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24ene19


Comunicado ante la inmoral iniciativa de Ley a favor del crimen organizado y de los responsables de crímenes contra la humanidad en Guatemala


Es sabido que Guatemala ha avanzado en materias como corrupción estatal, actividades criminales y penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado.

Se ha convertido en un "estado fallido", lo que no es más que un eufemismo que, en el argot de las organizaciones internacionales, define la crisis estructural que es consecuencia, en este caso, de un modelo de impunidad que se gestó a partir de los Acuerdos de Paz de 1996 y que ha generado una clase dirigente convencida de que la corrupción y el crimen organizado son parte de los poderes gubernamentales.

El enfrentamiento con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ("CICIG") es la muestra más acabada del pensamiento perverso del Gobierno y de la clase dirigente guatemalteca. La ausencia de las más mínimas categorías morales está haciendo que el mal absoluto suplante toda consideración hacia la justicia, y, hasta podríamos decir, toda actitud compasiva y proclive hacia los pueblos indígenas y la población que vive en condiciones coloniales de subsistencia. Esto a pesar de que la CICIG renunció a los procedimientos por violaciones a los derechos humanos y se "especializó" en la corrupción gubernamental.

Esta corrupción estuctural no es la causa, sino la consecuencia de un modelo que pervierte el sentido de la justicia, convirtiéndose en una prueba de lo que Jeremy Bentham (1748-1832) expresó con la siguiente cita: "Del poder de perdonar sin límites, surge la impunidad de la delincuencia en todas sus formas; de la impunidad de la delincuencia en todas sus formas, la impunidad de todas la formas de maldad; de la impunidad de todas las formas de maldad, la descomposición de los gobiernos; de la descomposición de los gobiernos, la descomposición política de la sociedad".

El escandaloso y aberrante proyecto de Ley que se presentó el 06 de noviembre de 2017 al Congreso bajo el título "Reformas al Decreto 146-96 del Congreso de la República, 'Ley de Reconciliación Nacional'", es una propuesta que desconoce el sentido de la justicia, el derecho internacional y los principios básicos de la civilización tal cual los conocemos.

Es una aplicación arrogante y manifiestamente ilegal del poder del Gobierno presidido por Jimmy Morales.

A este Gobierno le sería de aplicación la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, es decir, sobre el crimen organizado, dado que se les puede considerar in extenso como una organización criminal en el sentido de esta Convención.

Desde el Equipo Nizkor solicitamos a todas las organizaciones de derechos humanos y de derechos civiles, así como a los activistas de derechos humanos que actúen como mejor puedan frente a esta ley.

Estamos ante un deber ético que les debemos a todas las víctimas de crímenes contra la humanidad y, especialmente, a las comunidades indígenas que sufrieron los planes de exterminio ejecutados por aquéllos a quienes esta ley pretende eximir de responsabilidad penal y moral.

Equipo Nizkor, 24 de enero de 2019

International Criminal Law:
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