 | Este documento ha sido publicado el 14may04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
EQUIPO NIZKOR |
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Diciembre del 2003
¿A favor de quiénes trabajan ustedes señores Lagrange y Rico?
Por el área de Defensa Dignidad Humana Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)
El libro ¿Quién mató al obispo? publicado recientemente por Bertrand de La Grange y Maite Rico, no es un texto que pueda cuestionar a la investigación que concluyó con una sentencia que aplicó por unanimidad la pena máxima de 30 años de prisión, establecida para el delito de ejecución extrajudicial en el grado de coautores al Coronel Byron Lima Estrada, Capitán Byron Lima Oliva, y Especialista Obdulio Villanueva. También condenó a 20 años de prisión al Padre Mario Orantes pero como cómplice. El Tribunal de sentencia consideró "que el delito de ejecución extrajudicial se sustenta en el móvil político del crimen porque los procesados conocían y adversaban el Informe Recuperación de la Memoria Histórica trabajado por Monseñor Juan José Gerardi, donde se narran y denuncian las peores violaciones a los derechos humanos" cometidas durante el conflicto armado interno.
El proceso de investigación que produjo dicha sentencia fue algo sumamente difícil e incluso cobró un costo humano muy alto ¿Por qué este libro no habla sobre el número de personas entre testigos y funcionarios que tuvieron que salir al exilio? ¿Por qué este libro no habla sobre la cantidad de atentados y amenazas que sufrieron las partes investigadoras y contraloras? ¿Por qué todos los inmersos en la investigación, enfrentábamos amenazas mientras la tesis del crimen político se evidenciaba y las otras se descartaban mediante un trabajo serio de investigación?
Si se tomaran como verídicas las afirmaciones de estos periodistas, se tendría que pensar que todas y cada una de las instituciones del sistema de administración de justicia que tuvieron participación dentro del caso hayan fallado, culposa o dolosamente, en el cumplimiento de su deber, para dejar pasar la exorbitante cantidad de errores de procedimiento de que presumen cometidos, y es más, el cuestionamiento hace referencia directa a la calidad ética de los funcionarios del Organismo Judicial, al afirmar que los testigos y evidencia física presentada a lo largo del proceso no son creíbles ante el mínimo esfuerzo de análisis.
El matiz sesgado del libro se deja sentir desde su primer capítulo, solamente es necesario recorrer las primeras páginas para saber cuales son los objetivos de esta publicación ¿a quién exculpa esta publicación? ¿a quiénes ataca? En pocas palabras estos señores se atreven a afirmar que la ODHAG y la Iglesia Católica han cometido un crimen. No cabe duda que son capaces de afirmar sandeces, sólo con el objetivo de llenar sus bolsillos y hacer comprar a la gente un libro mas bien perteneciente al género de la ficción.
Los autores dibujan a los funcionarios de la administración panista como personas de lucidez y moral extraordinaria, sin ni siquiera mencionar que durante el período de investigación y el debate se evidenció el encubrimiento en que caían. Así mismo, dentro del texto se vuelve a dar credibilidad a la tesis del crimen como producto de la delincuencia organizada, tesis descartada profesionalmente por dos fiscales y la querellante, mediante un riguroso proceso de investigación.
En efecto, en cada uno de los capítulos del libro, se hace referencia a las virtudes de los acusados y sus defensores jurídicos y políticos y se realiza una descripción falsa pero detallada de los desaciertos profesionales y morales de sus detractores. En el desarrollo del texto se hace sentir un marcado desprecio hacia el sacrificio personal y familiar que varios de los testigos y operadores de justicia realizaron con el único fin de servir a la justicia y al esclarecimiento del caso; a tal grado se llega, que el capítulo se dedica exclusivamente a esta tarea "Testigos Falsos", sin contemplar que fueron los testigos de descargo pertenecientes al Estado Mayor Presidencial y a las coartadas de los acusados, quienes ahora se encuentran con un proceso penal abierto por el delito de falso testimonio.
El detalle en la narrativa cumple el objetivo fundamental de hacer parecer verdad completa e inexorable, eventos, afirmaciones y fenómenos que en la realidad están sujetos a toda clase de interpretaciones. ¿O será que la señora Rico y el señor de La Grange cuentan en su haber con la verdad absoluta? Característica fundamental de la narración omnisciente de texto, por medio de la cual los autores conocen la totalidad de pensamientos, sentimientos y acciones de todos los personajes de su obra.
Será esta investigación, realizada sin supervisión alguna, sin control judicial y sin participación en contradicción, capaz de cuestionar la misma esencia y credibilidad de nuestra incipiente democracia y sus procedimientos, perfectibles por supuesto, y específicamente de nuestro sistema de justicia. Ya que el texto en cuestión cuenta de forma contundente y categórica cómo sucedieron los hechos, desde citas textuales de conversaciones en donde nunca participaron, hasta interpretaciones de informes del FBI que nunca existieron, y que por fiarse de informantes de dudosa procedencia incluyeron con real convicción. Realmente es necesario cuestionarse si la información presentada tal y como si ellos hubiesen estado en el lugar y momento de los hechos es precisa o es producto de un reciclaje de entrevistas informales y antitécnicas realizadas en diferentes períodos de la historia.
La presentación de datos reales de la investigación y del juicio oral coadyuvan a crear una atmósfera de veracidad, pero el punto medular, es cómo se interpretó todo ese caudal de información, ya que la mayoría de datos mencionados en el libro son públicos desde hace varios años, es decir, la novedad del presente asunto, no es la información en sí, sino cómo la misma se ordenó y se malinterpretó, a manera de crear y presentar una trama accesible, amena y sobre todo creíble, con la intención de sorprender a todas aquellas personas que no han tenido el privilegio del acceso al total de la información generada en este caso.
Los ejemplos de tales "verdades a medias o mentiras a medias", dependiendo de cómo se quieran completar abundan a lo largo del libro, un caso: la pruebas de luminol y de acústica realizadas por el FBI en la casa parroquial de San Sebastián, tales pruebas, en efecto se realizaron, pero no por el FBI, ni en las fechas que se estipulan, éstas las realizó la Fiscalía Especial en fechas posteriores, y es en esta parte de la trama en donde se describe un segmento sólo calificable como desinformación: cómo es posible que la supuesta prueba de luminol realizada por el FBI arrojara positivo en "surcos circulares" en la pared del garaje como que se hubiera limpiado la escena del crimen antes de que llegasen las autoridades, si la verdad es que la escena se lavó alrededor de las siete de la mañana del 27 de abril de aquel año, es decir, tres o cuatro horas después de haberse levantado el cadáver, ¿estuvo el FBI en Guatemala en las primeras cinco horas después de la muerte de Monseñor? Falso.
Este proceso que tanto ha costado y dolido a la colectividad guatemalteca, en donde además de la vida de monseñor Juan Gerardi se han perdido varias vidas más, todas en la lucha desesperada de alcanzar la Verdad, no sólo respecto de las circunstancias físicas que rodearon la muerte del obispo, sino de las condiciones políticas que generaron tan lamentable muerte y el encubrimiento posterior. Por que en efecto, la naturaleza de este caso es política, pero entendida en otra perspectiva, la Iglesia Católica, Monseñor Gerardi y la ODHAG eran actores políticos y la muerte del obispo constituyó un mensaje que alto y claro decía quién mandaba en Guatemala, a pesar de los Acuerdos de Paz, la creación de una ruptura en la esperanza, un cambio en el imaginario social de la posguerra.
A lo largo de nuestra experiencia profesional como ODHAG en la investigación de violación a los derechos humanos, hemos podido entender a los cuerpos que materializan dichas violaciones. Esto nos hace afirmar que éstos se forman por quiénes deciden hacia quien será dirigida la violencia, los que vigilan al blanco, los que ejecutan y los que alteran la escena del crimen y obstaculizan la investigación mediante artimañas ilegales o influyendo en la opinión publica.
Fue entonces, en realidad una conspiración, pero no desde fuera del gobierno, dirigido por personajes oscuros que no logran identificarse y con intereses político partidistas. Fue un motín interno en el barco de la administración de álvaro Arzú, el que tenía por objetivo el proceso de paz, en el cual se abandonaron a compañeros, a quienes hoy se responsabiliza, bajo la consigna de sálvese quien pueda, y la lógica utilizada fue la de rescatar al barco dañado y a la tripulación que quedaba herida, con el menor costo posible. Señor Arzú, "El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco."
Esperamos que el proceso ahora en manos de una nueva Sala de la Corte de Apelaciones, pueda decidir en forma independiente y autónoma sobre el destino de la sentencia que fue dictada en primera instancia y en esta forma se pueda confirmar la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país, que se mantiene aún tan expuesto a los ataques e injerencias de los grupos clandestinos que realizan no solo acciones criminales como la muerte del obispo, sino mantienen su presencia y protección a través de jueces, magistrados e inclusive algunos periodistas.
Hacemos un llamado a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a que no se dejen sorprender, por este libro que como hemos afirmado conlleva una intencionalidad implícita de socavar las bases de un proceso judicial accidentado, pero sólido, dentro del cual se han cumplido con todas las garantías procesales que nuestro ordenamiento jurídico contempla. Y ustedes señores de La Grange y Rico, si es cierto que su intención es favorecer la verdad y su investigación es tan seria como afirman, ¿por qué no plantearon su denuncia ante las autoridades del Ministerio Público? Si la democracia con la que se afanan de colaborar se construye desde la institucionalidad nacional, y no con panfletos de propaganda.
Como Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, nuestra única intención es y ha sido, encontrar la verdad en el caso por la muerte de Monseñor Gerardi, no defendemos a nadie, ni ocultamos información, cualquiera que sea, nuestra lucha se encamina a la defensa de los derechos humanos y la construcción del Estado de Derecho y la Democracia.
Guatemala, diciembre del 2003.
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