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06ene16


Ministerio Público dirige aprehensiones por desaparición del menor Marco Antonio Molina Theissen


El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Derechos Humanos coordinó esta mañana la aprehensión de cuatro oficiales del Ejército de Guatemala a cargo de la Zona Militar "GMLB" de Quetzaltenango, sospechosos de participar en la desaparición del menor Marco Antonio Molina Theissen ocurrido el 6 de octubre de 1981.

La Secretaria General del Ministerio Público, Mayra Véliz López, dio a conocer en conferencia de prensa que se procedió a la captura de: Francisco Luis Gordillo Martínez, comandante de la zona militar; Edilberto Letona Linares, segundo comandante; también el oficial S-2 del Estado Mayor Hugo Ramiro Zaldaña Rojas y el general de división Manuel Antonio Callejas Callejas.

Este hecho fue cometido supuestamente por tres elementos del Ejército de Guatemala vestidos de particular que llegaron a la vivienda de la familia Molina Theissen, ubicada en la 6. avenida 2-35, zona 19, colonia La Florida, de la Ciudad Capital; hecho ocurrido ante la presencia de su mamá Emma Theissen Álvarez.

Antecedente

El 27 de septiembre de 1981, en el municipio de Santa Lucía Utatlán, Sololá, fue detenida Emma Guadalupe Molina Theissen -hermana del menor desaparecido- en un retén militar de control de carreteras, por llevar documentos calificados como propaganda de estudio y de discusión política; luego fue trasladada a la referida zona militar, de donde logró escapar nueve días después de su detención.

En aquel entonces la familia Molina Theissen planteó dos recursos de exhibición personal con fechas 9 de julio y 11 de mayo de 1997, como resultado de esas acciones el 7 de mayo de 1999 la Corte Suprema de Justicia -CSJ- otorgó un procedimiento especial de averiguación a favor del menor desaparecido y designó como investigador especial al Procurador de los Derechos Humanos y después a familiares de la víctima.

Ante esas investigaciones, el 26 de abril de 2004 el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad por este hecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el 4 de mayo de ese año esa misma Corte condenó al Estado de Guatemala y le ordenó buscar a la víctima, investigar y eventualmente sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este hecho.

Con base a esa resolución se realizó una investigación de 10 años en donde se logró obtener peritajes: militar, de derecho internacional humanitario, en archivos, psicosociales y declaraciones testimoniales, contrastados con documentaciones del Ministerio de la Defensa Nacional. Además de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros medios de prueba que llevaron a la detención de los cuatro sindicados por el hecho.

[Fuente: Ministerio Público, Guatemala, 06ene16]

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