16 de julio de 1997

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN

presentada de conformidad con el artículo 47 del Reglamento por los diputados:

Howitt, en nombre del Grupo del PSE

Bertens, André-Léonard y Fassa, en nombre del Grupo ELDR

Puerta, Vinci, Seppäneny Carnero González, en nombre del Grupo GUE/NGL

Kreissl-Dörffler, en nombre del Grupo V

Novo Belenguer y González Triviño, en nombre del Grupo ARE

para sustituir las propuestas de resolución presentadas por los diputados:

- Bertens, André-Léonard, en nombre del Grupo ELDR (B4-0598/97)

- Howitt, en nombre del Grupo del PSE (B4-0615/97)

- Puerta y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL (B4-0656/97)

- Kreissl-Dörfler, en nombre del Grupo V (B4-0679/97)

sobre el Perú

El Parlamento Europeo,

A. Preocupado por la decisión del Congreso del Perú, aprobada por el partido en el poder, de destituir a tres jueces pertenecientes al Tribunal Constitucional por haberse opuesto a una ley que permite la reelección del presidente Alberto Fujimori,

B. Preocupado por diferentes acontecimientos recientes que coartan la libertad de expresión, como son las amenazas y ataques a periodistas y medidas específicas contra medios de comunicación antigubernamentales como el diario "La República", la emisora de radio "Miraflores" y el presidente de "Frecuencia Latina (canal2)", Sr. Baruch Ivcher;

C. Considerando que la tortura sigue siendo ampliamente practicada por las fuerzas de seguridad, y que los tribunales admiten las declaraciones obtenidas por estos medios,,

D. Profundamente preocupado por las amenazas y ataques a opositores políticos en el Perú, por ejemplo, contra el Sr. Javier Díez Canseco y el anterior Ministro de Economía, Gustavo Saverbein,

E. Preocupado por la legislación especial antiterrorismo que permite que tribunales militares juzguen a civiles así como por la existencia de "Jueces sin Rostro" (tribunales secretos) que restringen el derecho a la defensa y a un juicio justo,

F. Deplorando el rechazo que los tribunales militares del Perú efectúan del habeas corpus, socavando así el nivel de respeto de los derechos fundamentales del individuo y poniendo en peligro el estado de derecho en el Perú,

G. Observando la ley de amnistía que consolida la impunidad para las violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad y por civiles que actúan con su beneplácito,

H. Consternado por las condiciones deplorables de las prisiones y por el hecho de que centenares de presos políticos estén confinados en aislamiento permanente,

I. Teniendo presente el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Perú de 1996 y las observaciones y recomendaciones realizadas al Gobierno del Perú por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas el año pasado,

1. Pide al Gobierno y al Congreso del Perú que admitan nuevamente a los tres jueces destituidos del Tribunal Constitucional;

2. Cree que es esencial el respeto a la independencia del poder judicial para evitar todo abuso de poder por el Ejecutivo, lo que socavaría las instituciones democráticas del Perú;

3. Pide al Gobierno del Perú que garantice la libertad de expresión y de medios de comunicación e insta a que se lleve a cabo una investigación sobre los abusos y ataques dirigidos contra periodistas independientes;

4. Urge al Gobierno del Perú a que garantice que se lleve a cabo una investigación independiente sobre los supuestos ataques contra miembros de la oposición;

5. Pide encarecidamente al Gobierno que tome medidas para acabar con la tortura y para que cualquier declaración o prueba obtenida bajo tortura física o psicológica sea inadmisible;

6. Urge a las autoridades peruanas a que aprueben todas las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y la vida de los defensores de los derechos humanos, de los testigos o de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y que pongan fin al sistema de los "Jueces sin Rostro", alas leyes de amnistía y al empleo del sistema judicial castrense para los casos de violaciones de los derechos humanos;

7. Exhorta a todas las autoridades del Estado peruano a acoger en su integridad e implementar las recomendaciones del informe de 1996 sobre el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

8. Pide a la Comisión que vincule cualquier cooperación futura con el Perú a una mejora de la situación de los derechos humanos en el país;

9. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Gobierno, al Presidente y al Congreso del Perú y a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

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