ley de la Memoria. En primer lugar, la referente a la represión política por parte de los tribunales, que incluye la anulación de las sentencias dictadas en consejo de guerra desde el 18 de julio de 1936, las sentencias dictadas por el Tribunal de Orden Público, por los tribunales de responsabilidades políticas, y por el Tribunal Especial de represión de la Masonería y el Comunismo. Para lo cual establecemos indemnizaciones de 12.000 euros para los descendientes de los ciudadanos fusilados y el libramiento de las certificaciones de nulidad de las sentencias judiciales.
Un segundo ámbito plantea la resolución de las actividades antifranquistas para lo cual debe reparase jurídicamente y moralmente aquellas personas que formaron parte de las organizaciones guerrilleras o armadas antifranquistas. A ellas, deberán asignárseles indemnizaciones y beneficios que correspondan por ley. De igual manera, se incluirán las personas represaliadas que sufrieron prisión, internamiento, tortura, destierro, etc. a las que se otorgará una indemnización de hasta 12.000 euros para los descendientes de las que hubieren perdido la vida ante las fuerzas de orden público o ejército.
En tercer lugar, planteamos la restitución de bienes y honores a los miembros de las instituciones y fuerzas de orden público republicanas: Guardia Civil, Guardia de Asalto, cuerpo de Carabineros, Mossos d’Esquadra y Ertzantza, a las instituciones como la Generalitat de Catalunya o el Gobierno vasco y la singularización del libramiento por parte del Jefe del Estado al presidente de la Generalitat, Molt Honorable Pasqual Maragall, de la certificación de la anulación de la causa sumarísima del presidente de Catalunya Lluís Companys, fusilado por el ejército español.
Asimismo, se proyecta en un nuevo título el reconocimiento de la aportación de la Masonería a la causa de la libertad y del pensamiento social progresista y la restitución de todos sus bienes requisados a las actuales logias.
Todo ello complementado con la restitución de honores y bienes a los colectivos represaliados de naturistas, evangélicos, esperantistas, judíos, gitanos, ciudadanos que sufrieron persecución por su orientación sexual y aquellas entidades que fueron perseguidas por motivos de lengua y cultura.
No se obvian, por otra parte, las necesarias restituciones de los patrimonios incautados, tanto los relativos al dinero incautado por el régimen dictatorial, como los referidos a los bienes inmuebles incoados en base a la ley de Responsabilidades Políticas.
Pero, debe también contemplarse la devolución de la documentación incautada por las fuerzas represivas durante el Franquismo. La que pertenecía a las instituciones públicas (en particular la relativa a instituciones de autogobierno de Euskadi o la perteneciente a los ayuntamientos de Aragón, País Valencià i Catalunya, depositada en Salamanca) y la de carácter privado y particular, tal com queda reflejado en el artículo decimotercero del proyecto que hoy se presenta ante sus señorías.
Deben, además, preservarse los lugares de la memoria (recuperación arqueológica y conservación de los lugares más significativos de la guerra, prisiones, campos de concentración, etc.), la elaboración de un censo de personas afectadas, la museización del Valle de los Caídos u otros lugares emblemáticos y la retirada de los símbolos franquistas de los edificios públicos, complementado con la apertura de los archivos de la represión que, incluye, como es preceptivo dada la significación de los fondos, una planificación para que en el plazo de dos años se proceda a la identificación y catalogación de los fondos de las instituciones franquistas, de los organismos represivos, de la Secretaría Nacional del Movimiento, etc. para hacerlos accesibles al público.
Por otro lado, se incluye (título XIII) la realización en el plazo de un año de un inventario de los fondos documentales relacionados con el exilio republicano y la recuperación moral y económica de los supervivientes.
