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08may04


Los obispos están dispuestos a revisar los acuerdos con el Estado.


Todos los privilegios de los que disfruta la Iglesia católica se basan en los Acuerdos Iglesia-Estado, firmados por España y la Santa Sede en 1979. Desde la clase de Religión en la escuela pública hasta la financiación de las actividades eclesiales. El Gobierno socialista está decidido a revisar dichos acuerdos. Los obispos aceptan el reto y se muestran dispuestos a "negociado todo".

La nueva consigna en la calle Añastro de Madrid, sede de la Conferencia Episcopal, es el "diálogo". Por eso, a la oferta hecha al Gobierno por el presidente del Episcopado en la apertura de la Asamblea Episcopal se suman ahora todos los mitrados españoles en una declaración.

Como reconocía el secretario de los obispos, Juan Antonio Martínez Camino -tras señalar que "los Acuerdos son un cauce válido para la regulación de la libertad religiosa"-, "la Conferencia Episcopal está dispuesta a llegar a acuerdos sobre éste y sobre otros temas".

Entre los asuntos pendientes de negociación, el secretario citó "el perfeccionamiento del estatuto de los profesores de Religión", siempre que la Iglesia siga controlando que la doctrina que imparten sea realmente la católica. También quieren negociar los obispos con el nuevo Gobierno la financiación de la Iglesia.

Martínez Camino advirtió, sin embargo, de que la de los dineros "no es una preocupación fundamental para la Iglesia". Lo que inquieta a los obispos es, según la declaración de la Plenaria, "la libertad religiosa, el respeto a la vida humana en todas sus fases, el matrimonio y la familia, y el derecho a la educación religiosa".

El Episcopado hace una declaración de fe en "el Estado democrático que respeta los derechos fundamentales de las personas" y expresa su voluntad de "cooperar lealmente al bien común, sin que eso obste para que la Iglesia siga proponiendo "su doctrina sobre las materias que son objeto de su preocupación".

Entre ellas están las cuestiones morales y de bioética. Martínez Camino condenó la iniciativa de Alberto Ruiz.; Gallardón de proporcionar gratis la píldora del día después para evitar embarazos, calificándola de "atentado contra la dignidad de las personas y contra la vida humana". Tampoco están de acuerdo con la adopción de niños por homosexuales.

[Fuente: José Manuel Vidal, El Mundo, Esp - 08may04]

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