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24jun05


Carta abierta sobre la situación de acoso a los periodistas.


CARTA ABIERTA AL MINISTRO DE GOBERNACION
Guatemala 24 de junio de 2005 .

Señor Carlos Vielman
Ministro de Gobernación
Su Despacho

La Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y la Comisión de Libertad de Prensa, ante el último hecho arbitrario y represivo que involucra a elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) contra periodistas que cubrían un homicidio en Villa Nueva, se dirige a usted para que gire sus órdenes a donde corresponda a fin de evitar hechos lamentables que vulneran el libre ejercicio periodístico y ponen en grave peligro la integridad física y hasta la vida de reporteros, camarógrafos y fotógrafos que cubren los diversos hechos sangrientos que suceden a diario en el país.

Es lamentable que, además de lo expuesto que están los periodistas en el desempeño normal de su trabajo en las fuentes de información, instituciones del Estado, tribunales o calles, tengan que protegerse de la agresividad de los agentes de la Policía Nacional Civil, que deberían facilitar el desempeño de sus labores y no ensañarse contra quienes no tienen culpa alguna de los hechos que suceden.

El último incidente y del cual son testigos varios periodistas, se produjo cuando los reporteros cubrían un homicidio y fueron objeto de agresión verbal y física por agentes de la Comisaría 15 de la PNC en Villa Nueva, siendo el más afectado el fotógrafo Edwin Benavente, de Nuestro Diario, contra quien los agentes la emprendieron a golpes e intentaron ponerle los grilletes cuando éste se resbaló y, por accidente, rompió la cinta amarilla que resguardaba la escena del crimen de tres jóvenes asesinados el pasado 22 de junio.

Usted sabe que un periodista no va cometer intencionalmente un hecho de esa naturaleza, pues por su trabajo conoce las restricciones que existen y, por lo tanto, no es aceptable que los agentes, ante su impotencia frente a la criminalidad, la emprendan contra quienes están cumpliendo su trabajo de informar al pueblo.

Otros periodistas dan testimonio de cómo los agentes les agredían e impedían cumplir con su labor de tomar notas y grabar imágenes, acusándolos falsamente de contaminar la escena del crimen. La agresión pone de manifiesto la conducta prepotente de los encargados de la seguridad pública, pues en el curso del año se han repetido varios casos que vulneran la libertad de expresión y en los cuales están implicados agentes policíacos y funcionarios de instituciones de gobierno, lo cual amerita una intervención suya para instruir a las fuerzas de seguridad y evitar la repetición de hechos lamentables.

El año pasado y en el curso del presente año, el gremio periodístico no sólo ha estado en la mira de miembros de la PNC, sino también de funcionarios corruptos, prepotentes, abusivos, intolerantes, así como de delincuentes comunes y del crimen organizado que se siente afectado por informaciones, reportajes o análisis que reflejan la realidad que vivimos.

Para que tenga una idea de la gravedad de los hechos, recordamos que, en agosto del 2004, en el desalojo de campesinos de la finca Nueva Linda, cinco periodistas fueron agredidos por efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC).

Por ese hecho fueron acusados los agentes Boris Arcaime Morales, Nelson Wilfredo Rodríguez y Edwin Orlando Díaz Pérez.

Los periodistas agredidos fueron Mario Morales, reportero del matutino Nuestro Diario, Edwuar Morales, camarógrafo del noticiero Guatevisión, Luis Romero y Mynor Toc del canal DX y Fredy Rodas de Prensa Libre a quienes golpearon y arrebataron las cámaras. El propósito era destruir las pruebas de las acciones violentas que la policía realizó contra los campesinos.

A partir de los conflictos por la explotación minera en San Marcos, Alfonso Guárquez, corresponsal de Cerigua en Sololá, ha sufrido la amenaza y el acoso constante. El gobernador de ese departamento solicitó orden de captura, por informar sobre los incidentes ocurridos durante el traslado de un cilindro para la minería a cielo abierto de la empresa Montana.

