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26ene05
Un fiscal argentino aporta nuevas pruebas contra Scilingo.
Hugo Omar Cañón, fiscal general de la cámara de Bahía Blanca desde 1986, aportó ayer nuevas pruebas contra el ex marino Adolfo Scilingo, que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por genocidio, terrorismo y torturas.
Cañón, que es también presidente de la Comisión por la Memoria y ha investigado las torturas y desapariciones de personas durante la dictadura argentina (1976-1983), compareció en calidad de testigo en el juicio y aportó el vídeo de un programa de televisión emitido en Argentina en 1997, en el que participó junto a Scilingo.
El vídeo, que fue incorporado a la causa y será proyectado en el juicio durante la prueba documental, presenta al procesado como una persona que cuenta en primera persona la realidad de los vuelos de la muerte, en los que se arrojaba a los detenidos al mar, drogados pero todavía vivos. Scilingo contó el episodio en el que casi se cae del avión sky-van desde el que arrojó a 13 presuntos subversivos y cómo los rostros de esas personas se le aparecían en sueños.
En el programa, Scilingo decía que no pensaba ampararse en la obediencia debida y que en el momento que participó en los vuelos estaba convencido de que hacía lo mejor para su país. Agregaba que podía haberse negado a participar, pero que cumplió con su deber convencido de lo que estaba haciendo.
Cañón declaró también que Scilingo intentó confesarse sobre su intervención en los vuelos con un sacerdote en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), pero que éste le replicó que no le iba a confesar sobre aquella actividad, pues se trataba de un acto positivo, que encajaba en el mensaje divino de separar el grano de la paja.
El fiscal de Bahía Blanca explicó detalladamente las investigaciones que ha realizado sobre el tema de los desaparecidos y dijo que obedeció a "un plan de exterminio de un grupo nacional determinado" y que encajaba en la tipificación de genocidio. Cañón precisó que actualmente en Argentina únicamente se sigue un proceso penal por la apropiación de los hijos de los detenidos nacidos en cautiverio y que jurídicamente es ilegal cumplir órdenes de matar en función de la obediencia debida.
[Fuente: Por José Yoldi, El País, Madrid, 26ene05]
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