Comision de prensa AAPDH - Asociacion Argentina pro Derechos Humanos Madrid - Espana Editor Responsable: Equipo Nizkor Transcribimos a continuacion un articulo originado en una organizacion de ddhh que ha tenido un papel relevante en la averiguacion de lo ocurrido en Honduras durante la guerra sucia que, con asesoramiento de militares argentinos, ocurrio en este pais. Es una opinion autorizada sobre la cuestion que completa la informacion sobre la situacion del caso de los desaparecidos en Honduras. LA MADRE DEL CORDERO: ¨justicia o impunidad? por Ramon Custodio Lopez, presidente del CODEH (Comite de DDHH de Honduras). Honduras estuvo, por su relativa paz, en el ojo del huracan en los anos ochenta, traducida en la ausencia de un conflicto armado interno tan grave como cualquiera de los que afectaron a sus tres paises vecinos. La relatividad de su paz justifica y explica el simil, cuando hacemos un recuento de las victimas de la tortura, de las ejecuciones arbitrarias o sumarias, y de la desaparici¢n forzada, !que las hubo!, y conforman una serie de graves y sistem ticas violaciones a los derechos humanos, impropia de un pais pacifico y democratico. De acuerdo a un documento desclasificado por el gobierno de los Estados Unidos de America, ya en febrero de 1981 Jack Binns, embajador en Honduras, inform¢ al Departamento de Estado que el coronel Gustavo Alvarez Martinez, por ese tiempo Comandante de la Fuerza de Seguridad Publica (F.S.P., la cuarta de las cuatro Fuerzas de las FF.AA.), que este le habria dicho que el iba a aplicar en Honduras el Metodo Argentino, como el unico medio efectivo para detener la subversi¢n comunista procedente de Nicaragua, y que nos amenazaba desde El Salvador y Guatemala. Hasta entonces la represi¢n en Honduras fue siempre blanda, en comparaci¢n con la puesta en practica m s alla de sus tres fronteras, ya que las victimas hondurenas solamente sufrian el decomiso de libros prohibidos, interrogatorios en aeropuertos cuando regresaban de paises socialistas (a los que era prohibido viajar), detenciones ilegales y raras veces torturas. La advertencia del embajador Binns no solamente fue ignorada por sus superiores en el Departamento de Estado, sino que tambien fue encubierta cuando se le orden¢ que no siguiera implementando una pol¡tica exterior equivocada (sic) de la administraci¢n Carter, en favor de los derechos humanos, porque era inconveniente y ajena a los intereses de la nueva administraci¢n. Binns fue destituido con una aureola de incapacidad, orquestada por su propio gobierno, mientras que John Dimitri Negroponte, su sustituto, vino del sudeste asiatico con una aureola de eficiencia, porque habia sido el hombre de mayor confianza y eficacia para el Sr. Kissinger, en el manejo sucio de los asuntos de Vietnam y Cambodia. Negroponte era indudablemente el hombre a la medida para lo que tenia que ser hecho en Honduras, entre otras cosas, lograr la obediencia absoluta de los militares y civiles del gobierno, para adaptarlos la nueva politica de su gobierno, es decir permitir el entrenamiento de la contra, organizar el Batall¢n de Inteligencia 3-16 (que fue convertido en el Escuadr¢n de la Muerte), y, finalmente, reforzar el Programa de Asistencia militar (PAM o "MAP") que se elev¢ desde unos pocos millones antes de los anos ochenta, hasta unos 80 a 90 millones de d¢lares en esa decada. De esta manera, a nadie debe sorprender que hubo una guerra sucia en Honduras, con su saldo de 142 desaparecidos, un par de centenas de ejecuciones extrajudiciales, ademas de muchos casos de tortura sistem tica, que por entonces echaron a perder la democracia en Honduras. Sin embargo, algunos observadores de la situaci¢n centroamericana, incluyendo periodistas y miembros de misiones religiosas, siempre consideraron las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Honduras, como estadisticamente menores y, en consecuencia, menos significativas que las que ocurrian en otros paises criticos del area. El CODEH siempre afirm¢, no obstante, que por su naturaleza y por su motivaci¢n politica, la ocurrencia de una sola de ellas era mas que suficiente. Ahora que ha habido un patron generalizado de impunidad, en la mayoria de paises latinoamericanos, para los violadores de derechos humanos, los hondure¤os nos preguntamos: ¨ Vamos a ser impotentes para lograr que se haga justicia, o por el contrario vamos a estableceer un estandard mas etico al trabajar por alcanzarla, en lugar de negociar o tolerar la impunidad, en el nombre de la paz o de una reconciliaci¢n ficticia ? Las exhumaciones iniciadas por CODEH el 6 de noviembre de 1995 no son las primeras, porque hace un a¤o fue exhumado el cuerpo de Nelson Mackay Chavarria por disposici¢n del Ministerio Publico, y posteriormente una veintena mas, pero sin lograr la plena identificaci¢n de las victimas en ningun otro caso. Hace unas semanas, el mismo Ministerio Publico abri¢ una acusaci¢n en contra del posible autor de la desaparici¢n forzada de esta victima. CODEH logr¢ desde la primera exhumaci¢n, con la asistencia profesional y tecnica del Equipo Argentino de Antropologia Forense (EAAF), la completa identificaci¢n y causa de la muerte de dos victimas desaparecidas en julio de 1982, algo indispensable para acusar criminalmente a los asesinos ante el juez competente. Las victimas mencionadas fueron Adan Avilez Funez, un labrador y comerciante hondureno, y Amado Espinoza Paz, un mecanico nicaragense establecido por su propia cuenta en la ciudad de Choluteca, situada unos 200 kilometros al sur de la capital. Ambos fueron ilegalmente capturados por autoridades hondure¤as, cuando el mecanico le reparaba el auto al hondure¤o, en respuesta a una falsa denuncia hecha en contra del mecanico por una enemiga personal, de que traficaba armas de los sandinistas para los guerrilleros salvadorenos. Ahora que el Ministerio P£blico ha acusado a 10 oficiales, por la desparici¢n temporal de seis estudiantes universitarios en 1982 y de tentativa de asesinato en contra de ellos, el juez ha ordenado la captura de tres de los acusados. Desafortunadamente, los tres estan fugitivos, por ahora, porque se niegan a entregarse ellos mismos, y el unico que esta  en servicio activo fue relevado de todos sus deberes al ser declarado "disponible", que significa que seguir  recibiendo su paga sin hacer nada. Otro coronel de los acusados estaba ya en prisi¢n por trafico ilegal de drogas, de modo que el nuevo auto de prisi¢n le fue notificado en la carcel donde purga ya una condena de 21 anos. Como resultado de los juicios iniciados por el Ministerio Publico, o Fiscalia del Estado, ha habido en las ultimas semanas un debate intenso, a ratos muy acalorado, sobre si debe haber o no amnistia para esta clase de delitos; sobre si el Decreto 87-91 aprobado por el anterior Congreso Nacional (1990-1994), debe ser o no aplicado a ellos. Aparentemente los oficiales fugitivos estan esperando el veredicto favorable de la Corte Primera de Apelaciones, que les otorgue la amnist¡a, para entonces entregarse, lo que seria ilegal porque si la amnistia fuera aplicable, que no lo es, esta seria inaplicable antes de establecer mediante un juicio si los crimenes cometidos fueron o no politicos, puesto que se trata de delitos cometidos por autoridades que actuaron por encima de la ley. Aun cuando esto es una materia juridica, no podemos negar que tiene serias implicaciones politicas, pero estas no pueden retorcer la ley para favorecer a los militares, sin poner en evidencia la inmoralidad, la tolerancia y la inexistencia de un Estado de derecho, tan necesitado por el proceso democratizador hondure¤o y energicamente demandado por nosotros. La madre del cordero es una vez mas: ¨ tenemos justicia o impunidad? En pos de una respuesta es que el CODEH inici¢ el 12 de diciembre de 1995, el juicio criminal contra los seis coroneles y otros miembros de las Fuerzas Armadas, tenidos como responsables por la desaparici¢n forzada o involuntaria de Avilez y Espinoza, todos ellos miembros de la polic¡a y del Servicio de Migraci¢n, los que actuaron en connivencia con los servicios de inteligencia militar, tan cercanos a la CIA y, en algun momento, asesorados por los militares argentinos. La acusaci¢n esta  basada en veinte hechos muy bien sustanciados, asi como en la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional, sobre la autoria directa y la mediata, por la existencia de un aparato organizado de poder que tuvo siempre el control de la acci¢n delictiva. ----------------------------------------------------