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Informe de MINUGUA sobre los disturbios del 24 al 25 de julio de 2003 en la Ciudad de Guatemala.

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Introducción.

1. En cumplimiento de su mandato, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) presenta a continuación un informe sobre los hechos que tuvieron lugar los días jueves 24 y viernes 25 de julio del presente año en la capital de la República. Las violentas manifestaciones de esos días encabezadas por los seguidores del partido de Gobierno, el Frente Republicano Guatemalteco, provocaron gran tensión política en el país y afectaron seriamente la seguridad de la ciudadanía poniendo en riesgo el pleno goce de sus derechos humanos.

2. Los resultados de la verificación realizada por la Misión resumen 10 recogido a través de la presencia directa de sus funcionarios en los lugares de los hechos, la información del monitoreo llevado adelante en el resto del territorio nacional a través de las Oficinas y Sub-Oficinas Regionales de MINUGUA, los contactos efectuados con funcionarios policiales y autoridades públicas, las denuncias recibidas, así como también el recuento de información fehaciente que es de amplio dominio público. Este informe se suma a la declaración pública emitida por MINUGUA el jueves 24 de julio, en la que se condenaron los actos de violencia incluyendo la muerte de un periodista, se hizo un llamado para que las autoridades restablecieran el orden público y se invocó a los líderes del FRG para que intercedieran ante sus simpatizantes para que cesaran los actos violentos.

Contexto político en que sucedieron los hechos.

3. Los sucesos de esos días y la interpretación de los mismos necesariamente se enmarcan dentro del proceso electoral ya abierto y el accidentado trámite de inscripción del actual Presidente del Congreso y líder del FRG, Efraín Ríos Montt, como candidato presidencial. El día lunes 14 de julio la Corte de Constitucionalidad había ordenado dicha inscripción, revirtiendo su propia jurisprudencia de los años 1990 y 1995. Dicha decisión fue fuertemente cuestionada y, además, se suscitaron serias observaciones respecto a los procedimientos en el seno de dicho alto tribunal. La Corte Suprema de Justicia suspendió provisionalmente la inscripción, creándose una situación institucional inédita en el país. En el momento en que sucedieron las violentas manifestaciones del 24 y 25 de julio, la Corte de Constitucionalidad se encontraba revisando recursos legales interpuestos por el FRG solicitando dejar sin efecto 10 dispuesto por la Corte Suprema de Justicia y permitirían dar curso a la inscripción.

4. En un plano paralelo al forcejeo jurídico, varias organizaciones políticas y sociales contrarias al FRG realizaron protestas públicas para oponerse a la inscripción del Sr. Ríos Montt, ante las sedes de la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, culminando con una concentración de manifestantes que se llevó a cabo el domingo 20 de julio frente al Palacio Nacional de la Cultura en la ciudad capital. Tales demostraciones se desarrollaron sin incidentes.

5. El lunes 21 de julio el Sr. Ríos Montt encabezó una conferencia de prensa adelantando su opinión de que se había producido un "golpe de Estado técnico" a raíz de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y advirtiendo que podrían haber acciones de simpatizantes de su partido fuera del control de la dirigencia. Estas declaraciones fueron ampliamente criticadas e interpretadas por algunos como amenazas veladas e incluso una incitación a la violencia.

6. La seria tensión política creada por los disturbios del 24 y 25 de julio se mantuvo en días posteriores. Algunos magistrados de los máximos tribunales reportaron haber recibido llamadas telefónicas de amenaza, 10 mismo que varios activistas cívicos. El día miércoles 30 de julio, la Corte de Constitucionalidad emitió un fallo que ordenó la inscripción del Sr. Ríos Montt. Al día siguiente, a una semana de los disturbios en la capital, el Registro de Ciudadanos inscribió al Sr. Ríos Montt como candidato presidencial.

Recuento de los hechos verificados.

7. Desde tempranas horas de la madrugada del jueves 24 de julio docenas de buses, camiones y otro tipo de vehículos, transportando cientos de personas, empezaron a llegar a la capital desde diversos lugares del país para manifestarse a favor del FRG y la inscripción del Sr. Ríos Montt como su candidato presidencial. MINUGUA ha confirmado que a esas horas la Policía Nacional Civil (PNC) tenía conocimiento de estos desplazamientos en múltiples departamentos, estimando la institución policial que el número de participantes alcanzaba las 16.500 personas aunque dicha cifra pareciera ostensiblemente mayor a la que se hacía patente en los puntos de concentración y que correspondería apenas a un tercio de tal estimación.

8. Inicialmente agrupados en la Plaza del Obelisco de la zona 10, la 18 calle y 73. Avenida de la zona 1 y el Hipódromo del Norte de la zona 2, los concurrentes se distribuyeron para emplazarse frente a la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad en la Zona 1 de la ciudad; frente al Edificio "Centro Empresarial" en la Zona 10 de la ciudad; frente al Tribunal Supremo electoral en la Zona 2; frente a las vías de ingreso hacia las Colonias "La Cañada" y "Las Conchas" en la Zona 14. Algunos grupos hicieron presencia momentánea en las inmediaciones del Aeropuerto en la Zona 13, del anillo Periférico por Zonas 7, 11 Y en los alrededores de la USAC. Mientras tanto, los numerosos buses que se emplearon para el transporte se estacionaban agrupados notoriamente en las vías públicas aledañas a los puntos de concentración de las zonas 1, 10 y 14.

9. Fue visible en todos los puntos de concentración que un número cuantioso de participantes vestían camisetas blancas con el logotipo distintivo del FRG, mientras que muchos otros portaban cintillos alusivos al mencionado partido, atados circundando la frente o bien sobre el sombrero. Se blandían varias pancartas y mantas con lemas de apoyo al FRG y al Sr. Ríos Montt y se gritaban eslóganes a favor de su inscripción presidencial y consignas en contra de los periodistas y la empresa privada, o simplemente "los ricos". También fue patente la presencia de numerosos individuos usando gorros pasamontañas con los cuales se cubrían completamente los rostros, o bien 10 hacían con pañuelos, quienes a todas luces ejercían el liderazgo de las turbas.

10. Se ha reportado ampliamente que varios funcionarios estatales de alto nivel, entre ellos varios conocidos parlamentarios del FRG y sus respectivos asistentes, habrían participado en las concentraciones e incluso varias fotografías publicadas en los medios de prensa local sustentarían estas afirmaciones. La misma MINUGUA también encontró entre los participantes a gobernadores departamentales del FRG, así como a miembros del magisterio nacional quienes afirmaron haber sido convocados por parte de sus superiores para participar en una manifestación en apoyo a un candidato a diputado del FRG.

11. La Misión recibió testimonios, que concuerdan con la existencia de abundantes registros fotográficos y filmicos dados a conocer por los medios de prensa escrita, radial y televisiva, sobre la entrega organizada de machetes y palos a los participantes, así como de llantas para ser quemadas, todo 10 cual era provisto por vehículos tipo pick-up que se acercaban a los puntos de concentración sin impedimento. Se ha reportado que algunos de estos vehículos no tenían placas de circulación. De igual forma los reportes periodísticos, los testimonios directos y las denuncias recibidas complementan la verificación de la Misión acerca de la existencia de armas de fuego en visible poder de algunos individuos que se cubrían los rostros. Premunidos de todo este conjunto de accesorios y armas, los grupos movilizados constituían sin duda alguna una presencia intimidante y peligrosa.

12. Aquellas personas que se agruparon frente al Edificio "Centro Empresarial" en la Zona 10 fueron quienes asumieron las actitudes más abiertamente agresivas y provocaron el riesgo más grave. En un despliegue de fuerza y amenazas, las entre 500 y 1.000 personas que constituían esta partida forzaron a quedarse atrapadas en el edificio a cientos de personas que trabajaban en las diferentes oficinas comerciales, consultorios médicos y sedes institucionales que allí funcionan, bajo amenazas constantes a viva voz de que se prendería fuego al inmueble. La belicosa actitud de la turba, que arrojaba piedras y hostilizaba a quienes no hacían parte de ella, pronto derivó en la quema de llantas alrededor del edificio, sin que se permitiera al personal de socorro dar auxilio y evacuar a las personas retenidas en el inmueble y afectadas por las densas humaredas. La Misión verificó que entre las turbas había individuos pertenecientes conocidas "maras" delincuenciales de la capital.

13. La violencia que empezó a generarse se dirigió también contra los periodistas que reportaban los acontecimientos, pasando los encapuchado s en turba a perseguidos y agredidos físicamente para, en algunos casos, despojados de sus instrumentos de trabajo, particularmente las cámaras fotográficas. Varios periodistas fueron atacados, entre ellos Juan Carlos Torres de "el Periódico" y Héctor Estrada de "Guatevisión", quienes fueron agredidos y golpeados con palos, siendo el primero incluso rociado con combustible, afortunadamente pudiendo huir antes de que los encapuchados que forcejeaban con él cumplieran su amenaza de echarlo al fuego de las llantas. Fue en medio de este tipo de sucesos que, luego de también verse obligado a huir para evitar ser alcanzado por la turba agresora, Héctor Ramírez de "NOTI 7" y "Radio Sonora", de 62 años de edad, sufrió un infarto cardíaco que le provocaría la muerte a escasa distancia del foco de los disturbios en tomo al Edifico "Centro Empresarial". También se produjo un disparo contra una persona que, desde un inmueble cercano, intentaba tomar fotografías de los líderes de la turba. La bala 10 rozó. Tres días después la misma persona, encontrándose en el mismo inmueble en compañía de sus hijos, volvió a ser blanco de otro disparo que no les alcanzó.

14. La muchedumbre claramente hostil aunque menos numerosa, que se ubicó frente a las vías de ingreso hacia las Colonias "La Cañada" y "Las Conchas" en la Zona 14, quemó neumáticos, lanzó arengas amenazadoras contra los vecinos, pintó grafito s con insultos a los habitantes de la zona y en apoyo del FRG a todo 10 largo de la calle que estaba bloqueada y apedreó los vidrios de la sede de la empresa "Unión Fenosa". Estas acciones impidieron durante horas el tránsito desde y hacia las residencias de numerosas delegaciones diplomáticas acreditadas en Guatemala, así como a las viviendas de algunos residentes conocidos, entre ellos el ex-Presidente Constitucional de la República, Álvaro Arzú y, además, uno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que emitió su voto contra la inscripción de la candidatura del Sr. Ríos Montt.

15. Tanto en estos sitios como en otros, se hicieron presentes camiones que notoriamente no fueron obstaculizados por los revoltosos, a quienes proveyeron de alimentación preparada y empacada de manera regular. No fue sino hacia las 18:00 horas de ese día que las gestiones de los propios ciudadanos retenidos por las personas que circundaban el Edifico "Centro Empresarial", respaldados por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Cruz Roja de Guatemala, posibilitaron la salida del inmueble luego de más de 10 horas en su interior. Siguiendo su propio designio y sin encontrar escollo de ningún tipo en su recorrido por la ciudad, los participantes de las turbas que rodeaban al mismo edificio se retiraron del lugar para pasar a reunirse con aquellos que se encontraban frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia en la Zona 1. Lo mismo hicieron los que se encontraban en la Zona 14, quienes se retiraron del lugar alrededor de las 19:00 horas en una fila ordenada de buses. Al caer la noche, el grupo frente a la Corte Suprema de Justicia recibió el apoyo de camiones que les suministraron amplios toldos, los cuales fueron instalados frente a la sede del alto tribunal, de suerte que sirviera de cobijo a las más de mil personas que allí pernoctaron.

16. La jornada del viernes 25 de julio se desarrolló fundamentalmente frente a la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad y se caracterizó por constantes agresiones contra los reporteros de prensa que cubrían los acontecimientos, a quienes se apedreó, golpeó, hostilizó y persiguió para impedir el cumplimiento de sus tareas. Hacia el mediodía, luego de un mensaje dirigido por el Sr. Ríos Montt a sus seguidores conminándolos a retirarse a sus lugares de origen, la muchedumbre rápidamente se disolvió y sus integrantes tomaron los buses que esperaban desde la jornada anterior para transportarlos de regreso.

17. Lo acontecido estos días generó un amplio rechazo en el ámbito nacional e internacional, evidenciado por las numerosas declaraciones de repudio emitidas por instituciones cívicas, académicas y religiosas, así como declaraciones del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala. El día viernes 25 de julio el Comité Ejecutivo del FRG publicó un campo pagado lamentando los sucesos, pero al mismo tiempo rechazando cualquier vínculo institucional con 10 acontecido y caracterizando los hechos como actos espontáneos de ciudadanos inconformes con los obstáculos para la inscripción del Sr. Ríos Montt. Declaraciones de altos funcionarios públicos, entre ellos Ministros y dirigentes del FRG, sostuvieron, además, que la gravedad de los hechos estaba siendo sobredimensionada y compararon los acontecimientos a típicas manifestaciones que otros grupos sociales y políticos han efectuado.

Respuestas de las autoridades y despliegue de las fuerzas del orden.

18. La verificación de MINUGUA confirma apreciaciones ya ampliamente vertidas en el dominio público y añade otras indicaciones para señalar las responsabilidades en el evidente deterioro del orden público y la espiral creciente de agresiones y violencia que se vivió el 24 y 25 de julio. MINUGUA corroboró que, en 10 que respecta a las turbas que sitiaban el edificio "Centro Empresarial" así como las colonias residenciales de la Zona 14, la PNC emplazó sus contingentes a tres cuadras de los puntos en los que se desarrollaban los actos violentos. En ningún momento hubo por parte de las fuerzas de la PNC asomo alguno de intentar poner coto a los desmanes que se sucedían y agravaban en su alrededor. Los efectivos de la PNC destacados en estos lugares no portaban equipo antidisturbios. La Misión ha verificado que en los resultados operacionales de la PNC no se registra ninguna detención relacionada a los disturbios ocurridos en las dos jornadas.

19. Existen explicaciones encontradas por la falta de respuesta por parte de la fuerza pública. El Director de la PNC fue destituido de su cargo pocos días después de los hechos bajo el argumento de que desobedeció órdenes del Ministro de Gobernación de enfrentar a quienes alteraban el orden público. Sin embargo, el propio ex-Director de la PNC informó a la Misión que su decisión de no intervenir había sido avalada por el Ministro. Al defender la decisión de no reprimir a las turbas, aun cuando manejaba informaciones indicando que entre los participantes había algunos portando armas de fuego, el ex-Director argumentó que un enfrentamiento con la acción de la PNC habría acarreado un mayor riesgo de extensión de los disturbios y más violencia. Según otra fuente de información a la que tuvo acceso la Misión, algunos altos funcionarios del Gobierno y de la policía se habrían reunido con dirigentes del FRG el 23 de julio, siendo informados que las manifestaciones serían pacíficas y que se realizarían únicamente frente a la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral. Ante ello la PNC habría respondido afirmando que no intervendría en el desarrollo de las actividades ni amedrentaría a los manifestantes.

20. La Misión estableció contacto telefónico con el Presidente de la República alrededor del mediodía del jueves 24 de julio y el mandatario afirmó que preparaba el envío de tropas del Ejército a las calles, junto con la PNC, para reestablecer el orden público. Estos términos fueron luego difundidos en un mensaje televisivo en cadena nacional emitido a las 15:00 horas del mismo jueves. Un comunicado escrito del Gobierno emitido la misma tarde señalaba que se emplearían "todos los medios (...) para actuar en contra de grupos disociadores y vandálico s que intenten afectar la estabilidad del país o presionar a representantes de las instituciones jurídicas". A pesar de estos anuncios, ninguna intervención significativa de las fuerzas militares pudo ser verificada esa misma tarde o al día siguiente en los sectores de la ciudad afectados por los disturbios. Según la información oficial recibida por la Misión, luego del mensaje presidencial la PNC recibió un contingente de apoyo consistente en 146 soldados al mando de un capitán. El Director de la PNC ubicó parte de este personal como refuerzo de las sedes de algunas comisarías. El viernes 25, con el mismo contingente del Ejército, se desplegaron algunas patrullas combinadas bajo el mando y coordinación de la PNC y en vehículos de ésta.

21. El Procurador de los Derechos Humanos realizó intensas gestiones ante las autoridades del Gobierno y la PNC para que se protegiesen las personas en peligro retenidas en el edificio "Centro Empresarial", presentando, además, acciones legales de garantía para que se otorgara eficazmente la protección invocada, incluso con la concesión de medida cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia declaró con firmeza que la independencia judicial no se doblegaría ante la intimidación que se pretendía ejercer contra el alto tribunal.

22. El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público ha afirmado públicamente y ante MINUGUA su compromiso de llevar adelante una profunda investigación sobre los acontecimientos. La Misión ha verificado que ante la Fiscalía de Delitos contra Periodistas y Sindicalistas se encuentra en trámite una denuncia en contra del Presidente de la República, el Ministro de Gobernación, el Gral. (r) Ríos Montt y otros parlamentarios del FRG por diversos delitos, entre ellos intimidación, persecución y agresión.

Conclusiones.

23. Los disturbios del 24 y 25 ocurridos en la ciudad de Guatemala sobrepasaron el marco del ejercicio del derecho de manifestación en una sociedad democrática, constituyendo una amenaza a la seguridad pública. La agresión contra periodistas y otras personas, el porte y uso de armas de fuego, el despliegue hostil e intimidatorio de muchedumbres blandiendo palos y machetes y la violenta retención de cientos de personas no son parámetros válidos para la protesta cívica. La Misión señala que estos hechos constituyen violaciones a los derechos humanos, tanto por el grave incumplimiento del deber del Estado de velar por la seguridad, integridad y tranquilidad de los ciudadanos, como por las sindicaciones de que de altos funcionarios estatales habrían tenido roles en la organización y dirección de las manifestaciones. Frente a la gravedad de los acontecimientos, resultan sumamente preocupante s las declaraciones de altos funcionarios del Gobierno y líderes del FRG minimizando la seriedad de 10 ocurrido y forzando una pretendida equivalencia con manifestaciones anteriormente realizadas por otros grupos sociales o políticos.