El 31 de enero, El Concejal Primero de la Municipalidad Capitalina, Enrique Godoy, insultó al Director de Telediario, Eduardo Mendoza y le amenazó con iniciar una demanda judicial. El problema surgió porque Telediario estuvo presente 30 minutos después de iniciarse el incendio en el relleno sanitario de la zona 3.

Ovidio de León Gramajo, operador de planta de una radioemisora de Coatepeque, fue asesinado. De León Gramajo fue emboscado el día 1 de febrero a las 7:45 horas en la Calle de Los Doctores de aquella ciudad, cuando viajaba en moto con su hija Odelín del Rosario de León Soto, quien también pereció acribillada a balazos.

El 24 de febrero se repitieron amenazas a periodistas y conductores del programa “Contacto Noticioso” que transmite por cable el canal 13 de Esquipulas. En las llamadas escuchan marchas fúnebres y luego les advierten que dejen de publicar noticias sobre irregularidades en la Municipalidad local, porque sus vidas corren serio peligro. Benjamín Martínez, Director del Telenoticiero que se transmite a las 19:00 horas, dijo que este año, él y su equipo de trabajo, han recibido unas 25 llamadas, las cuales supone provienen de empleados de la municipalidad local. Las últimas, no han sido denunciadas al Ministerio Público, porque anteriormente ha guardado un silencio inexplicable. No hay indicios de investigación al respecto.

En el marco de las protestas organizadas por activistas sociales y campesinos que se oponían a la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC), elementos policíacos la emprendieron en contra de varios reporteros que cubrían los incidentes, lanzándoles balas de goma y bombas lacrimógenas.

El equipo de periodistas de Radio Universidad ha sido objeto de múltiples y constantes amenazas. La conductora del programa, Marielos Monzón, recibió tres llamadas telefónicas a su celular y en una de ellas la amenazaron de muerte. El 19 de marzo uno de los operadores de la radio fue perseguido por un automóvil negro con vidrios polarizados. El 2 de abril otra periodista del programa fue perseguida hasta su casa por un hombre en motocicleta, vestido con chumpa negra y llevaba una pistola en la cintura. El hecho se repitió al siguiente día, se paró frente a ella y le mostró la pistola. Otra de ellas recibió por lo menos 15 llamadas y, en una de ellas, le advirtieron que debía cuidarse. De esto y más que ha sucedido a los periodistas de Radio Universidad usted tiene pleno conocimiento, porque ya fueron denunciados los casos, pero no se han tomado las medidas respectivas ni para proteger a los periodistas ni para investigar los hechos ni dar con los responsables.

El 1 de marzo, expatrulleros de Autodefensa Civil, agredieron a reporteros de Radio Universidad, Telediario y Notisiete.

En el mes de mayo, cinco corresponsales de prensa departamentales y un reportero capitalino fueron blanco de amenazas de muerte y agresiones físicas y los periodistas continúan con el temor que los responsables de esos hechos cumplan con las advertencias.

Las victimas son Miguel ángel Barrios, director del telenoticiero “Noti Galaxia” transmitido por un canal de cable de Tecún Umán, San Marcos. Según Barrios, las llamadas telefónicas amenazantes dieron inicio por la cobertura noticiosa que realizó sobre la instauración, por parte de la Municipalidad, de cambios en la nomenclatura de las calles, avenidas y zonas del área urbana de Tecún Umán.

Juan Carlos Aquino y Marvin Herwing, conductores del programa televisivo “Multinoticias” de Zacapa, también recibieron amenazas de muerte.

El corresponsal de Prensa Libre en Totonicapán, Selvin Espinoza, fue interceptado en una de las calles de Totonicapán por dos elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) quienes, sin mediar palabra, lo esposaron y golpearon indiscriminadamente.

Los corresponsales de Radio Sonora en Baja Verapaz, y Jaime Morales Mejía, recibieron amenazas de muerte.

Juan Carlos Aquino, forma parte de la lista de los periodistas amenazados en la región oriental y denunció que, a eso de las 18:30 horas del primero de junio, recibió una llamada telefónica de un desconocido que, con palabras soeces, lo conminó a abandonar su trabajo periodístico o de lo contrario moriría.