Tuvieron que transcurrir 60 años para que un presidente de gobierno español, visitara en el año 2005 el campo de exterminio de Mathausen, donde más de cuatro mil republicanos fueron asesinados. Diez años antes, otro presidente de gobierno español se había negado a asistir al 50 aniversario de su liberación. Hoy, pues, ha llegado el momento de reparar moralmente, jurídicamente y económicamente, a los supervivientes y descendientes de aquellos ciudadanos, víctimas del nazismo, internados en campos de trabajo nazis por su condición de apátrida fruto, ésta, de los acuerdos bilaterales establecidos entre la cancillería hitleriana y el ministro falangista Serrano Súñer.
Evidentemente, el texto que hoy les planteamos, incluye, como no podía ser de otra manera, la necesidad de reconocer, por ley, la labor ejercida por los estados y organizaciones internacionales y personas que contribuyeron solidariamente a la causa antifranquista.
Finalmente, un conjunto de disposiciones adicionales fijan aspectos que hoy por hoy, no deben solayarse, de entre las cuales desearía remarcarles aquellas más significativas.
Primera: compromiso del gobierno de apoyar cualquier reclamación nacida de entidades o ciudadanos en base a posibles delitos cometidos durante la dictadura, dada la imprescriptibilidad de los Crímenes contra la Humanidad consagrada por las Naciones Unidas y el Derecho Penal Internacional a partir de la jurisprudencia nacida en Nuremberg.
Segunda: retirada por parte de la Iglesia católica de los lugares públicos de lápidas o símbolos que discriminen las víctimas.
Tercera: revisión e invalidación de todas las distinciones, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personajes ligados al régimen dictatorial.
Cuarta: museización de las dependencias de la Jefatura de Policía de Barcelona de Via Laietana, atendiendo a su significado como centro de detención y tortura de los presos políticos de Catalunya.
Y finalmente, una quinta a destacar, que por razón de su gran trascendencia deseo reproducir textualmente: “Corresponderá al Jefe del Estado formalizar solemnemente en nombre del Estado español las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución Republicana”.
Es evidente que todos los Jefes de estado, en tanto en cuanto representación de la máxima autoridad institucional, asumen la continuidad de la organización estatal. El perdón solicitado por las máximas autoridades de la república argentina, de la repíblica sudafricana, de la república chilena o de la república federal alemana a todas y cada una de las víctimas no les implica o hace copartícipes de los desafueros y horrores pasados cometidos porsus antecesores. Al contrario, les diginifica, a ellos, y a las sociedades a las que representan.
Ese es el camino. Màxime en el caso español, ya que la continuidad entre los regímenes dictatorial y democrático se dio de forma más evidente, en tanto en cuanto el actual rey fue nombrado por el Dictador, de hecho fue educado bajo su criterio, aceptó el nombramiento aún cuando significaba la alteración de la lógica sucesoria en la institución monárquica y se imposibiltó que la ciudadanía española pudiera plebiscitar la conveniencia o no de la reinstauración del régimen legal republicano.
En definitva, sólo pedimos una ley que haga justicia. Exigimos justicia en el año 2006.
Ahora y aquí. Y se lo pedimos a la izquierda española, al PSOE.
En esta cámara, únicamente la derecha sabe y tiene plena conciencia que debe decir NO. Lo lamentamos, nos entristece, pero podemos ignorarlo. Ellos son coherentes con sus ideas, con su herencia, con su pasado y con la actuación que protagonizan estos mismos días fomentando el odio entre ciudadanos y comunidades nacionales, ahondando en su cruzada contra las lenguas distintas de la española.
Ellos constituyen una importante del problema, ciertamente, por su falta de cultura democrática. Pero, a nuestro entender, el verdadero problema se haya en el gran déficit de memoria histórica, que ha permitido que el franquismo sociológico haya podido consolidar una ecuación éticamente perversa y políticamente reaccionaria que liga la restitución de honores y el reconocimiento de la condición de víctimas a las personas e instituciones democráticas a revanchismo, con la intención añadida de avanzar en las tesis del revisionismo histórico que llegan incluso al paroxismo de negar el holocausto.
No obstante, serán ustedes, diputados del PSOE, los que acabarán convirtiéndose en un problema para ustedes mismos, si hoy nos dieran portazo, si impidieran que este parlamento iniciase el trámite legislativo para que, por fin, 30 años después de la muerte del Dictador, esta cámara legislara aquella ley que hubiere tenido que convertirse en una de las primeras a emprenderse en los albores de la Democracia.
“No es conveniente” nos repitieron una y mil veces en la década de los años 80 del siglo pasado.
“No es posible” argumentaron posteriormente en la década de los 90.
Y ahora… ¿Qué nos van a decir?
Puede ser, aunque nos resistimos a creerlo pese a las evidencias, que hayan olvidado sus orígenes y sus fidelidades. Pero deben reconocer, que más allá de las dignidades perdidas, la realidad es que el vacío de la memoria que ustedes no quisieron cubrir, fue ocupado por el discurso de los postfranquistas, encabezados por el caudillo Aznar, convirtiendo lo que en los gobiernos de Felipe González fue “amnesia histórica” en desplegamiento entusiasta de un revisionismo histórico que busca la legitimidad del golpe de estado en los hechos históricos de 1934 o que incluso llega a contaminar a ministros socialistas que insultan la inteligencia haciendo desfiar conjuntamente un luchador republicano al lado de un filonazi.
Deben saber que existía un compromiso con el señor Zapatero, un pacto, un acuerdo, una palabra dada a favor de la presentación de Ley de la Memoria que no se ha cumplido. Hemos esperado dos años, lealmente, pacientemente y, por el contrario, ni tan siquiera la vicepresidenta ha considerado oportuno convocar a este Grupo Parlamentario en alguna ocasión, aún cuando la Comisión Interministerial nació a raiz de una iniciativa de nuestro Grupo Parlamentario que, conjuntamente con el IU-ICV y el grupo Mixto, había solicitado la creación de una Comisión Parlamentaria, que a manera de Comisión de la Verdad, tuviera el encargo de abrir el Parlamento a la sociedad y elaborar el Libro Blanco de la Memoria, justamente para que el pudiera actuar en consecuencia.
Después de 2 años nos vemos en la necesidad de traer a discusión nuestro propio proyecto. Porque sabemos que si hay alguna esperanza que ustedes desbloqueen el proceso será gracias a ello. O bien votando SÍ hoy, o quizás sintiéndose obligados, hoy aquí, a decir si realmente piensan cumplir o no en este período de sesiones. Entenderán que las características de esta ley requerirá un trámite parlamentario largo y complejo, y alcanzado ya el ecuador de la legislatura, si hoy no nos dan satisfacción, constataremos que nos mintieron. Que las apelaciones del presidente Zapatero al honor de las víctimas, y en concreto a la del capitán Juan Rodríguez Lozano, abuelo paterno fusilado por respetar la legalidad republicana, no tenían el alcance de compromiso que todos los demócratas convenimos a asignar a sus palabras.
Quizás han caído en la pretensión de desesperarnos. Eso no va a ocurrir, se lo garantizamos, Aún cuando deben saber que, ciertamente, vivimos momentos de dolor. Continuamos enterrando a los hijos y a las hijas de los republicanos fusilados por el ejército fascista, a los que despedimos sin que hayan podido gozar de su anhelo de ver anuladas las causas judiciales sumarísimas que les dejó sin padres ante un pelotón de ejecución. Enterramos
Por todo ello les
Les pedimos LEALTAD con lo comprometido.
Les pedimos VALENTIA para reconocer la condición jurídica de víctima a las personas e instituciones represaliadas por la Dictadura.
Les pedimos DIGNIDAD para fortalecer los valores democráticos de nuestra sociedad y transmitirlos con mayor fuerza a nuestra juventud.
En definitiva, les emplazamos a dar luz verde a la tramitación del proyecto de ley aquí presentado votándola afirmativamente. Si no fuera esta su opción, suban a esta tribuna y comprométanse a presentar su proyecto de ley en este período de sesiones.
Y no frustren más esperanzas!
Gracias.
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