24. La verificación desestima la versión de que 10 ocurrido fue producto de una reacción espontánea de ciudadanos sin vinculación institucional alguna con el partido gobernante y sus altos dirigentes. De hecho, mucha de la información disponible indica que las acciones fueron previstas y organizadas y, además, estuvieron bajo control permanente y directo de sus líderes y promotores con el aparente fin político de respaldar, por la vía de la presión e intimidación sobre la ciudadanía y sus instituciones, la inscripción del Presidente del Congreso y ahora candidato presidencial del FRG, Sr. Eftaín Ríos Montt. Abundan indicios que van desde la extensiva organización y logística que se evidenció en los eventos, pasando por la presencia fisica de altos funcionarios estatales miembros del FRG, hasta las propias declaraciones del Sr. Ríos Montt en los días previos advirtiendo sobre posibles desbordes protagonizados por sus partidarios y, finalmente, la evidente obediencia de éstos ante la orden del mismo Sr. Ríos Montt para que se retiraran del lugar.

25. Esto configura un contexto alarmante para la democracia de Guatemala, visto el cariz y dimensión políticas que adquieren acciones de esta naturaleza, que resultan eventualmente preparadas desde las esferas del Estado y del partido del Gobierno y son dirigidas contra sectores de la civilidad y las instituciones del sistema de justicia con posibles fines intimidatorios. La Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral son pilares del Estado de Derecho y deben poder ejercer sus funciones sin ser blanco de presiones indebidas que afecten sus decisiones o que les resten credibilidad a sus resoluciones.

26. MINUGUA deplora particularmente la manera deliberada y sistemática con que se agredió a los trabajadores de los medios de prensa que cumplían su deber de cubrir los disturbios. La Misión lamenta la muerte del periodista Héctor Ramírez y espera que la identificación de los responsables de su deceso sea seguida del juzgamiento y sanción correspondientes.

27. La patente inacción de las fuerzas de orden público frente a disturbios de tal magnitud alimentó el curso violento de los acontecimientos. Las autoridades correspondientes deben ofrecer las debidas explicaciones públicas y adoptar las medidas correctivas. La destitución del Director de la PNC ---que eleva a 9 el número de funcionarios que van ocupando dicho cargo durante el presente Gobierno- es una medida política tomada repetidamente en los últimos años como reflejo inmediato a cada crisis en materia de seguridad pública sin eficacia demostrada.

28. La decisión del Presidente de la República de ordenar la intervención del Ejército en apoyo a la PNC durante la tarde del 24 de julio, aunque amparada en la legislación vigente, no resultó en la práctica en ninguna acción materialmente efectiva frente a los acontecimientos. Esto confirma un patrón ya establecido de falta de eficacia al recurrir al Ejército para tareas de seguridad pública.

29. El uso de la fuerza pública en situaciones de conflicto o de desorden público debe ser mesurado y proporcional. De ninguna manera pueden las autoridades interpretar este principio como una vía para actuar con indolencia ante riesgos que afectan la vida o integridad de las personas, tal como se apreció en el manejo de los disturbios del 24 y 25 de julio. La acción prudente, pero contundente, de la fuerza pública en estas circunstancias, era un paso preventivo o reactivo que, enmarcado en el respeto de los derechos humanos, hubiera contribuido a resolver eficazmente la situación.

30. Los hechos del 24 y 25 de julio no deben quedar en la impunidad para no incentivar el que se repitan. El Estado tiene la responsabilidad de realizar las investigaciones correspondientes y sancionar a los responsables de 10 ocurrido, sin caer en consideraciones políticas partidarias. El Ministerio Público debe usar la abundante información existente para perseguir penalmente a los responsables directos de los delitos cometidos, así como a las personas que planificaron y dirigieron sus acciones.

31. Frente a los temores despertado s en tomo al normal curso del actual proceso electoral, MINUGUA exhorta a todas las fuerzas políticas del país, y especialmente al FRG, a restituir la cordura, rechazar y repudiar todo acto de violencia y retomar responsablemente los compromisos asumidos para el desarrollo pacífico de las elecciones. Ya suman al menos trece las muertes violentas en el contexto de la contienda electoral. Las elecciones deben permitir la discusión e incluso la discrepancia sobre el pasado y el futuro del país, pero las diferencias deben mantenerse siempre dentro del marco del compromiso común con el fortalecimiento del sistema democrático.

Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala - MINUGUA
Guatemala, 6 de agosto de 2003

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