Ni siquiera en los tribunales los periodistas gozan de seguridad para desempeñar sus labores, tales los casos de Augusto Escobar y Jaime Morales Mejía, que sufrieron agresiones físicas y verbales cuando cubrían la audiencia judicial contra dos colombianos, el primero de ellos recibió varios golpes

La reportera gráfica María Chete, del periódico Siglo XXI quien, junto a otros reporteros, se encontraba en el Tribunal Tercero de Sentencia para cubrir el juicio contra los delincuentes Joaquín, Juan Ramón y Renato Fernando Frías Rivera fue agredida por uno de ellos. El hecho ocurrió a la vista de las Fuerzas Especial de la Policía (FEP) que custodiaban al delincuente, quienes no evitaron la agresión. El delincuente Joaquín Anselmo Frías Rivera a su ingreso al Tribunal Tercero de Sentencia descargó su ira contra la periodista Chete, quien recibió un puntapié en pleno rostro. La agresión sufrida por la reportera y otros periodistas presentes, es una muestra más de la forma en que se conducen los delincuentes en el país, ante la mirada pasiva de los agentes de seguridad e incluso ante la actitud de los jueces del tribunal que dicen no constarles los hechos.

Hoy en día asistimos a la repetición de épocas pasadas cuando elementos de la judicial suplantaban a periodistas y se infiltraban en organizaciones sociales, tal el caso denunciado el 12 de marzo 2005 con nombres, apellidos y fotos de dos agentes de la PNC. Cómo se explican estos hechos?

Nelson Cardona y Lucilo álvarez se hicieron pasar por reporteros de Prensa Libre. Dos trabajadores de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron detenidos ayer por estudiantes universitarios porque se identificaron como reporteros de Prensa Libre.

Ambas personas tomaban vídeos y fotografías a los manifestantes.

Los detenidos se hicieron pasar por periodistas de este matutino. Sin embargo, al constatar que no tenían documentos que respaldaran tal aseveración, fueron detenidos por los estudiantes.

Los infiltrados son Nelson Cardona y Lucilo álvarez, quienes resultaron ser trabajadores de la Oficina de Relaciones Informativas de la Policía Nacional Civil. Después de que les quitaron los rollos fotográficos y el vídeo, fueron liberados.

Este tipo de casos no pueden repetirse en un país donde la sociedad hace esfuerzos por avanzar en el proceso de democratización y construcción de un Estado de Derecho, pues violan la Constitución de la República que garantiza el derecho de libre manifestación y protesta. Suplantar a elementos de la prensa nacional, ya lo señalamos, son prácticas del pasado, actuaciones que la APG rechaza y condena.

La Junta Directiva y la Comisión de Libertad de Prensa de la APG, recuerdan al Ministro que garantizar la seguridad de los ciudadanos es obligación del Estado y especialmente el órgano que usted dirige, y no es posible que los periodistas sigan siendo víctimas de los mismos agentes policíacos sin que las altas autoridades tomen las medidas adecuadas para evitar la reiteración de esas agresiones contra derechos fundamentales del ser humano y de la prensa cuyo ejercicio debe ser libre y en condiciones idóneas.

Ante la gravedad de los hechos relatados, la entidad que representamos exige a la cartera que usted dirige el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales; que gire las instrucciones correspondientes para que las autoridades bajo su mando ya no continúen vulnerando los derechos humanos y ciudadanos y que se proceda a investigar y sancionar a los que resulten responsables de estos agravios.

El Gabinete de Seguridad del cual usted es parte estratégica debe ser un ejemplo en el respeto al Estado de Derecho a las garantías constitucionales y tiene que velar por la aplicación de políticas adecuadas para la seguridad ciudadana.

Atentamente,

Licenciada Ileana Alamilla
Presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG)

Licenciado Miguel ángel Albizúres Presidente de la Comisión Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG)


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small logoEste documento ha sido publicado el 05jul05 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights