12jul06

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Demanda internacional contra el Estado de Guatemala por desaparición forzada y la posterior denegación de justicia.

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Caso Diario Militar
Petición P-1424-05
José Miguel Álvarez y otros.

Con el apoyo de la Fundación Myrna Mack, los familiares de 20 víctimas de desaparición forzada en Guatemala solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitir una denuncia internacional contra el Estado de Guatemala, por la práctica sistemática de este delito durante el conflicto armado interno, concretamente en el período 1983-1985, y por la posterior denegación de justicia, encubrimiento e impunidad.

La petición fue presentada en noviembre del 2005 y recibió el trámite correspondiente. En junio del 2006 recién pasado, tras haber pedido una prórroga en la entrega de su respuesta a esta demanda internacional, el Estado de Guatemala presentó ante la CIDH un informe en el que no contraviene los fundamentos del caso planteado en su contra por las 20 familias guatemaltecas y la Fundación Myrna Mack.

El Estado se limitó a trasladar un informe sobre diligencias realizadas por el Ministerio Público, órgano responsable de la persecución penal y de la dirección de la investigación criminal, cuyo análisis permite concluir que no existen avances en la investigación del delito de desaparición forzada, el paradero de las víctimas y los posibles responsables.

Este informe, además, permite afirmar que los órganos de justicia siguen siendo inoperantes en el tratamiento de casos de violación de derechos humanos, como ocurrió durante los años del conflicto armado y como sucede aún en la época actual, en donde la impunidad sigue siendo un manto que abriga por igual los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado y los miles de hechos de la delincuencia común y organizada, la violencia doméstica, la corrupción y otros, que afectan a la sociedad guatemalteca.

Los familiares de los desaparecidos están solicitando a la CIDH que admita la denuncia internacional contra el Estado de Guatemala, con el fin de llegar eventualmente a un juicio que condene la política de desaparición forzada y ordene la búsqueda de las víctimas y la sanción de los responsables, así como que remueva los mecanismos de denegación de justicia y disponga medidas para evitar la repetición de estos hechos de dolor.

En los peticionarios que firman la denuncia contra el Estado no prima un interés por alcanzar reparaciones de orden material. Su demanda es por justicia y su objetivo es lograr que el Estado asuma la responsabilidad internacional por haber permitido la práctica de este delito de lesa humanidad.

La demanda se fundamenta en numerosos medios probatorios, que incluyen el conocido “Diario Militar”, un documento salido de las entrañas de inteligencia militar que detalla al menos 183 casos de desaparición forzada y la suerte que, presuntamente, corrieron algunas de las víctimas: muerte bajo tortura y muerte por ejecución extrajudicial.

Los familiares de las víctimas buscan verdad, justicia y reparación. Por esto, esta denuncia internacional es una forma de reparación a la memoria de las víctimas de la desaparición forzada, porque a través de esta acción se recuerda la vida que quedó truncada y al mismo tiempo se contribuye a reconstruir una etapa de la historia nacional. La idea es obtener en el Sistema Interamericano la justicia denegada en el ámbito local, a efecto de obligar al Estado a tomar medidas destinadas a impedir que los hechos que han ofendido a la sociedad del mundo ocurran nuevamente

La búsqueda de justicia ante la CIDH es una ruta obligada, en virtud de que los órganos de justicia de Guatemala no han tenido la voluntad ni la capacidad, a lo largo de más de dos décadas, para determinar el paradero de los desaparecidos, esclarecer lo ocurrido y sancionar a los responsables. Como ha sucedido en los casos por genocidio y otros delitos de lesa humanidad, en los que se ha recurrido a la justicia universal, los familiares de estas 20 víctimas del Diario Militar han dado por agotada la vía interna, ante la apabullante impunidad que obstruye la administración de justicia en éste y otros muchos casos.

Víctimas de desaparición forzada

• 1. José Miguel Gudiel Álvarez
• 2. Orencio Sosa Calderón
• 3. Óscar Eduardo Barillas Barrientos
• 4. José Porfirio Hernández Bonilla
• 5. Octavio René Guzmán Castañeda
• 6. Álvaro Zacarías Calvo Pérez
• 7. Víctor Manuel Calderón Díaz
• 8. Amancio Samuel Villatoro
• 9. Manuel Ismael Salanic Chiguil
• 10. Carlos Guillermo Ramírez Gálvez
• 11. Sergio Saúl Linares Morales
• 12. Luz Haydée Méndez Calderón
• 13. Lesbia Lucrecia García Escobar
• 14. Otto René Estrada Illescas
• 15. Julio Alberto Estrada Illescas
• 16. Rubén Amílcar Farfán
• 17. Sergio Leonel Alvarado Arévalo
• 18. Joaquín Rodas Andrade
• 19. María Quirina Armira López (menor de edad)
• 20. Juan Pablo Armira López (menor de edad)

Peticionarios ante la CIDH:

Makrina Gudiel Álvarez, Laurenta Marina Sosa Calderón, Juan Francisco Barillas Barrientos, Reyna de Jesús Escobar Rodríguez, Renato Guzmán Castañeda, Ana Dolores Monroy Peralta, Sonia Guisela Calderón, María del Rosario Bran de Villatoro, Manuel Ismael Salanic Tuc, Natalia Gálvez Soberanis, Mirtala Elizabeth Linares Morales, Wendy Santizo Méndez, María Froilana Armira López, Efraín García Román, Paulo René Estrada Velásquez, Aura Elena Farfán, Miguel Ángel Alvarado Arévalo, Augusto Jordán Rodas Andrade, Fundación Myrna Mack.

Guatemala, 12 de julio de 2006
Fundación Myrna Mack

DDHH en Guatemala

Este documento ha sido publicado el 05Nov06 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights