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28dic16


Alerta financiera en Valencia: la Generalitat tiene un agujero de 10.000 millones


El Gobierno autonómico de Ximo Puig y Mónica Oltra ha terminado el año dando buenas noticias a proveedores y perceptores de subvenciones como prestadores de servicios sociales básicos. Gracias al desbloqueo de tramos ordinarios y extraordinarios del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) por parte del Gobierno la pasada semana, la Generalitat ha cargado más de 900 millones de euros en facturas pendientes de pago que se abonarán antes de final de año. Pero que nadie se confunda. Este desembolso navideño no es más que la constatación de cómo la Administración autonómica es al FLA lo que un yonqui a la metadona: un dependiente absoluto del mecanismo de préstamo del Estado a los territorios.

La Generalitat valenciana está en situación de alerta máxima financiera. El informe de fiscalización anual, que este miércoles ha publicado la Sindicatura de Cuentas, (el Tribunal de Cuentas autonómico) advierte de un "grave desequilibrio" en las cuentas públicas valencianas, con un patrimonio neto negativo de 25.419 millones de euros y un Fondo de Maniobra Negativo (capacidad de afrontar gastos inmediatos) de 10.078 millones de euros a cierre de 2015. La Administración valenciana soporta una "posición delicada de liquidez y solvencia" que se tradujo el año pasado en un resultado negativo presupuestario de 4.185 millones y un remanente de tesorería también en números rojos de 2.593 millones.


Evolución de la deuda autonómica valenciana (2001-2015). (Fuente: Sindicatura de Cuentas)

Y todo esto ha ocurrido pese a que la Comunidad Valenciana no destaca precisamente por sus elevados niveles de gasto público. El gasto per cápita está doce puntos por debajo de la media española. La conclusión de la Sindicatura que desde junio dirige Vicent Cucarella es contudente: "Hay un estancamiento de ingresos por la crisis económica general y por el deficiente sistema de financiación autonómica que penaliza de forma notable a la Comunidad Valenciana".

Con estos números, la Generalitat vive obligada al recurso permanente al endeudamiento. Y como tiene cerrados los mercados institucionales de deuda, depende para su supervivencia financiera de los mecanismos estatales, es decir, del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro. De los algo más de 17.000 millones de presupuesto, menos de la mitad (8.819 millones) se cubren con ingresos procedentes de tributos cedidos. Hay otros 8.844 que llegan a la caja gracias a "pasivos financieros", mecanismos de préstamo del Estado.


La deuda se ha duplicado en el último lustro. (Fuente: Sindicatura de Cuentas)

Este "doble ajuste fiscal", como define el auditor el hachazo en ingresos derivado de la crisis y la menor financiación, explica que la deuda de la Generalitat haya alcanzado los 41.000 millones de euros, de los cuales 32.049 millones (casi el 80%) son deuda con el Estado. En apenas un lustro (entre 2010 y 2015) los pasivos autonómicos se han multiplicado por dos, una carga que provoca que Puig y Oltra destinasen el año pasado el 40% de su presupuesto a pagar deudas financieras, comerciales (proveedores), de las universidades o de entidades como Feria Valencia o la Institución Ferial Alicantina (IFA).

Subvenciones sin ejecutar

"Además de influir en menor estado del bienestar, en la Comunidad Valenciana la menor financiación también repercute en menores dotaciones para el fomento del desarrollo regional, lo que no ayuda a la convergencia en renta per cápita", se escribe en el informe. El Síndico no duda en poner cifras a lo que considera una "deuda histórica" del Estado con la Comunidad Valenciana, la derivada de calcular el déficit de financiación acumulado desde el año 2002, cuando pueden compararse competencias homogéneas entre autonomías. Según este cálculo, la deuda de la Generalitat se habría visto reducida en 14.000 millones de euros por la percepción de mayores ingresos.

La dependencia del FLA, el incremento constante de la hipoteca de la Generalitat con el Estado y el impacto que los menores ingresos conllevan a la hora de desplegar políticas explican que la reforma del sistema de financiación autonómica se haya convertido en un discurso repetitivo y obsesivo en el Gobierno que preside Puig. Socialistas y Compromís se han encontrado atados de pies y manos a la hora de gastar. El informe de la Sindicatura destaca, por ejemplo, que muchas de las subvenciones presupuestadas el año pasado pasado se han quedado sin ejecutar. Se ha pagado la novatada del primer año en algunos departamentos por falta de experiencia y capacidad para desastacar expedientes, pero también es que no hay dinero y las exigencias de déficit obligan al conseller de Hacienda, Vicent Soler, a establecer prioridades.

[Fuente: Por Víctor Romero, Valencia, El Confidencial, Madrid, 28dic16]

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