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DERECHOS


19sep02


El ex presidente Cerezo defiende a militares que integraron su Estado Mayor.


Sin embargo, el ex mandatario tuvo que reconocer que el asesinato de Myrna Mack constituyó una violación de derechos humanos perpetrada durante su administración, porque el hechor del crimen, Noel de Jesús Beteta, estaba de alta en el Estado Mayor Presidencial (EMP). También admitió que en el EMP hacían reportes diarios sobre los acontecimientos nacionales y que trabajó el tema de los desplazados.

Audiencia del 19-09-02

En la undécima audiencia en el juicio por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack, celebrada hoy, prestó su declaración como testigo el abogado Vinicio Cerezo Arévalo, quien fungió como Presidente de la República en el período 1986-1991. Los oficiales militares acusados de ordenar el asesinato de la antropóloga en septiembre de 1990, fueron nombrados por este testigo y trabajaban junto a él todo el tiempo.

De esa cuenta, el testimonio de Vinicio Cerezo no hizo aportes realmente sustanciales al juicio contra el general Edgar Godoy y los coroneles Juan Valencia y Guillermo Oliva. Trató de desvincular al EMP de las labores de inteligencia y de contrainsurgencia, se dedicó a afirmar que no le consta la comisión de ningún hecho ilícito en esa esfera militar, calificó a los acusados como oficiales que contaban en aquel entonces con una carrera sin tacha y los ubicó en el grupo de los oficiales del Ejército que apoyaban la apertura política y democrática.

Esto se esperaba de la declaración de un testigo que en el momento del asesinato de Myrna Mack era el Presidente de la República, el comandante general del Ejército y la cabeza de mando de la estructura militar que es acusada de la comisión de graves crímenes. En el marco de este juicio se trata de establecer la cadena de mando y la jerarquía para determinar cómo se daban las órdenes, a efecto de definir cómo operó la autoría intelectual del crimen. Cerezo era la cabeza del Ejército y la autoridad a quien finalmente entregaba cuentas el general Godoy, quien fungía como Jefe del Estado Mayor Presidencial.

No extraña, pues, que Cerezo afirme que nada le consta, que defienda a los militares que integraron su Estado Mayor Presidencial, pues inculparlos significaría admitir que en su entorno se realizaban operaciones ilegales, inteligencia, contrainteligencia y tareas de contrainsurgencia, que daban como resultado la perpetración de crímenes y violaciones de derechos humanos.

No obstante, Cerezo entró en contradicciones. Primero, dijo que el EMP sólo se dedicaba a velar por su seguridad y la de su familia. Luego, declaró que se enteró del asesinato de Myrna Mack porque el general Godoy se lo informó, cuando le entregó el reporte diario de acontecimientos relevantes. Cuestionado de por qué el asesinato de Mack estaba entre los asuntos relevantes que el EMP sometía a su consideración, el ex presidente dijo que esta estructura militar le entregaba a diario un reporte sobre todos los acontecimientos nacionales, incluyendo toda clase de asesinatos, hechos de violencia, accidentes, etc.

Contrario a lo que declaró el coronel Valencia, en la audiencia del 04 de septiembre, en relación con que el EMP no veía a la insurgencia como una amenaza inmediata para la seguridad del Presidente, el abogado Cerezo dijo que sí era de interés porque, si bien no representaba una amenaza de asesinato, sí había la posibilidad de atentados en su contra. Relató que en una ocasión la guerrilla atacó la finca presidencial Santo Tomás, en donde él y su familia se encontraban; y que en otra ocasión la insurgencia atacó el cuartel militar de Cuarto Pueblo, Quiché, durante una visita que él realizaba al lugar.

Asimismo, dijo que el EMP se involucró en el tema de los desplazados internos porque manejó un programa apoyo presupuestario para la atención de estos conglomerados humanos. El ex presidente Cerezo aseguró que su gobierno impulsó políticas humanitarias de atención a los desplazados, aunque reconoció que el Ejército consideraba que esta población era simpatizante o base de apoyo de la guerrilla.

Durante la audiencia, Cerezo dijo que dentro del Ejército había oficiales militares opuestos a la negociación de la paz, la apertura política y la búsqueda de la estabilidad nacional. Responsabilizó a estos oficiales (sin mencionar nombres) de haber impulsados cuatro intentos de golpes de Estado en su contra, incluyendo las insubordinaciones golpistas de 1987 y 1989.

Cree que algunos de estos oficiales militares podrían haber perpetrado violaciones de derechos humanos durante su gobierno; y concretamente mencionó que el asesinato de Myrna Mack podría caber dentro de la tipificación de violación de derechos humanos, pues el sargento Beteta Álvarez –condenado por este crimen- estaba de alta en el EMP cuando se cometió el hecho.

En cuanto al EMP, Cerezo dijo que al iniciar su gobierno ordenó el desmantelamiento del “archivo” y la creación del Departamento de Seguridad (en donde trabajaban Beteta, Oliva y Valencia), para terminar con las presuntas actividades de violencia política que se fraguaban desde esa estructura. Por esa misma razón, mencionó, se desmanteló el Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) de la Policía Nacional, e incluso se demolió el edificio donde éste funcionaba, pues había conocimiento que desde ahí también se impulsaban acciones ilegales y crímenes políticos.

Sin embargo, no hizo alusión al “reciclaje” de elementos, pues muchas de las personas que trabajan en el “archivo” y en el “DIT” pasaron después a formar parte de su Departamento de Seguridad en el EMP. Uno de ellos fue Beteta Álvarez, quien antes de llegar al DSP del EMP había trabajado en el DIT.

Mañana viernes 20 de septiembre continuará el juicio con la duodécima audiencia, en la cual se leerá más prueba documental. Con el testimonio de Cerezo, escuchado hoy, queda concluida la etapa de participación de peritos y testigos. La próxima semana concluirá la presentación de la prueba documental y luego el Tribunal Tercero de Sentencia deberá escuchar los alegatos finales, para finalmente emitir una sentencia.

Guatemala, 20 de septiembre de 2002
Fundación Myrna Mack

DDHH en Guatemala

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Este documento ha sido publicado el 22sep02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights