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oct12


Informe de la Comisión de Verdad sobre las violaciones a los Derechos Humanos en Honduras después del golpe de Estado


Contenido

Índice

Siglas utilizadas
Dedicatoria
Integrantes
Acompañantes

PARTE I:
Marco Introductorio

1.1 Presentación del Informe
1.2 Metodología / Fuentes Consultadas
1.3 El Mandato de la Comisión de Verdad

PARTE II:
Las Claves del golpe de Estado

2.1 Antecedentes Históricos
2.2 Claves Institucionales del Poder Político y el Estado en Honduras

2.3 La Clave de la Participación de los Estados Unidos en el golpe de Estado

2.4 El Entorno Social

2.5 Motivaciones del golpe de Estado del 28 Junio 2009

PARTE III
3.1 Patrones de violaciones a los Derechos Humanos
Marco Introductorio

3.2 Casos Ilustrativos de los Patrones violatorios de los Derechos Humanos

3.3 Análisis estadístico de las violaciones a los Derechos Humanos

3.4 Víctimas de violaciones a Derechos Humanos, registradas por la Comisión de Verdad

3.5 Impacto Psicosocial de las violaciones de Derechos Humanos

PARTE IV: Conclusiones y Recomendaciones

4.1 Conclusiones
4.2 Recomendaciones


Siglas Utilizadas

ACI-DH Alianza de la Cooperación Internacional de D.H.
AJD Asociación "Jueces para la Democracia" (España)
ALBA Alianza Bolivariana de las Américas.
ANACH Asociación Nacional de Campesinos de Honduras
ANC Asamblea Nacional Constituyente
CAC Centro de Arte y Cultura
CADH Convención Americana sobre Derechos Humanos
CCR Centro de Derechos Constitucionales (Estados Unidos)
CdV Comisión de Verdad
CDM Centro de Derechos de Mujeres
CD US Departamento de Comercio (Estados Unidos)
CIA Agencia Central de Inteligencia (Estados Unidos)
CIJ Comisión Internacional de Juristas
CDH-HAS Colectivo de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria
CEPAL Comisión Económica para la América Latina
CEDHU Comisión Ecuménica de Derechos Humanos.
CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CIPRODEH Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos en Honduras
CN Congreso Nacional
CNA Consejo Nacional Anticorrupción
CNRP Coordinadora Nacional de Resistencia Popular
CODEH Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras
COPINH Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras
CP Código Penal
CPP Código Procesal Penal
CPI Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma)
CPTRT Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación Víctimas de Tortura
CSFA Consejo Superior de las Fuerzas Armadas
CSJ Corte Suprema de Justicia
Cte.IDH Corte Interamericana de Derechos Humanos
COFADEH Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras
COBRA Comando de Operaciones de la Policía
DEA Agencia de Lucha contra las Drogas (Estados Unidos)
DHS Departamento de Seguridad de la Patria (Estados Unidos)
DIA Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa (Estados Unidos)
DIC Dirección de Investigación Criminal
DIDH Derecho Internacional de los Derechos Humanos
DNI-FA Dirección Nacional de Investigaciones de las Fuerzas Armadas
EEUU Estados Unidos de América
FAA Agencia Federal de Administración de Aviación (Estados Unidos)
FAO Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FBI Bureau Federal de Investigación (Estados Unidos)
FENAG Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras
FENACH Federación Nacional de Campesinos de Honduras
FIAN Organización Internacional Derechos Humanos por Derecho a la Alimentación
FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FOIA Ley de "Libertad de Información" (Estados Unidos)
INA Instituto Nacional Agrario
IIDH Instituto Interamericano de Derechos Humanos
INEHSCO Instituto Ecuménico de Servicio a la Comunidad
INSCOM US Comando del Ejército de Inteligencia y Seguridad (Estados Unidos)
LMDSA Ley de Modernización del Sector Agrícola
MARC Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán
MP Ministerio Público
NED National Endowment for Democracy (Estados Unidos)
OEA Organización de los Estados Americanos
OFRANEH Organización Fraternal Negra de Honduras
OIT Organización Internacional del Trabajo
ONU Organización de las Naciones Unidas
OSD/JCS Oficina Secretaria de Defensa/Estado Mayor Conjunto (Estados Unidos)
PACTA Programa de Acceso a la Tierra
PN Partido Nacional
PN-FA Policía Nacional de las Fuerzas Armadas
SAG Secretaría de Agricultura y Ganadería
SICA Sistema de Integración de Centroamérica
SNCRAC Sistema Nacional de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
SOC - US Comando de Operaciones Especiales (Estados Unidos)
SOUTHCOM-US Comando Sur (Estados Unidos)
TD - US Departamento de la Tesorería (Estados Unidos)
TSE Tribunal Supremo Electoral
UE Unión Europea
USAID Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Estados Unidos)
USTRANSCOM Comando de Transportación (Estados Unidos)
UTL Unidades Técnicas Locales


Dedicatoria

Una dedicatoria especial a la sociedad organizada, cuya lucha es la mejor defensa a sus derechos humanos.

Durante la realización de su trabajo, la Comisión de Verdad tomó el pulso del alma colectiva de este país. Campesinas/os anhelantes de un pedazo de tierra. Comunidades de pobladoras/es originarias de estas tierras que defienden de la voracidad ajena sus recursos naturales. Maestras/os agredidas/os al oponerse a la conculcación de sus conquistas laborales. Jóvenes encarceladas/os por ejercer su derecho al disenso. Mujeres víctimas de violaciones sexuales y otras torturas por no aceptar la arbitrariedad de la situación política impuesta, clamando por verdad, justicia y reparación. Sin excepción, aterrorizadas/ os por la magnitud de la represión. Sin embargo, con su denuncia, demostraban que habían vencido el miedo a hablar, que pudo más la dignidad que el dolor y terror que les embarga. Un pueblo que, ansioso de justicia, consciente de sus derechos, clama por el fin de la impunidad. De todas y de cada una de las personas que tuvimos el honor de conocer, aprendimos una permanente lección de dignidad y entereza. A ese pueblo heróico, valiente, y a sus víctimas, con agradecimiento, respeto y admiración, dedicamos este trabajo.

Lo dedicamos, también, a las generaciones jóvenes del país. A las que viven los coletazos del golpe de Estado, pero también a quienes, en el futuro, gracias a trabajos esclarecedores de la situación "esperamos que este Informe alcance ese alto cometido", entiendan cuáles fueron sus raíces oscuras; rechacen las falsas versiones que pululan en discursos de diversa índole y se decidan a emprender el camino de las transformaciones estructurales que Honduras necesita. A ellas y ellos "lo reiteramos" está dedicado este trabajo.

Asimismo, es pertinente mencionar a la cooperación que, por medio de embajadas y organizaciones hermanas procedentes de diversas latitudes e imbuidas de un sentido humanista que no conoce límites territoriales, proporcionaron su apoyo económico, técnico y de acompañamiento. Sin este apoyo y solidaridad ningún trabajo se hubiese podido desarrollar. Ellas son: HIVOS (Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo) -Holanda-; Dan Church Aid, DCA (Ayuda de la Iglesia Danesa) -Dinamarca; Desarrollo y Paz ("Batir un Monde de Justice") -Canadá; DIAKONIA ("People changing the world") -Suecia-; IBIS-DK, -Dinamarca-; OXFAM -Reino Unido-; Rights Action, R.A. (Derechos en Acción) -Estados Unidos y Canadá-; TROCAIRE (Apoyo de la Iglesia Católica Irlandesa para el Desarrollo) -Irlanda-; Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz, HEKS (Ayuda de las Iglesias Protestantes de Suiza); Plan International -Reino Unido-; HELVETAS, Swiss Intercooperation, ("Actuar por un Mundo Mejor") -Suiza-; Embajada de Dinamarca; Embajada de Alemania, Quixote- Friendship Office of the Americas, FOA (Oficina de Amistad para las Américas) - Estados Unidos-; Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras, PROAH -Internacional; Jueces para la Democracia, JPD -España-; Comisión Internacional de Juristas; Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) -Argentina-; Equipo de Capacitación y Acompañamiento Psicosocial, ECAP -Guatemala-; Colectivo de Derechos Humanos «Herbert Anaya Sanabria» (CDH-HAS).

Que este Informe le diga a Honduras y al mundo que, cuando la solidaridad se expresa en forma tangible, es porque existe, en la humanidad, un reservorio moral en donde prevalece la fe en los más altos valores del espíritu y, por lo mismo, la esperanza en poder hacer de este planeta un mundo equitativo y justo. A esas entidades solidarias también dedicamos nuestro trabajo.

La integración de la Comisión de Verdad fue posible por el valor y el sentido de justicia de varias organizaciones de derechos humanos en Honduras. Ante la represión que aún no cesa, ha prevalecido su compromiso por defender los derechos humanos de las víctimas y de todo el pueblo; han tenido la fortaleza de convocar a sus integrantes. Además, han aportado con su experiencia, recursos y apoyo solidario para que, saliésemos adelante. A dichas organizaciones, constituidas en la Plataforma de Derechos Humanos, |1| presentamos este Informe. Con modestia, pero con satisfacción, podemos decir que cumplimos con su mandato. A quienes integran la Plataforma de Derechos Humanos no le dedicamos este trabajo por una razón elemental: ellas y ellos mismos son coautoras/es intelectuales y morales de este Informe.

Es de justicia mencionar a un sector que ha desempeñado un papel fundamental, el de la prensa radial, escrita y televisiva. Con sus representantes más dignos, existe una doble deuda. Por un lado con periodistas profesionales comprometidos, que mediante su labor informativa nos dan una lección ética: Honduras y los pueblos del mundo debían conocer la verdad sobre los sucesos que estremecen al país. Así, un fuerte contingente de comunicadores sociales desde el momento de producirse el golpe, denunció la naturaleza espuria y la ruptura constitucional. Dada la violencia institucionalizada, y las consecuencias de su postura, pronto se dejaron sentir: destrucción de sus materiales de trabajo, allanamiento de sus instalaciones, presión y obstaculización de sus comunicaciones; cuando no despidos injustificados, persecución, exilio y muerte. En grado extremo son un gremio-víctima. En ese sentido el contenido sustancial de este documento les atañe totalmente. Por el otro, la Comisión de Verdad en todo momento ha recibido su apoyo irrestricto, imparcial y solidario. Si fue posible obtener confianza para que las víctimas y sus familiares proporcionaran información, ello se debió, en gran medida, al trabajo educativo de la prensa.

Nuestra labor no habría sido posible sin la presencia de otro contingente igualmente valioso: el de investigadoras/es, asistentes, técnicas/os y colaboradoras/es que dedicaron innumerables horas al arduo trabajo de recolección y procesamiento de la información. Más que a nosotras/os, a ellos y ellas se debe este trabajo. Quizá, por ello, también resulte redundante dedicárselos. Sin embargo, lo hacemos en el entendido que todas/os hemos sido caminantes y hemos puesto los ladrillos necesarios, "los que el momento de crisis demanda", para construir una Honduras en donde, por fin, prevalezca el más absoluto respeto a los derechos humanos, anticipación cierta o condición indispensable para el acceso a un mundo mejor.

Comisión de Verdad

Integrantes de la Comisión de Verdad:

Elsie Monge Yoder (Presidenta)
Luis Carlos Nieto García
Mirna Antonieta Perla Jiménez
Adolfo Pérez Esquivel
Nora Cortiñas
Craig Scott |2|
François Houtart |3|
Francisco José Aguilar |4|
Helen Umaña
y Fausto Milla.

Acompañantes

Asociaciones y Organizaciones que Acompañaron y/o Financiaron el Trabajo de la Comisión de Verdad:

Asociación de Jueces para la Democracia (España)
Comisión Internacional de Juristas (AIJ)
Instituto Ecuménico de Servicios a la Comunidad
Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora
Oficina de Amistad para las Américas
Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras
Plataforma de Derechos Humanos
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
Coletivo de Derechos Humanos "Herbert Amaya"
HIVOS
Dan Church Aid
Desarrollo y Paz
DIAKONIA
IBIS DK
OXFAM
Derechos en Acción
TROCAIRE
HEKS
Plan Internacional
HELVETAS
Embajada de Dinamarca
Embajada de Alemania


PARTE I: Marco Introductorio

1.1 Presentación del Informe
1.2 Metodología / Fuentes Consultadas
1.3 Mandato de la Comisión de Verdad


Marco Introductorio

Uno de los mayores impactos de la conspiración que desembocó en el golpe de Estado militar del 28 de junio de 2009, se produjo contra los derechos humanos y las libertades fundamentales de las y los ciudadanos que se opusieron y se oponen a dicho acontecimiento. Aunque se puede afirmar que existe una línea constante de acción de las fuerzas de seguridad del Estado hondureño a lo largo de los últimos treinta años, la idea de legitimidad democrática de los gobiernos y un proceso de modernización en la transición de un siglo a otro, limitaron algunas formas características de esa que podemos entender como una doctrina represiva contra la oposición política.

Si bien es cierto que Honduras se ha caracterizado en los últimos cien años por su inestabilidad política, tal como lo constataremos en el apartado referente a los Antecedentes, y por la frecuencia con que sus crisis se han resuelto por las vías de golpes de Estado o cruentos levantamientos armados especialmente durante la primera mitad del siglo XX, la intentona del verano de 2009 que terminó con el proceso democratizador y con la vía electoral inaugurados a principios de los años ochenta, tiene sin duda marcas distintivas que la separan de todos los golpes de Estado precedentes.

Es evidente que en esta ocasión se trata de la acción de un grupo privado-empresarial específico, que, según lo expresado como el eje central de la conspiración por varios de sus ejecutores en reiteradas ocasiones durante el golpe militar mismo, reaccionó ante lo que ellos denominaban "la amenaza chavista". El golpe de Estado, permite identificar determinados intereses, los de un acotado grupo empresarial que optó, sin mayor consideración por cancelar la construcción de un mayor consenso social y someter los cambios demandados por la sociedad a una mediación militar.

Así después de tres décadas de incipiente democracia, y una conducta política autoritaria que se pensaba superada, el golpe de Estado dejó al descubierto varias cuestiones entre ellas: los desmesurados intereses empresariales, particularmente el apoyo al golpe de Estado de las Cámaras empresariales, la industria y los servicios financieros y demás sectores de poder económico; y la fragilidad de las instituciones y su incapacidad para procesar de manera institucional los conflictos sociales y políticos. También mostró que esta institucionalidad ganada por los años de tránsito parlamentario y de un sistema de partidos fuertemente institucionalizado y en pleno funcionamiento, se vio fácilmente expuesta y debilitada ante estos intereses corporativos y empresariales.

La expulsión por la fuerza del Presidente Constitucional de la República, y la persecución de sus colaboradores más cercanos en las horas posteriores a la acción militar del 28 de junio de 2009, marcan el inicio de una nueva etapa de persecución y violación, por razones políticas, a los derechos humanos en Honduras. El proceso seguido, análogo al utilizado contra el presidente, muestra de manera fehaciente diferencias fundamentales entre este y otros golpes de Estado producidos en el país a lo largo de su historia, con el agravante de que el mismo se produce a comienzos de un nuevo siglo, cuando se presumía que los Estados, junto a sus grupos de interés privado, por pequeños y vulnerables que sean sus procesos democráticos, eran capaces de manejar el conflicto político por cauces fuera de la violencia institucional.

El golpe de Estado permite identificar determinados intereses, los de un acotado grupo empresarial que optó, sin mayor consideración por cancelar la construcción de un mayor consenso social.

No se esperaba así, máxime cuando esta disputa se daba dentro de la competencia política y de la ministración de recursos ideológicos y que una de las elites abogaba por abrir mayores cauces democráticos. Por ello no resulta creíble que llegara al extremo de dirimir esta disputa por medio de un cisma que trajo efectos tan traumáticos para la población hondureña en general. La ruptura del Estado de Derecho ha dado pie a analizar este proceder en este y otros golpes de Estado por los que ha transitado este país.

En ese sentido, el ex Presidente Manuel Zelaya ha expresado públicamente, en reiteradas ocasiones, que fue informado por el entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Romeo Vásquez Velázquez, que el operativo tenía órdenes de eliminarlo físicamente, incluso, y que ante su negativa a ejecutar esa orden, los autores intelectuales de la parte final de la trama propusieron utilizar un equipo paramilitar con el fin de consumar el magnicidio. Cuesta entender que el actual régimen no haya procedido ante estos graves hechos y que los autores de estas graves violaciones a los derechos humanos y contra el Estado de Derecho no hayan sido investigados por las autoridades competentes, dejando en claro que la disposición de perpetrar violaciones sistemáticas contra los derechos humanos continua vigente como parte central del esquema.

De importancia mayor también es el procedimiento utilizado para expulsar a la entonces canciller de la República de Honduras, Patricia Rodas, quien fue capturada de forma irregular, en presencia de dos embajadores |1|, y enviada a México en el avión privado |2| de Miguel Ángel Facussé Barjum, |3| una de las personas más acaudaladas del país, lo que no deja lugar a dudas sobre la implicación de un grupo proveniente del sector empresarial, el financieramente más poderoso, y su responsabilidad en la decisión de terminar con la experiencia democrática hondureña.

Resulta de gran importancia señalar que los países pequeños como Honduras, son sometidos normalmente a fuertes presiones desde el exterior, las que producen condiciones suficientes para cambiar las formas con las que se pretende "resolver" el conflicto social, intervención externa que ha crecido recientemente al interior de las frágiles democracias, minadas por la influencia de múltiples factores externos e internos.

En síntesis, es difícil presumir que la ruptura del Estado de Derecho, siendo esta una medida extrema y absurda, la hayan podido tomar solamente los actores locales, sin al menos el conocimiento y algún nivel de participación, de actores fundamentales externos para una decisión de tal envergadura. Luego de que hemos podido observar la forma en que potencias internacionales han intervenido militarmente en varios países del orbe, "como es el caso de los Estados Unidos", es improbable que los acontecimientos de Honduras no hayan sido planeados para consolidar un golpe de Estado en lugar de revertirlo por la fuerza y arbitrio de los Estados Unidos.

El expediente de las más terribles violaciones a los derechos humanos y libertades esenciales en este país ha estado vinculado a la «Doctrina de Seguridad Nacional» de los Estados Unidos de América desde hace muchos años, y en la década de los ochenta produjo más de un centenar de desaparecidos. Este patrón de intervención externa se repite, evidentemente durante y después del golpe de Estado de junio de 2009.

En este orden de ideas, es importante señalar la estrecha relación de sometimiento, subordinación y complicidad, porque también se benefician económicamente, que existe entre las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad, la clase empresarial y clase política hondureña en general, al mandato y sanción de los órganos de inteligencia y seguridad nacional de los Estados Unidos. Estos a su vez, actúan en función de los intereses estratégicos de las empresas transnacionales que operan en Honduras. Por otra parte, estos hechos cancelan la legitimidad de un sano tránsito a mayores libertades y a mayor equidad distributiva que condena a la inmovilidad social a la mayoría de la población, quienes tienen que sobrevivir, siempre en condiciones migrantes, infrahumanas y de indigencia tal como lo constatan las propias cifras oficiales de pobreza y marginación en la actualidad.

El golpe de Estado hondureño muestra que no es necesaria una amenaza externa o un shock generacional para disminuir ampliamente las estructuras democráticas formales. Dichas estructuras son fácilmente obsequiable a pactos de poder económico y político entre las familias empresariales, mermando los derechos civiles y políticos de la población excluida, y que en su mayoría soporta estóicamente un régimen político de escasas alternativas.

Quizá la novedad más significativa la encontramos en la manipulación de los poderes Legislativo y Judicial orientada a dar un ropaje Constitucionalista al golpe de Estado, y además, a mantener a toda costa tal representación y farsa, como quedó demostrado el día 2 de diciembre de 2009, cuando el mismo Congreso que perpetró el rompimiento constitucional, ratificó sus actuaciones en el marco del llamado "Acuerdo de San José - Tegucigalpa - Guaymuras", en medio de una ola represiva sin precedentes en la historia, y con el Presidente de Honduras viviendo bajo "estado de captura", encerrado en la representación diplomática del Brasil.

La función del llamado "aparato administrador de justicia" en Honduras es de particular importancia, pues en su seno se fabricaron casos judiciales en contra del propio Presidente, sus funcionarias/os y muchos ciudadanas/os hondureños que fueron exhibidos como criminales peligrosos, para finalmente, ser absueltos por falta de fundamentos de ley para retenerlos en cautiverio.

"La Corte Suprema de Justicia que es la encargada de administrar justicia en la persona del juez natural Thomas Arita, libra supuestamente a los oficiales de las Fuerzas Armadas Romeo Vásquez Velásquez y René Antonio Herburn. Este constituyó el primer acto oficial que da pie racional para sostener una marcada participación de la Corte Suprema de Justicia en el Golpe de Estado. ¿Por qué no dirigir esta orden de captura a la Dirección General de Investigación Criminal o a la Policía Nacional? Los militares sin razones legales que los justifiquen, y valiéndose de poco creíbles predicciones esotéricas ven venir el Armagedón y destierran al causante del apocalipsis social. Esto desde luego, erigiéndose como un argumento de decisión espontánea, como se verá, contradice la acción simultánea de cierre de medios y corte del fluido eléctrico. |4|

La manipulación del sistema de justicia juega un papel crítico en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el país, pues constituye la piedra angular para mantener la más absoluta impunidad y para imponer las arbitrariedades más inverosímiles, al extremo de que la población pierda por completo su confianza en todo el aparato de justicia hondureño. El punto que alude el accionar subordinado del sistema de justicia es utilizado en este texto, como un patrón de violación de derechos humanos; por ello, se citan "Recomendaciones" al final del mismo.

Con el título "La voz más autorizada es la de las víctimas…", este Informe está dedicado a la investigación y postulación de argumentos alrededor de las violaciones a los derechos humanos en Honduras como consecuencia del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, los rasgos característicos de las mismas que llevan a concluir que existe continuidad en la forma de operar de los organismos represivos del Estado, y el nivel creciente de impunidad de la violación sistemática de derechos y libertades fundamentales por razones políticas en el país.

Este texto se estructura organizativamente en base a Cuatro grandes apartados: el Marco introductorio, las Claves del golpe de Estado, los Patrones de violación y finalmente las Conclusiones y Recomendaciones.

La primera parte, capítulo primero, contiene la dedicatoria y agradecimientos a todas y todos aquellos que han posibilitado la elaboración de este informe, un sucinto marco introductorio, la presentación del informe y describe la metodología utilizada y las principales fuentes consultadas.

La parte segunda comprende cinco apartados, el primero sobre las Claves Institucionales del poder político y el Estado en Honduras, que reúne la historia, la participación de los grupos de poder militar, empresarial, religioso y político que la Comisión consideró como relevantes para encontrar una explicación suficiente que interrelacione varios elementos presentes en la crisis hondureña. Se explica aquí dos aspectos esenciales: por un lado, la historicidad atinente al desarrollo sociopolítico de Honduras; por otro, la trayectoria institucional y actores respeto a la protección a los derechos y libertades esenciales, sobretodo, en el periodo comprendido de 1980 a 2009.

Este segundo capítulo trata también el rol que jugaron los Estados Unidos de América en la afectación del orden democrático y se resalta el papel de mayor importancia que tuvo una actuación tan determinante. Además demuestra la inutilidad de los instrumentos regionales, como la Carta de Seguridad Democrática , para subsanar una ruptura y violación del orden institucional de la magnitud de lo ocurrido en Honduras.

El apartado sobre el Entorno social trata la situación que guardan los diferentes sujetos sociales y los movimientos ciudadanos que han ocupado un espacio de resistencia frente a la violencia sistémica del orden constituido, y que hoy son las y los protagonistas principales contra la violación a los derechos humanos en Honduras. En este apartado se exponen las causas que hacen una "resistencia" irreconciliable con un cambio de personalidades y de gobiernos sucesorios e inclusive de opciones políticas que hoy aparecen reconciliadas y dejando a lado su papel cuestionador al orden sistémico.

Por último se elaboró un análisis que relaciona de forma directa las Motivaciones del golpe de Estado, donde se describen puntualmente los eventos sobre los cuales este informe da cuenta como una multicausalidad conveniente a los propósitos del golpe militar.

Posteriormente, en lo que puede definirse como el cuerpo del Informe y que corresponde a la parte tercera se hallan los temas sobre Patrones de violación a los derechos humanos, Casos tipo y Análisis gráfico de violaciones a los derechos humanos cometidas a partir del golpe. En el primero, se define una forma operativa distintiva que sigue modelos consistentes, bien definidos, lo que constituye un modus operandi, y puede indicarnos qué es lo que debemos esperar del procedimiento de los cuerpos represivos en acciones futuras. Los Casos-tipo, han sido cuidadosamente extraídos del universo de denuncias recibidas tanto en la sede de esta Comisión como por parte de las diversas organizaciones sociales de derechos humanos que le otorgaron su mandato. El análisis de violaciones combina una interpretación estadística con una apretada visión analítica propia de la Teoría de los Derechos Humanos y, particularmente, de la racionalidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).

Un plus de este documento lo constituye, sin duda alguna, el apartado sobre Enfoque psicosocial de las violaciones a los derechos humanos. Una valiosa contribución de este sustancial apartado tiene que ver con el hecho que nos recuerda constantemente que atrás de cada violación de derechos humanos y de libertades básicas, siempre hay un verdadero drama social.

La parte cuarta incorpora dos ejes: las Conclusiones y las Recomendaciones. En la primera, se recogen de manera global los elementos conclusivos y la valoración de los hechos históricos de diverso tipo que desembocaron en la utilización del golpe de Estado y las violaciones posteriores. Las Recomendaciones se orientan en cuatro direcciones, como contribución a la necesidad de: detener las violaciones a los derechos humanos; dignificar a las víctimas y fortalecer la lucha de ellas y de la sociedad en su conjunto por obtener justicia; superar las causas coyunturales e históricas de la impunidad; y posibilitar el inicio de procesos que puedan contribuir a la democratización del poder estatal y económico, de la sociedad, sus instituciones y de las políticas por ellas aplicadas. En ese sentido, abarcan recomendaciones en torno al orden Jurídico-Constitucional, el Aparato Institucional, las consecuencias de las Obligaciones Internacionales en materia de derechos humanos y, finalmente, el Orden Estructural.

Este Informe incluye además un Anexo que incluye una lista preliminar de los presuntos responsables de las violaciones denunciadas.

A lo largo del Informe se puede identificar con cierta facilidad la continuidad en la política de seguridad nacional, y cómo los aparatos represivos del Estado han mantenido una sola línea operativa frente a la oposición política desde la década de los ochenta, de la misma forma como ésta se reproduce durante y después del golpe de Estado de 2009, así como la impunidad que ha rodeado a estos hechos debido a la complicidad de los organismos administradores de justicia y todo el aparato institucional del país. Se aborda, asimismo, el tema de las violaciones a los derechos humanos y libertades públicas como resultado del golpe de Estado y se refiere puntualmente al uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos.

Se detallan graves violaciones a los derechos humanos, a través de la presentación de casos concretos. Para ese fin se ha seleccionado una muestra de casos que son representativos de los patrones explicados previamente, ya que ponen de manifiesto varios de estos tipos de violación y pueden encontrarse en las investigaciones de los otros casos estudiados por esta Comisión a lo largo de su trabajo.

En suma, este Informe tal como se consigna en la siguiente sección aspira a ser modestamente un recurso didáctico que ayude a las y los hondureños, especialmente a las nuevas generaciones, y a la comunidad internacional, a comprender las razones del porqué se llegó a niveles sin precedentes de represión en Honduras y a fortalecer su lucha por la Justicia. Busca contribuir a tornar real la reparación integral de las personas victimizadas y sus familiares y el cese de la presente escalada de violaciones.

VOCES EN PIE

"No hay historia muda. Por mucho que la quemen, por mucho que la rompan, por mucho que la mientan, la historia humana se niega a callarse la boca. El tiempo que fue sigue latiendo, vivo, dentro del tiempo que es, aunque el tiempo que es no lo quiera o no lo sepa. El derecho de recordar no figura entre los derechos humanos consagrados por las Naciones Unidas, pero hoy es más que nunca necesario reivindicarlo y ponerlo en práctica: no para repetir el pasado, sino para evitar que se repita."

(Eduardo Galeano: Patas arriba. La escuela del mundo al revés, 1998)


1.1 Presentación del Informe

La Comisión de Verdad (en adelante la Comisión o CdV) se instaló, como su nombre lo sugiere, con el fin de esclarecer los hechos relacionados con el golpe de Estado ejecutado en la República de Honduras el 28 de junio de 2009, especialmente en lo que concierne a la esfera de las violaciones a los derechos humanos y libertades esenciales.

El mandato confiado a las/os Comisionados por la Plataforma de Derechos Humanos asume, sin duda alguna, una dimensión histórica y aspira a representar una contribución, por un lado, al proceso de construcción democrática en la nación hondureña y, por el otro, a la edificación de un auténtico Estado constitucional y democrático de derecho .

La Comisión de Verdad la conforman personas conocidas por su larga trayectoria de tutela y promoción de los derechos y libertades fundamentales en sus países de origen. Asimismo la Comisión se rodeó de un grupo de profesionales hondureños y de otras procedencias, vinculados a diferentes procesos y con un criterio que da cuenta de su trayectoria en el trabajo de los temas de justicia social, derechos humanos y de la pobre estructura de distribución del ingreso en Honduras.

Con este equipo de especialistas la Comisión trabajó desde junio de 2010 al mes de agosto de 2011. Es decir, contó con un período de catorce meses para determinar las autorías materiales e intelectuales del golpe de Estado en Honduras acaecido en 2009 y, a manera de antecedentes, relacionar retrospectivamente las graves violaciones a los derechos humanos, libertades fundamentales y abusos de poder que se han venido cometiendo desde la década de los ochenta y noventa. Incluso, consideró conveniente aludir a acontecimientos anteriores a esa fecha los cuales son vitales para un mejor conocimiento de la sociedad hondureña.

Este Informe de la CdV constituye un texto esencialmente político, en el sentido que examina las claves de la realidad social hondureña y del poder político que mueven los grupos de interés. Por esta razón, entre otras, alude a las estructuras jurídicas y económicas, a las relaciones entre estas entidades y a las formas históricas en que se ha ejercido el poder político.

Adicional a lo planteado, el texto refleja una visión de derechos humanos, integral, inclusiva y victimológica. El punto de vista que informa este documento descansa en el abordaje de los derechos humanos desde la centralidad de la persona y su comunidad y desde las aspiraciones de la sociedad hondureña en más de tres décadas. Lo integral refiere a la interrelación e indivisibilidad de todos los derechos humanos y de los pueblos. Lo inclusivo alude a la visibilización de sujetos que, por determinadas razones -sociales o de género o por ambas-, son situados en un plano de propensión a la indefensión. Por último, la cuestión victimológica deriva directamente en ubicar a las personas victimizadas (individual y colectivamente) como la razón de ser de este trabajo, porque, como bien se ha dicho, la voz más autorizada es la de las víctimas...

La versión final de este Informe de la CdV constituye un texto esencialmente político, en el sentido que examina las claves de la realidad social hondureña y del poder político que mueven los grupos de interés.

Los hechos examinados en este Informe se miran desde la especificidad propia de la normativa y de los principios que rigen al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Puntualmente, se consideran desde el criterio Pro Homine que caracteriza a esta disciplina especializada del Derecho Internacional.

Debe enfatizarse, en esta Presentación del Informe de la Comisión, el sentido didáctico que se le quiso imprimir al contenido, en la medida que pretende convertirse en un texto que permita comprender el desarrollo histórico sociopolítico de la sociedad hondureña y, particularmente, identificar las condiciones y los condicionamientos histórico-estructurales del poder político.

Este tránsito de construcción democrática, no obstante que no había visto concesión alguna para arribar a una sociedad más igualitaria, con mayores derechos políticos, sociales y con una mejor distribución del ingreso, vio nuevamente aparecer las mismas fuerzas regresivas y a editar, una vez más, como a lo largo de todo el siglo XX, el recurso del golpe de Estado, medida que se suponía erradicada del catálogo de medidas impulsadas para enfrentar el conflicto social y transitar hacia procesos más nítidos de cambio en el hemisferio latinoamericano.

El texto del Informe se orienta hacia tres objetivos específicos:

a) La exigencia del esclarecimiento histórico de los hechos vinculados al golpe de Estado de junio de 2009 y sus antecedentes sociales;
b) La demanda de la impartición de justicia a las víctimas y sus familiares, y a toda la sociedad, respecto a las graves violaciones a los derechos humanos, libertades esenciales y abusos de poder que han ocurrido en este país; y
c) El reclamo para la reparación moral y material de las víctimas y sus familiares.

El hilo conductor del contenido del Informe comprende los elementos que conforman el ciclo restaurador de la verdad, justicia y reparación integral (restitucio in integrum) a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, libertades fundamentales y abusos de poder, en oposición al planteamiento ahistórico y pro impunidad que defienden los victimarios y el cual se enmascara en el simple y cómodo perdón y olvido.

Este texto asume, en su lógica, que en Honduras un aspecto persistente sigue siendo la falta de justicia a las víctimas del golpe de Estado que asoló al país hace tres años y cuyos efectos todavía continúan. Es decir, que el crónico y estructural problema de la sociedad hondureña es la impunidad: antes, durante y en la etapa post golpe.

La expresión impunidad, en términos restrictivos, significa dejar sin juicio ni castigo a los culpables de graves violaciones a los derechos y libertades democráticas; extensivamente, tal como lo sugiere Wilder Tayler |1| -al que retomaremos más adelante en el apartado sobre Enfoque Psicosocial-, incluye, por un lado, el desconocimiento de la verdad por parte de las víctimas y también de la sociedad en su conjunto y, por el otro, la ausencia de reparaciones por los daños ocasionados. Por último, dicha noción comprende el hecho que el Estado no toma medidas adecuadas para la prevención de futuros abusos.

Este Informe, además de la perspectiva de W. Tayler, recoge la visión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos descrita en el Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname (Sentencia del 15 de junio de 2005. prs. 202 y 203) que sostiene que impunidad es «…falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana». |2|

En Honduras, la omisión de impartir justicia a las víctimas de violaciones a derechos humanos derivadas del golpe de Estado tiene efectos re-victimizantes. La Justicia, como un auténtico derecho fundamental, se encuentra aún pendiente y ha sido indefinidamente postergada. Es clave, en ese sentido, enfatizar que uno de los primeros valores, principios y derechos humanos que se les debe reconocer a las víctimas de delitos, abusos de poder y de violaciones de derechos humanos y libertades básicas, en este país, es precisamente el de la justicia.

La justicia, como es debido, comporta determinar también las responsabilidades intelectuales y materiales de los involucrados en la cruenta ruptura del orden constitucional . Este Informe reflejará, a partir de las investigaciones de la Comisión, las conclusiones a las cuales se hayan llegadas sobre las autorías tanto en uno como en otro sentido.

El trabajo investigativo realizado por la Comisión se basó en un catálogo probatorio que se fundamentó en pruebas testimoniales, documentales e, incluso, en experticias técnicas médico / forenses y de otras disciplinas. Asimismo, se tomaron en cuenta indicios racionales que completaron el nivel de certeza de las y los Comisionados.


1.2 Metodología/Fuentes Consultadas

En general, la modalidad metodológica seleccionada para desarrollar el proceso realizado por la Comisión se adecuó a los siguientes parámetros y pautas:

En el diseño de la investigación sobre violaciones a los derechos humanos, la Comisión buscó y ajustó periódicamente el balance entre los siguientes puntos:

1. La importancia de determinar la verdad sobre las violaciones generalizadas o sistemáticas a los derechos humanos después del golpe de Estado;
2. La prioridad de determinar la verdad sobre violaciones particularmente graves;
3. La necesidad de hacer pública esta información;
4. Las limitaciones impuestas por la propia magnitud de las violaciones denunciadas, el nivel mínimo de recursos disponibles para estas tareas y la situación conflictiva del país que, en el transcurso del período de trabajo de la Comisión, ha continuado empeorándose notoriamente.

La Comisión dividió el trabajo de investigación en cuatro fases:

1) Recopilación de testimonios,
2) Identificación de casos judicializables,
3) Identificación más amplia de Patrones de Violaciones y casos tipo mientras se verificaban los hechos y
4) Análisis de casos tipo a distintos niveles con el objetivo de contextualizar las violaciones dentro de los procesos históricos y políticos que se han dado en Honduras.

Desde la recopilación de los testimonios (la primera fase), hasta la finalización de la verificación de los hechos (la tercera fase), la Comisión contó con un equipo de juristas hondureñas/os y un experto en el diseño y manejo de una base de datos de violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales.

La Comisión pudo contar con el invaluable y oportuno apoyo de las organizaciones de derechos humanos, quienes confirieron el mandato a la CdV y dedicaron sus esfuerzos a la sistematización de su propia información y su entrega en la base de datos.

Un punto clave a resaltar en este apartado Metodología / Fuentes Consultadas es el que tiene que ver con la base de datos. En ese orden, esta base es de suma importancia, inclusive en comparación a lo trabajado por otras comisiones de verdad. Esto, en dos sentidos. Primero, la base busca reflejar la magnitud de las violaciones denunciadas, en particular su carácter generalizado y sistemático. Es necesario reflejar estas denuncias de manera fidedigna porque es el fundamento de la memoria histórica, aspecto temático al cual aludiremos nuevamente en el último apartado de este Informe como es el referente a las Recomendaciones.

"La base de datos permitió identificar y analizar los Patrones de denuncias de violaciones y, así, vincularlas con las otras que fueron comprobadas a través de las tareas de verificación realizadas por el personal de la Comisión.

Fases de la investigación: 1) Recopilación de testimonios, 2) Identificación de casos judicializables, 3) Identificación más amplia de Patrones de Violaciones y casos tipo mientras se verificaban los hechos y 4) Análisis de casos tipo.

Es en este sentido es que la Comisión divide las denuncias en tres grupos. Las denuncias del primer círculo corresponden a los Patrones extraídos de casos-tipo de hechos denunciados por las víctimas. Son casos de tal impacto que la Comisión decidió verificarlos. Desde luego que por razones de índole metodológica se planteo así pero por factores de tiempo y de recursos humanos no fue posible la constatación in situ de todos y cada uno de los casos. Los casos del segundo círculo, más amplio, incluyen los testimonios estudiados por el equipo de investigación. Finalmente, la totalidad de casos y denuncias que conforman el tercer círculo, abarcando los recibidos, no profundizados, pero guardados en la base de datos.

La base de datos de la Comisión de Verdad tiene suficientes elementos para comparar analíticamente los patrones de violaciones de los casos, por su tipo, con los elementos que brindaron las denuncias, tanto las del segundo, como las del tercer círculo. Es esencial reconocer que esta metodología permite llegar a presunciones simples sobre patrones de violaciones, particularmente su carácter general y sistemático, cuando se combinan los patrones de denuncias con elementos de los patrones de casos verificados y con el conocimiento profundo de los eventos y procesos históricos y políticos subyacentes; es decir, las causas y factores condicionantes de las violaciones a los derechos humanos.

La Comisión también considera la base de datos como fundamento para las tareas de verificación pendientes que pueden resultar en diversos informes y acciones de seguimiento. Es esta la segunda dimensión de la trascendencia de la base de datos de la Comisión. Este planteamiento guarda conectividad con la recomendación esbozada en la sección última de este Informe relativa a organizar un dispositivo de monitoreo del cumplimiento de las Recomendaciones de la CdV.

En el siguiente esquema se citan las partes comprendidas en el proceso investigativo adelantado por la CdV:

ETAPAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO

Primera Fase - Recopilación de testimonios: Formación del equipo de investigación (analistas, metodología, inicio del diseño de la base de datos, presencia del equipo psicosocial y su papel).
Segunda Fase - Identificación de casos judicializables: Metodología del equipo bajo el criterio de coherencia.
Tercera Fase - Identificación de Patrones de Violaciones y casos tipo.

Debe de añadirse en este apartado que, en julio de 2011, a través de una visita de las y los Comisionados a Honduras y a reuniones con el equipo de derechos humanos de la Comisión, se inició la tercera fase de la investigación, expandiendo el enfoque del equipo de investigadores a la identificación de Patrones más amplios de violaciones y de casos consistentes de estos patrones.

En agosto de 2011, se inició la preparación del estudio histórico-político de los Patrones de violaciones, buscando contextualizar las denuncias y casos comprobados para entender mejor las causas, sus consecuencias (aún sufriéndose) y, finalmente, para poder recomendar acciones correctivas y reparatorias.

Con este fin, en el mismo mes, se inició un estudio sobre el Sistema de Justicia y los elementos estructurales e históricos de patrones de impunidad. En esta tarea, se recibió la colaboración especial de COFADEH y de un equipo de estudiantes de derecho de la Universidad de York en Toronto, Canadá, bajo la dirección del, en ese entonces Comisionado, Profesor Craig Scott.

A partir de noviembre 2011, comenzó la fase final del trabajo de la Comisión, iniciando el análisis de los hechos comprobados dentro del marco de los derechos humanos y la narración del contexto histórico-político subyacente.

Al mismo tiempo, la Comisión inició una serie de reuniones bilaterales y multilaterales con actores sociales como parte de un proceso de consulta sobre los hallazgos preliminares y las recomendaciones más sustanciales para evitar la repetición de la ruptura constitucional y las violaciones a que ello dio lugar. De la forma anteriormente descripta se llevó a cabo un proceso investigativo objetivo; todo ello, sustentado en el mandato atribuido a la CdV.

Para finalizar con este apartado Metodología / Fuentes Consultadas, se procedió al análisis de diferentes textos jurisprudenciales, doctrinales y normativos relacionados con el tema. Se examinaron diversos documentos técnicos pre-elaborados, por ejemplo, instrumentos recolectores, lista de casos, lista de patrones de violación a los derechos humanos y demás. El proceso de elaboración del Informe comportó entre otros aspectos los que aquí se detallan:

a) Se sistematizó adecuando la información a los patrones de violación de derechos ya preestablecidos.
b) Sirvió para generar un proceso de elaboración del Informe de la CdV que se realizó con base en un cuidadoso examen de instrumentos, consultas a actores claves al interior del país y en el extranjero. Adicionalmente, se analizaron fuentes primarias y secundarias de tipo interno y externo.

Las investigaciones que adelantó la CdV se focalizaron en las graves violaciones a los derechos humanos y libertades esenciales cometidas en el marco del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Las mismas revistieron una naturaleza masiva y sistemática y ocurrieron tanto en esa fecha como hasta la presentación de este Informe. En el análisis, algunos hechos se relacionaron con acontecimientos significativos sucedidos en la década de los ochenta.

La Comisión, es determinante decirlo desde ya, no considera este Informe como un fin en sí mismo o como el final de algún proceso de reconciliación y reencuentro social, sino que lo visualiza como un paso decisivo, entre otros pasos apenas iniciados hasta la fecha, hacia la obtención de la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas del golpe de Estado de junio 2009.

La Comisión recogió 1966 denuncias sobre violación de derechos humanos interpuestas contra instancias estatales y aparatos civiles armados amparados en las instancias de poder. Estas denuncias fueron levantadas directamente ante la comisión o ante las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos de la sociedad civil. El total de denuncias derivó en 5,418 violaciones o hechos delictivos, que representaron 89 tipos diferentes de actos represivos que van desde las "Intimidaciones/ amenazas", "Represión de manifestaciones públicas", la "Detención ilegal", pasando por "Tortura física/psicológica", la "Desaparición permanente", hasta "Muerte en contexto político" o el "Asesinato de periodistas" y otro tipo de asesinatos. Tipos que la Comisión tuvo el cuidado de separar para documentar la especificidad de las violaciones cometidas por las autoridades hondureñas sucesoras del golpe militar y las autoridades postrímeras a dicha asonada.

No es especial así, por ejemplo, que de estos datos (5,418 delitos) cerca del 552 casos (el 10.2%) de las denuncias se refieren a Represión de manifestaciones públicas, 241 (4.4%) son detenciones ilegales, 94 (1.7%) son Tortura física/psicológica, 58 (1.1%) son muerte en contexto político, 37 (0.7%) Intimidaciones/amenazas, 14 (0.3%) son Asesinato de periodistas.

En la parte conclusiva del presente Informe, que escogió una lista de 20 casos tipo, donde sí se señaló responsables directos de los hechos denunciados, a los agentes del Estado o civiles actuando con su aval, consentimiento o aquiescencia, y que de ello es posible levantar causas penales, casos judicializables y expedientes donde se puede señalar con todo detalle la atribución a la responsabilidad directa de las autoridades hondureñas.

Tanto la utilización de fuentes primarias de información como la selección de la modalidad tipo-metodológico, a que responde la clasificación de hechos implementada por la CdV, partieron de dos identidades generadoras. Por un lado, la experiencia de las organizaciones como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH, con amplia experiencia en tipificar los delitos de acuerdo a causales del derecho humano y penal de la República de Honduras, y que ha podido llevar a juicio así como defender la persecución política que desde 1980 viene ocurriendo en este país. Y por el otro la incansable determinación de los movimientos sociales hondureños que han podido, a partir de su movilización, crear espacios de atención, tratamiento y solidaridad con las víctimas de la represión por motivos políticos y que permiten seguir documentando tales violaciones de las autoridades post-golpe de Estado, así como demandar cambios de fondo en la ministración de la justicia.


1.3 El Mandato de la Comisión de Verdad

Ciertamente no existe un único modelo de comisiones en la materia de la defensoría de los derechos humanos. Asimismo, la crisis al interior de la sociedad hondureña no ha concluido aún, viviéndose en este momento una fase más del conflicto social y político que aunque relativamente invisibilizado en las agendas tanto regional como latinoamericana, tiende a agudizarse en razón del próximo escenario electoral previsto para noviembre de 2013.

Hay que destacar que el trabajo de esta Comisión se ha desarrollado en una situación todavía de conflicto, no Post-conflicto, como en general han trabajado otras comisiones de naturaleza similares. Es decir sigue en marcha una condición de alta conflictividad y de violencia institucional, aunque más silenciosa. La forma en que se siguen cometiendo asesinatos selectivos, continúa siendo una amenaza para todos las personas involucradas en la denuncia y repudio por el irrespeto a los derechos humanos que existe en el país.

Esta situación ha significado para la Comisión, trabajar bajo una situación de amenaza permanente. Por esta razón hemos tomado medidas de seguridad muy estrictas. Todos las visitas de campo se han realizados con normas de alta atención para la seguridad de los miembros del equipo y también para los testigos y las víctimas cuando estuvimos tomando sus testimonios.

A pesar de las medidas tomadas, ha habido acciones en contra de miembros del equipo de distintos momentos y de diferente seriedad, hasta la fecha sigue sucediendo. Eso nos hace pensar que por lo menos algunos órganos del Estado se sienten amenazados por nuestro trabajo. Aparentemente los oficiales del estado que resienten esta amenaza, han pensado que es necesario intentar inculcarnos miedo, para que dejemos de hacer nuestro trabajo. De hecho, se ha llegado al extremo que los dos Comisionados Nacionales de esta Comisión han sufrido amenazas fuertes, lo suficiente para que ambos se hayan visto empujados a abandonar el país, una de eloos definitivamente y el otro, de manera temporal.

Por ello debe entenderse que el futuro del trabajo impuesto por esta Comisión para el conocimiento de los hechos que han traumatizado esta región centroamericana, puede convocar a nuevos derroteros y formas de ampliar el mandato que la sociedad civil organizada de Honduras ha podido institucionalizar en estos años. Dicho mandato de la Comisión de Verdad se recoge sintéticamente en el cuadro que se muestra a continuación:

Sigue en marcha una condición de alta conflictividad y de violencia institucional, aunque más silenciosa, pero hay que reconocer que es una guerra.

Aspectos Básicos Del Mandato Asignado A La Comisión De Verdad

Nombre COMISIÓN DE VERDAD
Informe La voz más autorizada es la pronunciada por las víctimas…
Origen Mandato de la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras: La Plataforma de Derechos Humanos se constituyó como una articulación de esfuerzos de seis organismos para defender los derechos de la población luego del golpe de Estado de junio de 2009. La misma estaba conformada por COFADEH, CODEH, CIPRODEH, CPTRT, FIAN y CDM.
Composición Elsie Monge Yoder, Presidenta de la CDV, y de CEDHU, religiosa de la orden Maryknoll, Ecuatoriana;
Luis Carlos Nieto García, Magistrado español;
Mirna Antonieta Perla Jiménez, Ex Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, CDH-HAS;
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Argentino;
Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Argentina;
Craig Scott, Docente Universitario Canadiense (renunció en 2012 por motivos personales);
Francisco José Aguilar Urbina, Abogado Experto en Derecho Internacional ex diplomático Costarricense (renunció en 2012 por motivos personales);
François Houtart, Sacerdote, Científico Social, Experto en medio ambiente, Belga (renunció en 2011 por motivos personales);
Helen Umaña, Docente universitaria y escritora, Hondureña;
Fausto Milla, sacerdote, investigador y naturópata, hondureño.
Período analizado 28 de junio de 2009 al mes de agosto 2011 (período de recepción sistemática de denuncias), con las ineludibles referencias históricas a las violaciones de derechos humanos cometidas en la década de los ochenta, y continuando a la fecha del Informe a partir de informaciones sistematizadas por organizaciones de derechos humanos hondureñas o disponibles en la vía pública.
Objetivos 1. Esclarecer la verdad de los hechos asociados al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
2. Promover la justicia a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales.
3. Promover la reparación integral a las víctimas.
Facultades A. Impulsar un proceso de investigación serio, técnico e imparcial a fin de determinar la responsabilidad intelectual y material de los presuntos responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
B. Procurar el sometimiento a un juicio justo acorde con los estándares internacionalmente reconocidos a los responsables de dichas violaciones.
C. Recomendar la aprobación de reformas constitucionales y legales e instar a cambios en el sistema de administración de justicia, en la institucionalidad policial y de las fuerzas armadas y otras.
D. Instar al diseño y ejecución de políticas públicas encaminadas al favorecimiento de la justicia social.
E. Elaborar un informe sobre las violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales cometidas a partir del golpe de Estado perpetrado en Honduras, en el mes de junio de 2009, sus causas y sus efectos.
Metodología 1. Integrar equipos de trabajo itinerantes a efecto de recolectar información de víctimas de violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales.
2. Llevar a cabo entrevistas con actores claves.
3. Cotejar diferentes documentos técnicos pre- elaborados por fuentes internas y externas.
4. Sistematizar la información recabada en una base de datos.
5. Incorporar una visión de derechos, integral, inclusiva y victimológica en el Informe de la Comisión de Verdad.
6. Preparar el Informe y sus anexos.
Hechos a Investigar 1. Graves violaciones a los derechos humanos y libertades democráticas cometidas en contra de la sociedad hondureña después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
2. La participación de actores internos y externos en la planificación y ejecución del golpe de Estado.

El mandato de cualquier comisión gubernamental o no-gubernamental que busca la verdad y justicia sobre violaciones a los derechos humanos, tiene que medir su éxito en cuanto a su contribución para encontrar recursos efectivos para las personas victimizadas es decir la capacidad de reparación. Los principios de reparación forman una dimensión fundamental de los recursos efectivos, abarcando el derecho a justicia, compensación, restitución, rehabilitación, satisfacción y no-repetición.

El principio de no-repetición o reincidencia a la condición de víctimas, abarca recomendaciones desarrolladas con la participación de las personas victimizadas y la sociedad civil en general sobre reformas constitucionales, legislativas, e institucionales que coadyuven a que se garantice la no-repetición de las violaciones.

La Comisión en sus recomendaciones, explícitamente toma en cuenta esta dimensión, con un énfasis en la independencia del poder judicial a buscar e indagar y reflejar la justicia en toda la magnitud que corresponde a las violaciones denunciadas, en particular su carácter generalizado y sistemático. Por ello es importante acopiar y trabajar estas denuncias de la base de datos de manera fidedigna porque son además el fundamento de la memoria histórica y colectiva. Su importancia en este sentido se magnifica por el hecho que aún no ha sido posible verificar y dar cuenta de la condición actual en una proporción adecuada, a las aproximadamente dos mil denuncias de las víctimas. En este sentido, la base de datos también mide la tarea pendiente.

Por ello es importante la custodia y el seguimiento a estas denuncias de víctimas de la represión política en Honduras, que se hallan en la Base de Datos de la Comisión de Verdad, y debería quedar como mandato, asegurar la función de proveer justicia por parte del Estado Hondureño y las instancias societales que lo conforman, los tres poderes emanados de la Constitución Política de Honduras, el poder ejecutivo en la personalidad del Presidente de la República, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia. Este es el mandato al que se acoge el trabajo de esta Comisión.

El agravamiento, la repetición o la reincidencia a las violaciones que han sufrido las personas en su condición de postración frente a la justicia administrativa, las autoridades civiles y los cuerpos de seguridad y militares es algo que no puede considerarse. El que se llegue a conocer las denuncias, los nombres, las situaciones, sus ubicaciones, las relaciones laborales, familiares o sociales de las víctimas y que ello repercuta en mayor sufrimiento de las mismas; es un hecho que le debe quedar claro a las actuales autoridades hondureñas, no quedará sin una respuesta por parte esta Comisión y las entidades y organismos internacionales que la acompañan, quienes estarán pendientes en todo momento.

Dejamos al pueblo hondureño y a sus autoridades el último mandato y la responsabilidad porque la represión política que vive este país en la actualidad llegue a su fin, y que este periodo de obscuridad, por los intereses encontrados, se le ponga alto desde ya y no se sigan sumando nuevos crímenes a los que desde 1980, vienen ensangrentando a la tierra de todas/os los hondureñas/os.


PARTE II: Las Claves del golpe de Estado

2.1 Antecedentes Históricos
2.2 Claves Institucionales del Poder Político y el Estado en Honduras
2.3 La Clave de la Participación de los Estados Unidos en el golpe de Estado
2.4 El Entorno Social
2.5 Motivación del golpe de Estado


Las Claves del golpe de Estado

Con fecha 23 de Marzo de 2009, el Presidente Manuel Zelaya aprobó el Decreto Ejecutivo PCM-005-2009, por el que se convocaba "(...) una amplia consulta popular en todo el territorio nacional para que la ciudadanía hondureña pueda expresar libremente su acuerdo o no con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que dicte y apruebe una nueva Constitución Política (...)". Dicho Decreto Ejecutivo no llegó a ser publicado en el Diario Oficial hondureño, "La Gaceta". Conforme al artículo 221 de la Constitución Hondureña, las leyes no son obligatorias hasta su publicación en el diario oficial y una vez transcurrida la "vacatio legis" establecida.

Enrique Santiago
Jurista español
Miembro de la Misión Internacional de Observación sobre la situación de Derechos Humanos en Honduras

Una retrospectiva de la historia hondureña, se puede caracterizar por la fragilidad en el proceso de construcción de la democracia. Los débiles esfuerzos y aparentes avances que se observan desde el siglo XIX al presente no han sido suficientes. Cuando ha surgido la posibilidad de cierto desarrollo democrático, o en regímenes de facto, la constante ha sido la violación a los derechos humanos.

La población de Honduras, más del 40% rural, asciende a 8 millones 128 mil 412 habitantes, la mayoría empobrecidos, más del 60% y un 36.2% sobrevivienndo en miseria o en pobreza |1|. El ingreso per cápita que representa la proporción del pago del factor trabajo en la economía (o su contribución por persona al valor del Producto Interno Bruto) es de $2,793 dólares que no se acerca mínimamente al ingreso Promedio de los Hogares hondureños, ya que la propiedad, el patrimonio y el ingreso están distribuidos en una relación absolutamente inequitativa.

Cada vez que se ha producido un golpe de Estado en este país -como reacción extrema para frenar cualquier posibilidad de cambio-- se renuevan las barreras históricas establecidas desde los grupos de poder para mantener limitada -por sus intereses particulares y de grupo- la posibilidad de desarrollo de la democracia del pueblo hondureño y de revertir esta situación social.

Después de la pobreza y la desigualdad referidas antes como telón de fondo, la inseguridad es la amenaza más importante en el proceso de recuperación de la democracia y la efectiva vigencia de los derechos humanos, en el actual curso del caos que administran autoridades debilitadas en su legitimidad social y política, al extremo de seguir aplicando medidas autoritarias alejadas de posibles soluciones democráticas. La involución a prácticas autoritarias como la emisión de leyes discrecionales para la restricción de derechos, la militarización y la criminalización de la protesta social, son ejemplos de estos retrocesos democráticos.

Los retrocesos democráticos. La involución a prácticas autoritarias como la emisión e leyes discrecionales para la restricción de derechos, la militarización y la criminalización de la protesta social.

Para entender las raíces que subyacen tras las explicaciones superficiales, se definió una serie de elementos desde la realidad política hondureña como «claves sociológicas» que dan cuenta de las causas sociales, políticas y económicas que trascienden las disputas en el escenario público y que permitieron además que se volviera a dar nuevamente un golpe de Estado en 2009. Desde luego que son muchos los factores que como determinantes pueden estar atrás y explicar la multicausalidad de la compleja realidad de este país centroamericano. Sin embargo, el factor más determinante es la imposición del grupo de interés que utilizó al empresario de transporte de carga y buses Roberto Micheletti Bain para dar un golpe de Estado con la aquiescencia, confabulación y complicidad de la institucionalidad del poder legislativo, judicial y de las fuerzas armadas hondureñas.


2.1 Antecedentes Históricos

A las 4:45 de la mañana del 3 de octubre de 1963, el ejército comandado por el general Oswaldo López Arellano inició un golpe de Estado para derribar al gobierno del Presidente Ramón Villeda Morales, con el objetivo de evitar las elecciones presidenciales del 13 de octubre de ese año en las que todo indicaba que el caudillo liberal populista Modesto Rodas Alvarado sería el ganador. Por consiguiente, fue parte de una estrategia para detener el proceso de organización obrera y campesina que se gestaba tras la huelga general de 1954. Este acontecimiento histórico caracteriza las contradicciones políticas por el poder en la historia republicana de Honduras que, desde el golpe de 1827, ejecutado por una reacción conservadora en alianza con los liberales conservadores, inició un largo proceso de levantamientos armados, revueltas y golpes de Estado.

Narrativa.
- Edgar Soriano- Historiador

Desde su Independencia de 1821, |2| Honduras vive en un permanente estado de inestabilidad política, marcada por factores incidentales como la ausencia de dominio sobre su territorio, las disputas entre los liberales independentistas y los conservadores, la intervención de la estructura jerarquía eclesiástica de la iglesia católica, los caudillismos persistentes por las disputas del poder político. Luchas todas, que emergieron de las facciones que fueron tomando las clases criollas y las familias hispánicas, cuando se supieron libres, sin los controles que les imponía el Virreinato y así extender sus prácticas y sus dominios sobre todo el orden legal y jurídico post-colonial.

La corona Española llegó a un cisma en América Latina. La tradición romana, godista y cristiana perdió el fundamento substancial, que auto controlaba la explotación, y en lo sucesivo las nuevas «Provincias del Interior» serían el lugar de nacimiento de una nueva estirpe: Criollos Latinoamericanos señores y dueños de la junta y el cercado y todo lo comprehendido dentro de sus territorios.

Rota la unidad centroamericana en 1824, las Provincias Unidas de Centroamérica abandonaron ese intento. Pronto los intereses territoriales y de dominio regional predominaron. Los indígenas o "pueblos originarios" y sus poblaciones y asentamientos "indios", indefensos y habiendo perdido la protección que suponía en ese momento la corona quedaron ellos y sus pueblos como un botín a lo largo de toda Mesoamérica de esta casta criolla.

Honduras fue siempre un territorio en disputa. Con un menor desarrollo económico; persistió la intervención en su política interna de políticos del resto de países de Centroamérica. Los protagonistas eran siempre las familias criollas que rivalizaban entre sí, por medio del apoyo a los nacientes caudillos y sus ejércitos.

-Historia de los golpes de Estado en Honduras

Una ligera revisión a la historia hondureña permite identificar ocho derrocamientos por la fuerza de las armas en el siglo XIX. Los gobiernos de Dionisio de Herrera en 1827, José Trinidad Cabañas en 1855, Santos Guardiola en 1862 (asesinado), Francisco Montes en 1863, José María Medina en 1872, Céleo Arias en 1874, Ponciano Leiva en 1876 y Domingo Vásquez en 1893, fueron derrocados. |3|

La situación no cambia en los albores del siglo XX, donde tras el triunfo de Presidente Lic. Manuel Bonilla en 1903, "caudillo liberal que rompió relaciones con sus antiguos aliados del partido" se efectuó el 8 de febrero un golpe de Estado al parlamento |4|, único en la historia del país; posteriormente, al derrocamiento de Manuel Bonilla en 1907 por los mismos liberales, reaparece él mismo atacando al gobierno del entonces Presidente Miguel R. Dávila en 1911, que además mostró por vez primera, la influencia directa del poder de los Estados Unidos sobre la región al proponer un acuerdo, el cual es firmado en el buque de guerra americano "Tacoma". Esta solución establecía que, tanto Dávila como su vicepresidente, Dionisio Gutiérrez, ofrecerían su renuncia para entregarle la primera magistratura del país al Presidente Francisco Bertrand (1913-1919). En 1919, Bertrand fue derrocado, bajo un nuevo «golpe de Estado», o levantamiento armado. El divisionismo del "Manuelismo" |5|, que se produce entre dos facciones debido a que una intentaba imponer al pariente del Lic. Bonilla, el Sr. Nazario Soriano |6|, hace que además, pierda el apoyo de los Estados Unidos.

Los movimientos insurgentes continuaron, junto con la mayor intervención estadounidense que opera ya en Tegucigalpa. El candidato Soriano no quedó, en su lugar volvió a quedar un militar, el General Rafael López Gutiérrez (1919- 1924), a cuyo término de su gobierno, se volvieron a enfrentar los caudillismos criollos. La revuelta armada en 1924 enfrentó nuevamente a los caudillos "nacionalistas" contra los "liberales" |7|. En esa ocasión 200 marines norteamericanos ingresaron bajo la excusa de proteger su embajada en Tegucigalpa. |8|

Los insurgentes derrotaron el gobierno del general López Gutiérrez e instauraron un gobierno provisional y convocaron una "Asamblea Constituyente," en la que el Partido Nacional liderado por el general Carias triunfaría, llevando al Presidente Miguel Paz Barahona (1925- 1929) a la presidencia. |9|

En los siguientes 4 años gobernó tras elecciones el liberal, Dr. Vicente Mejía Colindres (1929-1933), quien tuvo que soportar el divisionismo de su partido y compartir su poder con el Partido Nacional.

A partir de 1933 y durante 16 años, el país vivió bajo la dictadura del General Tiburcio Carías Andino (1933-1949), período que trajo una relativa estabilidad al gobierno y apuntaló la consolidación del régimen presidencialista. La llegada de Carías al poder fue legal, pero cuando finalizaba su mandato convocó a una Asamblea Constituyente para que elaborara una "Nueva Constitución" que cambió los períodos presidenciales de cuatro a seis años, y que le prorrogó el ejercicio del poder a Carías por un continuo período de seis años, ratificados posteriormente por un período igual |10|.

A Carías le sucede, en 1949, el abogado Dr. Juan Manuel Gálvez (1950-1954), antiguo Ministro de Guerra del régimen de Carias, con un gobierno considerado relativamente moderado. En 1954, antes de finalizar su período, Gálvez dejó el poder en manos del vice-presidente el abogado Lozano Díaz (1955-1956), quien quedó gobernando de facto hasta el «golpe de estado del 21 de octubre de 1956» cuando las Fuerzas Armadas lo obligaron a que entregara el poder a una Junta Militar |11|.

La Junta Militar estuvo conformada por el General Roque J. Rodríguez, Jefe Director de la Escuela Militar «Francisco Morazán», por el Coronel Héctor Caraccioli, Jefe de las Fuerzas Armadas y por el ingeniero militar Roberto Gálvez Barnes. El 17 de noviembre de 1956, se reorganizó la propia Junta Militar de Gobierno bajo la dirección de los Coroneles Oswaldo López Arellano y Héctor Caraccioli, quienes ejercieron el poder, hasta que mediante negociaciones -por tratar de lograr su propia autonomía- lo tuvieron que entregar al médico Dr. Ramón Villeda Morales (1957-1963), Presidente electo por la Cámara Constituyente, que también designó como Jefe de las Fuerzas Armadas al Coronel Oswaldo López Arellano.

Sin embargo durante el gobierno de Villeda Morales |12|, se emitieron algunas leyes importantes debido a la presión popular ejercida tras la Gran Huelga de 1954 |13|, como el Código de Trabajo, la Ley de Reforma Agraria, la Ley del Seguro Social, la Ley de Fomento Industrial, entre otras. Leyes que afectaban ciertamente los intereses de los capitales empresariales nacionales y trasnacionales.

Las Fuerzas Armadas volvieron a ser protagonistas y dieron tres razones para justificar un nuevo «golpe de Estado en 1963»: "la infiltración comunista, la existencia de la Guardia Civil como una amenaza contra las FFAA y el lanzamiento de un candidato" --Modesto Rodas Alvarado que según ellos, mostraba-- "el odio y no la unidad de la familia hondureña". |14|

Asumió entonces el poder el Coronel Oswaldo López Arellano (1963-1971); su primer período como presidente fue desde el 3 de octubre de 1963 al 5 de junio de 1965. El 6 de junio de 1965 empezó un segundo período de gobierno (constitucional), después de unas elecciones cuestionadas por fraudulentas |15|. En 1971, el poder regresa a los civiles, mediante un pacto entre las FFAA, el Partido Liberal y el Partido Nacional, y mediante el llamado "Gobierno de Unidad Nacional" encabezado por el abogado Ramón Ernesto Cruz (1971-1972). Este gobierno tuvo corta duración, debido entre otras causas, a otro «golpe de Estado militar, el 4 de diciembre de 1972» y retoma el poder el Coronel López Arellano, quien, el 22 de abril de 1975, fue destituido por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas con el argumento de un escándalo de corrupción, en un caso de soborno por parte de la compañía estadounidense United Brands Company, conocido como el "Bananagate". La realidad es que este golpe fue una reacción a las tibias reformas iniciadas por el gobierno reformista de López Arellano.

Lo sustituyó el Coronel Juan Alberto Melgar Castro (1975-1978) quien fue destituido el 7 de agosto de 1978 y lo reemplazó una Junta Militar de Gobierno compuesta por el General Policarpo Paz García, Coronel Domingo Antonio Álvarez y el Teniente Cnel. Amílcar Zelaya Rodríguez.

Para el año 1981, las elites políticas y económicas de Honduras, compuestas por las mismas familias criollas que controlaban los partidos políticos, deciden coyunturalmente, tanto por presión interna como internacional, propiciar una democracia representativa por la vía electoral. De ese modo se eligió Presidente de la República al Dr. Roberto Suazo Córdova (1982-1984) en sustitución del general Paz García, quien ya había sido ratificado como Presidente el 25 de julio de 1980 por la Asamblea Nacional Constituyente conformada el 20 de ese mes.

La llegada al poder de Suazo Córdova, el 27 de enero de 1982, no significó una reducción del poder e influencia de los militares sobre los gobiernos civiles, por el contrario, fue durante su gobierno que se impuso la doctrina de la «Seguridad Nacional» como estrategia privilegiada, en todo el istmo centroamericano, para la contención de las demandas sociales. Los golpes de Estado no se extinguieron completamente y en su lugar tuvieron un equivalente militar en los denominados "golpes de barraca", cuando los grupos de militares, los sustituyeron por el derribo de los Jefes y titulares de las Fuerzas Armadas Conjuntas en tres ocasiones: en 1984 al General Gustavo Álvarez Martínez, en 1986 a Walter López Reyes, y en 1990 a Arnulfo Cantarero López, sin mayores explicaciones ante las autoridades civiles. Este tema, no obstante su importancia institucional, poco fue tratado y comentado en la prensa de esos días.

Un cierto declive de dicha influencia se observó, posteriormente durante la Presidencia de Carlos Roberto Reina (1994-1998), quien le restó autonomía a las Fuerzas Armadas, al separar a la policía de su mando y supeditarlos a un Ministro de Defensa nombrado directamente por el titular del Ejecutivo. En ese mismo periodo, se abolió el Servicio Militar Obligatorio.

El golpe de Estado, como instrumento de control social y político por parte de las elites empresariales, se repite al reeditarse la conspiración de éstas con la cúpula castrense contra el Gobierno del Presidente José Manuel Zelaya Rosales. Estos grupos comenzaron a desconfiar que el antiguo militante del partido Liberal estaba saliendo un tanto más "liberal" que lo que aceptaba el perfil del partido. Y comienza una campaña mediática persistente en contra de las medidas y su estilo de gobierno.

En este contexto los grupos de poder económico, junto con la tácita connivencia política de los dos partidos políticos mayoritarios -el Liberal y el Nacional- depusieron el 28 de junio de 2009, al Presidente José Manuel Zelaya Rosales, el que debía culminar su período presidencial en enero de 2010, trasladándolo a la base militar norteamericana de Palmerola, Comayagua, centro del país, y horas más tarde a la ciudad de San José, Costa Rica. Impusieron al Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti Bain, ese mismo día, como Jefe del golpe de Estado, contando en todo momento con los servicios del Ejército Hondureño y la Policía Nacional.


2.2 Claves Institucionales del Poder Político y el Estado en Honduras

"Dos tipos de fuerzas controlan el poder político (en Honduras), según analistas consultados por IPS. La primera es de los poderes económicos de familias tradicionales que se han remozado y están copando las estructuras partidarias y puestos de decisión en el gobierno.

"Ellos son los grupos de poder legal, por así decirlo. Pero están los otros, ocultos y ligados al crimen organizado, especialmente el narcotráfico, que tienen una fuerte presencia en el país."

Entrevista a Ernesto Paz, politólogo
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)

-Condiciones estructurales de la economía; concentración de riqueza y baja distribución del ingreso.

Durante la primera década del siglo XXI las políticas económicas se profundizaron en Honduras a favor de los grupos empresariales y como parte indivisible del poder político. La lógica de promover un crecimiento hacia afuera -crecimiento a través de las exportaciones y del mercado externo-, llevó a generar la promoción y diversificación de las exportaciones, privilegiando la inversión extranjera en condiciones que hasta ahora, solo han ahondado la crisis y precarizado la vida y subsistencia de la mayoría de la población hondureña. En el 2009, según la CEPAL |16|, la pobreza en Honduras era del 65.7% y la indigencia del 41.8%. Ambos índices constituyen los más altos de los 18 países analizados por la CEPAL. |17|

El escaso crecimiento que ha tenido la economía hondureña de 1990 a 2008 se debe en buena medida, al crecimiento de su inversión productiva en unos pocos productos de exportación, los cuales, históricamente, han mostrado una alta concentración del ingreso en pocas manos.

Honduras desde los inicios del siglo pasado ha funcionado como una economía de enclave hacia productos frutícolas, perecederos y sujetos a sistemas agrícolas de temporada. Honduras se vincula con la economía mundial, por medio de la exportación de banano.

El golpe de Estado, como instrumento de control social y político por parte de las elites empresariales se repite al reeditarse la conspiración de éstas con la cúpula castrense contra el Gobierno del Presidente José Manuel Zelaya Rosales.

La dependencia de la economía hondureña de la exportación de banano con todas sus implicaciones internas, tuvo un impacto profundo en la conformación de los partidos políticos, el régimen político, el desarrollo del Estado y el mismo ejercicio del poder. No era extraño que la política hondureña se definiera por los intereses de las compañías bananeras y en ello la embajada estadounidense aprendió a sancionar e instrumentar la actuación de los grupos políticos y económicos liderados por caudillos locales y regionales.

El modelo económico vigente desde 1980, es reemplazado a principios de los 90`s por la entrada en vigor de la propuesta más liberal, con la implementación de medidas, que limitaban el crecimiento del mercado interno.

Así al igual que el resto de los países de la región, esto se tradujo en menor inversión pública, junto con la aplicación de Programas de Ajuste Estructural que tenían como fin reducir el déficit fiscal y el financiamiento al desempeño y gestión del Sector Público en la economía. En este contexto, surgieron nuevos sectores, más dinámicos en la industria como lo fue la maquila, el turismo y las telecomunicaciones.

El sector primario de la economía -el extractivo y agrícola- se intentó diversificar al pasar de las tradicionales exportaciones hacia un mayor impulso a la producción de legumbres, vegetales y otros productos del mar. Si bien esto dio una diferente composición al Producto Interno Bruto (PIB) del país, también con ello cambió sustancialmente el modelo agroexportador primario pasando a una economía con mayor carácter extractor. En el patrón de acumulación de inversiones de este modelo ha perdido importancia la agricultura y, sin pasar por la industrialización, es el sector de los servicios, el que desempeña el papel fundamental. A finales de los años ochenta y durante la década del noventa, los servicios en Honduras llegaron a representar más allá del 70% de la producción (u Oferta Agregada) (ver Segovia, 2004:15- 16). Entre las principales fuentes de divisas, junto a los productos de exportación tradicional y no tradicional y la industria de la maquila, aparecen las remesas, que pasan a desempeñar un papel fundamental en la estabilidad macroeconómica del país. Todo esto se puede ver en la participación porcentual que se consigna en el siguiente cuadro. |18|

Honduras: Variación en las principales fuentes de divisas desde 1990 al 2010
(Porcentajes de participación)

Fuentes/años 1990 2010
Principales exportaciones tradicionales. 62.0 15.0
Principales exportaciones no tradicionales 17.0 15.0
Maquila 11.0 32.0
Inversión Extranjera Directa (IED) 4.0 9.0
Remesas 5.0 29.0
Total 100.0 100.0

Fuente: BCH, Honduras en Cifras y Memorias Anuales, varios años |19|

Pese a la importancia que el modelo económico otorgaba a la inversión extranjera, Honduras no logra sobresalir entre los países que atraen mayor inversión en la región. |20| Es necesario aclarar, que no toda la inversión que floreció fue extranjera. Por ejemplo, la inversión en la maquila -la cual tuvo en general, un crecimiento del 7,6% en 8 años- fue colocada el 30% por empresarios de nacionalidad hondureña, mientras que el 70% fue extranjera, en su mayoría de origen norteamericano (43%), asiático (16%) y de otras procedencias (11%).

Esto significa que un sector importante de la industria hondureña se benefició a la sombra de las concesiones y prebendas que le hacen a la inversión transnacional. El nuevo modelo económico ha provocado transformaciones en las estructuras de los grupos económicos y en otros aspectos de la vida social.

Consistentemente se ha favorecido a los grupos nacionales, regionales y transnacionales vinculados a la economía de servicios y de las exportaciones no tradicionales. La naturaleza de este nuevo patrón de crecimiento es esencialmente urbana, lo cual tiene implicaciones en la persistencia de los problemas del campo, así como en la continuidad de la pobreza extrema. Esto ha producido cambios en los mercados laborales. Internamente, ha potenciado la inserción y explotación de la mano de obra femenina en el sector servicios y en la industria de maquila fundamentalmente en condiciones de precariedad laboral y, en el ámbito regional, ha profundizado los procesos migratorios intra y extra regionales. |21|

Es lógico suponer, entonces que los grupos empresariales defiendan a toda costa los privilegios que se les ha otorgado.

Las características del nuevo modelo económico son varias. Se resaltan las más relevantes, fundamentalmente las que tienen una clara orientación hacia afuera y dependen, para funcionar, tanto en las exportaciones como en las importaciones. El promedio de crecimiento de la economía a lo largo del periodo de 1980 al 2009, apenas es de 3.8%. Además, este crecimiento económico ha sido errático. Como se aprecia en el siguiente gráfico 1:

Para 1990, el 56.7% de esos beneficios se concentraba en el grupo de exportaciones de bajo dinamismo (banano, café, langostas, carne refrigerada, piñas y plomo). La maquila captaba apenas el 4.4%. Sin embargo, merced a la alta dinámica de la producción maquilera, ésta a lo largo de los años va adquiriendo la condición de eje de acumulación de la actividad exportadora. Para 2009, el panorama distributivo cambia radicalmente. El grupo de bienes encabezados por el banano baja su participación al 14.1%, mientras que la maquila acaba absorbiendo millones de lempiras acumuladas hasta ese año como beneficios de la devaluación. En suma, independientemente de las diferencias de dinamismo, todas las exportaciones generadas por la élite empresarial y otras exportaciones menores, crecieron bajo el estímulo del programa de incentivos a la exportación.

El enriquecimiento de estos grupos y elites empresariales es producto de la devaluación, y de otra serie de medidas estatales como las exoneraciones, leyes de incentivos a la producción, concesiones y liberación de servicios entregados a los negocios privados. En esta lógica, se han aprobado, con mayor énfasis desde los años noventa a la actualidad, un conjunto de leyes para favorecer a las elites empresariales, como la Ley General de Minería, Ley de las Zonas Libres de Procesamiento, Ley de Modernización Agrícola, Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Incentivos al Turismo, entre otras. Leyes que se decretan en países con un perfil conservador para una mayor concentración del ingreso.

Se percibe que el Estado es un instrumento en la realización de negocios para los estratos económicamente poderosos |22|, que actúan como captadores de rentas económicas a costa de la pérdida de ingresos Tributarios para el Estado y la desatención y profundización de la pobreza y la desigualdad social en la mayoría de su población, a quien históricamente se le ha negado la posibilidad de una participación efectiva en las grandes decisiones del país, llegando inclusive a la utilización de medidas extremas como la ejecución de golpes de Estado.

Los golpes de Estado en el siglo XX han mostrado características claves: el soporte de las élites de los grupos empresariales (grupos financieros, cámaras industriales, agro-exportadores, terratenientes y otros), el control militar, la fuerza de grupos de poder económico que son parte y controlan los partidos políticos, la injerencia de los Estados Unidos y la ausencia absoluta de sanción legal y pública a los responsables de las crisis.

Estas condiciones "institucionales" se han desarrollado profundamente como características de la cultura política y la sociedad, acentuadas aún más por la injerencia y complicidad de los EEUU como consistentemente lo muestra la crónica de los hechos.

El hecho de contar con una de las poblaciones con más alta marginación y ausencia completa de un esquema de redistribución del ingreso, que hace de Honduras uno de los países más desiguales del continente, se constituye como Clave de dominación política de los grupos de poder, que impiden aceptar el consenso como forma regular de dirimir el conflicto político haciendo uso de la represión que aún hoy sufre la sociedad hondureña.

Los golpes de Estado en el siglo XX han mostrado características claves: el soporte de las élites de los grupos empresariales, el control militar, la fuerza de grupos que controlan los partidos políticos, la injerencia de Estados Unidos y la ausencia absoluta de sanción legal.

- Las élites económicas y el control militar:

Durante la ejecución, y en los momentos posteriores a cada uno de los golpes de Estado, los militares han asumido el control directo o -como en el caso del golpe militar del año 2009- ejerciendo un poder de respaldo y de garantizar el "orden" detrás del grupo económico que asaltó el poder presidencial. |23|

Si bien es cierto, la fuerza militar es la que garantiza en última instancia el éxito de cualquier golpe contra la democracia, no son ellos los más beneficiados económicamente de estos actos si lo comparamos con los beneficios que obtienen las elites económicas. A esto se suma que la «sanción social» se dirige fuertemente a los militares y policiales como actores visibles de los acontecimientos, mientras al poder económico y mediático no se le deduce responsabilidades por su participación. En Centroamérica la institucionalidad castrense, ha funcionado como una suerte de servidumbre a modo a un grupo empresarial.

Existen casos en que la institucionalidad militar ha emprendido lucrativos negocios en diversos ámbitos de la actividad económica y a su vez durante su servicio altos mandos militares e intermedios logran usufructuar propiedades de las Fuerzas Armadas y de la nación para lucrarse personalmente. Después del golpe de Estado de 2009, los militares recuperaron parte de los ámbitos del Estado que habían tenido dentro de entidades públicas en los años noventa y que los empresarios y el grupo político sucesor les devolvieron. A los mandos militares se les entregó nuevamente la Dirección Ejecutiva de la empresa paraestatal de telecomunicaciones HONDUTEL |24| y ámbitos administrativos importantes como la Dirección General de Política Migratoria y la Dirección General de Marina Mercante.

En la historia democrática hondureña estos espacios públicos habían sido quitados a los militares desde mediados de la última década de los noventa como resultado de la presión y sanción pública de los movimientos sociales. Para la sociedad hondureña estos logros constituían parte importante de los esfuerzos de democratización del país con lo cual el golpe de Estado también en este sentido significó un retroceso.

Si bien es cierto que no hay costos estimados -ni precios sombra |25|, indicativos del valor de una asonada militar-, para las familias que detentan el poder político y los empresarios detrás del golpe de Estado, resulta una lucrativa aventura. Baste citar como ejemplo, la vía libre impositiva que les queda para lucrar con muchas actividades económicas, que en otros países representan impositivamente enormes recursos para el estado vía pago de impuestos, explotación de bienes, frecuencias, espacio aéreo, cambios tecnológicos y otros.

La libertad de acción que otorgan los golpes de Estado, a una parte de la clase empresarial les garantiza sin riesgo, contar además con el respaldo para obtener de las empresas públicas la seguridad de multimillonarios contratos, el diferimiento de intereses bancarios devengados (costo del dinero) y la moratoria y condonación completa de las deudas. Estas ganancias y su complejidad no la alcanzan a ver las Intentonas y los golpes de Estado que se concretan por parte de los militares, pero tampoco por el resto del empresariado que sigue anuentemente la defensa de las "libertades y derechos fundamentales" que dice defender el grupo empresarial atrás del poder.

-Grupos económicos que controlan a los partidos políticos

Los viejos partidos políticos no han demostrado que sus plataformas programáticas puedan ser una aspiración real que lleve a un fortalecimiento de un sistema democrático. A cambio de ello, el sistema político electoral funciona por medio de alianzas que garantizan sus intereses particulares.

Los políticos de carrera han servido -como el caso de militares- a empresarios y líderes de clanes políticos, en sus demandas, creando y reproduciendo el discurso de las clases empresariales e industriales sin que se generen condiciones para garantizar una economía fuerte. Nuevos intereses económicos y empresariales vinculados al nuevo orden global han permeado a los partidos políticos, al punto de ceder incluso, la titularidad de una parte del territorio nacional a estos capitales transnacionales, como es el caso con las empresas maquiladoras, la industria extractiva y la más reciente creación de las "ciudades modelo" o Regiones Especiales de Desarrollo actualmente en discusión.

La clase empresarial invierte recursos en el control y manejo de las estructuras de los distintos partidos políticos, garantizándose así sus intereses en los distintos poderes del estado: ejecutivo, judicial y legislativo.

- La otra Institucionalidad: la ausencia de sanción

Hay un elemento que ha sido constante en el marco de los golpes de Estado en Latinoamérica, y ello lo constituye la absoluta impunidad que caracteriza, no solo la toma fraudulenta del poder político --que ya de por si es mucho-- sino la ausencia punitiva a las violaciones a los derechos humanos y otras infracciones, así como la negación a las libertades esenciales de la sociedad en su conjunto.

Los actores responsables, lejos de ser juzgados por delitos del orden público, son en el mejor de los casos recompensados con mayores cuotas de poder y de beneficios económicos.

La impunidad imperante tiene consecuencias graves no solo en términos de destruir el tejido social sino también para los propios intereses económicos; si bien a corto plazo garantiza los intereses económicos de los grupos de poder, en el largo plazo se revierte en contra de la economía del país.

Toda esta situación es encubierta y distorsionada por los grandes medios de comunicación que presentan y otorgan "reconocimiento social" a los responsables como una práctica de asegurar la lealtad a los grupos económicos.

La libertad de acción que otorgan los golpes de Estado, a una parte de la clase empresarial les garantiza sin riesgo contar con multimillonarios contratos públicos, el diferimiento de intereses bancarios devengados y la condonación completa de las deudas.

- Los Grupos empresariales y los conflictos del poder económico

En el crecimiento económico de Honduras han existido diferentes sectores industriales que hicieron emerger una clase de empresarios. En un primer momento descendientes de las familias tradicionales con vínculos orgánicos con el poder político militar y con los dos partidos mayoritarios, el Partido Liberal y el Partido Nacional, y posteriormente con una presencia muy acentuada en los negocios y franquicias de conocidas empresas trasnacionales.

Este crecimiento empresarial, si bien se explica como resultado de la primera ola de reformas liberales que emergieron desde mediados de los años 80s, y que continuaron en los 90s, las que incluyeron no solo reformas profundas a nivel de la Administración Pública, la legislación y las políticas macro económicas, sino en las definiciones que en toda América Latina se venían cuajando sobre "políticas financieras de largo aliento" en la línea ortodoxa de los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el antiguo Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, hoy Banco Mundial (BIRF-BM) .

Si bien estas reformas explican el reciente fortalecimiento de los grupos industriales más poderosos de este país, no son suficientes para comprender el relajamiento que tuvo la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios sociales básicos ni la gran concentración de riqueza que se ha profundizado en los últimos veinte años.

La concentración de la riqueza de estos grupos ligados y por encima del poder político en estos años ha tenido un avance más o menos silencioso. Se podría entender que tal concentración de poder económico se debe a sus convenientes vínculos y alianzas con los partidos y que esa relación podría ser objeto de un análisis y preocupación, no solo para esta Comisión, sino en general para la sociedad civil hondureña. Pero la verdad es que cada día se muestra más evidentemente que las estructuras de los grupos empresariales no solo se encuentran por encima de los partidos políticos y que dictan la orientación política una vez en los cargos de elección popular, sino que además son ampliamente cuestionados por el origen de sus recursos. La sociedad civil advierte esto como un serio riesgo para la política, y un peligro para el mantenimiento de la legitimidad de un sistema democrático.

En la investigación "América Central, grupos de poder e integración real", presentada a mediados de 2011 por la fundación alemana Friedrich Ebert, se subraya que estos grupos se apoderan en la región del espectro que conforman los partidos políticos. "Ellos son los grupos de poder legal, por así decirlo. Pero están los otros, ocultos y ligados al crimen organizado, especialmente el narcotráfico, que tiene una fuerte presencia en el país". |26| El estudio en mención, identifica a "gobiernos empresariales", como el salvadoreño, y "gobiernos pro-empresariales" como los que ha tenido Honduras y el resto de países del istmo en los que el vínculo entre estructuras gubernamentales y sectores privados ha sido directo en menor grado que en El Salvador.

Según el sacerdote jesuita Ismael Moreno, estos grupos "se interrelacionan entre sí y a nivel del sistema político hondureño, donde su injerencia es muy fuerte, al grado de afirmar que ponen gobernantes, dictan la agenda informativa en los medios de comunicación y son los principales aportantes de las campañas políticas". Para el también director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), de la comunidad jesuita en Honduras," en una entrevista a IPS; La presencia de apellidos, unos en el Congreso (legislativo) y otros en el Poder Ejecutivo, no es casual. Ellos saben cómo intervenir, pedir y demandar. El Estado parece presa de ellos, y los gobiernos son el instrumento para obtener poder y ganancias. Si antes disimulaban mejor su ambición, en la última década se han desbordado, y parece que este país, despojado y despedazado, aún tiene carne para comer.

También en la obra intitulada "Honduras, Poderes Fácticos y Sistema Político", una producción del Centro de Documentación de Honduras CEDOH, escrito por el equipo de investigadores conformado por Ramón Romero, Manuel Torres y Jorge Yllescas, bajo la coordinación de Víctor Meza y Leticia Salomón. En esta investigación los autores denominan "poderes fácticos", entendiendo como tal a aquellos grupos que, aunque no se autodenominen como tales, operan de manera objetiva, es decir, inciden y hasta deciden dentro del marco del Estado, como para ser "grupos de poder" aunque, aparentemente, el poder lo tenga un partido, o un Presidente. Los gobiernos reciben presiones de algunos de estos grupos, cuando no el dictado de las decisiones a asumir.

A partir de 1980 en el período denominado democrático, hasta la fecha, los grupos de poder han apoyado la incipiente democracia y la modernización del Estado, siempre que garantizaran sus intereses como proveedores de los contratos y las compras gubernamentales, mediatizando los procesos de licitación pública acorde con la visión del Estado patrimonialista. Su presencia como poder económico ha estado presente al interior de la toma de decisión y en la definición de importantes medidas en materia de política económica y de gestión gubernamental.

En esa década pudieron cooptar la intermediación política de todo el sistema de partidos porque los mismos miembros de los grupos de poder empresarial tendían a postularse directamente a los cargos de elección popular. Los banqueros, los miembros de las Cámaras de la construcción, los maquiladores, los ganaderos, transportistas, etc., aparecen en la nómina como políticos de carrera. Una breve mirada histórica de estos grandes negocios de los empresarios puede mostrar las cantidades exorbitantes de dinero del gobierno nacional que ha ido a parar a las cuentas de los principales consorcios empresariales, sin más mérito propio que su control y acceso a las decisiones económicas del Estado hondureño.

El Estado hondureño destinó fondos públicos por más de tres mil millones de Lempiras para cubrir la quiebra de varios bancos privados entre 1994 y 2001.

En 1998 el fenómeno del huracán y tormenta tropical "Mitch", supuso una catástrofe para la mayoría de los hondureños y hondureñas, pero para las empresas transnacionales apenas significó un retroceso temporal porque incluso esa tragedia fue aprovechada por la empresa privada para impulsar una segunda ola de reformas neoliberales que ampliaron su poder empresarial y por tanto sus ganancias. La Comisión pudo estudiar que en la década de los años noventa, todas las ramas de inversión transnacional crecieron, siendo los rubros más prósperos la industria manufacturera (maquila), la inversión en la agricultura, la minería, las telecomunicaciones, así como el comercio y turismo, es decir aquellos rubros favorecidos por las reformas liberales como los decretos de ampliación de la industria maquilera, la Ley General de Minería, Ley de Modernización Agrícola, Ley de Telecomunicaciones y la Ley de incentivos al Turismo. La "reconstrucción" del país no sacó a los y las hondureñas comunes y corrientes de la crisis, pero significó un gran negocio para las transnacionales, y para la empresa privada hondureña. |27|

Es difícil entender que, cadenas de restaurantes que son negocios formales normalizados por las leyes, en el resto de países latinoamericanos, en Estados Unidos y en casi todos los países a los que han tenido acceso en Europa, en Honduras estás cadenas restauranteras como Burger King y Kentucky Fried Chicken gocen de las subvenciones, y subsidios que otorga la Ley de incentivos al Turismo y están registradas como empresas Turísticas, recibiendo exenciones de impuestos por parte del fisco.

Los poderosos grupos Grupo Intur, S.A. y Grupo Comidas, S.A. son dueños, además, de las más extendidas cadenas de restaurantes. Por parte del grupo Intur cuyo dueño es la Familia Ferrari Villeda junto con la Familia Kafaty, también dueños de Televicentro, S.A. (canales de televisión "Telecadena 3/7" 5 y "7/4") son dueños de Burger King, Popeyes, Dunkin Donuts, Helados Baskin B Robins, las Pizzerías Little Caesar (Cesar), Chilis grill & Bar, Pollos "Church`s Chiken", "Pollo Campero." Por su parte la cadena Grupo Comidas de la Familia Canahuati Larach, también dueños del diario El Heraldo, La Prensa, las revistas Estilo y Deportiva diez, son dueños de las pizzerías Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken-KFC Honduras, restaurantes Denny`s, Wendy`s y Apple Bee`s. Todos estos negocios reciben la concesión de exención impositiva (no pago de impuestos) sin que tenga ninguna razón la transferencia de subsidios otorgados por el fisco generalmente en los países democráticos a los sectores más vulnerables, y población en pobreza extrema.

Otro sector industrial que opera de la misma forma es la industria de generación de energía térmica beneficiada con fuertes incentivos fiscales.

Lenta, pero sistemáticamente, los distintos gobiernos han ido contribuyendo a la ruina de algunas empresas estatales y mediante esta política de "promoción industrial" se ha llevado al fracaso a las empresas públicas para luego mediante la imposición de términos y condiciones, cuando ya no quedaba otra opción más que la privatización, se les entregaron los contratos de generación a la iniciativa privada hondureña sin mayor vigilancia de la sociedad.

Los casos más significativos son los de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), empresas públicas que, siendo las más rentables del gobierno, tuvieron que ser rescatadas financieramente por el Presupuesto Público, después que el poder empresarial las hubiera llevado a la quiebra técnica.

De esta manera los "poderes fácticos" de los empresarios más fuertes de Honduras, se han enriquecido de manera rápida y desproporcionada haciendo uso precisamente de su poder y sus enlaces con el gobierno, ya sea manipulando leyes y decisiones administrativas, como exoneraciones, dispensas, amnistías fiscales, concesiones y licencias, o mediante tratos extralegales como la evasión de impuestos, el contrabando y la condonación extralegal de sus deudas con el fisco, sin dejar de mencionar las Compras Gubernamentales, contratos y licitaciones para todo los fines.

El "Informe Nacional de Transparencia 2006" del Consejo Nacional Anticorrupción CNA denomina, como "captura o secuestro del Estado" a la acción de control por estos grupos de riqueza y poder político. El Informe declara que estos grupos empresariales, a través de los medios de comunicación que ellos mismos poseen, "diseñan e imponen la agenda de sus intereses corporativos, por encima y a pesar de la propia agenda de la sociedad" y asegura que "el Estado queda a merced de los grupos fácticos y subordina los intereses generales de la sociedad a los afanes e intereses particulares de unos cuantos grupos que detentan la fuerza económica y la influencia política necesarias para convertir su voluntad en una sutil expresión de las políticas públicas".

Pero en todos los sectores de la actividad económica de Honduras ha existido esta desbordada acción de los empresarios e inversionistas privados. A continuación nos referiremos a los generados en los sectores más relevantes de la economía hondureña.

Las prebendas económicas

1. La tierra

En el análisis de la historia reciente del país, no puede dejarse de lado uno de los sectores más afectados por la conflictividad y la exclusión, la población en el campo y su lucha permanente por el acceso a este activo productivo y la confrontación con los grupos de poder, quienes por diversos medios concentran la propiedad y frontera agrícola.

En esta materia, Honduras se caracteriza por mantener una relación de interdependencia entre los terratenientes que precisan de la fuerza de trabajo de los minifundistas y de los asalariados rurales, y éstos, a su vez, del acceso a la tierra y a otros recursos productivos, en un escenario donde la búsqueda de la satisfacción de las partes obliga al establecimiento de relaciones de producción injustas, tradicionalmente expresadas en la práctica del "colonato", la aparcería, el alquiler de tierras y el trabajo asalariado, que afectan negativamente el lado débil de la articulación, al minifundista y al poblador rural sin tierra.

El proceso agrario en el país ha estado marcado por una práctica de entrega de tierras a manera de compensación por servicios prestados o por prestar, como ocurrió en los casos de las transnacionales bananeras, a quienes se les concesionaron enormes extensiones de tierra a cambio de la construcción del ferrocarril. En otros casos, ha sido la simple rapiña, la apropiación por parte de los líderes militares, caudillos locales y otros, en contubernio con las autoridades locales o nacionales. Un ejemplo típico de esta forma de apropiación de tierras se manifiesta en las zonas de frontera agrícola como El Aguán, particularmente en aquellos casos que requerirían legalización. Otro mecanismo, impulsado por el Estado, ha sido el otorgamiento de tierras a grupos campesinos y cooperativistas de la reforma agraria.

La impunidad imperante tiene consecuencias graves no solo en términos de destruir el tejido social sino también para los propios intereses económicos; en el largo plazo se revierte en contra de la economía del país.

Las modificaciones que la Ley de Modernización Agrícola de 1994 le hiciera a la Ley de la Reforma Agraria, abrió la posibilidad de venta de las tierras de la reforma agraria incrementándose de esa forma la conflictividad en el campo.

2. Servicios Financieros y Banca.

El cambio de una concepción de Estado benefactor fue sumamente difícil en Latinoamérica. Este giro histórico se profundizó en los años 90s, en el marco de las tendencias descritas durante la administración de Rafael Leonardo Callejas, secundado por las sucesivas administraciones de Carlos Roberto Reina, Carlos Flores Facussé y Ricardo Maduro.

En este periodo el rol rector de la política económica del país fue protagonizado por los organismos financieros internacionales multilaterales, los que aplicaron recomendaciones para la emisión de Planes de Estabilización y de Ajuste Estructural con el pretendido objetivo de corregir los "desequilibrios macroeconómicos y financieros internos y externos". El propósito real fue llevar adelante una reestructuración completa del Estado, del aparato productivo y los flujos económicos hacia los bancos, financieras y empresas de factoraje financiero según esto, para consolidar el mercado, la industria y el comercio, tanto nacional como transnacional. En ese sentido, el modelo liberal profundizó desde entonces la injusticia social y afectó a los más pobres, que se ven privados del apoyo estatal para su sobrevivencia. Se convierte así en un conjunto de medidas y políticas que no repara en los derechos humanos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como de los instrumentos de derecho ambiental, de la niñez, de la juventud, de los grupos étnicos y en general de los sectores más vulnerables de la sociedad.

El Presidente Zelaya, llevó a cabo también un concepto de liberalismo competitivo, aplicado en su política frente al sector financiero. |28| Tradicionalmente al final de cada período fiscal, la banca hondureña vende su excedente de liquidez al gobierno de turno mediante los llamados Certificados de Absorción Monetaria (CAM) por los cuales todo gobierno paga a las mesas de dinero y tesorerías bancarias un 12% de interés por la liquidez necesaria para cubrir sus requerimientos financieros.

Cuadro No.1. Honduras: Participación de la Banca Extranjera en el SBC, 2001-2005

CONCEPTO 2001 2002 2003 2004 2005 2009
Número de bancos con capital mayoritario extranjero en Honduras 7 8 7 7 7 10
Bancos con capital extranjero mayoritario en Honduras/Total de Bancos (en %) 33,3 42.1 43.7 43.7 43 58.8
Activos Totales (en %) 26,2 30,2 31,2 31,3 32,9 46.8
Cartera Crediticia (en %) 23,8 25,9 28,0 29,1 31,6 44.8
Depósitos (en %) 25,7 28,9 27,5 27,2 27,2 44.3
Capital y Reservas (en %) 27,4 29,5 30,2 33,3 32,9 46..4
Utilidades (en %) 31,2 25,8 28,1 26,6 28,0 24.1

Fuentes: Elaboración de Tomas Andino en base a: 1) Tabora, Marlon; "Competencia y Regulación en la Banca: el Caso de Honduras", CEPAL, Serie Estudios y Perspectivas No. 91, Noviembre 2007, México DF, Pág.: 66; y, 2) Sierra Landa, Mario Oswaldo: "Análisis de la composición de la banca extranjera comercial en Honduras", agosto 2010 (disponible en; http://www.buenastareas.com/ensayos/Banca-Extranjera-En-Honduras/629428.html)

El gobierno de Zelaya se negó en muchas ocasiones a comprar dichas cantidades sobrantes de liquidez, que ascendían aproximadamente 10 mil millones de Lempiras. Con ello el Presidente Zelaya obligaba a los bancos a competir por colocar el dinero en el mercado financiero con menores tasas y no a la tasa asignada de mayoreo del 12% de interés.

Con esa medida el argumento del gobierno de Zelaya decía que al abstenerse el gobierno de adquirir ese "crédito interno" o comprar esa oferta de fondos disponibles a los bancos, se estimularía la producción al existir crédito más barato en los bancos. Este efecto se conoce como "Crowding out" (cuando el gobierno toma dinero y suben las tasas de interés afectando a los empresarios medianos y pequeños que obtienen prestamos a tasas altas).

Debido a esa política del gobierno de Zelaya los intereses bancarios al público bajaron del 18 % al 12%, es decir a la misma tasa que ofrecen por mayoreo al gobierno. De esta manera la competencia entre los mismos bancos hizo que el dinero tuviera un costo menor, beneficiando al sector industrial del país, pequeños y medianos empresarios.

Los bancos aceptaron la medida, sin embargo esto no impidió la violenta reacción inicial de los banqueros que por supuesto vieron mermado su tasa o margen de ganancia por la medida gubernamental. |29|

Si bien la intención fue favorecer la libre competencia, las leyes de concentración del capital que rigen al sistema capitalista terminan fortaleciendo al lado más fuerte de la competencia y fomentando el oligopolio y el monopolio. En el mismo ejemplo, el resultado de la medida de fomentar la competencia interbancaria condujo a una mayor concentración del capital en las empresas extranjeras.

Como puede apreciarse en el Cuadro No.1 que para el cierre del 2009, los bancos que operan en Honduras con capital mayoritariamente extranjero, representaban el 58.8% de la cantidad de bancos que operaban en el Sistema Bancario Comercial Hondureño. |30| Es decir que la banca, vía las mismas leyes del capital, tendió a concentrarse progresivamente en la banca transnacional, reflejando así el hecho de que la libre competencia no funciona en una sociedad donde prevalece un sector con privilegios y con medidas que evitan la no-competencia.

Pese a los beneficios hacia el empresariado, en la práctica el Presidente Zelaya tropezó con la negativa de la gran empresa privada hondureña a abandonar sus prácticas oligopólicas especulativas frente al Estado y, de igual forma, tuvo que enfrentar a una empresa privada transnacional empoderada e igualmente oligopólica, con la mayor injerencia de los organismos financieros multilaterales, como el FMI y con la crítica que a través de embajadas como la norteamericana pueden recoger de sus filiales en países pequeños y fácilmente influenciables como Honduras .

Según el testimonio de la ex ministra de la Secretaría de Recursos Naturales SERNA, Mayra Mejía, y de la ex Ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas, el gobierno fue objeto de campañas mediáticas en represalia por exigir a la empresa privada competir sin ventajas de mercado o privilegios, y tuvo que enfrentar, además, la injerencia y agresividad de algunas embajadas como la norteamericana |31| y la italiana |32| que abogaban a favor de las empresas de su nacionalidad.

Esta confrontación acercó al gobierno del Presidente Zelaya más hacia la agenda de los movimientos sociales, rompiendo el equilibrio que en vano intentó construir al principio de su gobierno para dar sustento a su política reformista.

3. La Industria de la madera

En Honduras, la tala del bosque está en manos de un pequeño grupo de empresarios nacionales y extranjeros, todos conectados como un cartel de la explotación maderera. |33| El gobierno de Zelaya tomó medidas con las cuales dichas empresas no pudieron proseguir su actividad depredadora, afectando también a las empresas que en Estados Unidos se benefician de la comercialización de la madera hondureña, como Home Depot, Wood Products International y Heritage Creation, o a bancos que financian sus actividades, como el Citi Bank, el Wachovia Bank y el International Bank de Miami. |34| En ese sentido, la política gubernamental del Presidente Zelaya se opuso a los intereses del oligopolio de empresas depredadoras hondureñas y de las empresas transnacionales de la madera norteamericanas.

4. Medios de Comunicación

En Honduras la mayoría de los medios de comunicación históricos son propiedad de emporios televisivos y radiales privados. Los mismos se manejan como corporaciones, exhibiendo una absoluta independencia y autonomía en su gestión.

En el momento del golpe de Estado cuando se produce la ruptura del orden Constitucional los medios hondureños optaron desde un principio por respaldar las acciones del golpe militar difundiendo mensajes de rechazo y estigmatización de la población en contra del golpe de Estado. La Comisión de la Verdad estudio el papel de los medios de comunicación que alentaban e impusieron una agenda, no sobre la realidad política en disputa, sino tomando abiertamente partido a favor del golpe de Estado disfrazándolo como una acción constitucional y en defensa de la democracia.

Una vez consumado el golpe de Estado, sobrevino una narrativa única de respaldo ideológico y político total animando con ello la moral de las fuerzas armadas y descalificando la resistencia de la población civil al golpe militar, en su mayoría estuvieron criminalizando la legítima protesta social e invisibilizando los argumentos y demandas de los movimientos sociales.

La radicalización y parcialidad en la comunicación de las empresas Televicentro, Audio Video, La Prensa, El Heraldo, La Tribuna, Emisoras Unidas entre otros tuvo los efectos de un monopolio mediático que a la vez, produjo el surgimiento de medios alternativos de información y el fortalecimiento de medios independientes ya existentes.

La sociedad hondureña todavía recuerda la polarización que desembocó además en el cierre de medios no afines a la asonada militar, los ataques físicos a periodistas y corresponsales de prensa durante las manifestaciones, el daño y robo de equipos de transmisión e informáticos y las amenazas directas a periodistas y medios por parte de los policías, militares y autoridades del gobierno de facto.

Para esta Comisión es evidente el papel de la prensa ligada a los grupos de poder estimuló y animó el golpe de Estado, e inclusive avanzó a la apología de la violencia, por demás grave y lamentable y la represión abierta hacia la prensa no coludida con el golpe de Estado, que defendió el derecho humano de la población a informarse y a expresarse libremente.

5. Industria Energética y de los Combustibles

El mercado de la distribución de combustibles ha estado dominado por empresas transnacionales: la Esso Standard Oíl, S.A. Limited, la Shell Honduras, S.A. y la Texaco Caribbean Inc. |35| A estas debe sumarse la hoy desaparecida empresa Distribuidora de Productos de Petróleo, S.A. (DIPPSA) propiedad entonces, del empresario hondureño, Henry Arévalo Fuentes. El gobierno del Presidente Zelaya implementó medidas tendientes a regular el precio de los combustibles, entre las que se incluían rebajas a los precios de los mismos, absorbiendo el gobierno tanto como las empresas transnacionales importadoras y distribuidoras de combustibles la rebaja de los precios.

La propuesta del gobierno a dichas empresas fue que absorbieran el 50% de la rebaja y que el gobierno subsidiaria el otro 50%. |36| Estas no aceptaron el trato y por el contrario buscaron impedir que el gobierno concretara la rebaja. El encono con que se desarrolló esta batalla económico- política entre gobierno y transnacionales no fue casual, tomando en cuenta que el conflicto ocurrió como consecuencia de la mayor alza en la historia de los precios internacionales de los hidrocarburos.

Ante la negativa de las transnacionales y sus aliados nacionales, el Presidente Zelaya impulsó un "Proceso de Licitación Internacional de los combustibles"; idea no original de su gobierno sino de la Comisión Especial de Notables que la propuso en 2005 como salida a la crisis de los precios de ese año. Dicha propuesta implicaba que las transnacionales debían abandonar el esquema del oligopolio en el que mantenían un mercado cautivo y competir con otras empresas, viéndose obligadas a bajar sus precios, con el riesgo de "ganar un poco menos" |37|; por consiguiente, tal propuesta también fue adversada y boicoteada desde un inicio por las transnacionales en alianza con sectores empresariales nacionales que serían afectados en sus ganancias.

El proceso por el cual el gobierno trató que las empresas transnacionales accedieran a participar y respetar los resultados de la licitación internacional en la compra de los carburantes, fue sumamente conflictivo, ya que estas se negaron a participar en la misma y a alquilar sus tanques de almacenamiento para depositar el combustible que fuera importado como producto de la licitación.

El gobierno recurrió entonces a invocar el contrato firmado con la empresa Distribuidora de Productos de Petróleo, S.A. (DIPPSA), que la obligaba a poner a disposición sus tanques de almacenamiento en caso de una emergencia energética, declarada esos días por el gobierno. El propietario de Distribuidora de Productos de Petróleo, S.A. (DIPPSA) se resistió a ceder con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió a su favor el recurso interpuesto contra el gobierno. |38|

El proceso iniciado por el gobierno fracasó en febrero de 2007 porque la empresa Conocco Phillips, ganadora de la licitación, puso como condición que firmaría contrato si el gobierno llegaba a un acuerdo con DIPPSA, y como eso no sucedió, se echó a perder esta opción. De acuerdo a la denuncia de la Coalición Patriótica de Solidaridad, la empresa Conocco Phillips fue presionada desde altos niveles del Estado norteamericano a que desistiera de establecer el contrato de importación. |39|

Bloqueada la opción de la Conocco, el gobierno del Presidente Zelaya vaciló en continuar con la licitación pero, por presión de la Coalición Patriótica, continuó intentando con PETROCARIBE, como lo recomendaba también el Informe de la Comisión de Notables de 2005 |40|.

Paralelamente decidió modificar la fórmula que determina el precio de los combustibles para hacer recaer en las ganancias de las trasnacionales parte de la rebaja en el precio final al consumidor, en el orden de L 4.50 por galón. |41| Gracias al cambio del índice de precio de importación, el gobierno ahorro 243 millones de dólares entre enero 2007 y octubre de 2009. Un año más tarde Zelaya hizo aprobar en Consejo de Ministros el cumplimiento de la Ley de 60 grados, ahorrando otros 138 millones de dólares a los consumidores. En total, el precio de los combustibles bajo L 6.00 por galón. |42|

Como era de suponer, estas medidas también fueron adversadas por las transnacionales Shell, Texaco y Esso, como también por su aliado nacional, la empresa DIPPSA, quien de nuevo se opuso a almacenar combustible en sus tanques. El Embajador Charles Ford intervino abiertamente en el tema, abogando por un cambio de política |43|. En apoyo al gobierno, la Coalición Patriótica de Solidaridad, liderada por Juliette Handal salió a las calles en movilizaciones pacíficas, siendo este el primer episodio de una alianza exitosa entre el gobierno de Manuel Zelaya y un sector de la sociedad civil en contra de la alianza transnacionales-empresariado hondureño.

6. Las Reformas a la Ley General de Minería

Las empresas del rubro minero son diecinueve pero destacan por sus volúmenes de extracción y exportación tres de ellas: 1) "Minerales Entre Mares Honduras S.A. de C.V." subsidiaria de Glamis Gold Ltd., que explota la mina de oro "San Martin" en los municipios de El Porvenir y San Ignacio, departamento de Francisco Morazán; 2) "Minerales de Occidente", subsidiaria de Yamana Gold Inc., que explota la mina de oro de "San Andrés", ubicada en el municipio de La Unión, departamento de Copan; y, 3) "American Pacific Honduras, S.A. de C.V." (AMPAC), subsidiaria de Breakwater Limited, que explota el mineral de zinc de El Mochito en el municipio de Las Vegas, departamento de Santa Bárbara.

Estas tres transnacionales son de origen canadiense, así como la mayoría de transnacionales del sector, habiendo algunas norteamericanas y otras de empresarios hondureños de menor importancia. |44|

La actividad minera fue regulada en Honduras a partir del año 1968 por el Código de Minería, que establecía moderados controles a las empresas establecidas en el país, en su gran mayoría empresas transnacionales. Pero en noviembre de 1998 fue sustituida por la Ley General de Minería, aprobada en plena tragedia del Huracán Mitch. Esta nueva Ley ha sido duramente cuestionada por su carácter, ya que lesiona los intereses del Estado de Honduras |45|.

La "reconstrucción" del país después del Huracán Mitch no sacó a los y las hondureñas comunes y corrientes de la crisis, pero significó un gran negocio para las transnacionales, y para la empresa privada hondureña.

Uno de los primeros pasos del gobierno del Presidente Zelaya fue decretar una veda en el año 2006 para impedir mas concesiones a empresas mineras mientras no fueran aprobadas las reformas a la Ley General de Minería. Por supuesto, esta medida desató la reacción de los empresarios afectados, en especial del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y del gremio de las empresas mineras, la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (ANAMIMH).

En su gobierno, el movimiento social que abogaba por dichas reformas se reactivó bajo el liderazgo de la Alianza Cívica por la Democracia (ACD), encabezado por el obispo Luis Santos, de la iglesia católica del occidente de Honduras. Dicho movimiento exigía la aprobación de una nueva Ley de Minería, acorde a los intereses nacionales. Las comunidades afectadas a nivel nacional se organizaron y realizaron entre 2006 y 2008 movilizaciones populares masivas, que obligaron al Congreso Nacional a retomar el tema y a sentar a dialogar a los sectores en pugna.

En un principio, el gobierno del Presidente Zelaya tuvo frente a este movimiento social una actitud ambivalente, pues, por un lado, reprimió sus expresiones de protesta, pero por otro buscó entendimientos con la Alianza Cívica por la Democracia (ACD) para presentar juntos una propuesta ante el Congreso Nacional, acción que se concretó en abril de 2008. Posteriormente, el gobierno de Zelaya moderó su actitud represiva y actuó más bien en alianza con la ACD para influir sobre el Poder legislativo. Por esta medida desató la reacción de los empresarios afectados, en especial del COHEP y la ANAMIMH, quienes emprendieron una fuerte ofensiva para desacreditar la política gubernamental.

Con el tiempo, el lobby de los empresarios mineros rindió sus frutos. En junio de 2008 el Presidente Zelaya sustituyó a la entonces Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente, Mayra Mejía, quien había tenido una política de contención frente al bloque pro minería metálica y había abierto canales de diálogo con la ACD; la funcionaria fue sustituida por el nuevo ministro, Tomás Vaquero, quien prácticamente cerró el diálogo con la ACD y bajó el perfil del Poder Ejecutivo frente al tema de la nueva Ley, cediendo ese caso a la decisión del Poder Legislativo.

Ese cambio indicaba que el lobby de los empresarios mineros para quitar a la Ministra Mejía rindió sus frutos, en un resultado que coincidía con el mismo interés de los empresarios hidroeléctricos, para quienes la ministra también se había convertido en un muro que frenaba sus pretensiones. En ese sentido, el gobierno de Zelaya dio síntomas de desistir, al menos temporalmente, de su política original y de no continuar con el ímpetu inicial en este tema, dejando de ser un motivo de conflicto con la ANAMIMH. |46|

7. El conflicto sobre las reservas de petróleo en El Caribe.

Para los grupos de poder empresariales más conservadores, resultaba incómodo el ingreso de Honduras al ALBA tanto desde el punto de vista político-ideológico como desde el punto de vista económico. Una de las razones de ese malestar fueron los convenios económicos de cooperación establecidos entre el gobierno de Honduras y la Alianza Sudamericana del ALBA, que marcaban una ruta que empoderaría al gobierno de Zelaya. Dichos convenios pueden resumirse en los siguientes: Acuerdos de solidaridad con los sectores menos favorecidos; acuerdos de cooperación interestatales; y acuerdos de inversión Gran-nacional. Para efecto de este informe, nos interesan los Acuerdos de Inversión Gran-nacional y, sobre todo, el acuerdo para la prospección, producción y comercialización petrolera en el Caribe hondureño por la empresa Energía, Gas y Petroleó del Alba. |47| Este último convenio estaba relacionado con el interés del Gobierno de Zelaya de explotar el estratégico recurso del crudo, cuya existencia en subsuelo hondureño es un hecho reconocido, pero que no ha sido oficialmente certificado. |48|

Previo a ceder cualquier concesión, el gobierno contrató a la empresa noruega Petroleum Geo Services (PGS) para realizar exploraciones petrolíferas en el Caribe hondureño, con cuya información se podría abrir una licitación internacional para su explotación |49|. Aunque ex funcionarios consultados desmintieron que existió un compromiso formal con PetroBras o con alguna empresa venezolana para hacer explotación del crudo, no es menos cierto que, el hecho que el gobierno de Zelaya estuviera dispuesto a concesionar las reservas de petróleo existentes en Honduras a empresas de países contrarios al dominio de Estados Unido, en medio de la más grave crisis mundial de precios de los combustibles, planteaba un grave desafío estratégico a sus intereses, no solo económicos sino geopolíticos, como lo sostiene el experto Fernando Travieso Lugo |50|.

De acuerdo al testimonio del ex Ministro de la Presidencia, el informe de la empresa PGS debía ser conocido en agosto de 2009 |51| para luego someter la explotación a la mencionada licitación, tal como se hizo con el caso de la compra de los combustibles; pero el Golpe de Estado frustró el proceso y hasta la fecha no se tiene noticia de los resultados de esa exploración que quedaron en manos del gobierno de facto. El analista Julio Escoto especifica que el momento de la entrega de los resultados de la prospección de PGS coincide exactamente con el momento del Golpe de Estado, estableciendo una relación directa entre ambos hechos. |52| Más aún, el Presidente Zelaya, explícitamente atribuyó el Golpe de Estado a los resultados de esta exploración |53|.

Difícilmente puede ser coincidencia que el golpe de Estado se haya dado precisamente cuando el país estaba a punto de someter a licitación internacional un recurso tan estratégico para la economía y la seguridad de los Estados Unidos, con alta probabilidad de que la concesión fuera hecha a países considerados rivales en su mapa geopolítico y para la oligarquía nacional.

8. Narcotráfico

Uno de los principales problemas que acumuló el gobierno del Presidente Zelaya, fueron las marcadas diferencias con algunos grupos de poder económico. Uno de los grupos con las que tuvo acercamientos "institucionalizados" fue con la familia Rosenthal y algún otro sector empresarial no ligado a las estructuras tradicionales. El Presidente Zelaya intentaba marcar distancia de los grupos más conservadores y que privilegiaban el corporativismo empresarial y las ganancias más lucrativas que no tenían reparo en invitar a nuevos grupos que podrían estar ligados a la vertiente del narcotráfico.

El tema más delicado era la latente penetración del crimen organizado dentro de los negocios empresariales. En opinión de la diputada oficialista del Parlamento Centroamericano, Gloria Oquelí, este panorama "pone en riesgo la estabilidad de los partidos, porque la penetración de estos grupos es tan evidente, que estamos quedando sin líderes políticos propiamente". Desde luego que para un sistema de partidos con soporte de grupos empresariales como el caso del hondureño, la preocupación de la cooptación del mismo sistema de partidos por parte del narcotráfico, es alarmante y seria. La sociedad hondureña no puede estar ajena a que dado que no es posible independizar a los partidos políticos de los grupos empresariales, ello tampoco obste para la penetración del crimen organizado en el financiamiento de campañas políticas como consistentemente ha ocurrido en otros países que sufren del fenómeno del tráfico de drogas.

Según la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), anualmente pasan por Honduras cerca de 100 toneladas de cocaína, pero en los últimos años se ha registrado una evolución masiva del consumo interno.

La opinión del analista Alfredo Landaverde, experto en tráfico de drogas y asesor estatal en materia de seguridad, asesinado el 7 de diciembre del 2011, señaló que en Honduras la penetración "narco" se vislumbra en el lavado de activos, el robo de vehículos, la falsificación de documentos, el tráfico de armas y de personas, actividades, todas, ligadas a las maras o pandillas juveniles. El fenómeno del tráfico de drogas registra su presencia desde 1977, casi siempre utilizando el territorio como puente o lugar de tránsito. Pero en la última década, esa percepción ha variado ante los fuertes decomisos de cocaína. En 2006, la policía incautó más de 3,000 kilogramos de esta droga. La actividad, según Landaverde, se concentra en el litoral Atlántico y Caribe (noreste), en el occidente y en la región nororiental del departamento de Olancho. De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la UNAH, estas son las regiones con mayor incidencia de crímenes y violencia. Para el analista Landaverde, los narcotraficantes lavan el dinero que obtienen "invirtiendo en la compra de lujosas residencias, fincas ganaderas, comercios y botes pesqueros, incluso en negocios comerciales en pequeña y mediana escala. Pero también lo hacen invirtiendo en la política", en esto no existen cifras oficiales sobre el impacto del lavado de dinero. En información de la prensa nacional, "ex alcaldes del interior del país" han comentado al menos que cinco de sus pares de igual número de municipios en los departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque, en el extremo occidental, habían sido financiadas sus campañas con recursos del tráfico de drogas. Negándose a revelar nombres, por temor a vendettas del crimen organizado.

Según la policía hondureña y la DEA, la cocaína suele proceder de Colombia con rumbo a Estados Unidos, y con esa justificación se ha instalando desde 2008, una base militar antidrogas en la selvática región de la Mosquitia, en la costa Atlántica, uno de los centros principales del narcotráfico por el aislamiento de sus florestas vírgenes sin conexión terrestre con el resto del país. En opinión de Landaverde la operación de grupos económicos locales ligados a los jefes del narcotráfico ya operan en el país escapando de la justicia por medio del soborno, las amenazas y los ataques sangrientos.


2.3 La Clave de la Participación de los Estados Unidos en el golpe de Estado

La historia de América Latina y de Estados Unidos es la historia de sucesivas intervenciones políticas, económicas y militares en la región, no sorprende por ello, las reacciones que la potencia del norte tiene consistentemente ante diversos escenarios de riesgo de su hegemonía en la región. La relación más reciente muestra su papel activo en Honduras. En efecto, los norteamericanos han estado presentes en cualquier clase de conflicto y ha sido notable su involucramiento con el sector privado, el ejército, y los políticos hondureños.

Las intervenciones estadounidenses en la región principalmente en la década de los años ochenta mediante la llamada «guerra sucia», que con personal militar impulsó la intervención de los Estados Unidos contra la revolución Sandinista de Nicaragua y también contra el proceso revolucionario en El Salvador.

Por décadas, Honduras ha sido no solo un aliado de los E.E.U.U. sino una sede de la intervención en la región, incluso en su territorio se han instalados bases norteamericanas. La zona de la Mosquitia hondureña alcanzó atención internacional durante la imposición de la Doctrina de Seguridad Nacional, que sofocó desde el territorio hondureño los avances de las guerrillas revolucionarias de los países vecinos de El Salvador y Nicaragua. En medio de aquellas operaciones militares, de alta y baja intensidad, asesoraron escuadrones de la muerte para perseguir, torturar y desaparecer a opositores políticos, líderes y lideresas del movimiento social hondureño.

Durante los años de 1983 a 1984 se construyeron pistas para facilitar el aterrizaje y despegue de aviones militares de gran tamaño como los C-130, capaces de transportar tropas y vehículos militares en la zona de Puerto Lempira, la mosquitia hondureña, frontera norte de Nicaragua donde en el año 2005 se instaló otra base militar.

Para realizar las operaciones militares conjuntas, en la década de los 80 Estados Unidos firma un convenio de instalación de una base de operaciones aéreas en Palmerola, Comayagua (zona central del país) e instaló el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) en Trujillo, al norte del país.

Para las operaciones en Honduras, Estados Unidos destinó "expertos militares en contrainsurgencia". Estados Unidos entrenó 6 batallones salvadoreños y 3 batallones hondureños en operaciones terroristas contrainsurgentes.

En la actualidad, bajo el argumento que la zona Miskita es de fácil acceso para las aeronaves venezolanas y colombianas que cruzan el mar Caribe para descargar drogas y dinero hacia Guatemala y México, rumbo a Estados Unidos, se volvió a militarizar la zona nororiental.

En la Base Naval y Aérea de Caratasca , abierta en 2005, personal militar tanto de nacionalidad hondureña como estadounidense opera en la intercepción de embarcaciones y aeronaves. Con un potente discurso público de "guerra al narcotráfico", Estados Unidos ha destacado a contratistas privados, agentes de la DEA y marines a la costa caribeña de Honduras, desde la Base Naval de Puerto Castilla a las planicies y selvas misquitas, siguiendo un manual que aplica simultáneamente en México, Guatemala, Costa Rica y países del sur.

En diciembre de 2011, se inauguró la Base Naval de Guanaja, financiada en su totalidad por Estados Unidos; dotada de alta tecnología para ejercer control en el sector del Atlántico. |54|

En cuanto a la intervención política ha variado de intensidad en las diversas administraciones norteamericanas, el centro de poder y su hegemonismo se ha visto desplazado después de una serie de triunfos electorales de los partidos de izquierda (como el caso del partido del FMLN en El Salvador y del partido del FSLN en Nicaragua) y la posterior adhesión en el bloque de países que han suscrito la iniciativa venezolana del ALBA. Es precisamente cuando Honduras decide también adherirse al ALBA, y toma otras decisiones que interfieren con los intereses conservadores de algunas empresas transnacionales estadounidenses, que se puede interpretar como muy vinculante la actitud de los Estados Unidos ante el golpe de Estado en Honduras. Obstaculizar su adhesión primero y sacarlo del bloque después constituía un claro mensaje al resto de países de la región y por supuesto a los propios líderes del ALBA, sobre todo, al Presidente Chávez.

En efecto, las medidas de índole político anunciadas por el Presidente Zelaya y que representaban un cambio en las históricas relaciones supeditadas a los intereses estratégicos de los Estados Unidos, demostró que no estaban dispuestos a tolerar que un país tradicionalmente supeditado a sus políticas e intereses cambiara de rumbo. Por todo lo anterior vale precisar el papel de los Estados Unidos en el golpe de Estado de junio de 2009.

La participación de los Estados Unidos en el golpe de Estado y en la situación generada después del mismo fue objeto de investigación por parte de la CdV. Verificar las denuncias en el sentido de su participación, suponía romper las expectativas que la administración Obama había despertado cuando se refirió a la llegada de un capítulo nuevo, de una relación distinta con los países del hemisferio. |55| Meses antes del golpe, en abril de 2009, durante la Cumbre de las Américas en Trinidad Tobago, el Presidente Obama se comprometió a que el gobierno de los Estados Unidos de América iba a comenzar a relacionarse con la región como socios iguales, basados en el respeto mutuo, intereses comunes y valores compartidos.

A juzgar por los hechos y por el rol de los EEUU durante y después del golpe de Estado de junio de 2009, este compromiso no se concretó. De hecho, un artículo publicado en diciembre de 2009 en la revista 'Time', señalaba: "La política de Obama sobre América Latina se parece mucho a la de Bush." |56|

La política del presidente Zelaya, de mantener relaciones con países que desde hace algunos años se han distanciado de la política y los intereses de Estados Unidos en la región, comenzó a encender las alarmas en los sectores más conservadores con voz y voto en su política exterior.

En definitiva en parte el trabajo de la Comisión valoró, si la participación de los Estados Unidos, en el golpe, es una intervención en el eslabón más débil de la cadena de los procesos de cambio que se estaban dando en varios países de América Latina. O si, por el contrario, habían intentado detener el golpe y actuar por otras vías. Es evidente que esta tarea ha sido especialmente difícil para la Comisión, por falta de voluntad por parte de las agencias del gobierno de los EEUU de entregar información sobre el rol de las distintas agencias relacionado al golpe.

La Comisión, presentó más de 200 solicitudes a distintos entidades del gobierno de los EEUU, sobre la intervención de este país en el golpe de Estado en Honduras. Estas solicitudes de documentos y archivos al gobierno de los EEUU se amparan en la Ley de "Libertad de información" (FOIA). El objeto de dichas solicitudes es esclarecer el conocimiento que tenían del golpe distintas agencias del gobierno estadounidense, incluyendo por ejemplo, el conocimiento de la escala que hizo el avión que expatriaba al Presidente Zelaya a Costa Rica en la base de Palmerola controlada por los norteamericanos y la supuesta financiación a los opositores de Zelaya.

Las agencias a las cuales la Comisión ha solicitado información incluye: El Departamento de Estado, la USAID, la Fuerza Aérea (USAF), el Comando del Ejército de Inteligencia y Seguridad (INSCOM), el Departamento de Comercio, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) |57|, la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA), la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa (DIA), la Agencia Federal de Administración de Aviación (FAA), el Bureau Federal de Investigación (FBI), El Departamento de Seguridad de la Patria (DHS), la National Endowment for Democracy (NED), la Oficina de la Secretaria de Defensa/ Estado Mayor Conjunto (OSD/JCS), el Comando Sur (SOUTHOM), US Comando de Operaciones Especiales (SOC), US Comando de Transportación (USTRANSCOM), y el Departamento de Tesorería.

Hasta la fecha de elaboración final del informe se han negado a entregar la mayor parte de los documentos solicitados. Aunque ha habido respuestas de muchas agencias, éstas han tenido muy poca información o de escasa utilidad. Un pequeño grupo de archivos militares relacionados con los días cercanos al golpe han sido entregados a la Comisión. Estos documentos fueron entregados, dado los litigios interpuestos por parte del Centro de Derechos Constitucionales (CCR en ingles) conjuntamente con la Comisión, contra el Departamento de Defensa de los EEUU y la CIA y entregados a partir del reconocimiento del derecho por parte de un juez. Todavía la demanda está en apelación por falta de cumplimiento y esperamos una respuesta en este año 2012.

Por distintos documentos de FOIA que la CdV ha recibido, se sabe, que el gobierno de los EEUU mantiene archivos detallados de militares de alto rango en Honduras, y ofrecen comentarios sobre quienes han subido de rango. Como existen estas relaciones tan estrechas, es difícil creer que miembros de las fuerzas armadas de los EEUU basados en Honduras, no estaban enterados del golpe y de poseer registros sobre esta actividad militar. Para la Comisión, también es difícil creer que todos los registros de entradas y salidas de vuelos a la Base Soto Cano (Palmerola) cercanos a los días del golpe de estado han sido destruidos, como han respondido agentes de las fuerzas armadas frente a nuestros pedidos.

Por otra parte, el 26 de noviembre de 2010, Wikileaks publicó una serie de cables (redactados por agencias de noticias) con origen en el Departamento de Estado, entre los que se incluían cables importantes relacionados con Honduras. En septiembre de 2011 se divulgaron los cables sin CENSURA. En estos cables se incluía la mayoría de la historia del golpe de Estado en Honduras desde el punto de vista del Departamento de Estado. A pesar que es de amplio conocimiento que esos documentos han sido difundidos, dicho Departamento sigue CENSURANDO estos documentos antes de entregarlos a la CdV, cuando lo hacen en respuesta de nuestros pedidos a través de FOIA.

- La Embajada Americana en Honduras

En las entrevistas con ex funcionarios del gobierno de Zelaya y con él mismo, manifestaron a los comisionados que, al tomar posesión de su cargo como Presidente de la República, el entonces Embajador de EEUU en Honduras, Charles Ford, le entregó una carta en la que figuraban los nombres de las personas que serían «aceptables», para su Embajada, como ministros en el gabinete de la administración de Zelaya. Este tipo de actuación da una idea del nivel de influencia que ha tenido la Embajada de los EEUU en los asuntos internos del país y el papel al que ha sido relegada su soberanía. Con el rechazo de Zelaya a las «sugerencias», el Embajador Ford tuvo la primera indicación de que el Presidente no seguiría sus instrucciones y lineamientos.

Así comenzó un tipo de relación diferente y de mayor tirantez diplomática, que se fue incrementando con otras decisiones tomadas por el gobierno de Zelaya. La embajada de los EEUU recelaba de las políticas de licitaciones para la importación de combustible que el Presidente Zelaya potenció en un intento de bajar el precio del combustible en el país. Peor, aún, desde un punto de vista del gobierno de EEUU, fue la incorporación de Honduras a PETROCARIBE y al grupo de países del ALBA. Esto se puede apreciar por las propias manifestaciones que el Presidente Zelaya hizo a la Comisión, llegando a explicar que, para el Presidente Bush, la figura de Hugo Chávez, era una auténtica obsesión. Zelaya relató que, en entrevista conjunta que tuvieron ambos presidentes con sus ministros, Bush le insistió a Zelaya que rompiera su relación con Chávez. Era una obsesión que Honduras no se incorporara al bloque Bolivariano. Zelaya también dijo que el propio Cardenal Rodríguez, en una reunión oficial, le dijo en voz baja: «el problema es Chávez».

Otro asunto que molestaba mucho al gobierno de los EEUU, según muestra un cable de la CIA del 21 de junio de 2008, |58| que recibimos como resultado de los pedidos que hicimos bajo la ley FOIA, era la urgencia con la que el Presidente Zelaya pretendía comenzar a utilizar la base aérea americana de Soto Cano (Palmerola) para uso comercial.

Desconociendo los detalles concretos por la falta de información, se pensó que, probablemente, el Embajador Hugo Llorens tuviera conocimiento de la preparación del golpe de Estado. Parece que su preferencia se inclinaba, más que por un golpe militar para el día en que estaba convocada la consulta popular de la «cuarta urna», por un posterior «golpe jurídico » patrocinado por el Congreso, después de la consulta en la que, según todos los indicios, era seguro el triunfo del «». Esta opción fue superada por un actor no controlado por el Embajador Llorens: los militares hondureños.

Al día de hoy, no existe posibilidad de saber (dada la falta de respuesta), si el Comando Sur y la CIA jugaron un papel activo en la planificación del golpe militar. Es curioso, empero, que, cuando Charles Ford finalizó en el cargo de Embajador de EEUU en Honduras, comenzó su trabajo con SOUTHCOM, el tristemente célebre Comando Sur.

El embajador norteamericano Hugo Llorens participaría más en ese intento de legitimar jurídicamente el golpe, su conocimiento y estrecha colaboración con el círculo de empresarios hondureños que lo planeó (a los que en su comunicado de la embajada cuida en llamar "Los defensores del golpe"). De lo revelado en los cables de Wikileaks, se puede deducir que las autoridades que estuvieron más implicadas en la planificación del golpe fueron las castrenses.

Informe liberado por Wikileaks. Este informe aparentemente sería desclasificado hasta el 23 de julio de 2019. Diez años después de los hechos referidos en este informe confidencial.










Lo que sí se puede constatar es que el rol de Estados Unidos en el campo internacional después del golpe fue determinante en el rumbo que tomaron los acontecimientos. A pesar del rotundo repudio por parte de la mayoría de los países miembros de la OEA y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, demandando un retorno inmediato e incondicional del Presidente Zelaya a Honduras, eso nunca lo expresó algún diplomático de EEUU en todo el año de 2009.

También es muy significativo que, en la conferencia de prensa del día posterior al derrocamiento de Zelaya, la Secretaria de Estado Hilary Clinton nunca respondió afirmativamente cuando le preguntaron si «la restauración del orden constitucional » significaba el regreso de Zelaya a Honduras. |59|

Tampoco la administración del Presidente Obama condenó enérgicamente las violaciones masivas de derechos humanos que ocurrieron después del golpe. Expresó sus preocupaciones sobre asuntos puntuales (como la situación de la comunidad LGTBI), pero nunca reconoció que lo que se produjo en Honduras fue un golpe militar (lo que tiene consecuencias en el derecho interno de los Estados Unidos, en cuanto a la cooperación con las Fuerzas Armadas Hondureñas y el suministro de armas).

El 28 de septiembre de 2009, los representantes de EEUU ante la OEA bloquearon una resolución que hubiera desconocido las elecciones en Honduras amparadas por un gobierno de facto. Finalmente, el anuncio del Dialogo Tegucigalpa-San José supuso dilatar el tiempo con el fin de buscar terminar la crisis con las muy cuestionadas elecciones de noviembre de 2009. A pesar de las objeciones de muchos países que se negaron a mandar observadores; de la OEA; de la Unión Europea y del Centro Carter; Estados Unidos, inmediatamente, reconoció como válidas las elecciones |60| que muchos, aún ahora, cuestionan. Inclusive, Estados Unidos aprovechó el golpe para fortalecer su presencia militar en Honduras, tal como lo prueban la base militar que instalaron y los emplazamientos de su personal en otras tantas bases e instalaciones del ejército.

En conclusión, los documentos de Wikileaks demuestran que el Departamento de Estado no es la entidad del gobierno de EEUU que más relación ha tenido con el golpe. Probablemente sean más importantes los documentos que pudieran tener el Comando Sur (SOUTHCOM) y la CIA. Por esto último, cobra especial importancia la decisión del juez ante la demanda interpuesta por el CCR |61| para que se puedan acreditar los resultados de la investigación. Es muy importante conocer la documentación para esclarecer cuál fue realmente el rol de las entidades del gobierno de EEUU en el golpe de Estado de Honduras. Todo esto en reclamación del cumplimiento de la ley y del derecho a conocer la verdad que ampara a las y los ciudadanas(os) hondureñas(os).


2.4 El Entorno Social

En Honduras como en muchos países, los cambios que se contraponen al sistema y mantienen una posición contestataria a las enormes injusticias sociales son producto de una dinámica donde van juntas la dominación, la represión y la lucha desde diferentes visiones.

El golpe de Estado en Honduras es producto de una confluencia de factores de diverso carácter en el orden social, interno y externo. La singular naturaleza de este proceso social y político de la nación, por un lado, que se suma a una inédita correlación regional e internacional por el otro, que caracteriza diferentes efectos que marcan los procesos en materia social, económica y política.

La represión ha sido un recurso que se actualiza en cada época y que siempre se considera para frenar los proyectos sociales y políticos alternativos.

Así la respuesta institucional ha sido la misma, la negación, cuando no la invisibilización y no aceptación de sus líderes como interlocutores válidos de esos movimientos sociales a los que no se escucha, ni tolera las posturas de cambio social.

Entre los principales sectores que pueden ilustrar la actividad social en conflicto sobresalen: las organizaciones de derechos humanos; las/os campesinos y el conflicto agrario; las organizaciones de mujeres y grupos feministas; las comunidades indígenas; las distintas expresiones obreras como las y los maestros y demás organizaciones gremiales con sus expresiones sindicales; la comunidad de la diversidad sexual.

En los primeros dos años de la gestión, el Presidente Manuel Zelaya Rosales mantuvo, en líneas generales, las políticas heredadas por el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006), impulsando proyectos de explotación de recursos naturales, como los de represas hidroeléctricas, esto motivó fuertes desencuentros con los movimientos sociales en particular con los pueblos originarios defensores de sus territorios ancestrales y del medio ambiente.

En este mismo período, |62| el gobierno de Zelaya mostró la habitual condescendencia con la empresa privada nacional y transnacional, su gobierno se caracterizó en este periodo por aceptar, en términos generales, la mayoría de directrices de los organismos financieros internacionales, en especial del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo; "sin que eso influyera en nuestra toma de decisiones ", según la versión de uno de sus funcionarios |63|. Por ejemplo, el gobierno de Zelaya firmó con el BM y con el BID convenios de cooperación para el periodo 2007-2010 que contenían la misma política privatizadora, y descentralización de los servicios municipales, aplicada por el presidente Maduro |64|. No obstante, la poca eficacia de estos convenios con el BM y BID no impidió que el gobierno de Zelaya ejecutara acciones en beneficio de empresas transnacionales y nacionales, como lo fue el mega proyecto turístico de la Bahía de Tela, la construcción de hoteles y muelles para cruceros en Islas de la Bahía, facilidades para establecer maquiladoras, generación de biocombustibles en el Bajo Aguán y se dieron los pasos previos para la construcción de enormes represas como El Tigre, Jicatuyo, Los Llanitos y Patuca III. |65|

Un saldo negativo de esta ruta fue que el gobierno de Zelaya chocó con algunas de las demandas de los movimientos sociales que, como el Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH), y la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), se oponían a la construcción de mega represas o de proyectos turísticos anti-ambientales en sus territorios. En varios temas de la agenda social el gobierno del Presidente Zelaya se distancio del movimiento popular, aglutinado en la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP) en sus dos primeros años de gestión, por el hecho de que el gobierno respondió a los movimientos reivindicativos con métodos violentos |66|.

Los sectores populares, vieron en los años 2006 y 2007, al gobierno de Zelaya como un aliado más de las familias empresariales más poderosas, razón por la cual, el movimiento social no mostró mayor interés en establecer alianza alguna con éste. |67| Este distanciamiento entre el gobierno y un sector importante del movimiento social, impidió que se estableciera tempranamente entre ambos una alianza política gracias a la cual el presidente Zelaya pudiera haber contado con una solida base social para enfrentar los intereses de las familias propietarias de las grandes empresas.

Empero, el gobierno de Zelaya Rosales, tendría desde un inicio fuertes contradicciones con las familias empresariales que han controlado por años las decisiones de los gobiernos en el país. Los conflictos se agudizaron posteriormente en el tercer año de gobierno, lo que posibilitó abrir un camino de acercamiento con el Presidente Zelaya Rosales y el movimiento popular; como manifestaciones de este significativo giro se pueden mencionar varios hechos:

  • Los acuerdos con el movimiento ambientalista para reducir la explotación forestal; la prohibición de explotación minera a cielo abierto;
  • la oposición al Congreso Nacional por los proyectos de ley contra las guías de educación sexual y las píldoras anticonceptivas de emergencia;
  • la creación del canal estatal de televisión y un periódico (El Poder Ciudadano), además de aproximaciones con algunos medios locales, regionales y nacionales para enfrentar la campaña mediática en contra del Ejecutivo;
  • la apertura a licitación pública internacional de la banda "C" de telefonía móvil, adjudicándolo a un precio mayor que las anteriores;
  • la revisión de la fórmula petrolera bajo la idea de generar ahorros por sobre los pagos; la recuperación de la millonaria deuda por servicios de electricidad |68| que adeudaban algunas de las grandes empresas privadas usuarias de energía eléctrica; |69|
  • el aumento de un 62% al salario mínimo frente a la negativa del sector Industrial de llegar a un acuerdo con el sector obrero;
  • la compra de combustibles mediante subasta pública y el convenio con Petrocaribe; y la adhesión al ALBA;
  • la compra directa de medicinas para el sistema de salud y de armas y suministros para la policía y el ejército y, finalmente,
  • La «Consulta Popular» del gobierno de Zelaya, conocida como la "Cuarta urna", sirvió como detonante de la asonada militar contra la Presidencia y el Estado hondureño.

    La complejidad de estos problemas sociales se ha tornado más difícil, en cada caso, y definido una configuración institucional donde no caben mayores reparos para la solución de estos problemas.

    - Las Organizaciones de Derechos Humanos: 1980 al 2009

    Uno de los temas más sensibles en la historia contemporánea de Honduras es el del respeto a los derechos humanos y libertades públicas, tras la instauración de la democracia electoral en 1982. Desde el golpe de Estado de 1963, las FFAA generaron una violación sistemática a los derechos humanos, y una fuerte represión que dejaría ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y asesinatos de personalidades que trabajaban en beneficio de las/los campesinos y otros sectores desfavorecidos, como fue el caso del Padre Guadalupe Carney.

    Con la llegada al gobierno del Presidente Roberto Suazo Córdova, las Fuerzas Armadas continuaron su papel represivo. Este período histórico ha sido de los más sangrientos, donde los militares tomaron decisiones políticas y administrativas en varias instituciones claves del Estado.

    El poder fue ejercido por las Fuerzas Armadas con altos presupuestos, uso ilegitimo de la autoridad, detenciones ilegales, desapariciones de opositores políticos, intervención de las comunicaciones, reclutamientos forzados, violación a la libertad de prensa, a la libertad de información y expresión, pactos de silencio y complicidad o chantaje con los partidos políticos. Grupos empresariales estuvieron siempre detrás de las cúpulas militares interviniendo igual en materia de política nacional y exterior, economía, en la temática social, lo mismo que en la política de recursos naturales, promoción de negocios e inversiones y resolvían "pacíficamente" los conflictos sociales y políticos del país.

    Cuando Suazo Córdova llegó al gobierno promulgó una "ley anti-terrorista" que prohibió el derecho de huelga, al considerarlo "intrínsecamente subversivo", medidas todas cuyo destino era claramente asegurar los beneficios de una parte de la clase empresarial. Grupos paramilitares de exterminio actuaban con impunidad y las desapariciones forzadas de opositores políticos se tornaron sistemáticas. Entre 1980 y 1984 se produjeron la mayoría de las 184 desapariciones forzadas, que posteriormente registró oficialmente el Estado.

    El gobierno de Suazo, frente a la severa recesión económica contaba con el apoyo estadounidense ante "la amenaza" que planteaba una vía revolucionaria como la del Gobierno Sandinista Revolucionario de Nicaragua o el de una guerra civil en El Salvador. La cooperación cercana sobre cuestiones políticas y militares con los EEUU fue complementada por proyectos de desarrollo social y económico patrocinados por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID).

    Honduras consiguió ser el anfitrión de la misión del Cuerpo de Paz más grande del mundo y las ayudas de agencias no gubernamentales y voluntarios internacionales proliferaron. Sin embargo, los militares mantuvieron su influencia en la vida política. Desde entonces, el país ha sido ocupado, literalmente, por las tropas militares de los Estados Unidos, sin dejar fuera la presencia acentuada de agentes de la CIA, el Departamento de Estado y las fuerzas contrainsurgentes en la región.

    En 1986 se realiza el primer juicio contra el Estado por desaparición forzada de personas, iniciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sentenciado en 1988 y 1989 |70|. Este fue un duro golpe para los impulsores del militarismo. Es importante destacar que estos casos representan apenas el 2% de los casos de personas desaparecidas en la década de los ochenta y que la deuda con la verdad, la justicia y la reparación se mantiene.

    En 1990, el conservador Partido Nacional, con Rafael Callejas, triunfó en elecciones que fueron calificadas de fraudulentas. Respaldado por Estados Unidos y los círculos empresariales. El gobierno de Callejas inició una agresiva campaña de privatización, liberalización y desregularización de la economía. Su gobierno aumentó los impuestos al consumo, incrementó en 50% los precios de los combustibles y devaluó la moneda, entre otras de las medidas contenidas en el programa de ajuste estructural a la economía. El mismo año, tras la derrota sandinista en las elecciones nicaragüenses (25/02/1990), la administración Bush redujo sensiblemente la ayuda económica a Honduras. Callejas se acercó entonces a las Fuerzas Armadas para evitar una agudización del malestar social. En diciembre, el gobierno decretó la amnistía para los detenidos y perseguidos políticos y anunció "no más noches oscuras de los desaparecidos".

    Según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) junto con estas amnistías, Callejas se encargó de que todos los militares denunciados por violaciones a los derechos humanos fueran ascendidos a cargos visibles en las Fuerzas Armadas, empezando por el primer comandante del Escuadrón Militar 3-16, Luis Alonso Discua Elvir.

    De acuerdo con información recopilada por la Comisión, en 1991, la violación sexual y la ejecución de una estudiante de secundaria |71| repercuten fuertemente en la opinión pública. Este hecho permitió el encarcelamiento de tres oficiales militares, encabezados por un coronel del ejército. Y en 1993, un oficial de la policía de investigación reveló y confirmó las prácticas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía, en cuyo mando se encontraban los militares desde 1963. El Presidente Callejas se vio obligado, en ese momento, a nombrar una "Comisión de Alto Nivel" para proponer reformas institucionales en materia de seguridad y, al mismo tiempo, ratificar la oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

    1. La Comisión adhoc presidida por el arzobispo Óscar Andrés Rodríguez, trabajaba sobre las siguientes reformas institucionales: la propuesta para eliminar la criminal Dirección Nacional de Investigaciones (policía secreta co-responsable de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales contra opositores políticos), la creación del Ministerio Público, la organización de una Dirección de Investigación Criminal, la reforma de la Carrera Judicial y la separación de la Policía Nacional de las Fuerzas Armadas.

    2. De forma conjunta, el Comisionado de Derechos Humanos preparaba el Primer Informe de la Comisión, con el cual el Estado de Honduras reconocía 184 desapariciones forzadas, con recomendaciones que no han sido cumplidas y la impunidad de los violadores de derechos humanos se torno institucional. Al aumento del poder militar y la inestabilidad política, se sumó la debilidad de la economía, que perdió la aportación de dólares proporcionados por la ayuda militar norteamericana. Con las reformas económicas de la Administración Callejas, la insatisfacción pública por el coste de la vida y por la corrupción generalizada en el gobierno se vio expresada en las urnas.

    3. En las elecciones celebradas en noviembre de 1993, el liberal Carlos Roberto Reina, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, triunfó. Su política estuvo orientada a disminuir la influencia del Ejército en la vida política nacional. Para ello, redujo los presupuestos de Defensa, nombró a civiles en los altos mandos de la policía y suprimió, bajo presión popular, el servicio militar obligatorio sustituyéndolo por uno voluntario y democrático.

    4. El informe de COFADEH de esa época, explica también que Reina fue forzado a negociar la impunidad con el deteriorado alto mando militar del Batallón 3-16, pero aún así pudo impulsar, antes de dejar el poder, la supresión del cargo de Comandante en Jefe (paralelo al Presidente) y el deliberativo Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (paralelo al Congreso Nacional).

    Durante el gobierno de Carlos Roberto Reina, destacan tres casos ilustrativos de violaciones a los derechos humanos, el Caso Servellón García y Otros, conocido también como el caso de los "cuatro puntos cardinales", el Caso López Álvarez y el Caso Jeannette Kawas, por los cuales ha sido condenado el Estado Hondureño por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

    5. El gobierno de Flores abandonó las reformas institucionales en materia policial y judicial iniciadas en 1993. Fomentó la impunidad de los militares procesados por delitos de lesa humanidad, permitió que los viejos cuadros de la policía militar controlaran la "nueva" Policía Civil y quitó a la Fiscalía General la policía técnica de investigación criminal para anexarla a la "nueva" corporación policial, nueva ley, pero con el mismo instrumento, civil por decreto, pero con mentalidad y formación militar. Arreciaron durante ese período las muertes violentas de jóvenes y personas supuestamente delincuentes sin que sus casos hayan sido investigados y castigados y creció sin precedentes el delito organizado dirigido o integrado por ex policías, ex oficiales del ejército o miembros activos de ambas instituciones. La nueva entidad policial no fue depurada y los jueces y magistrados fueron nombrados por filiación política.

    Durante el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006) las principales violaciones a los derechos humanos estuvieron referidas principalmente a las acciones de la denominada limpieza social, particularmente en contra de los y las jóvenes de barrios marginales a quienes se les estigmatizó como delincuentes. Durante este gobierno se realizaban redadas diarias en barrios y colonias en contra de los denominados "mareros", redadas que más parecían un "show" publicitario. Estas acciones de persecución se realizaban al amparo de la reforma al artículo 332 del Código Penal, mejor conocida como "ley antimaras" |72|.

    Durante este gobierno se produjeron dos grandes casos de violaciones a los derechos humanos, el caso de la Granja Penal de El Porvenir |73| - ocurrido el 5 de abril del 2003 - y el segundo en el Centro Penal de San Pedro Sula, el 17 de mayo del 2004 |74|, donde perdieron la vida violentamente decenas de personas privadas de su libertad.

    - El movimiento campesino y el conflicto agrario.

    En el análisis de la historia reciente del país, no puede dejarse de lado uno de los sectores más afectados por la conflictividad y la exclusión. La población en el campo y su lucha permanente por acceder a medios productivos y la confrontación con los grupos de poder locales, quienes concentran grandes extensiones de tierra, fundamentales para la sobrevivencia de miles de familias en el país.

    La historia de Honduras ha estado marcada por la desigualdad en la tenencia de la tierra

    Los mecanismos impulsados por el Estado para generar un proceso de reforma agraria, en la última mitad del siglo XX, fueron producto de la presión ejercida por los campesinos de la costa norte. El gobierno de Villeda Morales ante el ambiente de descontento y frente a las políticas encaminada a detener los procesos reformistas (y la amenaza que significaba el modelo cubano para el subcontinente), emitió la ley de reforma agraria en 1962, proyecto que trajo consigo la creación del Instituto Nacional Agrario (INA) y la fundación de la primera organización campesina, el Comité Central de Unificación Campesina, que luego se transformó en la Federación Nacional de Campesinos de Honduras (FENACH). El golpe de Estado, encabezado por el general Oswaldo López Arrellano, en octubre de 1963, fue factor importante para que la Ley de Reforma Agraria tuviera poco impacto en la transformación de la estructura agraria y el bienestar de la población campesina. De 1962 a 1972 apenas se asentaron 2,824 familias en 10,663 has. (De la cuales solo 6,780 has. eran cultivables) |75|.

    El golpe de Estado de 1963, vendría a obstaculizar el proceso organizativo del campesinado y a trasformar la estructura de la reforma agraria. Sería hasta el segundo gobierno golpista de López Arellano, que se impulsó el proceso de manera amplia mediante el Decreto 170 de 1974. En el período comprendido entre 1974 y la promulgación de la Ley de Modernización del Sector Agrícola (LMDSA) en 1992, |76| apenas se adjudicaron 385,310 hectáreas, de las cuales un 75% o sea alrededor de 288,959 eran cultivables.

    El planteamiento de la nueva ley (LMDSA) del gobierno neoliberal de Callejas Romero no cumplió con la aplicación del Sistema Nacional de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, el Fondo de Capital Semilla, y la "Reconversión Empresarial Campesina", que según dicha ley serían los instrumentos ideales para la consolidación de las empresas del Sector agrícola reformado.

    Los campesinos sin tierra no cambiaron su condición y la mayoría de las empresas campesinas del sector reformado siguen en peligro de desaparecer o seguir en la sobrevivencia. Esta ley garantizaba el proceso de ventas de tierras en beneficio de empresarios terratenientes, que se realizaría de forma manipulada y coactiva con la aquiescencia del Instituto Nacional Agrario.

    Así, el Programa de Acceso a la Tierra, (PACTA), nacido en el año 2001, terminó como había sido previsto por algunos especialistas en el tema agrario, aún cuando esta iniciativa se apoyó en una amplia convocatoria de instituciones estatales (INA y SAG), las IFP (Bancos comerciales), CAC y OPDF; las Unidades Técnicas Locales (UTL), el Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y Banco Mundial (BM) que hacían causa común con la Unidad de Gestión de PACTA.

    En la primera década del presente siglo el conflicto agrario se agudizaba, presión que generó búsquedas a la salida del conflicto de parte del gobierno, básicamente de la administración del Presidente Zelaya Rosales, en la búsqueda de soluciones se emitió el decreto 18-2008. El Congreso Nacional al aprobar dicho decreto consideró las siguientes razones:

    a) la necesidad de resolver los conflictos generados por los derechos de ocupación y posesión que sobre la tierra han venido ejerciendo campesinos y campesinas (mora agraria);
    b) que la Constitución de la República establece que la reforma agraria es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria para garantizar la justicia social y desarrollo del país;
    c) que Honduras es suscriptora de convenios internacionales que la obligan a dictar y aplicar medidas urgentes para combatir la pobreza, la exclusión social y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y,
    d) que la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola no es el instrumento apropiado para resolver la problemática agraria |77|.

    Desde la emisión del decreto 18-2008 la empresa privada, principalmente la antigua enemiga del proceso de reforma agraria, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAG), iniciaron una fuerte campaña de deslegitimación, acudiendo a la fiscalía con el argumento de inconstitucionalidad que fue aceptado y llevado a la corte, donde finalmente quedó eliminado en 2010. Tras el golpe de Estado de 2009, la violencia histórica contra los campesinos se agudizó; el asesinato, el secuestro, las detenciones y torturas han aumentado principalmente en la zona del Bajo Aguán. La militarización de esa zona ha sido efectiva desde el golpe de Estado, convirtiendo a los campesinos en víctimas del crimen y de campañas mediáticas bien orquestadas en contra de las organizaciones campesinas.

    -Las organizaciones de mujeres y los grupos feministas.

    Las organizaciones de mujeres y los grupos feministas en Honduras tienen como trasfondo histórico la demanda por la igualdad de derechos, el ejercicio de una ciudadanía plena y el cuestionamiento de las relaciones de poder entre los géneros.

    A partir de la década de los noventa se fortalecieron las demandas de las mujeres y de las feministas por el reconocimiento de sus derechos, especialmente con demandas específicas a los gobiernos para que atendieran problemas inmediatos como la violencia contra ellas, la privada y la pública, y lo relacionado a la construcción de una ciudadanía real y efectiva que permita su participación en la toma de decisiones y el acceso a derechos como la tierra, los recursos para la producción, salud integral, trabajo digno, entre otras demandas.

    El golpe de Estado, desde los testimonios recabados por la Comisión de Verdad, significó para las mujeres retrocesos en algunos de los avances alcanzados.

    Gracias a las propuestas de las mujeres organizadas y de las feministas se avanzó en un marco nacional formal de reconocimiento de derechos y la incorporación de logros internacionales, entre ellos, el obtenido en la conferencia Internacional de Derechos Humanos, Viena 1993, donde por primera vez se reconoce que los derechos de las mujeres son derechos humanos y la firma en 1994, por parte de Honduras, de la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer," y su ratificación en 1995.

    En el nivel nacional, en 1997, se aprobó la Ley contra la Violencia Doméstica; en 1999 se creó el Instituto Nacional de la Mujer (INAM); en el año 2000 se emite la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer; y, en 2004, se logra reformar la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas para incluir cuotas de participación de las mujeres.

    Estos avances formales no por fuerza se han concretizado en la práctica y un ejercicio real de derechos, tal como se reconoce en el Informe Alternativo al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer / Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CDM/CLADEM):

    "Aunque en Honduras, las mujeres como colectivo han logrado avances significativos en la última década, especialmente en lo relacionado a la construcción de un marco legal formal de reconocimiento de derechos en algunos de los problemas más importantes, la brecha entre lo formal y el ejercicio real de derechos es todavía muy grande y en determinados momentos esta brecha se acrecienta y las amenazas de retroceso son cada vez más reales". |78|

    El golpe de Estado, desde los testimonios recabados por la Comisión de Verdad, significó para las mujeres retrocesos en algunos de los avances alcanzados. Un ejemplo lo constituye la regresividad con la prohibición del uso y distribución de las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia o PAE, mediante el Acuerdo Ejecutivo PCM-2744 del 21 de octubre de 2009 de la Secretaría de Salud bajo el argumento de que son abortivas y por lo tanto violan el derecho a la vida. Antes del golpe, el gobierno de Zelaya había vetado una propuesta de decreto para abolir las PAE, aprobado en los primeros días del mes de abril de 2009 por el Congreso Nacional presidido en aquel entonces por Roberto Micheletti. El uso y distribución de las PAE formaba parte de las políticas de salud pública en Honduras desde 1999 y constituía una conquista importante del movimiento feminista hondureño.

    Pero, además, la participación masiva de las mujeres en las movilizaciones contra el golpe de Estado les significó represión y violencia directa contra sus cuerpos. La represión ejercida contra ellas por parte de policías y militares se dirigió contra su cuerpo sexuado, contra su condición de mujeres, ejemplo, golpes en las caderas, en sus pechos, en sus genitales. En la mayoría de los testimonios recabados, las mujeres manifestaron haber sido víctimas de manoseo y golpes en senos y vagina, haber recibido insinuaciones sexuales e insultos con connotaciones sexuales violentas. Organizaciones de mujeres documentaron en los primeros meses del golpe de Estado 10 violaciones sexuales ocurridas tras las manifestaciones que fueron reprimidas por la policía y el ejército, ocurridas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Danlí y El Progreso. Algunas de estas violaciones tienen el común denominador de ser múltiples, ejecutadas por efectivos de la policía y realizadas después de las manifestaciones o durante los toques de queda.

    Pero, además, la participación masiva de las mujeres en las movilizaciones contra el golpe de Estado les significó represión y violencia directa contra sus cuerpos.

    Mujeres participantes de las movilizaciones masivas recibieron descalificativos tales como: "putas", "por qué mejor no te quedas en casa atendiendo a tu marido y tus hijos", "esto te pasa por andar en la calle" por parte de sus agresores, expresiones que tienen su base en la cultura patriarcal, que divide el mundo en dos grandes espacios: el privado (la casa, el hogar, la familia) y el público (la calle), donde las mujeres han sido tradicionalmente excluidas por el hecho de ser mujeres.

    Es importante señalar que tras la llegada del Presidente Zelaya a Honduras el 21 de septiembre de 2009, y después de la aprobación del Decreto PCM 016-2009 de fecha 22 de septiembre, las manifestaciones pacíficas se trasladaron de las calles a los barrios y colonias. Para reprimir estas manifestaciones, el gobierno de facto desplegó toda su fuerza militar e hizo uso de armas de fuego, balas de goma y de madera, bombas lacrimógenas, gas pimienta, tanquetas, toletes, tubos de metal y palos de madera con clavos con los que golpeaban a las y los manifestantes, bajo la consigna de que el uso de la fuerza y la violencia eran necesarios para prevenir actos violentos y "vandálicos".

    Esta represión en los barrios afectó especialmente a las mujeres porque ellas tuvieron que huir con sus hijos de sus casas para salvaguardarse cuando el ejército y la policía irrumpían violentamente en sus viviendas. Algunas mujeres incluso resultaron víctimas de disparos al salir al patio de sus casas. Las fuerzas de seguridad no sólo golpearon, torturaron e insultaron a las mujeres, sino que también las detuvieron en forma ilegal y arbitraria como otra forma de intimidación y castigo por su participación en las marchas de repudio al golpe de Estado. Un caso emblemático es el de la profesora Agustina Flores, detenida y acusada de sedición. Ella fue capturada por ocho policías femeninas el 22 de septiembre de 2009. Fue liberada después de 21 días en prisión y mediante el pago de una fianza de 100.000 lempiras (alrededor de $5.300).

    Maestras, abogadas, estudiantes, mujeres activistas de derechos humanos, entre otras participantes en la resistencia, fueron continuamente amenazadas a través de teléfonos celulares y correos telefónicos. En estos casos las amenazas eran de muerte y de ataques sexuales. Era una estrategia de los grupos armados para que las mujeres abandonaran la defensa de derechos humanos y del estado de Derecho. Muchas mujeres tuvieron que esconderse, vivir separadas de sus hijos e hijas y de su familia para protegerse y protegerlos y evitar allanamientos a sus casas.

    -Las Comunidades Lésbica, Gay, Bisexual, Transgénera, Travesti e Intersexual.

    En Honduras la defensoría de los derechos humanos especialmente de las comunidades lésbica, gay, bisexual, transgénera, travesti e intersex, es una experiencia que llena diferentes aspectos de una minoría aún no reconocida propiamente por el Estado. Estas comunidades son parte de la sociedad y son una realidad que no es atendida por las políticas en materia social así como en su expresión cultural.

    Estos grupos que manifiestan una alternativa no en la índole sexuada que visibiliza su naturaleza, sino en la representación cultural o subcultural de sus prácticas y de la conformación de una comunidad natural, que no acaba de ser entendida y visibilizada por las autoridades, principalmente cuando se trata de las continuas violaciones a sus derechos humanos.

    Las comunidades trans-sexuales luchan por acceder no solo a sus garantías individuales sino gozar plenamente sus derechos reproductivos, sexuales, económicos, civiles, culturales y sociales los cuales quedan muy por detrás de sus garantías individuales.

    Antes del 28 de junio de 2009, en un periodo de cinco años, las organizaciones de defensoría de esta alternativa, entre las que se encuentra la Red Lésbica Cattracha habían denunciado y exigido las investigaciones de asesinatos de quince mujeres transgéneras; además se habían documentado otras agresiones, todas estas violaciones eran materia de derechos humanos y todas ellas cometidas en su totalidad por policías.

    Las y los activistas de las distintas expresiones de la diversidad sexual, asumieron un rol de oposición contra el golpe de Estado manifestándose en las calles al lado de los otros grupos y personas que constituía la naciente "resistencia". Por su visibilización contra el golpe, estos grupos enfrentaron múltiples actos de violencia en su contra que causaron durante el régimen de facto de Roberto Micheletti veintidós asesinatos de personas de la comunidad LGTTBI, la incidencia histórica más alta registrada en un periodo de seis meses en el país.

    A esto se sumó la negación al derecho de investigación aún reconociendo que no necesariamente todos los asesinatos de los hombres gays fueran consecuencia de una "política de Estado". Las autoridades permitieron que los grupos paramilitares y conservadores hicieran blanco y objetivo de esta comunidad mostrando una respuesta homo lesbo, transfóbica.

    Para el día 30 de junio de 2009, ya se contabilizan cuatro asesinatos, tres en la zona de San Pedro Sula departamento de Cortés y una en Tegucigalpa, la capacidad de respuesta fue mínima entre toques de queda, protestas, persecución, junto con las organizaciones tradicionales defensoras de derechos humanos. La situación era muy difícil, por lo que los primeros asesinatos de mujeres transgéneras no fueron considerados como muertes políticas.

    La denuncia a nivel internacional de lo que sucedía cada día en la resistencia de parte de las mujeres, indígenas, garífunas y comunidad LGTTBI, hizo que la comunidad internacional se interesara en las violaciones especificas hacia la comunidad sexo, género diversa, por lo que las comisiones, delegaciones y observatorios internacionales que visitaban el país tomaron cuenta de estos hechos en sus informes.

    Este grupo social y cultural de la sociedad todavía espera el cese a la persecución y se investigue y sancione a los responsables de los asesinatos contra sus compañeros y compañeras, y que estos crímenes no queden en la impunidad.

    - La Resistencia y el Movimiento Popular

    Las condiciones de miseria dejadas por el Huracán Mitch, |79| unidas al impacto de los programas de ajuste económico generaron un rebrote de conflictividad y organización social creando condiciones para el surgimiento de un movimiento social de resistencia a las medidas neoliberales. Este movimiento social de nuevo tipo, fue representado por varias coaliciones, entre las que destacan la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP), la Coalición Patriótica de Solidaridad, la Alianza Cívica por la Democracia y el Movimiento Marcha por la Vida del padre Tamayo. |80|

    En Honduras la defensoría de los derechos humanos especialmente de las comunidades lésbica, gay, bisexual, transgénera, travesti e intersex, es una experiencia que llena diferentes aspectos de una minoría aún no reconocida propiamente por el Estado.

    Este nuevo movimiento se estructuró teniendo como base la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH), el Frente de Unidad Magisterial de Honduras (posteriormente convertido en FOMH), organizaciones estudiantiles, de pobladores y movimientos políticos, los cuales en 1999 constituyeron el "Bloque Popular", para luchar contra las privatizaciones de los servicios públicos y demás expresiones del neoliberalismo. Su modelo se extendió a otras ciudades bajo la forma de coordinadoras regionales, como la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), el Patronato Regional de Occidente (PRO) de Santa Bárbara o la Asamblea Permanente de El Progreso (APP). A estas organizaciones se unieron otras previamente existentes, como la CUTH, el Consejo Cívico de Organizaciones y Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH), el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), así como federaciones de estudiantes de secundaria recién formadas, para constituir en el año 2003 una instancia nacional de lucha denominada Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP). La CNRP surgió para oponerse a la privatización del servicio de agua potable además de otras demandas de relevancia, en su mayoría dirigidas a cuestionar los programas de privatización, reducción del gasto social, represión, carestía de la vida y corrupción. A la misma se sumaron posteriormente, movimientos regionales como el Movimiento Ambientalista de Olancho, la Alianza Cívica por la Democracia (occidente del país), la Red COMAL (micro y pequeños propietarios) y nuevos actores sociales como las organizaciones feministas, juveniles y pobladores de diversas regiones, entre otras.

    Estos movimientos articularon a diversos sectores sociales, desde populares hasta medianos empresarios, constituyéndose en el principal foco de resistencia social contra el avance de los planes de desmantelamiento de las instituciones estatales de servicio público, contra el saqueo de los recursos naturales y en un factor de debilitamiento del Estado. Contribuyó a lo anterior, la coyuntura internacional que encareció los costos de producción y del nivel de vida debido a las alzas en los precios de los combustibles.

    - La movilización de los Pueblos Originarios: el caso de COPINH.

    En la lógica de los movimientos sociales en Honduras, los pueblos indígenas y negros, se plantean la defensa de su identidad cultural y su territorio particularmente la cultura Lenca, pero también, en muchos casos, han participado en la lucha con organizaciones fundadoras de iniciativas anticapitalistas, anti patriarcales, antirracistas y anticoloniales. En la actualidad existe una reiterada violación a los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras, al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas, a los Derechos de Autonomía, Territorios, Cultura y Espiritualidades, a los Derechos de la Naturaleza.

    Los pueblos indígenas, desde diferentes plataformas alternativas fundamentan su acción y movilización en la conciencia que significó para esos pueblos el genocidio español, y la larga lucha que han sufrido de persecución, saqueo y asesinato. En este tránsito han pasado por diferentes mediaciones institucionales como fue la llamada "incorporación" de las comunidades indígenas que en todo el territorio mesoamericano desde Chiapas hasta Sudamérica las incluía desdibujadamente como parte de un proyecto nacional en los años sesenta.

    Sin embargo dicha incorporación de los pueblos originarios, no ha sido acorde a las políticas de gobierno que intentan justificar la conversión al "desarrollo" sino que ha sido a partir de emprendimientos privados y empresariales que encuentran una mejor ganancia en las comunidades subordinadas que han agudizado el empobrecimiento de la población y que no dejan de contar con el reforzamiento del discurso racista que justifica en su responsabilidad la situación de su pobreza.

    En los últimos años se ha visibilizado otros factores como las características culturales más allá del folclor comercial, pero el intento no ha sido consistente. Culturas como la Garífuna han rescatado parte de su herencia cultural y sus saberes ancestrales, controlando al mismo tiempo el dominio sobre sus territorios.

    A partir de las peregrinaciones indígenas realizadas en el año 1994, es cuando en Honduras se visibiliza la existencia de los pueblos indígenas y su capacidad de lucha y movilización nacional, con ello se establece un nuevo tiempo político para el movimiento popular.

    Entre las organizaciones destaca el Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras COPINH una organización indígena y popular afincada en los territorios Lencas de Intibucá, Lempira y La Paz, fundada hace 19 años por un grupo decidido a construir propuestas a partir de la identidad del "espíritu indígena en rebeldía".

    De la misma forma la Organización Fraterna Negra de Honduras OFRANEH es otra expresión de la organización de los pueblos que lucha por los derechos de la población negra. El COPINH y OFRANEH fueron de las primeras organizaciones a favor del ALBA dando la posibilidad a un proyecto de integración con beneficios populares. También se manifestaron en apoyo a la llamada "Cuarta Urna." En la relación con el presidente Zelaya apoyaron ciertas iniciativas acordes a su movimiento, como la lucha contra las mineras, pero también mantuvieron ciertas críticas a sus políticas.

    Lenta, pero sistemáticamente, los distintos gobiernos han ido contribuyendo a la ruina de algunas empresas estatales y mediante la privatización se las entregaron a la iniciativa privada sin mayor vigilancia de la sociedad.

    La COPINH organizó, unos meses antes del Golpe, el Primer Encuentro Nacional por la Refundación del País y desde entonces se instalaron en colectividades organizadas. Su propuesta Refundacional de Honduras iba a la construcción de un nuevo Pacto o Contrato Social, |81| "en donde no íbamos a aceptar representación ajena, hablaríamos con nuestras palabras y estaríamos en todas las propuestas del pueblo hondureño. Este encuentro que aglutinó a muchas personas no fue sólo de pueblos indígenas sino una convocatoria al pueblo y sus movimientos."

    La movilización militar posterior al golpe de Estado vino a traer a las comunidades rurales la instalación de «Mesas de Seguridad» con el propósito de mantener vigiladas las poblaciones y fortalecer la vigilancia selectiva como en los años ochenta. Pero la militarización contra una posible escalada violenta ha significado un gran desprecio para la población civil, en especial por los pueblos indígenas y sus derechos, particularmente los relacionados a los territorios y los bienes naturales. Las fuerzas militares han participado en casos concretos de apoyo a empresas transnacionales que han sido favorecidas con mejores condiciones para explotar los recursos humanos y naturales del país. El movimiento indígena ha denunciado la ocupación militar de Batallones del Ejército, y de las nuevas bases militares de Estados Unidos en localidades que cuentan con riquezas de bienes naturales en las comunidades originarias. "Así inmediatamente, después el golpe, se abrieron más bases militares gringas como en la isla de Guanaja, en Karataska, en Mocorón, otra más cerca de Puerto Lempira y la ocupación del Río Patuca y Plátano, con el pretexto del narcotráfico. Se amenaza con reabrir bases norteamericanas en territorio Lenca que funcionaron en los años 80."

    El golpe de Estado criminalizó la lucha contra los proyectos sociales y ha traído asesinatos de sus militantes, detenciones arbitrarias, sustracción de documentos, miembros y miembras que han sido golpeados, desalojados y reprimidos, entre otras vejaciones a los derechos humanos.

    En enero del 2010, OFRANEH denuncia la quema y el saqueo de la Radio Faluma Bimetu, "Coco Dulce", ubicada en la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz, y responsabilizan a grupos económicos vinculados a la represión política y al racismo contra el pueblo Garífuna.

    En dos ocasiones (05 de enero del 2011 y 12 de abril del 2012) han sido saboteadas las radios comunitarias "Guarajambala" y "La Voz Lenca", que transmiten desde La Esperanza e Intibucá.

    También, durante la actual administración de Porfirio Lobo, el caso del incendio de la Escuela Santa Rosita, en San Francisco Lempira, en fecha 10 de marzo del 2011. Se han desarrollado campañas mediáticas, cargadas de racismo, criminalización y desprestigio contra el COPINH, a través de medios de comunicación nacional reconocidos como el Canal 10, el Canal 5 y otros.

    El régimen ha seguido el proyecto de privatizar mayores ámbitos como se hace precisamente en los territorios indígenas y negros. En septiembre del año 2010, se otorgaron cuarenta y siete concesiones de ríos, muchos de ellos ubicados en territorios indígenas, que ahondan su privatización y se han anulado prácticamente los sistemas de evaluación de impacto ambiental.

    La denuncia sobre las empresas transnacionales mineras de Honduras es sobre la concentración de propiedad; ya son dueñas del 30% del territorio nacional, que equivale a más de 35 000 km², beneficiando a empresas canadienses, estadounidenses y europeas; privatizan los ríos hasta por 50 años; imposición de lo que llaman proyectos "verdes"; los proyectos y concesiones mineras, hidroeléctricas, explotación forestal tienen su mira en las comunidades indígenas y negras.

    Los "poderes fácticos" se han enriquecido de manera rápida y desproporcionada manipulando leyes y decisiones administrativas, como exoneraciones, dispensas, amnistías fiscales, concesiones y licencias, o mediante tratos extralegales.

    Para ello se ha dado el involucramiento de alcaldes municipales, del Instituto de Conservación Forestal (ICF), organismos internacionales, fundaciones y sectores de poder político, económico y militar. Se está procediendo a acaparar territorios del municipio de Intibucá y Yamaranguila para un gran proyecto eólico privado que tendrá consecuencias similares al de la comunidad Lenca de Santa Ana, en el departamento de Francisco Morazán.

    El movimiento denuncia también que inversionistas mineros están ejecutando operaciones sin ningún consentimiento de las comunidades, sin autorizaciones oficiales en algunos casos, amenazando la biodiversidad de pueblos indígenas, como es el caso de Minitas en la Paz, Río Blanco y San Rafael en Intibucá, donde imponen también proyectos hidroeléctricos, favoreciendo al "Proyecto Desarrollo Energético", al "Proyecto Central Hidroeléctrica Minitas", a las empresas: Ríos Power, Proyecto Hidroeléctrico de Agua Zarca y a Prointer, S.A.

    - El movimiento sindical hondureño y su incidencia en la vida política.

    Tal vez uno de los actores que más ha jugado un papel histórico por la transformación política y social de Honduras han sido los sindicatos, y por ello es que su lucha podría tener un significado más justo en la demanda de refundación de la estructura legal y de las condiciones sociales que definen la distribución del ingreso y pobreza.

    El movimiento gremial de los trabajadores hondureños surge con la incursión del capital extranjero en las actividades mineras y en la explotación agrícola en el Valle de Sula. A la par de la actividad bananera de las empresas transnacionales, Tela Railroad Company y Stándar Fruit Company, se desarrolló una industria "que se desempeñó como complementaria o accesoria financiada por el mismo capital extranjero". |82|

    El sindicalismo en Honduras logró su legalidad como consecuencia de la huelga bananera de 1954. Cuenta con tres instancias entre sus organizaciones: los sindicatos como instituciones de primer grado, las federaciones como organizaciones de segundo grado y las centrales obreras como instituciones de tercer grado. Con el reconocimiento legal de los sindicatos, nacieron en la Costa Norte y en Tegucigalpa, respectivamente, bajo la Tutela del código de Trabajo, la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Norte (FESITRANH), y la Federación Central de Sindicatos de Trabajadores Libres de Honduras (FECESITLIH), ambas organizaciones bajo los principios doctrinarios de la ORIT/CIOLS. Las que se articularon posteriormente en la organización de tercer grado, conocida como la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH). La CTH fue la primera central obrera y fue fundada el 27 de septiembre de 1964 |83|. Constituyeron la CTH la FESITRANH, FECESITLIH y la Asociación Nacional de Agricultores y Campesinos de Honduras (ANACH). La confederación se define como una organización de tendencia política socialdemócrata |84|.

    A través de las organizaciones sindicales, los obreros hondureños libraron diferentes batallas en contra del régimen como fue contra el poder dictatorial de Osvaldo López Orellana, quien asumió el poder mediante un sangriento golpe de Estado el 3 de octubre de 1963 y otras expresiones de protesta del movimiento sindical.

    En septiembre de 1982 se aprueba la nueva Constitución de Honduras, en esa década, los trabajadores se encontraban fuertemente divididos en tres corrientes ideológicas. La CTH de la línea conservadora auspiciada por los sindicatos de la ORIT/CIOLS, con influencia de los sindicatos norteamericanos a través del Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL); los de tendencia Social Cristiana (CGT) y aupados por la CLAT, con sede en Venezuela para ese entonces con radio de acción para toda América Latina y los de tendencia Socialista (FUTH), adscritos al Consejo Permanente de Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina (CPUSTAL) y la Federación Sindical Mundial (FSM).

    Esta división marcó de alguna manera la ruta de las diferentes tendencias ideológicas dentro del movimiento sindical hondureño. Unos gremios a favor de la preservación del statu quo y otros comprometidos con la lucha popular que buscaba conquistas como la liberación, la paz y la transformación de las arcaicas estructuras del Estado en Centroamérica. En esta época fueron muchos los dirigentes y activistas sindicales asesinados, desaparecidos o desterrados del país |85|.

    En estos años fue vigente el llamado «modelo de sustitución de importaciones» cuyo acento se daba en la promoción de las empresas nacionales, y que basaba sus recomendaciones en la inversión directa de un sector público, cuya recomendación partía de los economistas de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo de naciones unidas. Bajo esas premisas se fue gestando y desarrollando el sindicalismo y el derecho protector del trabajo.

    Entrada la década de los años ochenta la vigencia del modelo neoliberal se cambia totalmente para privilegiar los productos de exportación, especialmente los no tradicionales, y se desregulariza el derecho protector al trabajo. En el gobierno de Callejas se liberalizó la economía, hubo una devaluación del lempira |86| y se privatizó gran parte de los servicios y de las empresas públicas. Desde el gobierno se lanzó una política de intolerancia hacia las organizaciones populares, cooptándose a los dirigentes y sus líderes sindicales, quienes a través de dádivas y entrega de recursos del Estado, entregaron la independencia de sus organizaciones a manos del gobierno. Una práctica muy común en toda Latinoamérica.

    Como parte de esa política se despidieron a más de 1.200 trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), afiliados al sindicato (STENEE), en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas ( SECOP) se hizo lo mismo, y se vendió, a precio irrisorio, la maquinaría de la institución a ex dirigentes del Sindicato. Con la entrega de esta maquinaría surgen las empresas: Comunistas, Brazos de Honduras y La Familia, propiedad de ex dirigentes obreros.

    "Las medidas de ajuste implementadas en el gobierno de Callejas, agudizaron los niveles de pobreza de la población, especialmente la del sector trabajador, quienes sintieron reducir drásticamente sus salarios con la devaluación del lempira. Otros de los sectores duramente castigados fueron los pequeños empresarios y artesanos, quienes sintieron encarecer las materias primas por su alto costo. Los trabajadores agrícolas fueron condenados al desempleo al no tener a los créditos para el sector" |87|

    La globalización, la apertura comercial, la integración regional y la desregulación impactaron en las empresas generando nuevos comportamientos empresariales.

    "Nuevas incertidumbres se derivan de la tercerización, la reducción de los puestos de trabajo y la flexibilización. La consecuencia fue la inestabilidad laboral y el desempleo creando dificultades y obstáculos al desarrollo de la actividad sindical", |88| en el caso de Honduras la sindicalización y la contratación colectiva disminuyeron drásticamente.

    La violación al derecho de sindicalización fue un factor para que en Honduras penetrara y se desarrollara el solidarismo como una forma de organización de los trabajadores, promovida por los empresarios y las políticas de Estado de ajuste estructural de la economía. El control empresarial con apoyo económico hacia el solidarismo y la marcada tendencia anti-sindical violaba el Convenio 87 y 98 de OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de organización sindical que el Estado está obligado a brindar. El solidarismo viola el convenio de OIT relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva violado sistemáticamente cuando: "practica lo particularmente estipulado en el artículo dos de dicho convenio". |89|

    En sus orígenes el solidarismo nació en Costa Rica en 1972 fundado por Alberto Montes y el sacerdote Claudio Solano, Director de la Escuela Social Juan XXIII. Sin embargo, su auge es a principios de la década de los 80, con los programas de ajuste estructural en Centroamérica.

    Uno de los frentes que tuvo que enfrentar el sindicalismo en este país fue la promoción industrial por medio de las maquilas. Con ese fin desde el Gobierno de Callejas se "promovió la inversión extranjera, fortaleció el sector exportador para captar dólares para pagar la deuda externa y exportar las ganancias de capital. El Estado ya no subsidiaría la producción nacional y se privatizan los servicios públicos, se devaluó la moneda, se liberalizó las tasas de interés, se despidieron trabajadores, se cancelaron plazas y se derogó la reforma agraria, imponiendo la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) poniendo en precario la libertad sindical" se flexibilizan las leyes laborales y se dejan en suspenso diferentes estatutos profesionales" (Bloque Popular: 2005).

    En apoyo a estas medidas el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) montó una campaña mediática de sensibilización y ablandamiento de la opinión pública con la finalidad que se aceptara las medidas de ajuste estructural.

    La legislación especial de fomento a la maquila entró a la par de la Ley de Asociación Comercial de la Cuenca del Caribe (CBTPA). La CBTPA es una ley comercial estadounidense que se aplica a 24 países de América Central y el Caribe. Esta ley parte de los beneficios comerciales comprendidos en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) al ofrecer tratamiento libre de aranceles a exportaciones de textiles y confesiones hechas con telas de Estados Unidos.

    A través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la CBTPA las empresas maquiladoras de capital norteamericano pueden obtener mano de obra más barata en los países de América Latina, especialmente en Honduras "manteniendo además el acceso al mercado norteamericano" |90|.

    El éxito de las maquilas en Honduras es el bajo costo de la mano de obra, el bajo nivel de organización sindical y un alto y elevado proceso de eficiencia en la producción, especialmente en la industria textil en donde la mayor parte de las obreras son mujeres en edades comprendidas de 16 a 35 años. Muchas empresas maquiladoras prefieren cerrar operaciones antes que permitir que sus empleadas/os se organicen en sindicatos. Un ejemplo de ello fue la empresa canadiense de camisetas, Gildan Activewear, que cerró una de sus plantas en Honduras en la cual había serios intentos de organizar un sindicato. La empresa prefirió trasladar operaciones a Nicaragua y Haití donde sus costos de operación resultaban más bajos. |91|

    El desarrollo en la producción de las maquiladoras en Honduras, además de los bajos costos de la mano de obra, las exoneraciones fiscales, facilidades portuarias, y facilidades municipales, también se debe a las siguientes estrategias, empleadas por los maquiladores en su conjunto: a) Semana de trabajo conocida como 4x4 en la cual los trabajadores de producción trabajan en dos turnos alternos, 12 horas por día por cuatro días consecutivos, seguido por cuatro días de descanso; b) Producción modular en la cual los trabajadores trabajan en equipos; c) Bajos salarios que no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadoras/ es; d) Altas metas de producción y bonos monetarios y de otro tipo cuando los equipos de trabajo logran las metas, alentando con ello la disciplina del equipo para lograr una mayor producción con el fin de lograr elevar los ingresos del equipo.

    Los trabajadoras/es de las maquilas, "sienten temor de perder sus empleos al tener conocimiento que algún activista de las centrales obreras trata de organizarlas/ os en un sindicato para defender sus derechos". |92|. Y se acentúa ello porque la mayoría de empleadas de las maquilas son mujeres jóvenes venidas de las zonas rurales e incorporadas al mercado laboral en el mayor de los casos sin tener la capacitación suficiente para poder cotizarse como mano de obra calificada.

    La apertura y las facilidades que los maquiladores han encontrado en Honduras les ha posibilitado su existencia y desarrollo "si no fuera por esas condiciones a que se ha condenado a la clase obrera que en la práctica impide la sindicalización y la negociación colectiva" y se crean legislaciones especiales a modo de no pagar, ni el salario mínimo el que está muy por debajo del índice de inflación. La experiencia de detrimento de las condiciones laborales bajo el régimen de maquilas es una de las demandas del movimiento sindical de este país que cada día ve deteriorarse sus conquistas laborales que se dieron aún con represión política.

    A partir del Golpe de Estado los sindicatos progresistas acompañados de otras fuerzas políticas y sociales salieron a las calles en oposición al rompimiento constitucional y exigen el llamamiento a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

    Bajo este régimen ha aparecido toda clase de facilidades para incentivar las inversiones contando con una amplia desregulación y flexibilidad laboral. Tal cosa ha sucedido con la pretensión, intentado llevar a cabo "zonas francas y parques industriales", y tratar de sustraerlos del principio de territorialidad del derecho laboral.

    En 2011, dentro de esa lógica, el Congreso Nacional de la República, a iniciativa del presidente del legislativo Juan Orlando Hernández, y del gobierno de Porfirio Lobo Sosa, aprobó la Ley de la Regiones Especiales de Desarrollo (RED), conocidas popularmente como las "Ciudades Modelo" o "Ciudades Charter," las que se convierten en los modernos enclaves en donde el derecho laboral del Estado pierde el principio la territorialidad. La flexibilidad laboral propone la adaptabilidad de las normas del derecho del trabajo a una realidad social, eliminando y atenuando las normas protectoras del trabajo para aumentar el empleo, la inversión y la competitividad internacional.

    La flexibilidad laboral rompe con la estabilidad laboral. Por ello los sindicatos y la contratación colectiva son obstáculos que esquivan la mediación de las organizaciones, negando la organización sindical. A través de diferentes mecanismos (Cartas de Intenciones) de instituciones financieras y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), se ha presionado al gobierno de Honduras para que realice las reformas al Código del Trabajo, a las que se han opuesto de forma unitaria las diferentes federaciones y centrales obreras, para evitar la reducción de las formas jurídicas de protección por parte del Estado.

    Las reformas promovidas por los empresarios tienden por su parte a liberar los códigos laborales y reducir costos que todavía para los sectores patronales tutela el derecho protector del trabajo del Estado y terminar con la obligación de la Contratación Colectiva, la imposición de negociación con la organización sindical y las jornadas laborales de las ocho horas. Recientemente el Congreso Nacional con la oposición de los sindicatos y las centrales obreras aprobó la Ley "Plan Nacional Solidario de Empleos Anticrisis" |93| que tendrá una duración de 36 meses prorrogable de acuerdo a los resultados del mismo.

    Este plan de empleo se enmarca en lo que el sector gobernante llama "Plan de Nación y Visión de País" que en uno de sus considerandos establece: "que es imperativo promover programas y proyectos, que permitan la ampliación de oportunidades de empleo y acceso al trabajo impulsando la creación, expansión y mejora de las fuentes de trabajo: así como promover la solidaridad de los sectores organizados, para con aquellos grupos de población más desprotegidos y que se encuentran marginados de los beneficios que se derivan del empleo".

    Las modificaciones que la Ley de Modernización Agrícola de 1994 le hiciera a la Ley de la Reforma Agraria, abrió la posibilidad de venta de las tierras de la reforma agraria incrementándose de esa forma la conflictividad en el campo.

    En la aprobación de dicho plan las centrales obreras en ningún momento estuvieron de acuerdo, pero si lo apoyaron el COHEP y la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CICT) quienes al final reciben beneficios directos sin pasar por un proceso de negociación saludable con las centrales obreras y sindicales. Con esta Ley se pone en riesgo el Código del Trabajo y la Contratación Colectiva, la libre organización sindical y diferentes leyes de contenido social, incluida la del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).


    2.5 Motivaciones del golpe de Estado del 28 Junio 2009.

    Los motivos que dieron lugar al golpe de Estado del 28 de junio del 2009 no se pueden entender al margen de factores estructurales que subyacen y explican las razones inmediatas o coyunturales que actuaron como detonantes de la crisis de gobernabilidad que culmina con el golpe. De estas motivaciones coyunturales nos ocupamos en este apartado.

    El aparente detonante que motiva el golpe de Estado lo constituye la iniciativa impulsada por el Presidente Manuel Zelaya para consultar a las y los ciudadanos si estaban de acuerdo en agregar una cuarta urna en las Elecciones Programadas en Noviembre del 2009, para decidir sobre una Asamblea Nacional Constituyente |94|.

    Meses antes que se conociera esta iniciativa presidencial, insistentemente a través de los principales medios de comunicación se hablaba de las intenciones del Presidente de prolongar su mandato, con la misma intensidad que se cuestionaba las decisiones de su gobierno, argumentando que estas eran atentatorias a la democracia, al Estado de Derecho y a los propios intereses del país.

    Estos mismos medios de comunicación promovieron una campaña fundamentada en una ficticia homogeneización social en donde los intereses de ciertos grupos de poder se presentaban como intereses de toda la sociedad. La fuerza y vigencia de estos intereses privados ya había sido denunciada por el propio Presidente cuando declaró públicamente a finales de su segundo año de mandato, que en Honduras el poder del Estado no lo detentaba el Presidente de la República, sino los grupos económicos fácticos que históricamente habían decidido sobre los asuntos del Estado.

    Esta era una de las reacciones del primer mandatario ante el rechazo y el veto que estos grupos empresariales imponían a sus principales decisiones. No obstante, sin su apoyo y por encima del permanente boicot desde los principales medios de comunicación e incluso desde las mismas instituciones del Estado, el ejecutivo implementó una serie de medidas cuyas repercusiones generaron y agudizaron cada vez más el conflicto con los principales grupos económicos, sólidamente representados en el Estado.

    De allí que a diferencia de anteriores golpes de Estado en los que el grupo empresarial y los militares actuaban en contra de los poderes del Estado legalmente constituidos, en este caso, la conjura del grupo empresarial, valiéndose de dos poderes del Estado, el Legislativo y el Judicial, "representando fielmente los intereses del poder constituido", se sirven de las fuerzas armadas para atentar contra el Órgano Ejecutivo y frenar las reformas que se estaban llevando a cabo.

    Las grietas evidentes entre la clase empresarial con el Presidente, la crispación política con los grupos al interior de los dos partidos mayoritarios y los frecuentes conflictos políticos y sociales junto a una ingobernabilidad mayor, hicieron evidente la ruptura del pacto que las elites económico-políticas acordaron para gobernar el país, desde que se puso fin a los gobiernos militares en 1982. Entre las medidas que más controversia y oposición generaron, mismas que los medios de comunicación vinculados a los grupos de poder se encargaron de magnificar y tergiversar con el propósito de generar una fuerte opinión pública adversa a su implementación y al propio Presidente de la República, por su impacto sobresalen, entre otras, las siguientes:

    1. Un nuevo planteamiento en materia de política exterior que cambiaba los principios que históricamente orientaron al país y que se supeditaban a los intereses de Estados Unidos en la región. Se produjo un acercamiento notable con los gobiernos de latinoamericanos cuya máxima expresión se produjo con la adhesión a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA). Por otro lado, el claro posicionamiento en la Asamblea de la OEA realizado en San Pedro Sula, a favor de la readmisión de Cuba además de otras manifestaciones de apoyo que enfrentaban intereses de Estados Unidos con otros gobiernos integrantes del ALBA.

    2. La decisión de cambiar el procedimiento de gestión y manejo de los combustibles que provocó el rechazo en insistentes manifestaciones públicas del Embajador de Estados Unidos argumentando un atentado a la libertad de mercado. Además la evidente reacción que tuvieron las Transnacionales Petroleras |95| que nunca antes habían sido cuestionadas en sus prácticas comerciales. Similares situaciones se produjeron con las transnacionales farmacéuticas por los cambios en las políticas de importación de medicamentos genéricos.

    3. La intervención del Presidente en la fijación del nuevo salario mínimo, aumentándolo en un 62%, que generó el rechazo de la empresa privada de manera unánime no solo por el porcentaje mismo sino por el precedente de intervención del gobierno en una decisión que históricamente había sido del control de los empresarios.

    4. La decisión de convertir la Base Aérea de Palmerola, bajo control de los Estados Unidos, en un aeropuerto comercial, criticada fuertemente por sectores empresariales y políticos preocupados por la reacción de Estados Unidos y las graves consecuencias que según ellos podría tener para las relaciones bilaterales entre ambos países y los posibles impactos negativos para el comercio y la inversión en Honduras.

    5. La emisión del Decreto No. 18- 2008 (derogado) orientado a reducir la moratoria agraria. Dicho decreto se fundamenta en el reconocimiento que la Ley de Modernización Agrícola vigente, no es el instrumento apropiado para resolver los problemas del agro hondureño (Posteriormente derogado en el 2010, a petición de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos, FENAG).

    6. En materia de derechos humanos por primera vez un Presidente de la República reconocía la responsabilidad del Estado en las violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos durante la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional, y la voluntad de deducir responsabilidad a los culpables y reparación a las víctimas y sus familiares a través de la creación del Programa Nacional de Reparación adscrito a la presidencia de la república. |96|

    Algunas de estas medidas, con implicaciones directas en materia de política exterior, fueron utilizadas como pretexto para justificar el asesoramiento y apoyo de importantes sectores conservadores de Estados Unidos al golpe de Estado. Esto se evidenció a través de notas periodísticas que circularon en aquel momento. El medio impreso "La Prensa" en su edición del 22 de junio del 2009, hace referencia a una reunión sostenida en la sede de la Embajada de los Estados Unidos el día anterior, en la que participaron líderes políticos del país, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Hondureñas y el propio Embajador estadounidense Hugo Llorens con el propósito de buscar una salida a la crisis. Según el citado diario la propuesta que se planteó al presidente fue el abandono de la "consulta".

    Se deduce de lo anterior, que esto además generó un temor infundado en el sector privado fundamentalmente de las grandes empresas, a partir de los cambios iniciados ante la posibilidad de una masiva participación ciudadana en sentido opuesto a sus intereses.

    En ese sentido, una lectura del golpe en clave geopolítica es inevitable. Se agrega no solo los intereses geopolíticos y estratégicos de Estados Unidos por mantener el control en la región. Con su posición el gobierno estadounidense dejo claro el carácter únicamente retorico de la declaración del Presidente Obama en la Cumbre de las Américas (Trinidad y Tobago, abril 2009), en el sentido que, con su gobierno se iniciaba una nueva etapa en sus relaciones diplomáticas que estarían basadas en el respeto mutuo. Las investigaciones de la Comisión sobre su participación en el golpe reflejan que su política en la región solo ha cambiado en algunas formas y matices, en el fondo sus intereses geopolíticos y estratégicos prevalecen.

    Tanto las motivaciones externas como las internas con las que se justifica el golpe de Estado denotan una firme decisión de impedir cualquier posibilidad de cambio en el país y en la sub-región. Aun cuando un análisis a fondo de las medidas implementadas muestra que estas no ponían en peligro las bases del orden económico o el sistema político vigente.

    Al contrario, a juzgar por los limitados resultados en el corto tiempo de la vigencia de las medidas implementadas, se puede deducir que el Presidente Zelaya intentaba vigorizar la democracia liberal representativa introduciendo algunos mecanismos de democracia directa y lograr una redistribución del ingreso que en el largo plazo también vigorizaría la economía en beneficio del empresariado.

    Por otra parte la Comisión ha analizado los aspectos sustanciales de la pretendida iniciativa de ley de la "Cuarta Urna" que establece una forma de participación ciudadana acorde con la propia Constitución de Honduras y que supone una forma de profundizar en el principio democrático de una organización social. Es importante en este extremo constatar que la Carta Democrática Interamericana aprobada por la Asamblea General de la O.E.A. el 11 de septiembre de 2001, después de definir la democracia representativa como indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, se refiere al carácter participativo de la democracia en los diferentes ámbitos de la actividad política para contribuir a la consolidación de los valores democráticos, la libertad y la solidaridad. El art. 2 de la Carta Democrática afirma expresamente que "la democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía" y el art. 6 concreta que la participación ciudadana en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad y condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia.

    La "banca nacional" vía las mismas leyes del capital, tendió a concentrarse progresivamente en la banca transnacional, reflejando así el hecho de que la libre competencia no funciona en una sociedad con sectores privilegios y con medidas que evitan la no-competencia.

    La misma Ley de Participación Ciudadana que aprueba el Congreso Nacional de la República de Honduras (Decreto 3/2006), el 27 de enero de 2006, es el desarrollo de estos principios contenidos en la Carta cuando afirma que la democracia participativa: "permite la igualdad de oportunidades de los habitantes, para la adopción, ejecución y evaluación de políticas públicas sin discriminaciones de carácter político, religioso, racial, ideológico, de género o de ninguna otra especie", con corresponsabilidad, entendiendo por tal el compromiso compartido de acatar, por parte de los habitantes y el Gobierno, los resultados de las decisiones mutuamente convenidas; reconociendo y garantizando los derechos de los ciudadanos a proponer y decidir sobre asuntos públicos; postulando que la libertad de la participación ciudadana es condición indispensable para un buen Gobierno y no es sustitución de las responsabilidades del Estado, siendo la inclusión el "fundamento de una gestión pública socialmente responsable, que comprenda las opiniones de quienes participan en el accionar civil, reconoce desigualdades y promueve un desarrollo equitativo de la sociedad y de los individuos que la conforman" (art. 2 de la ley de participación ciudadana de Honduras que desarrolla los principios de esta forma democrática).

    Como se puede apreciar el desarrollo legislativo de la participación ciudadana en Honduras se enmarcaba en los principios y en la terminología de la propia Carta Democrática Interamericana.

    Para impulsar estas medidas el Presidente Zelaya, ante la oposición de su propio partido y de los demás actores históricamente relevantes en la toma de decisiones y que han configurado la captura del Estado Hondureño |97|, buscó apoyo en sectores gremiales, campesinos, obreros y otros sectores populares, históricamente excluidos de las grandes decisiones nacionales. Estos sectores acogieron con agrado las posibilidades de un cambio en la orientación del gobierno no solo por las nuevas medidas implementadas sino por la posibilidad real de ampliar la participación ciudadana con la aplicación de mecanismos de democracia directa.

    La reacción inmediata de las élites políticas, empresariales y religiosas, lejos de acompañar los cambios que la sociedad hondureña demanda después de tres décadas de frustraciones y desencantos, de un número creciente de ciudadanas/ os, como lo demuestran los elevados niveles de abstencionismo electoral cercanos al 50%, fue de impedir dichos cambios haciendo uso de los poderes del Estado. Paradójicamente de las mismas instituciones creadas para viabilizar la incipiente "democracia" inaugurada en 1982.

    La crisis de esta institucionalidad no es nueva, pero alcanza su máxima expresión con el golpe de Estado. La captura del Estado, que garantiza y perpetúa privilegios e impunidad para unos pocos a costa de minar la eficiencia y legitimidad del propio Estado había quedado evidenciada públicamente durante la huelga de fiscales del 2008. |98| La crisis institucional detonada se convertiría en punta de lanza para mantener la impunidad, garantizar los privilegios de unos pocos e impedir cualquier posibilidad de cambio, a costa de incrementar la pobreza, profundizar la desigualdad social y precarizar la vida de la mayoría de la población. |99|

    Tanto las diversas manifestaciones de la crisis institucional, el agotamiento de la democracia liberal representativa y del propio principio de representación que la sustenta, como las consecuencias políticas, económicas y sociales de un Estado capturado que subyacen detrás del golpe de Estado se simplificaron siguiendo el viejo argumento de la "lucha contra el comunismo" que sirvió de fundamento a la doctrina de la Seguridad Nacional durante la década de los ochenta.

    Aprovechando el carácter polisémico de la palabra "Democracia'', se construyó un discurso que convierte a quienes quebrantaron las reglas del juego, los procedimientos que constituían los únicos avances que la democracia hondureña podía mostrar, en sus defensores. Después de superar los gobiernos dictatoriales en los que por mucho, se podía aspirar a proteger la vida, en los gobiernos democráticos, en cambio, se aspira a participar en las decisiones que tienen que ver con la calidad de vida, el goce irrestricto de los derechos humanos en forma integral. De lo contrario la democracia pierde sentido y se vacía de contenido para la mayoría de la población.

    La articulación alrededor de los intereses de la alianza empresarial, política, militar y religiosa configuró una fuerza que dejó claro que en Honduras antes como ahora los intentos de reforma no tienen cabida.

    Con la decisión de esta alianza de dar un golpe de Estado han puesto fin a la llamada "Ilusión del Ciudadana/o'' que hasta entonces posiblemente creía que su decisión manifestada en las urnas seria respetada, aun si era contraria a los intereses dominantes y que además tiene el derecho a ser consultado en asuntos de interés nacional.

    La tradición autoritaria y represiva que ha caracterizado el ejercicio del poder político en el país se mostró una vez más en toda su magnitud. Así lo evidencia la interminable lista de violaciones a los derechos humanos y libertades democráticas durante y después del golpe. En la aplicación de estas prácticas autoritarias y represivas orientadas a generar un ambiente de terror y miedo como medio para contener las demandas populares se identifica en primera fila a los órganos represores del Estado por excelencia; la policía y el ejército, pero también es necesario identificar a los actores civiles, políticos, empresariales que promovieron la ruptura del orden constitucional en beneficio de sus propios intereses. |100|

    Finalmente, es necesario enfatizar que la democracia no es una abstracción, no se concibe al margen de la sociedad y de las condiciones históricas que le sirve de contexto. Tampoco se genera de manera espontanea ni se profundiza y avanza de manera lineal. Al contrario, en sociedades con escasa tradición democrática caracterizadas más bien por una cultura política autoritaria y débil institucionalidad como la hondureña, La democracia es más bien una especie de rehén del poder económico , y que deriva en procesos de des- democratización |101| como el ocurrido en Honduras.


    PARTE III: Patrones de violaciones a los derechos humanos

    3.1 Patrones de violaciones a los Derechos Humanos
    3.2 Casos Ilustrativos de los Patrones violatorios de los Derechos Humanos
    3.3 Análisis estadístico de las violaciones a los Derechos Humanos
    3.4 Víctimas de violaciones a Derechos Humanos, registradas por la Comisión de Verdad
    3.5 Impacto Psicosocial de las violaciones de Derechos Humanos


    3.1 Patrones de violaciones a los derechos humanos

    Marco introductorio

    La Comisión de Verdad a partir del riguroso examen de los distintos casos que fueron objeto de su conocimiento, ha identificado patrones de violaciones a los derechos humanos.

    Como patrón, la Comisión identifica una serie reiterada de comportamientos interrelacionados por parte de agentes del Estado o de particulares que actúan bajo su consentimiento, aval o aquiescencia, en detrimento de tales derechos.

    Se trata de una práctica o pauta conductual con un determinado nivel de sistematicidad encaminado, en el caso de Honduras y en el marco del golpe de estado, a alcanzar propósitos políticos específicos.

    El Patrón de violación a los derechos humanos se asume entonces, como una forma operativa característica y, por ende, diferenciable por notas y señas especiales, que sigue modelos consistentes y bien determinados, lo que en síntesis, termina convirtiéndoles en una especie de modus operandi.

    En ese sentido, la Comisión distingue rasgos característicos de los patrones, entre ellos:

  • El patrón de violación se define por ser instrumental en razón que se estructura en pro de fines concretos;
  • El patrón se vincula con otros patrones por lo que se dice que están interconectados y,
  • El patrón en su conjunto describe un contexto y mecanismos que han dado lugar a las violaciones a los derechos humanos.

    Los patrones violatorios de derechos humanos sobre los cuales esta Comisión ha hecho su análisis son: i) la represión de las manifestaciones públicas, el uso excesivo de la fuerza en la represión por parte de agentes estatales de seguridad y la criminalización de la protesta pública; ii) represión selectiva o dirigida en perjuicio de personas consideradas por el gobierno de facto como desestabilizadoras del régimen; y iii) disfuncionalidad institucional en función de las necesidades del régimen impuesto por el golpe de estado y en perjuicio de la población.

    La Comisión advierte que estos patrones, que no son exhaustivos ni únicos, deben asumirse como un recurso orientador y como una herramienta técnica en función del análisis de la realidad interna de Honduras, enmarcada, sobretodo, en la grave afectación del ordenamiento constitucional acaecida hace tres años.

    Patrón 1: La represión de las manifestaciones públicas, el uso excesivo de la fuerza en la represión por parte de agentes estatales de seguridad y la criminalización de la protesta pública.

    El Derecho Interno y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconocen el derecho de las personas a participar en reuniones pacíficas y sin armas con el fin de difundir e intercambiar ideas. Correlativamente, el Estado tiene la obligación de garantizar el goce y ejercicio de este Derecho Fundamental.

    La Comisión destaca la represión ejercida contra las mujeres manifestantes, dirigida hacia su cuerpo sexuado, hacia su condición de mujeres, hacia su feminidad. Los policías y militares priorizaron, caderas, bustos y glúteos.

    A partir del 28 de junio de 2009, la Comisión ha contabilizado 76 |1| manifestaciones públicas masivas en diferentes partes del país como expresión de la población de rechazo al rompimiento de la institucionalidad democrática y del estado de derecho.

    El gobierno de facto reprimió de forma violenta a los participantes de las manifestaciones, muchas de ellas en momentos de suspensión de garantías constitucionales |2|.

    Según refieren los testimonios recibidos por esta Comisión, las represiones se caracterizaron por el uso desproporcional de la fuerza por parte de agentes estatales de seguridad. Para reprimir a los manifestantes, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional utilizaron gran cantidad de bombas lacrimógenas, balas, tanquetas blindadas, bombardeo con helicóptero, golpes con garrotes |3| o toletes de metal, golpes con cadenas, así como de mangos de hachas y azadones, chorros de agua con químicos, entre otros.

    Las fuerzas de seguridad excedieron las facultades que les otorga el "Manual del Uso de la Fuerza para Instituciones Policiales de la República de Honduras", que en su artículo 5 dispone:

    "Los niveles de fuerza no letal apropiados se aplicarán en el siguiente orden: Persuasión. Reducción física de movimientos. Conducción preventiva. Uso de rociadores irritantes que no ocasionen lesiones permanentes en las personas. Uso de vara o bastón policial. Uso de linternas de mano. Uso de vehículos policiales."

    Peor aún, la represión se hacía en forma sorpresiva acorralando a las y los manifestantes por los cuatro puntos cardinales, utilizando, como se indicó antes, fuerza excesiva que dejó a cientos de personas lesionadas y a varios muertos. Los agentes de seguridad no se limitaron a reprimir las manifestaciones, sino que además perseguían a las y los manifestantes, los bajaban de los autobuses y fue común que muchas personas que no participaban de la manifestación también fueran víctimas de abuso de autoridad.

    La Comisión destaca la represión ejercida contra las mujeres manifestantes, dirigida hacia su cuerpo sexuado, hacia su condición de mujeres, hacia su feminidad. Los policías y militares priorizaron, en la agresión contra ellas, partes de sus cuerpos que las identificaban como mujeres, como caderas, bustos y glúteos.

    Ante la Comisión las mujeres manifestaron haber sido víctimas de manoseo y golpes en senos y vagina, insinuaciones sexuales e insultos con connotaciones sexuales violentas.

    Las organizaciones feministas lograron documentar en los primeros meses del golpe de estado 10 violaciones sexuales ocurridas tras las manifestaciones que fueron reprimidas por la policía y el ejército, ocurridas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Daní y El Progreso. Estas violaciones tienen el común denominador de ser violaciones múltiples, ejecutadas por efectivos de la policía y realizadas después de las manifestaciones o durante los toques de queda.

    El ataque físico contra las mujeres iba acompañado de agresiones verbales como "putas, vayan a su casa", "qué hacen de revoltosas, váyanse a cuidar a sus hijos", "te voy a golpear hasta dejarte lisiada, hija de puta", "lo que quieren es que las violemos para que no vuelvan a andar en estas cosas".

    Las expresiones antes citadas evidencian que el reclamo hacia las mujeres era por estar en las calles descuidando sus "obligaciones familiares", acusación que tiene su base en los estereotipos sociales dominantes definidos por el patriarcado, que dividen el mundo en dos grandes espacios: el privado (la casa, el hogar, la familia) y el público (la calle), donde las mujeres han sido tradicionalmente excluidas por el hecho de ser mujeres.

    Así mismo, la CdV identifica que la crisis política fue un paso importante en el proceso de organización y concientización de los jóvenes, y es justamente el factor que lleva al gobierno de facto a incrementar los niveles represivos contra este sector, dadas las movilizaciones de respuesta organizada y sostenida que presentaron, especialmente el 22 de septiembre cuando barrios y colonias de Tegucigalpa amanecieron sitiadas por pelotones militares.

    La Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, en Tegucigalpa, y el Centro Universitario Regional del Valle de Sula, en San Pedro Sula, así como institutos de segunda enseñanza a nivel nacional, fueron objeto de presencia militar y arremetidas con gases lacrimógenos y chorros de agua con químicos, resultando estudiantes lesionados por golpes con toletes, balas de caucho, y detenciones.

    La CdV, conoció de diez casos de niños que sufrieron agresiones, dos |4| de ellos resultaron lesionados por impactos de proyectiles de arma de fuego, disparados por agentes policiales. Por otra parte, esta Comisión señala el desplazamiento de familias enteras, producto de la represión, lo que tiene efectos directos sobre los niños y niñas y jóvenes hondureños, que han sido desarraigados en el marco de este conflicto político.

    La Comisión también destaca que la represión se aplicó únicamente a los grupos de ciudadanos y ciudadanas que de forma pacífica y sin armas quisieron hacer efectivo su derecho de reunirse y manifestarse contra el golpe de Estado. El "gobierno de Micheletti" no reprimió las manifestaciones públicas que realizaron aquellos sectores partidarios del régimen de facto, por el contrario, estas expresiones contaron con la protección del ejército y de la policía.

    Otra característica del patrón en análisis es que como resultado de la represión cientos de personas fueron detenidas y acusadas penalmente, con el objetivo de desarticular la oposición.

    Las detenciones también fueron indiscriminadas y generalmente, tras la captura seguían amenazas, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, tanto por miembros del ejército como de la policía.

    La organización CPTRT logró documentar varios casos de tortura y señaló en su informe de 2009 que la tortura se había retomado como un método de represión política e intimidatoria hacia la población que se manifestaba contra el golpe de Estado. Las víctimas atendidas por CPTRT se caracterizaban por sufrir trauma físico, psíquico y sexual como consecuencia de las acciones realizadas por elementos de la policía, fuerzas especiales y militares durante las represiones y detenciones.

    En los días subsiguientes al golpe de Estado "desde el 28 de junio al 12 de julio", se realizaron 1029 detenciones. Para el 10 de octubre se reportaron 3033 |5|. Este dato no toma en cuenta las miles de retenciones |6| practicadas por el ejército y la policía del Departamento de El Paraíso, a finales del mes de julio e inicios de agosto de 2009.

    Los hechos descritos permiten a esta Comisión afirmar que al ejército y a la policía se les permitió determinar la suerte de las personas detenidas, quienes podían ser golpeadas, humilladas, amenazadas, abusadas sexualmente o liberadas.

    Cuando las y los manifestantes fueron acusados penalmente, se les atribuyeron delitos vinculados con la seguridad interior del Estado en conexión con otros como participación en manifestaciones ilícitas, daños y robo, a fin de dar relevancia social a los casos. Las reglas prescritas para concursos de delitos, concursos de leyes y otros principios penales para evitar un ne bis in idem, resultaron inaplicables y fuera de toda lógica dentro de la mente inquisitiva de los operadores de justicia afines al régimen |7|. Se abusó de los tipos penales (hasta 6 figuras distintas por un solo hecho); no se discernían grados de participación de los imputados y se emitieron resoluciones que contradicen la lógica, la sana crítica y el sentido común |8|.

    Tal como lo denunció el COFADEH, en el mes de marzo de 2011, "La Criminalización de la protesta social es la nueva forma de violentar el derecho de asociación y libre reunión en Honduras. Ha crecido la protesta social como expresión del descontento ciudadano frente a decisiones gubernamentales y en seguimiento al reclamo de retorno a la democracia o por la implementación de medidas que les perjudican. Para disuadirla el régimen ha asumido una política de represión y criminalización de la protesta social que implica acciones represivas policíacas que no son investigadas y sancionadas, y al mismo tiempo utilizar la ley para sancionar a quienes se enfrentan al Estado, en la lucha por sus derechos...".

    Para la Comisión de Verdad resulta evidente que la represión de las manifestaciones contra el régimen de facto, el uso abusivo de la fuerza durante la represión y la criminalización de la protesta social tuvieron como objetivo disuadir a los manifestantes, y desacreditar las luchas y petitorios de los diversos actores sociales. El creciente descontento popular suscitado al interior de la sociedad hondureña por la interrupción del orden democrático fue contenido a través de una política de fuerza de marcado sesgo autoritario. Esta política se inserta en la visión del control social por vía del terror.

    Para la Comisión, el patrón de represión y las violaciones a los derechos humanos en torno a esta figura obedecen a una política de estado. Los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad, el derecho de reunión, de expresión, el debido proceso y otros muchos fueron conculcados conscientemente durante las represiones y detenciones que les siguieron. El gobierno de facto, y el Estado hondureño, son responsables de estas violaciones.

    La primera muerte como consecuencia de la represión, la del joven Isy Obed Murillo, ocurrida el 5 de julio de 2009, debió ser una advertencia y una voz de alerta para el gobierno de facto, y para el Estado de Honduras, de la necesidad de controlar el uso abusivo de la fuerza por parte de la seguridad estatal.

    La responsabilidad del Estado se agrava ante el hecho de que las instituciones públicas llamadas a denunciar y detener los abusos no cumplieron con su mandato, como lo analizará esta Comisión más adelante.

    Era deber de esas instituciones garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de las y los manifestantes. El Estado en su conjunto debió organizar estructuras a través de las cuales se manifestara el poder público disidente y que las distintas demandas a favor de la restauración de la democracia pudieran ser escuchadas.

    Patrón 2: Represión selectiva o dirigida en perjuicio de personas consideradas por el gobierno de facto como desestabilizadoras del régimen

    A criterio de diversas organizaciones sociales defensoras y promotoras de derechos humanos, a medida que se consolidaba el golpe de Estado la violencia generalizada se acompañó de violencia sectorizada o selectiva. El nuevo esquema de represión se dirigió a identificar y neutralizar a líderes de la oposición y a personas que en la perspectiva del régimen de facto podrían significar un riesgo para su estabilidad. En algunas ocasiones la violencia se extendió a sus familiares o allegados.

    La Comisión, a partir de los testimonios recibidos y de su observancia del contexto político hondureño, coincide con este criterio y agrega que el acceso al poder en enero de 2010, del Presidente Porfirio Lobo Sosa, no supuso la renuncia a la utilización de la represión selectiva y, además, no significó un cambio en las políticas de control social, no obstante el discurso "conciliador" de la actual administración.

    El patrón de represión selectiva o dirigida de acuerdo a los elementos recogidos por esta Comisión, presenta las siguientes características:

    1. Multiplicidad de injerencias indebidas en la vida privada de las personas afectadas por este patrón, por ejemplo, interdicción de llamadas telefónicas y mensajes de texto en correo electrónico.
    2. Vigilancia, seguimientos y amenazas reiteradas.
    3. Secuestro, torturas y ejecuciones arbitrarias.

    Estas características pueden tener diferentes matices o énfasis dependiendo del sector al cual va dirigida la violencia selectiva y a los objetivos particulares perseguidos por el régimen. Por ejemplo, maestras, abogadas y feministas participantes en la resistencia fueron continuamente amenazadas a través de celulares y correos telefónicos. En estos casos las amenazas eran de muerte y principalmente de ataques sexuales. Era una estrategia de los grupos armados afectos al régimen de facto para que las mujeres líderes abandonaran la defensa de derechos humanos y del estado de derecho.

    Este patrón ha pretendido desmovilizar a líderes y lideresas locales, regionales o nacionales del movimiento de resistencia, también acallar a periodistas y disuadir a organizaciones defensoras de derechos humanos.

    La CdV recibió información que en el desarrollo e implementación de esta modalidad, 13 |9| maestros murieron en circunstancias que apuntan a una ejecución por razones políticas. Al menos 10 defensores y defensoras de derechos humanos han sido ejecutados, sus oficinas vigiladas en forma abierta y las figuras más visibles, amenazadas. El sector sindical reporta la muerte de cuatro sindicalistas, 8 atentados contra líderes destacados, sus instalaciones rodeadas por pelotones militares, y sabotajes a sus automóviles. Los periodistas han sufrido diferentes tipos de persecución, que van desde amenazas a muerte, despidos injustificados, secuestros, torturas y la muerte de 25 |10| periodistas en el ejercicio de su profesión.

    Por otra parte, la CdV ha logrado identificar dos momentos importantes en la implementación de este patrón: la fase de identificación y la fase de ejecución de la medida violenta, acompañada de la negación oficial de los hechos.

    En este sentido, la Comisión ha recibido información que las fuerzas de seguridad iniciaron su trabajo anti resistencia recolectando información que identificara las víctimas. El gobierno de facto instaló una oficina denominada sala de crisis para monitorear las manifestaciones públicas y las actividades de la población en resistencia. Se estima que los perfiles selectivos fueron elaborados en esta oficina como parte del Operativo Paz y Democracia comandado por el comisario Danilo Orellana Laínez y el coronel Herberth Bayardo Inestroza Membreño, |11| principal abogado de las Fuerzas Armadas y ex alumno de la Escuela de las Américas. De acuerdo a datos recolectados, la sala de crisis podría estar ubicada en las instalaciones de la Secretaria de Seguridad en Casa Mata y en una oficina en Casa Presidencial.

    Patrón 3: Disfuncionalidad de la institucionalidad en función de las necesidades del régimen impuesto por el golpe de estado y en perjuicio de la población

    En un Estado constitucional y democrático a las diferentes instituciones públicas se les atribuye un catálogo de funciones y atribuciones enderezadas a preservar el imperio de la ley. Tras el golpe de estado, instituciones clave para la democracia y el equilibrio de poderes utilizaron su mandato para favorecer al régimen impuesto en detrimento de la objetividad de su actuación. A este fenómeno la Comisión lo denomina disfuncionalidad institucional y lo analiza en su informe por el impacto negativo en la vigencia de derechos y libertades fundamentales.

    Bajo este patrón, la Comisión se referirá a la actuación de algunas instituciones directamente relacionadas con diferentes formas de represión; hará especial énfasis en las instituciones relacionadas con la administración de justicia porque es justamente este cuerpo el llamado a investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos que caracterizaron el golpe de estado.

    1. Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

    El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), es una institución constitucional y nacional creada por el Decreto No. 2-95 del Congreso Nacional, mediante la reforma del artículo 59 de la Constitución de la República de 1982, para garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución y en Tratados, Pactos, Convenciones y sus Protocolos Facultativos relacionados con derechos humanos ratificados por el Estado hondureño.

    El CONADEH que podría haber cumplido un papel relevante condenando el golpe de estado y denunciando las violaciones a los derechos humanos, adoptó desde el 28 de junio de 2009 una posición de total apoyo al gobierno de Micheletti, desconociendo la ruptura del orden constitucional, justificando las actuaciones del régimen de facto y negando las violaciones a los derechos humanos. Este posicionamiento ha sido público y reiterado y continúa hasta este momento, lo que ha llevado a la desacreditación del Ombudsman tanto a nivel nacional como internacional.

    Más aún, no sólo ha dejado de cumplir las funciones asignadas por la Constitución, sino que se ha prestado a campañas de desprestigio y estigmatización de sectores que se han opuesto al golpe de Estado.

    2. Congreso Nacional

    El Congreso Nacional fue la primera estación de la crisis institucional que desencadenó el golpe de Estado en 2009, en tanto que en su interior fue substanciado un expediente para realizar Juicio Político al presidente Manuel Zelaya Rosales, que fracasó ante la velocidad de los hechos y acontecimientos que forzaron la vía militar directa: el golpe de Estado.

    Pero la estrategia militar fue acompañada desde el Poder Legislativo con el concepto de sucesión presidencial, inexistente en la Constitución Política, basándose en una renuncia falsa del Presidente Zelaya para nombrar un relevo de facto, Micheletti, que utilizó decretos legislativos para expropiar medios de comunicación, imponer Estado de Sitio y derogar la Ley de Participación Ciudadana y el Convenio del Alba.

    El Congreso Nacional completó la comisión del golpe legislativo al utilizar el Acuerdo San José - Guaymuras - para ratificar con mayoría de votos la no restitución del Presidente Manuel Zelaya, darle vía libre a las elecciones generales en medio de la represión de las libertades públicas y sellar con la Ley de Amnistía antes de la toma de posesión de Porfirio Lobo.

    En los dos años posteriores al golpe de Estado, el legislativo aprobó una serie de polémicas leyes que profundizan el modelo neoliberal en forma radical y restringen derechos fundamentales de la población, por ejemplo:

  • Ley de empleo temporal, aprobado en noviembre del año 2010, que de acuerdo a la denuncia formulada por las centrales obreras, por un lado provocó el despido de personas con contrato permanente y por otro, ofrecen un contrato temporal por hora, perdiendo todos los derechos adquiridos conforme al Código del Trabajo y la Constitución de la República.
  • Ley contra el financiamiento del terrorismo, aprobada el 18 de noviembre de 2010, regula en su capítulo XIII el funcionamiento y obligaciones de las asociaciones u organizaciones sin fines de lucro. La ley establece una nueva forma de control del trabajo que desarrollan este tipo de organizaciones, y es que el artículo 58.1 establece la obligación de informar a la Unidad de Información Financiera |12| todas aquellas donaciones que sean iguales o superiores a los dos mil dólares. El artículo 61 establece las sanciones por incumplir con las obligaciones comprendidas en la ley, entre las que se prevé una multa de hasta 2000 salarios mínimos |13|, la prohibición de realizar la actividad hasta por 5 años o inclusive la disolución de la asociación u organización.

    Al ejército y a la policía se les permitió determinar la suerte de las personas detenidas, quienes podían ser golpeadas, humilladas, amenazadas, abusadas sexualmente o liberadas.

  • Ley fundamental de educación. La nueva ley afecta el sistema de jubilaciones del sector magisterial que les involuciona derechos ganados en esta materia, establece que serán jubilados con los últimos 120 meses y con el 60 por ciento de salario. La Ley anterior instituía que los docentes se jubilan con el 90 por ciento del salario de los últimos 36 meses.
  • Ley de Regiones Especiales de Desarrollo (Ciudades Modelo), mediante Decreto Legislativo Nº 283-2010 aprobado el 19 de enero de 2011, se reformó la Constitución de la República, afectando disposiciones irreformables como los relativos al territorio nacional y a la forma de gobierno, a la luz el artículo 374 de la Constitución. La Ley de Regiones para el Desarrollo (RED), conocida también como Ciudades Modelo, permite rematar secciones del territorio nacional para la instalación de ciudades independientes, que contarán con su propio sistema jurídico y de seguridad. El Poder Ejecutivo ha indicado que la primera ciudad modelo será entre la bahía de Trujillo y el río Sico, lo que implica incluirá más de la mitad de las comunidades garífunas existentes en Honduras, comunidades cuya continuidad corre peligro de concretarse esta iniciativa.
  • Ley de intervención de comunicaciones privadas. La nueva legislación ordena que se podrán intervenir comunicaciones no solamente a personas imputadas sino que crea una figura adicional denominada "personas investigadas", lo cual implica que cualquier persona podría caer en dicha categoría sin que sea necesaria la existencia de un indicio razonable sobre la comisión de un delito. Esto es especialmente grave en el contexto hondureño en donde los defensores y defensoras de derechos humanos podrían ser considerados personas investigadas y de esta manera se podría justificar la intervención de las comunicaciones. La ley establece que el juez deberá resolver en forma inmediata la solicitud de intervención de las comunicaciones, y da un plazo máximo de 4 horas para rendir la resolución de admisibilidad.
  • Reformas que autorizan a las Fuerzas Armadas a cumplir tareas de seguridad interna. El artículo 1 del decreto No. 223-2011 |14|, establece que, cuando el Presidente de la República declare un estado de emergencia en seguridad pública, los militares podrán ejercer funciones policiales con carácter temporal. La emergencia puede estar fundada en situaciones que afecten a las personas y los bienes, en la lucha contra el narcotráfico, en el combate al terrorismo, tráfico de armas y el crimen organizado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado, en su informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna, por lo general, se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos, por ello ha aconsejado evitar esta práctica.
  • Otro tema de preocupación para la CdV, es la aprobación en el Congreso Nacional, de una reforma constitucional, mediante el Decreto 106-2011, con fecha 24 de junio de 2011, que permite aumentar el máximo tiempo permitido de detención, pasando de 24 a 48 horas. Esta decisión fue ratificada en la legislatura de 2012.

    3. Medios de Comunicación

    Si bien los medios de comunicación no son una institución pública, cumplen una función pública relevante y en el marco del golpe de estado en Honduras jugaron un rol fundamental, tanto para apoyar la ruptura constitucional como para brindar información alternativa a la oficial desde la perspectiva de la oposición.

    En una sociedad democrática a los medios de comunicación de masas les compete el delicado papel de informar y de formar opinión. En ese orden de ideas, un rol ético del sistema de comunicación en situaciones de crisis, supone, sin duda alguna, la difusión amplia y detallada de información sobre los hechos y orientación objetiva sobre el conflicto, para que la población tome las previsiones que correspondan. Pero la mayoría de los medios de comunicación históricos -los privados corporativos-, exhibían antes de la crisis un evidente sesgo de sus agendas, lo que comprometió sus líneas editoriales y contribuyó a la generación de la crisis.

    En el momento del golpe de Estado de junio de 2009, aquellos medios comunicativos que sabían de la ruptura del ordenamiento constitucional y democrático, no solamente guardaron silencio cómplice, sino que impusieron una agenda irreal para el contexto: fantasías animadas, fútbol de años pretéritos, música y telenovelas, con el afán distraer a la población, bajar el perfil del golpe de Estado e ignorar la situación política convulsa que éste generó.

    Luego, sobrevino en ellos una narrativa única de respaldo ideológico y político total al golpe de Estado animando la moral de las fuerzas de represión y descalificando la resistencia al golpe, en la mayoría de las veces criminalizando sus protestas e invisibilizando sus argumentos y demandas.

    A guisa de ejemplo, y sin afán exhaustivo, se constató la radicalización de la parcialidad comunicativa de Televicentro, Audio Video, La Prensa, El Heraldo, La Tribuna y Emisoras Unidas. En conjunto, generaron un "corral mediático" que a la vez, produjo la radicalización de la demanda informativa en los medios alternos existentes y surgidos como consecuencia.

    La polarización social provocada por el golpe de estado también se evidenció en el alineamiento de los medios a un extremo o a otro. Para los opuestos al golpe significó el cierre de sus instalaciones, ataques físicos y amenazas a periodistas, y el robo de equipos informáticos. Para esta Comisión, es evidente que hubo una prensa que estimuló y animó el golpe de Estado, que inclusive avanzó a la apología de la violencia, por demás grave y lamentable, y hubo otra que sin mayores rigores técnicos defendió el derecho humano de la población a informarse y a expresarse libremente recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, y en otras sustantivas normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

    Para esta Comisión, es evidente que hubo una prensa que estimuló y animó el golpe de Estado, que inclusive avanzó a la apología de la violencia, por demás grave y lamentable, y hubo otra que sin mayores rigores técnicos defendió el derecho humano de la población a informarse y a expresarse libremente...

    4. Tribunal Superior de Cuentas

    El Tribunal Superior de Cuentas es el ente rector del sistema de control que vela por el uso eficaz y eficiente de los bienes y recursos del Estado, en procura de una administración transparente y libre de corrupción, que realiza auditorías a diferentes instituciones estatales.

    No obstante, Honduras es un país con alta percepción de corrupción pública y este tribunal no goza de la confianza general por la politización partidaria que domina el proceso de nombramiento de sus magistrados. Y, en consecuencia, en situaciones de crisis, su mandato no ha estado a la misma altura de las demandas colectivas.

    En la estrategia del golpe de Estado, el TSC actuó en la lógica del "pensamiento oficial único" enfocando principalmente sus acciones a los funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya; mientras que redujo a la mínima expresión sus acciones hacia servidores implicados afines al golpe.

    Así por ejemplo, el TSC impuso multas de hasta 3,000.00 lempiras a directores de escuelas y colegios que respaldaron la resistencia al golpe de Estado. Además, esta Comisión ha tenido información de que una sustancial parte de los documentos que conformaban el expediente para el presunto Juicio Político contra el Presidente Manuel Zelaya Rosales procedía del TSC y posteriores acciones, durante el régimen de facto, apuntaban a hurgar en los anales, evidencias contra las víctimas del golpe.

    5. Secretaría de Educación

    El magisterio es uno de los gremios del sector público con más larga tradición de lucha y capacidad organizativa nacional y participó activamente en las protestas contra el golpe de estado.

    El régimen de facto dirigió a través de la Secretaría de Educación varias acciones hostiles hacia este gremio tratando de sumarlo forzosamente a la estrategia de "normalización del funcionamiento" del Estado después de la ruptura constitucional.

    La primera fue convertir a los directores departamentales y distritales en "policías del régimen", anotando a docentes y personal de escuelas y colegios públicos que asistían a las manifestaciones contra el golpe y a quienes no asistían a clases en protesta contra el gobierno.

    También promovió a través de la Fiscalía Especial de la Niñez la apertura de expedientes contra maestros y maestras por el supuesto delito de restricción de derechos, además de impulsar la expulsión de alumnos por participar en actividades de resistencia e inclusive, negó el derecho a matrícula en 2010.

    El Ministerio de Educación suspendió el sistema de retención directa de las cuotas obligatorias de los y las afiliadas a los colegios magisteriales, que luego el Estado devolvía a las organizaciones, causando una vulneración económica al accionar gremial.

    Asimismo, emitió un Decreto de Suspensión de Docentes que no asista a las aulas de clases, para languidecer las manifestaciones del Frente Nacional de Resistencia, obligándoles a dejar la protesta social.

    Indexó en ese período el aumento salarial anual del magisterio al salario mínimo, rompiendo una de las cláusulas del Estatuto del Docente, que establece mecanismos independientes de adecuación salarial.

    Presentó dos proyectos de leyes al Congreso Nacional para comprometer la laicidad y gratuidad de la educación pública: la Ley Fundamental de Educación, que empodera a iglesias cristianas en la definición de contenidos programáticos y supervisión de la carrera docente, y que otorga facultades administrativas a las corporaciones municipales; y la Ley del INPREMA, que amplió los requisitos para aplicar a la jubilación, aumentó los años de servicio, la edad mínima para solicitarla, la tasa de cotización, y modificó la fórmula para calcular el salario, afectando la progresividad de los derechos económicos.

    "...el régimen ha asumido una política de represión y criminalización de la protesta social que implica acciones represivas policíacas que no son investigadas y sancionadas.

    Fue denunciado a esta Comisión que el régimen usó diversos recursos para vulnerar el sistema de previsión del magisterio, poseedor de una considerable masa de recursos provenientes de las pensiones y jubilaciones de sus afiliados y afiliadas, al grado de imponer dirección y gerencia privadas al frente de la institución.

    6. Instituto Nacional de la Mujer

    Mecanismo institucional previsto para la promoción y defensa de los derechos humanos, libertades esenciales e intereses específicos de la mujer. Su creación en 1999 fue un logro de las organizaciones feministas y de mujeres, ya que la institución representaría y defendería sus derechos.

    Con el golpe fue sustituida la Secretaria de Estado en el Despacho del Instituto Nacional de la Mujer |15| por María Marta Díaz Velásquez, aliada del gobierno de facto. Este hecho provocó que las Feministas en Resistencia, en coordinación con el personal del INAM que estaba contra el golpe, hicieran una toma pacífica de las instalaciones del INAM el 14 de julio. La Comisión fue informada que al día siguiente, las autoridades de facto ordenaron militarizar el acceso al edificio, lo cual no impidió que las feministas siguieran con su acción de resistencia. Sin embargo, generó una ruptura entre la institución y el movimiento de mujeres.

    Esta ruptura constituyó un retroceso en la implementación de la Política Nacional de la Mujer, que es la política pública que contiene los principios y estrategias que promueven la equidad de género.

    Muchos de los proyectos en ejecución en pro de las mujeres han sido suspendidos. Según el movimiento feminista hondureño, el INAM dejó de ser un ente rector y supervisor de políticas públicas que beneficien y protejan a las mujeres para convertirse en una institución que sirve a los intereses del gobierno de facto.

    Por otra parte, la influencia de sectores religiosos fundamentalistas en las decisiones políticas durante el proceso del golpe y su continuidad afectó de modo directo la Política Nacional de la Mujer, implementada por el Instituto Nacional de la Mujer, INAM. El hecho más evidente de esta situación fue la prohibición, un día después del golpe, del uso y distribución de las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia o PAE, mediante Acuerdo Ejecutivo 36-2009 de la Secretaría de Salud de fecha 29 de junio de 2009.

    Para el movimiento de mujeres y para la CdV, la medida revierte los cambios sociales y legales logrados a favor de los derechos conquistados por las mujeres. Antes del golpe, el gobierno de Manuel Zelaya había vetado otra propuesta de Ley presentada el 1 de abril ante el Congreso Nacional presidido en aquel entonces por Roberto Michelleti, para prohibir las PAE. El uso y distribución de las PAE fue aprobado en Honduras desde 1992, y constituye una de las conquistas más importantes del movimiento feminista hondureño.

    7. Disfuncionalidad del sistema de justicia

    Durante el gobierno de facto y posteriormente, sobresalió la inoperatividad de los mecanismos jurisdiccionales domésticos y su actuación u omisión para la generación de una situación de impunidad, especialmente de los responsables intelectuales y materiales del golpe de Estado y de graves violaciones a derechos y libertades fundamentales.

    La justicia, ese derecho, valor y principio fundamental en el caso de Honduras se encuentra muy lejana de las legítimas demandas de las víctimas directas del golpe de Estado de 2009 y de sus familiares. No es exagerado sostener de ningún modo, que muchos de los operadores del sistema de justicia |16|, al margen de su nivel jerárquico y de su ámbito de competencia, fueron verdaderos cómplices del régimen autoritario. Asimismo, metafóricamente, se puede afirmar, con toda propiedad, que el aparato de justicia, como tal, se plegó y se postró ante el régimen de facto. La justicia se hizo una extensión del Ejecutivo y con ello negó dos de los principales principios que deben de regir los órganos jurisdiccionales en una sociedad democrática: independencia e imparcialidad.

    De esta manera, los recursos de inconstitucionalidad planteados ante la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte de Justicia contra las actuaciones que destituyeron al Presidente Zelaya fueron declarados inadmisibles.

    Las autoridades jurisdiccionales que conocieron de los recursos de exhibición personal y procesos de amparo también actuaron ineficazmente. Las acciones de exhibición personal fueron objeto de dilaciones y de falta de diligencia en su tramitación, a pesar de lo establecido en el artículo 25 de la Ley sobre Justicia Constitucional que dicta: "La substanciación de la acción de hábeas corpus se hará sin pérdida de tiempo, por lo que el respectivo órgano jurisdiccional pospondrá cualquier asunto de distinta naturaleza de que estuviere conociendo. Adoptará sin tardanza, asimismo, las medidas necesarias para la averiguación del caso y para proteger la libertad o la seguridad del detenido o preso. En caso contrario, se le juzgará como coautor de la detención, vejación o agravio".

    Además, muy pocos Habeas Corpus fueron remitidos al Ministerio Público para la correspondiente investigación.

    En materia de Amparo casi la totalidad de los procesos tramitados no fueron otorgados y un escaso número se halla pendiente.

    El Ministerio Público, responsable de ejercer la acción penal de delitos de orden público tampoco cumplió con su deber. La Fiscalía de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio Público, no logró responder ante las transgresiones a los derechos humanos, y no cumplió con su mandato constitucional, que de acuerdo con el articulo1 de su ley: Es libre de toda injerencia política sectaria, independiente y funcionalmente de los poderes y entidades del Estado. Es una mínima cantidad de denuncias la que ha sido elevada a la vía judicial, principalmente por la presión internacional. Los agentes fiscales han justificado su ineficiencia en la falta de colaboración de las víctimas directas y de sus familiares, con lo cual las colocan como las responsables de la falta de investigación, criterio que además de irrespetuoso es totalmente revictimizante e inaceptable, toda vez que el deber de investigar corresponde al Estado.

    Otra justificación común de su parte es que la Fiscalía de Derechos Humanos no ha contado con la cooperación de la Dirección de Investigación Criminal. La investigación criminal, según el ordenamiento legal hondureño, debe ser hecha bajo la supervisión de los fiscales del Ministerio Público. Sin embargo, hasta la fecha no hay ninguna denuncia o sanción administrativa, ni proceso judicial, contra agentes de investigación por retardo y obstrucción de las investigaciones, con lo cual queda de manifiesto que si no hay colusión existe por lo menos aquiescencia del Ministerio Público en relación a la ausencia de investigaciones.

    La Dirección de Investigación Criminal, dependiente de la Secretaría de Seguridad, se ha caracterizado por una incapacidad absoluta de llevar adelante las investigaciones que por ley le competen, máxime cuando son a los agentes policiales a quienes se les atribuye gran parte de las violaciones a los derechos humanos.

    La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, han sido señaladas como responsables de asesinatos a miembros de la oposición en el marco de movilizaciones populares como los casos de Isy Obed Murillo, Pedro Magdiel, Roger Vallejo e Ilse Ivania Velásquez, entre otros. También de violaciones sexuales, hostigamientos y ejecución a personas de grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres, jóvenes y miembros de la comunidad LGTBI; de tratos crueles, inhumanos y degradantes y torturas en contra de miembros de la oposición al golpe de Estado; de detenciones masivas y arbitrarias en contra de participantes en protestas pacíficas.

    El 28 de junio de 2009 --día en que se efectuó el golpe de Estado-- el gobierno de facto impuso un toque de queda en todo el territorio de la República de Honduras, por un plazo de 48 horas. La medida significó una fuerte presencia de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en las calles. La noche del 29 de junio fueron asesinadas Valeria Joya |17| y Vicky Hernández Castillo |18|, en las ciudades de Comayagüela y San Pedro Sula respectivamente. Ambas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mientras estaba en vigencia el toque de queda. Ellas desempeñaban sus labores como trabajadoras sexuales. Las autoridades de medicina forense se negaron a realizar las autopsias en ambos casos. Hasta la fecha en la que la Comisión finalizó su etapa de análisis de las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos de Valeria Joya y Vicky Hernández permanecían en investigación preliminar en la Fiscalía de Delitos Comunes.

    Asimismo, han sido autores o partícipes en procesos de producción ilegal de pruebas como es el caso del allanamiento por efectivos policiales y militares a la Universidad Pedagógica Nacional, en donde supuestamente se incautaron bombas molotov y candelas de dinamita, el 12 de agosto de 2009; lo cual fue posteriormente declarado nulo por el Juez competente.

    La policía preventiva, las fuerzas armadas y otras fuerzas como la policía municipal también exhiben un notorio empoderamiento que profundiza el irrespeto a los derechos humanos y faltas a los deberes de los funcionarios.

    Respecto del rol de las y los juzgadores, en los pocos requerimientos fiscales presentados por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, aquéllos incurrieron en faltas a efecto de eximir de responsabilidad a los imputados. Se pueden citar algunos casos:

  • Sobreseimiento definitivo en el caso del cierre de Radio Progreso,
  • Sobreseimiento definitivo en el caso de Elder Madrid Guerra por los hechos del 12 de agosto de 2009,
  • Sobreseimiento en el caso del cierre de Canal 36,
  • Sobreseimiento definitivo para la Junta de Comandantes,
  • Sobreseimiento a cuatro policías responsables de torturas contra Manuel Murillo.

    Contrariamente, la administración de justicia levantó procesos contra quienes se manifestaban en contra del golpe de Estado, llegando incluso a la fabricación de expedientes investigativos infundados. Muchas de las personas detenidas luego de las manifestaciones públicas fueron acusadas de sedición, rebelión, robo y marchas ilícitas, sin que se presentaran más pruebas que las declaraciones de quienes les detuvieron, golpearon y torturaron.

    Se trató realmente de juicios políticos que persiguieron someter, a quienes se organizan y protestan, a largos e infundados procesos judiciales. Es lo que antes, en el Patrón 1 esta Comisión denominó criminalización de la protesta social.

    Tal es así, que en este contexto, los requerimientos fiscales presentados por el Ministerio público en consenso con el poder judicial, en su mayoría imponían como medidas sustitutivas la prohibición de "concurrir a manifestaciones que estén a favor del señor Manuel Zelaya Rosales" o la prohibición de "asistir a manifestaciones políticas y lugares en donde se encuentren miembros del grupo denominado resistencia".

    La criminalización de la protesta iba acompañada de prácticas violatorias de derechos como detenciones arbitrarias, medidas sustitutivas del régimen carcelario, formas de retención arbitraria, el arraigo, violaciones al debido proceso, equiparación de los luchadores sociales con delincuentes y resoluciones judiciales arbitrarias |19|.

    Esta actitud de negación a juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y de castigar a las y los opositores al régimen se explica por el posicionamiento político a favor del golpe de Estado hecho público por la Corte Suprema de Justicia a través de cinco comunicados de fechas 28 de junio, 30 de junio, 20 de julio, 31 de julio y 21 de agosto, todos del 2009.

    La parcialidad judicial también quedó evidenciada con el despido de tres jueces y una magistrada por sus posiciones en contra del golpe de Estado. Estos extremos están recogidos en el Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones a los derechos Humanos en Honduras desde el Golpe de Estado de 28 de junio de 2009.

    Más aún, esta Comisión no puede dejar de mencionar la complicidad de la Corte Suprema de Justicia con el golpe de estado al definirlo como una "sucesión constitucional" y declarar su legalidad. Tal evento confirma, indudablemente su parcialidad y su falta de compromiso con el Estado de Derecho.

    En conclusión, los agentes estatales responsables de la investigación, la acusación y el juzgamiento han dejado de cumplir con sus funciones en complicidad con el régimen de facto. Para esta Comisión resulta claro que la Dirección de Investigación Criminal, el Ministerio Público, que comprende la Fiscalía de Derechos Humanos, y el Poder Judicial, que conforman la estructura de la administración de justicia en sentido amplio, negaron el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de sus familiares a conocer la verdad de lo acontecido en el marco del golpe de estado.

    Honduras se encuentra muy lejos de la posibilidad de encontrar justicia ante una institucionalidad al servicio de los grupos de poder que dieron el golpe de Estado. En consecuencia, el Estado de Honduras tampoco está garantizando mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener una reparación integral en resarcimiento de los daños sufridos.

    La connotación política con que han actuado los entes operadores de justicia en el marco del rompimiento del orden constitucional -cuya característica es la violación de la legalidad-, ha sido determinante en la involución que el sistema de justicia hondureño ha experimentado. Se ha transitado de una política criminal de corte democrático a una política de seguridad del estado; de un sistema garantista a un sistema inquisitivo; de un sistema de legalidad a uno de arbitrariedad; todo ello congruente con los postulados de regímenes totalitarios para quienes el Estado se erige como un fin en sí mismo, desplazando el sitio preferencial que hasta hace poco tenía la persona humana |20|.

    Este esquema, contrario a lo que supondría cualquier sistema democrático ha dado como resultado que los derechos y libertades de los ciudadanos/as estén seriamente amenazados no sólo por los delitos, sino también por las constantes persecuciones, sanciones y arbitrariedades del régimen de facto, con el auxilio de los operadores de justicia |21|.

    La asunción el pasado 27 de enero de 2010 de un nuevo gobierno no significó que hayan cambiado las políticas de la administración de justicia en materia de control social y la represión dirigida contra la oposición política |22|. La violencia institucional y particularmente la perversión de la justicia continúan siendo los mecanismos elegidos por el Estado para construir un orden social que entre otras características se distingue por ser cada vez más polarizado |23|

    El ius puniendi, que en un Estado democrático y de Derecho constituye la última ratio a ser esgrimida en contra de su fin supremo -la persona humana-, se ha convertido desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009, en una herramienta manejable por los intereses políticos actuales afectando directamente la democracia y el estado de Derecho.

    La responsabilidad internacional del Estado de Honduras

    El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Honduras el 25 de agosto de 1997, establece lo siguiente:

      1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

      2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

      3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

        a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

        b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

        c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

    De conformidad con el anterior artículo, los Estados partes tienen una serie de obligaciones en materia de derechos humanos para con las personas bajo su jurisdicción.

    En similar sentido, el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH o Convención Americana), instrumento ratificado por Honduras en septiembre de 1977 señala que los Estados Partes se comprometen a:

      … respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

    Dicho artículo prevé las denominadas obligaciones generales de los Estados. Respecto de ellas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que:

      […] la responsabilidad internacional de los Estados, en el marco de la Convención Americana, surge en el momento de la violación de las obligaciones generales, de carácter erga omnes, de respetar y hacer respetar -garantizar- las normas de protección y de asegurar la efectividad de los derechos allí consagrados en toda circunstancia y respecto de toda persona […] |24|.

    Es el criterio de la CdV que los hechos que han sido narrados supra comprometen la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por cuanto constituyen violaciones de diversos derechos humanos tal y como se desarrolla a continuación:

    a. Violación del derecho a la vida

    El artículo 4.1 de la Convención Americana establece:

      Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

    La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, de manera reiterada, que el derecho a la vida es fundamental, ya que de su salvaguarda depende la realización de los demás derechos |25|. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón de dicho carácter, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo |26|.

    La Corte Interamericana también ha establecido que la observancia del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva) |27|, conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción |28|.

    Según la Corte, lo decisivo es dilucidar "si una determinada violación […] ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la transgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente" […]. Dicha obligación requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción (obligación positiva), conforme al deber de garantizar su pleno y libre ejercicio […] |29|

    Al analizar los hechos ocurridos en varias de las manifestaciones públicas que fueron realizadas en oposición al golpe de Estado, la Cdv concluye que se ha configurado la violación del derecho a la vida por distintas razones.

    En primer lugar, se observa una responsabilidad directa del Estado de Honduras al menos en relación con una de las muertes, nos referimos al asesinato de Isy Obed Murillo, ocurrido el 5 de julio de 2009.

    Como se mencionó supra, este joven se encontraba participando en la manifestación llevada a cabo en Tegucigalpa. En este lugar recibió un disparo en la cabeza que le ocasionó la muerte, según las investigaciones hasta ahora realizadas por la FEDH se encontraron 167 casquillos de bala en el lugar de los hechos, y todos los testigos entrevistados coinciden en señalar que fueron elementos militares quienes dispararon en contra de la multitud que se manifestaba en forma pacífica. Para la CdV no cabe duda que el asesinato fue producto del accionar del personal militar y por ende el Estado de Honduras incumplió con su obligación de respetar el derecho a la vida.

    La responsabilidad del Estado en virtud de la violación del derecho a la vida también se deriva del uso excesivo de la fuerza que caracterizó la conducta de los agentes estatales en todas las manifestaciones realizadas en contra del golpe de Estado y en específico, en la manifestación en la que participó el joven Obed Murillo.

    De hecho en su informe sobre Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado, la Comisión Interamericana concluyó que el asesinato de Isy, así como el de otras 6 personas |30|, había sido consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del ejército y de la policía |31|.

    El Estado de Honduras debió abstenerse de emplear la fuerza excesiva para reprimir a quienes se opusieron en contra del rompimiento del orden constitucional, lejos de hacerlo, los agentes estatales más bien abusaron de su posición de poder, y en un abierto desprecio por la vida se aprovecharon de la vulnerabilidad de los manifestantes, procediendo a herir de muerte a uno de ellos.

    Sobre este tema, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley señalan en su numeral 9 lo siguiente:

    Principio 9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida |32|

    Este principio se refiere, indirectamente a los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad que deben ser considerados a la hora de usar la fuerza en este tipo de eventos. Al respecto, la CIDH ha señalado el uso legítimo de la fuerza pública implica, entre otros factores, que ésta debe ser tanto necesaria como proporcionada con respecto a la situación, es decir, que debe ser ejercida con moderación y con proporción al objetivo legítimo que se persiga, así como tratando de reducir al mínimo las lesiones personales y las pérdidas de vidas humanas(...). El grado de fuerza ejercido por los funcionarios del Estado para que se considere adecuado con los parámetros internacionales, no debe ser más que el "absolutamente necesario" (...). El Estado no debe utilizar la fuerza en forma desproporcionada ni desmedida contra individuos que encontrándose bajo su control, no representan una amenaza, en tal caso, el uso de la fuerza resulta desproporcionado |33|

    Desafortunadamente, las autoridades hondureñas desatendieron los estándares internacionales sobre la materia e incumplieron con sus obligaciones de respeto y garantía del derecho a la vida, no solamente respecto del asesinato del joven Isy Obed Murillo, sino también respecto de las muertes de Pedro Magdiel, Pedro Pablo Hernández, Roger Abraham Vallejo Soriano, Francisco Alvarado, Elvis Jacobo Euceda Perdomo, Jairo Sánchez, Wendy Elizabeth Ávila, e Ilse Ivania Velásquez Rodríguez. Todas estas personas tienen como común denominador el haber participado en manifestaciones pacíficas en contra del golpe de Estado, y todas ellas fallecieron en este contexto producto del uso excesivo de la fuerza en su contra por parte de agentes estatales, los testimonios recibidos por la Cdv así como la prueba que se tuvo acceso a partir de la revisión de los expedientes judiciales nos permite arribar a esta conclusión.

    Finalmente, la violación del derecho a la vida en perjuicio de las personas antes mencionadas también se configura en virtud del incumplimiento del deber de investigar y sancionar efectivamente a sus responsables.

    De esta manera, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención |34|. La Corte ha señalado que:

    La obligación general de garantizar los derechos humanos consagrados en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, contiene la obligación de investigar los casos de violaciones del derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado […] |35|.

    Incluso, como bien ha manifestado la Corte, en casos de vulneraciones graves a derechos fundamentales, como lo es el derecho a la vida, la necesidad imperiosa de evitar la repetición de las mismas sólo se verá satisfecha si se evita su impunidad y se cumple el derecho de las víctimas y la sociedad en su conjunto de acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido. Por ende, la obligación de investigar constituye un medio para garantizar tales derechos, y su incumplimiento acarrea la responsabilidad internacional del Estado |36|.

    También se ha señalado que "es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida y castiguen a todos sus responsables" |37|. Ello implica que deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva.

    Hasta la fecha ya han transcurrido más de 3 años desde que sucedieron la mayoría de los asesinatos descritos (a excepción de la muerte de Ilse Ivania Velásquez Rodríguez ocurrida en marzo de 2011), no obstante no existe una sola persona juzgada y sancionada efectivamente por alguno de dichos crímenes.

    En suma, todas estas muertes permanecen en la impunidad y resulta evidente, de la lectura de los expedientes a los que la CdV tuvo acceso que el Ministerio Público no ha cumplido con su deber de debida diligencia y en tal sentido no ha desplegado las acciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a los responsables. Por lo anterior, el Estado de Honduras también es responsable de violentar el derecho a la vida de las personas fallecidas.

    b. Violación del derecho a la integridad personal

    Numerosos tratados internacionales de índole universal consagran el derecho a la integridad personal y la prohibición absoluta de la práctica de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. A saber, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 7); la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (artículo 2); Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 37), y la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (artículo 10).

    Disposiciones similares también están previstas en instrumentos de carácter regional como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (artículo 2); Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos (artículo 5); Carta Africana de los Derechos y Bienestar del Niño (artículo 16), la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer (artículo 4) y Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 3).

    De importancia para el caso hondureño, el artículo 5 de la Convención Americana dispone, en su parte pertinente, que:

      1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

      2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

    De esta manera, es claro que la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La prohibición absoluta de la tortura, tanto física como psicológica, pertenece hoy día al dominio del jus cogens internacional. Según ha señalado la Corte Interaemreicana "Dicha prohibición subsiste aun en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interno, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas |38|.

    Adicionalmente, dicho Alto Tribunal ha definido que existen tres elementos constitutivos de tortura, a saber, debe ser un acto intencional; causar severos sufrimientos físicos o mentales, y que se cometa con determinado fin o propósito |39|.

    Al analizar varios de los casos que ilustran los patrones a la luz de los estándares internacionales, la CdV concluye que algunos de estos hechos constituyen actos de tortura y actos crueles, inhumanos y degradantes que generan responsabilidad internacional al Estado de Honduras.

    En este sentido, cabe destacar los hechos perpetrados por las autoridades de facto en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa a partir del 21 de septiembre de 2009. Según numerosos testimonios recibidos por la CdV, las fuerzas de seguridad hondureñas desplegaron diversas acciones con el fin de obligarles a salir de dicho lugar, entre estas por ejemplo se colocaron reflectores con luces intensas hacia el interior de la embajada, se instaló un dispositivo electromagnético que causaba molestias en el oído y que desorientaba a las personas por largo tiempo, se les lanzó gases lacrimógenos en al menos una ocasión, se les impidió el libre ingreso de alimentación, durante las madrugadas se ponía el Himno Nacional de Honduras por altavoces, a un volumen insoportable y por largos lapsos, además era constante y numerosa la presencia militar quienes constantemente marchaban y cargaban sus armas en forma amenazante. Estas acciones vistas en su conjunto constituyen claros actos de tortura en perjuicio de las personas que se mantuvieron en la Embajada de Brasil.

    En efecto, la mayoría de los actos descritos se llevaron a cabo durante extensos periodos de tiempo en forma premeditada e intencional, tenían como objetivo lograr la entrega del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales y la salida de sus partidarios, a la vez, se buscaba doblar su voluntad y disminuir las capacidades organizativas de quienes lideraban la oposición del golpe de Estado, por último, estos actos causaron un severo sufrimiento psicológico y en ocasiones hasta físico a las personas retenidas en la embajada, de hecho, muchos de ellos se vieron obligados a solicitar autorización para abandonar la embajada en virtud del efecto que estaba teniendo en su salud física y mental.

    La responsabilidad del Estado de Honduras respecto de la violación del derecho a la integridad personal también se configura en virtud del uso excesivo de la fuerza en todas las manifestaciones públicas que se realizaron en contra del golpe de Estado.

    Como ha sido señalado en líneas precedentes, miles de manifestantes fueron víctimas de golpes y agresiones producto del uso indiscriminado de toletes, sufrieron asfixias a raíz de la inhalación de gases lacrimógenos, fueron agredidos brutalmente e inclusive se constató la existencia de varias personas heridas de bala. Estos actos perpetrados por parte de agentes de la policía y por miembros del ejército tenían como objetivo sancionar la participación de las personas en este tipo de manifestaciones e intimidar a los opositores para que no continuaran criticando el gobierno de facto. Pese a los llamados internacionales para que cesaran este tipo de prácticas |40| ello no ocurrió y en consecuencia miles de personas vieron afectado su derecho a la integridad personal.

    Este derecho también fue violentado respecto de las personas que fueron víctimas de detenciones arbitrarias y que estando bajo la custodia de agentes del Estado sufrieron golpes y otros tipos de agresiones verbales y físicas.

    Mención especial merece la violencia sexual que sufrieron algunas mujeres en virtud de su participación en manifestaciones públicas. La CdV ilustró esta situación con el caso de I.M.V, una joven que fue violada por cuatro agentes de policía en agosto de 2009.

    Sobre este tema, la Convención de Belém do Pará, señala que la violencia contra la mujer no sólo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es "una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres", lo cual "trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases" |41|.

    Por su parte, la Corte Interamericana ha considerado que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno |42|. Para la Corte, la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas consecuencias, incluso, trascienden a la persona de la víctima |43|.

    En su oportunidad, la Corte Interamericana consideró que la violencia sexual constituye un acto de tortura aun cuando consista en un solo hecho u ocurra fuera de instalaciones estatales |44|. Según se ha señalado esto es así "ya que los elementos objetivos y subjetivos que califican un hecho como tortura no se refieren ni a la acumulación de hechos ni al lugar donde el acto se realiza, sino a la intencionalidad, a la severidad del sufrimiento y a la finalidad del acto" |45|.

    De esta manera, los hechos ocurridos a la joven I.M.V en el contexto de su participación en una manifestación pública claramente constituyen un acto de tortura. De acuerdo con su testimonio, al momento de violarla los agentes de policía le hicieron saber que ella misma se lo había buscado "por andarse metiendo en lo que no te importa", esto demuestra que el fin de dichas personas era castigarla por su involucramiento en la manifestación, es decir, por el simple hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión. Por otra parte, es evidente el grave sufrimiento que este tipo de actos conllevan, lo cual, en el caso de la joven I.M.V además del sufrimiento físico inclusive implicó abandonar su país por temor a sufrir represalias.

    Para la CdV, este tipo de prácticas, por cuanto violentan la esfera más íntima de la mujer y adicionalmente reflejan la discriminación de que han sido objeto históricamente, merecen su más absoluto repudio.

    Lamentablemente, ni este hecho de violencia sexual ni los otros actos de tortura, o los miles de tratos crueles, inhumanos y degradantes han sido objeto de una investigación diligente.

    A este respecto, la Corte Interamericana ha señalado que a la luz de la obligación general de garantizar a toda persona bajo su jurisdicción los derechos humanos consagrados en la Convención, establecida en el artículo 1.1 de la misma, en conjunto con el derecho a la integridad personal conforme al artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de dicho tratado, existe la obligación estatal de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura |46|.

    En la mayoría de los casos descritos, las autoridades han tenido conocimiento de los hechos, más sin embargo, las acciones de investigación han sido deficientes sino nulas. Esto es lamentable ya que sólo a través de la investigación efectiva se puede prevenir la repetición de este tipo de hechos, se puede satisfacer las expectativas de las víctimas y de la sociedad en su conjunto. En conclusión, la falta de debida diligencia para investigar los hechos descritos también le genera una responsabilidad internacional al Estado de Honduras.

    c. Violación de la libertad personal

    El artículo 7 de la Convención Americana dispone que:

      1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

      2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

      3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

      4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

      5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

      […]

    Lo anterior quiere decir que la Convención ha consagrado como principal garantía de la libertad y la seguridad individual la prohibición de la detención o encarcelamiento ilegal o arbitrario. En este sentido, la Corte Interamericana ha manifestado que el Estado, en relación con la detención ilegal, "si bien […] tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción" |47|.

    Para la Corte IDH, el artículo 7 de la Convención consagra garantías que representan límites al ejercicio de la autoridad por parte de agentes del Estado. Esos límites se aplican a los instrumentos de control estatales, uno de los cuales es la detención. Dicha medida estará en concordancia con las garantías consagradas en la Convención siempre y cuando su aplicación tenga un carácter excepcional, respete el principio a la presunción de inocencia y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática |48|.

    De esta manera, la restricción del derecho a la libertad personal, como es la detención, debe darse únicamente por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por la Constitución Política o la legislación interna y de conformidad con los procedimientos objetivamente definidos.

    Estos estándares no fueron respetados por las autoridades de facto hondureñas ya que prácticamente en todas las manifestaciones públicas hubo decenas de personas detenidas, si bien algunas de ellas solo permanecieron detenidas por algunas horas y luego liberadas, lo cierto del caso es que todas estas detenciones se realizaron arbitrariamente ya que no existía ningún motivo legal que las justificara.

    De acuerdo con la información recibida por la CdV, más de 100 personas fueron detenidas y procesadas judicialmente por diversos delitos como sedición, manifestación ilícita, daños a la propiedad y robos. Así, el Ministerio Público aplicó en forma subjetiva e indiscriminada la normativa interna ampliando el alcance de tipos penales como la sedición y la manifestación ilícita. La vigencia de estos tipos penales y su aplicación con el objetivo de intimidar a los manifestantes y buscar el cese de la crítica constituyó adicionalmente una violación del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a través del cual se establece la obligación de los Estados de adoptar normativa interna para hacer efectivos los derechos y libertades.

    Por otra parte, todas las detenciones fueron colectivas en el marco de las manifestaciones pacíficas. No obstante, la Corte Interamericana ha señalado que "una detención masiva y programada de personas sin causa legal, en la que el Estado detiene masivamente a personas que la autoridad supone que podrían representar un riesgo o peligro a la seguridad de los demás, sin indicios fundados de la comisión de un delito, constituye una detención ilegal y arbitraria. |49|.

    El Tribunal, en la Opinión Consultiva OC-18 sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, estableció que existe un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad ante la ley y no discriminación, y que este debe impregnar toda la actuación del Estado |50|. Por tal razón, el Estado no puede actuar en contra de un determinado grupo de personas, ya sea por motivos de género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición |51|.

    No obstante lo señalado, en las manifestaciones que fueron documentadas por esta Comisión, resultó evidente que la policía y el ejército procedieron a detener en forma indiscriminada a quienes se encontraban participando pacíficamente en las manifestaciones, así, el único común denominador entre las personas detenidas era su desacuerdo con el rompimiento del orden constitucional, por ende es claro que existió una política de detenciones de personas que se oponían a dicho acontecimiento y con ello se efectuó una aplicación discriminatoria de la norma. Estas actuaciones también comprometieron la responsabilidad del Estado de Honduras.

    d. Violación del derecho a la libertad de expresión y reunión

    Diversos tratados internacionales prevén el derecho a la libertad de expresión y reunión, por ejemplo la Declaración de los Derechos del Hombre (artículos 19 y 20.1), la Convención Europea de Derechos Humanos (artículo 10.1), el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (artículo 18 y 22).

    En el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, es el artículo 13.1 de la Convención Americana el que establece dicho derecho:

      1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

    Mientras que el artículo 15 del mismo instrumento prevé:

      Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.

    La libertad de expresión representa una de las bases de la democracia representativa. En tal sentido la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión establece que esta "(…), es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática" |52|.

    La Corte Europea ha enfatizado en la importancia de esta libertad, indicando que esta constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática, y una de las condiciones para su progreso y para el desarrollo de cualquier persona |53|.

    De igual forma la Corte Interamericana ha dicho que la libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés público, es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, destacando que "no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que resultan ingratas para el Estado o cualquier sector de la población" |54|.

    Existe un vínculo muy estrecho entre la libertad de expresión y la libertad de reunión. De esta manera, la CIDH ha sostenido que "a través del ejercicio del derecho de reunión las personas pueden intercambiar opiniones, manifestar sus posiciones respecto de los derechos humanos y concertar planes de acción, bien sea en asambleas o en manifestaciones públicas. Además, el ejercicio del derecho de reunión es básico para el ejercicio de otros derechos como la libertad de expresión y el derecho de asociación" |55|.

    De conformidad con lo dicho, la CIDH concluye que "todos los sectores políticos, tienen el derecho de ejercer plena y libremente su derecho de libertad de expresión y su derecho de reunión, sin violencia y de conformidad con la ley y las normas interamericanas de protección de los derechos humanos. La CIDH considera que el Estado tiene la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de estos derechos" |56|.

    En el contexto del golpe de Estado, el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y reunión resultaba fundamental para restablecer el orden constitucional. Sin embargo, lejos de garantizar estos derechos, las autoridades de facto utilizaron todo el poder a su alcance para limitarlos.

    Las violaciones de los derechos a la libertad de expresión y reunión son numerosas y tienen distintas manifestaciones, el único común denominador es la intencionalidad por parte de las fuerzas de gobierno de acallar las voces disidentes.

    Así por ejemplo, los actos de represión y el uso excesivo de la fuerza empleado en todas las manifestaciones contrarias al golpe de Estado constituyen flagrantes violaciones de los derechos mencionados.

    La participación de miles de personas en manifestaciones públicas pacíficas se realizó en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y reunión, al reprimir estos actos y también proceder a criminalizar a algunos de sus participantes se generó en consecuencia una restricción ilegítima a tales derechos, restricción que no reúne las condiciones de necesidad, ni de proporcionalidad ni se observa que haya tenido un fin legítimo dentro de una sociedad democrática.

    Adicionalmente, la intervención de medios de comunicación como Canal 36 y Radio Globo, son claros ejemplos de la intención de las autoridades por limitar además el acceso de la población a información crítica del gobierno. Como se expuso, los periodistas y comunicadores sociales que laboraban para estos medios fueron víctimas de agresiones, se les impidió el acceso a actividades públicas, se les decomisó equipo de transmisión, se militarizaron sus oficinas, se les suspendió la energía eléctrica, e inclusive se violentaron sus instalaciones en varias ocasiones.

    El caso del periodista César Silva Rosales también constituye otra manifestación de la violación a la libertad de expresión, considerando sus declaraciones, queda claro para la CdV que el secuestro sufrido, así como las otras agresiones y actos de hostigamiento tienen su origen en el rol de denuncia y de oposición a las decisiones que tomaba el gobierno de facto. A similar conclusión se arriba al estudiar el caso del camarógrafo Manuel de Jesús Varela.

    Por otra parte, la CdV está convencida que la libertad de expresión también resultó violentada en perjuicio de los jueces Guillermo López Lone, Tirza Flores Lanza, Luis Chévez de la Rocha y Ramón Barrios. Todos ellos fueron despedidos en forma arbitraria por haber ejercido su libertad de expresión oponiéndose al golpe de Estado.

    La CIDH ha dicho que "el Estado tiene la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de estos derechos [en referencia a la libertad de expresión y reunión], que no pueden ser limitados más que por restricciones expresamente contempladas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos" |57|. No obstante, como ha quedado demostrado, el Estado de Honduras no cumplió con su obligación de garantizar los mismos y más bien, utilizó todos los recursos a su alcance para restringirlos y limitarlos en forma indebida, por ello es responsable internacionalmente.

    e. Violación a los derechos políticos

    El artículo 23.1 de la Convención Americana establece que:

      1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

        a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos

        b) […]

    Los derechos políticos consagrados en la Convención Americana, así como en diversos instrumentos internacionales |58| propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político. La Corte Interamericana ha establecido que "el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención" |59|.

    Teniendo en cuenta el contexto en que ocurrieron varios de los hechos que ilustran este informe, la CdV concluye que los numerosos actos de agresión y hostigamiento en perjuicio de toda persona que se manifestaba en contra del golpe de Estado tenían como objetivo impedir su participación en asuntos de interés público, protegidos por el artículo 23.1 antes citado.

    Es criterio de la CdV que la protesta enérgica de los acontecimientos sucedidos y las denuncias de violaciones de derechos humanos que realizaban varias de las víctimas mencionadas en este informe, se circunscriben en el derecho de participar directamente en los asuntos de interés público contenido en el artículo 23.1 de la Convención. Además se sustentan en la Carta Democrática Interamericana al valorar la importancia de la participación permanente, ética y responsable de las personas en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional para el desarrollo de la democracia |60|.

    Por otra parte, también se configura una violación de los derechos políticos en perjuicio del ex Presidente Zelaya Rosales y de la ex Canciller Patricia Rodas quienes eran funcionarios públicos debidamente nombrados para tales efectos y fueron arbitrariamente expulsados de sus puestos. Sobre este tema, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que la garantía de protección abarca tanto el acceso a cargos públicos como la permanencia en condiciones de igualdad y no discriminación respecto a los procedimientos de suspensión y destitución |61|. Así las cosas, al no garantizar la permanencia en sus cargos, el Estado de Honduras incurrió en una violación de sus derechos políticos.

    f. Violación de la tutela judicial efectiva y el debido proceso

    La Corte Suprema de Justicia, desde el 28 de junio pasado, estableció su posición en relación a los hechos ocurridos ese día, según este órgano tales no debían calificarse como un Golpe de Estado sino que constituían "sucesión presidencial" supuestamente ocurrida dentro del marco de la Constitución y las leyes.

    Esta posición es coincidente con las declaraciones que hizo el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos |62|, en el sentido de negar enfáticamente la existencia del Golpe de Estado.

    Tales conductas agravaron las violaciones a los derechos humanos derivadas del Golpe, puesto que no existió una institucionalidad que permitiera canalizar las denuncias, investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas, favoreciendo un clima de total impunidad.

    Tal conclusión no es novedosa, al respecto, vale citar el Informe de la OACNUDH que estableció que "Las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos y de garantizar el estado de derecho en muchos casos no cumplieron este mandato como consecuencia principalmente de la falta de independencia" |63| y, de igual manera, señaló que "En el período que abarca este informe, la falta de independencia del Poder Judicial y la aplicación e interpretación desiguales y discriminatorias de la ley han sido evidentes. La Fiscalía, los jueces y la Corte Suprema de Justicia, en general, han apoyado a las autoridades de facto defendiendo medidas restrictivas a costa de la protección de los derechos humanos y del respeto del estado de derecho…" |64|.

    En la práctica, lo establecido por la OACNUDH significó la violación del derecho a las garantías judiciales y de la tutela judicial efectiva para las personas víctimas de otras violaciones.

    El artículo 8.1 de la Convención Americana establece lo siguiente:

      Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

    En relación a este derecho, la Corte Interamericana ha establecido que:

      El artículo 8.1 de la Convención no se aplica solamente a jueces y tribunales judiciales. Las garantías que establece esta norma deben ser observadas en los distintos procedimientos en que los órganos estatales adoptan decisiones sobre la determinación de los derechos de las personas, ya que el Estado también otorga a autoridades administrativas, colegiadas o unipersonales, la función de adoptar decisiones que determinan derechos |65|.

    Por su parte, el artículo 25.1 de la Convención Americana señala que:

      Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

    Este artículo se refiere a la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo, ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución, la ley o la Convención Americana. De acuerdo con la Corte Interamericana no basta con que los recursos existan formalmente; es necesario que sean efectivos |66|, es decir, se debe brindar la posibilidad real de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida |67|.

    Varios de los casos que ilustran los distintos patrones encontrados por la CdV demuestran que no se respetó ni el debido proceso, ni el derecho de defensa, ello por cuanto los órganos responsables de garantizar los derechos humanos tenían una posición abiertamente favorable al golpe de Estado y actuaron en consecuencia con esta posición y no en cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

    En este sentido, las expatriaciones del Presidente Zelaya Rosales y de la Canciller Patricia Rodas constituyen actos de absoluta arbitrariedad no sujetos a ninguna formalidad, inclusive prohibidos en la legislación interna y además violatorios de todas las garantías judiciales.

    En ambos casos, además de habérseles negado el derecho de defensa y la presunción de inocencia, también se les negó el acceso a una tutela judicial efectiva ya que numerosos amparos que fueron interpuestos a su favor para lograr su retorno a Honduras resultaron infructuosos, de esta manera, aunque habían recursos previstos en la legislación, en virtud de la situación de rompimiento del orden constitucional, de la evidente falta de imparcialidad que caracterizó a los tribunales hondureños, estos recursos resultaron ilusorios e inefectivos para proteger sus derechos.

    En el caso del ex Presidente Zelaya, las violaciones a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva iniciaron desde el momento en que se decide abrir un expediente en su contra por la celebración de la "cuarta urna". Como se describió supra, existieron numerosas irregularidades en la sustanciación de este proceso, el cual, desde sus inicios estaba viciado, sin embargo, se continuó con el mismo para justificar lo que sería luego la expatriación del ex Presidente.

    La inefectividad de los recursos no fue exclusiva de los casos antes citados, también resultó así para cientos de personas que habían sido detenidas arbitrariamente por su participación en las manifestaciones, a excepción de los tribunales de San Pedro Sula en donde los jueces actuaron de conformidad con sus obligaciones constitucionales, en la mayor parte de Honduras, los recursos de habeas corpus y de amparo se resolvieron tardíamente o fueron rechazados por razones insuficientes.

    Asimismo, los jueces despedidos también fueron víctimas en sus procesos de este tipo de violaciones. Al analizar los expedientes disciplinarios se observa un sesgo importante que evidencia la inexistencia de un órgano imparcial para juzgarlos, además no se tomó en cuenta la prueba ofrecida por los jueces ni los alegatos aportados, más allá de esto, la conformación de los órganos que tuvieron alguna participación en las decisiones de despido y sus vínculos de dependencia respecto de la Corte Suprema de Justicia evidenciaron la absoluta falta de imparcialidad.

    En conclusión, el comportamiento de los órganos de garantía, en particular los tribunales de justicia que son los actores por excelencia llamados a controlar los excesos de las autoridades públicas, fue deplorable y contrario a los principios de independencia e imparcialidad judicial, con ello, generaron la indefensión de miles de personas en Honduras. Es criterio de la CdV que sus actuaciones deben ser investigadas y sancionadas efectivamente.


    3.2 Casos Ilustrativos de los Patrones violatorios de derechos humanos

    Introducción

    La Comisión de Verdad a través de los testimonios recibidos tuvo conocimiento de cientos de casos de violaciones de derechos humanos. Fueron estos casos los que le permitieron deducir los patrones de violación que caracterizaron el gobierno de facto y el sucedáneo.

    Cada una de las víctimas escuchada por la Comisión tuvo una historia de frustración, impotencia, dolor y desesperanza ante el rompimiento del orden constitucional, pero sobre todo por el comportamiento cómplice de la estructura estatal para apoyar al gobierno de facto y para suprimir a la oposición.

    Para la Comisión de Verdad los testimonios recibidos son igualmente valiosos. Cada uno describe esas historias humanas que incitan y justifican todas y cada una de las palabras de este informe. Sin embargo, por razones prácticas la Comisión se ha visto obligada a elegir solo algunos de ellos para ilustrar los patrones violatorios. Su selección como caso ilustrativo responde más a lo sustantivo o significativo de su impacto en el marco del proceso socio-político de Honduras, y no a una jerarquización de violaciones a los derechos fundamentales.

    En ese apartado, la Comisión explicará los criterios que fundamentaron la elección de los casos y el propósito de su elección.

    ¿Por qué estos casos?

    Ha de aclararse que, si bien un ejercicio de selección de casos de violaciones a derechos humanos supone en principio, y en cierta medida, algún grado de subjetividad o de discrecionalidad, en el presente análisis, la Comisión de Verdad ha definido una serie de pautas o criterios para elegir el catálogo de casos ilustrativos.

    La CDV primero, se basó en la idea- fuerza que la información de respaldo de los casos identificados fuese debidamente sustentable o constatable; además, se les identificó como paradigmático a tenor del impacto que generaron ante la opinión pública nacional e internacional por la gravedad de la vulneración de derechos y las circunstancias políticas en torno a ellos. Otro criterio fue la ubicación del caso como referencial de una determinada situación, es decir, se buscó subrayar su efecto demostrativo o ejemplificante. Por ejemplo, la muerte de Walter Tróchez, defensor de derechos humanos, fue objeto de graves violaciones a sus derechos y libertades esenciales por parte de agentes del Estado, en razón de su oposición a la ruptura del orden constitucional.

    Todos los casos que se expondrán, sin detrimento de la importancia de aquellos que no son citados, logran en su conjunto exponer ante la sociedad nacional y la comunidad internacional la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en Honduras tras el golpe de estado; asimismo, algunos de ellos dejan sentadas la responsabilidad individual de los victimarios, y todos la responsabilidad estatal por no garantizar a Honduras el respeto y la vigencia de derechos y libertades fundamentales.


    Casos ilustrativos para patrón 1:

    La represión de las manifestaciones públicas, el uso excesivo de la fuerza en la represión por parte de agentes estatales de seguridad y la criminalización de la protesta pública.

    1.1 Represión de manifestantes en aeropuerto Toncontín, 05 de julio de 2009

    El 05 de julio de 2009, un conjunto de ciudadanos hondureños y observadores internacionales que verificaban la situación en Honduras, generada por el golpe de Estado, se había concentrado frente al aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa. Los cálculos más conservadores estiman que frente a la pista había unos 350,000 manifestantes que aguardaban el regreso del Presidente José Manuel Zelaya, anunciado para ese día.

    Miles de hondureños se desplazaron desde diferentes puntos del país.

    La ciudad de Tegucigalpa fue militarizada, se instalaron retenes policiales y militares en las entradas principales de la ciudad, así como en calles y bulevares de acceso al aeropuerto. En el interior de Toncontín permanecía un fuerte contingente militar, equipado de tanquetas de guerra, vehículos militares, fusiles y francotiradores instalados en las azoteas de los edificios del aeropuerto mismo. De igual forma, el perímetro que le rodea fue reforzado con la presencia de francotiradores instalados en las azoteas de los edificios cercanos.

    Ante la multitudinaria concentración, militares y policías se vieron obligados a retirar algunos de los retenes instalados en las calles, que impedían el acceso, entre la Universidad Pedagógica, punto de salida, y el aeropuerto Toncontín. Los francotiradores permanecían en la azotea del aeropuerto y de edificios cercanos.

    Los manifestantes estaban reunidos en forma pacífica desde tempranas horas. El gobierno de facto había ordenado el cierre del aeropuerto por 48 horas y obstaculizado la pista de aterrizaje con vehículos militares. Entre 200 y 250 efectivos militares se colocaron en la pista frente a los manifestantes, divididos en anillos.

    De acuerdo a los testimonios brindados a la CdV, los militares estaban equipados con máscaras antigás, toletes |1| (bastones policiales), escudos, fusiles, pistolas y bombas lacrimógenas. Unos 30 soldados se alinearon, recostados boca abajo, a lo largo de 100 metros de la pista de aterrizaje, con sus rifles apuntados hacia los manifestantes, preparados para disparar. No se movieron de sus posiciones. Detrás de estos dos grupos, aproximadamente 100 soldados se mantuvieron parados y sin formarse, estaban reforzados por tanquetas y comandos militares |2|.

    Entre las 3:00 y 4:00 de la tarde, el avión |3| en que viajaba el Presidente José Manuel Zelaya intentó aterrizar en tres ocasiones, un grupo de manifestantes se acercó a la malla perimetral, al final de la pista de aterrizaje e intentaron romperla con el fin de ingresar a la misma, la gran mayoría de personas se mantenía en las calles que circundan el lugar y en una plazoleta frente al final de la pista. Los militares iniciaron el lanzamiento de bombas lacrimógenas.

    De acuerdo a la información recibida por la CdV, pueden distinguirse dos momentos diferenciados en los cuales los efectivos hicieron uso de las armas en forma indiscriminada.

    Durante los primeros 20 minutos, los militares lanzaron bombas de gas lacrimógeno y dispararon balas vivas |4|. La población reunida en ese sector corría para protegerse. Por la cantidad de personas y la densidad de los gases el escape resultó difícil. La CdV recibió información sobre 11 personas que resultaron afectadas en su integridad física. Así como daños materiales cuando una bala provocó que una motocicleta estallara y se calcinara. |5|

    "Yo estaba frente al aeropuerto cuando los soldados empezaron a disparar. A mí me hirieron en los genitales. Pude ver a muchos más que caían bajo las balas de los soldados." |6|

    "… me encontraba a unos 5 metros de la malla que rodea el aeropuerto, en el extremo sur, cuando los soldados desde el interior de la malla nos dispararon, uno de estos disparos rozó mi cabeza, perdí el conocimiento." |7|

    Luis Romero Amaya, Denis Díaz Sosa, Alex Zavala, José Manuel Torres, Adrián Izaguirre, Santos Jesús Rivas, Adriana Izaguirre, Bernardino Sánchez, y Sagrario Chávez, resultaron heridos por armas de fuego, mientras que Olga Iris Alvarado y Florentina González se intoxicaron por inhalación de gas lacrimógeno.

    En el segundo momento, el ataque duró de 10 a 15 minutos, durante los cuales, los manifestantes se encontraban replegados en la plaza, refugiados, agachados o tirados sobre la tierra detrás del muro o deslizándose en cuclillas para escapar del sitio.

    Los testigos afirmaron a la CdV que durante el primer momento en que el joven Isy Obed Murillo Mencías, recibe un impacto de bala en la cabeza, que le provocó la muerte. Se estima que los elementos militares dispararon unas 170 balas vivas, |8| que arrancaron trozos de cemento de la plazoleta.

    "… me encontraba a unos 5 metros de la malla que rodea el aeropuerto, en elextremo sur, cuando los soldados desde el interior de la malla nos dispararon, uno de estos disparos rozó mi cabeza, perdí el conocimiento."

    "En el momento que los militares hicieron disparos todos corrimos en diferentes direcciones buscando donde protegernos, yo me encontraba con mi hermano y mi hijo, nos lanzamos al suelo. En eso escuché que los manifestantes decían "no tengan miedo, no tengan miedo que son balas de goma", pero miré que cuando impactaban en el muro salía polvo y trozos de cemento, por lo que les grité que se tiraran al suelo porque eran balas vivas." |9|

    En el expediente investigativo Nº 866- 09 de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), se establece claramente que se encontraron 167 casquillos de calibre 5.56 y tres cartuchos presumiblemente del mismo calibre. |10| Los manifestantes recuerdan que Isy Obed Murillo se había mantenido cerca del muro. Uno de los testigos relata que, dentro de la nube de humo lacrimógeno pudo distinguir su cuerpo yaciente.

    Fue trasladado al Hospital Escuela, hacia donde se dirigieron sus familiares. El centro hospitalario permanecía fuertemente militarizado.

    A las 5:30 de la tarde, el gobierno de facto decretó un toque de queda con vigencia de las 6:00 p.m. a las 5 a.m. del día siguiente. |11| La CdV conoció de la detención arbitraria de 9 niños y 14 adultos por violar la disposición.

    El padre de Isy Obed Murillo, José David Murillo Sánchez, |12|, fue capturado el 09 de julio del 2009, alrededor de las 11:30 de la mañana por agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) al salir de las oficinas del COFADEH, después de haber brindado declaraciones a agentes de investigación enviados por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en relación con la muerte violenta de su hijo. La detención tenía su origen en una causa en su contra a raíz de su trabajo como defensor del medio ambiente, la causa estaba inactiva desde hacía varios años.

    La CdV observa que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos ha realizado múltiples diligencias administrativas, pero ninguna de ellas ha garantizado el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

    Tres años después de ocurridos los hechos, la FEDH no ha concluido el proceso de investigación por la muerte de Isy Obed Murillo Mencías.

    1.2 Represión en El Paraíso. Detenciones, torturas, ejecución de manifestante.

    Entre el 23 y 31 de julio de 2009, ante el anuncio de un segundo intento de retorno del Presidente José Manuel Zelaya, miles de personas opositoras al golpe de Estado, comenzaron a desplazarse hacia Las Manos, en el departamento El Paraíso, en la frontera con Nicaragua, con el propósito de encontrarse con el mandatario. Las caravanas salieron de distintos puntos del país, en su mayoría lo hicieron el 23, a fin de reunirse el 24 a las 12:00 horas en el punto de encuentro.

    Al conocerse que el Presidente Zelaya había emprendido su desplazamiento hacia la frontera de Honduras, desde la capital nicaragüense, y que simultáneamente lo hacían las fuerzas sociales internas en el país, que se declararon en paro nacional |13|, el gobierno de facto de Roberto Micheletti anunció que sería arrestado e impuso un toque de queda |14|, del 23 de julio al 01 de agosto, con efecto de 30 horas ininterrumpidas, en la zona fronteriza con Nicaragua por donde ingresaría, a partir de las 12:00 m. del día 24; en los días posteriores el efecto se mantuvo por períodos de 12 horas. Mientras para el resto del país, mantuvo la medida en el mismo horario de las 00:00 a las 04:30 horas local, el toque de queda afectaba principalmente a los departamentos fronterizos de Olancho, Choluteca y Valle.

    Inmediatamente y en forma simultánea se instalan retenes militares a lo largo de las carreteras de los principales departamentos, especialmente aquellos en los que las manifestaciones eran más fuertes y mayoritarias: Cortés, Atlántida, Colón, Santa Bárbara, Francisco Morazán, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Ocotepeque y Copán. Sólo entre los departamentos El Paraíso y Francisco Morazán se contabilizaron 18 retenes militares. |15|

    Las personas que se trasladaban o que realizaban manifestaciones a lo largo de las carreteras eran retenidas o detenidas, y trasladadas a las postas policiales por agentes de la Policía Nacional y efectivos de las Fuerzas Armadas, bajo el argumento de violentar el toque de queda. |16| El resultado fue detenciones arbitrarias que se extendieron en un amplio espacio del territorio nacional como modalidad estratégica para detener a las caravanas movilizadas hacia la frontera.

    La Comisión de Verdad tuvo a la vista información de que la Policía Nacional obstruyó el paso incluso a autoridades oficiales del Ministerio Público que pretendían verificar el estado de las personas retenidas o detenidas cuando se trasladaban hacia la frontera con Nicaragua. En el Libro de Novedades de la Jefatura Departamental nº 7 del 26 de julio de 2009 se establece: "… Se presentó a la Jefatura Departamental #7 Danlí, El Paraíso, el Comisario de policía Ferrufino, al mando de 30 policías procedentes del sector de Jacaleapa, con la novedad de recibir una orden de no dejar pasar a dos fiscales quienes venían procedentes de Tegucigalpa a la ciudad de Danlí." |17|

    Las personas atrapadas entre retenes militares y policiales dieron testimonios a la CdV sobre la situación enfrentada. Entre ellas se refirieron a la escasez de agua, la prohibición de venta de comida a los negocios particulares por orden de las autoridades de facto o la prohibición a los hoteles de alquilar habitaciones a los manifestantes o a personas que se sospechara que fueran parte del movimiento en resistencia. |18| La Comisión recibió información sobre las circunstancias que enfrentó la familia del Presidente Zelaya.

    La información recibida detalla que el 24 de julio de 2009, la Primera Dama, Xiomara Castro, sus hijos menores: Xiomara Hortensia y Manuel; su madre, Olga Doris Sarmiento; y su suegra, Hortensia Rosales, se dirigieron a la frontera de Las Manos para encontrarse con el Presidente Zelaya. Sin embargo, no lograron el objetivo porque permanecieron en diferentes retenes militares por espacio de cinco días, entre estos un retén en la comunidad de Arenales en donde pasaron la noche del 24 de julio, otro en Jacaleapa en donde permanecieron hasta el 26 de julio. Después de la intervención de un juez ejecutor de un hábeas corpus admitido a su favor, llegó hasta El Paraíso, el 28 de julio, hospedándose en un hotel que fue atacado en horas de la madrugada por disparos de armas de fuego y la exigencia de hombres armados que debía abandonar la ciudad. |19|

    En este contexto las fuerzas de seguridad estaban facultadas a detener personas en forma arbitraria, sin intervención judicial inmediata y sin defensa. De esta forma las detenciones masivas ocurridas entre el 23 y el 31 de julio de 2009, no cumplieron con los requisitos mínimos que garantizan los derechos de los detenidos. Los agentes de la Policía Nacional y efectivos de las Fuerzas Armadas realizaron múltiples detenciones a lo largo de la carretera que conduce al puesto fronterizo de Las Manos. |20| La Comisión de Verdad recibió información de tratos crueles, inhumanos y degradantes, aplicados mientras se les arrestaba, cuando eran traslados a centros legales de detención, o llevados a los centros irregulares de reclusión habilitados para las detenciones masivas, también recurrieron a viejas tácticas aplicadas durante los años ochenta, como los centros clandestinos de detención.

    Una de las víctimas |21| fue detenida el 24 de julio cuando junto a un grupo de personas, penetraron en una montaña en la comunidad de Ojo de Agua, sobre la carretera oriental, en su intento de burlar los retenes y trasladarse hacia Las Manos, en la frontera entre Honduras y Nicaragua. Un pelotón de militares que resguardaba la zona, la capturó y la mantuvo recluida durante tres días en una casa de campaña, incomunicada, sin alimentación ni oportunidad de realizar sus necesidades fisiológicas. Durante el tiempo que estuvo retenida, en la comunidad conocida como El Verdugo, fue objeto de amenazas e intimidación. |22|

    De igual forma, la CdV recibió información sobre 18 mujeres que junto a sus hijos llegaron desde el departamento de Comayagua y fueron detenidas por entre 9 y 12 horas en la ciudad de Danlí, por violentar el toque de queda. |23| Informaron a la CdV, que caminaron 8 kilómetros porque se les impedía trasladarse en los autobuses, cuando arribaron a la ciudad las detuvieron, les decomisaron sus teléfonos móviles y se les impidió realizar sus necesidades fisiológicas y tomar alimentos. Las 18 mujeres fueron liberadas en diferentes momentos. Posteriormente fueron ingresados 45 hombres que continuaron detenidos por un tiempo prolongado, entre ellos estaba el líder social Rafael Alegría, quien fue puesto en libertad por gestiones de organizaciones nacionales de derechos humanos. La policía argumentó que había detenido a Rafael Alegría por dos motivos: el primero, porque ya iba a llegar a la frontera y, el segundo, porque se hizo pasar por periodista.

    El 25 de julio de 2009, un grupo de periodistas extranjeros fue agredido por miembros de la policía en la delegación de Danlí

    "Yo quisiera ir a orinar y no me dejan. Nos quitaron los celulares para que no nos comunicáramos. Nos quieren echar a la cárcel. Mi esposo no sabe nada de mí, vivo lejos. Yo me quiero ir a la casa, nunca he estado presa" |24| , para ese momento M.S. tenia lágrimas en los ojos. "Caminamos como 8 kilómetros, a pie, y cuando íbamos nos agarraron"

    Mientras en las calles de la ciudad de Danlí, agentes de la Policía Nacional, desde las patrullas advertían por altavoces a los transeúntes, que se refugiaran en sus casas, porque de lo contrario serían detenidos por infracción del toque de queda. En la jefatura policial del municipio El Paraíso también se encontraban otras personas detenidas en condición de hacinamiento. |25|

    En la línea de los abusos cometidos en Alauca, la CdV recibió información respecto a los periodistas que daban cobertura a las violaciones a los derechos en la delegaciones policiales y en los retenes, los testimonios brindados reflejan que enfrentaron situaciones de peligro constante, tanto impulsados por la policía y los militares, como por manifestantes que no confiaban en el trabajo de los periodistas que trabajaban para los medios que apoyaban el golpe de Estado. El 25 de julio de 2009, un grupo de periodistas extranjeros fue agredido por miembros de la policía en la delegación de Danlí.

    La reportera gráfica Wendy Olivo, de la Agencia Bolivariana de Noticias, intentó tomar fotografías de personas detenidas en la sede policial. Inmediatamente la policía la requirió a entregar su cámara de fotos, la periodista Olivo se negó hacerlo por lo que fue agredida físicamente. También otros periodistas fueron violentados al intentar defender a la fotógrafa y su equipo de trabajo.

    "Nos informan que existen muchos detenidos en la posta policial de Danlí, a las tres de la tarde llegamos hasta allí. Disimuladamente me voy hacia atrás de la posta con mis compañeros de USA, Uruguay, Brasil, medios de Honduras estaban afuera, los niños indicaron donde estaba Rafael Alegría, cuando lo ubicamos comenzamos tras las rejas a grabar que están hacinados en celda minúscula, con asfixia que necesitaba medicina, al estar grabando unos policías nos comenzaron a agredir, el policía se interpuso y obstaculizó nuestro trabajo diciendo que no podíamos grabar, seguimos grabando y empiezan cuatro policías a agredirnos a empujarnos taparnos las cámaras, me quitan la cámara, me doblan el brazo hacia atrás, me quitan la cámara y voy en lucha por la cámara, la recupero y les digo me voy a salir denme la cámara que me voy a salir, al forcejeo me la devolvieron. A la compañera Wendy Oliva, de televisión Venezolana la agredieron, la empujaron y tiraron al suelo, a los compañero de Brasil y Uruguay también los agredieron, salimos hacia fuera y afortunadamente afuera estaban otros medios internacionales grabando y nos dejan libres por la presión de los compañeros internacionales de medios de comunicación" |26|

    Nikole Yánez, reportera de Común Noticias, fue detenida en El Paraíso y puesta en libertad 12 horas después, durante su reclusión permaneció en las celdas y no se le permitió tomar alimento ni consumir agua o ir al baño. Información contextual analizada por la CdV, confirma que los periodistas de medios de comunicación que apoyaron el golpe fueron agredidos por manifestantes que intentaban impedir que les tomaran fotografías.

    Se conoció que al cumplirse 72 horas de toque de queda en forma continua, las autoridades civiles de las ciudades El Paraíso y Danlí se reunieron en forma separada para encontrar una salida a la situación. De acuerdo con la información revisada por la CdV, el alcalde de El Paraíso, Carlos Ovidio Segura Aroca |27|, habría calificado la situación de grave y anunció que integraría una comisión que dialogara con los dirigentes de las manifestaciones a favor del Presidente Manuel Zelaya, con la solicitud de que se marcharan de la ciudad, porque están causando muchos problemas.

    "Ellos son hondureños y están en sus país, tienen legítimo derecho de protestar, pero nosotros vamos a pedirles que se marchen porque todos estamos cansados" |28|

    Su homóloga la alcaldesa Luz Victoria Oliva y el secretario de Defensa de facto, Adolfo Sevilla, encabezaron una reunión de las fuerzas vivas para buscar medidas que suavizaran los toques de queda, porque los habitantes ya no tenían alimentos, agua embotellada y la gasolina se estaba vendiendo racionada. El tránsito de pasajeros y de camiones que transportaban las mercaderías y los servicios públicos de transporte estaban totalmente paralizados desde el día 24 de julio.

    La Comisión de Verdad tuvo acceso al Libro de Novedades de la Jefatura Departamental nº 7 de Danlí y Control de Detenidos de El Paraíso (registros oficiales de las personas detenidas). De acuerdo con estos libros, las personas fueron aprehendidas en los siguientes municipios: Trojes, Potrerillos, Danlí, El Paraíso, Alauca, Jacaleapa y en el puesto fronterizo de Las Manos. |29| Algunas personas fueron trasladadas a la Jefatura Departamental nº7 en Danlí y a la delegación policial de El Paraíso.

    En las fechas señaladas, ambos centros de detención registraron un total de 441 personas detenidas, 43 eran menores de edad. |30| Las autoridades en forma arbitraria practicaron decomisos de bienes a las personas que detenían, entre los bienes requisados figuran tres vehículos, bajo el argumento que se utilizaron para transportar personas hacia la frontera. |31| |32|

    "Decomisaron mi automóvil, que era la unidad de sonido, rompieron los vidrios y tirotearon las llantas, mientras la agresión contra la población era imparable, y gracias a la presencia de los medios de comunicación nacional e internacional que documentaban los hechos, es que pararon un instante los atropellos contra la resistencia.

    Fui golpeado en la cabeza, posteriormente, perdí el conocimiento, y tuve problemas auditivos y para caminar con normalidad, por los golpes que recibí en la columna, pero eso no me impidió continuar en las manifestaciones, pese a que ya era reconocido por los militares y policías.

    Estuve un día interno en un hospital de Danlí, pero por seguridad me fui de ahí, ya que apenas unas horas antes habían encontrado el cadáver con fuertes señales de tortura del compañero y héroe de la resistencia, Pedro Magdiel Muñoz, quien fue capturado en el mismo lugar que yo fui reprimido." |33|

    En las represiones prolongadas y sistemáticas practicadas, las fuerzas de seguridad pública, utilizaron bala viva para obligar a los manifestantes a regresar a Tegucigalpa. En horas del mediodía del 24 de julio, Moisés Hernández, miembro de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA, recibió un disparo en la oreja.

    La CdV identificó algunas conductas comunes durante las detenciones masivas. Las autoridades a cargo actuaron siguiendo un comportamiento ilegal y arbitrario, las detenciones se utilizaron como mecanismo de persecución política contra líderes sociales, comunitarios, sindicales y dirigentes políticos. En consecuencia, fueron el resultado de las presiones del Poder Ejecutivo con el fin de mandar mensajes al conglomerado social en oposición. En ningún caso se siguió el procedimiento que manda la Ley. En el marco de los abusos, a varias mujeres se les ultrajó sexualmente mientras permanecieron detenidas.

    Testigos entrevistados por la CdV confirmaron que en una de las celdas de la Jefatura Departamental de Danlí, policías y efectivos militares violaron a tres mujeres pasada la medianoche del 25 de julio.

    "A la una de la madrugada escuchamos los gritos desgarradores de las mujeres, que decían "no por favor, aléjense"… Vimos los uniformados pasar, pudimos apreciar que eran 5 miembros de la policía y del ejército. Nosotros tratamos de botar la puerta de metal pero fue imposible, gritamos que no les hicieran eso a las compañeras. Y vino un policía a querer tirarnos una bomba lacrimógena a la celda. Lo único que pudimos hacer fue taparnos los oídos…" |34|

    En lo que fue una campaña de masivas detenciones, realizadas por el gobierno de facto, se produjeron otras violaciones a los derechos humanos. Durante la noche del 24 de julio los militares y policías acantonados en el desvío de Alauca, realizaron ejercicios militares que provocaran intimidación y temor en los manifestantes que permanecían en la intemperie, porque no podían circular debido al toque de queda, los militares hacían sonidos guturales y sonaban los escudos, el típico sonido previo a reprimir.

    Desde tempranas horas, iniciaron una represión escalonada, que fue aumentando en intensidad, las primeras acciones de policías y militares fue bombardear con bombas lacrimógenas durante una hora, después de un espacio de tiempo y cuando los manifestantes se habían ubicado nuevamente, después de la primera dispersión, volvieron a atacarlos, en esta ocasión disparando balas vivas que dejaron personas heridas. Los ataques se producían en intervalos de una hora, en la tarde durante un nueva ofensiva, lanzaron las bombas al cuerpo de los manifestantes, una maestra que había viajado desde Tegucigalpa a la frontera, declaró que se encontraba frente al retén cuando sintió que un objeto impactaba en su pierna que la hizo caer sobre el pavimento, logró con dificultad incorporase, y cuando dio la vuelta para ponerse a salvo una segunda le impactó en la pantorrilla, dos años después de estos hechos se apoya en un bastón para caminar.

    "Viernes 24 de Julio de 2009, decidimos salir a las 5:30 a.m., para Las Manos, en Alauca nos encontramos con un retén y ahí permanecimos junto a unas mil personas, nos decían que ya iba a llegar el oficial, para que nos dejara pasar a todos. Pero considero que eso era una trampa, porque cuando cedieron el paso le hirieron la oreja a un compañero que iba sentado en la paila del carro frente al nuestro. Desde ese momento y de ahí en adelante comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas y a reprimir aproximadamente cada hora. Hubo un momento en el que estábamos llenas de humo cuando escuchábamos un sonido bien fuerte que tronaba, algo lanzaban al suelo, dicen que lo que lanzaban al piso eran balas de goma. El sonido era similar al que hace un incendio. Luego después de varias bombas lacrimógenas yo caí en una gramita, con dos personas más. Los policías estaban disparando con bala viva a los pies de las personas. Yo me arrodillé y le dije: "le suplico por favor ya no más, ya no más" y nos contestaron "¿y qué andan haciendo aquí hijas de la gran mil puta? váyanse a la pija hijas de puta que sólo joder saben". Nos metimos al carro y nos pusimos otras camisas para que no nos identificaran, ya en la tarde de esa noche estacioné mi carro, la gente no nos quería vender comida pero encontramos un lugar donde poner el carro. La represión siguió de día y de noche. Estuvimos ahí (en Alauca) por cuatro días, pero decidimos regresar dadas las condiciones inhumanas en las que nos encontrábamos" |35|.

    El 25 de julio, en las primeras horas dela mañana, los manifestantes fueron alertados de la ejecución de uno de los manifestantes.

    La CdV recibió información sobre la muerte de Pedro Magdiel Muñoz Salvador, los diferentes testigos entrevistados coinciden en afirmar que durante la tarde del 24 de julio, el joven de 24 años fue detenido por un efectivo del ejército, cuando se encontraba sentado a la sombra de un árbol; que luego fue arrastrado hacia el interior del retén. Un amigo de Pedro Magdiel Muñoz se acercó a gestionar su libertad, los militares que controlaban el retén le aseguraron que lo liberarían al día siguiente cuando finalizara el toque de queda. |36| Posteriormente el detenido fue trasladado en la paila de un vehículo pick up sin placas a la posta localizada en el desvío hacia Alauca, en el municipio de El Paraíso.

    "Insistimos con la policía del retén pero fue inútil, ni siquiera pudimos pasar para la Jefatura. Posteriormente organizamos una valla cerca del retén para vigilar." |37|

    El cuerpo de Pedro Magdiel Muñoz fue encontrado en un solar baldío, detrás del Beneficio de Café Gonzales en el barrio San José, presentaba muestras de tortura y múltiples heridas de arma de blanca y su torso desnudo. El dictamen forense determinó 42 heridas, que afectaron piel, músculos y órganos internos; las mismas se localizaban en la cabeza, cara lateral derecha del cuello, mejilla izquierda, tórax anterior y posterior, cara posterior hombro derecho así como la región lumbosacra derecha, crepitación ósea localizada sobre la región parietooccipital derecha del cráneo, equimosis rojizas circulares alrededor de ambas muñecas. Las heridas mortales fueron producidas por arma blanca y objeto o cuerpo romo. |38| En el sitio donde se encontraba el cuerpo no había muestras de sangre por lo que se presume que murió en otro sitio.

    En otro caso de abuso de autoridad, el 02 de agosto en el desvió de Jutiapa, en el valle de Jamastrán, Pedro Pablo Hernández , un campesino que se transportaba hacia sus labores agrícolas, en la paila de un vehículo, murió como producto de los disparos de un militar integrante del comando de IX batallón de infantería que estaba a cargo del retén militar de Jamastrán, los testigos afirmaron que el conductor no atendió de inmediato la señal de parada, y el militar disparó directamente a las personas, en ningún momento fue de advertencia.

    En este contexto especifico que se extendió más allá del límite geográfico de El Paraíso, desde que comenzaron las protestas, las fuerzas de seguridad hicieron uso reiterado de la fuerza excesiva para impedir las manifestaciones pacíficas.

    Muchos detenidos quedaron en libertad al cabo de unas horas o unos días, a menudo tras firmar una declaración en la que comprometían a salir del departamento, abandonar toda actividad política o participación en las protestas. Otros permanecieron recluidos durante períodos prolongados y sometidos a insultos en los que los acusaban de traidores, comunistas o "zelayistas".

    La Comisión considera que la represión hacia quienes pretendían acercarse a la frontera con Nicaragua violó los derechos a la libertad de expresión, pensamiento, reunión y movimiento. No encontramos justificación en una supuesta amenaza a la seguridad nacional o al orden público, para este tipo de acciones.

    Un profesor retenido en el retén de Alauca, y que permaneció recluido durante dos días declaró a organizaciones de derechos humanos que agentes de la policía y del ejército lo detuvieron en la carretera, cuando se desplazaba hacia Tegucigalpa. Como condición para dejarlo ir lo obligaron a posar para tomarle fotografías y anotaron las placas de su vehículo. En fechas posteriores, fue objeto de dos atentados con arma de fuego y el sabotaje de su automóvil. Este maestro, junto al profesor Félix Murillo, |39| había intercedido para que liberaran a Pedro Magdiel Muñoz y fue testigo del uso de una ambulancia de la Cruz Roja para transportar bombas lacrimógenas.

    Diferentes testimonios son concordantes al señalar que dos ambulancias con los registros 112 y 120 de la Cruz Roja Hondureña, en las que se transportaba el coordinador de socorristas, Nixon Maradiaga, |40| llegaron hasta el cordón de seguridad de los manifestantes. El señor Madariaga solicitó permiso de ingresar y dejó tres canastas en el retén, en las que habían bombas lacrimógenas; otros testigos aseguran que incluso del interior de una ambulancia les lanzaron bombas lacrimógenas. Ciudadanos retenidos en Alauca presentaron la denuncia a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. |41|

    "… en las ambulancias no trasladaron ni medicamentos ni heridos, sólo llegaron a dejar tres canastas a la policía y luego salieron a toda velocidad entre los manifestantes." |42|

    La Comisión de Verdad concluye que la operación policial y militar, llevada a cabo entre 23 de julio y el 1 de agosto de 2009, se dio bajo condiciones de un toque de queda. Esta operación violó los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, lo que resultó en violaciones a los derechos humanos, como violaciones al derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad y a la libertad personal, libertad de expresión. Asimismo, se acosó y detuvo a periodistas que informaban sobre las protestas en contra del gobierno de facto.

    La Comisión considera que la represión hacia quienes pretendían acercarse a la frontera violó los derechos a la libertad de expresión, pensamiento, reunión y movimiento. La Comisión de Verdad no encuentra justificación en una supuesta amenaza a la seguridad nacional o al orden público, para este tipo de acción por parte de las autoridades de facto.

    Además del marco normativo, la CdV pudo identificar ciertos patrones del actuar policial, entre estos: violencia innecesaria, uso excesivo de bombas lacrimógenas incluso disparadas al cuerpo de los manifestantes, detenciones masivas, tortura y ultraje sexual.

    La tortura se practicó para provocar pánico y esta causó a lo menos una muerte en los recintos policiales. Tanto los casos de torturas, asesinatos y detenciones ilegales fueron denunciadas al Ministerio Publico. A la fecha no han sido presentados los requerimientos fiscales, como paso previo para establecer responsabilidades.

    En conclusión, las represiones a las jornadas pacificas de protesta constituyen el grupo, mayoritario, en no pocas ocasiones afectaron a transeúntes, simples espectadores, así como a personas que se encontraban en sus residencias.

    De igual forma esta Comisión considera que los emblemas de la institución de la Cruz Roja, que despiertan en la mayoría de la gente un sentimiento de seguridad, respeto y confianza, e incluso llegan a detener una acción hostil, no fueron usados adecuadamente por quienes se encuentran autorizados a usarlos y respetarlos.

    1.3 Represión de manifestantes en El Durazno, 30 de julio de 2009.

    Durante el primer mes, luego de producirse el golpe de Estado, una parte significativa de población hondureña y diversos sectores del movimiento social, aglutinados en una organización común denominada Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, habrían realizado 34 manifestaciones de protesta en diferentes regiones del país.

    Para el 30 y 31 de julio de 2009, se convocó a una manifestación simultánea en varias partes del país. Las manifestaciones más numerosas tuvieron lugar en Tegucigalpa, Comayagua y Santa Rosa de Copán, las que fueron brutalmente reprimidas por agentes del Estado.

    Entre las 8:00 y 9:00 de la mañana |43| del 30 de julio, miles de personas se reunieron pacíficamente en la carretera Panamericana, que conduce a la zona norte del país, en la aldea El Durazno, a 6 kilómetros de la periferia del Distrito Central.

    Mientras los manifestantes se iban sumando y organizando la protesta, unos 200 elementos de las fuerzas de seguridad, policías de línea, Comando de Operaciones Especiales Cobra, soldados del ejército, y agentes de las unidades de investigación, equipados con tanquetas, patrullas, escudos, toletes, fusiles, bombas lacrimógenas, y auxiliados por un helicóptero, instalaron un retén contiguo a la estación policial denominada El Durazno, a 200 metros de donde se concentraban los manifestantes.

    Aproximadamente a las 9:45 horas, el comandante del operativo expresó a los manifestantes que tenían un plazo de 30 minutos para desalojar el lugar. Repentinamente, sin que se cumpliera el tiempo otorgado, agentes policiales y del ejército irrumpieron, iniciando un desalojo violento.

    De acuerdo a la información recabada por la Comisión, agentes de policía pertenecientes al Comando de Operaciones Especiales COBRAS y un helicóptero de la Policía Nacional dispararon bombas lacrimógenas. |44| La Policía Preventiva realizaba disparos con balas de madera, pero también balas vivas. Mientras que desde la tanqueta les lanzaban chorros de agua con agentes químicos que provocaron picor en la piel, efecto que se intensificaba con el calor del sol.

    Un número no determinado de manifestantes recibieron golpes de toletes en la cabeza, rostro, piernas, cadera, brazos, costados y en el caso de las mujeres en sus glúteos y entrepierna.

    Entre las personas detenidas en la estación policial de Belén se registraron 13 heridos, la mayoría menores de edad, que fueron trasladados al Hospital Escuela, por intervención de las organizaciones de derechos humanos que se habían desplazado hasta esa estación policial, entre estas una delegación de Amnistía Internacional y Fiscales de la FEDH. Las organizaciones constataron que periodistas y ciudadanos que registraban los eventos en forma gráfica fueron despojados de sus cámaras y grabadoras. Los agentes de policía se negaron a devolverlas a pesar de que fueron solicitadas por los afectados y por las organizaciones presentes. |45|

    "(...) Me cayeron como tres agentes Cobras, pero uno de ellos me golpeó con el tolete en el ojo derecho, al mismo tiempo manifestándome que si no me iba, me iban a matar. Que si iba al hospital me sacaban de allí (...). |46|

    Ante la brutalidad de la represión, los manifestantes buscaron refugio en zonas despobladas, hasta donde fueron perseguidos por elementos policiales, que proseguían golpeándolos e insultando, a pesar de que la carretera ya había sido despejada.

    "(...) nos tiramos por un derrumbe, porque venían sobre nosotros golpeándonos, y en eso de La corrida me caía y me levantaba, porque si me dejaba caer me golpeaban con el tolete (...). |47|"

    "(...) llegamos a un taller de mecánica. Entramos para escondernos porque ya no podíamos correr más. Cuando salimos del taller nos encontramos rodeados de Cobras. Cuando nos acorralaron, levantamos las manos y nos entregamos. Nos tiraron al suelo y nos empezaron a patear, en especial en la cabeza. Se paraban en nosotros y nos golpeaban con los toletes. También nos insultaron. Esto duró aproximadamente 20 minutos. (...). |48|

    Los testimonios, registrados por la CdV confirman que a las 12 horas se sumaron más contingentes de la policía y el ejército, a la persecución de los manifestantes que se extendió a lo largo de unos 10 kilómetros, desde El Durazno hasta el mercado zonal Belén de la ciudad de Comayagüela. Continuamente lanzaban bombas lacrimógenas y realizaban disparos con balas viva y balas de goma. Igual destino corrieron los manifestantes que huyeron por una carretera alterna conocida como El Lolo.

    Sobre la muerte de Roger Abraham Vallejo Soriano

    El profesor de educación media, Roger Abraham Vallejo Soriano, |49| se encontraba a inmediaciones del mercado zonal Belén, junto a otros maestros, entre ellos Félix Rolando Murillo López.

    De acuerdo a los testimonios levantados, una patrulla policial, pasó a alta velocidad y en forma provocadora muy cerca de los manifestantes. En la paila del vehículo se transportaba a personas detenidas y a cuatro agentes policiales, quienes portaban armas de fuego, uno de ellos cubría su rostro con pasamontañas. Al ver a los detenidos en la patrulla, algunos manifestantes les lanzaron bolsas con agua y otros objetos.

    La patrulla realizó una brusca maniobra y uno de los agentes cayó al pavimento. En ese momento se escucharon al menos cinco detonaciones, por lo que los manifestantes se lanzaron al suelo. Inmediatamente se dieron cuenta que Vallejo Soriano había resultado herido en la cabeza. La patrulla y sus agentes abandonaron el lugar luego de los disparos.

    El profesor Roger Vallejo falleció el 31 de julio, en el Hospital del Seguro Social a consecuencia de la lesión ocasionada en el cráneo y tejido cerebral, por impacto de arma de fuego. |50|

    Félix Rolando Murillo recogió cuatro casquillos de bala en los instantes que siguieron a la balacera. Los cuales entregó a la FEDH y rindió declaración el 14 de agosto de 2009. De acuerdo a la información recabada por la Comisión de Verdad se le otorgó la figura de testigo protegido. El profesor Félix Rolando Murillo López murió el 17 de septiembre en circunstancias aún no esclarecidas, |51| después de haber sido arrollado por un automóvil no identificado, previamente había sido sujeto de amenazas reiteradas por agentes de policía. Durante las manifestaciones públicas, Félix Murillo, encabezaba las marchas como motorizado. Era visible para las autoridades y en muchas ocasiones negoció con ellos las salidas de las marchas.

    Sobre los hechos ocurridos en El Durazno y Comayagüela, la CdV conoció testimonios de tratos crueles y degradantes durante la represión a los manifestantes, tal es el caso de una víctima que intentó esconderse dentro del mercado zonal Belén, en donde fue atrapado por dos policías y dos soldados, que luego de arrojarlo contra el suelo, uno de los militares le puso su arma en la cabeza; el otro, después de haber martillado la suya, la empujó fuertemente entre sus glúteos.

    De igual forma, conoció que en la operación participaron 120 elementos policiales de la Jefatura Metropolitana, Distrito Nº 3, |52| también conocida como la "cuarta estación policial", 80 policías del COECO y 200 efectivos de las Fuerzas Armadas, |53| al mando del coronel Castillo Santos. Asimismo, que intervinieron en el operativo, el comisario Flores Ordóñez, subcomisario Baudilio Martínez García, asignado en el triángulo de la colonia La Laguna de Comayagüela, junto a 40 elementos policiales; la inspectora Rosa Posadas y la subinspectora Ayala.

    La Comisión de Verdad logró constatar que ese día las fuerzas policiales y militares capturaron y detuvieron a un centenar de personas, |54| incluyendo a 15 menores de 18 años. |55| En su mayoría pertenecían a los gremios magisterial, estudiantil y sindical. Permanecieron detenidas en la Jefatura Metropolitana nº3 por aproximadamente 6 horas. Inicialmente no se les permitió asistencia médica ni acompañamiento de defensoras y defensores de derechos humanos.

    La CdV concluye que el despliegue desproporcionado de efectivos de seguridad se convirtió en una provocación y desafío a los manifestantes. Que durante este período de represiones la falta de diálogo como principal recurso de negociación y control fue la constante agravada porque las autoridades recurrieron a diálogos engañosos y maliciosos, y se evidencia la estandarización de la represión que incluyó muertes en el contexto de manifestaciones pacíficas.

    La CdV conoció que organizaciones de derechos humanos locales interpusieron denuncias ante la Fiscalía de Derechos Humanos, sin embargo tres años después de los hechos no han establecido responsabilidades penales y administrativas de aquellos funcionarios que incurrieron en un uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de manifestaciones pacíficas.

    1.4 Represión de manifestación del 30 de julio de 2009 en El Pajonal, Comayagua.

    El 30 de julio de 2009, más dos mil de personas pertenecientes a distintas organizaciones sociales y comunitarias de los departamentos de Comayagua, La Paz e Intibucá, se manifestaron tomándose la carretera del Norte, CA-5, interrumpiendo el tránsito de vehículos, en protesta contra el golpe de Estado.

    Los manifestantes se apostaron pacíficamente en el lugar conocido como El Pajonal, en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua, cercano a la base aérea "Enrique Soto Cano", donde también se encuentra la base militar norteamericana conocida como Palmerola.

    La protesta comenzó aproximadamente a las 11:00 de la mañana. Testimonios registrados por la Comisión de Verdad, revelan que la manifestación transcurría de manera pacífica. El único mensaje de la manifestación era el rechazo al golpe de Estado y la restitución del Presidente José Manuel Zelaya Rosales. Ese mismo día hubo varias acciones de protesta a nivel nacional con el objetivo de organizar una huelga general en el país.

    En cuanto a las fuerzas de seguridad presentes en el área de la manifestación, hay constancia de la presencia de soldados del Batallón de Ingenieros de Siguatepeque, bajo el mando del coronel Cañas; agentes de la Policía Nacional Preventiva de las ciudades de Siguatepeque y Comayagua, en esta última se encuentra la Jefatura Regional a cargo en ese momento del comisionado Oscar Armando Gómez, militares de la base aérea "Enrique Soto Cano"; agentes del Comando de Operaciones Especiales Cobras y una avioneta que aparentemente tiene su base en Palmerola.

    Aproximadamente a la 1:00 de la tarde, las fuerzas policiales y efectivos del ejército, llegaron en forma simultánea, ubicándose al norte, unos 600 elementos del Batallón de Ingenieros de Siguatepeque, acompañados por la Policía Nacional Preventiva y agentes del COECO del mismo municipio; y al costado sur agentes de la Policía Nacional de Comayagua, así como efectivos militares asignados a la Base aerea "Enrique Soto Cano".

    Mediante esta operación las personas que se encontraban en la protesta quedaron atrapadas entre las diferentes fuerzas sin posibilidad de escapar en forma rápida.

    La dirigencia fue abordada por los comandantes del operativo, y acordaron que desalojarían la carretera en forma pacífica en el término de 20 minutos, táctica que para ese momento se había convertido en una modalidad para distraer la atención de los manifestantes, porque luego los jefes de las fuerzas de seguridad iniciaban la represión antes de que se venciera el plazo establecido.

    Los miembros del ejército y la Policía Nacional ubicados en ambos extremos de la manifestación, comenzaron a disparar con sus armas de fuego. Al mismo tiempo, lanzaron bombas lacrimógenas y piedras. Cuando los manifestantes se dispersaron y huyeron buscando protección y sin oponer resistencia, los agentes del Estado los persiguieron y los golpeaban con toletes, tubos de acero y con sus escudos. Agredieron a todas las personas que encontraran a su paso, incluyendo personas ajenas a la manifestación, mujeres, niños y ancianos.

    La única alternativa que tenían los manifestantes era huir a las montañas o cercanías de un río. Mientras lo hacían, eran perseguidos por policías, miembros del ejército y del Comando Cobras. Los testimonios de las víctimas, son contundentes en manifestar que la intención de las fuerzas de seguridad, tanto de los policías como de los militares, era provocar lesiones severas a las personas y no únicamente restablecer el tránsito. La totalidad de los testimonios recogidos por la Comisión de Verdad, asegura que la toma se realizó de manera pacífica y no hay evidencia de que los manifestantes se resistieran o presentaran alguna forma de amenaza para los agentes del orden o para otras personas.

    Los testimonios indican que las personas agredidas estaban reducidas y bajo control de las fuerzas policiales y militares que, sin embargo, continuaban agrediéndolas. Les propinaron golpes fuertes en sus cabezas, brazos, piernas, glúteos, caras, así como patadas en todas partes de sus cuerpos, dejando a algunas personas gravemente heridas y haciendo que otras perdieran la conciencia o se desmayaran en el acto. Una persona testificó que le fracturaron sus dos brazos y aun así fue obligada a subirse a un camión militar. A otra persona la continuaron golpeando indiscriminadamente aun después de perder el conocimiento.

    "Creí que me iban a matar, yo digo ¿qué fue que me salvó, porque yo no podía ni subirme al carro (comando militar), me tiraron en la paila del carro, con mis manos imposibilitadas no podía incorporarme, la gente como era mucha la que llevaban se estaban parando en mí, los Cobras empezaron a tirar bombas lacrimógenas en el comando donde me encontraba, estaban furiosos, como endemoniados". |56|

    La Comisión de Verdad recibió testimonios de varias mujeres que aseguran haber sido víctimas de violencia sexual. Una vez apresadas por los policías y militares estos aprovecharon de la lejanía del lugar para manosearles sus partes íntimas y rozarles sus genitales con los toletes. Además eran objeto de insultos discriminativos por razón de género.

    … nos decían "que éramos unas perras", "que ni hondureñas que éramos", "que nada teníamos que andar defendiendo al perro de Mel Zelaya."

    Las personas detenidas fueron llevadas a patrullas policiales y camiones militares, en donde nuevamente recibieron golpes de toletes, patadas, puñetazos y que no bastando eso, les eran arrojadas bombas lacrimógenas dentro de los camiones, dificultándoles la respiración.

    En este acto represivo, aproximadamente 160 |57| personas fueron desalojadas del lugar y también perseguidas durante varios kilómetros en terrenos difíciles, y una vez aprehendidas despojadas de sus pertenencias y detenidas en la Jefatura Policial de Comayagua, en donde eran resguardados por 40 agentes Cobras, 30 policías preventivos y 40 militares. |58| Las pertenencias de la mayoría de detenidos y detenidas nunca fueron devueltas. Otros centenares de manifestantes lograron evadir la captura, algunos debiendo permanecer escondidos en terrenos inhóspitos.

    En su mayoría las personas detenidas fueron liberadas 12 horas más tarde, por múltiples gestiones de organismos defensores de derechos humanos, pero la policía mantuvo detenidas a 12 personas por más de 24 horas. Estas fueron acusadas por el Ministerio Público y posteriormente dejadas en libertad.

    La Comisión recibió diversos informes coincidentes que afirman que los tratos crueles infligidos a los manifestantes, dejaron como resultado incapacidades temporales y/o permanentes en a lo menos 16 personas. De igual forma, las personas detenidas estuvieron hacinadas, recluidas en pequeñas celdas oscuras, con escasa ventilación, en donde fueron sometidas a actos violentos, constitutivos de tratos crueles inhumanos y degradantes, por agentes policiales que les lanzaron pastillas de gas pimienta. La impunidad con que actuaron los agentes del Estado es tan manifiesta que aun encontrándose en el centro de detención la defensora de derechos humanos Bertha Oliva de Nativí, que constataba la situación de las personas detenidas junto al juez ejecutor del hábeas corpus interpuesto por el COFADEH, abogado Alex German Guillén Flores, |59| no se contuvieron en atacar a los detenidos cuando se encontraban en total indefensión y bajo custodia.

    200 personas resultaron con lesiones, golpes y heridas; 13 de mayor gravedad por fracturas de sus miembros superiores o inferiores, golpes contusos en la cabeza, politraumatismo, hemorragias en heridas causadas por golpes, que fueron trasladas a centros de atención médica, especialmente al Hospital Santa Teresa de Comayagua, bajo estricto resguardo policial y militar. Sólo les permitían que los doctores les dieran los primeros auxilios y después los trasladaron nuevamente a las bartolinas de la policía de Comayagua. |60|

    La Comisión de Verdad concluye que la protesta del 30 de julio de 2009 era numerosa. Sin embargo, las personas que se manifestaron no portaban armas y el propósito de su protesta no era ilícito, sino todo lo contrario: se exigía el retorno a la institucionalidad fragmentada por el golpe de Estado, por lo que era una protesta legítima dentro del marco del ejercicio de los derechos constitucionales. |61|

    En virtud de lo anterior, aunque las autoridades argumentaran que actuaban para restablecer el derecho a la circulación, los medios empleados para tal fin fueron totalmente desproporcionados.

    Se organizó una operación militar que parecía estar dirigida a un enemigo armado y organizado para defenderse, y no a un grupo de ciudadanos pacíficos y desarmados.

    Por otro lado, se violentó el principio de necesidad, puesto que aun cuando ya había sido desalojada la ruta vehicular, los miembros de la policía y del ejército continuaron ensañándose contra quienes se manifestaban. Abusaron del uso de gases lacrimógenos, incluso arrojando bombas en lugares cerrados como los camiones militares y las bartolinas. Detuvieron a las víctimas mediante el uso excesivo de la fuerza y las sometieron a tratos crueles, inhumanos y degradantes una vez que se encontraban detenidas y reducidas.

    Es importante puntualizar que las expresiones de odio vertidas por los agentes estatales contra los manifestantes por considerarlos seguidores del Presidente Manuel Zelaya, ponen de manifiesto el ánimo de castigo y de represalia.

    También en este caso se pone en evidencia el carácter sexista de las actuaciones de los policías y militares que reprimieron la manifestación. Su obvio propósito, en el caso de las mujeres, fue de humillar, degradar y torturar, para enviar un mensaje de dominación y de castigo. Esto se manifestó en las vejaciones sexuales y las frases denigrantes que profirieron contra ellas.

    Las agresiones físicas y verbales sufridas por muchas de las personas que se manifestaron el 30 de julio de 2009, son evidencia indubitada de que policías y militares hicieron un uso excesivo y, en la mayoría de casos, injustificado e ilegítimo de la fuerza. La Comisión de Verdad conoció del uso reiterado de toletes, tubos de acero, gases lacrimógenos, agentes químicos, balas de goma y armas de fuego, y resulta suficientemente sustentable concluir que hubo una visible desproporción en su uso.

    El 11 de diciembre de 2009, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos presentó cargos contra seis policías de bajo rango por violación de los deberes de funcionarios públicos en contra de la Administración Publica. Al momento de cerrar la redacción de este informe se encuentra pendiente el juicio.

    1.5 Represión de la manifestación del 12 de agosto de 2009 en las inmediaciones del Congreso Nacional, en Tegucigalpa.

    El 12 de agosto de 2009 organizaciones políticas, gremiales, estudiantiles, profesionales, sociales y de ciudadanos sin filiación gremial se congregaron en una marcha pacífica para manifestarse contra el golpe de Estado. Partieron de la Universidad Pedagógica Nacional, realizando paradas frente a los centros de poder económico y político ubicados en el trayecto, hacia el centro histórico de Tegucigalpa.

    Cuando la cabeza de la movilización llegaba a la plaza La Merced, un supuesto manifestante agredió al Vicepresidente del Congreso Nacional, Ramón Velázquez Nassar, y los militares que rodeaban el edificio del Congreso iniciaron la represión contra la manifestación. Los policías Cobras empezaron a lanzar bombas lacrimógenas y a perseguir y golpear a los manifestantes. Algunas personas fueron bajadas de autobuses y golpeadas, otras fueron asediadas en calles aledañas, sometiéndolas a tratos crueles.

    Según la Secretaria Defensa Nacional, |62| 148 elementos del Primer Batallón de Infantería, 176 elementos del Primer Batallón de Artillería de Campaña, 79 elementos del Décimo Batallón de Infantería, 60 elementos de la Escuela de Suboficiales del Ejército y 84 elementos de la Escuela Técnica del Ejército se ubicaron en las instalaciones del Congreso Nacional, junto a destacamentos de la Policía Nacional y agentes del COECO. |63|

    La represión tuvo como resultado varias personas heridas, golpeadas y torturadas; algunas fueron despojadas de sus pertenencias por los agentes de seguridad.

    Las personas que han testificado sobre este evento aseveran que los agentes policiales acataban instrucciones de los militares. La policía disparaba proyectiles de goma y de madera. Tanto militares como policías golpeaban repetida y violentamente a la gente, aún cuando las personas estaban físicamente sometidas. Al tiempo que las golpeaban les hacían preguntas absurdas como si venían de Nicaragua o de Venezuela, que cuánto les pagaban por participar en la manifestación, etc.

    La tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes fueron en esta represión deliberadamente practicados por agentes del Estado para ocasionar sistemáticamente dolor y sufrimientos a las personas con la intención de desarticular la marcha.

    La CdV conoció el testimonio de Edgardo Napoleón Valeriano, |64| quien declara que luego de participar en la manifestación se dirigió hacia el Barrio Abajo, ante la persecución que era objeto por parte de agentes policiales. Uno de los agentes le dio alcance y de inmediato comenzó a golpearlo en repetidas ocasiones con el tolete en la cabeza, sumándose otros dos agentes. Luego llegó un cuarto agente de la policía que se desabrochó el chaleco y debajo de este sacó una cadena, vio hacia los lados para asegurarse que no lo verían. Con la cadena lo golpeó repetidas veces sobre la espalda dejándolo seriamente lesionado, con marcas inconfundibles de los eslabones. |65|

    Al tiempo que le infligían golpes le gritaban que cuanto le pagaban por manifestarse, que si era venezolano o nicaragüense. La víctima pidió a un oficial del ejército que pararan porque lo iban a matar, pero este no hizo nada al respecto. Luego de señalarlo como venezolano, ordenó lo llevaran a la estación de la policía femenina, previamente este oficial lo despojó de su celular y tarjeta de identidad.

    Una vez en la posta de la policía femenina, no se le brindó primeros auxilios, por el contrario se le maltrataba para agravar su estado físico y emocional, le arrojaban agua con el pretexto de lavar el sangrado de los golpes en la cabeza, y luego de varias horas después de insistir en que lo llevaran al hospital fue conducido en una patrulla, en donde fue hostigado nuevamente, uno de los agentes portaba el fichero con el apellido Martínez.

    Estando en la sala de emergencia del Hospital Escuela, la víctima pidió a un médico que lo atendiera por la dificultad respiratoria que sufría, pero éste no lo hizo. Ante la petición de una profesional de enfermería, finalmente accedió a atenderle, pidiendo al personal auxiliar abandonaran el cubículo, una vez solos le dijo "está bueno que te pasa por andar en esa mierda". |66|

    La tortura fue física y psicológica. Además de golpes que ocasionaron graves lesiones físicas, las víctimas fueron insultadas, amenazadas de muerte y de ser sometidas a choques eléctricos.

    Contrario a lo que ocurrió en los años ochenta y primera mitad de los noventa cuando la principal finalidad de la tortura era hacer "hablar" a las personas para obtener información, en este período fue reprimir la lucha por restaurar la democracia, disuadir del propósito y generar temor en otros actores.

    La Comisión de Verdad concluye que las acciones policiales y militares en la protesta del 12 de agosto produjeron la violación de las libertades de circulación, de expresión y de reunión, que luego degeneró en el atropello a la libertad personal y la integridad física, psíquica y moral de los manifestantes.

    También se agredió e impidió la labor de defensores y defensoras de derechos humanos, tal es el caso de la abogada Leyla Díaz, Procuradora del CIPRODEH, que fue objeto de golpes al intentar ejercer su labor. En su testimonio confirma que los militares que controlaban el edificio del Congreso, ordenaron a los policías que fueran sobre ella, cuando filmaba y les reclamaba por golpear a un hombre que tenían inmovilizado y reducido. Estos se le abalanzaron, dándole golpes a mano abierta, "toletazos" y puñetazos en la cabeza y tórax, mientras la arrastraban tomada por el pelo hasta la plaza del Congreso Nacional, donde finalmente fue liberada.

    26 personas fueron detenidas (dos mujeres, dos personas menores de edad y 22 hombres), Alba Leticia Ochoa, Mabel Carolina López, Nelson Gustavo Rivera, José Natividad Pérez Lorenzo, Gerardo Arturo Flores, Emerson Rosikler Barahona, Daniel Cárcamo Sánchez, Magdaleno Lazo Pineda, Allan Samuel Cruz, Rosario Vásquez, Oslin Daniel George Cantillano, José Lino Ávila, Justo Pastor Mondragón, Oscar Manuel Murillo, Santos Ricardo Peña, Darwin Isaac Amaya, Sergio Raúl Jerezano, Wilmer Orlando López, Santos René Herrera, Mario Rodrigo Ardón, Florentino Izaguirre, Lisandro Gómez, Oscar Manuel Murillo, Darwin Said Hernández, y Milko Durán Céspedes, de nacionalidad colombiana y venezolana, que se encontraba haciendo turismo en Honduras. Los hombres fueron obligados a permanecer acostados en el piso, boca abajo, sin zapatos y sin camisa, mientras eran golpeados con puntapies y "toletazos" por los policías y militares; las mujeres fueron golpeadas por miembros de la policía femenina.

    "Estaba grabando el momento en que varios policías le abrían la cabeza de un "toletazo" a un hombre que estaba detenido, empecé a grabar la detención y en eso los policías me dijeron que eso era prohibido y me pidieron la tarjeta de identidad, la cual no portaba en ese momento. Al decirles que la tenía en la oficina, un policía me golpeo con el tolete en los glúteos, y me llevaron detenida hasta los bajos del Congreso Nacional, ahí me arrojaron al piso y una agente de policía que llevaba el fichero de Barahona Briceño, me pegó un puñetazo en la cara y luego intentó golpearme con un tubo de hierro, metí el brazo e inmediatamente empecé a sangrar |67|."

    Los detenidos también sufrieron humillaciones de autoridades civiles, incluyendo diputados, mientras estaban bajo control policial y militar. Estos incitaban a las fuerzas policiales y militares que continuaran golpeándolos.

    Posteriormente fueron bajados al sótano del edificio legislativo, donde los comisionados de policía Elder Madrid y José Ventura Flores Maradiaga, ordenaron su traslado en un camión militar al Comando de Operaciones Especiales Cobras |68| de la colonia 21 de Octubre, en Tegucigalpa; durante su traslado los y las detenidas continuaron siendo objeto de amenazas y malos tratos.

    El comisionado de policía Elder Madrid Guerra, a cargo del Comando Cobras, inicialmente negó el acceso de familiares y defensores de derechos humanos a esas instalaciones para confirmar el estado de las personas detenidas, quienes en sus testimonios relatan permanecían en la tribuna del campo, en donde eran sujetas de interrogatorios y hostigamiento por parte de agentes Cobras.

    "Agentes que se encontraban en el Club Social de la Unidad nos gritaban, ¡allí vienen esos perros!, ¡a la horca!, ¨¿por qué no los mataron?. Horas después llegaron otros Cobras que venían de hacer operativos y también nos gritaban ¡báñenlos!, ¿no los han bañado?, ¡los tienen premiados en la sombra!, ¡por estos perros hijos de puta callejeros tengo dos noches de no ir a mi casa!" |69|

    A las 5:00 de la tarde, el comisionado Madrid Guerra |70| se apersonó con documentos para que los detenidos los firmaran. En ellos se decía que a los detenidos se les había dado a conocer sus derechos; sin embargo, hasta ese momento ni siquiera habían sido informados sobre las causas de su detención.

    No fue sino hasta las 10:00 de la noche, que 11 de los detenidos, quienes se encontraban heridos, fueron trasladados en ambulancias de la Cruz Roja al Hospital Escuela. Allí recibieron atención médica; luego fueron devueltos a las instalaciones del COECO. |71|

    La Comisión considera que no debe ignorarse por su relevancia que prestadores de salud faltaron a su deber de documentar la tortura sufrida por las víctimas como es su deber y que en no pocas ocasiones les agredieron verbalmente por su participación en las marchas. Varios testimonios recogidos por la Comisión hacen referencia a agresiones y ofensas a los pacientes con acusaciones estigmatizantes y discriminatorias.

    Alrededor de las 3:00 de la madrugada del 13 de agosto, todos fueron trasladados a la Jefatura Metropolitana de Policía Número 1, o Comando Regional 7, CORE 7. |72| Allí permanecieron hasta el día siguiente, cuando fueron trasladados al edificio policial.

    A 24 de los 26 detenidos, el Ministerio Público les imputó delitos de sedición, robo, manifestación ilícita y daños a la propiedad en la audiencia de imputados que se celebró en las mismas instalaciones policiales resguardados por agentes Cobras. El juez de la causa decretó medida cautelar de detención judicial para 11 de los inculpados y medidas sustitutivas a la prisión a los 13 restantes.

    En forma contraria, las juezas ejecutoras de recursos de hábeas corpus interpuestos por organizaciones de derechos humanos se negaron a recibir las denuncias sobre los tratos crueles inhumanos o degradantes que reportaban las víctimas, manifestando que debían denunciarlo ante el Juez.

    Posteriormente, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) por solicitud de organizaciones de derechos humanos y de las víctimas presentó denuncias por abuso de autoridad, detención ilegal, torturas, falta a los deberes de los funcionarios y tratos crueles y degradantes |73| contra Elder Madrid Guerra (comisionado de la Policía Nacional), José Ventura Flores Maradiaga (subcomisionado de la Policía Nacional), Carlos Isaías Polanco Padilla (inspector de la Policía Nacional), Estela Esperanza Ramos (policía preventiva), Juana María Alvarado Barahona (policía preventiva), Suyapa Marina Elvir Escalante (subinspectora de policía) y Denis Hernando Casulá Guevara (agente de la DNIC).

    La Comisión ha confirmado que a la fecha del cierre de su informe, ninguna de estas personas ha sido sancionada.

    1.6 Represión de Choloma. Violación sexual de manifestante, 14 de agosto de 2009

    A tempranas horas de la mañana del 14 de agosto de 2009, aproximadamente cuatro mil personas convocadas por el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, se tomaron la carretera Panamericana, a la altura del puente sobre el río Choloma, en el municipio del mismo nombre, en el departamento de Cortés.

    La protesta comenzó a las 9:00 de la mañana y terminaría a las 12:00 según acuerdo entre la dirigencia y el subcomisario de policía Jonathan Espinoza Caballero, |74| jefe de la Policía Preventiva de Puerto Cortés, también se acordó que la policía les daría seguridad en la movilización que realizarían hasta el centro del municipio.

    "Ellos tienen una hora y media de plazo para desalojar las piedras de la vía y marcharse pacíficamente. La policía se compromete a darles seguridad durante todo el recorrido" |75|

    A las 11:30 a.m., la policía recibió apoyó de la 105 Brigada de Infantería comandada por el coronel Edgardo Isaula, inmediatamente los agentes policiales y militares procedieron a desalojar a los manifestantes utilizando chorros de agua, bombas lacrimógenas y los toletes policiales. |76|

    El desalojo violento fue efectuado por unos doscientos efectivos, que destruyeron las cámaras y equipo de trabajo de tres comunicadores sociales que cubrían los hechos, lanzaron bombas lacrimógenas dentro de las casas que se ubican a la orilla del Boulevard del Norte, realizaron registros ilegales y allanamientos. Persiguieron a los manifestantes, asediándolos en diferentes sitios de la comunidad de Choloma, les sometieron a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

    32 personas fueron detenidas |77| y ocho resultaron heridas, |78| por la gravedad cinco fueron remitidos al Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula -Rogelio Espinoza, |79| Carlos Alberto Linares, Marcial Hernández, Julio Espinoza Carías, Jesús Alberto Fajardo- Los cinco hombres fueron trasladados bajo custodia. Todos recibieron tratamiento por heridas registradas como golpes con objetos contusos en la sala de emergencia. A dos les dieron de alta, pero tres fueron dejados en observación en la sala de emergencia por tiempo aún indefinido. Julio Espinoza Carías, residente de El Progreso, sufrió una fractura expuesta del fémur derecho causado por un impacto de bala, y otras heridas y golpes en la cara y cuerpo. |80|

    Los detenidos fueron remitidos a la Jefatura Policial de Choloma. |81| La policía además de utilizar las patrullas plenamente identificadas, utilizó carros particulares sin placas. Posteriormente se les puso en libertad en cumplimiento de la orden emitida por el juez ejecutor Wilfredo Castellanos, Comisionado de Derechos Humanos en San Pedro Sula. |82| Entre los detenidos |83| se encontraban los comunicadores Edwin Castillo, reportero de Tela, y Gustavo Cardoza de Radio Progreso, quienes fueron obligados a subir a la patrulla número 16, golpeados con toletes y patadas. También fue detenido el reportero gráfico de Diario Tiempo, Julio Umaña, a quien le descargaron un toletazo en su mano aun cuando se había identificado como periodista del diario en referencia.

    Previo a su detención Cardoza se había comunicado con Radio Progreso informando que policías le perseguían apuntándole con sus armas y que en ese momento lo despojaban del teléfono celular.

    Una hora más tarde, a las 12:30, los efectivos policiales y militares disolvieron una vez más a los manifestantes que se habían reagrupado en el parque Central del municipio. Los agentes persiguieron a los manifestantes hasta los refugios temporales que habían encontrado ante el ataque y la persecución, incluyó en los centros comerciales y residencias particulares.

    Testimonios brindados a la CdV confirman que los agentes actuaron con ventaja y que su objetivo iba más allá de despejar la arteria vial, era castigar como efectivamente lo hicieron a los manifestantes. |84| Al mismo tiempo, el régimen de facto reforzó el control de la libertad de expresión, al detener, golpear y destruir el equipo de trabajo de los periodistas que ejercían su trabajo de informar.

    "Nosotros, de donde estábamos reconcentrados observamos cuando llegaban los policías tirando bombas, las granadas, tirando las bombas lacrimógenas, entonces nosotros corrimos hacia el parque. Y corrimos muy abajo del parque, y ellos nos fueron siguiendo y siguiendo. Y cuando venimos de regreso a reconcentrarnos al parque, entonces nos dejaron que llegáramos al parque, una parte. Y cuando los que andaban por allá largo, dispersos, los andaban recogiendo, trayéndolos, toleteándolos, golpeándolos, y metiéndolos a la cárcel. Y nosotros nos quedamos allí. Después hicieron un cerco alrededor del parque. Entonces nosotros nos volvimos a correr para el lado del puente. Y cuando corrimos para allá nos salieron adelante, entonces regresamos. Y venían unas mujeres que son de SITRAMEDYHS. Y entonces ellas también venían corriendo, y nos metimos a unas porquerizas que había allí. Abrimos un portón y entramos corriendo. Y con la misma, la gente lo cerró. Pero cuando entramos, las mujeres que traían niños se metieron en unos baños y ya para mí ya no había campo, como de todas maneras había que salvar a los niños. Pues, yo me quedé sentado en una silla. Pues, pasaron y nos quedamos allí como dos minutos. Cuando regresaron, entonces, llegaron donde mí. Abrieron y entraron corriendo. Y como que era un enemigo me agarraron. No me pidieron ninguna declaración, sino que sólo me señaló alguien y se vinieron, pero todos a un tiempo, con los garrotes, dándome por la espalda, por la cabeza. Y alguien me agarró. Uno de ellos me agarró de la camisa, y me pegó un jalón aventón. Y cuando yo caminé para adelante, otro me dio con los pies, con los zapatos, y me botó. Y entonces no me quedó otro alternativo que encogerme en el suelo y allí se dieron gusto. Hasta que ya no quisieron. De allí me sacaron arrastrado. Después, me paré, y cuando yo me paraba, ellos aprovechaban, pues, como yo ponía el lomo, aprovecharon para darme, era lo que más querían. Y cuando salimos a la calle, me entraron otra vez a la camioneta, y entonces, yo estaba botando mucha sangre de la cabeza, nos llevaron a la policía. Y llegando a la policía me pegaron un empujón que caí, y allí siguieron con las patadas". |85|

    Agresión sexual durante represión

    El 14 de agosto del 2009, I.M.V., |86| junto con su compañero de hogar y su madre, se trasladaron a la ciudad de Choloma, departamento de Cortés, para participar en la protesta convocada por la resistencia contra al golpe de Estado.

    Cuando llegaron, la policía ya estaba reprimiendo, lanzando gases lacrimógenos, chorros de agua y químicos a través de tanquetas. Tratando de huir de la represión los tres tomaron rumbos diferentes. Un policía le dio alcance a ella deteniéndola violentamente.

    Agentes policiales la esposaron y la subieron a la paila de una patrulla. Ella pudo escuchar que subían a más detenidos a la patrulla. Sin embargo, no podía ver, ya que se encontraba tendida boca abajo; un policía la presionaba contra el piso de la patrulla con su bota sobre su espalda, lo que le impedía incorporarse.

    La patrulla llegó a la posta policial de Choloma. Ahí bajaron a los otros detenidos por la parte de atrás de la posta. A ella le indicaron que no se moviera. Escuchó que alguien dijo: "Chepe Luis, ¿y a ésta la llevamos a San Pedro?", no pudo escuchar la respuesta. Los policías le dijeron que se quedara allí. Después de bajar a todos los detenidos se la llevaron con rumbo a la carretera de Ticamaya. |87|

    "hoy sí vas a saber lo que te va a pasar por andarte metiendo en lo que no te importa." La obligaron a quitarse la ropa apuntándole con sus armas. Luego los cuatro la violaron sexualmente. Le dijeron que si hablaba la buscarían.

    La patrulla se desplazó por calles de tierra durante unos 20 a 30 minutos, llegando a una zona boscosa, a la orilla de una carretera donde se detuvieron, aquí se bajaron 3 policías que estaban en la cabina de la patrulla. El cuarto, que acompañaba a I.M.V. en la paila, la tomó del cuello de la blusa, la tiró del vehículo y le dijo: "hoy sí vas a saber lo que te va a pasar por andarte metiendo en lo que no te importa." La obligaron a quitarse la ropa apuntándole con sus armas. Dos de ellos la obligaron a hacerles sexo oral. Luego los cuatro la violaron sexualmente. Le dijeron que si hablaba la buscarían. Ella logró reconocer a dos de sus agresores, uno de apellido Ortiz y otro de apellido López.

    La abandonaron desnuda en el lugar de la violación. La víctima logró levantarse; se vistió con las ropas que habían dejado tiradas y caminó por unos matorrales durante unos 15 ó 20 minutos. Totalmente confundida y sin saber dónde estaba, caminó por la carretera principal, donde una señora que transitaba en su vehículo la auxilió trasladándola a la casa de su madre en la colonia Planeta. No pudo ser evaluada por un médico inmediatamente hasta el siguiente día. Posteriormente decidió denunciar lo vivido acudiendo a organismos de derechos humanos, y a una radio emisora a través de la cual pudo difundir su testimonio.

    La Comisión de Verdad pudo constatar que el 14 de agosto de 2009, el día en que I.M.V. fue violada sexualmente, la policía protagonizó una violenta represión en contra de la protesta pacífica que se realizaba en las inmediaciones del puente de Choloma. |88|. Ello consta en los testimonios de otras víctimas de los acontecimientos que tuvieron lugar ese día en Choloma.

    Las fuerzas del orden hicieron un uso indiscriminado de gases lacrimógenos, incluso lanzando bombas dentro de las viviendas. La policía justificó sus acciones en el hecho de que los y las manifestantes bloqueaban el paso de vehículos de San Pedro Sula a Puerto Cortés, lo cual era un duro golpe a la economía por ser este el principal puerto de Honduras.

    I.M.V. se vio obligada a cambiar de vivienda constantemente y finalmente decidió salir del país por su propia seguridad y la de su familia.

    La Comisión de Verdad concluye que en este caso concreto se confirma una vez más el uso desproporcionado de la fuerza, la sistematicidad de la intervención del ejército en el control de la seguridad interna, la falta de diligencia de las autoridades, del Poder Judicial para establecer la responsabilidad a los autores de violaciones graves a los derechos humanos. De igual forma la Comisión reconoce que las vejaciones a que fue sometida I.M.V. constituyen actos de tortura y la represión de la manifestación pacífica, constituye tratos crueles, inhumanos y degradantes.

    Asimismo puede concluir que la agresión a las mujeres durante las manifestaciones tenían un fuerte componente sexual, que iba aumentando en intensidad, pasando de los insultos sexistas a golpes diferenciados de género y, finalmente, al ataque sexual a las detenidas. Cuando esta Comisión cerró su informe, la Fiscalía Especial de Derechos humanos no había terminado su investigación.

    1.7 Represión de manifestantes en las inmediaciones de la Embajada de Brasil, 30 de julio de 2009.

    El 21 de septiembre de 2009, el Presidente José Manuel Zelaya Rosales ingresó a Honduras en forma clandestina por primera vez, después del golpe de Estado, y luego de dos intentos fallidos, el 05 de julio por el aeropuerto Toncontín y el 24 de julio por la aduana terrestre de Las Manos.

    Ante la amenaza del gobierno de facto, de ser apresado si retornaba al país, se refugió en la sede de la misión diplomática de Brasil ubicada en la colonia Palmira |89| en la ciudad de Tegucigalpa, en donde permaneció del 21 de septiembre de 2009 al 27 de enero de 2010.

    Mientras el gobernante de facto Roberto Micheletti Baín negaba la presencia del Presidente Manuel Zelaya en Honduras, miles de personas se dirigieron a las cercanías de la sede diplomática, en donde se reunieron para manifestar su apoyo al mandatario. La presencia fue en aumento a medida que pasaban las horas, permaneciendo en este sitio hasta el amanecer del día 22 de septiembre.

    Ante la sorpresiva presencia fueron emitidas una serie de medidas restrictivas a las garantías de la población hondureña, dentro de las que se anunció un toque de queda |90| a partir de las 4:00 de la tarde del día 21, prolongándolo hasta el día 26. Bajo el toque de queda se hizo uso injustificado de la fuerza para dispersar, perseguir y detener a los manifestantes, en diferentes puntos de la ciudad capital.

    Por su parte, organizaciones magisteriales, |91| sindicatos y centrales obreras convocaron a un paro indefinido de labores en todo el país para apoyar la presencia del Presidente Zelaya Rosales en la Embajada de Brasil.

    El 22 de septiembre, a las 5:00 de la madrugada, fuerzas de la Policía Nacional y del ejército se movilizaron hacia la sede diplomática con tanquetas de agua, bombas lacrimógenas, toletes y armas de fuego, con el objetivo de dispersar a los manifestantes, utilizando como subterfugio la violación al toque de queda.

    De acuerdo a los testimonios recibidos por la Comisión de Verdad, miembros de la Policía Nacional y del ejército, agentes Cobras y agentes de inteligencia sitiaron la Embajada, arrojaron gases tóxicos, bloquearon las salidas e interrumpieron el suministro de energía eléctrica. Golpearon y persiguieron a los manifestantes, de forma indiscriminada. Así mismo ocasionaron daños a la propiedad privada, tanto de las personas que se manifestaban, como de vecinos de la zona.

    Testigos declararon haber visto a miembros de las fuerzas de seguridad atacar a las personas con bastones policiales (toletes), bombas lacrimógenas disparadas directamente al cuerpo y armas de fuego. |92| Por varias horas se mantuvo una alta concentración de gases lacrimógenos, esparcidos en varias cuadras circunvecinas, sin considerar que entre los manifestantes se encontraban niños, niñas y ancianos, además que la zona es residencial. Asimismo, los manifestantes fueron objeto de agresiones físicas y verbales.

    "Recuerdo un policía que apuntó su escopeta para lanzar bombas lacrimógenas hacia mi cuerpo y yo traté de buscar el poste de luz pública para protegerme." |93|

    "Los policías y militares entraron al lugar y nos quisieron sacar con los toletes. Me pegaron en los brazos, en la espalda, en las nalgas y en la cabeza." |94|

    Las personas que se encontraban en las cercanías a la Embajada de Brasil se escondieron dentro de los carros o en las casas aledañas al lugar. Otras escaparon por rutas alternas, avenida La Reforma, |95| avenida La Paz hasta llegar al centro de la ciudad, |96| la colonia Palmira, el barrio Guadalupe y el río Chiquito.

    "Cuando llegué al puente Guanacaste me tiré al río Chiquito y salí abajo hacia la antigua penitenciaría." |97|

    "Recuerdo que una bomba lacrimógena me impactó en la espalda, logrando botarme al suelo, por lo que busqué refugio en los alrededores, logrando entrar en una casa vecina en la embajada de Brasil, la que se encontraba vacía, pero en un momento se llenó de gente que trataba de protegerse, entre estos adultos, mujeres y niños. Subí al techo con el afán de protegerme, permaneciendo acostado, por espacio de 2 horas. Fuimos atacados con una incesante lluvia de bombas lacrimógenas, era imparable, creí que me ahogaría, porque en los techos caían innumerables bombas lacrimógenas, por lo que como sobrevivencia, introduje la cabeza en una parte techo de asbesto que estaba roto, para mantener un poco de aire del espacio entre el cielo raso de la casa y el techo de asbesto, como especie de avestruz". |98|

    La Comisión de Verdad ha recibido declaraciones que aseguran que las autoridades continuaron persiguiendo y disparando balas vivas a cerca de 30 personas que se habían lanzado al río.

    "Los policías, cuando nos siguieron, se metieron por una propiedad privada para seguirnos disparando en parte del río." |99|

    Alrededor de 150 personas que huían hacia el centro de la ciudad, se refugiaron en la sede de la organización de derechos humanos, COFADEH, en el barrio La Plazuela. Hasta ahí, llegaron unos 15 agentes policiales que se conducían en patrullas motorizadas, quienes se apostaron frente a la sede acelerando sus motocicletas, en actitud agresiva trataron de ingresar a la sede para darles captura, ante la imposibilidad de ingresar, atacaron la misma lanzando dos bombas lacrimógenas, |100| que además de provocar dificultad respiratoria, infundieron confusión y temor en los refugiados, entre los cuales se encontraban niños, niñas y adolescentes, así como el personal de la organización humanitaria, que tomaba testimonios a las víctimas.

    Desde las horas de la madrugada hasta las diez de la mañana la persecución era implacable en contra de los manifestantes, Diana Brown, que había permanecido en vigilia junto a miembros de su familia frente a la embajada de Brasil, denunció ante la CdV, que al observar el movimiento militar y la toma de posiciones decidió abandonar el sitio, no había terminado de salir cuando se inició la represión.

    Huyó dispersándose de sus familiares, corrió tanto que no se dio cuenta que había llegando al barrio Guadalupe cerca de la Delegación de la policía femenina. Estas agentes la identificaron como manifestante, la detuvieron y la sometieron a tratos crueles dentro de la delegación, le envolvieron la cabeza con una bandera del Brasil y la golpeaban en la espalda, piernas y abdomen, mientras la insultaban, le decomisaron la mochila que llevaba con maquillaje y sustituyeron su contenido por piedras. Cuando se cansaron de golpearla, la sacaron de la delegación y desde la acera la lanzaron a la paila de la patrulla, le dijeron que la mandarían a los tribunales con la mochila llena de piedras.

    La señora Brown fue traslada al estadio de béisbol "Chochi Sosa", en el Complejo Deportivo "José Simón Azcona", en donde permanecían más de un centenar de personas recluidas. En las instalaciones se encontraban organizaciones de derechos humanos gestionando la libertad de los detenidos. En horas de la tarde apresuradamente los policías ordenaron a los detenidos salir, ante el anuncio de que llegarían funcionarios de las Naciones Unidas. |101|

    En el marco de esta represión múltiples heridos fueron trasladados por ambulancias de la Cruz Roja al Hospital Escuela para su atención, en una sola ambulancia fueron trasladados 15 heridos |102| con traumatismo de cráneo. El hospital no llevó un registro adecuado de los heridos y lesionados remitidos. La CdV conoció que otros casos fueron atendidos en centros privados, en el Hospital de la Seguridad Social y en las sedes de las organizaciones de derechos humanos que habilitaron espacios para atender lesionados y heridos que se negaron, por temor, a presentarse al hospital público.

    Organizaciones locales de derechos humanos reportaron más de un centenar de lesionados, que manifestaron haber sido golpeados con palos y toletes, dos denunciaron haber sido atados con las manos a la espalda ordenándole que se arrodillaran, posteriormente les golpearon con toletes en la espalda que les dejaron marcas de 3x5 cm., otros reportaron que sus pertenecías fueron decomisadas incluyendo cámaras de vídeos.

    Mediante listados levantados por las organizaciones de derechos humanos, la CdV tiene información de 300 detenidos en el estadio "Chochi Sosa", incluyendo nueve niños entre 14 y 17 años, |103| también hubo reportes de personas que fueron trasladadas al campo de pelota "Lempira Reina" y a las inmediaciones del Monumento a la Paz en el cerro Juana Laínez. |104|

    "Era un campo de concentración. Nos colocaron directamente al sol, nos tomaron los datos y nos agredían constantemente en forma verbal." |105|

    Diferentes testimonios recibidos por la CdV son coincidentes en afirmar que los detenidos en el estadio "Chochi Sosa", permanecieron bajo el sol por largas horas, formados en fila mientras en forma lenta las autoridades les tomaban datos personales. |106| No obstante que había personas severamente heridas entre los detenidos, una unidad forense que se presentó no examinó a los detenidos, por el contrario se marchó rápidamente. |107|

    Después de la dispersión se instalaron retenes militares en las calles de acceso a la Embajada de Brasil. Un gran número de policías y militares se ubicaron de forma permanente frente a la Embajada. Los barrios circunvecinos de San Rafael, El Guanacaste y las principales calles de acceso fueron sitiados, cerraron vías públicas e impidieron el paso de vehículos y peatones mediante barricadas instaladas en las bocas calles.

    Asimismo, violentó el derecho a la inviolabilidad del domicilio de vecinos y vecinas a la Embajada de Brasil, que fueron desalojados de sus viviendas, para ser ocupadas por las fuerzas militares y policiales.

    Aproximadamente 300 personas quedaron atrapadas dentro de las instalaciones de la sede diplomática, donde fueron sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, con la emisión de sonidos estridentes, lanzamiento de gases lacrimógenos al interior, corte de servicios básicos (agua, energía eléctrica). En su mayoría salieron bajo autorización de fiscales, la presencia de organizaciones de derechos humanos y la supervisión de efectivos militares que exigían ver las tarjetas de identidades de las personas que abandonaban la sede diplomática. Mientras un grupo de 60 personas permaneció en la sede acompañando al Presidente Zelaya y la Primera Dama Xiomara Castro.

    La zona de la Embajada permaneció militarizada hasta el 27 de enero de 2010, fecha en que el Presidente Zelaya salió del país. Durante ese tiempo los huéspedes fueron objeto de constante hostigamiento por los militares que se encontraban en los alrededores.

    El mismo 22 de septiembre, se reprimió en forma igualmente violenta a los manifestantes en la ciudad de San Pedro Sula. La represión dejó un saldo de 50 personas detenidas por violar el toque de queda y participar en actividades contra el Golpe de Estado, de estas cuatro fueron judicializadas. Los manifestantes habían organizado una marcha desde el instituto "José Trinidad Reyes" hasta el parque Central.

    Situación en el interior de la Embajada de Brasil

    De acuerdo a los testimonios brindados a la CdV, las primeras 72 horas fueron críticas para los residentes en la Embajada, que manifiestan haber sido víctimas de atentados contra la salud. El mismo día 22, elementos del ejército procedieron a instalar un aparato sónico, |108| del que emitieron ondas de sonido penetrante, que se dispersan en todas las direcciones y que provocó diversas reacciones en las personas.

    "En la casa en que me encontraba, el muro colindaba con la Embajada de Brasil, vimos que en calle estaban instalando un aparato extraño, parecido a un radar plano, los militares procedieron a protegerse los oídos.

    Al ver estos preparativos decidí pasarme a la Embajada, de donde otra gente que se encontraba allí nos ayudaron a pasarnos, así también se pasó una pequeña parte de gente.

    No había pasado mucho tiempo de nuestro traslado cuando empezó a sonar el aparato, se escuchó una voz grabada en inglés que procedía del aparato. Inició con un sonido abrupto, estridente, insoportable, desesperante, que permaneció durante varias horas. La gente caminaba de un lado a otro, se tapaban los oídos, abrían la boca, trataban de refugiarse en los lugares más lejanos, unos compañeros tuvieron conducta agresiva, comenzaron a apedrear el aparato, por lo que le aumentaban el volumen progresivamente. Algunas personas se descontrolaron emocionalmente, lloraban, se miraba en sus rostros el terror ante algo desconocido y no teníamos seguridad ante que nos enfrentábamos, nos sentíamos indefensos, considerábamos que eran capaces de realizar cualquier cosa impensable." |109|

    El viernes 25 de septiembre de 2009, denunciaron a las fuerzas de seguridad por haber arrojado gases tóxicos al interior de la embajada, provocando intoxicaciones, sangrados por la nariz, la boca, el tracto urinario y el recto. Además, produjeron irritación ocular, somnolencia, vómitos, mareos |110| y diarrea, a por lo menos 40 personas de las que se encontraban dentro de la embajada. |111|

    La Comisión de Verdad recibió evidencia suficiente de actos de tortura realizados por las autoridades hacia las personas que se encontraban dentro de la embajada. Las personas que declararon sobre los hechos mencionan que los militares marchaban y cargaban sus armas. |112| Las llamadas telefónicas a las personas que se encontraban dentro de la embajada fueron intervenidas. |113| Durante las madrugadas se emitía el Himno Nacional de Honduras por altavoces, a un volumen insoportable y por largos lapsos. |114|

    "Nos torturaban por las noches, al impedirnos conciliar el sueño con sonidos extraños, que tenían semejanza a golpes incesantes, repetitivos, constantes, también sonidos que parecían que excavaban, con lo cual lograban mantenernos tensos pensando que entrarían por alguna pared o suelo. En horas de la madrugada nos ponían música en altoparlantes, era de todo tipo, incluyendo el himno nacional por horas, en forma repetitiva, hasta que uno no soportaba escucharlos más, también sonido de trompetas. En las noches los militares realizaban marchas frente a la Embajada, golpeando el tolete en los escudos (como los romanos, cuando se aprestaban a la guerra), y gritaban consignas." |115|

    Se ubicó una "plataforma mecánica con policías y militares fuertemente armados y la disposición de dos francotiradores." |116| Se colocaron reflectores con luces intensas. |117| Se instaló en la parte de atrás de la embajada un dispositivo electromagnético que causaba molestias en el oído y que desorientaba a las personas por largo tiempo. |118|

    "Los militares hacían ejercicios como si quisieran invadir la Embajada. También helicópteros sobrevolaban a la altura de la Embajada. Sufrimos de hambre, de sed, sueño, frío y hacinamiento…" |119|

    Las personas que se encontraban en la Embajada no podían salir y volver a entrar. Dadas las condiciones en las que se encontraban, varias organizaciones |120| pretendieron suministrarles alimentos, medicamentos y agua potable. Sin embargo, las autoridades que se encontraban en los retenes hacían hasta lo imposible para impedir el paso de cualquier alimento u objeto. Cuando finalmente se obtenía el permiso para acceder a la Embajada, las autoridades llevaban perros, abrían las bolsas y revolvían la comida con las manos.

    "La comida llegaba muy tarde y a veces llegaba mala, debido al tiempo que se tardaban los militares en ingresarla. Los alimentos eran manipuladas por los militares y policías y era olfateada por los perros…"

    La CdV conoció que varias de las personas que permanecieron en la Embajada de Brasil denunciaron a la FEDH los perjuicios y los efectos nocivos que sobre su estado de salud provocaron las acciones de los cuerpos de seguridad.

    Según las declaraciones de un médico general que se encontraba dentro de la sede diplomática las personas manifestaron: "enfermedades febriles, infecciones gastrointestinales, dolores por contracturas musculares, infecciones oculares, crisis de ansiedad, estrés y en algunos casos irritabilidad." |121| A diario las personas manifestaban "dolores de cabeza y cuello, mareo, náuseas, cólicos abdominales, estreñimiento, ardor de estómago, problemas en la garganta, como faringitis y faringoamigdalitis." |122|

    El 27 de enero de 2010, día de la toma de posesión del señor Porfirio Lobo Sosa, se otorgó un salvoconducto al presidente Zelaya Rosales para que pudiera abandonar el país hacia República Dominicana.

    Ante el prolongado toque de queda las personas contrarias al golpe de Estado se organizaron y manifestaron en los barrios y colonias de la ciudad de Tegucigalpa, hasta donde llegaron tanto fuerzas policiales como militares que se dedicaron a reprimir a las y los manifestantes mediante el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas, agresiones físicas y el uso más continuo de armas de fuego, dando como resultado un gran número de personas heridas tanto por proyectiles disparados por armas de fuego como por golpes contusos incluyendo ataques a niños.

    Muerte de personas en manifestaciones reprimidas y contextos de toques de queda.

    Como consecuencia de la represión generalizada del día 22 de septiembre, que alcanza a barrios y colonias |123| de la ciudad capital Tegucigalpa, que realizan acciones de protesta en sus lugares de residencia, la CdV registra la muerte de cuatro personas, tres por armas de fuego a manos de fuerzas de seguridad del Estado de Honduras y una producto de la inhalación de gases tóxicos: Francisco Alvarado (65), murió a causa de una herida de bala que le impactó en el tórax, disparada por agentes de policía que reprimían una manifestación en la colonia Flor del Campo de Comayagüela, Francisco Alvarado residía frente a la jefatura policial y no participaba en la protesta, se dirigía a las siete de la noche a realizar compras a una pulpería cercana. Elvis Jacobo Euceda Perdomo (18), murió como consecuencia de dos impactos de bala que le penetraron en la cabeza y espalda, cuando ignoró un retén policial. El joven que se conducía en bicicleta les gritó golpistas y siguió su camino. Testigos oculares relataron que la patrulla policial M 110-6, se detuvo como a setenta metros y le disparó por la espalda. El 23 de septiembre, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos presentó requerimiento fiscal en contra del agente de Policía Preventiva Denis Omar Montoya Murillo, por el delito de homicidio en perjuicio de Elvis Jacobo. En un informe remitido por la Corte Suprema a la Comisión Interamericana confirma que el imputado se dio a la fuga. |124|

    Jairo Sánchez |125| murió como consecuencia de un disparo en su rostro, cuando se dirigía una manifestación de pobladores a la altura de la colonia Vista Hermosa Centro, confluencia de varias colonias del norte de Comayagüela. El 23 de septiembre, a las 11.30 a.m., desde una patrulla de policía motorizada, dispararon sin razón alguna contra el grupo de manifestantes. Wendy Elizabeth Ávila |126| (24) MURIÓ de bronco espasmos en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, el 26 de septiembre, después de haber inhalado los químicos de las bombas lacrimógenas que fueron lanzadas en las inmediaciones de la Embajada de Brasil, en las primeras horas del 22 de septiembre para desalojar a los manifestantes que apoyaban el retorno del Presidente Zelaya. Personal médico que la atendió no remitió su cuerpo a medicina forense a fin de que se le practicara la autopsia respectiva, que determinara la causa de su muerte.

    El expediente clínico señala que su fallecimiento se debió a una crisis de neumonía y asma, el médico forense indicó que la causa de la muerte fue la Gripe AWl N 1, que no se realizó el levantamiento por haberse considerado una muerte natural. |127|

    Asimismo, la CdV identificó otras violaciones que afectaron a niños y adolescentes que no participaban en las protestas sociales. Es el caso de los menores Ángel David Osorto Rodríguez |128| (13) y Gerson Ariel Cruz Zelaya (16) |129|, ambos fueron afectados en su integridad al recibir disparos de arma de fuego por parte de agentes de la Policía Nacional que reprimían manifestaciones en sus lugares de residencia. Los menores presentan secuelas de las lesiones ocasionadas en su aparato digestivo.

    Es del conocimiento de la CdV que organismos de derechos humanos presentaron denuncias en la FEDH y la Fiscalía de la Niñez, pero al cierre de este informe los casos continúan en la etapa de investigación.

    La CdV concluye que las multitudinarias manifestaciones públicas que se vivieron en Honduras en 2009 generaron una violenta reacción por parte del Estado, de esta forma se afectó el derecho de reunión, a la vida, se reprimió duramente a los manifestantes, se cometieron incluso actos de tortura en contra de personas detenidas y se criminalizaron. Fueron suspendidas las garantías constitucionales; los barrios y colonias fueron militarizados, se elaboraron "perfiles" de los dirigentes sociales, quienes posteriormente sufrieron ataques, algunos mortales.

    Fue muy común la estigmatización y la humillación a los detenidos. En el marco de estas represiones, el uso excesivo de la fuerza ha sido la norma, se han documentado casos de tortura como: quemar con cigarrillo la piel de personas detenidas, la colocación de las manos sobre piedras o muros para golpearles en sus dedos, bajo la sentencia que "así no vas a poder agarrar una piedra más perro…"; amenazas como: "hay que hacer perdedizos a estos perros", golpes en los dedos con tablones cuando las personas estaban bajo custodia de las autoridades.

    1.8 Represión de manifestantes en San Pedro Sula, 15 de septiembre de 2010.

    Para el 15 de septiembre de 2010, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado convocó a una protesta pacífica que se efectuaría en forma simultánea en diferentes ciudades del país para conmemorar la independencia de Centro América de la Corona Española, este constituía un acto paralelo al desfile oficial organizado por el gobierno, los participantes eran miembros de sindicatos, pobladores integrantes del FNR, institutos de educación media, colegios profesionales y diversos grupos artísticos. En San Pedro Sula la manifestación transitaba por la segunda calle hasta la plaza Libertad, donde se había levantado un escenario para las expresiones artísticas, entre estas el grupo musical Café Guancasco, que instaló en forma temprana su equipo de sonido e instrumentos musicales.

    De acuerdo a la información recabada por la CdV se acercaba a la plaza Libertad la última "manta" de los manifestantes, seguida de vehículos que la acompañaban en caravana y al final de estos una tanqueta de la policía. En la cabeza de la manifestación viajaban en un vehículo pick up, doble cabina, dos oficiales de la Policía Nacional Preventiva, entre ellos el subcomisionado Daniel Matamoros, quien se dirige hacia un pelotón de agentes Cobras. En ese momento también llega el oficial de policía Héctor Iván Mejía, quien hizo uso de un radio comunicador, momentos después comienza la represión con bombas lacrimógenas, persecución, golpes y detención de manifestantes.

    Asimismo, los diferentes testimonios refieren que repentinamente la tanqueta blindada dotada un cañón de presión comenzó a arrojar indiscriminadamente chorros de agua combinada con químicos, y los policías que viajaban en la misma lanzaron bombas lacrimógenas contra las personas que participaban en la manifestación, el innumerable número de explosiones lacrimógenas llenó de humo denso las calles y la plaza, al mismo tiempo que de las bocacalles irrumpían patrullas de policías y militares equipados con chalecos antibalas, escudos, toletes y máscaras antigases, que golpeaban violentamente a todo manifestante que encontraban en su avance, al mismo tiempo que les insultaban.

    Como resultado, al menos cinco personas fueron hospitalizadas y 37 detenidas, tres de ellas menores de edad.

    Los manifestantes buscaron refugios en edificios aledaños, muchos de ellos en las instalaciones de la estación Radio Uno, las cuales fueron atacadas por elementos de la policía, que rompieron los vidrios del edificio y les lanzaron bombas lacrimógenas en su interior, en un claro abuso de autoridad ingresaron a la casa de radio para aprehender a los manifestantes.

    Napoleón Ernesto Bardales, miembro del movimiento del FNRP, buscó refugio en la parte baja del edificio de Radio Uno junto con su hijo de 12 años, en ese momento vio que un niño de 7 años vomitaba por el efecto de los gases lacrimógenos, por lo que se acercó a brindarle auxilio. Los agentes policiales y militares que se desplazaban por el lugar, le propinaron golpes en la espalda con tolete. El menor también fue golpeado, por lo que de inmediato lo hizo pasar a su madre, que trataba de ponerse a salvo junto a su otra pequeña hija.

    "… en el momento que estoy echándole agua en la carita, sentí el primer "toletazo" en la espalda, al niño lo tenía sujeto con el brazo izquierdo, observé que le pegaron a este niño y fue atacado por dos "toletazos"… tenía como 7 años de edad." |130|

    Alrededor de 15 agentes, entre policías y soldados, la emprendieron en su contra, sometiéndole a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Fue brutalmente golpeado con toletes y patadas en todo su cuerpo, arrastrado por el suelo, hasta hacerle perder el conocimiento.

    "… me empezaron a pegar muchos "toletazos", a patearme con sus botas, recibí golpes en la cabeza, tengo una herida de 4 puntadas en la cabeza, golpes con toletes en la cara, boca y me botaron 4 piezas de mi dentadura, me hirieron el labio inferior, tengo tres heridas profundas en mi labio, me golpearon la frente, me golpearon un ojo, me golpearon el pecho, espada, rodilla, estómago. Me hicieron cantidad de golpes, fui masacrado a golpes a grado de perder el conocimiento." |131|

    Efraín López un vendedor de lotería que no participaba de la manifestación, murió por congestionamiento pulmonar al haber inhalado los gases lacrimógenos, la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público estableció como causa de su muerte un infarto. La CdV ha conocido el caso de 4 personas |132| que fallecieron por complicaciones en el sistema respiratorio, luego de haber permanecido en sitios de represión, en los que se hace un uso excesivo de gases lacrimógenos.

    También resultó seriamente lesionado Fidencio Cálix, de 60 años, que se encontraba en la plaza La Libertad, al observar la represión decidió correr junto a los otros manifestantes. De repente, sintió un golpe fuerte en la parte de atrás de su cabeza, cayendo al suelo desorientado, producto del impacto de una bomba lacrimógena, lo que le produjo una herida en el cráneo.

    Por su parte los artistas que se preparaban para iniciar el evento musical fueron sorprendidos por las bombas lacrimógenas que caían sobre el escenario, por lo que se vieron obligados a abandonar el lugar, dejando el equipo de sonido y los instrumentos musicales. Uno de ellos trató de salvaguardarlos, sus explicaciones fueron inútiles, recibió golpes con tolete en su ojo y la espalda, por lo que fue hospitalizado.

    La policía provocó daños a la propiedad privada, en forma deliberada destruyeron con los toletes y les lanzaron agua con químicos al equipo de sonido y los instrumentos del Grupo Musical Guancasco.

    "… una vez desalojada la gente, la policía destruía los instrumentos y los golpeaba con los toletes, incluyendo consola de sonido, pateaban todo. Los policías, antes de subirse al escenario y destruir todo le dirigieron el chorro de agua…" |133|

    Al cierre del informe, la CdV conoció que la FEDH, ha incoado juicio por los delitos de incumplimiento de los deberes de los funcionarios contra el subcomisionado de Policía Daniel Matamoros y Héctor Iván Mejía. El juez Cristian Urrea, conocerá la causa incoada.

    1.9 Represión al magisterio. Muerte profesora Ilse Ivannia Velásquez Rodríguez, 18 de marzo de 2011.

    La Comisión de Verdad considera que este caso también se encuadra dentro del patrón generalizado de las represiones contra la protesta social, que han seguido a la crisis política generada por el golpe de Estado. Si bien todos los demás casos analizados tienen en común la preexistencia del rompimiento del orden constitucional, los conflictos sociopolíticos que continuaron con el régimen sucesor del golpe, también afectan el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión.

    En un contexto marcado por el autoritarismo, que generó relaciones conflictivas con las organizaciones de la sociedad civil que rechazaron el proceso electoral, se concentró el poder político-económico y militar.

    Además, la sustitución de los espacios existentes de participación ciudadana por espacios controlados por inteligencias militares y la emisión de leyes restrictivas del derecho, sumado al rechazo a diferentes formas de expresión, siendo de las más significativas las manifestaciones que aglutinaron a diversos sectores sociales alrededor de los maestros y los estudiantes que luchaban contra la aprobación de la ley general de educación.

    El sector magisterial desde el comienzo estuvo al frente de las condenas colectivas contra el rompimiento constitucional y ha sufrido por ello diferentes tipos de represalias desde los altos mandos del régimen de facto, incluyendo detenciones ilegales, estigmatización, golpes, amenazas, hostigamiento, persecución, intromisión en sus asuntos organizativos, militarización de sus sedes, suspensión de sus cargos e imposición de multas como acto administrativo represor, además de intervención en el manejo de sus instituciones de previsión: 12 maestros muertos, la dirigencia y sus familias amenazadas, algunos sufrieron atentados y 50 fueron criminalizados durante el período del golpe. En el 2010, al menos tres manifestaciones magisteriales habían sido desmanteladas en forma violenta, con saldo de lesionados graves y criminalizados. |134|

    En este contexto, durante el mes de marzo del 2011 el magisterio organizó "jornadas de calle" en defensa de la educación pública y por el respeto de sus conquistas, derechos laborales y de previsión. El 08 de marzo fueron tomadas las instalaciones del INPREMA. |135| El 09 de marzo las organizaciones magisteriales declararon paro nacional indefinido, todas estas acciones fueron apoyadas por los estudiantes, padres y madres de familia y la población convocada por el Frente Nacional de Resistencia. Las protestas se centraron en la zona financiera del Boulevard Centroamérica a inmediaciones del INPREMA.

    Para el 17 de marzo, las manifestaciones se desarrollaban en forma simultánea en diferentes puntos del país, con el objetivo de mantener las demandas en forma indefinida; en reacción, el Poder Ejecutivo ordenó el desalojo de las vías y edificios públicos.

    El operativo contra el magisterio fue encabezado por más de 300 elementos de la fuerza pública del Estado, quienes desalojaron a golpes, gas lacrimógeno y tanquetas lanza agua en Comayagua, Danlí y Tegucigalpa. En los tres sitios, policías preventivos, ejército y hombres vestidos de civil en carros sin placas persiguieron a los maestros utilizando bombas de gas y armas automáticas, en Comayagua 31 personas fueron detenidas y seis resultaron heridas, entre ellas el profesor Margarito Rodríguez.

    En Tegucigalpa el mismo día lanzaron bombas lacrimógenas contra edificios cerrados rompiendo vidrios y dañando paredes, al menos dos menores resultaron gravemente intoxicadas, incluyendo una bebe, 8 personas detenidas y 10 lesionadas, que requirieron hospitalización; mientras en Danlí 7 fueron detenidas.

    La dirección del COPEMH afirmó que con los jefes policiales, Chamorro y Molina, habían acordado clausurar las acciones a las 12:30 del mediodía, pero minutos antes iniciaron la represión contra los manifestantes, que habían bloqueado con sus cuerpos las calles y avenidas circundantes.

    El mismo día 17, Porfirio Lobo Sosa, que ejerce desde el 2010 la presidencia del Poder Ejecutivo y Marlon Pascua, Secretario de Defensa, exhibieron posturas radicales contra las tomas de vías públicas, |136| argumentando que en el marco de la convivencia ciudadana no debía permitirse el bloqueo de la libertad de locomoción y circulación de la ciudadanía, agregando además que no contaban con el permiso correspondiente para manifestarse, según la Ley de Policía y Convivencia Social.

    El Ministro de Defensa, Marlon Pascua, declaró a medios de comunicación que policías y militares desalojarían a quienes obstaculizaran el libre tránsito:

    "… el Presidente Porfirio Lobo ha dado las instrucciones de impedir toda toma pública, y en este caso vamos a actuar de forma precisa y vamos a tomar las acciones necesarias para evitar cualquier toma de vía de comunicación" |137|, "si vemos que hay alguna situación de peligro las Fuerzas Armadas van a tener que utilizar la fuerza, siempre con las instrucciones necesarias para impedir que esto continúe" |138|.

    Las jornadas de protesta prosiguieron en los días siguientes. El 18 de marzo de 2011, aproximadamente 60 mil maestros de los niveles de enseñanza primaria y secundaria ratificaron un paro nacional contra la privatización de la educación en Honduras, para exigir el pago de salarios vencidos, que desde 2010 se les adeudaban a más de 3 mil educadores. La paralización de labores fue convocada por la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras. |139|

    A las 08:00 a.m. aproximadamente se inició la manifestación pública en las inmediaciones de la zona financiera del Boulevard Centroamérica de Tegucigalpa. Este acto de protesta pública fue convocado por la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) y por el Frente Nacional de Resistencia Popular, como una respuesta a las últimas acciones adoptadas por el régimen contra el gremio magisterial.

    Múltiples testimonios coinciden en describir la manifestación como pacífica, miles de manifestantes gritaban consignas, cantaban y aplaudían en señal de paz, |140| aproximadamente a las 10:00 horas de la mañana, las fuerzas antimotines se desplegaron, preparados para una nueva operación de represión. |141|

    Entre las fuerzas figuraban policias y militares vistiendo moteado, verde olivo y moteado gris, todos fuertemente armados con sus fusiles de reglamento, chalecos antibalas y máscaras antigás. Dos tanquetas |142| especiales para lanzamiento de agua a chorro de presión y bombas lacrimógenas que estaban ubicadas casi frente de la entrada del Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA); una patrulla que se localizaba sobre la calle que se dirige al Registro Nacional de las Personas (RNP) por el estacionamiento del Instituto de Previsión Militar (IPM), y Banco del País (BANPAIS, sobre el boulevard Centroamérica), con unos ocho toneles conteniendo presumiblemente químicos que combinaron después, agregándolo al agua de las tanquetas; armas lanza bombas lacrimógenas, bombas lacrimógenas, protectores de piernas.

    Entre 100 y 150 efectivos policiales y militares se encontraban en la colonia Luis Landa, frente al Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH), dispersos en los alrededores del perímetro de la zona. Otro fuerte contingente de unos 100 a 150 efectivos policiales y militares se ubicaba en la colonia San Ignacio, prácticamente escondidos en la calle hacia abajo del Banco Atlántida. Unos 30 a 50 elementos militares ocupaban la calle que está frente al portón del INPREMA y el Banco Atlántida y otros 60 a 70 elementos apostados en varios lugares: sobre el área de la gasolinera de la colonia El Hogar y el centro comercial Centroamérica, la parte de atrás del COPEMH, la calle principal del boulevard Centroamérica sobre el centro comercial La Fogata.

    Varios testigos aseguran que, aproximadamente a las 10:00 horas, elementos de la Policía Nacional Preventiva, a cargo del comisario Wilmer Eduardo Suazo Aguilera, llegaron con una nota que daba por escrito la advertencia de salir del lugar dentro de 10 minutos. |143| De lo contrario, la nota indicaba que se iba a desalojar el área. La nota fue llevada fotocopiada y la distribuyó a la prensa y a las personas que se encontraban cerca. Simultáneamente, uno de los policías gritó que se iba a proceder a desalojar el área en diez minutos. Allí mismo se encontraba un carro paila de uno de los manifestantes que con el megáfono avisaba a la gente: "mantener la calma, no va pasar nada".

    Muerte de la profesora Ilse Ivania Velásquez Rodríguez

    La Profesora Ilse Ivania Velásquez Rodríguez se encontraba en la esquina de las Tiendas DIUNSA, consumiendo alimentos, junto a sus hijas, también maestras, Ruth María e Ivania Carolina Velásquez y su yerno Mauricio Alexis Méndez Amador. |144| De repente se dieron cuenta que otros manifestantes corrían y escucharon por el megáfono la voz de un presunto representante de la policía dejando diez minutos para salir del área y regresar a sus casas. Las fuerzas policiales y militares ya se habían desplegado en todos los alrededores de la zona con sus pertrechos listos antes de la formación de la manifestación.

    Sin haber pasado un período suficiente desde el aviso de la policía, los testigos recuerdan que unos 50 efectivos de fuerzas policiales vestidos de uniforme azul, otros militares en uniforme moteado en verde y otros moteado en gris, que estaban frente al INPREMA, simultáneamente se desplazaban hacia los manifestantes, golpeaban sus escudos con sus toletes, acción adoptada de forma armonizada con la que respondieron los agentes de seguridad que se encontraban por la zona donde se ubica el COPRUMH, |145| al tiempo que las sirenas de las tanquetas sonaron; con esta conjugación de ruidos, la mayoría de la gente en la manifestación, que se encontraba a una distancia de a lo menos cinco metros, no pudo enterarse con tiempo y precisión de la advertencia que se estaba dando verbalmente y con la nota fotocopiada.

    Una de las dos tanquetas se dirigió hacia el centro comercial Plaza Miraflores y la otra se dirigió en otra dirección, sobre el Boulevard que va de DIUNSA hacia la colonia Las Colinas sobre el carril derecho que ubica el Banco de Occidente. |146| En cada tanqueta iban dos policías, de quienes sólo sobresalía su cuerpo de la cintura hacia arriba, que se encargaban de lanzar agua a presión con químicos y las bombas lacrimógenas simultáneamente. La cantidad de bombas lacrimógenas lanzadas desde las tanquetas era tan grande que formaba un humo espeso que no permitía ver el piso ni la ruta por la que corrían los manifestantes en su huida. Era una concentración de gases lacrimógenos descrita por un testigo como "irrespirable, exagerada."

    La mayoría de los manifestantes huían en diferentes direcciones. Muchos comenzaron a gritar consignas y otros levantaron sus manos mostrando que nadie portaba armas y que estaban indefensos.

    Manifestantes que acompañaban a la profesora Velásquez informaron a la Comisión que huían junto con ella durante el momento de la operación policial. Repentinamente vieron que le impactó una bomba a en la parte de la nuca. Ella cayó al suelo, se golpeó su rostro al caer y comenzó a sangrar por la nariz y los oídos. |147| Algunas víctimas de esta represión trataron de auxiliarla, pero el ambiente brumoso se sentía picante y no la pudieron levantar por su peso y por los efectos del gas que las tenía ahogadas. Alguien que también la auxiliaba la colocó boca arriba, así se pudo ver que tenía un golpe en un lado de la frente, aparentemente en la nariz y en la sien. |148|

    En los siguientes minutos de haberse desplomado la profesora Velásquez, venía un pick up blanco, marca Toyota, 4x4, doble cabina, a alta velocidad, pasando en medio del humo. El pick up pasó por encima del cuerpo y paró a unos metros más adelante. |149| Ninguno de los testigos señaló que el piloto del vehículo hizo esto a propósito. Era un vehículo del programa televisivo "Hable como Habla", con varios camarógrafos y periodistas en su paila.

    Segundos después, llegó un pick up rojo. Este se detuvo frente a la profesora Velásquez y varios hombres la subieron para dirigirse de emergencia hacia el Hospital Escuela. El vehículo fue perseguido por una de las tanquetas policiales, que les arrojaba agua con químicos, en forma continua. A pesar de que los acompañantes les gritaban a los agentes que conducían a una persona herida hacia el hospital, estos continuaron atacándolos. Una de las personas que auxiliaba a la maestra Ilse Ivania Velásquez, trató de protegerla cubriéndola con su cuerpo a fin de evitar que los chorros de agua con químicos cayeran sobre el rostro de la maestra y se le introdujera en la nariz y boca. La presión del agua sacudía el carro fuertemente. Esta agua produce ardor en la piel, vómito y diarrea.

    Los médicos que atendieron a Ilse Ivania Velásquez en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, diagnosticaron trauma severo encéfalo craneal, grado tres, producido por impacto de objeto no determinado. |150| Unos minutos después de las 12:10 m., fue declarada oficialmente muerta por las autoridades médicas del Hospital Escuela. |151|

    De los hechos descritos se concluye que existen patrones sistemáticos de violencia policial hacia los manifestantes. Más allá de garantizar el derecho a la circulación, la Comisión de Verdad no aporta esta conclusión como novedosa, que la policía abusa de los manifestantes, lo que establecemos es la modalidad; es demostrable que las manifestaciones multitudinarias con una ciudadanía empoderada, el Estado, lejos de proteger el derecho a reunión y libertad de expresión, lo estaba cercenando y para ello la mejor forma de intimidación implementada fue la muerte de manifestantes: cinco personas murieron a manos de agentes del Estado en el marco de manifestaciones multitudinarias.

    La CdV conoció que el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos comunes abrió un proceso de investigación el día 19 de marzo de 2011, en contra del conductor del vehículo que se había presentado en forma voluntaria para ser indagado. El 10 de febrero de 2012, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos realizó a petición de los familiares y del COFADEH, un proceso de exhumación. El caso sigue abierto.

    1.10 Represión en diferentes regiones del país. 30 de marzo 2011

    La CdV considera que el ejercicio de la manifestación pública en Honduras se ha incrementado y con ellas las represiones, abusos y excesiva violencia de las fuerzas policiales, violencia a la que el Estado de Honduras no le ha prestado la diligencia debida, la falta de investigaciones y sanciones a los responsables de las represiones del 2009 y 2010, con saldos de personas muertas, ha fortalecido la impunidad y la vocación del crimen. De igual forma ha empoderado a los agentes encargados de la seguridad interior.

    El año 2011, no ha sido diferente al 2009, para las personas que ejercen sus libertades y derechos, las declaraciones publicas de altos funcionarios en contra de los manifestantes ha sido una invitación al exceso de la fuerza.

    El 17 de Marzo, el Secretario de Defensa Marlon Pascua, declaró a medios de comunicación que policías y militares desalojarían a manifestantes que obstaculicen el libre tránsito, "El Presidente Porfirio Lobo ha dado las instrucciones de impedir toda toma pública, y en este caso vamos a actuar de forma precisa y vamos a tomar las acciones necesarias para evitar cualquier toma de vía de comunicación" |152|. "si vemos que hay alguna situación de peligro, las Fuerzas Armadas van a tener que utilizar la fuerza, siempre con las instrucciones necesarias para impedir que esto continúe".

    La CdV recibió información relativa a los acuerdos tomados por el Frente Nacional de Resistencia Popular, en su asamblea de 26 y 27 de febrero, que entre otros decidieron convocar un paro cívico a nivel nacional para apoyar la lucha que libraban, desde el 9 de marzo de este año, los maestros en defensa del Estatuto del Docente, el rechazo a la Ley de Educación y el rescate del Instituto de Previsión del Magisterio.

    El paro Cívico declarado por el FNRP, se realizó el 30 de marzo de 2011, en diferentes puntos del país, Occidente, Oriente, Sur, Centro y Norte.

    Las protestas pacíficas fueron reprimidas por elementos de la Policía Nacional Preventiva, apoyada por el Ejército. El desalojo forzoso de los manifestantes reportó detenidos, lesionados, heridos e intoxicados en diferentes regiones del país: en el norte, Santa Cruz de Yojoa, Potrerillos, San Pedro Sula, El Progreso y Planes; en el sur, en Nacaome: en la zona central en Tegucigalpa, a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

    En la ciudad de San Pedro Sula, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula UNAH-VS, fue rodeada por elementos policiales, que impidieron la salida de las personas que estaban en su interior, la invasión con gases lacrimógenos arrojados a su interior fue sostenida por más de una hora, decenas de jóvenes se vieron afectados por la inhalación de los gases y lesiones provocadas por el lanzamiento directo de bombas lacrimógenas al cuerpo |153|.

    En Potrerillos, municipio del departamento de Cortés, a la altura de la colonia El Triunfo, fueron detenidas 5 personas, que además se encontraban lesionadas. |154|

    La Abogada Iris Bude, y el Abogado Evaristo Euceda, quienes realizaban acciones de defensa de derechos humanos, fueron agredidos en la Posta policial de Villanueva, en donde un agente policial les insultó y les prohibió su ingreso. El Sub inspector de policía agredió con empujones a la Abogada Bude, sacándola de la posta policial.

    En Santa Cruz de Yojoa, los manifestantes que se habían reunido a la altura del desvío de las Flores, fueron reprimidos por la policía y el ejército. La policía preventiva bajo el mando del Comisionado Rubí, ordenó una violenta represión, 17 personas |155| resultaron detenidas y remitidas a la Primera Estación Policial de San Pedro Sula. Seis heridos fueron traslados al Hospital Mario Catarino Rivas |156|. Entre otros actos los agentes de seguridad procedieron a ponchar con el yatagán de sus fusiles, las 4 llantas, de más de 30 vehículos que se encontraban en la zona; ante la acción represiva con gases y balas vivas, muchas personas se refugiaron en las montañas aledañas al lugar, hasta donde fueron perseguidas.

    La CdV también recibió información sobre diferentes hechos en Tegucigalpa. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nuevamente fue atacada por la policía nacional preventiva que arrojó centenares de bombas lacrimógenas, produciendo un conato de incendio en uno de sus predios, así mismo miles de jóvenes respondieron el ataque policial con piedras.

    La policía detuvo a seis jóvenes, a los que acusó por los delitos de manifestación ilícita, les mantuvieron en detención preventiva en la Jefatura Metropolitana No. 1. |157| La policía también detuvo en forma arbitraria tres personas |158| a las que obligó a bajar de un autobús y llevadas detenidas a la Estación Policial del Barrio La Granja, fueron liberados tres horas después de su detención.

    Ese mismo día, seis hombres vestidos de civil y fuertemente armados, intentaron secuestrar a Edy Guifarro, miembro de la seguridad de esta CdV, cuando el taxi en que se conducía hizo un alto a la altura de la Colonia San José de la Vega. Los individuos que rodearon la unidad de transporte se encontraban próximos a un vehículo de Juzgados móviles que se encontraba estacionado en el sitio. Luego de golpearle en su cuerpo y cabeza con las armas, Edy logró escapar corriendo cerca de los vehículos que se aglomeraron por el paro del tráfico, los individuos le siguieron y le dispararon en 6 ocasiones, sin importarles que pudieran lesionar a las personas que se encontraban en la zona. Las lesiones le ocasionaron ruptura del tímpano y golpes en el cráneo.

    En la sede del colegio magisterial COPEMH, tres situaciones graves se registraron el día en referencia. A las 11:00 meridiano, dos personas vestidas de civil ingresaron al lugar donde se encuentra ubicado un basurero público, contiguo al estacionamiento de las instalaciones del COPEMH y el PRICMAH, en seguida llegaron efectivos policiales que se colocaron en los portones del estacionamiento, en ese momento Bertha Oliva, coordinadora del Cofadeh, llegaba a la sede magisterial, por lo que abordó al Jefe del operativo policial. En relación a su presencia en el sitio. El oficial explicó que estaba a petición del Ministerio Publico, porque este órgano tenía información de inteligencia que en el sitio habían explosivos.

    La CdV ve con preocupación las violaciones a los derechos humanos registradas en el último año en el contexto de las la protesta social. Se registran denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, uso inadecuado de gases lacrimógenos y cañones de agua, detenciones arbitrarias e informes de tortura y maltrato, incluyendo golpes y amenazas de violencia sexual.

    Los explosivos consistían en botellas con supuesto combustible, que se encontraban minuciosamente colocadas entre las bolsas con basura, y totalmente limpias, lo que daba lugar a pensar que se trataba de algo prefabricado, un escenario demasiado perfecto, para iniciar procedimientos fiscales en contra del magisterio y resistencia, calificó la dirigencia magisterial.

    La CdV también tuvo conocimiento acerca de los efectos de la represión en Nacaome, cabecera del departamento de Valle, la policía protagonizó una violenta represión con el lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos, que fueron arrojados a las viviendas en las que se encontraban niños y niñas, los que resultaron gravemente afectados por inhalación de gases. Un bebé de dos meses, Christopher de Jesús Bonilla García, fue trasladado con cuadro de asfixia a un centro asistencial, provocada por los gases de dos bombas lacrimógenas arrojadas al interior de la vivienda de sus padres y por más de un veintena arrojadas en las inmediaciones de la misma, cuando sus padres intentaron ponerlo a salvo fueron perseguidos por la policía que les lanzaba gases, por lo que su madre (15) no pudo continuar, pero su padre un joven campesino de 17 años logró evacuarlo de la zona saltando un muro.

    Durante la represión, la policía detuvo a tres menores de edad, Mario de Jesús Sauceda (19) y José Raúl Mendoza Posadas (17), este último se encontraba comprando alimentos por encargo de su madre. Y la detención del defensor de derechos humanos Andrés Abelino Ortiz Ortega (74). Entre tanto en la comunidad de La Flor, Península de Zacate Grande, agentes policiales que se transportaban en lanchas, se presentaron a la comunidad a intimidar a sus pobladores, exigiéndoles informaran si eran de la Resistencia.

    En la comunidad de Planes, Bajo Aguán, los manifestantes fueron reprimidos violentamente por elementos de la policía y del ejército que además de gases y químicos, usaron balas vivas, ocasionando 11 heridos por arma de fuego, entre ellos la profesora Waldina Díaz, maestra de Trujillo; Neptalí Esquivel de la Cooperativa campesina Nueva San Esteban; Mauro Rosales del Movimiento Unificado del Aguán; David Corea, camarógrafo de la televisión de Olanchito; Juan Antonio Vásquez, Presidente de la Empresa campesina Bolero; Paulino Chávez Rosales y Franklin Hernández de la Cooperativa campesina 4 de marzo; Víctor Euceda de la Cooperativa campesina 4 de febrero; Daniel Pérez de la Cooperativa campesina 4 diciembre; Profesor Elías Erazo Hernández de la comunidad de los Leones, Municipio de Trujillo; Eduardo Rivera y un guardia de seguridad que cruzaba en el momento de los disparos. También se reportó la detención de ocho personas que fueron trasladadas a la Jefatura Policial de Sabá.

    La CdV ve con preocupación las violaciones a los derechos humanos registradas en el último año en el contexto de las la protesta social. Se registran denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, uso inadecuado de gases lacrimógenos y cañones de agua, detenciones arbitrarias e informes de tortura y maltrato, incluyendo golpes y amenazas de violencia sexual.

    Sobre estos hechos en particular, la CdV le recuerda al Estado que es su obligación respetar los derechos humanos de los y las manifestantes y para ello hay protocolos internacionales que regulan el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. "El uso de gases y agua son el último recurso, no el comienzo en una manifestación".


    Casos ilustrativos para patrón 2:

    Represión selectiva o dirigida en perjuicio de personas consideradas por el gobierno de facto como desestabilizadoras del régimen

    2.1 Canciller Patricia Rodas Baca
    Expatriación Canciller Patricia Rodas

    Patricia Isabel Rodas Baca, doctorada en historia, nació en una familia de políticos liberales, vivió su niñez en el exilio. En su juventud en las décadas de los años 70 y 80 formó parte de los movimientos estudiantiles en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, frentes que eran considerados de izquierda, sus principales líderes fueron víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas por razones políticas. Residente en Nicaragua por motivos familiares.

    En el 2005 asume la Presidencia del Consejo Central del Partido Liberal, cargo que desempeñó hasta la convención del Partido Liberal en 2009.

    En enero de ese año, acepta su primer cargo en el gobierno del Presidente José Manuel Zelaya, que la nombró Secretaria de Relaciones Exteriores, desde su nombramiento y aun mucho antes fue blanco de críticas, por los medios de comunicación corporativos.

    "La noticia de que Patricia Rodas será la nueva canciller que sustituirá a Edmundo Orellana no deja de sorprender. Parece que Mel se deleita en tomar el oficio de gobernante como un asunto de "changoneta", tomando decisiones intempestivas, sin consultar con los interesados, haciendo a un lado el diálogo y provocando conflictos por doquier. Cómo si el país no tuviera ya suficientes problemas. Se nos somete a un circo permanente, a Mel le encanta estar en el centro de la atención pública, ya sea para bien o para mal, y nos lleva de un tema de escándalo a otro. Suficiente material para tener entretenidos a los que observamos pasivamente el acontecer nacional. Después de amenazar la economía con el fantasma del desempleo al aumentar en forma desproporcionada al salario mínimo, ahora Mel se ha lucido escogiendo a Patricia Rodas como canciller. No pareciera que Mel fuera hondureño, al contrario parece empeñado en destruir a Honduras. Y esta es una buena ocasión para lograrlo. Conocida es la enfermiza variante de populismo izquierda de la que es fanática la señora Rodas Baca. ¿Qué sigue ahora? ¿Exigirle a Estados Unidos que levante las sanciones contra Cuba? ¿Expulsar al embajador de Estados Unidos? Esperamos que la prudencia prevalezca, y que la señora Baca modifique radicalmente su discurso. De lo contrario, el país puede deslizarse a mayores honduras" |1|

    "Cuando Zelaya dio a conocer, en conferencia de prensa, que Rodas iría a Relaciones Exteriores, se escuchó un clamor de desaprobación entre los periodistas que cubrieron el evento." |2|

    Habitualmente se le criticaba su pensamiento de transformación y su público respeto a las figuras de Hugo Chávez, Presidente de Venezuela, |3| Fidel Castro y Daniel Ortega. Las campañas de desprestigio se intensificaron en los medios desde el año 2008, la derecha del Partido Liberal nucleado por Roberto Micheletti, la acusaba en forma reiterada de advenediza, además se le inculpaba de usurpación de funciones, fue duramente criticada por su participación en el Consejo de Ministros cuando era la Presidenta del Central Ejecutivo del Partido Liberal. Los empresarios y los políticos ultraconservadores la responsabilizaban del desvío ideológico del Presidente Zelaya, en esta misma línea le atribuían haber conformado un grupo cerrado para impulsar nuevas alianzas, el grupo era denominado en forma despectiva, por los medios de comunicación, los "patricios". |4|

    En su condición de Secretaria de Relaciones Exteriores continuó apoyando las negociaciones con los países del ALBA, el 17 de febrero de 2009, entregó a las organizaciones campesinas los tractores donados por el ALBA. |5|

    En mayo de 2009, se reunió en Caracas con el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela Nicolás Maduro para la revisión de los acuerdos y convenios suscritos entre ambos países y analizar los procesos políticos e integradores de América Latina. |6|

    En los primeros días de junio 2009, la prensa corporativa iniciaba otro tema de crítica contra la Secretaria de Estado, la acusaban de desconocer el procedimiento parlamentario para dirigir la Asamblea de la OEA, este organismo celebraba en San Pedro Sula su Asamblea número XXXIX, que aprobó la incorporación de Cuba a la OEA, propuesto por Patricia Rodas que la Presidia como anfitriona.

    La mañana del 28 de junio de 2009, su residencia en Tegucigalpa, fue sitiada por efectivos del ejército al mando de un oficial identificado por el apellido Oseguera. Los pelotones que estaban instalados desde las 5:00 a.m., sabotearon el sistema de energía eléctrica y las líneas telefónicas fijas. Al recibir la llamada de la hija del Presidente informándole que a su padre los militares lo sacaron por la fuerza después de romper a balazos la puerta, se logró comunicar con los embajadores acreditados en Honduras e informó a sus amigos y personalidades del mundo diplomático.

    Luego quedó incomunicada totalmente, la calle adyacente a su residencia fue tomada por el ejército, no permitían el paso de nadie. Permanecían en posición de francotiradores, sin embargo hubo un momento en el que los militares desaparecieron de la cuadra, tiempo que aprovecharon los familiares de la canciller para evacuar a las personas más jóvenes de la casa, también fue el momento en el que los embajadores Juan Carlos Hernández Padrón de Cuba; Armando José Lagunas de Venezuela y Mario Duarte de Nicaragua le visitaban para conocer sobre el golpe de Estado y protegerle con su inmunidad diplomática. Cuando eran las 10:00 a.m., la anfitriona abrió la puerta para permitir el paso de los diplomáticos, un contingente de 15 militares vestidos de civil, con sus rostros cubiertos con pasamontañas y armas largas ingresaron violentamente por el portón atropellando a los diplomáticos.

    En un primer momento, el oficial a cargo intentó negociar con la Canciller. La información recibida por esta Comisión de Verdad establece que ante la negativa de acompañarles, fue detenida en forma violenta sin orden judicial y atacaron físicamente a los embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que intentaban defenderla de las agresiones.

    "Nosotros nos colocamos alrededor de Patricia para que no se la llevaran apelando a nuestra inmunidad diplomática e intentamos explicarle a los militares que estaban violando la Convención de Viena, pero fuimos sacados. Yo la agarré con fuerza y tuvieron que llevarme con ella |7|"

    Los embajadores de Nicaragua y Venezuela fueron dejados en libertad, el embajador de Cuba que fue llevado junto a Patricia Rodas fue liberado en el portón de la Fuerza Aérea, antes le habían arrebatado el celular mientras sostenía una conversación con su Canciller en la Habana. La Canciller quedó detenida en un lugar no autorizado para la detención, en un recinto de la Fuerza Aérea de Honduras, donde permaneció detenida por varias horas bajo la responsabilidad del general Prince, Jefe de esa base de la FAH, con quien tuvo comunicación previa a su salida forzada del país.

    La Canciller Rodas refiere en su testimonio, que la última imagen que se llevó de su casa, fue la de su esposo Rodolfo Gutiérrez Gonzales, reducido a la impotencia, tirado sobre el piso de la sala de su residencia, con la bota de un militar sobre su pecho.

    "… a partir de ese momento mi último contacto fue con la Embajada de Estados Unidos, fue el día del golpe, cuando me llamó Hugo Llorens a mi casa, quizás eran como las siete y media de la mañana, porque yo denuncie públicamente la intervención de la Embajada Americana, que yo había sido testigo de una reunión donde el Presidente Zelaya había sido amenazado. Y esa reunión se había desarrollado en la residencia del embajador de los Estados Unidos, en su presencia y que por supuesto él no podía ser anfitrión de algo sin ser parte de ese algo. Me llamó para decirme que yo estaba equivocada, que él no tenía absolutamente nada que ver con el golpe, que eran unos estúpidos los golpistas…"

    Al llegar a la base aérea, fue conducida por hombres armados a un salón vacío, con un solo sillón y una ventana pequeña, tres militares armados vestidos de civil y con pasamontaña le custodiaban, permanecían a metro y medio de su cuerpo, apuntándole con sus armas en todo momento, los efectivos fueron relevados tres veces. No se le proporcionó alimento, únicamente un botella con agua y una taza. Le tomaron fotografías en tres momentos distintos. Se le permitió usar el baño, pero intentaron evitar que cerrara la puerta, al atravesarle en el umbral un fusil.

    El general Prince |8| se presentó cerca de la medianoche, acompañado del embajador de México en Tegucigalpa, se dirigió a ella en tono descortés y le planteó dos posibilidades:

    1. Que la Fiscalía estaba levantando cargos en su contra.

    2. Que saliera a México, a su petición se le permitió hacer una llamada. Después de esta llamada aceptó salir a México pero no bajo la figura del asilo. El general se retiró a una distancia de un metro de ella, a petición del Embajador, con el fin de tomarle sus datos personales. El diplomático mexicano le explicó que el Presidente de facto del Congreso Nacional, solicitó por escrito a su despacho que recibieran a la Secretaria de Estado, por ser cercana colaboradora del Presidente José Manuel Zelaya.

    La Canciller Rodas declaró que había sido secuestrada, detenida en forma violenta e ilegal, y trasladada a un sitio inapropiado, Prince que escuchaba acotó que constara que no estaba secuestrada ni detenida solo retenida por su seguridad. Fue hasta en horas de la madrugada que le ordenaron abordar el avión, en el que le acompañaba una funcionaria de la Embajada de México, los militares subieron al avión y solo bajaron cuando se iniciaba el cierre de la puerta. La aeronave es propiedad del empresario Miguel Facussé, el piloto tenía características físicas y acento extranjero, como de guatemalteco.

    Volaron directamente a la ciudad de México, en donde fue recibida por autoridades de migración que la condujeron ante personal especializado para examinarla físicamente, posteriormente la condujeron al salón Diplomático y voló a Nicaragua acompañada del Presidente de México, Felipe Calderón. El 05 de julio, la Canciller Rodas formaba parte de la comitiva que acompañaba al depuesto Presidente José Manuel Zelaya Rosales para su ingreso al país, cuya entrada fue no solo negada, sino también vedada físicamente mediante la colocación de obstáculos en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Toncontin y su militarización. No se le permito regresar. Finalmente ingresó al país el 28 de mayo de 2011, junto con el Presidente Zelaya.

    El Caso descrito es una clara persecución política dirigida a reprimir, y a desarticular el gobierno del Presidente Zelaya, castigar y reprimir posiciones ideológicas o políticas contrarias o críticas al régimen que se instalaba.

    La expulsión de Patricia Rodas, para la CdV constituyó una situación de discrecionalidad y arbitrio absoluto de las Fuerzas Armadas ¿Qué puede justificar la extradición de un ciudadana(o)? La Constitución de la República en su artículo 102 |9| prohíbe imperativamente la extradición y no admite ninguna clase de excepciones: "Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero".

    No hubo respeto a ninguna clase de formalidad contra la Canciller Patricia Rodas. No se le notificó de la existencia de un juicio en su contra, no se le notificó de la existencia de una orden de captura en su contra, ni se le mostró orden de allanamiento alguna. El allanamiento violento en su domicilio, se practicó, sin las formalidades que manda la Ley, dado que a Patricia Rodas en vez de capturarla la expulsan. No existe juicio alguno contra la Canciller Patricia Rodas. Pese a que el acto de expulsión de la Canciller Patricia Rodas fue un hecho notorio y que en su oportunidad se haya presentado denuncia en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, no se ha demostrado a la fecha acción penal pública alguna para perseguir y sancionar a los responsables del destierro. Esto desde luego muestra los grandes niveles de impunidad existentes en el país. Esto también confirma una campaña oficial de odio fomentada contra Patricia Rodas, a quien atribuyen la autoría intelectual de las ejecutorias del Presidente Zelaya.

    El debido proceso está definido en función del ejercicio de la jurisdicción penal ordinaria como garantista del respeto a las reglas y formalidades del procedimiento, y de la absoluta protección a los derechos y garantías constitucionales de una persona sujeta a proceso. La ausencia de protección judicial fue tan evidente que dos recursos de exhibición personal, interpuestos a su favor no fueron efectivos, ni lograron identificar su destino, no obstante que aún se encontraban el país cuando se interpusieron.

    La CdV reconoce con preocupación que en el contexto que se generó en el 2009 y que se extiende y trasciende a la presentación de este informe, los medios de comunicación se constituyeron en armas para los dos sectores encontrados, fueron capaces de activar las conciencias y de generar situaciones de verdadero peligro para algunos sectores.

    De igual forma, ese mismo día, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de la Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Honduras, Sra. Patricia Rodas |10|. La decisión adoptada por la Comisión se basa en las solicitudes de medidas cautelares presentadas por varias organizaciones, así como en hechos de conocimiento público, de conformidad con los cuales la Ministra Rodas ha sido privada de libertad en forma arbitraria y se ignora su paradero. La CIDH requirió al Estado de Honduras que aclare la situación y paradero de la Ministra Rodas; que adopte las medidas necesarias para proteger su vida e integridad personal; y que se disponga su inmediata libertad.

    La CdV conoció que parientes cercanos de Patricia Rodas fueron víctimas de permanente y sistemática persecución, amenazas a muerte que terminaron materializándose cuando una de sus sobrinas, presente el 28 de junio en su residencia, fue víctima de un atentado contra su vivienda mientras ella se encontraba dentro. También fueron víctimas de tormentos psicológicos cuando desconocidos llamaron a su casa para informarle a su esposo que la habían asesinado. Las tarjetas de crédito y sus cuentas bancarias fueron canceladas por la institución financiera que les brindaba el servicio.

    2.2: Medios de comunicación: Canal 36 y Radio Globo

    Los medios de comunicación jugaron un papel central en el marco de la aguda polarización política del 2009, identificándose entre ellos tres posiciones, a saber: a) los que se mantenían o trataban de guardar el difícil equilibrio de independencia; b) los que apoyaban la agresiva estrategia de medios contra el Gobierno de José Manuel Zelaya, y c) los que se posicionaron apoyando la propuesta del Presidente José Manuel Zelaya conocida como la "cuarta urna".

    Con el golpe de Estado y la consiguiente instauración del gobierno de facto, los medios que tomaron una posición de denuncia contra el golpe fueron víctimas de allanamientos, decomiso de equipo, instalaciones físicas militarizadas, bloqueo de señales, interrupción de la energía eléctrica, detención ilegal de personal administrativo y técnico, los que enfrentaron tratos crueles, inhumanos, degradantes y discriminatorios, amenazas, secuestros y torturas. Además, el gobierno de facto emitió leyes restrictivas a la labor de información de estos medios.

    El 26 de septiembre, en el diario oficial "La Gaceta", se publicó el decreto PCM- M-016-2009 orientado a limitar la libertad de expresión y prensa, el artículo 3 inciso 3 establece: "Se prohíbe: emitir publicación por cualquier medio hablado, escrito o televisado que ofenda la dignidad humana, a los funcionarios públicos o atente contra la ley, y las resoluciones gubernamentales; o de cualquier modo atenten contra la paz y el orden público; CONATEL a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, queda autorizada para suspender cualquier radioemisora, canal de televisión o sistema de cable que no ajuste su programación a las presentes disposiciones". |11|

    También a través del Acuerdo Ejecutivo número 124-2009, programas de radio de organizaciones sociales y de derechos humanos, varios de derechos de las mujeres, fueron cancelados y dejaron de transmitir, tal como lo venían haciendo por varios años.

    La CdV reconoce con preocupación que en el contexto que se generó en el 2009 y que se extiende y trasciende a la presentación de este informe, los medios de comunicación se constituyeron en armas para los dos sectores encontrados, fueron capaces de activar las conciencias y de generar situaciones de verdadero peligro para algunos sectores. Las organizaciones locales de derechos humanos recibieron denuncias sobre el comportamiento de algunos periodistas y de medios considerados pro gobierno de facto , ya que respecto a los manifestantes procedían a estigmatizarlos y exhibirlos como enemigos del nuevo orden autoritario. Programas de noticias y de opinión de la cadena Televicentro fueron los más denunciados por este tipo de prácticas lesivas a los derechos humanos de los manifestantes.

    De los testimonios recibidos se desprende que uno de estos jóvenes estigmatizados en estas cadenas televisivas murió acribillado en su casa el primer semestre de 2010. |12|

    Los programas de opinión de esta cadena fueron potenciados para motivar a los coroneles y generales en retiro |13| a apoyar e impulsar el golpe de Estado, que quebró el Estado de derecho con graves consecuencias para los periodistas y medios de comunicación, que ya suma una cifra de 25 periodistas asesinados desde el 2009 a la fecha, y 158 agresiones |14|, generando un clima de amedrentamiento que hace vulnerable el ejercicio profesional y alienta las prácticas de autocensura.

    Honduras se convirtió en uno de los países más riesgosos para ejercer el periodismo.

    Delmer Membreño, reportero gráfico del Periódico el Libertador fue secuestrado el 28 de septiembre de 2009 en las afueras de las instalaciones del periódico por militares encapuchados que se transportaban en un vehículo militar. Fue trasladado hacia la carretera que conduce al oriente del país, inmediatamente que lo bajaron de la unidad en que lo conducían procedieron a torturarle apagándole varios cigarrillos en su cuerpo. Antes de torturarlo los militares lo obligaron a quitarse los zapatos y lo lanzaron al pavimento con las manos hacia atrás y sujetas con esposas. Al momento de su captura, se dirigía a cubrir el cierre y decomiso del equipo de radio Globo. El reportero fue dejado a orillas de la carretera que conduce hacia el departamento de Olancho en donde fue auxiliado por sus compañeros de trabajo.

    "Me obligaron a subir al vehículo y me cubrieron la cabeza con un pasamontañas." "Mientras me golpeaban, los militares me decían que si el periódico seguía de ñangara iban a matar a su director Jhony Lagos y todos los que ahí trabajan correrán con la misma suerte." |15|

    La CdV tampoco es ajena a las agresiones que enfrentaron periodistas de los medios de comunicación considerados afines al gobierno de facto, por parte de manifestantes integrantes de la resistencia contra el golpe de Estado.

    Fueron muchos los medios afectados y periodistas -tanto mujeres como hombres-, los impedidos de realizar su labor. También fueron cerradas temporalmente y ocupadas militarmente las instalaciones de varios medios de comunicación, entre éstos están: Canal 36, Maya TV, Radio Marcala, Radio Globo, Radio X, Radio La Catracha, Canal 11, todos en Tegucigalpa; Canal 32 en Olanchito, Radio Sonaguera en Colón, Radio Uno en San Pedro Sula, Radio Progreso en Yoro, Radio Juticalpa en Olancho, Radio Faluma Bimetu en El Triunfo de la Cruz, Radio Guarajambala en Colomoncagua, Radio La Voz Lenca en La Esperanza, Radio La Voz de Zacate Grande en Puerto Grande, el periódico escrito El Libertador y la Red de Desarrollo Sostenible RDS. Programas radiales de organizaciones de derechos humanos como Voces Contra el Olvido del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos COFADEH y de organizaciones feministas como Tiempos de Hablar, del Centro de Derechos de Mujeres CDM, La Bullaranga del Centro de Estudios de la Mujer, Entre Chonas del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla y programas especiales los gremios magisteriales (COPEMH, COLPROSUMAH, COPRUMH, PRICPHMA) y sindicales interrumpidos y sacados del aire o cancelados en forma definitiva. Estos programas contaban con espacios contratados en las empresas Emisoras Unidas, Audio Video S.A. y Radio Cadena Voces.

    "Radio Progreso fue intempestivamente invadida por un contingente de unos 25 militares, quienes a eso de las diez y media de la mañana, penetraron en todas nuestras instalaciones radiales, mientras el personal estába transmitiendo noticias sobre este acontecimiento político los obligaron a cancelar de manera absoluta la programación". |16| El operativo fue dirigido por el Teniente Coronel Hilmer Enrique Hermida Alvez, y el Teniente Dennis Mauricio Valdez Rodas. Ambos militares asignados a la Base aérea Armando Escalón de la Lima, Cortes. El 06 de agosto de 2009, fueron acusados por los delitos contra los medios de comunicación y otros servicios públicos. El Juez Enrique Flores, les dictó medidas sustitutivas a la prisión, posteriormente les dictaron sobreseimiento. El juez sostuvo que el personal de la Radio Progreso había interrumpido la transmisión de la radio voluntariamente |17|.

    "Los militares hemos tomado el mando del país", dijeron los soldados. Los militares cortaron la transmisión.

    La madrugada del 28 de junio 2009, la radio Juticalpa fue objeto de un atentado con 5 disparos de fusil M-16, arma de uso exclusivo del ejército. Resistió un corte de energía, al seguir transmitiendo con una planta eléctrica de emergencia. A las 10 a.m. un contingente de efectivos del ejército se tomó las instalaciones y los obligó a cerrar las transmisiones. Los hijos de Martha Elena Rubí, propietaria de la radio, recibieron mensajes de texto amenazantes en sus celulares. El operativo estuvo a cargo del teniente coronel René Javier Palao Torres y el suboficial Juan Alfredo Acosta Acosta. El 19 de noviembre de 2009, se presentaron requerimientos fiscales contra ambos militares por abuso de autoridad. El Juez de instrucción en la causa los sobreseyó aplicando un decreto de amnistía aprobado por el Congreso en enero de 2010.

    La Comisión también destaca las acciones sistemáticas contra compañías de cable y canales de la televisión internacional como TELESUR TV, CUBANA DE TELEVISIÓN y otros espacios noticiosos. Además de los actos de presencia física tanto militar como policial descritos, se debe incluir las llamadas telefónicas para ordenarles que dejen de transmitir o el corte de señales hechos por efectivos del ejército que asumieron el control de las telecomunicaciones.

    La CdV destaca a nivel de ilustración, en este apartado, los ataques y agresiones a Canal 36 y a Radio Globo.

    La Comisión de Verdad investigó una serie de hechos relacionados con las violaciones a los derechos y libertades de los propietarios, trabajadores, radioescuchas y televidentes de Radio Globo y Canal 36. Se realizaron entrevistas con personas claves, inspección de las instalaciones y se revisó documentación. Funcionarios de la Comisión de Verdad se apersonaron ante entes operadores de la Justicia, para denunciar los hechos acontecidos. Se logró evidenciar múltiples y sistemáticas violaciones contra medios de comunicación independientes, que coartaron sus derechos fundamentales.

    Canal 36.

    La Comisión de Verdad recibió la denuncia del periodista Esdras Amado López, propietario de Canal 36 y de Radio La Catracha. En su testimonio el periodista López describió que el 28 de junio del 2009, a las 5:30 a.m., entre 20 y 30 soldados tomaron las instalaciones principales del canal televisivo, ubicadas en el Edificio Piedras de la Gloria en Tegucigalpa. Interrumpieron las transmisiones durante aproximadamente 72 horas.

    El periodista Esdras Amado López notificó que el coronel Herbert Bayardo Inestroza, |18| asesor jurídico del ejército, le expresó que la militarización de ese medio estaba justificada por la postura editorial que asumían sus periodistas.

    La Comisión de Verdad constató que la ocupación incluyó las instalaciones de la televisora en la aldea Cantagallo, lugar donde se ubican los transmisores y antena de Canal 36. Hasta allí llegó un coronel, junto con otros militares, y le ordenaron al guardia de seguridad del canal, Pedro Ochoa Ochoa, que apagara los transmisores y no los encendiera, sino después de transcurridas unas 100 horas. Los militares se mantuvieron en los alrededores de la caseta de control de transmisión, donde se turnaban para custodiar las instalaciones.

    Ante esta situación, el 29 de junio de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del propietario, los periodistas y el personal de Canal 36, a fin de garantizar su vida e integridad personal. |19| Una vez reiniciadas las transmisiones, las agresiones continuaron. Fue hasta abril de 2010, que el Estado firmó un acta de compromiso para proteger al Canal 36.

    Según declaración rendida en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), el propietario del canal manifestó que el 17 de agosto de 2009, al ser las 2:25 de la madrugada, un vehículo tipo camioneta Frontier pasó frente a las instalaciones del canal, lanzando varios panfletos que contenían una lista de funcionarios del Presidente José Manuel Zelaya y en los que se acusaba al propietario del canal de ser un delincuente, que había adoptado una posición contra el golpe de Estado debido a que había recibido grandes sumas de dinero de parte de José Manuel Zelaya. |20|

    La Comisión de Verdad recibió información y corroboró, gráfica y testimonialmente, el ataque a los equipos de transmisión ocurrido el 23 de agosto de 2009. Según testimonio y entrevista al señor Pedro Ochoa Ochoa, tres hombres armados vestidos de negro, lo sometieron y lo agredieron físicamente, mientras otro accedía a la caseta de control de transmisión y derramaba un líquido abrasivo en los equipos transmisores principales. Otro de los desconocidos lo amenazó, diciéndole que no debía llamar a la policía ni denunciar el hecho. Debido a esta acción, el canal permaneció fuera del aire por casi una semana, hasta que se repusieron los transmisores dañados.

    Personal técnico del canal informó el 24 de agosto 2009, a las 4:22 de la madrugada, que dos desconocidos que se conducían en motocicleta lanzaron una bomba lacrimógena que cayó en el estacionamiento del edificio principal del canal. Según escritos lanzados junto con la bomba, el atentado se lo atribuía el "Comando Central de Lucha Anticomunista", también denominado "Frente Armado Nacional General Álvarez Martínez". |21|

    La acción conllevaba un claro propósito de intimidar al propietario y a los periodistas, para que no siguieran transmitiendo noticias contra el régimen de facto. |22|

    Según vídeos y fotografías facilitadas por el propietario del canal, el 26 de agosto de 2009, las cámaras de seguridad del edificio principal captaron a una mujer desconocida, de pelo corto, color rojo y la mano derecha enyesada. La mujer caminó frente al edificio y se paró para tomar el registro de las placas de los vehículos del canal. Ante este hecho inusual, el periodista Esdras López la abordó en el lugar de los hechos, manifestándole que tenía fotografías de ella. La mujer se puso nerviosa y se retiró del lugar. Investigaciones posteriores realizadas por el personal del medio de comunicación, identificaron a la mujer como tramitadora en la alcaldía municipal del Distrito Central de Tegucigalpa.

    El 03 de septiembre de 2009, el periodista López denunció públicamente, a través de su medio de comunicación y ante la FEDH, que su señal satelital había sido interrumpida nuevamente. Posteriormente, señaló que solicitó un informe de lo sucedido a su proveedor internacional INTELSAT. Esta empresa investigó la interceptación y determinó la presencia de una portadora desconocida o sea una interferencia provocada a propósito por especialistas.

    De esta forma se interrumpían las transmisiones cuando difundían denuncias o noticias en contra del gobierno de facto y la restablecían si se trataba de programas con otro contenido. El propietario del canal denunció el atentado ante la CONATEL, de la que no obtuvo una respuesta satisfactoria. |23|

    Los días 21 y 22 de septiembre de 2009, la señal del canal estuvo fuera del aire en toda Honduras. En esos días se destacaba la transmisión del retorno del Presidente José Manuel Zelaya. Estos hechos también fueron denunciados ante la FEDH.

    El 28 septiembre 2009, a las 05:00 de la mañana, entraron al edificio principal del canal varios individuos armados y encapuchados. Eran aproximadamente 60 militares, varios agentes de la Policía Nacional y algunos agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC). Ningún juez o fiscal del Ministerio Público los acompañaba. Una vez que estuvieron dentro de las instalaciones, procedieron a realizar la desconexión y el decomiso del equipo utilizado para almacenar la información del canal y su difusión.

    Se llevaron el equipo de transmisión. De acuerdo con información y documentación proporcionada por el periodista Amado López, dentro del equipo decomisado se encontraban varias computadoras con material de programación, consolas de audio, enlaces a Internet, enlaces de microondas, equipos de transmisión, distribuidores de vídeo, botoneras y otros accesorios. |24| Según declaración del ofendido, las personas que realizaron el decomiso no levantaron ningún inventario del equipo. Además manifestó que integrando el operativo de las fuerzas militares y policiales se encontraba un funcionario de CONATEL que no se identificó con el personal.

    Posteriormente los equipos fueron recuperados mediante intervención de la CIDH, la cual dio un plazo prudencial al Estado a fin de devolver lo decomisado. |25|

    El 30 de setiembre de 2009, un contingente de varios militares y policías se presentó a la sede de la repetidora de Canal 36, Radio La Catracha y Cholusat Sur Radio, ubicada en el barrio El Aterrizaje, en la ciudad de Choluteca. Allí se ubican otras antenas de transmisión. Realizaron acciones de intimidación contra las personas que se encontraban y se mantuvieron apostados varias horas. Los hechos se denunciaron en la FEDH. El señor Jorge Alberto Rodas Gamero, Ministro de Seguridad Pública, manifestó (en respuesta al fiscal) que la presencia militar se debió a que el periodista Esdras López gozaba de medidas cautelares emitidas por la CIDH desde el 29 de junio de 2009 y el propósito era la protección del beneficiario de dichas medidas. No obstante que las medidas no habían sido consensuadas entre el beneficiario y la Secretaría de Seguridad.

    La Comisión de Verdad concluye que hay evidencia suficiente que indica que a los medios de comunicación (Canal 36, Radio Globo y TV Globo) se les impidió el ejercicio efectivo de sus derechos por las acciones de interrupción, cierre, hostigamiento, amenaza ejecutados por fuerzas policiales y militares y por funcionarios del gobierno de facto.

    Se comprobó con testimonios y resúmenes fotográficos que el 01 de octubre de 2009 nuevamente se apostaron aproximadamente 70 efectivos de las fuerzas militares y policiales frente a la sede del canal en Tegucigalpa y permanecieron varias horas vigilando el edificio. Consultas realizadas por el periodista López, por intermedio de la fiscal especial de derechos humanos, esos militares y policías manifestaron que su presencia se debía a acciones de protección del canal y su propietario.

    El 05 de noviembre de 2009 a las 7:30 de la mañana, el personal de prensa se encontraba cubriendo la noticia de los acuerdos Guaymuras-San José en el Hotel Marriott, cuando de repente un empleado de CONATEL solicitó las frecuencias con que operaba el canal, supuestamente para verificar la legalidad de la transmisión. En consulta realizada a Miguel Ángel Rodas, presidente de CONATEL, este manifestó que se trataba de operativos para identificar personas que transmiten al mundo de manera ilegal. Sin embargo, el periodista López lo increpó y le preguntó por qué, estando presentes muchos medios de comunicación, el funcionario de CONATEL se dirigió expresamente y únicamente al equipo de Canal 36.

    El sábado 07 de noviembre del 2009, se suscitaron hechos represivos contra manifestantes en Choluteca. El lunes 09 de noviembre, al disponerse a transmitir el reportaje sobre los incidentes, las transmisiones nuevamente fueron interferidas.

    Radio Globo.

    La Comisión de Verdad recibió los testimonios de Alejandro Villatoro, propietario de Radio Globo, del periodista David Romero Elner, de Lidieth Díaz y de varios miembros del personal técnico. Todos fueron coincidentes en relación a los hechos siguientes: El domingo 28 de junio, Radio Globo, propiedad de Alejandro Villatoro, transmitiría la encuesta que había dispuesto el Presidente José Manuel Zelaya para impulsar una "cuarta urna" en las elecciones de noviembre. A las 5:00 am llegaron el director de la radio, David Romero, junto con el reportero Rony Martínez a abrir la emisora y encontraron que las Fuerzas Armadas habían tomado la estación junto con el Ministerio Público: "Los militares hemos tomado el mando del país", dijeron los soldados. Los militares cortaron la transmisión, |26| los dos periodistas continuaron en el edificio no obstante. Ese mismo día, los militares ingresaron nuevamente a la emisora a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde.

    La periodista Lidieth Díaz atendía una llamada internacional de la emisora venezolana YVKE, cuando los soldados ingresaron abruptamente: "Desde Venezuela me preguntan, ¿por qué la radio se fue del aire? "El internet se acaba de ir" Y les respondí: "¡Ahorita están los militares gritando y empujando afuera" ¡Ahorita están entrando y me están apuntando con una pistola!", alcanzó a gritar por teléfono, antes de que se lo arrebataran. "Nos pusieron contra la pared, nos quitaron los chalecos de prensa y nos apagaron los celulares. En ese momento una compañera de trabajo llama a mi celular y un militar lo contesta y le dice": "Véngase, yo soy un compañero de canal 10". "Le mintió frente a nosotros", ingresaron 60 militares, tomando prisioneros al dueño de la emisora, al asistente Rony Martínez, a la reportera y tres operadores. Uno de ellos fue golpeado con saña e insultado por razones de raza.

    David Romero escuchó que había una orden de captura en su contra y temiendo lo peor, se fue hacia el tercer piso y se lanzó por la ventana fracturándose un brazo.

    "Nos llevaron al Ministerio Público en nuestros propios vehículos, a mi auto se subieron tres militares. La otra alternativa era subirnos a un camión". |27| Cuando llegaron a la Fiscalía, nos encontramos con que no había ningún fiscal.

    Una vez que llegaron a esas instalaciones, un oficial de quien se desconoce el nombre les manifestó que les harían un requerimiento fiscal. No se les explicó el contenido ni el fundamento del requerimiento; les dijo, además, que los trasladarían a las instalaciones policiales de la Jefatura Metropolitana Nº 1 o CORE VII. Finalmente, a las 8:00 de la noche, el oficial les dijo que por orden del general Romeo Vásquez |28| los trasladarían nuevamente al edificio de Radio Globo y se podrían ir a sus casas.

    También les dijo: "Miren, ustedes saben que las cosas están anormales en el país. Les quiero pedir como un favor que terminen con la transmisión. La radio va a estar cerrada y se van a apagar los transmisores y no saldrán al aire hasta nueva orden". Desde las 6 de la tarde del domingo y hasta el lunes a las 10 de la mañana, la radio permaneció cerrada, mientras su propietario, Alejandro Villatoro, el director Romero y la fiscal titular de derechos humanos Sandra Ponce, negociaban las condiciones bajo las cuales se reanudaría el funcionamiento del medio radial.

    Finalmente el gobierno de facto accedió a su reapertura bajo la condición de no entrevistar a ex funcionarios del gobierno del Presidente Zelaya ni dar curso a los llamados al aire de los opositores que convocaban a las marchas de la resistencia. La radio no obedeció la orden y transmitía lo hechos que ocurrían, como consecuencia sufrió interrupciones cada 20 minutos, había presencia de militares fuera de la emisora |29| y las antenas de la radio quedaron ocupadas por militares. Nuevamente tuvieron que recurrir a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos que les advirtió a los militares que "si volvían a cortar la transmisión, ellos (los militares) se iban a meter en un problema".

    En los días que siguieron esta fue una de las emisoras que permitía las expresiones ciudadanas y por medio de ellas se convocaba a las marchas de la resistencia, de igual forma se denuncian las múltiples violaciones a derechos humanos que siguieron al golpe de Estado, en represalia su personal fue objeto de amenazas, agresiones físicas y verbales en las coberturas de las manifestaciones por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y éstos fueron excluidos de coberturas de conferencias de prensa oficiales, incluso, la periodista Lidieth Díaz fue echada a viva voz de la Casa Presidencial por el Presidente de facto, Roberto Micheletti Baín.

    El 04 de agosto, fue del conocimiento público una solicitud ante CONATEL interpuesta por el abogado José Santos López Oviedo a nombre de la Auditoría General Militar de las FF.AA., para que este ente regulador de las telecomunicaciones cerrse la radio y decomisase su equipo, debido a la comisión de varios delitos como "sedición", "tener intereses contrarios a la soberanía", "difundir difamaciones e insultos contrarios al honor de la patria", y "atentar contra el orden público y la paz de la nación". Cientos de ciudadanos agrupados en el Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado se manifestaron para expresar su solidaridad con la emisora. |30|

    El día 21 de septiembre, que se conoció el regreso del Presidente José Manuel Zelaya a territorio hondureño, Radio Globo junto con otros medios, fue acusada públicamente por Micheletti Baín de hacer "terrorismo mediático" y difundir "campañas de mentiras y desinformación". Ante las pruebas manifiestas de la presencia del mandatario, el gobierno de facto decretó toque de queda, procedió con cortes de energía eléctrica y preparó el Decreto Ejecutivo PCM-M-016-2009 que cerró las emisiones radiales de Radio Globo, del 28 de septiembre al 19 de octubre de 2009.

    El 28 septiembre de 2009, aproximadamente a las 5:20 de la madrugada, unos 200 soldados y policías al mando del oficial Rodríguez, del sargento Mendoza y del policía Cerrato, llegaron acompañados de supuestos personeros de CONATEL al edificio que ocupa Radio Globo. |31| Sin presentar orden judicial alguna o hacerse acompañar de un juez ejecutor o de un fiscal del Ministerio Público, obligaron al personal de la Radio Globo a salir de las oficinas donde estaban y procedieron a desinstalar y decomisar el equipo de transmisión. En ningún momento levantaron el acta del decomiso ni brindaron explicación alguna sobre sus actos.

    De acuerdo a la declaración de Alejandro Villatoro, a las 6:00 a.m., llegó al lugar junto a la fiscal especial de derechos humanos, abogada Sandra Ponce. Intentaron ingresar a las instalaciones, pero les fue impedido por una valla militar apostada a la entrada del edificio.

    Fue hasta las 11:30 de la mañana que Villatoro pudo acceder a las instalaciones de la radio. Se encontró que habían desconectado los transmisores. También habían sustraído una consola Orban, enlace y amplificador, un excitador y antena de enlaces inalámbricos, un USB, un monitor y un CPU (unidad central de proceso), una minicomputadora (laptop), varios teléfonos celulares, equipo de sistema de seguridad, algunos documentos privados de la empresa, y otros objetos de valor.

    Alejandro Villatoro, informó a la CdV que se comunicó telefónicamente con la Fiscal Especial de Derechos Humanos para denunciar el hecho. La señora Ponce le instruyó que manifestara literalmente a los elementos militares y policiales que salieran del edificio, lo cual hizo. Los militares se retiraron del edificio, pero se llevaron los equipos de transmisión.

    Una vez que se retiraron los militares del lugar, quedaron ocho policías, quienes se dedicaron a registrar la oficina del propietario de la radioemisora.

    Entre los policías estaban un sargento de apellido Mendoza, un oficial de policía de apellido Cerrato y otro oficial de apellido Rodríguez. Se retiraron más tarde por orden de la Fiscal de Derechos Humanos, quien se apersonó en el lugar.

    En otros hechos relacionados, Pedro Antonio Rodríguez, guardia de los transmisores de Radio Globo en la aldea de Cantagallo, testimonió a la CdV que desde el 28 de junio al 24 de julio de 2009, los alrededores de las instalaciones donde se ubican los equipos transmisores fueron militarizados.

    Ocho efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras fuertemente armados permanecían apostados constantemente. Los primeros llegaron a las 8:00 de la mañana del 28 de junio; desconectaron los aparatos de transmisión y ordenaron al guardia mantener apagados los transmisores hasta nueva orden. Luego se instalaron con carpas de campo, con el propósito de mantener una vigilancia permanente y así asegurarse de que los transmisores se mantuvieran apagados. El declarante señala que aunque se logró reconectarlos, los militares instalados al lado de la antena de transmisión continuaban controlando a su antojo las transmisiones, por instrucciones de un militar asignado a CONATEL. |32| Después de transcurrido más de un mes, los militares se retiraron del lugar y se pudieron restablecer las transmisiones con relativa normalidad.

    Pedro Antonio Rodríguez declaró asimismo que el 23 de agosto 2009, a las 8:00 de la noche, llegaron a la caseta cuatro personas encapuchadas y vertieron químicos desconocidos. El líquido provocó daños serios a los equipos de transmisión y causó la interrupción de las transmisiones por varios días. La Comisión de Verdad tuvo acceso al dictamen de laboratorio químico toxicológico ordenado por la FEDH a los equipos dañados de Canal 36 y Radio Globo. |33| El dictamen concluye que la sustancia líquida vertida sobre los transmisores contiene ácido nítrico, sustancia clasificada como corrosiva, muy tóxica y nociva para el medio ambiente. |34|

    Declaró además que entre el 21 y el 23 de septiembre de 2009, cuando regresó el Presidente José Manuel Zelaya a Honduras refugiándose en la Embajada de Brasil, en todo el circuito de la zona en la cual se ubica la radioemisora, se interrumpió el servicio de energía eléctrica. En consulta realizada por el propietario de la emisora a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), le respondieron que se debía a una orden emanada de un oficial militar para que se apagaran los circuitos.

    Alejandro Villatoro declaró en otros hechos, relacionados al hostigamiento, que el 05 de julio de 2009, se encontraba en su casa de habitación cuando recibió en un período de cerca de tres horas, entre las 11:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, cinco llamadas telefónicas del señor Miguel Ángel Rodas, Presidente de CONATEL. El señor Rodas le ordenaba que callara a sus periodistas y no emitiera noticias de lo que ocurría en el aeropuerto Toncontín, refriéndose al intento del Presidente Zelaya de aterrizar en ese aeropuerto para regresar a Honduras.

    La Comisión de Verdad ha recogido diversas declaraciones testimoniales que coinciden sobre la manera en que se desarrollaron los hechos. Se han verificado testimonios de ofendidos, así como se ha corroborado documentación relacionada con cada uno de los hechos denunciados. De tal manera se han podido constatar múltiples y sistemáticas violaciones en contra de los medios de comunicación señalados.

    La Comisión de Verdad estudió el Decreto Ejecutivo PCM-M-016-2009, del 22 de septiembre de 2009; |35| el Acuerdo Ejecutivo 124-2009, del 05 de octubre de 2009; |36| el Acuerdo Nº 136-2009, emitido el 28 de septiembre de 2009 por la Secretaría de Gobernación y Justicia; |37| así como el Acuerdo OD 19/2009, emanado de CONATEL el 28 de septiembre de 2009. Este último acto autoriza para que, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, se proceda "al apagado de transmisores, la desconexión de sistemas de radiación de señales radioeléctricas o decomiso de equipos de transmisión y sistemas radiales sólo en el caso que la necesidad lo requiera".

    El gobierno de facto se fundamentó en todas esas disposiciones para intentar legalizar las violaciones al derecho a la libre expresión, información y libre emisión del pensamiento. Sin embargo, es notorio que en realidad se trataba de medidas para realizar la persecución que perpetraran agentes estatales contra los medios de comunicación que se oponían al golpe de Estado y que denunciaban los abusos del régimen usurpador. Entre esos medios estaban Radio Globo y Canal 36.

    A partir de las investigaciones realizadas, la Comisión de Verdad concluye que hay evidencia suficiente que indica que a los medios de comunicación indicados se les impidió el ejercicio efectivo de sus derechos por las acciones de interrupción, cierre, hostigamiento, amenaza y otros ejecutados por fuerzas policiales y militares y por funcionarios del gobierno de facto, sin haber obtenido, hasta la fecha, una resolución.

    2.3. Secuestro y tortura del periodista César Omar Silva Rosales

    Los secuestros ocurridos entre 2009 y 2011, período de vigencia de la CdV, no constituyen una práctica frecuente, los casos conocidos fueron orientados a la obtención de beneficios políticos y parecen vincularse a un plan general de intimidación y desarticulación de grupos sociales considerados peligrosos por el trabajo que realizaban frente al régimen de facto.

    Las fuerzas que realizaron estas acciones demostraron poseer alto nivel de precisión y rapidez en el desarrollo de los secuestros y retención de las personas, en ninguno de los casos las personas fueron detenidas por largo períodos, el objeto pareciera ser: impactar a la opinión pública, esto parece confirmarse con la calidad de la víctima en los casos estudiados por la CdV, una constante es el cargo o trabajo que desempeña.

    Así, en el secuestro seguido de tortura de César Omar Silva Rosales, periodista de profesión, parece operar esta lógica. César Silva trabajaba como presentador en Canal 8 de la TV Estatal del período del Presidente José Manuel Zelaya.

    En su trayectoria profesional había realizado diversos reportajes sobre los aspectos sociales que afectaban a los sectores más vulnerables del país. A raíz del golpe de Estado manifestó abiertamente su oposición al mismo y documentó diferentes momentos de la represión establecida por el régimen de facto.

    En su trabajo de documentación y difusión de la represión compartió responsabilidades y compromisos con Renán Fajardo, joven miembro de la resistencia que apareció ahorcado en su apartamento el 22 de diciembre de 2009. Con Fajardo |38| intercambiaron material fotográfico y de vídeo, realizaron reportajes independientes, exhibieron sus trabajos en barrios y colonias debido al cierre y la censura impuesta a los medios que fueron considerados contrarios al gobierno de facto. El 28 de junio de 2009, fue asignado a cubrir el ejercicio de la "cuarta urna" en el municipio de Guaymaca, al oriente del Distrito Central.

    La CdV, conoció del testimonio de César Silva, que el día 29 de diciembre de 2009, aproximadamente a las ocho y treinta de la mañana, cuando regresaba a Tegucigalpa de la zona sur del país, abordó un taxi en la colonia Loarque, el cual tomó la ruta del anillo periférico. Cuando avanzaba por las inmediaciones de la colonia La Cañada cerca de una gasolinera, un carro color blanco hueso o blanco, tipo camioneta, sigue de cerca al taxi en que se trasladaba, luego le hace señales con las luces al taxista para que se detenga. Silva pide al taxista no detenerse y llegar a una gasolinera, pero al intentar acelerar el automotor, el vehículo donde se trasladaban los desconocidos se coloca a la par y los amenazaron con armas de fuego (calibre 9mm y 38) para que se detuvieran, el vehículo se colocó enfrente del taxi y de inmediato se bajaron dos tipos con pistola en mano, que violentamente sacaron a Silva y lo introdujeron a empujones al vehículo. Silva le grito al taxista "soy periodista y soy de la resistencia", otro vehículo que transitaba por el lugar intentó detenerse, pero al ver las armas prosiguió su trayecto. Los secuestradores le dijeron al taxista que se perdiera que si no lo matarían.

    En el vehículo de los secuestradores le llevaron en el asiento de atrás en medio de dos hombres quienes lo obligaban a mantenerse con la cabeza entre las piernas, le amenazaban con pegarle un balazo si la levantaba, cuando intentó acomodarse lo golpearon. Durante 45 minutos a una hora, lo anduvieron haciendo recorridos en el vehículo, Silva les preguntaba hacia dónde lo llevaban, pero no le respondían. En el trayecto hicieron y recibieron varias llamadas telefónicas, uno de los hombres reportó que el objetivo ya estaba en marcha e informó que todo estaba tranquilo y preguntó "¿qué más necesitamos?" y dijo "ok, ok todo cheque". Hubo otra comunicación donde el tipo que aparentaba ser el jefe del operativo dijo: "aló, mirá estoy llamando y no sé para que más nos van a ocupar, pues eso ya se lo dije al chacal confirmálo", todos se rieron.

    Al acercarse al destino le colocaron una capucha negra de cuero y lo sacaron del vehículo, aquí esperaban otros hombres, dos de ellos tenían acento extranjero como chileno y otro individuo aparentemente a cargo de recibir a Silva preguntó "¿y este qué ondas?", escuchó que otro respondió "pues no sé a mí solo me dijeron esto", enseguida le ingresaron a un pequeño cuarto en donde hay un fogón, aparentemente una cocina pequeña, totalmente oscuro, como cárcel y allí lo mantuvieron secuestrado, lo interrogaban y preguntaban acerca de los vídeos, de imágenes, que donde estaban las armas, le decían que andaba formando grupos, estos interrogatorios los realizaban cada 10 minutos. Durante los mismos también le preguntaban sobre su identidad y profesión, le preguntaban sobre sus contactos en el exterior, supuestamente habían revisado los contactos en el celular que le quitaron al igual que la cámara de vídeo y fotográfica, le decían que para qué quería las fotografías y los videos "¿por qué nos están jodiendo?", y uno de ellos le dijo "vos hijo de la gran puta hasta cuándo vas a cantar", enseguida se fue, regresó un poco más tarde con una silla y le alumbraba con un farol el rostro, se molestó porque Silva no decía lo que él quería que dijera y tomó bruscamente la silla y se la puso en el cuello, arrojándolo contra el suelo, le tiró agua sobre el rostro e intentó introducirle la bolsa plástica del agua en la boca. Luego llegó otro individuo haciéndose pasar como más amigable que le dijo que hablara y le ofreció un cigarro, un pedazo de caña y hasta una cerveza, lo mantuvieron en cautiverio todo el día y la noche.

    "en un momento que dijeron cómo te llamás, les dije que Carlos Hernández y me dijo uno de los tipos déjate de pendejadas vos sos César Silva, a qué te dedicás me dijo". |39|

    Previo a liberarlo, uno de los individuos le dijo "tenés un ángel de la guarda, ellos te protegen, déjate de pendejadas ahora te salvaste", momentos después lo sacaron y le pusieron de nuevo la capucha y le subieron a otro carro, se mantuvieron en un silencio total, lo cual puso nervioso a Silva porque creyó que lo iban a asesinar. Llegaron a una calle de tierra en donde lo lanzaron de una patada en la espalda, esto a inmediaciones de la colonia Cerro Grande, al oriente de Tegucigalpa, sitio que en los años ochenta fue utilizado como botadero de cadáveres. Pudo ver cuando se marchaba el vehículo a veloz carrera, una camioneta de color ocre.

    Mientras estaba secuestrado, en la casa de su hermana, recibieron una llamada telefónica de un hombre que dijo llamarse Francisco Aguilar o Aguilera expresándoles "¿ustedes saben que César Silva está detenido?".

    Antes de este secuestro, la CdV conoció que César Silva enfrentó otra serie de agresiones, entre estas, detenciones ilegales, golpes y amenazas a muerte. El 28 de junio fue capturado en Guaymaca, en donde se encontraba realizando su labor periodística para transmitir la consulta popular o "cuarta urna". Los pobladores intercedieron para que fuese liberado de inmediato. El 05 de julio, mientras cubría la manifestación multitudinaria del aeropuerto Toncontin que se instaló para recibir al Presidente José Manuel Zelaya, cargó el cuerpo de Isy Obed Murillo, quien recibió un balazo en la cabeza disparado por militares en las inmediaciones de la base de la Fuerza Aérea hondureña, lo cual fue captado en una imagen fotográfica de amplia difusión.

    El 12 de agosto de 2009, cuando cubría la represión contra manifestantes en el centro de Tegucigalpa, varios policías y militares se le arrojaron encima tratando de despojarlo de su equipo fotográfico y de vídeo. Y cuando captó la imagen de un agente Cobra quen lanzaba una pastilla tóxica a una manifestante directamente a los ojos fue golpeado con toletes principalmente en la cabeza. El 29 de octubre de 2009 igualmente fue agredido cuando cubría la manifestación en la colonia El Prado de Tegucigalpa. Los agentes de seguridad pretendían decomisarle las cámaras.

    La CdV observa que de los casos que le fueron presentados, los secuestros ocurrieron en vía pública, en la acción se usaron más de dos vehículos y las personas que lo practicaban mostraban abiertamente las armas. Después de haber analizado la coyuntura del golpe de Estado, el papel de los medios, la reacción del gobierno de facto y entrevistado a 53 comunicadores sociales |40| y periodistas afectados, aun dos años después, es evidente la sensación de miedo entre los medios locales, donde muchos sectores de la prensa han preferido silenciarse sin que medie el riesgo. La violencia, la autocensura y la impotencia fueron señaladas como los problemas más preocupantes para el ejercicio del periodismo en el actual contexto, porque Honduras carece de la seguridad adecuada y de la voluntad política para desmantelar los cuerpos que generan la inseguridad para los ciudadanos y para los periodistas en particular.

    La impunidad generalizada en Honduras también es otro factor que impide que se haga justicia. Este caso como otros enfrenta la más cruda impunidad, si bien es cierto el Ministerio Publico abrió un expediente de investigación, la actividad desplegada para indagar y proceder contra los responsables es nula y configuran un situación de impunidad.

    El análisis de los casos documentados por la CdV permite establecer la persistencia de factores tanto coyunturales como estructurales que afectan a los(as) periodistas en el ejercicio de su trabajo informativo, evidenciados en el incremento de ataques por parte de intolerantes, tanto a la verdad como a la postura política asumida por los periodistas en el contexto del golpe.

    Igualmente, en la coyuntura persistieron conductas como homicidios, amenazas, agresiones físicas y verbales, desplazamientos forzados, secuestro y ataques contra instalaciones de medios de comunicación. Estas agresiones demuestran que, en la mayor parte del territorio nacional, no existen las condiciones óptimas para un periodismo libre, independiente y seguro y, por lo tanto, que la ciudadanía pueda disfrutar los derechos a la libertad de expresión e información, de manera efectiva. Las persecuciones judiciales, principalmente mediante la denuncia por los delitos de sedición contra comunicadores sociales ascendieron a 13 casos en el 2010, y estos fueron iniciados por el Ministerio Público.

    De las entrevistas realizadas, la CdV puede señalar que las obstrucciones al trabajo periodístico se llevaron a cabo mientras los periodistas cubrían o investigaban hechos de carácter público como marchas, protestas, disturbios, o eventos de carácter judicial. Estas obstrucciones se realizaron de diferentes maneras: el uso de la fuerza física, agresiones verbales y hostigamientos para impedir el trabajo informativo. Como queda establecido en la agresión que sufrió César Silva el 12 agosto y el 29 de octubre de 2009.

    2.4 Tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de Manuel de Jesús Varela Murillo

    Manuel de Jesús Varela Murillo, camarógrafo de profesión, en 2009 trabajaba para Canal 8, |41| Televisión Nacional de Honduras. Inmediatamente tras el golpe de Estado, se incorpora las actividades del Frente Nacional contra el golpe de Estado. En su condición técnica como camarógrafo cubre todas las manifestaciones y documenta gráficamente las represiones contra las protestas pacíficas. Desde septiembre de 2009, cuando la represión se traslada a los barrios y colonias de las principales ciudades participa junto al periodista César Silva, su amigo Ricardo Antonio Rodríguez Vásquez, Vanessa Zepeda |42| y Ricardo Domínguez Hernández, |43| en procesos de denuncia sobre la violaciones a derechos humanos que a diario se cometían, y en capacitación política a los pobladores, para esto elaboran documentales teniendo como materia prima sus propios reportajes de la represión contra los opositores políticos.

    El 28 de junio del 2009, había sido elegido por su jefe inmediato para integrar el equipo de reporteros y camarógrafos que harían la cobertura de la encuesta popular o "cuarta urna", para transmitir desde el Parque Central el momento cuando el Presidente Manuel Zelaya depositara su voto.

    A las 5:00 de la mañana de ese mismo día su jefe lo llamó para avisarle que pasaría por él antes de ir a los estudios del Canal 8 a recoger el equipo para la transmisión. Cuando estaba en su casillero sacando sus implementos, nuevamente lo llamó para pedirle que fuera a la casa del Presidente, porque estaban llegando militares en actitud que parecían ejecutar un golpe de Estado.

    A su criterio, fue el primer camarógrafo en llegar a los alrededores de la casa del Presidente Zelaya y que era casi imposible pasar por los retenes militares. Al tratar de grabar lo que estaba sucediendo, los militares lo golpearon y le taparon el lente de su cámara con las manos. Pero al llegar otros medios decidieron acercarse más a la casa y vieron que algunos elementos de la guardia presidencial estaban boca abajo contra el suelo. Otros les decían que no podían pasar y que el Presidente Zelaya estaba bien.

    Varela Murillo relata que pocos minutos después, su jefe lo llamó y le pidió que se movilizara a las instalaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE. Mientras se desplazaba, observó que el edificio principal de la empresa telefónica del Estado (HONDUTEL) estaba rodeada por los militares. Por eso él y su equipo decidieron detenerse para grabar cuando soldados ingresaban a la empresa estatal.

    A las 7:40 de la mañana regresó con los vídeos a Casa Presidencial, al edificio donde está ubicado el Canal 8. Sin embargo, se percató que un fuerte contingente militar estaba entrando al edificio. Por ello decidió quedarse afuera y seguir filmando.

    Paralelamente al ingreso de los militares, una multitud de personas se instaló frente a Casa Presidencial en protesta contra el golpe de Estado. Manuel de Jesús Varela Murillo continuó con su trabajo y decidió quedarse con el grupo de personas que se había situado frente a Casa Presidencial. Continuaba filmando. Sentía temor por las consecuencias que pudieran conllevar el haber filmado los movimientos de los militares durante el día. Pero estar allí entre la gente lo hacía sentirse seguro.

    El 29 de junio, en horas de la mañana, se percató que dos individuos lo seguían. Hizo varios movimientos para verificar si su sospecha era cierta y constató el seguimiento, aunque ellos siempre tomaban prudente distancia.

    El mismo día 29, en horas de la tarde, un fuerte contingente militar y policial reprimió violentamente a unas 15,000 personas que se encontraban manifestándose en Casa Presidencial. Los elementos de seguridad empezaron a lanzar bombas lacrimógenas e hicieron que los manifestantes se dispersaran hacia las inmediaciones del Hospital Escuela. Varela Murillo corrió hacia el helipuerto, pero sintió desvanecerse por el efecto de los gases. Cuando estaba ya sin fuerzas, sintió que alguien le arrebataba la cámara.

    El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, decidió rechazarlas elecciones, aduciendo que eran ilegítimas por llevarse a cabo bajo la dirección de autoridades nacidas del golpe de Estado y por estar éstas involucradas en las acciones que significaron la ruptura constitucional, además de estar militarizadas.

    Con sus ojos cerrados y sin poder ver, escuchó una voz masculina que le dijo: "Vení, vení, te vamos a auxiliar."

    En ese momento logró abrir sus ojos y se dio cuenta que eran los hombres que lo habían estado siguiendo durante toda la mañana. Empezó a gritar pidiendo auxilio. Varios jóvenes, miembros del Partido Unificación Democrática, se acercaron a ayudarle. Los hombres huyeron en un auto que se encontraba estacionado en el puente peatonal, atropellando a un transeúnte.

    El 25 de noviembre de 2009, fue detenido por elementos de la policía, en momentos en que pegaba afiches que decían "Sí a la Constituyente, no a las elecciones" siendo llevado a la delegación policial de la colonia Kennedy. Un policía, lo obligó a mostrar el afiche mientras le tomaba una fotografía.

    El 27 de noviembre, a dos días de las elecciones generales, recibió varias llamadas por parte de allegados que le comunicaron que mejor huyera de su casa. Decidió irse, dejando a sus hijas con su madre. El 28 de noviembre a las 5:00 de la mañana, recibió una llamada de su madre quien le advirtió que varios policías lo andaban buscando y que en ese momento estaban allanando su residencia sin ninguna orden judicial.

    Los policías entraron a su casa, de donde sacaron a sus hijas y a su hermano, y le apuntaron a su madre con las armas. Asimismo, sustrajeron una computadora y varias fotografías.

    Según relatos de vecinos, los policías decían que Varela Murillo estaba acusado como responsable de la explosión |44| de un artefacto en Torre Libertad. |45|

    El 02 de febrero de 2010, se encontraba en la alborada de la Virgen de Suyapa, |46| se percató que era vigilado, por lo cual decidió subirse a la rueda de Chicago. |47| Varela Murillo y su novia estuvieron en la alborada desde las 5:00 de la tarde hasta aproximadamente las 9:00 de la noche, cuando decidieron retirarse, temerosos por el seguimiento.

    Tomaron un taxi y cuando se disponían a abordarlo, recibió una llamada del señor José Ricardo Domínguez Hernández, quien también pertenecía al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). |48| Varela Murillo y el señor Domínguez Hernández estaban elaborando un vídeo y necesitaban tomas de manifestaciones y de las represiones.

    Cuando se encontraba a una cuadra de su casa le solicitó al taxista que diera vuelta, con el único fin de verificar que ningún extraño lo estuviera siguiendo. Al llegar a su casa, llamó a su compañero el también camarógrafo Ricardo Rodríguez Vásquez para que fuera a trabajar con él en su casa. Cuando ambos se encontraban reunidos se presentó Domínguez Hernández, para llevarles a otro sitio.

    Abordaron el automóvil que conducía Domínguez Hernández; después de las presentaciones necesarias se marcharon, cuando habían avanzado unos cinco minutos, preguntó a Domínguez Hernández hacia dónde se dirigían. Este le respondió "Vamos a la Esso de El Hogar", |49| al mismo tiempo que le manifestaba "es que hay un trabajito para vos." Los tres prosiguieron su camino hasta llegar a la gasolinera.

    Cuando llegaron, Domínguez Hernández estacionó su carro en el último espacio del lado derecho del parqueo. Se bajó del automóvil y entró a la tienda de conveniencia de la gasolinera. Varela Murillo y Rodríguez Vásquez se quedaron dentro del carro. Varela Murillo le sugirió a Rodríguez Vásquez que se bajaran del automóvil, pero en ese momento observó que se estacionaron varios carros y motocicletas detrás del automóvil, ante lo cual sintió temor y le dijo a su compañero que corrieran; pero ya los tenían rodeados.

    Manuel de Jesús Varela Murillo observó que se le acercaron dos hombres y le dijeron que no gritara, que colaborara con ellos y que se subiera al carro. Cuando se percató de que había cámaras de seguridad, forcejeó con los agresores con la intención de que las cámaras captaran cuando le estaban poniendo las esposas. Los agresores llamaron a otro vehículo y llegó un Toyota Hilux, color café, doble cabina, 3.0. Los hombres lo introdujeron junto a su compañero Ricardo en la parte de atrás, junto a dos agentes policiales que posteriormente fueron identificados por las víctimas, uno en cada puerta. Manuel Murillo reconoció a uno de los hombres como el policía que le tomo fotografías en la delegación policial el 25 de noviembre de 2009.

    Le quitaron la computadora a Rodríguez Vásquez y le exigieron a Varela Murillo que confesara dónde estaban los dólares y el lote de armas que "Mel" le había dejado. En el automóvil les vendaron los ojos con cinta adhesiva color café, de la utilizada para sellar cajas. El trayecto fue corto, ni siquiera de tres minutos. Varela Murillo pudo escuchar que se abrió un portón eléctrico y que la casa a donde los habían llevado se encontraba en un lugar transitado, pues el tráfico vehicular se escuchaba continuo.

    Los introdujeron a la casa, los pusieron de rodillas y comenzaron a torturarlos de manera sistemática. Les aplicaron la capucha, hasta llevarlos a perder el conocimiento por asfixia. Los amenazaban con cortarles los dedos y la cabeza, con algo que parecía ser un machete. También los amenazaban verbalmente mientras les preguntaban por las armas.

    Los volvieron a subir a un automóvil y los llevaron a otro lugar donde el clima era un poco frío. Los sacaron del auto, les pusieron un objeto, aparentemente una pistola en la nuca y los volvieron a subir al automóvil.

    Tomaron una carretera abierta, algo parecida al anillo periférico de Tegucigalpa. Detuvieron el carro y los volvieron a bajar. Los pusieron de rodillas. En ese momento Varela Murillo escuchó cuando uno de los victimarios hablaba por un radiotransmisor y decía: "¿Por dónde vienen las motosierras?" Luego el auto arrancó y en ese momento Varela Murillo decidió rodar.

    Logró quitarse la cinta adhesiva que ataba sus manos y sus tobillos y la que vendaba sus ojos. Se dio cuenta que se encontraba en la colonia Víctor F. Ardón, junto a uno de los muros de la fábrica de Leche Sula.

    Rápidamente se fue a donde estaba Rodríguez Vásquez, le ayudó a liberarse de sus ataduras y ambos corrieron. Luego observaron que habían llegado dos motocicletas policiales que parecían buscarlos.

    A Manuel de Jesús Varela Murillo se le preguntó en la entrevista qué había pasado con el señor José Ricardo Domínguez, a lo que él respondió que no había tenido noticias suyas después de lo sucedido.

    La CdV conoció que en enero de 2011, se encontró el cadáver de José Ricardo Domínguez Hernández; su asesinato aún no ha sido esclarecido. |50|

    El 25 de febrero de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Manuel de Jesús Varela Murillo, Ricardo Antonio Rodríguez Vásquez y sus familias, en Honduras. |51|

    Ambos presentaron la denuncia en FEDH, esta abrió el proceso de investigación, las organizaciones privadas de derechos humanos reforzaron el proceso y aportaron prueba científica sobre las torturas, ambos jóvenes fueron evaluados |52| por el perito en medicina legal, Alejandro Moreno. |53|

    La FEDH presentó requerimiento fiscal en contra de los policiales Juan Carlos Sánchez, David Antonio Picado Espino, Melkín Esaú Triminio y Santos Alexis Morgan, por suponerlos responsables de la detención ilegal, tortura y tratamientos crueles, inhumanos y degradantes a Manuel de Jesús Varela Murillo y a Ricardo Antonio Rodríguez Vásquez. Al cierre de este informe, la CDV, conoció que los acusados habían sido sobreseído en la audiencia preliminar.

    La CdV concluye que en este caso fue empleado el método de tortura como escarmiento, represalia o amenaza a la oposición, por lo que constituyen prácticas terroristas de Estado, de carácter sistemático.

    2.5 Ejecución de Walter Orlando Tróchez

    A lo largo de su trabajo de investigación, la CdV ha recibido reportes directos que dan cuenta de casos de personas asesinadas, entre estos defensores de derechos humanos como el caso de Walter Orlando Tróchez Andero |54| de 26 años de edad, Secretario de la Junta Directiva de la Asociación para una Vida Mejor de Personas infectadas/Afectadas por el VIH SIDA en Honduras, activista de derechos humanos de la comunidad LGTTBI |55| y de personas con VIH. Tróchez realizaba labores de monitoreo de violaciones a los derechos humanos en la zona del paseo El Obelisco en Comayagüela, lugar donde se ejerce el comercio sexual. Al momento de su muerte impulsaba una organización de apoyo para estas personas denominada Movimiento Ser Humano y colaboraba con la organización de derechos humanos CIPRODEH.

    En el marco del golpe de Estado, Walter Tróchez se incorpora a monitorear las delegaciones policiales y gestionar la libertad de las personas detenidas. En julio de 2009, se traslada a El Paraíso específicamente al desvió de Alauca con el fin de apoyar a las víctimas de la represión, como parte de su labor.

    Previo al golpe de Estado participaba comúnmente en diferentes espacios e instancias de coordinación interinstitucionales de la sociedad civil y el Estado. Entre estos, las mesas de trabajo del eje de prevención de violencia y la formulación, socialización y validación del Segundo Plan de Igualdad y Equidad de Género 2008-2015 del Instituto Nacional de la Mujer (INAM). |56| Finalmente militaba activamente en el Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado, y en el Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos.

    En el marco del golpe de Estado, Walter Tróchez se incorpora a monitorear las delegaciones policiales y a gestionar la libertad de las personas detenidas. En julio de 2009, se traslada a El Paraíso específicamente al desvió de Alauca con el fin de apoyar a las víctimas de la represión, como parte de su labor, registró los nombres de las personas detenidas en las delegaciones de Danlí y El Paraíso, fue una de las personas que gestionó ante el retén militar en Alauca, la libertad de Pedro Magdiel Muñoz, |57| después de ser testigo de su captura. Por el ejercicio de su trabajo en esa zona fue sujeto de seguimiento junto a la directora de Casa Renacer, a ambos les tomaron fotografías. Posteriormente brindaron declaración ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su vista a Honduras entre el 17 y el 21 de agosto de 2009, y acompañaron la visita que este organismo realizó a El Paraíso.

    En el ejercicio a la libertad de expresión, por medio de correos electrónicos, emitió pronunciamientos públicos de oposición al régimen de facto, y escritos acerca de los abusos que, a su juicio, se estaban cometiendo contra las hondureñas y los hondureños. |58|

    Junto a la directora de Casa Renacer, interpuso una denuncia por malversación de caudales públicos contra el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción (FECC). |59|

    El 13 de diciembre de2009, alrededor de las 11:00 p.m., Walter Orlando Tróchez fue herido por un impacto de bala en el tórax, presuntamente desde un carro en marcha cuando se desplazaba por el centro de la ciudad de Tegucigalpa, denominado el Casco Histórico. Su cuerpo agonizante fue encontrado por agentes de la policía preventiva |60| que se conducían en la patrulla MI-112, en el punto de taxis de la colonia Torocagua.

    Hasta ese punto además de los agentes de policía llegaron dos de sus amigos, antes de perder todas sus fuerzas Walter Orlando Tróchez logró hacer una última llamada. Pudo comunicarle a un amigo que le acababan de disparar. |61| También llegaron dos personas más, un hombre y una mujer. Testigos oculares informaron a la policía que habían escuchado un disparo y a una persona correr. Mortalmente herido fue trasladado al Hospital Escuela en una ambulancia del cuerpo de bomberos que había sido llamada por los agentes de la policía. Falleció a las 12:30, por hemotórax, según dictamen forense. |62|

    La Comisión de Verdad recibió el testimonio del amigo, quien manifestó: "A eso de las 11:13 recibí otra llamada de Walter todo moribundo diciéndome […] me mataron, […] me mataron y me dejaron tirado en la Larach, cerca del Banco de Occidente." |63|

    Antes de su muerte fue víctima de reiteradas amenazas, todas relacionadas a su ejercicio de defensa. El mismo día del golpe de Estado, se apersonó junto a otros miembros de la Comunidad LGTTBI a la Penitenciaría Nacional "Marco Aurelio Soto", para atender las supuestas violaciones a los derechos humanos de personas de la comunidad LGTTBI privadas de libertad. Walter Tróchez había recibido la denuncia que los custodios de la Penitenciaria Nacional habían cancelado las visitas a los privados de libertad y estaban maltratando a las personas que se encontraban en el portón de acceso.

    En efecto, los policías irrumpieron haciendo disparos, golpeando a la gente y diciendo: "Todo el mundo fuera. Aléjense de la Penitenciaría Nacional, porque debido a la "cuarta urna" no hay visita; hay golpe de Estado (sic)".

    Ante la actitud de los agentes les reclamó por las agresiones. Un policía agente de apellido Sánchez lo amenazó diciendo: "Pásame tus documentos. Decime, ¿a quiénes venís a ver?" También le decía a los demás policías que lo retuvieran hasta segunda orden. |64|

    El 05 de julio de 2009, a las 5: 30 de la tarde se dirigió a su casa, por temor al toque de queda anunciado por el régimen de facto, en represalia a la multitudinaria manifestación de apoyo al retorno del Presidente Zelaya. A pocos metros de su casa, se dio cuenta que era seguido por un vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi Montero, color gris, con vidrios polarizados y sin placas. Cuando ingresó a su residencia confirmó, a través de una ventana, que el vehículo seguía estacionado, el conductor bajó el vidrio y luego partió rumbo al Estadio Nacional. Inmediatamente cambió de domicilio debido a las amenazas y a los seguimientos. |65|

    En los testimonios brindados a la CdV se conoció que el 08 de julio de 2009 realizó el monitoreo de violaciones a derechos humanos a las 7:00 de la noche, en los alrededores de El Obelisco, en Comayagüela. Allí labora el grupo travesti-transexual de la comunidad LGTTBI. Observó que dos mujeres transgénero se refugiaban en una gasolinera. Tróchez se acercó a ellas cuando vio a seis militares del Estado Mayor que estaban en el mismo lugar. Los militares profirieron amenazas. Pretendieron retenerle los documentos personales, pero él les manifestó que no tenían esa facultad. Los militares se enojaron y le respondieron: "Maricón, ¿dónde están los otros culeros que se llevan en esta zona? Ya nos tienen hartos ustedes y sus culeradas. Son basura que no valen nada y ahora ya decidimos verguearlos. Es más, si me meto al pedo de matarte a vos y los demás culeros, ¿quién me lo va a impedir? Nosotros mandamos aquí. Somos nosotros la autoridad y las Fuerzas Armadas." |66|

    Ante la intervención de los transeúntes, los militares optaron por alejarse, pero mientras lo hacían, se reían en forma estrepitosa y hablaban de Tróchez y de las mujeres transexuales, diciendo: "Vos, maricón, y los otros dos que se llevan aquí, tarde o temprano nos la van a pagar. Y si no, los vamos a llevar a darles un tiro en la sien allá en la montañita |67| y ¿quién se va a dar cuenta de que fuimos nosotros?" |68|

    Doce días más tarde, el 20 de julio, se retiraba de un grupo de manifestantes que estaban frente al edificio del Congreso Nacional, cuando varios agentes Cobra lo amenazaron con gestos y señas. Efectivos de la Policía Nacional lo retuvieron en el antiguo edificio de la ENEE. Un oficial lo pateó en el estómago, diciéndole que con él "se quitaría la cólera, que le dispararía en la frente y que lo tiraría en la montañita, donde nadie se daría cuenta de quién lo mató".

    Lo agredió verbalmente por su orientación sexual, manifestándole que "los maricas no valen nada," que no le importaba que fuera activista y que, "además los maricas no tienen derechos." Este último policía sacó un fichero que tenía oculto y Tróchez se dio cuenta que en aquel constaba su apellido. El policía entonces ordenó a otro agente que lo detuvieran; de inmediato lo esposaron y lo subieron a la patrulla policial M-06. Antes de llevárselo, en forma burlona y humillante, se preguntaban entre sí quién subiría a la patrulla a la mariposa o a la doncella, para que no se lastimara. |69|

    En el trayecto hacia la posta policial lo volvieron a golpear. Lo bajaron bruscamente de la patrulla en la estación del Distrito Policial nº 1 en el Barrio Abajo. El oficial que lo había agredido le dijo al encargado de turno que había que dejar a Tróchez amarrado a un tubo en medio del patio, bajo el sol.

    El policía, volviéndose hacia la víctima manifestó que a los activistas valientes --y más a los maricones-- allí los hacían hombres. Dio la orden de que no lo liberaran y que a las 3:00 de la tarde verían qué hacer con él. Fue liberado por la presión de las organizaciones de derechos humanos, en ese momento declaró a estas que cualesquier atentado contra su vida en el futuro seria responsabilidad de la Policía.

    Caminaba hacia su casa la noche del 17 de noviembre de 2009, por una calle angosta, empedrada, un desconocido en motocicleta se aproximó a él desde atrás y le lanzó una patada en la espalda. Walter Tróchez cayó bruscamente al suelo. El motociclista pasó junto a él y lo observó fijamente. El individuo aceleró su motocicleta y se alejó rápidamente, por la intervención oportuna de vecinos que le gritaron que dejara de agredirlo. |70|

    La CdV constató en los testimonios brindados por la víctima en las organizaciones de derechos humanos y en los testimonios brindados a esta Comisión, que el 04 de diciembre de 2009, a eso de las 10:00 de la noche, cuatro individuos que vestían de civil, fuertemente armados y sus rostros cubiertos con capuchas lo obligaron en forma violenta a subir a un vehículo, tipo camioneta color gris, vidrios polarizados y sin placas, cuando se desplazaba hacia su residencia, después de monitorear la situación de las trabajadoras sexuales en El Obelisco. Los individuos lo insultaban y le decían que era un maricón, que sabían quién era, a qué se dedicaba y que se les había escapado la primera vez, pero que esta vez no podría hacerlo. Le dijeron: "Sos de la Resistencia. Ahora veremos qué tan resistente sos." |71|

    Mientras transitaban por las calles del centro de Tegucigalpa, lo amenazaban, lo golpeaban y lo interrogaban sobre las actividades del FNR contra el golpe de Estado.

    Tróchez logró escaparse de sus captores, saltando del vehículo en marcha y se refugió en un solar baldío. En testimonio brindado ante la Comisión de Verdad, el testigo manifiesta que Walter Tróchez ya había denunciado ante organizaciones de derechos humanos que un vehículo con similares características a aquel al que lo subieron en esta ocasión, había vigilado su domicilio anterior, por lo que había tenido que mudarse. Sin embargo, se siguieron suscitando hechos de vigilancia y atentados por desconocidos en su nuevo domicilio. |72|

    "Estuve en un solar baldío alrededor de una hora y entonces caminé. Encontré a un señor que me preguntó qué pasaba. Solo seguí mi camino. Traté de dirigirme a mi casa en el barrio El Bosque. Cuando llegué a casa alrededor de las 4:05 a.m. [el 5 de diciembre], le pedí a Gerardo López, mi compañero de apartamento, que llamara a alguien para ayudarme y fue así que me asistió del CIPRODEH Francisco Mencía, quien me acompañó al Core VII, en la Fiscalía de turno. El fiscal a cargo anotó pocas notas con actitud burlesca y prácticamente desestimó mi denuncia. Entonces puse una hora después la denuncia ante la DNIC, a quienes mencioné mi necesidad de una revisión médica. Nuevamente me remitieron a la Fiscalía de Turno (Fiscal González). Le dije que necesitaba, por ser VIH positivo, una revisión y apoyo psicológico. El Fiscal me remitió a medicina forense.

    Fui revisado por el forense, el cual dictaminó múltiples lesiones con tabique con trauma por golpe con arma.

    El forense me remitió al Hospital Escuela para chequeo y me solicitó rayos X, examen que no practicaron en medicina forense. El día 7 de diciembre acudí a medicina forense para hacer la radiografía, puesto que me pidieron en el Hospital Escuela que necesitaban la parte de Medicina Forense, examen que no me practicaron porque uno de los empleados dijo: "no tenemos tiempo." Traté también de solicitar, con la revisión de la Fiscalía, el apoyo psicológico de la psicóloga de turno de Medicina Forense. Me dijeron que no atendían casos de fiscalía de turno y que era competencia de delitos comunes.

    La persona de medicina forense no quiso identificarme por su actitud negativa. Ya he puesto en conocimiento mi caso ante la Fiscal Especial de Derechos Humanos, Sandra Ponce, y también el abogado Carlos Flores de la Fiscalía de Derechos Humanos. El día 8 de diciembre de 2009 me dirigí cuanto antes al personal de CIPRODEH y a la Fiscalía, y ya han transcurrido tres días de los hechos y el expediente no ha sido remitido para poder iniciar las investigaciones sobre mi caso." |73|

    Varias personas, entre ellas representantes de organizaciones de derechos humanos, acompañaron a Walter Tróchez al Ministerio Público para interponer denuncia formal por los hechos del 04 de diciembre de 2009. |74| Se recibió la denuncia bajo la calificación penal de detención ilegal. |75| Según el testimonio de la propia víctima entregado posteriormente a la Comisión de Verdad, el funcionario que atendió el caso en la fiscalía de turno manejó el asunto de forma burlona y negligente. |76|

    La CdV considera que en este caso, los operadores de la administración de justicia, actuaron con negligencia inexcusable y con una actitud discriminativa contra la víctima, que le dejo en indefensión ante la grave situación de inseguridad que por el ejercicio de su trabajo enfrentaba.

    La Fiscalía Especial de Derechos Humanos inició un proceso de Investigación por la ejecución de Walter Tróchez, el expediente acumula una serie de diligencias pero ni una sola de ellas conduce a individualizar al ejecutor del asesinato. La FEDH no tiene una hipótesis ni teoría que rija el proceso de investigación, no obstante que ha pasado un tiempo superior a los 33 meses desde que ocurrieron los hechos.

    La CdV ha recibido reportes que indican que el caso Walter Tróchez no es el único asesinato selectivo, los asesinatos y atentados destinados a provocar víctimas fatales, se convirtieron en una forma calculada, generalizada y sistemática de causar terror y zozobra entre la población en resistencia, de acuerdo con la información disponible los primeros asesinatos selectivos ocurrieron en 2009, casi inmediato al golpe de Estado, siendo más clara la selectividad a partir de septiembre 2009, las víctimas tienen en común ser militantes de la resistencia y denunciar violaciones a derechos humanos. La CdV considera que este tipo de asesinatos tiene dos objetivos, uno generar terror en la población y generar vacíos de liderazgo con el fin de desmovilizarla.

    2.6 Represalia contra Red COMAL y su personal

    La Red COMAL se define como un movimiento social de productores y consumidores. Al mismo tiempo es una empresa social que educa, produce y comercializa. Tiene cobertura nacional. Su misión es contribuir a un desarrollo comunitario sustentable, fomentando la productividad local, el desarrollo de canales equitativos de mercado y la transformación de leyes injustas en el país. Tomando en cuenta los principales problemas de Honduras, entre ellos, el crecimiento del desempleo y el poco acceso a medios de vida sustentables de la mayoría de la población, así como la acelerada destrucción del medio ambiente, se han constituido en defensores del desarrollo sostenible y de la ecología, la economía solidaria y el comercio justo.

    Teniendo como punto de partida esa problemática y dando seguimiento a la experiencia edificada durante 15 años, la Red COMAL, estaba ejecutando su Plan de Negocios 2009-2011 en el momento de ocurrir los hechos a que se refiere este caso.

    El objetivo de ese plan era crear mecanismos concretos para enfrentar la situación de crisis estructural que vive el país, especialmente la que viven las familias del área rural. Red COMAL se propone hacer su contribución por medio del apoyo a la producción agroecológica, a través de la formación de empresas sociales generadoras de empleo, la comercialización comunitaria y el establecimiento de alianzas y acciones para lograr cambios estructurales políticos a favor del sector de pequeños productores. |77|

    La Red COMAL, como parte del movimiento social hondureño, siempre ha facilitado sus instalaciones para la celebración de jornadas de reflexión, análisis y toma de decisiones de muchas de las organizaciones sociales del país. Tal servicio adquirió mayor visibilidad en los momentos previos al golpe de Estado, con su determinación de apoyar la iniciativa para que se instalara una asamblea nacional constituyente que refundara el Estado hondureño. La Red COMAL ha jugado un papel importante en los momentos posteriores al golpe de Estado, en virtud que la oposición política constantemente se reunía en las instalaciones de la Escuela de Economía Solidaria (ECOSOL), que es parte de la Red COMAL.

    Desde ese espacio, en muchas ocasiones el FNRP definió sus estrategias de lucha y movilización en contra del gobierno de facto. La Red COMAL también lideraba las movilizaciones sociales de la región central, los departamentos de Comayagua, La Paz e Intibucá en contra del golpe de Estado. Es de esta forma que en la represión denominada en este informe de la CdV "El Pajonal", muchas de las personas lesionadas y detenidas pertenecían a sus redes locales.

    El 04 de agosto de 2009, publicaron un detallado informe sobre la represión en referencia. Fueron el 20 de agosto de 2009 los anfitriones de las víctimas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que a través de su Presidenta Luz Patricia Mejía, su Segundo Vicepresidente y Relator para Honduras, Felipe González y personal de la Secretaría Ejecutiva, visitaron Comayagua para levantar in situ su informe, la Red COMAL instaló la logística para que la CIDH recibiera a las victimas. |78|

    Ambiente previo.

    El 29 de noviembre del 2009, luego del golpe de Estado, se celebrarían elecciones convocadas por el gobierno de facto, para elegir Presidente, diputados y alcaldes en todo el país. Estas elecciones no se caracterizaban por garantizar la democracia y la alternabilidad en el poder, sino por consolidar el golpe de Estado y la impunidad en violaciones a derechos humanos.

    El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado decidió rechazar las elecciones, aduciendo que eran ilegítimas por llevarse a cabo bajo la dirección de autoridades nacidas del golpe de Estado y por estar éstas involucradas en las acciones que significaron la ruptura constitucional, además de estar militarizadas. El rechazo implicaba desconocer por ilegítimas a las autoridades surgidas de esas elecciones.

    El 28 de noviembre de 2009, más de 50 agentes policiales, militares y de la DNIC cubiertos con pasamontañas, irrumpieron en las instalaciones de la Red COMAL a eso de la 1:30 de la tarde. Al arremeter, apuntaron a los presentes con sus armas de fuego y ordenaron la desocupación inmediata del lugar. Luego, comenzaron a saquear las oficinas administrativas, aparentando buscar algún tipo de información o materiales de la resistencia.

    Uno de los empleados les preguntó acerca de lo que buscaban, respondiendo un policía que lo que buscaban eran armas. En el operativo, rompieron portones, puertas, llavines, cerraduras de las oficinas y celosías. Además amenazaron con disparar si no se hacía lo que ellos dijeran. Un miembro de la seguridad de la institución, quien es de contextura delgada y de estatura baja, fue golpeado por seis agentes de la policía, quienes le propinaron puñetazos y patadas; también amenazaron con dispararle. |79|

    El allanamiento y registro fue realizado en las oficinas administrativas de la Red COMAL y en el edificio que ocupa ECOSOL. Al final se constató la ruptura de llavines de escritorios y varias puertas de acceso a oficinas y habitaciones. Fueron decomisadas computadoras, cheques y documentación privada de la institución, así como dinero en efectivo.

    En el allanamiento, ninguna persona fue arrestada, pero varios de los funcionarios de la Red COMAL fueron retenidos en las instalaciones por un lapso de aproximadamente tres horas. El operativo fue conducido por el comisario de policía Fredy Lagos Sánchez, quien en ese momento fungía como jefe de la policía de Siguatepeque. El policía Lagos Sánchez se presentó 20 minutos después de iniciado el allanamiento, informando hasta en ese momento que se trataba del cumplimiento de una orden judicial, que tenía el objetivo de localizar y decomisar armas de fuego y material que atentaba contra la vida de las personas. Se negó a entregar al responsable de la Red COMAL la copia de la orden de allanamiento, documento que les fue requerido desde el momento que ingresaron los policías y militares. Las fuerzas del orden también se negaron a levantar un listado o documento en el que se identificaran los objetos que estaban siendo decomisados.

    A las 3:30 de la tarde de ese mismo día, se presentó a las instalaciones de Red COMAL la fiscal del Ministerio Público Elizabeth Orellana Rodríguez, quien se limitó a observar lo que realizaban los policías y militares en las instalaciones. Varios testimonios rendidos a la Comisión de Verdad en su gira itinerante en la ciudad de Siguatepeque, señalan que la fiscal, cuando se encontraba en las instalaciones de la Red, repudió el trabajo de la institución allanada, cuestionando la supuesta incidencia política que la Red COMAL realizaba.

    Luego del allanamiento y la agresión sufrida por la Red COMAL, se supo que la Fiscalía del Ministerio Público vació toda la información que se guardaba en las computadoras decomisadas. Asimismo se tuvo información que fueron revisados todos sus estados de cuenta en las distintas instituciones bancarias con las cuales trabaja la Red COMAL. Todas estas acciones se realizaron sin ninguna participación de los funcionarios de la institución supuestamente investigada.

    El 05 de abril de 2010, después de reiterados pedidos de la Red COMAL, la fiscalía local de Siguatepeque recomendó el cierre de la denuncia y de la investigación abierta en contra de los representantes de la mencionada organización. El archivo del caso se sustenta, según la resolución, en "que no existe por parte de la ONG denominada RED COMAL y ECOSOL que haya delito que investigar" además en que "el hecho denunciado o investigado no constituye delito." |80|

    Posterior al allanamiento, personas vinculadas a la red y sus dirigentes fueron sujetos de reiterados hostigamientos y ataques que culminaron en penetraciones ilegales a las residencias |81| y detenciones ilegales.

    La Comisión de Verdad tuvo conocimiento que Trinidad Sánchez, Directora Ejecutiva de la Red COMAL, |82| fue objeto de amenazas contra su vida y la de su familia, por medio de mensajes de texto recibidos en su teléfono móvil. También se conoció que su vivienda fue objeto de robo por parte de varios desconocidos que ingresaron y sustrajeron solamente su computadora. Mientras pasaba sus vacaciones en Honduras, uno de sus hijos, que estudia en Cuba, fue requerido y maltratado por policías en una comunidad del departamento de Santa Bárbara. En todos estos actos se relaciona el quehacer político, social y económico de la Red COMAL.

    El 12 de febrero de 2009, Hermes Aníbal Reyes Navarrete, fue atacado a las 7:30 de la noche por dos sujetos desconocidos que estaban aparcados en la entrada principal de ECOSOL, propiedad de la Red COMAL, donde la conducción del Frente de Resistencia se encontraba reunida.

    Los desconocidos, al observar que el joven salía de las instalaciones, pusieron en marcha el automóvil "pick-up" de color azul y el sujeto que viajaba en el asiento del acompañante le golpeó en el rostro con un velocímetro de bicicleta, provocándole una herida en su pómulo derecho y un golpe en el izquierdo. El golpe le hizo perder el equilibrio y caer de rodillas. El automóvil se detuvo unos 20 metros adelante y uno de los sujetos le grito "ya sabemos dónde están, hijos de puta" y arrancó a gran velocidad, tomando la carretera que conduce de Siguatepeque a La Esperanza, departamento de Intibucá. |83|

    La CdV conoció que el allanamiento se realizó por orden judicial, a solicitud del Ministerio Público. Este órgano adujo haber recibido denuncia en la cual se ponía en conocimiento que en el lugar allanado "se estaban reuniendo desde hace varios días atrás, varias personas y que tenían hospedadas a otras personas que denominaban guerrilleros los cuales tenían muchas armas y que entre ellos hablaban de armar un relajo (sic) a fin de impedir que se llevaran a cabo las elecciones generales."

    A la Red COMAL o a sus representantes legales se les investigó por una supuesta falta electoral y por el delito de sedición. Los funcionarios de la Red COMAL, considerando que las actuaciones de los órganos del Estado implicaban un comportamiento abusivo, denunciaron el hecho ante la FEDH. |84|

    La Comisión de Verdad, una vez estudiados los testimonios, documentos y expedientes oficiales sobre el caso Red COMAL, está convencida que el propósito era atentar contra su prestigio y buen nombre, pero sobre todo vulnerar los fundamentales derechos de las personas que dirigen y laboran en la Red COMAL, generando un ambiente orientado a entorpecer las actividades políticas que lícitamente se desarrollan desde sus instalaciones.

    Al revisar el contenido del expediente judicial en el cual consta la petición del Ministerio Público y la autorización de Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, para allanar y registrar las instalaciones de Red COMAL, ECOSOL y una vivienda particular, se aprecia que la petición de allanamiento se fundamentó en una denuncia presentada por un representante del Tribunal Local Electoral. Éste aseguró que desde la Red COMAL se promovía la no participación en el proceso electoral.

    La Comisión de Verdad considera procedente advertir que las acciones directas en contra de la Red COMAL, desarrolladas con una apariencia de legalidad por las distintas instituciones del Estado, perfectamente pueden ser relacionadas con las amenazas y hostigamientos recibidos por la Directora Ejecutiva de la Red COMAL y su familia, así como el ataque contra Hermes Reyes.

    La Comisión de Verdad también es del criterio que con el allanamiento y registro, las víctimas de la violación al derecho a la libertad de pensamiento, expresión y opinión, no solo son el personal que dirige y labora para la Red COMAL. También lo son el resto de personas que regularmente ocupan el espacio físico de la organización para reflexionar, debatir y tomar decisiones en torno a la situación política del país o en relación a asuntos particulares de sus organizaciones.

    Con la consolidación del golpe de Estado, estos ataques se multiplicaron y realizaron de manera más sistemática, persiguiendo objetivos más amplios, demostrar poder y exponer su fuerza. En varios casos, detrás de estos hechos, se escondían las motivaciones políticas impulsadas desde los más altos mandos de facto.


    Casos ilustrativos para patrón 3:

    Disfuncionalidad institucional en función de las necesidades del régimen impuesto por el golpe de Estado y en perjuicio de la población

    3.1 Presidente José Manuel Zelaya Rosales

    El Gobierno de José Manuel Zelaya Rosales se inició el 27 de enero de 2006 y fue interrumpido por un golpe de Estado el 28 de junio de 2009. El proceso de derrocamiento, captura y posterior expulsión del Presidente José Manuel Zelaya Rosales implicó el concurso de la conspiración e instrumentalización de una serie de instituciones públicas, particularmente vinculadas a los poderes legislativo, judicial y parte del Poder Ejecutivo, quienes tomaron la decisión de apartarle violentamente -aunque con aparentes visos de legalidad- de la Presidencia de la República. Unidades del ejército atacaron la residencia particular del Presidente José Manuel Zelaya Rosales en la colonia San Ignacio de Tegucigalpa, le arrestaron y expatriaron, sus colaboradores cercanos fueron perseguidos, y su canciller detenida y expatriada. La familia del Presidente Zelaya fue perseguida por las autoridades del Ministerio Público, que instalaron vigilancia sobre las casas de sus parientes más cercanos. |1|

    "En fecha 28 de junio de los corrientes en la residencial El Trapiche, calle Principal, como a unos 100 metros del gimnasio Body Center, en los apartamentos del señor Juan Medina, se había visto movimiento de personas y vehículos, de los cuales se bajaron bolsas negras y maletines de manera sospechosa, se presume que estos materiales tienen relación con la denominada cuarta urna, material que se promovía desde casa presidencial, en plena desobediencia a resoluciones judiciales, según el informante en el apartamento número dos" |2|

    El fluido eléctrico fue interrumpido a nivel nacional, se ordenó el cierre de medios de comunicación, se declaró toque de queda desde las 18:00 horas. A partir de entonces se inicia la violencia política en todo el país, miles de personas fueron retenidas y detenidas, se militarizó y polarizó el país. Y más de un centenar de personas han sido asesinadas por razones políticas. Para la CdV los hechos en relación con el derrocamiento del gobierno presidido por el Presidente José Manuel Zelaya Rosales, pueden ser divididos en tres fases: a) preparatoria; b) ejecutiva; y c) de consolidación.

    Fase preparatoria. La CdV a partir de la información testimonial y documental que ha recibido y examinado, ha podido establecer la cadena de hechos que constituyeron violaciones a los derechos humanos del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, los cuales para efectos del presente informe se inician a partir del 08 de mayo del año 2009, cuando el Ministerio Público a través de sus fiscales Gelmer Humberto Cruz y Henry Geovanny Salgado Núñez, |3| interponen una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo solicitando declarar la nulidad de la consulta popular, que mediante una urna adicional o "cuarta urna" en las elecciones generales de ese mismo año, preguntaría a la ciudadanía sobre la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

    El Consejo de Ministros aprobó el 23 de marzo de 2009, el Decreto Ejecutivo PCM 05-2009, en el cual establece el desarrollo de una consulta a la población hondureña "¿está usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre de 2009, se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que apruebe una nueva Constitución política?".

    Diversos elementos constatados por la CdV permiten situar esa fecha como el punto inicial de este proceso de ruptura democrática y de colusión entre el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y otras instituciones del Estado. Entre estos aspectos cabe destacar:

    a. La demanda del Ministerio Público significa forzar la ley para incluir la pretensión del Ministerio Público, pues la consulta social propuesta en el decreto PCM 05-2009 no podía estar sujeta a las reglas enunciadas en el artículo 5 de la Constitución de la República sobre el plebiscito y el referéndum, |4| ya que al momento de la decisión sobre ese decreto no existía una ley especial que regulara dichas figuras de consulta. |5| Ante ese vacío legal, el único instrumento regulatorio vigente lo constituía la Ley de Participación Ciudadana que no definía un procedimiento específico para las consultas, salvo lo establecido en el numeral 10 del artículo 25, reformado de la Ley de Municipalidades, y en los artículos 16, 17 y 18 de su reglamento, el que es bastante general sobre el mecanismo de consulta y sitúa a éste bajo la tutela de las mismas municipalidades y de personas notables del término municipal. Esta falta de regulación específica en las leyes de participación y de municipalidades, por si misma niega el calificativo de ilegal de la consulta señalada en la demanda del Ministerio Público.

    a. Siempre respecto de la referida demanda, el personamiento de la Procuraduría General de la República, en el cual prácticamente se allanaba a las pretensiones del Ministerio incumpliendo no solo con su responsabilidad de defensa del Estado sino también la de contar con autorización expresa del Poder Ejecutivo para dicho allanamiento como se establece en los párrafos primero y segundo del artículo 24 |6| de la Ley de Procedimiento Administrativo. A estos incumplimientos, se suma la emisión del oficio número D-PGR-112-2009 de fecha 12 de junio del año 2009, que contiene la opinión del abogada Tania Melissa Mejía Fortín acerca del caso, se solicita autorización para no contestar la demanda y allanarse a las pretensiones de los demandantes (lo que había hecho en su personamiento y manifestación, presentados en fecha 28 de mayo). Curiosamente esta comunicación está fechada en el último día del plazo para contestar la demanda y 16 días después de emitida la sentencia incidental que ordenaba - en abuso de ley - la suspensión de la consulta ciudadana, a la cual se había allanado en violación del párrafo segundo del referido artículo.

    b. La sentencia incidental emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el día 27 de mayo de 2009, junto con su aclaración del 29 de Mayo, muestran no solo una excepcional e ilegal celeridad procesal (la sentencia se emite el 27, se solicita la aclaración por parte del Ministerio Público el 28 y se resuelve el 29) que rompe con los términos legales para que una resolución judicial quede firme (al día siguiente hábil de la última notificación).

    Otro hecho clave, que muestra la existencia de un golpe de Estado técnico aun cuando no hubieran derrocado al Presidente José Manuel Zelaya, lo constituye la interposición y posterior resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de un recurso de amparo, en violación a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 245 de la Constitución de la República |7|, a favor del general Romeo Vásquez Velásquez, Jefe del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, de quien el Presidente Zelaya anunciara su separación del cargo, el 24 de junio |8|.

    La orden de captura y el allanamiento no es dirigida a la Policía Nacional como lo manda la ley, sino a las Fuerzas Armadas de Honduras, quienes la ejecutan violentamente el día 28 de junio a las 5 horas y cuarenta minutos de la mañana.

    El recurso de amparo, es una muestra más de celeridad del sistema de justicia hondureño, en tanto que el fiscal de defensa de la constitución presentó el recurso a las 10 horas y 50 minutos de la mañana del día 25 de junio, en contra de la separación del general Romeo Vásquez Velásquez y a las 12 horas y 59 de la tarde de ese mismo día (dos horas y nueve minutos después de interpuesto el recurso) ya se había notificado a la Procuradora General de la República de la decisión de amparar al general Vásquez Velásquez y declarar la suspensión anunciada menos de 24 horas antes por el Presidente José Manuel Zelaya Rosales.

    La Sala Constitucional, admitió el Recurso de Amparo decretando suspensión provisional del acto reclamado, por lo que el general Romeo Vásquez Velásquez continuó en su cargo, el Presidente Zelaya al ser notificado de la decisión judicial, la calificó en conferencia de prensa como un golpe técnico y llamó a los presidentes latinoamericanos a solidarizarse con su gobierno.

    Fase Ejecutiva, esta fase incluye la transición desde el golpe técnico al golpe de Estado propiamente tal. Esta fase se inicia el día 25 de junio, cuando el Ministerio Público presenta un requerimiento en contra del Presidente José Manuel Zelaya Rosales por su supuesta responsabilidad en los delitos contra la "forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones" en perjuicio de la administración pública y del Estado de Honduras. La Corte Suprema de Justicia le da curso de manera inmediata, celebrando sesión de pleno en la cual se asignó como juez natural al magistrado Tomás Arita Valle, quien despachó orden de captura y allanamiento en menos de 24 horas.

    La orden de captura y el allanamiento no es dirigida a la Policía Nacional como lo manda la ley, sino a las Fuerzas Armadas de Honduras, quienes la ejecutan violentamente el día 28 de junio a las 5 horas y cuarenta minutos de la mañana, según las versiones más contestes. De acuerdo con la ley hondureña, el procedimiento del allanamiento se encuentra regulado en el artículo 99 |9| de la Constitución de la República y en los artículos 177, 212 al 215 del Código Procesal Penal, en los cuales se señala que le corresponde a la Dirección General de Investigación Criminal realizar la diligencia, con el auxilio ocasional de la Policía Nacional Preventiva, como órgano responsable de su práctica, y de esta forma salvaguardar a las personas y la prueba.

    El ingreso violento de las Fuerzas Armadas al domicilio y posterior captura del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, deviene en su secuestro, desde el momento en el que unilateralmente las Fuerzas Armadas deciden no presentarlo ante el juez que ordenó su captura, sino trasladarlo a la base de la Fuerza Aérea en Tegucigalpa y posteriormente proceder a su expatriación forzosa hacia Costa Rica.

    Paralelamente, y considerando como cosa juzgada el proceso penal en contra del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, el Congreso Nacional sesiona el mismo día 28 de junio, y decide la improbación |10| de la conducta |11| y separación |12| del Presidente José Manuel Zelaya Rosales y su sustitución por el entonces presidente del Poder Legislativo Roberto Micheletti Baín, para la culminación del período de gobierno hasta el 27 de enero del año 2010. Dentro de las razones aludidas por el Congreso Nacional se encuentran las siguientes:

  • La no remisión del proyecto de presupuesto del año 2009 para su aprobación por el Congreso Nacional;
  • La supuesta desatención a la aparición de la influenza porcina H1N1 o gripe porcina;
  • La supuesta ausencia de respuesta a los efectos del terremoto ocurrido en el país en el mes de mayo de ese mismo año;
  • La ausencia de respuesta ante los efectos de la crisis económica mundial, que significó la supuesta pérdida de cien mil empleos en el país;
  • La inseguridad interna;
  • La emisión del acuerdo PCM-019 que manda la consulta vía encuesta ciudadana sobre la posibilidad de instalar una urna adicional o "cuarta urna" en las elecciones generales de noviembre de 2009, para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente;
  • Su enfrentamiento con otros poderes del Estado; y,
  • La recepción de una carta de renuncia emitida por el Presidente José Manuel Zelaya Rosales.

    En los días siguientes, se negó el regreso al país del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, siendo particularmente grave lo ocurrido el 05 de julio del 2009, cuando éste intentó ingresar vía el aeropuerto de Toncontín se bloqueó la pista de aterrizaje de dicha instalación aeroportuaria mediante la colocación de vehículos, instalación de francotiradores en los edificios aeroportuarios y militares de la zona, instalación de un perímetro de seguridad compuesto por miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional Preventiva, Dirección General de Investigación Criminal, quienes finalmente terminaron disparando contra las personas que se manifestaban en los alrededores a favor del regreso del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, causando -a lo menos- la muerte del joven Isy Obed Murillo.

    Fase de consolidación, durante esta fase de consolidación destacan tres hechos recurrentes en contra del Presidente José Manuel Zelaya Rosales y sus seguidores: a) la persistencia de la negativa de ingreso al país; b) la campaña mediática interna y externa para su desacreditación; y, c) la agresión continuada en contra de las personas refugiadas y las instalaciones de la embajada de Brasil en Tegucigalpa.

    a) Las acciones del gobierno de facto, por medio de las Fuerzas Armadas y policiales en contra del regreso al país del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, incluyeron el bloqueo de las fronteras, el establecimiento de toque de queda permanente -algunos por más de cien horas continuas como el ocurrido en los departamentos fronterizos con Nicaragua, particularmente en el departamento de El Paraíso-, y la movilización de equipo y personal de guerra a la zona.

    b) La campaña mediática de desacreditación del Presidente José Manuel Zelaya Rosales y sus funcionarios, si bien comienza desde antes del golpe de Estado, incluyendo llamados al mismo, se agudiza con su expatriación forzada, señalándole como corrupto, "izquierdista", comunista y otros calificativos que buscaban alejarle de la confianza pública nacional e internacional.

    c) el 21 de septiembre del año 2009, el Presidente José Manuel Zelaya Rosales ingresó al país y se refugió en las instalaciones de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde permaneció recluido hasta el 27 de enero del 2010, cuando le fue conferido un salvoconducto para su salida hacia la República Dominicana. Durante este período las personas refugiadas y las instalaciones de la Embajada fueron sistemáticamente atacadas con gases lacrimógenos -particularmente el día 22 de septiembre-, cuando fue cercada por las fuerzas armadas y policiales, mediante la utilización de químicos capaces de provocar vómitos y diarreas en sus víctimas y la utilización de equipos sonido para impedir el descanso, la instalación y operación de un dispositivo acústico de largo alcance (LARD por sus siglas en inglés), |13| asimismo se instalaron equipos especiales para interrumpir las señales telefónicas.

    La Comisión ha podido comprobar la violación de los principios, garantías y derechos del Presidente José Manuel Zelaya Rosales contenidos en la Constitución de la República. En forma más precisa, entre los derechos humanos violados al Presidente José Manuel Zelaya Rosales se encuentran:

  • Derecho a no ser discriminado, y por ende a gozar de todos los derechos. consagrado en el artículo 2 |14| de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este derecho se violenta al limitarle de manera expresa, el resto de derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República y en los tratados internacionales en la materia suscritos y ratificados por el Estado de Honduras y que se encuentran vigentes.
  • Derecho a la integridad personal, al atentar contra su integridad física, síquica y moral al momento de su detención violenta, la cual fue reiterada con la negación de su regreso al país y los ataques a su lugar de refugio en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa.
  • Derecho a la libertad personal, al ser secuestrado por miembros de las fuerzas armadas y posteriormente expatriado hacia Costa Rica.
  • Derecho a las garantías judiciales y al debido proceso, al impedírsele una adecuada defensa ante un tribunal imparcial, al ser considerado culpable por el Congreso Nacional al momento de ordenar su separación del cargo.
  • Libertad de pensamiento y expresión, al ser juzgado y considerado culpable por su propuesta de consultar la opinión ciudadana respecto de la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
  • Derecho a la nacionalidad, violación que se produce en razón de la negación de los derechos consagrados en la Constitución de la República; como el de permanecer en el territorio nacional y a no ser expatriado.
  • Derecho a la circulación y residencia le fueran violados con su expulsión, la toma de medidas para impedir su ingreso al país o de salir de la embajada de Brasil en la ciudad de Tegucigalpa.
  • Derecho a la igualdad ante la ley, igualdad que se viola por la falta de un debido proceso, por la aplicación de resoluciones extralegales como la separación ordenada por el Congreso Nacional y su expatriación forzosa, entre otros hechos.
  • Derecho a la protección judicial, consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, |15| al ser negados los recursos presentados en su favor, contra la expatriación forzosa.

    3.2 Jueces destituidos.

    La CdV recibió información acerca de la remoción, traslados arbitrarios |16| y despidos, y sometimiento a juicio disciplinario de un importante número de jueces que manifestaron su repudio al golpe de Estado. Los jueces de sentencia Adán Guillermo López Lone y Ramón Enrique Barrios; el juez contra la violencia doméstica Luis Alonso Chévez de la Rocha; y la magistrada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula Tirza del Carmen Flores Lanza eran miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, conocida por sus siglas AJD. Esta asociación se fundó el 12 de agosto de 2006 en San Pedro Sula, por jueces independientes, para tutelar los derechos fundamentales de la sociedad en general y de los jueces en particular, en procura de una justicia eficaz y legítima que fortalezca el Estado de Derecho. El juez López Lone era el Presidente de la AJD, la magistrada Flores Lanza, Secretaria del Tribunal de Honor y los jueces Chévez de la Rocha y Barrios Maldonado asociados desde 2008 y 2006, respectivamente.

    El 30 de junio de 2009 fue presentado ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo a favor del Presidente José Manuel Zelaya Rosales por la violación al artículo 102 de la Constitución hondureña, el escrito fue firmado por diferentes líderes sociales y por miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, |17| que también emitió un comunicado condenando el golpe y llamando la atención de la Corte Suprema por los hechos relacionados al golpe de Estado. |18| El 30 de junio un grupo de ciudadanos y líderes sociales interpusieron una denuncia ante el Ministerio Publico, contra la expatriación del Presidente Zelaya. |19| A partir de la toma del poder por el gobierno de facto se transgredieron derechos fundamentales de la población y la institucionalidad se debilitó, la Asociación de Jueces asumió una posición de denuncia y defensa de los derechos de la ciudadanía. En este marco emitieron comunicados y alertas sobre las represiones a las manifestaciones sociales contra el golpe de Estado. |20| La magistrada Flores ordenó de oficio hábeas corpus a favor de los detenidos que lograron restituir los derechos violados a los manifestantes. |21|

    Pese a la presentación de distintos medios probatorios, los jueces López Lone, Chévez de la Rocha y Barrios junto con la magistrada Flores Lanza fueron despedidos por decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia, quien les impuso la sanción de destitución con diez votos a favor y cinco en contra, el 05 de mayo de 2012.

    En represalia a la posición asumida, a los cuatro funcionarios se les abrió un proceso de investigación. De esta forma a la magistrada Tirza Flores Lanza y al juez Guillermo López Lone se les inició de oficio una investigación el 01 de julio de 2009, tomando como base que el 30 de junio de 2009, interpusieron un recurso de amparo a favor del Presidente José Manuel Zelaya Rosales en la Secretaría de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, según la cedula de citación emitida por la Sub Dirección de Administración de Personal, de la Carrera Judicial. |22| A la magistrada Flores se le encontró responsabilidad por haber interpuesto el recurso de amparo:

    "1.- por haberse ausentado de su despacho judicial, el día treinta de junio del 2009, en que se encontraba en la capital de la República, realizando gestiones que no son inherentes a las funciones de su cargo, sin que conste haber solicitado el permiso respectivo. 2.- Realizar actividades incompatibles con el desempeño de su cargo, al ejercer actos de procuración en la tramitación de la nulidad presentada en el expediente Nº SCO-896-2009, (acción de amparo) en fecha 12 de agosto del 2009. 3) Señalar las oficinas de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, como lugar para recibir notificaciones, en actuaciones que nada tienen que ver con su función exclusiva de impartir y administrar justicia de forma imparcial. 4.- Realizar actividades que por su condición de Magistrada, no le son permitidas, al presentarse ante la Fiscalía General de la República, y presentar denuncia contra funcionarios del Estado por la supuesta comisión de delitos. Y emitir comentarios sobre actuaciones judiciales de otros órganos jurisdiccionales y la propia Corte Suprema de Justicia"

    En cuanto al juez López Lone se le consideró responsable de: |23|

    "Incumplimiento de los deberes de su cargo a (sic) incurrir en actos que atentan contra la dignidad de la Administración de la Justicia al haber participado activamente en la manifestación acaecida el día 5 de julio del corriente año 2009, en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Toncontín"

    El domingo 5 de julio de 2009, el juez Adán Guillermo López Lone, miembro de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, participó junto a miles de personas en una marcha que se inició en la UPNFM y culminó en el Aeropuerto Toncontín de la ciudad de Tegucigalpa. Durante la marcha se denunció de forma pacífica el rompimiento del orden constitucional y se exigió el restablecimiento de la institucionalidad democrática.

    Actos violentos se originaron cuando las fuerzas militares, que se encontraban custodiando la pista del aeropuerto, abrieron fuego con sus armas de reglamento contra niños, niñas, mujeres y hombres que se encontraban en el lugar. |24| Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos que provocaron una estampida humana.

    Tratando de ponerse a salvo, el juez López Lone resultó con una fractura de las mesetas tibiales de la pierna izquierda, lo que acarreó como consecuencia una intervención quirúrgica y una incapacidad laboral de más de noventa días.

    El Juez Chévez de la Rocha, fue encontrado responsable según la cedula de citación de la Sub Dirección de Administración de Personal, Carrera Judicial, de fecha 11 de noviembre de 2009 al:

    "haber sido detenido por la Policía Nacional el día 12 de Agosto de 2009, a causa de su presencia en actos de alteración de orden público, así como el haber tratado de rebelar contra el Gobierno establecido a varios empleados judiciales. Y manifestar 'sentir vergüenza de pertenecer al Poder Judicial'. Incurriendo en actos que atentan contra la dignidad en la Administración"

    El 12 de agosto de 2009 el juez Luis Alonso Chévez de la Rocha, del Juzgado Contra la Violencia Doméstica de San Pedro Sula, se encontraba frente a la entrada principal del centro comercial City Mall, cuando pasaba una marcha de miembros de la resistencia al golpe de Estado. En ese instante tropas antimotines llegaron hasta el lugar, se pusieron en formación militar y sin ninguna advertencia o mediación procedieron a reprimir a los manifestantes.

    El juez Chévez observó que agentes policiales golpeaban a personas de avanzada edad, y entonces decidió llegar hasta la avenida y reclamar a los policías antimotines por su proceder. Los policías se lanzaron sobre él. En virtud de ello, les manifestó que se desempeñaba como juez, lo que suscitó mayor enojo de los represores y procedieron a detenerlo al tiempo que proferían en su contra expresiones ofensivas a su dignidad, diciéndole que no les importaba su condición de juez. En esas condiciones lo apresaron y lo subieron a un auto patrulla, tipo pick- up. Minutos después lo condujeron, junto a otras personas detenidas, a la Primera Estación de Policía.

    El juez Chévez de la Rocha fue liberado mediante la tramitación oportuna de un recurso de exhibición personal interpuesto ante la Corte de Apelaciones Seccional. El juez ejecutor nombrado, al comprobar que la detención del Juez Chévez y la de los otros manifestantes era ilegal, ordenó su inmediata liberación.

    En el caso el juez Ramón Enrique Barrios, se le atribuyó responsabilidad administrativa:

    "… ya que al haber manifestado en una conferencia dictada y que fue publicada en el Diario "El Tiempo" del 28 de agosto del 2009, un artículo de opinión titulado "NO FUE SUCESIÓN CONSTITUCIONAL" en el cual se identifica como Juez de Sentencia y censura las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia, en la tramitación de un requerimiento Fiscal presentado en contra del señor JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, indicando Además el procedimiento que a su juicio debió seguirse" |25|

    El juez Ramón Enrique Barrios Maldonado es miembro de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés. El 19 de agosto de 2009, actuando en su condición de profesor de Derecho en la UNAH del Valle de Sula (UNAHVS), dictó una conferencia sobre las circunstancias relacionadas con el golpe de Estado. El Diario Tiempo, en su edición del 28 de agosto de 2009, publicó un resumen de esa exposición, como un artículo de opinión titulado "NO FUE SUCESIÓN CONSTITUCIONAL". El resumen de la charla fue realizado por la periodista Patricia Murillo, pero la columna se divulgó teniendo como autor al juez Barrios Maldonado.

    Estas apreciaciones provocaron que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se sintieran aludidos e irrespetados ante una posición contraria a la sostenida por ellos. Eso dio lugar para que se iniciaran actuaciones disciplinarias en contra del juez Barrios Maldonado.

    Pese a la presentación de distintos medios probatorios, los jueces López Lone, Chévez de la Rocha y Barrios junto con la magistrada Flores Lanza fueron despedidos por decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia, quien les impuso la sanción de destitución con diez votos a favor y cinco en contra, el 05 de mayo de 2012. La sanción fue ratificada el 12 de mayo de 2010. El 06 de julio de 2010, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una denuncia inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La PETICIÓN 975-10 fue admitida el 31 de marzo de 2011.

    De acuerdo con los hechos que le han sido presentados a la Comisión de Verdad, las violaciones perpetradas contra los derechos y libertades de la magistrada Tirza Flores Lanza y los jueces Adán Guillermo López Lone, Ramón Enrique Barrios y Luis Alonso Chévez de la Rocha, concluye que los mismos responden a represalias por el ejercicio de sus derechos y por sus acciones a favor de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Se les violentó el derecho a la protección judicial, derecho a un recurso efectivo, el Estado faltó a su deber de investigar, juzgar y sancionar, así mismo han sido sujetos de persecución y represión por:

    a) su supuesta vinculación con sectores políticos opuestos al golpe.

    b) su condición vulnerable como miembros de ciertos grupos culturales o sociales. En el caso de la magistrada y los tres jueces, por ser funcionarios públicos y defensores de los derechos humanos.

    3.3 Secretario de la Presidencia Enrique Alberto Flores Lanza

    Tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, el abogado Enrique Flores Lanza, quien en ese momento era el Secretario de la Presidencia del gobierno de José Manuel Zelaya Rosales, fue perseguido por efectivos policiales y militares desde la madrugada de ese día, por lo que se vio obligado a abandonar su residencia y esconderse en diferentes lugares del país, para evitar ser capturado y expatriado.

    Para preservar su integridad personal salió del país y vivió exiliado en Nicaragua durante 23 meses. La CdV tuvo conocimiento que su esposa e hijos continuaron en Honduras y fueron sometidos a vigilancia, hostigamiento, persecución y tortura psicológica. Constantemente circulaban rumores que su domicilio iba a ser allanado. El 16 de julio de 2009 la residencia de Julio César Dubón, cuñado de Enrique Flores Lanza, fue asaltada por hombres armados quienes le golpearon brutalmente a él y a sus hijos, y enseguida procedieron a registrar su casa, ubicada en Tegucigalpa. Se llevaron dinero, joyas y el automóvil familiar. Algunas noches por razones de seguridad la ex magistrada de la C.S.J. Marlina Dubón, las pasaba en esta residencia. Estas acciones se produjeron en el marco de una persecución en contra del gabinete del Presidente Zelaya, y, además, de una campaña mediática en contra de líderes sociales. |26|

    En este marco de convulsión política el acoso tomó otro giro, se utilizó toda la maquinaria del Estado para perseguir a Flores Lanza judicialmente a través del Ministerio Público, que procedió a presentar cuatro requerimientos fiscales por los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos públicos y fraude, los que fueron incoados en el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán bajo los números 0801-2009-27096, 0801-2009- 27640, 0801-2009-31042 y 0801-2009- 31126 y en virtud de los cuales se dictaron órdenes de captura a nivel nacional e internacional, así como alertas migratorias en su contra.

    En el marco del numeral 3 del Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras, |27| que literalmente se lee: "3. Profundizar en las garantías otorgadas para el regreso en condiciones de seguridad y libertad a los ex funcionarios del gobierno del Ex Presidente José Manuel Zelaya Rosales y demás personas afectadas por la crisis que hoy se encuentran en el exterior, con reconocimiento pleno de sus derechos según la Constitución y las leyes de Honduras", Enrique Flores retornó a Honduras el 28 de mayo de 2011 y el día 15 de junio se presentó voluntariamente a las audiencias señaladas por el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, en los procesos penales interpuestos en su contra después del golpe de Estado.

    En días previos a su retorno, sus abogados solicitaron mediante escrito presentado el 24 de mayo, que le permitieran su presentación voluntaria y que se dejaran sin valor y efecto las órdenes de captura en su contra para que pudiera regresar al país sin riesgos y que una vez rendida su declaración como imputado, si se consideraba procedente, se le impusieran medidas sustitutivas a la prisión preventiva, que no restringieran el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

    El 15 de junio de 2011 las audiencias judiciales se evacuaron y fueron mandadas por el juez Claudio Aguilar, quien determinó imponer al abogado Flores Lanza la medida cautelar de arresto domiciliario mientras se paga una fianza depositaria de 27 millones |28| de lempiras, una cifra de 1,428,941.89 dólares de EE.UU., la cual deberá hacer efectiva en el plazo de 30 días, bajo la prevención de que de no hacerlo se le impondrá prisión preventiva. La pena delimitó los movimientos del condenado al interior de la vivienda concreta, sin que se le permitiera salir de la misma salvo con autorización judicial y bajo vigilancia policial.

    El arresto domiciliario le restringió sus posibilidades de acción política, la que se le garantizaba en el Acuerdo de Cartagena y la posibilidad de recaudar la cifra señalada. El monto de la fianza es realmente inalcanzable debido a las posibilidades económicas del abogado Flores Lanza.

    Muchas horas antes de celebrarse las audiencias, los medios de comunicación ya manejaban en sus transmisiones radiales que la resolución del juez sería el arresto domiciliario y cifras millonarias por fianza depositaria. Versiones que se corroboran con la decisión adoptada finalmente por el juez Aguilar.

    Como reiteradamente lo han señalado tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en su informe sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en Honduras después del golpe de Estado, las instituciones no cumplieron con su mandato y, lejos de eso, se evidenció una aplicación e interpretación desigual y discriminatoria de la ley, afectando la protección de los derechos humanos y del respeto del estado de derecho. |29|

    Frente a este tipo de hechos, es imposible afirmar que Honduras tiene y dispone de una adecuada protección de los derechos humanos, no hay órganos de garantía que respondan y garanticen por el acceso de las víctimas a recursos efectivos que permitan su legítima defensa. No obstante que estos órganos existen formalmente, sus resoluciones han sido abiertamente en contra de sus propios mandatos y las leyes vigentes.

    El Estado de Honduras está obligado por su Constitución y la normativa internacional de derechos humanos a proteger las garantías del debido proceso, no solamente en los ámbitos de actuación de los órganos del Poder Judicial, sino ante cualquier instancia que tenga competencias para determinar derechos u obligaciones.

    En el ámbito del derecho al debido proceso, tanto el principio de no discriminación como el derecho a la igualdad ante la ley deben ser objeto de estricta observancia. Por eso, el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos precisa que las garantías mínimas contenidas en esta disposición son derechos que deben ser ejercidos "en plena igualdad". Además, aunque no se señale expresamente, este criterio también debe ser aplicado respecto a las otras garantías previstas en el artículo 8º de la Convención, debido al mandato general de los artículos 1.1 (no discriminación) y 24 (igualdad ante la ley) contenidas en el mismo tratado.

    En el caso concreto los recursos no pueden considerarse efectivos por las condiciones generales del país, |30| la nulidad ha quedado demostrada por la práctica, porque el Poder Judicial carece de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad. La CdV considera que las medidas cautelares de carácter penal descritas son carentes de fundamento legal y riñen con la normativa internacional de derechos humanos:

    a) No existía peligro de que el imputado tratase de fugarse saliendo del país, porque se presentó en forma voluntaria a responder por las acusaciones que obran en su contra demostrando confianza en la objetividad, competencia e imparcialidad del tribunal juzgador. Desde su regreso permaneció en espacios públicos por lo tanto no ha tratado de ocultarse o evadir la acción del órgano jurisdiccional.

    b) No existe peligro de obstrucción o manipulación de fuentes de prueba, porque desde la presentación del requerimiento fiscal ha transcurrido tiempo suficiente para dar por concluida la investigación, asimismo ya se ha tomado la declaración, a través del procedimiento de prueba anticipada, de todos los testigos que ha tenido a bien proponer el Ministerio Público.

    c) La cuantía de la fianza depositaria impuesta por el Juez fue totalmente descomedida y resulta impagable según la capacidad económica del abogado Flores Lanza, por lo que es evidente que fue determinada con el propósito de justificar la imposición de prisión preventiva una vez que transcurra el plazo de 30 días establecido por el Juez para el pago de la misma.

    La imposición de este tipo caución violenta el principio de presunción de inocencia, |31| pues constituye un prejuzgamiento de la participación del abogado Flores en los hechos que se le imputan, la simple actuación probatoria -a cargo del fiscal- no basta para desvirtuar la presunción de inocencia, violenta el principio de congruencia que es una garantía para el imputado y se le considera parte integrante del derecho a la defensa en su dimensión material así como garantía procesal para resistir la pretensión penal estatal, como se encuentra reconocido por el art. 8.2 letra h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de igual forma violenta y el principio del derecho acusatorio que rige la persecución penal en Honduras.

    La pretensión del tribunal de imponer la detención preventiva es precisamente la práctica que afecta con mayor frecuencia la presunción de inocencia al respecto, la "Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que esta situación, además de lesionar el derecho a la libertad personal, transgrede también el derecho a la presunción de inocencia, del cual goza toda persona que se encuentre involucrada en un proceso de investigación penal".

    La normativa internacional sobre derechos humanos establece que toda persona tiene derecho "de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior". Esta garantía implica la posibilidad de cuestionar una resolución dentro de la misma estructura jurisdiccional que la emitió. La voluntad subyacente a la instauración de varios grados de jurisdicción significa reforzar la protección de los justiciables.

    En el caso concreto el juez Aguilar se negó a proporcionar una copia de la resolución a los abogados de la defensa, con lo cual les limitó la posibilidad de recurrir ante el tribunal de alzada en defensa de los derechos de Flores Lanza.

    El ejercicio del derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, como es lógico suponer, implica que toda persona tiene derecho a disponer en un plazo razonable y por escrito de los fallos dictados en la determinación de su responsabilidad, debidamente motivados, a efectos de su posible apelación. En caso contrario, en el caso que nos ocupa no se está concediendo la debida revisión de la resolución ni acceso oportuno a las razones del fallo, impidiéndose ejercer eficazmente el derecho de defensa. Esto implicó que la defensa desconociera con exactitud y claridad las razones por las cuales se impusieron las medidas cautelares descritas, a la conclusión que ellas contienen, la valoración de las pruebas y los fundamentos jurídicos y normativos en que se basan.

    La CdV concluye que el debido proceso es un instrumento para alcanzar justicia, en condiciones debidas para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Que en este caso no se observaron esas condiciones por lo tanto se vulneró el derecho a la justicia que era el bien último que el Estado debía haber protegido.

    3.4 Alba Leticia Ochoa y otros

    El 12 de Agosto del 2009, Alba Leticia Ochoa, junto a 24 personas, más fueron víctimas de la ausencia de garantías judiciales, después de haber sido detenidas y vejadas |32| por la policía preventiva, agentes de investigación criminal, agentes del cuerpo de operaciones especiales Cobras, y efectivos del ejército. El grupo de detenidos y detenidas, enfrentó la criminalización por su participación en la protesta social contra el golpe de Estado. No obstante que la Constitución de Honduras prohíbe el arresto o las detenciones arbitrarias, la actuación adoptada por las autoridades policiales y fiscales socavó las garantías y la protección ofrecidas por esta normativa.

    El 13 de agosto de 2009, la Fiscalía de delitos comunes del Ministerio Publico, les abrió proceso penal por los delitos de manifestaciones ilícitas, daños y robo. La misma noche de la detención, la fiscalía autorizó un allanamiento ilegal del domicilio de Milko Duran Cespedes |33|, uno de los detenidos. Para brindarle apariencia de legalidad, un juez de instrucción lo convalidó horas mas tarde.

    De las 24 personas detenidas, a 11 se le decretó detención judicial, los defensores peticionaron al juez "de garantías" el cambio de medidas; sin embargo, la solicitud fue rechazada sin ninguna argumentación legal. Las resoluciones de los juicios parecían determinadas de antemano, por la celeridad con las que se emitían.

    A los detenidos por orden judicial |34| les trasladaron a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, en donde permanecieron con esa medida por ocho días, aun cuando la Constitución hondureña dispone, en el párrafo segundo del artículo 71, que: "La detención judicial para inquirir no podrá exceder de 6 días contados desde el momento en que se produzca la misma."

    El Estado tenía en este caso una posición privilegiada frente a los detenidos, era el responsable de su seguridad y de garantizar sus derechos fundamentales, sin embargo los detenidos sufrieron vejámenes al interior de la Penitenciara Nacional |35| por parte de los custodios penitenciaros.

    La audiencia inicial que es el momento procesal oportuno para aportar la prueba de cargo contra los imputados de acuerdo a lo normado por el Código Procesal Penal, fue incumplido, la fiscalía como ente acusador no presentó medio de prueba que incriminara a los manifestantes en los hechos que se les imputaba.

    La defensa por su parte presentó un video en el que se observaba que una agente de la policía femenina daba puñetazos a la señora Alba Ochoa y otras dos le empujaban y le obligaban a permanecer tirada en el piso y con la cabeza hacia abajo, el Juez de garantías al observar el video resolvió "el video demuestra que la señora Alba Ochoa si andaba en la manifestación", ignorando deliberadamente las violaciones a derechos humanos que habían sido objeto.

    La defensa de los detenidos interpuso recursos disponibles |36| en el proceso penal hondureño, pero resultaron ineficaces para garantizar el debido proceso, de tal forma que el proceso tuvo dilaciones injustificadas por un periodo superior a los dos años. A la fecha que la CdV, cierra su investigación, seis de los detenidos se encuentran sobreseídos provisionalmente; estatuto que significa que, el Ministerio Público tiene el plazo de cinco años para aportar pruebas y proseguir la causa en su contra. |37| La decisión de los jueces parece haber estado influenciado por la presencia de los medios de comunicación y presiones políticas.

    La Comisión de Verdad conoció de la interposición de dos acusaciones por parte de la Fiscalía Especial de DDHH en contra de varios policías y militares que participaron materialmente en los hechos. En ambas acciones ninguno de los acusados ha sido privado de libertad. Tampoco han sido suspendidos en el ejercicio de sus cargos, a pesar de que el Código Procesal Penal dispone esta medida cautelar en el artículo 173, numeral 12.

    El 28 de Agosto de 2009, el COFADEH interpuso denuncia por abuso de autoridad, detención ilegal, torturas, falta a los deberes de los funcionarios y tratos crueles inhumanos y degradantes |38| contra Elder Madrid Guerra (comisionado de la Policía Nacional), José Ventura Flores Maradiaga (subcomisionado de la Policía Nacional), Carlos Isaías Polanco Padilla (inspector de la Policía Nacional), Estela Esperanza Ramos (policía preventiva), Juana María Alvarado Barahona (policía preventiva) y Suyapa Marina Elvir Escalante (subinspectora de policía).

    Una de las acusaciones de la Fiscalía Especial fue para abrir el proceso por la detención ilegal y tortura contra Milko Durán Céspedes. Los imputados fueron el comisionado de policía Elder Madrid Guerra y el agente de la DNIC Denis Hernando Casulá Guevara.

    En septiembre de 2010, la Jueza del Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, Suyapa María Matute Vásquez, concluyó, en audiencia inicial, que no existían los elementos exigidos para satisfacer el tipo penal de detención ilegal. El delito de tortura en contra de Elder Madrid Guerra fue sobreseído definitivamente, por el delito de abuso de autoridad se decretó auto de prisión para ambos imputados, con medidas sustitutivas de la privación de libertad.

    La defensa de los imputados interpuso recurso de apelación, ante el cual la Corte Primera de Apelaciones resolvió, el 21 de febrero de 2011, revocar los autos de prisión. Se estableció lo siguiente: "no se acredita el delito de tortura porque no se prueba que se haya obtenido alguna confesión o información y que no se ha demostrado "con elementos de prueba científica sufrimiento físico o mental."

    Respecto del delito de abuso de autoridad resolvió que "No han concurrido los elementos de tipificación legal".

    La Comisión también tuvo conocimiento que en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se registró el recurso de amparo número 243-2011 del 24 de marzo de 2011, interpuesto por el abogado Óscar Alvarado García de la Fiscalía Especial de Defensa de la Constitución, "a favor de los intereses de la sociedad" y en contra de la resolución del 21 de febrero de 2011, considerando que se han violentado los derechos constitucionales contemplados en los artículos 82 y 90. Hasta el momento en que la Comisión de Verdad terminara la investigación, este caso estaba pendiente de sentencia.

    La Comisión también fue informada que inmediatamente que a Alba Ochoa se le otorgaran medidas sustitutivas a la prisión, 13 de agosto en horas de la madrugada, asumió la coordinación del Comité de Perseguidos Políticos, con el fin de apoyar a los detenidos que eran residentes de otros departamentos del interior del país. En esa condición realizó una serie de denuncias en relación a las irregularidades del proceso penal y de las vejaciones que habían sido sujetos. El régimen de facto respondió descalificando.

    En fecha 29 de junio del 2010, Alba Ochoa denuncia ante el COFADEH que su fotografía está siendo utilizada por un canal de televisión (canal 6) en una campaña que exigía que el ejército saliera a las calles, pasan su fotografía, la de los demás detenidos y la de varios asesinados, la campaña indicaba "a estos hondureños ya no les interesa el reconocimiento internacional, fueron asesinados". Luego aparecían varias personas tiradas en la calle gritando, y otra voz exponiendo "tenemos que parar tanto asesinato y por lo tanto es necesario para salvar vidas, que el ejercito salga a las calles".

    En fecha 02 de agosto del 2010, Alba Ochoa, presentó la denuncia sobre esos hechos al Fiscal General Luis Alberto Rubí, de esta denuncia Alba, no ha recibido ninguna respuesta, a pesar que ha transcurrido un tiempo razonable.

    La CdV, concluye que en los casos analizados bajo este patrón concurre la impunidad. Los imputados han sido sobreseídos, y el sistema judicial hondureño se mostró incapaz de salvaguardar el derecho de las víctimas mientras permanecieron bajo el poder de las fuerzas de seguridad y de garantizar el debido proceso cuando fueron presentadas a su jurisdicción, así como en relación a su reclamo de justicia.

    3.5 Augustina Flores López

    Maestra de profesión y corresponsal de la Radio Liberada, en fecha 21 de septiembre de 2009, se sumó a la manifestación pacífica en los alrededores de la Embajada de Brasil con el propósito de celebrar la inesperada llegada del Presidente José Manuel Zelaya Rosales.

    Durante el violento desalojo |39|, cuando los contingentes de militares y policías dieron inicio a la represión violenta, Agustina flores fue alcanzada y afectada por los gases lacrimógenos, junto a otros manifestante logró llegar al barrio La Guadalupe con la intención de protegerse. Los contingentes habían sido dispuestos en forma estratégica, fue detenida por elementos de seguridad uno de los anillos estratégicos, los agentes le golpearon repetidamente aun cuando se encontraba esposada e indefensa y después la condujeron al estadio olímpico Chochi Sosa, que había sido habilitado para tal fin.

    "fui salvajemente golpeada porque pregunté de que delito se me acusaba y que me leyeran mis derechos, eso molestó mucho a la policía preventiva femenina y por eso fui golpeada no solo al momento de ser detenida sino aún después con las chachas en mis pies que estaban sumamente apretadas, aún tengo las marcas, como no podía subirme a la patrulla por estar así con las chachas, me arañaron las policías en mi cuello, una me detenía del cuello y la otra me daba puñetazos en la cara, después alegaron que yo sola me había golpeado a pesar de haber videos. Fui muy agredida sicológicamente, verbalmente en el core 7. "

    El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra la señora Agustina Flores y Mario Enrique Molina, atribuyéndole los delitos de sedición y daños agravados en perjuicio de la Secretaria de Seguridad y la Seguridad Interior del Estado, a pesar de que el Requerimiento no cumplía con los requisitos de forma y de fondo, es decir que no se justificaban en él, la concurrencia de los presupuestos legitimadores exigidos por la Ley para su presentación, fue admitido por el Tribunal y los detenidos fueron presentados ante el Juez de instrucción como los supuestos responsables de causar daños a la Secretaria de Seguridad y atentar contra la seguridad interior del Estado. |40| El juez que conoció la causa le decretó detención Judicial y la remitió a la cárcel de mujeres.

    El 12 de octubre de 2009, la defensa, solicitó audiencia de revisión de medidas y se ofreció caución depositaria haciendo uso del derecho constitucional. El Juez fijo la caución en cien mil lempiras |41| (5,263.00 Dólares de Estados Unidos) a fin de ser escuchada en libertad.

    Once meses después, el seis de agosto del 2010, el Ministerio Público de oficio invocó el Decreto de Amnistía aprobado en enero de 2010 para pedir el sobreseimiento definitivo del caso. La Jueza resolvió la petición del Ministerio Público decretando el sobreseimiento solicitado. En el proceso se pudo observar claramente que el juez de instrucción, al realizar las actuaciones solicitadas por la fiscalía, incumplió el deber de dirigir el proceso conforme a derecho. Esto determinó que la señora Flores fuese obligada a esperar más 20 días para que el Estado le pusiera en libertad, el juzgador sin la suficiente prueba le envió a prisión.

    La CdV, tuvo conocimiento de la denuncia presentada en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, contra agentes de la policía femenina por las violaciones a derechos humanos en perjuicio de Agustina flores, incluyendo el delito de tortura. A pesar que la petición fue solicitada desde octubre de 2009, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal hasta junio de 2010, por los delitos de detención Ilegal, abuso de autoridad, lesiones graves, faltas al debido proceso y faltas a los deberes de los funcionarios, contra las policías: Aracely García y Ester Ponce, y contra las fiscales Ena Yohana Aroca González y María Auxiliadora Sierra Ramírez, contra estas dos últimas fiscales por faltas al debido proceso.

    En lo que atañe al plazo del proceso penal, es importante indicar que se observan faltas a la diligencia debida, hay un retardo injustificado en el aplazamiento de las audiencias, solo la audiencia inicial fue reprogramada tres veces. Cuando finalmente se realizó, las pruebas aportadas por la parte acusadora no fueron totalmente evacuadas |42|. La Audiencia para terminar de recibir la carga de la prueba fue programada para el me de abril de 2012.

    La CDV, observa que el caso no es complejo, no hay pluralidad de sujetos procesales, por lo que no se justifica la demora de seis meses para terminar de recibir la prueba, lo que a juicio de esta Comisión, demuestra que Agustina Flores, no tuvo acceso a ser oída por un juez, imparcial e independiente que garantizará sus derechos procesales.


    3.3 Análisis de Violaciones a Derechos Humanos

    Introducción

    El presente informe detalla los resultados de la consulta a la base de datos que contiene las denuncias presentadas por la ciudadanía ante la Comisión de Verdad desde el golpe de Estado de junio de 2009 hasta agosto de 2011, fecha de cierre del informe de esta Comisión.

    Cabe aclarar que muchos de los actos violatorios cometidos por autoridades civiles, policiales y militares, así como de grupos con poder relativo, fueron masivos o afectaron a grandes cantidades de población, y aún a población infantil y adolescente o vulnerable. Sin embargo, este Informe no puede reflejar los efectos finales de estas acciones, porque sólo registra las denuncias oficialmente interpuestas por los afectados.

    De allí que, dada esa consideración, la información presentada debe ser interpretada como indicativa y con la reserva de que los actos violatorios de derechos humanos y libertades fundamentales puede llegar a tener un mayor impacto del presentado.

    Información estadística derivada de la base de registros de las denuncias presentadas a la Comisión de Verdad, de junio de 2009 a agosto de 2011. Hechos violatorios denunciados, características y tendencias.

    Desde el mes de junio de 2009, fecha en que acontece el golpe de Estado contra el Presidente José Manuel Zelaya Rosales, hasta el mes de agosto de 2011 la Comisión de Verdad recibió 1,966 denuncias de la ciudadanía sobre violación de derechos humanos por parte de agentes estatales y aparatos civiles armados amparados en las instancias de poder estatal. Es decir, en este último caso, civiles actuando con aval, aquiescencia o consentimiento del Estado.

    Si se toma en cuenta el año en que se presentó por primera vez el hecho violatorio, la mayor incidencia de denuncias recibidas por los CdV corresponden al período de junio a diciembre de 2009, precisamente durante e inmediatamente después del golpe de Estado, en el marco del gobierno de facto de Roberto Micheletti. En este período, el número de registros fue de 1,157 denuncias, es decir, el 60% de los hechos durante el período. En 2010, primer año del administración de Porfirio Lobo, se recibieron 430 casos y en 2011, de enero a agosto, fecha de cierre de la CdV se suman 356 casos.

    Para la Comisión de Verdad es evidente que la mayor incidencia de denuncias registrada en el período de la administración de facto de Micheletti, guarda directamente sentido y cobra lógica con el propósito de consolidar las bases del proyecto político de los golpistas. La tendencia acumulada de estos hechos se puede apreciar en el gráfico 1:

    1. Derechos violentados y tipos de agresiones

    La CdV recibió 1966 denunciasque corresponden a 31 derechos violados de acuerdo al tesauro propio diseñado para este fiin, y congtiene 5418 hechos violatorios (ver cuadro 1) en el entendido de que cada evento denunciado puede incluir más de un derecho violado.

    Como puede verse en el cuadro 1, la mayoría de las denuncias más numerosas afectan derechos civiles y políticos, excepto el último que tiene que ver con derechos de solidaridad:

    Derecho a la integridad personal,
    Libertad de asociación
    Libertad de reunión
    Libertad de conciencia, religión y culto
    Libertad personal
    Derecho al honor y la imagen propia
    Derecho a un ambiente sano.

    Gráfico 1. Denuncias de violaciones registradas en el período 2009-2011

    Fuente: Comisión de Verdad base registro oficial de denuncias |1|.

    Solo las violaciones al derecho de integridad, denunciadas en 1,610 casos, representan el 30% de las violaciones totales. Junto a la libertad de asociación y reunión, con 721 casos (13%), acumulan el 43% de la totalidad de derechos conculcados en el período de análisis; es decir, casi la mitad de las denuncias recibidas en el seno de la Comisión.

    En este punto, debe comentarse que la represión se orientó por un lado a atacar física y psicológicamente a los disidentes al golpe; además, buscó impedir que se organizan para oponerse a las autoridades de facto.

    Complementariamente se constata que se atentó contra derechos y valores como la libertad en sus diversas manifestaciones (ambulatoria, religión y otras). El ataque al honor e imagen de las personas u organizaciones se relaciona con las campañas de descalificación o descrédito de las cuales fueron objeto los sectores opuestos al golpe de Estado.

    En una mayor especificación acerca de estas violaciones, el reporte siguiente muestra que se aplicaron 87 formas diferentes de agresión, que van desde el irrespeto a la libre circulación hasta formas de violencia física, donde destaca la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y las ejecuciones por motivaciones políticas.

    El tipo de agresión fundamentalmente denunciado fue la represión a las manifestaciones públicas, del cual se reportan 552 denuncias, que representan el 10.2% del total. El hostigamiento y persecución y la contaminación por gases y químicos ocupan el segundo y tercer lugar con 8% y 7%, respectivamente (en hechos, equivalen a 426 y 377 en su orden). Esto quedó demostrada, en el Patrón 1 referente al uso desproporcionado de la fuerza en lña represión por parte de agentes estatales de seguridad y la criminalización de la protesta.

    Junto a esas agresiones que victimizan a numerosas personas, se registran hechos de menor intensidad, pero con mayor gravedad en cuanto significan violencia física contra las personas, inclusive el atentar contra la vida. Como se refleja en el gráfico 2, durante el período se produjeron 58 muertes, 5 desapariciones, de las cuales 2 fueron temporales y las restantes permanentes, 354 lesiones graves y golpes, 84 casos de tortura física, 11 actos de violación sexual y 11 secuestros (gráfico 2).

    Cuadro 1. Tipos Derechos Violados, Según Las Denuncias Registradas

    Codigo Derecho Humano Violado Frecuencia Porcentaje válido
    7 Derecho a la integridad personal 1,610 29.7
    10 Libertad de asociación y reunión 721 13.3
    22 Derecho a un medio ambiente sano 424 7.8
    17 Libertad de conciencia, religión y culto 423 7.8
    8 Derecho a la libertad personal 364 6.7
    5 Derecho al honor, la imagen propia 318 5.9
    11 Derecho a la libertad de expresion, opinion y acceso a la información 197 3.6
    16 Garantias judiciales y derecho al debido proceso administrativo 185 3.4
    18 Derecho a la igualdad y a la no descriminación 184 3.4
    30 Derecho a la propiedad privada 172 3.2
    9 Derecho a la libertad de tránsito, circulación y residencia 146 2.7
    29 Derecho al trabajo 124 2.3
    6 Derecho a la privacidad o intimidad 89 1.6
    20 Derecho a la libertad sindical 71 1.3
    32 Derecho a la Tierra 67 1.2
    1 Derecho a la Vida 58 1.1
    25 Prohibición de discriminación en razón de género 52 1.0
    19 Derecho a la participación política 43 0.8
    24 Derecho a una vida libre de violencia 38 0.7
    31 Derecho a defender los derechos humanos 31 0.6
    28 Derecho a la integridad de niños/niñas/jóvenes 27 0.5
    21 Derecho a la propiedad social y colectiva (sobre bienes) 16 0.3
    26 Derecho a no ser trasladado/ retenido ilícitamente 15 0.3
    15 Derecho a la protección judicial 14 0.3
    13 Derecho al acceso a la justicia 12 0.2
    4 Derecho a la nacionalidad, identidad y al nombre, documentación personal 6 0.1
    2 Derecho a la no desaparición forzada de personas 5 0.1
    12 Derecho de respuesta y rectificación 2 0.0
    14 Derecho de petición 2 0.0
    23 Derecho a la autodeterminación 1 0.0
    27 Derecho a una administración de justicia diferenciada 1 0.0

    Total 5,148 100.0

    Además, sin que constituyan el total de casos, se registra la muerte de 14 periodistas en un evidente reflejo del clima de intolerancia y violación de los derechos de libre expresión del pensamiento.

    En este punto vale aclarar que si bien escapan al período en que se recibieron las denuncias por parte de la Comisión, se ha constatado que este fenómeno ha proseguido -aún con más rigor-, estableciéndose que al mes de agosto de 2011, se verifican 18 muertes de comunicadores.

    La mayoría de estas muertes han sucedido durante 2010, período en el que se registran 9 muertes de periodistas, más dos adicionales que se denunciaron en 2011. Es decir, el 79% de los asesinatos de comunicadores sociales a que se tiene acceso se registra durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (gráfico 3).

    2. Fuerzas y grupos responsables de la violencia

    Los principales agentes del Estado responsables directos de las graves violaciones denunciadas por la ciudadanía son los miembros de la policía e integrantes de las Fuerzas Armadas, pero las denuncias también involucran a funcionarios públicos y a cuerpos armados y "grupos con poder relativo".

    Es evidente, a nuestro juicio, que la estrategia de represión hacía los sectores disidentes y, en general de la oposición al golpe de Estado, combinó por un lado, la utilización de recursos de la institucionalidad formal, y por otro, la utilización de elementos extra sistémicos, que para efectos de este Informe se han designado con la denominación de "grupos con poder relativo".

    Gráfico 2. Ocurrencia de hechos graves de violencia

    Gráfico 3. Asesinato de Periodistas, por año

    Como se muestra en el gráfico 4 siguiente, en ese orden de ideas, la Policía Nacional fue el ejecutor de dichas violaciones en el 44% de las denuncias presentadas (888 casos), seguidas de las Fuerzas Armadas con 30% (596 casos). Juntos ejecutaron el 74% de los casos totales (1,484 hechos en total), o sea casi dos terceras partes del universo de las denuncias.

    En el cuadro 2, se puede comprobar claramente cómo los agentes del Estado se combinaron para realizar las acciones represivas.

    Los actores complementarios de esa represión fueron funcionarios públicos (participaron en 196 casos, que equivale al 10%), y diversos "grupos de poder relativo", cuya participación en los hechos violatorios denunciados fue del 14%.

    En el análisis año por año, puede verse que estos grupos incrementaron porcentualmente su participación en 2010 y 2011, durante la gestión de Lobo Sosa. Los funcionarios públicos alcanzaron en 2010 el 21% de participación en hechos violatorios denunciados, y los cuerpos armados y de poder relativo en 28%, superando a la participación de las fuerzas armadas.

    En el caso de los funcionarios, es significativo ver que su participación al 2011 (12%) es casi el doble de lo que lo fue en 2009 (7%).

    Al observar los hechos graves de violación de derechos, puede verse que las denuncias identifican a las Fuerzas Armadas y los cuerpos armados y "con poder relativo" como principales actores, más que el aparato policial. En el caso de muertes por motivos políticos, la principal responsabilidad recae, en primer lugar, en los "grupos armados con poder relativo" (36 casos) y, en segundo, en las fuerzas armadas (10 casos).

    Gráfico 4. Presuntos responsables de los hechos violatorios

    Cuadro 2. Hechos graves de violencia, según responsables
    (solo denuncias que identifican al agresor)

    Fuerzas armadas Policía Nacional Funcionarios Públicos Cuerpos Armados y grupos con poder relativo Otros
    Muerte en contexto político 10 8

    36

    Desaparición permanente

    1

    1
    Desaparición Temporal

    1

    1

    Tortura física / psicológica 37 31 0 1 0
    Lesiones graves y golpes 99 118 5 16 0
    Secuestro 0 0 1 1 0
    Violación sexual 0 3 0 0 1

    En el caso de desapariciones y secuestros, estos grupos armados aparecen junto a la policía en los hechos registrados, agregándose los funcionarios en el caso de secuestros.

    Finalmente, en el caso de torturas y lesiones graves, la participación de las fuerzas armadas en tan determinante como la de la policía. En las torturas, las denuncias identifican en 37 ocasiones a las fuerzas armadas y a la policía en 31; en las lesiones graves, la policía se identifica en 118 veces, contra 99 de las fuerzas armadas.

    3. Hechos graves de violencia, según responsables (solo denuncias que identifican al agresor)

    En este punto vale subrayar que muchas de las graves violaciones a derechos humanos y libertades fundamentales recogidas en el cuadro 2 (por ejemplo: muerte extrajudicial, tortura, desaparición forzada o involuntaria y otras), constituyen delitos de lesa humanidad y, por consiguiente, guardan el efecto procesal de no prescribir.

    Este dato es fundamental ante eventuales acciones en el marco de los órganos del sistema de protección regional (Comisión y Corte Interamericana de Derechos humanos) y ante la Corte Penal Internacional.

    Un aspecto que agrava la cuestión es lo que tiene que ver con la clase de medios utilizados en las prácticas represivas, lo cual se constata en el cuadro 3.

    4. Los instrumentos de agresión

    Ante la masividad de la protesta social, el instrumento principal de agresión fue el uso de gases químicos y bombas lacrimógenas, que fue denunciado en 460 casos (29% del total de denuncias) gráfico 5.

    Gráfico 5. Presunto implicado en hechos violatorios, por año (distribución porcentual)

    Cuadro. 3. Casos de violación por departamento

    Departamento Frecuencia Porcentaje válido
    Francisco Morazán 1255 66.3
    Cortés 188 9.9
    Colón 97 5.1
    Comayagua 89 4.7
    El Paraíso 74 3.9
    Intibuca 34 1.8
    Choluteca 21 1.1
    Atlántida 18 1.0
    Olancho 18 1.0
    La Paz 17 .9
    Lempira 16 .8
    Santa Bárbara 15 .8
    Copán 14 .7
    Valle 14 .7
    Yoro 13 .7
    Ocotepeque 7 .4
    No Definido 3 .2
    Islas de la Bahía 1 .1
    Total 1894 100.0

    El uso de toletes (bastones policiales) fue otro de los principales instrumentos, con 412 casos registrados (26%). Pero el uso de armas de fuego ocupa un tercer lugar, con 254 casos que representan el 16% del total. Dentro de los principales cinco instrumentos, se cuenta el uso de puñetazos y otros recursos del mismo cuerpo del agresor (13% de los casos) y el uso de garrotes, leños otras herramientas contundentes contundentes de madera o hierro, que representan el 10% de los casos (gráfico 6).

    Como se deriva del gráfico 7, otros instrumentos como vehículos automotores usados a manera de arma de agresión, armas sónicas, armas blancas y cigarrillos y otros objetos de ignición constituyen la gama de instrumentos de agresión y violencia usada contra la población que protestó por el golpe de Estado y lucha hoy por reivindicaciones sociales y políticas.

    La tendencia que se observa a partir de las denuncias es que el uso de gases y otras sustancias químicas se consolida como instrumento principal de agresión. Al desagregar la información por año, se observa que aunque el número de casos disminuyó, porcentualmente este mecanismo de agresión ha aumentado su participación dentro de los instrumentos de represión.

    Con respecto al uso indiscriminado de la fuerza a de recordarse que a nivel del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, se han dictado los denominados Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que sirven para informar los instrumentos que guían el accionar de este tipo de funcionarios.

    Los citados principios mandan a los gobiernos a que se haga una evaluación constante del desarrollo y despliegue de armas no letales, con la finalidad de disminuir al mínimo el riesgo de causar lesiones. Este no fue el caso de Honduras.

    5. La territorialidad de la violencia

    En razón que las acciones de protesta por parte de sectores y actores contrarios al régimen de facto se extendió a lo largo y ancho del territorio nacional, las acciones de represión también se extendieron en ese mismo sentido.

    Gráfico 6. Tendencia en el uso de los principales instrumentos de agresión (relación porcentual)

    Gráfico 7. Intrumento de agresión utilizado en los hechos violatorios

    Las violaciones registradas tuvieron lugar en todo el territorio del país. Sin embargo, el 90% se concentra en cinco (5) departamentos, a saber: Francisco Morazán, Cortés, Colón, Comayagua y El Paraíso.

    Lo anterior es porque las manifestaciones nacionales durante el golpe de Estado y en los períodos sucesivos se concentraron en las dos principales ciudades del país (Tegucigalpa y San Pedro Sula), los departamentos de Cortés (10%) y Francisco Morazán (66%) son los dos con mayores incidencias en tales violaciones.

    Vale precisar que en los registros de la CdV aparecen 76 denuncias que no reportan el departamento de ocurrencia de la violación, por lo cual este total es menor en esta cantidad a los 1,966 casos denunciados.

    Cabe destacar, también que la presencia de cuerpos armados y "grupos de poder relativo" es particularmente evidente en los hechos denunciados en el departamento de Francisco Morazán (70%), donde se concentran en un 67% las denuncias. Sin embargo, hay una tendencia que muestra como el conflicto agrario en el valle del Aguán ha revitalizado la presencia de estos grupos, vinculados a terratenientes locales, ya que un 10% del total de la presencia de estos grupos se registra en el departamento de Colón.

    Sobre este punto, se amplía en el apartado referido a los llamados casos ilustrativos.

    6. El rostro detrás de las violaciones a los derechos humanos. Datos estadísticos de las víctimas

    Los 1,966 hechos violatorios registrados por la Comisión corresponden a 1,611 personas afectadas en sus distintos derechos. Es decir, que tal como se anticipó, existen más derechos humanos y libertades básicas que personas afectadas.

    La cruenta ola de violencia desatada por las autoridades de facto y los grupos políticos de choque que actuaban con su aval, afectó principalmente a los hombres: se registran 1,011 víctimas, lo cual equivale al 63% del total.

    Ese dato no oscurece el relevante involucramiento de las mujeres en las acciones de protesta en contra del régimen y, además, la tendencia a no denunciar las acciones represivas en su contra. Pero la represión también afectó significativamente a las mujeres, 580 de ellas se cuentan entre las víctimas, lo cual equivale al 36% (gráfico 8).

    Al desagregar los derechos violados de acuerdo al sexo del denunciante, se observa que en casi todos los derechos denunciados la mayoría de víctimas son hombres, pero hay cinco (5) derechos en los cuales las mujeres son mayoría o comparten igual porcentaje.

    Estos derechos, con su porcentaje de participación, son: derecho a una vida libre de violencia (95%), prohibición de discriminación en razón de género (94%), derecho al trabajo (56%), derecho a la libertad sindical (51%) y derecho a la propiedad social y colectiva (50%). (Ver Anexo No. 1).

    En cuanto a la agresión que incidió mayoritariamente en mujeres, el orden (y porcentaje) de participación es la siguiente: discriminación a la mujer (100%), negación del principio de igualdad entre las partes (100%), obstáculos al ejercicio de su trabajo (100%), violencia / violación sexual (100%), violación sexual (91%), negación de un juicio expedito (67%), desigualdad de las personas acusadas (63%), Despidos ilegales por represalia política (59%), otras formas de represalia (56%), represalias (55%) e intimidaciones y amenazas (54%)

    En su mayoría, las personas violentadas son personas que comparten un hogar y familia. El gráfico 9 muestra que el 36% de los afectados son casados y un 17% viven en unión libre. Juntos representan el 53% del total de víctimas.

    La magnitud de la violencia afectó, en consecuencia, a estas estructuras familiares, ya que los hijos e hijas han visto las consecuencias de la agresión. Si se toma en cuenta que 383 de estos hogares cuentan con al menos un hijo/a (en el extremo se cuentan 11 hogares con 10 o más hijos/as) unos 1,356 niños o niñas en esas estructuras familiares padeció indirectamente la violencia. De estos, en 252 hogares hay niños/as, por lo que en conjunto suman 536 infantes que sufrieron indirectamente la represión contra sus parientes.

    Gráfico 8. Denunciantes Según Sexo (Relación Porcentual)

    Gráfico 9. Estado Civil de las Víctimas

    Respecto a la edad de las víctimas, estas son mayoritariamente mayores de 30 años. La mitad de las violaciones recayó sobre personas entre los 31 y 50 años. Un 26% está entre la edad de 51 y 70 años. En cambio, los jóvenes entre los 19 y 30 años solo representan en 21% (ver cuadro 4).

    Sin ser significativo cuantitativamente, pero sí revelador del carácter represivo del momento coyuntural que se analiza en este Informe, los jóvenes entre 11 y 18 años registran 15 violaciones, que representan el 1.2%.

    Finalmente, de acuerdo a su orientación sexual las víctimas son mayoritariamente heterosexuales, pero la información revela que unas 23 víctimas se identificarían dentro de la comunidad lésbico, gay, transexual y bisexual.

    Es importante decir a esta altura que tanto los niños, las niñas, los adolescentes y las personas senescentes, como los miembros de los colectivos GTTLBI, pertenecen a lo que la doctrina del Derecho Internacional de los Derechos Humanos designa como grupos vulnerables, es decir individuos y/o colectivos que se hacen acreedores a una protección jurídica reforzada y a la dispensación de un trato social especial.

    Terminado el análisis cuantitativo se pasa a formular una serie apretada de comentarios con un sentido más doctrinal que numérico. Sin embargo, ambas secciones deben de asumirse con un criterio complementario.

    Cuadro 4. Edad del denunciante, por rangos

    Frecuencia Porcentaje válido
    De 11 a 18 años 15 1.2
    De 19 a 30 años 266 21.2
    De 31 a 50 años 627 50.0
    De 51 a 70 años 328 26.2
    Mas de 70 años 18 1.4
    Total 1,254 100.0

    NOTA: 357 denuncias no registran o registran incorrectamente la edad de nacimiento del denunciante, por lo cual este total es menor al total de denunciante (1,611).


    3.4 Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos Registradas en la Comisión de Verdad

    La Comisión de Verdad, registra en la base de datos creada para tal fin, los casos que fueron presentados directamente en la CdV, así como los casos que fueron presentados por las organizaciones de derechos humanos.

    Queremos dejar constancia, que los casos registrados por la CdV, representan solo una muestra de los miles de hondureños y hondureñas que fueron víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales.

    CDV14-1010 JOSE SANTOS PÉREZ GÓMEZ
    CDV15-1310 JULIAN MARTINEZ
    CDV34-1010 NELSSON
    CDV50-1010 JOSE RAMON REYES REYES
    CDV51-1010 GUSTAVO CACERES FLORES
    CDV479-88 HECTOR ISIDRO ANDINO
    CDV483-88 OSCAR ARMADO ZELAYA MENDOZA
    CDV484-1515 GREGORIO ULISES SARMIENTO GALINDO
    CDV490-24 EUGENIO VILLATORO SIERRA
    CDV1950-188 GUILLERMINA MOLINA CASTRO
    CDV496-1313 MARTINIANO SARMIENTO SANCHEZ
    CDV301-88 UDWING JOEL VARELA AGUILAR
    CDV302-88 AFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO
    CDV412-88 JOSE FRANCISCO MCARTHY BRICEÑO
    CDV417-1212 JOSE ASCENSION MARTINEZ
    CDV432-22 CARLOS ROBERTO MARADIAGA
    CDV437-88 DANIEL EDUARDO TREJO GARAY
    CDV64-88 NOHEMI VALLADARES ALONZO
    CDV243-88 CARMEN VIRGINIA MENDEZ
    CDV33-1010 MARÍA AUSTRABERTA FLORES LÓPEZ
    CDV77-44 BOANERGES ELEAZAR AGUILAR MEJIA
    CDV83-24 ABELARDO IRIAS ORTIZ
    CDV312-178 JUVENCIO ANTONIO RODAS RIOS
    CDV317-88 ARIEL FABRICIO VARELA MONCADA
    CDV319-88 FRANKLIN MEJIA
    CDV322-88 FELIX ALEJANDRO REYES LAINEZ
    CDV323-88 ALEX ROBERTO ZAVALA LICONA
    CDV84-88 ROSALIA YANEZ
    CDV1744-88 NICK FERNANDO MADRID ALVARADO
    CDV344-88 JUAN CARLOS IZCOA DIAZ
    CDV354-88 OSE NICOLAS VALLADARES PEREZ
    CDV668-55 WILMER ABIMELECH PEÑA MURILLO
    CDV670-78 JAIME DAGOBERTO FLORES CASTELLANOS
    CDV671-88 PEDRO SEBASTIAN PEÑA VALDEZ
    CDV676-77 WILMER JEOVANNY GIRON HERNANDEZ
    CDV666-78 JHONNY JOSÉ LAGOS HENRIQUEZ
    CDV37-104 CRECENCIO MENDOZA
    CDV39-610 CRISTIAN CASTRO DIAZ
    CDV40-1010 NELSSON ZÚNIGA
    CDV41-1010 OLAYO MENDEZ
    CDV114-48 MARITZA ARITA
    CDV190-215 DORIS HELDINA HERNANDEZ ALVAREZ
    CDV44-1212 SOTERO CHAVARRIA FUNEZ
    CDV46-1010 WALTER HUMBERTO DOMINGUEZ GOMEZ
    CDV244-88 MAYRA SUYAPA RIVERA REYES
    CDV424-88 CELESTINA ARAUJO MURILLO
    CDV1983-11 TERESA REYES REYES
    CDV55-1313 JOSE IRENE LORENZO
    CDV57-54 RICARDO ALBERTO BUESO LICONA
    CDV58-104 JULIO LORETO CANTARERO DIAZ
    CDV59-44 JUAN VICIR CHAVER CARDONA
    CDV88-1212 SANTOS ELEODORO GONZALEZ DOMINGUEZ
    CDV89-1212 RUFINO VASQUEZ MEZA
    CDV92-1212 MARTIN GOMEZ VASQUEZ
    CDV678-37 DOMINGO ADONIS DIAZ PINEDA
    CDV681-136 ANTONIO NUÑEZ GARCIA
    CDV1986-168 CARLOS PEREIRA MEJÍA
    CDV156-88 DAYSI RUTH OSORIO CASTILLO
    CDV415-88 GLORIA VASQUEZ PEREZ
    CDV425-88 LIDICE ISABEL ORTEGA REYES
    CDV227-178 DORA ALICIA PALMA
    CDV1988-88 PEDRO VICENTE ELVIR
    CDV1990-88 CRISTINO ALMENDARES
    CDV1993-33 MELBA EDITH ORTIZ CHIRINOS
    CDV1995-88 GEAN CARLO YANES MORENO
    CDV420-78 LESBIA MARISOL FLORES
    CDV1996-88 CRISTIAN JOSUÉ MONGE MARTÍNEZ
    CDV94-1010 JUSTO PASTOR HENRIQUEZ
    CDV95-1210 ATILIO IVAN LOPEZ
    CDV98-44 JULIAN HERNANDEZ ALFARO
    CDV1997-88 RICARDO ANTONIO VALLADARES RODRÍGUEZ
    CDV1709-1313

    CDV1707-138

    CDV685-88 OSMAN ANTONIO AGUILERA ESPINOZA
    CDV686-88 GENCIS MARIO ORLANDO UMANZOR GUTIERREZ
    CDV1998-88 HECTOR ROLANDO GALO NUÑEZ
    CDV688-88 FAUSTO RODOLFO ARRAZOLA RAUDALES
    CDV689-1616 JESUS ADALBERTO FAJARDO GARCIA
    CDV690-1212 MAGDALENO LAZO PINEDA
    CDV239-88 MARÍA OFELIA VARELA
    CDV2002-88 ADA LETICIA VEGA NUÑEZ
    CDV2003-88 IXCHEL ITZA ALVARADO MARTÍNEZ
    CDV2004-158 ANDRÉS ADALID ROMERO OCHOA
    CDV2005-178 OLINDA ARGENTINA CRUZ REYES
    CDV2006-88 KARINA LORENA MEJÍA PAZ
    CDV426-88 MARIA ISIDRA GOMEZ OVIEDO
    CDV446-88 VIRGINIA AMALIA RIVERA AVILA
    CDV454-88 OLGA MARINA RODRIGUEZ FLORES
    CDV2008-78 URIEL GUDIEL RODRIGUEZ
    CDV334-66 MARIA ELENA RODRIGUEZ
    CDV481-1719 ISMAEL ANTONIO PADILLA
    CDV1706-167

    CDV1734-198 AUGUSTO DANIEL OSORTO AGUIRRE
    CDV32-1010 SALVADOR ZUNIGA DEL CID
    CDV35-610 OSCAR EMIGDIO GAMEZ MARTINEZ
    CDV43-1010 JOSE FAUSTO MEJIA MANUELES
    CDV770-66 LUIS ANTONIO ALVAREZ FLORES
    CDV1942-88 JOSE ANTONIO BONILLA ZAPATA
    CDV693-28 WALTER ORLANDO TROCHEZ
    CDV694-28 NELSON GUSTAVO RIVERA LOPEZ
    CDV695-48 DAVID ROMERO ELNER
    CDV2009-178 MARIA RITA MATAMOROS BERRÍOS
    CDV2010-88 JOSÉ AMILCAR ESPINOZA PERDOMO
    CDV697-88 MARIO VALLADARES MENDEZ
    CDV2011-88 SERGIO LUIS ULLOA RIVERA
    CDV2012-88 MANUEL ANTONIO LLOPIS HERNÁNDEZ
    CDV2013-88 CLAUDIO GERARDO ELVIR BARAHONA
    CDV2014-88 KEVIN JOSEPH ALVARADO MARQUEZ
    CDV486-88 NORA SAGRARIO RIOS MONTOYA
    CDV341-186 INA FABIOLA CARCAMO SIERRA
    CDV498-88 KAREN ROSIBEL FIALLOS PALENCIA
    CDV499-1313 MARIA EDUVIGES SANCHEZ
    CDV467-88 ROSA MARIA VELERIANO FLORES
    CDV294-66 KAREN AZUCENA SANCHEZ AVILA
    CDV422-88 LESLY YANETH MATAMOROS SILVA
    CDV2016-105 MATEO AMAYA RAMOS
    CDV494-78 LUCILA LILIANA VALLECILLO CASTRO
    CDV2017-22 JOSÉ ENRIQUE FLORES FLORES
    CDV2018-1212 DELVIX EDILBERTO COREA GARCÍA
    CDV2020-18 RENÉ EDUARDO CENTENO SAN MARTÍN
    CDV2021-48 ARNULFO CRUZ GUERRERO
    CDV352-88 OMAN FERNANDO MONTESINOS DURAN
    CDV1941-819 MELVIN GEOVANNY ORTEZ ZEPEDA
    CDV414-28 NERLYS ESPINO BAQUEDANO
    CDV429-1010 SERGIO MUÑOZ CASTRO
    CDV434-88 ALEXANDER BOANERGES SANSOTTA GONZALEZ
    CDV324-88 JOSSELINE SCARLETT RIVERA REYES
    CDV703-1818 FREDY ALBERTO LOPEZ
    CDV704-66 GERSON JOSELIN MEJIA
    CDV706-28 JULIAN SANCHEZ AGUILERA
    CDV707-78 DIX CRISTINO ULIANOI SALGADO TINOCA
    CDV708-1515 JOSE ANTONIO TORRES MEZA
    CDV709-1515 DAGOBERTO ANDRADE
    CDV711-88 EDGARDO NAPOLEON VALERIANO
    CDV712-88 CARLOS ROBERTO ZELAYA
    CDV713-1515 FELIPE BENICIO PAZ MATUTE
    CDV716-1010 EDDY RENE DOBLADO GUEVARA
    CDV325-78 GLENDA FLORINDA REYES RIVAS
    CDV327-88 GUMERCINDA LETICIA REYES FLORES
    CDV330-44 MIRIAM LISSETH GARCIA MEJIA
    CDV331-88 MARIA ANTONIA GARCIA HERNANDEZ
    CDV2028-188 ANA ROSA MURILLO MURILLO
    CDV2029-68 ROSERS ULISES PEÑA TORRES
    CDV1943-88 HECTOR ANTONIO LICONA MURILLO
    CDV242-22 JOSÉ BENITO GÓMEZ
    CDV720-131 MARINO AGUILAR PEREZ
    CDV722-88 ALBERTO JOSE SALGADO HERNANDEZ
    CDV2033-188 ALEYDA NATALIA ROMERO BANEGAS
    CDV723-518 MARCOS LARA
    CDV727-168 ANSELMO EUCEDA MARTINEZ
    CDV728-86 JUAN FRANCISCO CRUZ
    CDV735-44 ELVIN REINIERY DIAZ ANARIBA
    CDV2036-33 MARIO ENRIQUE LARA MEZA
    CDV2037-68 IGNACIO LÓPEZ RODRÍGUEZ
    CDV333-88 MIRIAN LAGOS
    CDV718-88 MARIA ELENA HERNANDEZ CONTRERAS
    CDV737-44 GERARDO ARTURO FLORES BARDALES
    CDV428-88 GERSON ARIEL CRUZ ZELAYA
    CDV410-88 ONELL FELIPE VELASQUEZ SEVILLA
    CDV435-88 EDWIN AUGUSTO GOMEZ OSORTO
    CDV1652-158

    CDV453-88 LUIS MIGUEL MEJIA VALLADARES
    CDV232-68 GUSTAVO ENRIQUE BUESO JAQUIER
    CDV238-22 VICTORINO ESPINO
    CDV340-88

    CDV240-22 MARTIN GÓMEZ
    CDV241-22 JOSE FRANCISCO MARTÍNEZ CORRALES
    CDV738-66 GILBERTO CASTILLO
    CDV2368-88 JAIRO LUDIN SANCHEZ JIMENEZ
    CDV2400-1919 DAVID ENRIQUE MEZA MONTECINOS
    CDV739-88 SANTOS RENE HERRERA ALMENDAREZ
    CDV337-1919 YESSICA YADIRA CARDONA
    CDV741-1212 JOSE NATIVIDAD PEREZ LORENZO
    CDV338-66 MARIA ANASTACIA ALVARES AGUERO
    CDV342-28

    CDV353-1015 AGUSTINA FLORES LOPEZ
    CDV378-1212 MARIA JOSEFINA LOPEZ RODRIGUEZ
    CDV380-88 JENNY MARIBEL SILVA TROCHEZ
    CDV546-1919 RADIO JUTICALPA
    CDV2027-88 SADIA LORENA QUIROZ HERNANDEZ
    CDV508-88 JOSE ARMANDO ORELLANA ROMERO
    CDV509-88 HECTOR DANIEL GONZALES ANDINO
    CDV346-88 EDISON PAVON
    CDV421-88 YOVANY ALEXANDER BARAHONA
    CDV1742-192 JULIAN BACA AGUILAR
    CDV457-88 MARIO ROBERTO CAMBAR HERNANDEZ
    CDV742-1818 JORGE ALBERTO MORENO
    CDV2369-88 OLGA OSIRIS UCLES HERNANDEZ
    CDV755-48 NOEL VEGA CACERES
    CDV760-88 RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA
    CDV761-88 CARLOS GERARDO COLINDRES ANDINO
    CDV2401-1919 JOSE BAYARDO 0 MAYRENA
    CDV382-144 HELEN YOLANY COELLO LOZANO
    CDV388-22 MABEL CAROLINA LOPEZ
    CDV389-178 NORMA YANINA PARADA MARTINEZ
    CDV394-88 FLORENCIA PATRICIA SALGADO CORTEZ
    CDV397-158 MARTHA LUZ AMADOR
    CDV404-88 LIDIETH DIAZ
    CDV398-188 ELVIRA LILIANA CARCAMO PUERTO
    CDV507-78 MARVIN YOBANY AMADOR GARCIA
    CDV395-28 SANTA OLIVIA AVILA TORRES
    CDV386-88 MARIA YANETH CASTILLO MOLINA
    CDV393-88 DORIS JACKELINE CERRATO ANDINO
    CDV405-88 CARMEN GABRIELA DIAZ SANCHEZ
    CDV406-198 REYNA MARGARITA AGUILAR CASCO
    CDV408-88 CLAUDIA CAROLINA MIRALDA URBINA
    CDV423-88 LUANY JACKELINE ESPINAL CARDONA
    CDV472-88 ROSA DELMIS MARADIAGA
    CDV474-88 NORA SAGRARIO RIOS MONTOYA
    CDV478-88 BESSY CAROLINA ZUNIGA RIVERA
    CDV482-68 SIRIA DEL CARMEN CRUZ BAQUEDANO
    CDV501-88 KAREN LETICIA SANCHEZ BAUTISTA
    CDV503-168 DUNIA CAROLINA RODRIGUEZ TROCHEZ
    CDV504-64 CAROLINA LIZETH PINEDA ROJAS
    CDV506-88 LESLY VANESSA MEDINA LOZANO
    CDV510-44 ANA VIRGINIA ORELLANA MACHADO
    CDV514-86 DAYSI ELIZABETH TERCERO GOMEZ
    CDV525-88 MAYRA LETICIA REYES RODRIGUEZ
    CDV528-88 ELIA ISABEL COLINDRE
    CDV542-88 DIANA KARINA DIAZ
    CDV465-88 MEDARDO ANTONIO TEJEDA FLORES
    CDV471-88 OSCAR VINICIO CACERES RIVERA
    CDV646-78 OLINDA ARGENTINA CRUZ REYES
    CDV667-68 EDY SENAIDA MARADIAGA
    CDV673-78 SANTOS AMADA REYES
    CDV495-128 FELIX ROLANDO MURILLO LOPEZ
    CDV547-78 OSCAR JOAQUIN GARCIA MONCADA
    CDV548-28 GERSON NOE CORRALES VANEGAS
    CDV357-88 JOSE DE LOS SANTOS ROMERO ZUNIGA
    CDV361-88 EDGARDO ANTONIO FLORIAN
    CDV362-88 DANIEL ANGEL CARCAMO SANCHEZ
    CDV363-198 RENE EDGARDO TURCIOS GALLEGOS
    CDV763-88 FRANCISCO ANTONIO PORTILLO NUÑEZ
    CDV764-88 RUBEN ANTONIO CAMBAR VALLECILLO
    CDV766-88 OBED ENRIQUE CARRANZA HERNANDEZ
    CDV767-58 JOSE FRANCISCO CASTILLO MURCIA
    CDV768-88 CARLOS MOISES ORTEGA GOMEZ
    CDV771-88 FELIX RICARDO SILVA REYES
    CDV773-88 CESAR OMAR SILVA ROSALES
    CDV775-88 GUILLERMO ANTONIO AMADOR PADILLA
    CDV777-88 RENE ARTURO BENITEZ NOVOA
    CDV796-58 LENIN JOSE MARTINEZ RIVERA
    CDV797-78 ANGEL NOEL VALLE ZELAYA
    CDV798-88 RAFAEL GERARDO CACERES
    CDV799-88 ALEJANDRO RAMON CASTRO SIERRA
    CDV800-88 MARCO ANTONIO LANZA ROMERO
    CDV696-88 ANA ISABEL BRUCKS MOLINA
    CDV702-28 PAULA JAQUELINE RODRÍGUEZ CONTRERAS
    CDV732-88 LAURA EDRIA CARLSEN
    CDV2047-88 MARIA ISIDRA GOMEZ OVIEDO
    CDV2048-88 CRISTIAN EDUARDO OLIVA GOMEZ
    CDV588-66 GLADIS YOLANDA HERRERA PADILLA
    CDV580-33 EDUARDO ENRIQUE FLORES ACIEGO
    CDV582-48 ALFREDO REDONDO HERNANDEZ
    CDV583-77 MARVIN JOSE PALMA GUZMAN
    CDV585-812 GUSTAVO ARGUETA
    CDV364-88 EMERSON ROSIKLER BARAHONA NUILA
    CDV366-48 MANUEL DE JESUS BONILLA VASQUEZ
    CDV802-88 ANGEL DAVID OSORTO RODRIGUEZ
    CDV803-28 JOSE ERASMO CONTRERAS MONCADA
    CDV808-13 ORLIN ALFREDO PADILLA COREA
    CDV812-88 JORGE ARIEL ORDOÑEZ CHAVEZ
    CDV813-88 JORGE MAURICIO MENDOZA MEJIA
    CDV814-88 JOSE MARIA REYES AVILA
    CDV815-88 MARVIN ARTURO ORTEGA ORTEZ
    CDV818-88 HECTOR ENRIQUE CLARA CRUZ
    CDV821-78 SANTOS REYNALDO GARCIA MONCADA
    CDV822-88 LUIS ROBERTO BENDCK SABILLON
    CDV1747-28 MARIA ESTELA FLORES CRUZ
    CDV609-88 REINA FRANCISCA ROMERO ACEITUNO
    CDV823-58 JULIO CESAR DUBON VILLEDA
    CDV827-88 CARLOS HUMBERTO CHEVES ROCHA
    CDV613-88 SANTOS MARLENE HERRERA
    CDV733-66 REYNA CONCEPCION PINEDA RAMOS
    CDV1750-88 YENI CAROLINA FIGUEROA HERNANDEZ
    CDV2049-88 GUSTAVO ADOLFO ZELAYA HERRERA
    CDV2050-28 CARLOS DAVID ROMERO AYALA
    CDV2051-88 MARCELI GABRIELA LANZA RAMOS
    CDV2052-178 CARLOS ADAN PAZ LOPEZ
    CDV2053-178 RIGOBERTO VELASQUEZ SIERRA
    CDV806-88 JOEL DAVID FLORES GUEVARA
    CDV618-188 JOSE LINO AVILA AVILA
    CDV367-178 VICTOR MANUEL VILLIBORD GALLARDO
    CDV368-88 JOSE LUIS BAQUEDANO HERNANDEZ
    CDV370-88 SAMUEL GILBERTO TRIGUEROS ESPINO
    CDV828-68 EDILBERTO ROBLES AGUILAR
    CDV851-88 EMERSON YOVANNY MARTINEZ AMAYA
    CDV854-66 JOSE LUIS HERRERA SOMOZA
    CDV856-178 ERICK JERSON GUTIERREZ
    CDV1925-1414 JUAN JOSE VALLE LARIOS
    CDV1751-88 LUIS ENRRIQUE MARTINEZ MONJAREZ
    CDV859-88 JOSE GABELO LUQUE AGUILAR
    CDV861-88 HUGO MANUEL RECINOS SEAMAN
    CDV632-619

    CDV862-1515 SEGUNDO ISIDRO ZUNIGA ANTUNEZ
    CDV863-196 HECTOR SAMUEL MADRID SABILLON
    CDV1752-198 JUAN FRANCISCO MALDONADO VALLE
    CDV2054-158 HERNAN AMILCAR ROSALES ROSALES
    CDV2055-128 ESLY MARIA LIZARDO
    CDV626-88 SABEL REYES AGUILAR
    CDV635-88 SADIA LORENA QUIROZ HERNÁNDEZ
    CDV641-88 CLAUDIA REGINA GALO RODRIGUEZ
    CDV642-28 MARÍA YOLANDA CHAVARRÍA AGUILAR
    CDV2056-188 SARA ELISA ROSALES
    CDV2057-88 JANETH YOLANDA FLORES MANZANARES
    CDV2058-88 MARCO TULIO FUNEZ GARCIA
    CDV2402-1919 MANUEL DE JESUS 0 JUAREZ
    CDV2370-88 MARIO FIDEL CONTRERAS MONCADA
    CDV649-68 PEDRO JOAQUIN AMADOR ESCALANTE
    CDV2059-88 JOSE ERLIN CRUZ ARIAS
    CDV379-1212 JOSE MERCEDES DOMINGUEZ
    CDV653-88 RUBEN OYUELA
    CDV655-188 OSLIN DANIEL GEORGE CANTILLANO
    CDV2060-88 DENSY REYNALDO SANTOS ORTEGA
    CDV381-44 SANTOS ARNALDO FLORES GUERRERO
    CDV2061-88 WILLIAM ALBERTO MORENO ALVAREZ
    CDV387-154 FRANCISCO EXEQUIEL ANTUNEZ FUNEZ
    CDV2062-88 MOISES SANCHEZ TURCIOS
    CDV889-88 HERMES ANIBAL REYES NAVARRETE
    CDV2063-88 ALEX RENIERY LOPEZ BARAHONA
    CDV648-68 NORA JUANA MISELEM RIVERA
    CDV657-158 MIRIAN SAGRARIO FIGUEROA AYALA
    CDV895-88 MARVIN PALACIOS
    CDV658-176 MARIA ANASTACIA ALVAREZ AGUERO
    CDV590-76 AIDE MARQUEZ DEL CID
    CDV660-46 MARTIRES YESSENIA MEZA
    CDV664-66 KARLA CERROS RIVAS
    CDV2064-88 JOSE BENEDICTO SANTOS CASTRO
    CDV2065-68 HECTOR VIRGILIO PAGOADA GODOY
    CDV2067-88 HENRY FERNANDO VILLALOBOS
    CDV2068-158 MARCIO ROLANDO MATUTE
    CDV2070-22 HECTOR RODRIGUEZ
    CDV2071-78 CORNELIA FILOMENA CRUZ RIVAS
    CDV2403-1919 JORGE ADALBERTO ORELLANA
    CDV384-74 JUAN RAMON ESPINOZA SANCHEZ
    CDV391-88 ABNER ARIEL HERNANDEZ OSORIO
    CDV396-77 MARIO RAFAEL ARGEÑAL MEDINA
    CDV399-88 CARLOS DAVID ROSALES PADILLA
    CDV400-1819 JORGE EDUARDO NUÑEZ MADRID
    CDV896-88 IRAD GALEL OTERO CABRERA
    CDV903-88 SALVADOR ALCIDES ALVARADO
    CDV2072-88 RAUL OQUELI ZEPEDA
    CDV907-108 SANTOS CRUZ
    CDV2073-88 JOSE RAUL OQUELI SOLORZANO
    CDV909-11 MARIO RENE ANDINO JACKSON
    CDV912-88 ERIK BONEL MARTINEZ MEJIA
    CDV914-88 WALTER SANTIAGO RODEZNO CRUZ
    CDV915-33 PEDRO ALVAREZ
    CDV917-43 ADOLFO CASTAÑEDA PADILLA
    CDV919-66 CARLOS ROBERTO TURCIOS MALDONADO
    CDV920-183 MATIAS VALLE CARDENAS
    CDV680-88 SONIA DALILA APARICIO COLINDRES
    CDV683-138 MARIA CRISTINA SANCHEZ
    CDV684-1010 DELIAN PATRICIA LORENZO VELASQUEZ
    CDV687-88 DORIS MARLENY GALVEZ CRUZ
    CDV2074-88 MARIA DE LOS SANTOS MARTINEZ MURILLO
    CDV2075-88 MARIA LETICIA MATUTE MARTINEZ
    CDV2078-88 PABLO ROBERTO CRUZ FLORES
    CDV2079-48 FAUSTO VARELA ALCERRO
    CDV1745-11 RADIO COCO DULCE
    CDV710-88 ANGEL SAID VALLADARES
    CDV402-88 JOSE ANTONIO MARTINEZ MONCADA
    CDV403-18 MARIO CESAR FERNANDEZ RIVAS
    CDV407-88 CARLOS ANTONIO PADILLA ROIZ
    CDV924-88 ERICK DALLAN IRIAS VALLADARES
    CDV925-33 JEREMIAS MARTINEZ DIAZ
    CDV927-1717 ADIN JOSUE VARGAS OSORIO
    CDV929-53 NICOLAS ALONZO
    CDV930-88 RIGOBERTO EUSTAQUIO CACERES TORRES
    CDV931-33 JOSE REYES SERRANO MUÑOZ
    CDV940-83 JORGE OTT ANDERSON
    CDV2080-88 ALBA LETICIA OCHOA CAMACHO
    CDV2081-88 ANGEL MARIA ARTEAGA MATUTE
    CDV944-88 ERNESTO EDILBERTO CRUZ ALVAREZ
    CDV948-95 JOSE CONRADO MORENO
    CDV955-13 JUAN RAMON CHINCHILLA RODRIGUEZ
    CDV956-13 JONY RIVAS BAIRE
    CDV715-88 ELIZABETH ZUÑIGA ANDINO
    CDV957-33 RUDY GERARDO HERNANDEZ ORTIZ
    CDV717-1618 DOLORES MARQUINA PAZ
    CDV725-128 MERLIN SUYAPA DOMINGUEZ
    CDV2086-78 ALBA AZUCENA LOPEZ
    CDV2087-77 DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ
    CDV745-88 JORGE LUIS LOPEZ
    CDV960-33 PEDRO ULLOA
    CDV962-33 ORBIN ADALID FELIPE ROJAS
    CDV963-66 JULIO CESAR COREA MURILLO
    CDV2088-188 JUAN RAMON ORTEGA ARCHAGA
    CDV1753-198 MILTON WILFREDO HERRERA MIGUEL
    CDV2089-88 CARLOS FABRICIO ESTRADA BACA
    CDV973-88 IGOR AMADO MEMBREÑO AGUILAR
    CDV2090-88 ADA MARGARITA SOSA GARCIA
    CDV974-88 HECTOR MANUEL RUBIO ZUNIGA
    CDV981-819 VICTOR IBRAN COREA MARTINEZ
    CDV2091-88 ELGA MARINA VALLADARES CALIX
    CDV984-86 OSCAR ORLANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
    CDV998-86 LUIS ALONSO CHEVEZ DE LA ROCHA
    CDV999-88 MARVIN JOSE GRANDES LARA
    CDV1000-1918 DENIS OMAR ZAVALA FUENTES
    CDV1002-166 NARCISO TEJADA RIVERA
    CDV1003-28 ESDRAS AMADO LOPEZ
    CDV1006-33 GIL PEREZ
    CDV750-88 ADA MARINA ANDINO CHACON
    CDV2094-88 ANA SILVINA MURILLO HERNÁNDEZ
    CDV2404-1919 HENRRY SUAZO
    CDV2371-88 MATEO ANTONIO LEIVA ALVAREZ
    CDV413-88 JUAN CARLOS CRUZ
    CDV433-178 AVILIO EXEQUIEL QUIROZ AGUILERA
    CDV1008-1717 GONZALO MAURICIO ALVARADO
    CDV1009-86 JUAN RAMON ORTIZ CARRANZA
    CDV1011-1515 MARIO EDIBERTO MORADEL CRUZ
    CDV409-88 PEDRO MAGDIEL MUÑOZ SALVADOR
    CDV2405-1919 LUIS MENDOZA
    CDV1029-88 JUAN CARLOS ESPINOZA CALIX
    CDV1030-131 OSMIN CACERES
    CDV754-88 WENDY CAROLINA MONTOYA
    CDV756-88 MARIA JULIA FIASCO
    CDV438-88 HERNAN MANUEL GUERRA MONCADA
    CDV443-118 JOSE ANTONIO NUÑEZ MEDINA
    CDV448-88 PABLO CESAR LOPEZ ROJAS
    CDV1948-88 ROBERTO BUDDE FLORES
    CDV462-48 FREDI VIANNEY FLORES ARGUIJO
    CDV1036-88 IRWIN RODOLFO ANDINO GARCIA
    CDV830-88 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
    CDV1040-88 CARLOS MAURICIO LOPEZ RIVERA
    CDV1049-88 JUAN FRANCISCO MENCIA CABRERA
    CDV1054-166 OSMAN ANTONIO FAJARDO MOREL
    CDV1058-88 JOSE ENRIQUE NAVAS GRADIZ
    CDV776-88 XENIA SAGRARIO FLORES HERNANDEZ
    CDV780-28 HEDME FATIMA CASTRO VARGAS
    CDV781-68 MAURA LEONOR VARELA
    CDV2372-88 JOSÉ DOMINGO TURCIOS ALONZO
    CDV470-88 ROBERTO ISAGUIRRE RODRIGUEZ
    CDV480-18 ORLANDO VILLATORO
    CDV1061-88 RICARDO RENE ORELLANO
    CDV1255-33 MARVIN MENDEZ
    CDV1080-198 EDUARDO JAVIER MENDEZ
    CDV1081-88 RICARDO ENRIQUE PADILLA SALGADO
    CDV1756-44 JOSE ANGEL SANTOS MALDONADO
    CDV1087-56 JOSE JULIO REYES
    CDV1090-88 JONATHA NOE OSORIO CAÑADAS
    CDV783-198 BLANCA ESTELA DOLE DURON
    CDV877-68 O SCAR ROLANDO MALDONADO ORTIZ
    CDV784-88 MARIA LASTENIA CRUZ MEJIA
    CDV785-88 KIMBERLY CELESTE MEJIA VALLADARES
    CDV857-78 JUAN ABEL SOLORZANO
    CDV908-88 SINDICATO DE TRABAJADORES UNIVERSIDAD NACIONAL
    CDV489-186 JORGE LUIS CANALES CASTELLANOS
    CDV493-44 RONY ALEXIS TORRES
    CDV502-88 AMILCAR ALEJANDRO GUTIERRES FLORES
    CDV511-1716 DANIEL MARTINEZ
    CDV1091-88 BLAS ENRIQUE BARAHONA MEJIA
    CDV1095-1919 JOSE VICENTE GAYA MENGUAL
    CDV1119-88 ALEX ARIEL MARADIAGA ESPINAL
    CDV1121-88 RONMEL EDGARDO ESPINAL CASTILLO
    CDV787-88 JOAN JOSUE ORDOÑEZ
    CDV1122-88 ROMMEL EMIGDIO LOPEZ RODRIGUEZ
    CDV788-88 SARA ELIZABETH AVILA VELASQUEZ
    CDV789-88 SUYAPA GUADALUPE RECONCO CASTILLO
    CDV517-128 ORLANDO RODRIGUEZ PEREZ
    CDV1125-88 LUIS ALBERTO MARTINEZ RAMIREZ
    CDV1132-196 ROLANDO FUNEZ MATEO
    CDV1133-88 RYBIN PAVEL NUÑEZ DUARTE
    CDV1138-88 LUIS GALDAMEZ
    CDV1145-168 LUIS SANTOS MADRID RIOS
    CDV1150-88 LUIS ALBERTO ALVARADO ANDINO
    CDV1151-88 WILFREDO FLORES AGUILAR
    CDV791-188 ALEYDA NATALIA ROMERO BANEGAS
    CDV932-83 FRANCISCA ORTEZ RAMOS
    CDV520-48 EMILIO ARTURO GUILLEN SEVILLA
    CDV522-88 WILFREDO NOLASCO LOBO
    CDV1159-88 GERMAN JAVIER LANZA LICONA
    CDV1161-88 FRAN ANDERSON CORRALES VENTURA
    CDV1163-88 BRYAN ERNESTO AVILA GARCIA
    CDV1165-88 DEYBI EXEQUIEL TORRES REYES
    CDV1168-66 HENRY YAMAL ULLOA DEGRANDEZ
    CDV1170-1918 ALFREDO AGUILAR
    CDV1172-198 DAVID ALEXANDER VELASQUEZ RODRIGUEZ
    CDV1175-183 MARIO FERRUFINO LAINEZ
    CDV1174-33 ERIC ADELSON DIAZ ESTEBES
    CDV1180-88 JORGE LUIS VELASQUEZ RODRIGUEZ
    CDV792-68 MARIXA ETHEL MOREL CARBAJAL
    CDV793-66 ALBA DE LA PAZ RIVERA
    CDV794-18 MARIA ELENA PORTILLO SALGADO
    CDV2373-1919 ELISEO HERNANDEZ JUAREZ
    CDV988-86 CARLOS ALBERTO ALVARADO HERNANDEZ
    CDV993-66 GUILLERMO DAVID RECINOS SEAMAN
    CDV523-88 LUIS ENRIQUE MONTOYA PEREIRA
    CDV524-62 PORFIRIO AMADOR
    CDV526-88 OSCAR ROLANDO CARIAS DIAZ
    CDV1183-88 OSCAR ARMANDO LARA CRUZ
    CDV1184-48 EDWIN ARAQUE BONILLA
    CDV1186-73 TIMAS ALFREDO ORDOÑEZ
    CDV1190-33 JOSE HERNAN SANTOS MENJIVAR
    CDV1192-166 SANTOS HELIODORO BRIONES BARAHONA
    CDV1193-83 VITALINO ALVAREZ
    CDV1194-88 NICK FERNANDO MADRID ALVARADO
    CDV1195-43 ORLANDO ANTONIO ROMERO
    CDV795-48 EMMA DURON
    CDV810-88 CONCEPCION MARADIAGA RAMOS
    CDV811-88 ENMA VALLADARES AMADOR
    CDV1196-53 MAXIMILANO LOPEZ RAMIREZ
    CDV1197-183 CASTO JOSE OCHOA HERNANDEZ
    CDV819-178 CRISTINA ZAVALA GUTIERREZ
    CDV820-88 MARIA JOSEP SISCAR BANYULS
    CDV824-88 OSSIRIS ELENA ALEMAN MARTINEZ
    CDV1052-88 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA BEBIDAS Y SIMILARES
    CDV527-77 FRANCISCO PAULINO ZELAYA FIGUEROA
    CDV529-172 LUIS GEOVANY MARTINEZ SANCHEZ
    CDV533-88 JUAN ALBERTO BORJAS ALVARENGA
    CDV1199-88 LUIS CRISTOBAL LAGOS LOBO
    CDV1202-66 EDWIN DIONEL MOLINA VAZQUEZ
    CDV1204-1919 KEVIN CHAVEZ REYES
    CDV1206-88 DICK THOMAS EMANUELSSON
    CDV1209-1717 ERIN GUADALUPE CRUZ RIVERA
    CDV1211-1717 JOSE REINA ESTRADA OLIVA
    CDV1212-198 DELMER JOEL IZAGUIRRE MARTINEZ
    CDV1216-66 CAMILO GABRIEL ALAVRADO RAMIREZ
    CDV825-188 DILMA DINORA FLORES FIGUEROA
    CDV833-88 YANELY AGUILAR SILVA
    CDV838-58 SCARLETH IVETTE ROMERO CANTARERO
    CDV1060-158 HECTOR ZELAYA COLMAN
    CDV534-58 JESUS RAMON CUEVAS HERNANDEZ
    CDV536-78 JOSE ORLANDO GARCIA MONCADA
    CDV1746-11 SECUNDINO TORRES AMAYA
    CDV541-26 ISAIAS MORENO ARAU
    CDV843-88 GLADIS PETRONA LANZA OCHOA
    CDV1220-88 EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS
    CDV1221-88 NORLAN AMILCAR ROMERO BACA
    CDV1223-48 ANIBAL ROBERTO CACERES
    CDV1224-48 EDVIN EDGARDO CANALES
    CDV1225-66 CRISTOBAL SANCHEZ PINEDA
    CDV1226-28 JUAN FRANCISCO MALDONADO
    CDV1228-1212 JOSE ANTONIO VASQUEZ VASQUEZ
    CDV1233-33 GEREMIAS MARTINEZ
    CDV1235-192 CRISTIAN RAFAEL SANTOS PALMA
    CDV847-88 LATINIA ZEPEDA AMAYA
    CDV848-88 ASTRID AGUILAR VELASQUEZ
    CDV849-108 MERLY CLERETH EGUIGURE BORJAS
    CDV853-88 SARA ELIZABETH AVILEZ TOME
    CDV543-88 WALTER JOEL RODRIGUEZ ANDINO
    CDV544-88 CESAR ADOLFO GARCIA VALLECILL
    CDV549-88 JORGE ANTONIO SANCHEZ VARGAS
    CDV1236-1717 ELEAZAR ALEXANDER JUAREZ SARAVIA
    CDV1237-88 FAUSTO RODOLFO ARRAZOLA RAUDALES
    CDV1238-33 KEYNI ALEXANDER SALGADO
    CDV1239-66 RUBEN ANGEL TROCHEZ MEJIA
    CDV1240-88 JORGE LUIS CALIX ESPINAL
    CDV1243-176 JORGE ALBERTO CHAVEZ
    CDV1245-176 PEDRO ANTONIO CHAVEZ
    CDV545-18 DIANA KARINA DIAZ
    CDV1246-33 WILFREDO SERRANO MUÑOZ
    CDV1759-198 OSCAR EDGARDO GOMEZ
    CDV1250-158 JOSE MARIA MEZA ESTRADA
    CDV1253-88 ROGER IVAN VIVAS LOPEZ
    CDV855-88 OLGA MARIANA RODRIGUEZ FLORES
    CDV866-178 KORITZA DIAZ
    CDV550-88 MILTON MATEO CENTENO MARTINEZ
    CDV551-77 VICTOR ADOLFO IZAGUIRRE RAMOS
    CDV1256-88 MIGLAN RAUL CASTRO ESPINAL
    CDV1262-1515 ANDRES ARMANDO MOLINA ZELAYA
    CDV1263-28 JOSE RAUL AGUILAR MARTINEZ
    CDV1266-135 CARLOS ROBERTO ALFARO CRUZ
    CDV2374-1919 GRADIS ESPINAL
    CDV1268-88 GILBERTO EMMANUEL VIDES MOLINA
    CDV1272-138 DAGOBERTO POSADAS CRUZ
    CDV1277-66 DENNIS AMILCAR MANZANARES ZELAYA
    CDV1280-22 OLMAN OSORIO GARCIA
    CDV870-188 MARTHA JULIA ALVAREZ MENDIETA
    CDV568-1010 LUIS ALBERTO ALMENDARES GUEVARA
    CDV2219-11 NALBA LUZ CARCAMO ZAPATA
    CDV553-88 CARLOS HUMBERTO IZAGUIRRE LOPEZ
    CDV1289-1717 GUSTAVO ADOLFO PINEDA RODRIGUEZ
    CDV1293-88 JUAN ANTONIO AGUIRRE HERNANDEZ
    CDV2220-13 BERTA LIDIA TURCIOS
    CDV1295-77 ROGER ARMANDO ESPINAL
    CDV2221-31 MIRIAM MERCED MIRANDA CHAMORRO
    CDV2222-11 MARIO ROMERO GALAN
    CDV1296-33 JORGE REYNALDO SANTOS BERTRAND
    CDV1297-198 MARCO ALEJANDRO GUTIERREZ SOSA
    CDV2223-11 SELVIN EDUARDO MERLO LINARES
    CDV1299-22 ALLAN MAURICIO CANALES ALMENDAREZ
    CDV2224-11 ELIAS CRUZ VILLATORO
    CDV1301-48 MARIO RICARDO EUCEDA ZAMBRANO
    CDV1302-88 DOGLAS MANUEL FLORES ZUNIGA
    CDV1303-1918 MARCELINO MARTINEZ
    CDV1308-88 MYNOR LIZANDRO AGUILAR REYES
    CDV1318-88 SERGIO VLADIMIR COELLO DIAZ
    CDV1319-33 FRANKLYN AUGUSTO HERNANDEZ CASTRO
    CDV1320-66 RODOLFO AGUILAR CASTAÑEDA
    CDV1322-33 JUAN ANGEL RECINOS GARCIA
    CDV1327-126 FIDENCIO CALIX
    CDV1328-1818 JOSE PABLO PERAZA CHAVEZ
    CDV1329-88 FERNANDO ARTURO CERRATO GALVEZ
    CDV873-68 EDIS GLENDA ORTIZ PACHECO
    CDV874-78 SIXTA LIDIA MARADIAGA MORGAN
    CDV552-178 ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR
    CDV555-88 OVIDIO ORLANDO MONCADA FONSECA
    CDV1336-88 MARCO ANTONIO TINOCO HERNANDEZ
    CDV1344-33 FRANKLIN JEOVANY MOLINA ARIAS
    CDV1345-33 LUCIO RIVERA
    CDV1346-66 HECTOR EDGARDO GARCIA PAREDES
    CDV1347-33 HECTOR ALEXANDER FLORES IRAHETA
    CDV1359-56 ADAN GUILERMO LOPEZ LONE
    CDV1362-53 NEPTALI ESQUIVEL
    CDV1363-16 ROBERTO LOBOS CHEVERRIA
    CDV1368-88 MANUEL SANTOS FLORES SEVILLA
    CDV1369-88 MARLON LEXANDER ROSALES RICO
    CDV1373-66 EDWIN GEOVANY RIVAS VASQUEZ
    CDV1375-196 REGNER ASIS CASTELLANOS ALVAREZ
    CDV2233-1313 NICOLAS ORELLANA CARBAJAL
    CDV1201-28 RUTH LAGOS MONDRAGON
    CDV556-68 LUIS ALEXIS VALLECILLO MARADIAGA
    CDV1385-28 FREDY OBDULIO GARCIA SCOOTT
    CDV1386-196 FERNANDO RODRIGUEZ SUAZO
    CDV1389-193 JUAN RAMON CRUZ
    CDV2235-1313 EDWIN ALEXANDER SORTO PINEDA
    CDV2236-55 MARIA HONORIA POSADAS HERNANDEZ
    CDV1390-88 PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ OCHOA
    CDV1391-819 PEDRO OCHOA OCHOA
    CDV1398-108 JOSE DORE PONCE REYES
    CDV2238-1414 LILIAM SOFIA MONGUE LANZA
    CDV1400-819 FRANCISCO JAVIER VALLE ANDRADE
    CDV1405-1818 JULIO CESAR CORDOVA
    CDV2239-1414 THELMA ALEJANDRINA GUTIERREZ
    CDV1406-196 JOSE ALEXANDER ESPAÑA
    CDV1408-88 CARLOS JAVIER VALLADARES CALDERON
    CDV1413-197 JOSE ALBERTO MASCAREÑO CORNEJO
    CDV2244-1313 JERONIMO SARMIENTO SANCHEZ
    CDV1414-219 ARNOLDO MORENO
    CDV1419-1919 EVER ALFREDO GUZMAN MOLINA
    CDV1422-1818 CARLOS ABEL ZUNIGA HERNANDEZ
    CDV2375-1919 ISAAC ISMAEL COELLO PINEDA
    CDV892-1918 CARMEN SUYAPA MEJIA
    CDV557-44 EDUARDO FRANCISCO CORREA RIOS
    CDV2246-1313 ISMAEL DE JESUS MATEO CRUZ
    CDV558-88 GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ
    CDV2247-1313 JOSE ARNALDO GOMEZ ALVARADO
    CDV1423-193 JOSE ALEJANDRO LANZA
    CDV2250-55 MARCO ANTONIO MALGAR CHACON
    CDV1425-188 RASSEL ANTONIO TOME
    CDV2251-1616 SANTIAGO GUEVARA ORELLANA
    CDV2252-1616 ELMER GUADALUPE BARDALES TEJADA
    CDV1427-66 RAMÓN ENRIQUE BARRIOS MALDONADO
    CDV2253-616 SUYAPA JACQUELINE TREJO CORDON
    CDV1428-55 WALTER ANTONIO DEL CID
    CDV1429-66 JOHAN EDGARDO RIVERA GARCIA
    CDV2254-1616 DELMER DAGOBERTO LOPEZ MORENO
    CDV1431-66 NAPOLEÓN ERNESTO BARDALES BENITEZ
    CDV2256-1616 SANTOS RAMON BUSTILLO ENAMORADO
    CDV1435-819 IGOR LEONEL GRANADOS PACHECO
    CDV1436-819 DANIEL ALEXANDER LOPEZ ROMERO
    CDV1441-819 NORREN GONZALO PALENCIA
    CDV1443-1519 JORGE ALEXANDER MARADIAGA ZELAYA
    CDV1457-77 MARDOQUEO MARTINEZ
    CDV1458-77 ROGER MENELIO MONCADA JARQUIN
    CDV1459-27 JOSE ALEJANDRO TORRES ORTIZ
    CDV1460-178 RODYN JAVIER FIGUEROA OSORTO
    CDV893-88 REYNA SUYAPA CENTENO AGUILAR
    CDV894-68 NOHEMI ORLY KEYLA CORDOVA MORALES
    CDV898-68 MARINA LIZETH BONILLA MONTOYA
    CDV1306-193 ADAN FUNEZ
    CDV1307-1717 BACILIO PAZ GOMEZ
    CDV559-88 HECTOR ANTONIO VALDEZ ACOSTA
    CDV562-88 IVAN FABRICIO TOSTA RODRIGUEZ
    CDV563-88 ANGEL RAFAEL AVILES CRUZ
    CDV564-1616 CARLOS WILMER SAGASTUME
    CDV565-88

    CDV987-66 CARLOS ALBERTO MIDENCE MATUTE
    CDV1461-88 FLAVIO MAURICIO CHIRINOS SOLORZANO
    CDV1462-78 EDWIN ALONZO BARAHONA SANCHEZ
    CDV1464-88 WILFREDO HERNANDEZ BARAHONA
    CDV1472-1519 VICTOR MANUEL BAQUEDANO
    CDV1473-196 JUSTO PASTOR REYES CABRERA
    CDV1475-66 FAVIEL ALVAREZ LOPEZ
    CDV2266-77 ELSA MARIA VINDEL VINDEL
    CDV1477-1419 RAMÓN DE JESÚS MELGAR
    CDV1468-78 WILFREDO FONSECA MORAZAN
    CDV2263-47 DAVID MARTINEZ ORELLANA
    CDV2262-77 NELSON LEONEL VALERIO FORTIN
    CDV2265-77 MALIDA REYES ANDINO
    CDV2267-77 MARILU DEL CARMEN ESCOTO ARDON
    CDV1339-76 JAIRO LOPEZ
    CDV1343-33 MARCO ANTONIO ESTRADA SANTOS
    CDV566-88 ALEX EDUARDO SOTO ORTIZ
    CDV567-23 GENARO PALMA
    CDV569-88 OLBYN LEONEL AVILEZ SIERRA
    CDV2271-77 ESTELA MARGOTH RODRIGUEZ MENDOZA
    CDV571-88 ANDRES ESCOTO AMADOR
    CDV1489-1919 CARLOS EDUARDO LLOPIS HERNANDEZ
    CDV1492-819 RICARDO ADOLFO GARCIA GUNERA
    CDV2273-77 MARIO ALBERTO DIAZ ZAMORA
    CDV2274-77 NELSON RENE GUEVARA VALDIVIA
    CDV1508-11 FRANKLIN RAFAEL PADILLA GIRON
    CDV2276-77 JOSE ERNESTO MENDOZA GIRON
    CDV2277-77 MARTINA MENDOZA
    CDV1511-66 DARWIN ALEXIS MARTINEZ RODRIGUEZ
    CDV1512-53 JUAN ANTONIO VESQUEZ
    CDV1514-13 VICTOR MANUEL EUCEDA FLORES
    CDV2270-77 ISABEL HERNANDEZ
    CDV2275-77 CLAUDIA LORENA GARMENDIA GARAY
    CDV573-1515 MIGUEL PAZ CASTRO
    CDV2278-77 ROBELO ANIBAL LOPEZ FLORES
    CDV578-38 ESTEBAN MELENDEZ CRUZ
    CDV2283-77 GENARO ESCALANTE ZEPEDA
    CDV2284-33 MARIA CANDELARIA GARCIAS LAINES
    CDV2285-33 ROSA HAYDEE SARABIA IRAHETA
    CDV2286-33 MARIA MARTINA GARCIAS LAINEZ
    CDV2287-163 FELIPE MEJIA
    CDV1522-66 LUIS ALONZO GUERRA RIVERA
    CDV2291-183 OCTAVIO SANTOS AGUIRRE CUBAS
    CDV2292-33 LUIS ALBERTO RAMIREZ MORALES
    CDV2293-33 AQUILINO MEZA SAUCEDA
    CDV1528-98 HUMBERTO CASTILLO MARTINEZ
    CDV2294-133 BELARMINO VASQUEZ
    CDV2279-47 JULIA MARIA DIAZ MEJIA
    CDV575-77 JOSE ROBERTO TERCERO AVILA
    CDV946-88 ANA SUYAPA RIVERA SIERRA
    CDV591-163 WILFREDO PAZ ZUNIGA
    CDV2296-163 JOSE OQUELI MEJIA RAMOS
    CDV2297-33 SAUL DONALDO DOMIGUEZ VILLATORO
    CDV2299-1515 MARLON ELIUD RAUDALES CRUZ
    CDV2300-1515 EDWIN EDGARDO LOBO MEJIA
    CDV2302-1616 HIGINIO VASQUEZ REYES
    CDV2303-44 RINA VICTORIA NUÑEZ
    CDV2304-173 ELENA DOMIGUEZ VILLATORO
    CDV1543-44 JOSE TRINIDAD SANCHEZ ARGUETA
    CDV2305-173 JOSE SELVIN DOMINGUEZ VILLATORO
    CDV1554-48 JOSE DONALDO CASTRO MARTINEZ
    CDV1556-88 TIRSO TELMO TARRUIS MARADIAGA
    CDV1505-819 EBIS GIOVANNI MORENO CARDENAS
    CDV2376-819 ROGER ANDRÉS REYES AGUILAR
    CDV1562-198 ONRY ONEY MORENO
    CDV1563-88 JOSE ARIEL TURCIOS RODRIGUEZ
    CDV949-1010 BERTHA ISABEL CACERES FLORES
    CDV950-88 BETTY MATAMOROS FLORES
    CDV951-1010 MARIA ELENA VASQUEZ MARQUEZ
    CDV2307-1414 ZOCORRO MARIA HERNANDEZ ESPAÑA
    CDV2308-1414 MARTHA EVELYN ESPINOZA MENDEZ
    CDV2309-33 DENIA BERTINA RIVERA GUITIERREZ
    CDV2310-183 EMILIA MERCEDES PACHECO LOPEZ
    CDV594-116 LUIS RAMIRO AMAYA BARAHONA
    CDV2311-33 JUAN RAMON MIUNGUIA MARTINEZ
    CDV2312-13 LOURDES SARRES MELGAR
    CDV2313-63 OSCAR ROLANDO ESCOBAR
    CDV2314-33 LIGIA ELIZABETH MARTINEZ MURILLO
    CDV2315-33 NANCI ONDINA BARDALES MUNGIA
    CDV2316-33 MIRTA RAMONA AVILA
    CDV2317-33 SANDRA YAMILETH RAMIREZ HERNANDEZ
    CDV2320-88 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MONCADA
    CDV994-88 RENE GUILLERMO AMADOR PADILLA
    CDV1564-88 MARLON NAHUN ESTRADA
    CDV995-619 CARLOS ROBERTO TURCIOS MALDONADO
    CDV2324-28 CARLOS ALBERTO TURCIOS
    CDV1568-88 JORGE MIGUEL ORTEGA MOLINA
    CDV1725-88 DEYNI NEHEMIAS RIVAS PEREZ
    CDV1572-1616 ARNOLD ENRIQUE LEIVA RIVERA
    CDV2326-88 NOREEN GONZALO PALENCIA REGALADO
    CDV595-78 RONY MARTINEZ
    CDV597-815 ELMER ADONAY MARTINEZ ESTRADA
    CDV2327-88 NANCY MELISSA ROMERO FLORES
    CDV598-1212 JORGE ALBERTO ZELAYA YANEZ
    CDV2328-88 FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS
    CDV599-143 CARLOS OBDULIO PORTILLO
    CDV2329-88 ROSA BERENICE MEZA PALMA
    CDV2330-128 ONRY ONEI MORENO MEJIA
    CDV2331-88 PATRICK GEOVANY PAVON HERNANDEZ
    CDV2335-188 DEYNES DIAZ SOSA
    CDV1394-77 MARIO LEONEL VALLE RIVERA
    CDV2336-98 MAINOR ABIGAIL TELETH GODFRE
    CDV1198-166 FLORENTINO CANALES ENAMORADO
    CDV2377-1919 WALTER ORLANDO TROCHEZ
    CDV674-33 WALTER ESTANISLAO SORTO HERNANDEZ
    CDV970-88 KAROL JANETH CARDENAS
    CDV600-88 OSCAR LEONIDAS BARAHONA RUBI
    CDV809-88 HECTOR OBED GONZALEZ ALONZO
    CDV2341-88 ERICK VIDAL MARTINEZ SALGADO
    CDV1484-66 ROGER IVAN BADOS GONZALEZ
    CDV1575-88 RUBEN ESTRADA ZUNIGA
    CDV1586-136 FRANCISCO CRUZ
    CDV1146-88 MARIO RENE PAVON
    CDV2346-88 EDDY RAMÓN GUIFARRO MEJIA
    CDV1590-66 GUILBERT ALMANZA AREBALO
    CDV1591-1919 GUSTAVO CABRERA
    CDV1593-196 MIGUEL ANGEL NUÑEZ
    CDV1594-196 CESAR CÁRCAMO
    CDV1595-196 JOSE HERNAN RODRIGUEZ
    CDV1597-66 JORGE ALBERTO ALVARADO GUZMÁN
    CDV2347-33 CRESCENCIO MENDOZA
    CDV1602-196 PORFIRIO DOMINGO CASCO AMADOR
    CDV2378-88 KAREN YESSENIA HERNANDEZ MONDRAGON
    CDV602-88 JOSE LUIS RODEZNO OYUELA
    CDV1287-1818 DENIS ALEXANDER RUSEL ANARIBA
    CDV604-44 ANSELMO ROMERO ULLOA
    CDV538-163 WALTER SORTO HERNANDEZ
    CDV2348-1919 JULIA ORESTILIA LOPEZ
    CDV605-188 DENIS DIAZ SOSA
    CDV2379-88 JULIO FUNES BENITES
    CDV608-78 JOSE SANTOS PORTILLO
    CDV610-88 EDGARDO ANTONIO ALVARADO SIERRA
    CDV611-104 LEONIDAS GIRON CARDONA
    CDV1604-146 GUSTAVO ANTONIO MEJÍA ESCOBAR
    CDV1609-196 MARIO HERIBERTO CHAVEZ ALMENDAREZ
    CDV1610-196 JORGE ORLANDO PAZ SANCHEZ
    CDV1613-66 EDWIN EDGARDO RIVERA HENRIQUE
    CDV1616-196 FREDY ANIBAL AGUILAR
    CDV1004-88 LEYLA ELISA DIAZ LOPEZ
    CDV1007-1515 SUYAPA MARIBEL URQUIA
    CDV1012-88 MELINA NATALEI ROQUE SANDOVAL
    CDV1014-68 SONIA MARGARITA BANEGAS HERNANDEZ
    CDV612-178 JOSE ANTONIO ORTIZ ORTEGA
    CDV616-88 DOUGLAS ORLANDO AVILA NUÑEZ
    CDV617-88 ALEJANDRO JOSE CERRATO DIAZ
    CDV996-88 GERARDO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ
    CDV1020-88 RENATO RODRIGUEZ ZAVALA
    CDV1617-196 JOSE CRUZ DOMINGUEZ
    CDV1618-196 RAMON RODRIGUEZ RUIZ
    CDV1276-88 INES OSEGUERA
    CDV1620-196 SANTOS GEOVANY PERDOMO
    CDV2349-1919 ANA BESSY OYUELA MENDEZ
    CDV1621-66 YIMI EDUARDO BERMUDEZ
    CDV1625-66 NAPOLEON ERNESTO BARDALES
    CDV1626-193 ROGELIO ESPINOZA
    CDV1013-88 HECTOR RENÁN SOTO CABALLERO
    CDV1639-33 MARCIAL HERNANDEZ
    CDV1628-58

    CDV1630-88

    CDV1634-88

    CDV1636-88

    CDV1022-88 XIOMARA LIZETH OLIVA AVILA
    CDV2380-88 JOSÉ MANUEL FLORES ARGUIJO
    CDV1614-88 CANAL 36
    CDV619-88 MARVIN GEOVANNY ELVIR PAVON
    CDV620-18 ISIDRO GARCIA ESPAÑA
    CDV621-33 RENE ALCIDES TURCIOS HERNANDEZ
    CDV572-88 JUNIOR ALEXI ACOSTA GIRON
    CDV622-88 JOSE EFRAIN ANDINO JUAREZ
    CDV624-88 TOMAS ENRIQUE GARCIA CASTILLO
    CDV625-68 ROQUE IVAN MORENO
    CDV1643-88

    CDV2350-1919 GABRIEL FINO NORIEGA
    CDV1644-88

    CDV1645-88

    CDV1650-171

    CDV1657-819 JOSE FRANCISCO MEJIA RAMIREZ
    CDV1664-1919 FREDESVINDO CANALES PALMA
    CDV1668-88 EMERSON YOVANNY MARTINEZ
    CDV858-819 ELVIS MANUEL TEJADA FLORES
    CDV1026-88 EVELIA CARMINDA ANDINO CERRATO
    CDV2381-1919 MIRIAM YANETH ROMERO DOMINGUEZ
    CDV1028-88 SUSY WALESKA NUÑEZ GALE
    CDV1031-88 XIOMARA LIZETH BONILLA LUJAN
    CDV2343-158 JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES
    CDV2351-819 PABLO VILLANUEVA CASTILLO
    CDV629-124 RAUL ANTONIO LOPEZ ARGUETA
    CDV630-88 FREDY DANIEL RAMOS SAUCEDA
    CDV631-168 MARIO ROBERTO NUILA COTO
    CDV1681-198 JOSE LUIS REYES RODRIGUEZ
    CDV1687-88 MIGUEL ANGEL REYES RODRIGUEZ
    CDV1653-55

    CDV1661-66

    CDV1663-88

    CDV1666-66

    CDV1669-88

    CDV1670-88

    CDV1671-88

    CDV1672-88

    CDV1674-88

    CDV1683-88

    CDV1682-68

    CDV1685-88

    CDV1688-88 JOVANNY RENE REYES RODRIGUE
    CDV1694-1919 CARLOS ADALBERTO LINARES
    CDV2382-88 GILBERTO ALEXANDER NUÑEZ OCHOA
    CDV1042-88 LESLIE JAMES
    CDV1048-88 ROSA MARGARITA VARGAS ZELAYA
    CDV1056-1010 MARIA ERLINDA DEL CID MIGUEL
    CDV1748-88 NGEL OBED GARAY PALMA
    CDV634-1212 SEBASTIAN CALIX
    CDV636-1212 REINIERY GONZALES DOMINGUES
    CDV637-88 LISANDRO GOMEZ MARTINEZ
    CDV2383-1919 OLAYO SORTO HERNANDEZ
    CDV639-88 HUGO ALBERTO CARBAJAL BANEGAS
    CDV1718-88 GILBERTO ALFREDO ESCOBAR MONTALVAN
    CDV1697-1919 JOSMAN IAN GUEVARA RODRIGUEZ
    CDV1700-198 JOSE CECILIO CRUZ GUEVARA
    CDV1723-1515 EDUARDO ENRIQUE MUÑOZ RODRIGUEZ
    CDV1692-88

    CDV1695-88

    CDV2344-88 PATRICIA ISABEL RODAS BACA
    CDV1710-1616

    CDV1708-58

    CDV1711-88

    CDV1712-88

    CDV1724-1515 RAFAEL LEONARDO SARMIENTO AGUIRIANO
    CDV1755-88 SANDRA YANETH GONZALES CAYETANO
    CDV1070-88 SANTOS APOLINARIA BUSTILLO CANTILLANO
    CDV2345-88 ENRIQUE ALBERTO FLORES LANZA
    CDV1719-819 WALTER OMAR SORTO
    CDV1721-198 MILTON OMAR AVILA BENITEZ
    CDV1722-77 GERARDO ANTONIO VALLADARES
    CDV640-184 DIOGENES FLORES BUESO
    CDV643-88 ANTONIO PORTA ALVAREZ
    CDV645-88 ALLAN SALIM CENTENO MISELEM
    CDV656-88 RENE JAVIER JUAREZ LOPEZ
    CDV1940-188 LUIS ODILVER NUÑEZ FUNEZ
    CDV1553-176 VICTOR MODESTO FIALLOS PAZ
    CDV1607-66 JOSÉ EDGARDO CASTRO RODRIGUEZ
    CDV530-78 CARLOS FERNANDO SAUCEDA FLORES
    CDV700-66 LUIS GERARDO ALVARADO CRUZ
    CDV899-1916 GUILLERMO BARRIENTOS AMAYA
    CDV1021-196 ALLAN JOSUE ALVARADO GARCIA
    CDV724-88 ANTONI DOLT
    CDV864-196 ASDRUVAL ROBERTO AGUILAR ORELLANA
    CDV1044-166 OSCAR LOPEZ
    CDV1300-66 JORGE ALBERO ALVARADO GUZMÁN
    CDV2384-88 SANTOS REMIGIO AVILA
    CDV1074-66

    CDV1076-410 REYNA DEL CARMEN RODRIGUEZ
    CDV1083-66 IRIS YOLANDA MUNGUIA FIGUEROA
    CDV1073-77 ANTONIA DAMARYS COELLO MENDOZA
    CDV1739-198 JOSE AMILCAR ESPINOZA PERDOMO
    CDV1097-196 OLGA LIDIA CASTRO
    CDV1740-88 ALEXIS ISAAC CERRATO
    CDV1741-88 MANUEL DE JESUS ZELAYA AMAYA
    CDV1101-196 ONELIA JOSEFA RAMIREZ TORRES
    CDV1102-88 BLANCA IZAMAR SILVA CLAROS
    CDV1105-108 YADIRA WALESKA EGUIGURE BORJAS
    CDV1106-88 MARIA TOMASA MORALES CASTILLO
    CDV1107-88 MARIA NATIVIDAD ALVARADO MATAMOROS
    CDV1109-88 EXANDRA MARCELA DUARTE LANZA
    CDV1126-1717 ALMA VERONICA CANALES TORRES
    CDV1131-88 MARGARITA PALMA GARMENDIA
    CDV1147-88 ZAIDA ELIZABETH BUESO FLORES
    CDV1149-88 MIRIAM YOLANDA FLORES RODAS
    CDV1153-158 JESUS EXCIMANDA CHANDIAS ZUNIGA
    CDV1155-88 FRANCIS ELIZABETH MONCADA SILVA
    CDV659-1318 CLAUDIO QUINTANILLA FLORES
    CDV1157-86 CRISTINA COLINDRES ALVAREZ
    CDV1166-88 GENESIS REVECA VALLE ROMERO
    CDV1762-619 JUAN GABRIEL FIGUEROA TOME
    CDV1167-198 REINA ARACELY GARCIA
    CDV1171-88 ELSI ONEIDA ARTICA ALVAREZ
    CDV1173-66 MARIA ELENA SABILLON
    CDV1176-183 DIGNA MIRANDA
    CDV1188-88 WENDY YADIRA MARTINEZ OYUELA
    CDV1191-88 BERTHA LILIBETH REYES CARTAJENA
    CDV1230-163 GUADALUPE GALLARDO
    CDV1234-22 FATIMA XIOMARA PALMA
    CDV1241-88 ANA JULIA MEDINA CRUZ
    CDV1242-1918 ANGELICA BENITEZ
    CDV1247-86 DULCE MARIA VILLANUEVA SANCHEZ
    CDV1254-33 SINDY VELASQUEZ
    CDV1282-196 MARLENI LIDABETH RIOS
    CDV1288-88 CANDY PAMELA RIVERA DUARTE
    CDV1290-188 ANA ROSA MURILLO
    CDV1291-88 MARIA DEL ROSARIO BARAHONA
    CDV1304-88 YANETH MARLENE MOLINA NUÑEZ
    CDV1312-88 IRIS MERCEDES BUSTILLO ROQUE
    CDV1313-88 DAYSI GABRIELA AMADOR RAMIREZ
    CDV1314-1818 ROSA CRISTANA RODRIGUEZ TORTI
    CDV1315-88 DULCE PATRICIA VILLANUEVA RODAS
    CDV1330-86 TIRZA DEL CARMEN FLORES LANZA
    CDV1350-33 SUYAPA MEJIA
    CDV1355-66 ISBELA ORELLANA RAMIREZ
    CDV1357-196 GREISY JUDITH RIVERA CASTRO
    CDV1365-1818 KARLA PATRICIA RIVAS SANCHEZ
    CDV1372-88 NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA
    CDV1374-410 REYNA DEL CARMEN RODRIGUEZ
    CDV1376-198 GUILLERMINA MOLINA CASTRO
    CDV1377-198 BESSY GABRIELA PINEDA ANDRADE
    CDV1378-198 SONIA ISABEL CASTEJÓN SOTO
    CDV1381-193 ELISELDA GUARDADO
    CDV1380-197 MARGARITA MERLO
    CDV1382-66 IRIS YOLANDA MUNGUÍA FIGUEROA
    CDV1383-193 ROSA ANGÉLICA ANDRADE
    CDV1384-86 SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA
    CDV1392-88 LOURDES DEL SOCORRO ROMERO MOLINA
    CDV1760-11 FRANCISCA CASTILLO LAZO
    CDV1395-193 HEYDI GISELA TINOCO
    CDV1396-198 REBECA ETHEL BECERRA LANZA
    CDV1397-196 IVONNE GARCÍA BUESO
    CDV836-1515 CARLOS BERNARDO ERAZO OSORIO
    CDV1401-198 MARÍA AMALIA REYES
    CDV2385-1919 EFRAÍN LÓPEZ
    CDV837-88 JOSE MANUEL MARTINEZ MARTINEZ
    CDV1403-198 MELINA NATALIE ROQUE SANDOVAL
    CDV1410-196 MARY LORENA VALLECILLO
    CDV840-1212 GERBER ALEXANDER LOPEZ VASQUEZ
    CDV1411-88 REINA SANCHEZ
    CDV842-168 MARLON ALAIN ARGUETA CABRERA
    CDV1415-198 KENIA IRÍAS
    CDV1416-1915 MARIBEL URQUÍA
    CDV1417-194 NANCY ESTRADA
    CDV845-128 PABLO EMILIO VALENZUELA MARTINEZ
    CDV1418-1912 MARÍA EDITH VILLANUEVA
    CDV1424-66 KEYLIN DANIELA VASQUEZ
    CDV1412-1219 REINA ISABEL ARGUETA HERNANDEZ
    CDV1071-78 ROMAN LEONEL VALERIO ALMENDARES
    CDV1366-146 MANUEL ISAURO CANTORAL RAMIREZ
    CDV869-148 OSCAR EDGARDO VILLANUEVA ROSA
    CDV876-68 ROGER IVAN LOPEZ DAVILA
    CDV2355-1919 ISY OBED MURILLO MENCIAS
    CDV45-44 DAYSI LOURDES BARAHONA
    CDV881-88 MARVIN YOVANY VELIZ VARELA
    CDV883-1919 JOSÉ JULIO UMAÑA GUZMÁN
    CDV1310-166 JOSÓ ELIDIO SABILLON
    CDV1370-136 ANTONIO NUÑEZ GARCIA
    CDV1420-66 JOSE ALCIDES ALVAREZ ESTRADA
    CDV48-44 NUBIA GRICELDA BARAHONA
    CDV60-1010 NELLY GUADALUPE DOBLADO GUEVARA
    CDV61-1010 MARIA LILA GIRON CERVANTES
    CDV62-84 REGINA ISABEL CANTARERO
    CDV69-144 IRMA JANETH VELASQUEZ MEJIA
    CDV1678-88

    CDV97-173 ESLY EMPERATRIZ BANEGAS AVILA
    CDV99-44 ELVIA TRINIDAD GUILLEN GUZMAN
    CDV1430-1912 REINA LUZ CÁLIX
    CDV2356-11 ANASTACIO BARRERA
    CDV1432-193 NORMA RODRÍGUEZ
    CDV2387-1919 ANDRÉS OVIEDO
    CDV1433-519 DIGBYANA CRUZ
    CDV1434-819 ANA LUCIA PADILLA LANZA
    CDV1437-1019 MAYRIN LEMUZ
    CDV1438-198 ANA BEATRIZ MEJÍA PEÑA
    CDV1439-66 ZENAIDA CATALINA ZEPEDA
    CDV1440-1919 PETRONA CASCO
    CDV1442-1919 LIGIA CASCO
    CDV1444-198 BESSY GABRIELA PINEDA ANDRADE
    CDV1445-193 ANGELINA AGUILAR
    CDV1446-1912 MARÍA JOSEFINA LÓPEZ
    CDV1447-1919 MARTA LUZ AMADOR
    CDV1448-198 LILIA ROSIBEL PAZ LAÍNEZ
    CDV1449-193 GRACE IVONNE RODRÍGUEZ ROMERO
    CDV1450-198 NERY ARGENTINA RIVERA
    CDV1451-1919 KAREN MÉNDEZ
    CDV1452-196 KELLY ANDREA MARTÍNEZ
    CDV1453-196 FABRIZZIA SÁNCHEZ
    CDV1455-198 SABBY GABRIELA HERNÁNDEZ
    CDV1456-719 MELISSA MIRANDA AGUILERA
    CDV1463-88 LOURDES RAMONA ESCOTO BARAHONA
    CDV1467-88 GLADYS MERCEDES ALVAREZ
    CDV1469-88 JOHANY MELISSA GALINDO ANDINO
    CDV1470-88 MABEL YACQUELIN GARCIA GUEVARA
    CDV1471-88 KENIA NOHEMY LOPEZ VALLADARES
    CDV1476-1919 TERESA DE JESUS RIVERA
    CDV1478-198 ITALIA GARCIA PADILLA
    CDV1479-1919 WENDY ELIZABETH ÁVILA
    CDV1481-1919 LEYLI VERÓNICA SALGADO
    CDV1482-1919 JENNY ALICIA MARTÍNEZ MEDINA
    CDV1483-198 NELSY OQUELÍ LARIOS LÓPEZ
    CDV1487-198 NOEMÍ ESTER PÉREZ BORJA
    CDV1488-196 ANA LIZETTE CASTRO SARMIENTO
    CDV1494-719 LUISA SUYAPA LOPEZ
    CDV1495-1719 LILA EMPERATRIZ LARIOS
    CDV1496-1919 MARIA ELVIRA HERRERA
    CDV1497-88 JENNY SINEDELY ESPINAL GARCIA
    CDV1498-1919 MARIA PAGUAGA
    CDV1499-198 AMELIA PAGUAGA
    CDV1500-1919 GLADYS ORDOÑEZ
    CDV1535-178 ILSE IVANIA VELASQUEZ RODRIGUEZ
    CDV1545-88 BERTHA MARGARITA MARTINEZ
    CDV1491-78 CLARIBEL OLIVERA HERRERA
    CDV1546-88 NOHEMI ELIZABETH LOPEZ YANES
    CDV1549-88 MARINA DE JESUS ZEPEDA VASQUEZ
    CDV1551-88 LIGIA XIOMARA MACIAS DIAZ
    CDV1558-1918 ROSA ELENA FUENTES AVILA
    CDV901-66 IRMA MELISSA VILLANUEVA
    CDV1599-819 DANIELA FERNANDA MONCADA NAVARRO
    CDV1600-196 LUVIS LAÍNEZ DE ROMÁN
    CDV1601-55 VILMA LUZ FLORES LAGOS
    CDV1605-1818 MARTHA LUZ AVILA MONTOYA
    CDV1608-88 DIANA LIZETH GARCIA ORTEGA
    CDV1623-1818 ROXANA CRISTINA RODRIGUEZ TORTI
    CDV1624-106 ELENA MARQUEZ DELCID
    CDV1684-88 MARIA ELENA REYES RODRIGUEZ
    CDV1637-195 DORIS ALICIA MURILLO GARCIA
    CDV1640-86 ANA LIZETTE CASTRO SARMIENTO
    CDV1655-88 LUCY ALBERTINA BARAHONA PAVON
    CDV1656-198 ZOILA ADELA ALARCON MEJIA
    CDV1662-88

    CDV1676-88

    CDV1686-88

    CDV1680-66

    CDV1698-198 CRISTIAN ALEJANDRA ZELAYA ZELAYA
    CDV1702-1919 MARGARITA ELIZABETH PAVON MAIRENA
    CDV1704-198 MELINA NATALIE ROQUE SANDOVAL
    CDV1559-77 KENIA RAQUEL ZERON RODRIGUEZ
    CDV1714-88 REBECA ETHEL BECERRA LANZA
    CDV1715-198 NOHEMI LIZETH CARIAS GIRON
    CDV1736-1919 ISABEL SILVA SANCHEZ
    CDV1738-198 WALDINA LIZETH FLORES
    CDV1921-32 HILDA IDALIA CRUZ REYES
    CDV1622-176 LILIAN GUTIERREZ CARABANTES
    CDV418-88 MARÍA OFELIA VARELA
    CDV540-1818 LUCY LIZETTE MENDOZA DIAZ
    CDV983-66 SARA SIERRA SABIO
    CDV2388-88 OSCAR TULIO MARTINEZ
    CDV1082-819 ENGELS MARTIN PINEDA GARCIA
    CDV2389-1919 JORGE ALBERTO CASTRO RAMÍREZ
    CDV2390-1919 TERESA DE JESÚS FLORES RIVERA
    CDV2391-1919 EDUARDO ANTONIO HERNANDEZ MURCIA
    CDV2392-88 INÉS CONCEPCION OSEGUERA
    CDV2361-1919 MOISÉS GARCÍA GÓMEZ
    CDV2362-88 ROGER ABRAHAM VALLEJO SORIANO
    CDV2394-88 JOSEPH ANDONY HERNANDEZ OCHOA
    CDV2363-1919 PEDRO PABLO HERNANDEZ
    CDV1063-86 DELIA ZELAYA ZELAYA
    CDV2364-1919 JUAN GABRIEL FIGUEROA TOME
    CDV2395-1919 NAHÚN ELIT PALACIOS ARTIAGA
    CDV2396-1919 LUIS ARTURO 0 MONDRAGÒN
    CDV2365-1919 FELIX ORLANDO MURILLO LOPEZ
    CDV1629-78

    CDV2397-1919 ISRAEL ZELAYA DÍAZ
    CDV2366-88 FRANCISCO ALVARADO
    CDV2398-1919 HÉCTOR FRANCISCO MEDINA POLANCO
    CDV1726-66 JULIO CESAR TORRES LOPEZ
    CDV1727-88 VIRGILIO ANTONIO LOPEZ OSORIO
    CDV1728-88 CARLOS HUMBERTO BRICEÑO TORRES
    CDV1732-88 MARCOS ELIUD GIRON PORTILLO
    CDV1733-198 AMADO SANDOVAL PEÑA
    CDV1735-198 MILTON OMAR AVILA BENITEZ
    CDV1737-198 JOSE MARIA MEZA ESTRADA


    3.5 Impacto psicosocial de las violaciones de derechos humanos en Honduras. Consecuencias psicosociales del golpe de Estado

    En este lugar tan hondo de la América herida corre el llanto y el sudor confundiéndose sobre la marcha; un sabor amargo a lágrimas se desliza desde el cielo lloviendo en testimonio fijo de tinta sobre paredes.
    Poema. Aquí, en esta Hondura entrañable, se escribe la historia
    Yadira Eguigure

    Introducción

    En este apartado se analizan las consecuencias individuales y colectivas de las violaciones de derechos humanos perpetradas en el marco del golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Por esta relación dialéctica entre lo individual y lo colectivo, lo personal y lo social, hablamos de impacto psicosocial.

    Por lo general, se califica como trauma psíquico la particular herida que una experiencia difícil o excepcional (la muerte de un ser querido, una situación de particular tensión o sufrimiento, algún hecho dolorosamente frustrante) deja en una persona concreta. A veces se utiliza el término trauma social para referirse a cómo algún proceso histórico puede haber dejado afectada a toda una población; por ejemplo, el caso del pueblo alemán y del pueblo judío tras la experiencia de la "solución final".

    Al hablar de trauma psicosocial se quieren subrayar también otros dos aspectos, que con frecuencia tienden a olvidarse:

    a) que la herida que afecta a las personas ha sido producida socialmente, es decir, sus raíces no se encuentran en el individuo, sino en su sociedad,
    b) que su misma naturaleza se alimenta y mantiene en la relación entre el individuo y la sociedad, a través de diversas mediaciones institucionales, grupales e incluso individuales, lo cual tiene obvias e importantes consecuencias a la hora de determinar qué debe hacerse para superar estos traumas. |1|

    Estas violaciones contribuyeron a generar un clima de miedo y terror con un fuerte impacto social y colectivo. En otras ocasiones las violaciones han afectado a grupos específicos, ya sean de carácter político, social o comunitario. Por otra parte, las características del contexto ayudan a entender y situar los impactos colectivos y también la experiencia individual de las víctimas y sus familias.

    Metodología de análisis de los testimonios

    Para este capítulo fueron revisadas 419 fichas psicológicas obtenidas directamente en la toma de testimonios durante las jornadas itinerantes realizadas a nivel nacional y en la oficina de atención a víctimas de la Comisión de Verdad, en Tegucigalpa.

    Es pueblo de 30 vecinos españoles y en su jurisdicción... (Los puntos significan que el autor no tenia datos seguros, por que Choluteca hasta entonces había estado en decadencia)

    Para efectos del análisis, los testimonios fueron sistematizados según las siguientes categorías:

  • Líderes y miembros de sindicatos y de la protesta social
  • Ex funcionarios públicos (del gobierno de José Manuel Zelaya Rosales)
  • Amas de casa
  • Campesinos
  • Docentes
  • Periodistas
  • Exiliados

    A partir de estas categorías se analizó el impacto psicosocial, considerando los siguientes aspectos:

    Vida cotidiana y hechos

    a. Vida laboral y económica
    b. Vida familiar y de pareja
    c. Relaciones sociales y actividades de esparcimiento

    Clima emocional

    d. Miedo y problemas de seguridad
    e. No participación ciudadana
    f. Etiquetamiento y discriminación
    g. Silencio
    h. Desprestigio
    i. Pérdida de confianza social (reclamo por verdad y justicia)

    Percepción de la polarización de la sociedad

    j. Pérdida de confianza en el Estado y entre personas desconocidas

    Criminalización de la protesta
    Impacto en las mujeres
    Impacto en la niñez
    Impacto individual

    k. Sintomatología de estrés post-traumático
    l. Depresión
    m. Enfermedades psicosomáticas
    n. Culpa y percepción de irreversibilidad
    o. Alteración del proyecto de vida (desplazamiento)

    El proceso de entrevistas a las víctimas involucradas en este documento, se desarrolla en un ambiente de confianza entre la persona entrevistada y quien entrevista. Este ambiente de confianza se caracteriza por generar espacios de conversación donde la empatía, solidaridad e interés, estuvieron presentes desde el primer momento.

    Una vez establecido el contacto con la persona se procede a desarrollar un cuestionario semiestructurado con preguntas abiertas y cerradas, para la exploración de los aspectos a investigar.

    La información obtenida brinda datos útiles para la comprensión y valoración del impacto psicosocial en las víctimas de violaciones a sus derechos humanos y sus familiares. El cuestionario utilizado se encuentra en los anexos.

    La ficha psicológica visualiza el impacto de las violaciones que se abordan en este capítulo.

    Análisis del impacto psicosocial, según las categorías abordadas.


    1. Líderes sindicales y de la protesta social

    Vida cotidiana y hechos

    Este apartado se refiere al impacto psicosocial en los líderes y miembros de las organizaciones sindicales, y de las organizaciones que coordinan la protesta social. Fueron afectados (as) en su mayoría durante las represiones contra las manifestaciones públicas antes, durante y después del golpe de Estado; quienes gozaron de un perfil más alto fueron (y en muchos casos continúan siendo) perseguidos, señalados, amenazados y asesinados por los órganos represivos del Estado, por las personas que estaban a favor del golpe de Estado y por grupos de poder relativo.

    Vida laboral y económica

    La vida laboral de los líderes sindicales e integrantes de la protesta social se vio afectada de diversas maneras a partir del golpe de Estado. Algunas de las víctimas vieron reducidos sus ingresos, dependiendo del sector en el que laboraban; por ejemplo, los comerciantes y propietarios de negocios padecieron la reducción de las horas productivas debido al sentimiento de inseguridad aunado a la polarización de la sociedad, que causó rupturas en el mercado, afectando las ventas y negocios entre personas con ideologías contrarias, evidenciadas luego del golpe. Los trabajadores artesanales, taxistas y vendedores ambulantes, que no tienen ingresos fijos, se vieron obligados a buscar otras formas alternas para percibir ingresos.

    "Dejé de trabajar por cinco meses en bisutería, y eso me bajó mis ingresos, después que mataron a mi compañera, ahora mi esposo me acompaña; mi trabajo es para apoyar la organización a la que pertenezco, solo me dan viáticos, no recibo sueldo…". |2|

    Los contratos fueron violados y rotos por parte de los contratantes, especialmente por el gobierno. Muchas personas fueron despedidas sin preaviso, prestaciones ni jubilaciones, y quedaron sin salario por algún tiempo, pues encontrar nuevos empleos no resultó tarea fácil debido a los señalamientos contra líderes sindicales y participantes de la protesta social, a esto se agrega a la crisis económica caracterizada por el alto índice de desempleo. Las personas que lograron obtener un nuevo trabajo no alcanzaron a negociar salarios similares a los que tenían antes del golpe, están sub empleados o en algunas ocasiones aceptaron trabajos para los que no estaban preparados.

    "Cuando voy a dejar un curriculum a una empresa, y ven que soy sindicalista no me aceptan, tenemos dificultad para adquirir un empleo, por ser parte de la resistencia, y me dejaban en espera" |3|

    Los sindicalistas y líderes de la protesta social que mantienen sus empleos se sienten amenazados y en ambientes hostiles donde se perciben señalados y perseguidos, lo que dificulta la forma en que realizan sus labores. No tienen un clima laboral adecuado para desempeñarse de manera eficiente. Esto aumenta el estrés y desavenencias con los jefes y compañeros de trabajo. La amenaza de pérdida de empleo es latente, y las presiones económicas y laborales son intensas.

    "Al haber cambio de gobierno, había señalamientos, ambiente hostil, desacuerdos con mi jefe; siento que puedo perder mi empleo en el proyecto que estoy trabajando actualmente." |4|

    En una minoría de los casos, los sindicalistas y miembros de la protesta social encontraron apoyo en sus compañeros de trabajo o de sector, por sus objetivos afines. Un fenómeno interesante fue que las personas que mejoraron sus ingresos lo hicieron comercializando casi exclusivamente con las personas que comparten sus ideales.

    Diversas circunstancias a partir del golpe de Estado han causado que la vida laboral de miles de hondureños esté en precarias condiciones, con ingresos bajos en ocupaciones para las que están sobre calificados, perseguidos, amenazados de perder sus empleos y sin disfrutar de su ambiente laboral.

    Otros sectores que fueron impactados negativamente son los médicos y vendedores de bienes y servicios.

    "Ha disminuido la afluencia de pacientes a mi clínica, después del golpe de Estado, el Alcalde ha pedido a sus conocidos que no me visiten." |5|

    "Si salimos, lo hacemos con temor; entonces, tratamos de salir con mucha gente; con proveedores de materiales médicos, tuvimos un altercado por diferencias ideológicas, y ya no me visitan." |6|

    Vida familiar

    La vida familiar de los sindicalistas y líderes de la movilización social en contra del golpe de Estado ha sido afectada por diversas razones. La polarización de la sociedad llegó a afectar el núcleo familiar de forma que entre las relaciones que definen la dinámica de los miembros de la familia ha habido puntos encontrados que generan tensión. Esposas han pedido a sus esposos que abandonen sus actividades dentro de sus organizaciones por el riesgo que estas representan, y de la misma manera esposos piden a sus esposas que renuncien a sus ideales para preservar lo que consideran el bienestar de la familia. Esto es acrecentado por las amenazas directas que reciben por diferentes medios, y los hechos concretos a los que han sido sometidos (muertes de amigos y parientes, golpes, heridas, exposición a gases tóxicos), además de la inseguridad manifiesta en la que vive la población. Estas discrepancias en puntos de vista y opiniones políticas causan un impacto en las relaciones, lo que puede llevar a acrecentar un conflicto ya existente o a desestabilizar una relación que previamente era armoniosa.

    "… mi esposa no me apoya del todo, no me entiende, mi hijo anduvo conmigo y sufrió lo mismo, lo económico y alimentario sigue crítico." |7|

    Esto incluso llega a afectar las relaciones sexuales entre las parejas, las personas manifiestan pérdida de interés, preocupación por asuntos externos a la relación, disfunción eréctil y frigidez.

    "… he tenido dificultades, creo que por el daño físico y psicológico he tenido impotencia; no he podido volver a la normalidad, puede ser por la edad, pero apareció después de los hechos." |8|

    Los hijos e hijas menores tienen miedo de que algo ocurra a sus padres y madres, son expuestos por vídeos, fotografías, relatos o viven de manera personal los hechos de violencia, como los asesinatos, golpizas y exposiciones a gases tóxicos, a los que este sector es víctima, estos son hechos que los atemorizan. Tienen una preocupación latente por la vida de sus progenitores y al no poder intervenir en las decisiones adultas se ven obligados a pasar momentos de tensión y angustia cuando sus padres se ausentan, diferentes a los que se enfrentan niños y niñas que no temen el riesgo de que sus cuidadores al volver estén golpeados, heridos, o que no regresen del todo.

    "Mis niñas se sentían impotentes cuando me vieron golpeada, la más pequeñita, me hizo una carta donde me decía que quería ser grande para cuidarme... mis demás familiares estaban preocupadas por si me pasaba algo." |9|

    Las hijas e hijos mayores participan por elección propia en los movimientos a favor o en contra del golpe de Estado, lo que genera un estado de alerta en sus parientes cercanos. En ocasiones padres e hijos enfrentan juntos las dificultades y asumen las responsabilidades compartidas del hogar; existe un cambio de roles donde los y las jóvenes postergan sus estudios para dedicar más tiempo a ayudar a sus familias, ya que el factor económico es un aspecto relevante de los problemas que surgen tras el golpe de Estado. Las familias no tienen el ingreso necesario para satisfacer sus necesidades básicas y el tiempo dedicado a la lucha en las calles en manifestaciones públicas y el activismo social, quita tiempo de trabajo, y en consecuencia también bajan los ingresos. Los ancianos (as) también sufren preocupación por lo que pueda suceder en el futuro, aunque saben que tal vez no lo vivan, mantienen la esperanza de que sea mejor del que ellos y ellas vivieron.

    "Mi mamá pasa temerosa, de todos los movimientos que hago, me dice casi que no salga, ni siquiera a dar estas declaraciones..." |10|

    Muchas familias también han encontrado apoyo entre sus miembros y se sustentan entre sí para no caer. De esta manera logran seguir enfrentando los dilemas políticos que tienen fuera de sus hogares, porque tienen un refugio donde sus ideas convergen y no se sienten amenazados. La libertad de poder dar opiniones en el hogar es un gran alivio de las tensiones del diario vivir. El apoyo intra familiar es una de las condiciones para poder dar respuestas emocionales saludables a las tensiones generadas durante el conflicto.

    Relaciones sociales y actividades de esparcimiento

    Los espacios de recreación y vida social se redujeron tras el golpe de Estado para los y las líderes sindicales y de la protesta social, el temor por ser señalados y perseguidos (as) por los mecanismos de represión, más la ruptura con amistades con ideologías distintas fueron las causas principales para dejar de visitar lugares a donde disfrutaban ir con anterioridad. Los asesinatos, robos, asaltos y secuestros cometidos por criminales comunes o por los mecanismos de represión institucionalizados, además de las amenazas directas, crean un clima de inseguridad. Es relatado el hecho de cómo se han limitado las salidas únicamente a lo necesario, ir de compras, al trabajo y las actividades placenteras se han dejado de lado. El círculo de amistades cambió, volviéndose los y las miembros de las organizaciones a las que pertenecen o sus similares, sus principales contactos fuera del círculo familiar. Las personas más afectadas ya no encuentran la misma satisfacción al realizar las actividades en las que anteriormente se entretenían. La inseguridad percibida, más la falta de recursos económicos limita las posibilidades de que esta situación se modifique de manera significativa tras los hechos. Por ejemplo, actividades sencillas como salir a pasear o a ejercitarse al aire libre, se volvieron maniobras clandestinas en la cuales lo más importante era mantener un perfil bajo para no ser detectado por los órganos represivos. La falta de confianza en policías y militares que existía antes del golpe se transformó en miedo y en muchas personas que fueron víctimas o testigos de ataques por parte de dichas fuerzas la desconfianza se convirtió en aversión, y prefieren evitar el contacto o la cercanía con ellos.

    Vecinos (as), familiares y amigos (as) se distanciaron por tener diferentes visiones de lo que acontecía en el país. Comunidades vivieron esta separación y las personas que ostentaban el poder pudieron excluir a los sectores que se oponían, es un hecho recurrente el relato de cómo alcaldes y otros representantes del poder político usaban sus recursos para dejar a miembros de la población al margen de los eventos públicos de los que tenían derecho a gozar. También esta división se vivió dentro de las iglesias y cultos religiosos, miembros de las organizaciones populares fueron separadas arbitrariamente de los lugares donde profesaban sus creencias por participar en la protesta social, otras por su propia elección dejaron de asistir, ya que no compartían las posturas de los y las líderes religiosos.

    Actividades sencillas como salir a pasear o a ejercitarse al aire libre, se volvieron maniobras clandestinas en la cuales lo más importante era mantener un perfil bajo.

    "… tenemos miedo de salir porque nos tienen odio, tuvimos que salir de la feria de ***** por temor a ser golpeados, el alcalde no nos quiere." |11|

    "Me siento excluida en mi comunidad, no nos toman en cuenta en las reuniones porque soy resistencia, dicen que gente revoltosa no quieren... No me dan ganas de salir a ningún lado. Mi tío que era alcalde, ya murió, antes del golpe nos llevábamos bien, después se burlaba de mí y me decía: Ya venís de aguantar gas". |12|

    Un caso particular es el de las personas que encontraron en estos grupos un ambiente donde se sienten a gusto y del que disfrutan, encontraron en estos espacios un lugar donde participar y expresar lo que creen. El poder de manifestarse de manera libre y enfrentarse a los sujetos que perpetraron el golpe de Estado es una motivación que reencontró a muchas personas con el espíritu de participación que habían perdido.

    "… .porque ahora no me gusta salir con las mismas ganas, no siento placer al andar en eso... Lo que si me agrada es andar en las marchas y escuchar la música de protesta." |13|

    Clima emocional

    El sentimiento de miedo es una característica presente en todos los sectores luego de los eventos del 28 de junio del 2009, pero la exposición directa a hechos que pueden ser considerados traumáticos es un factor que hace que esta sensación sea distinta en este colectivo, ya que han vivido escenas en donde en realidad han sentido su vida en peligro, y en muchos casos el hecho de ver de manera presencial o por medios de comunicación cómo los agentes del Estado han usado la violencia para aterrorizar genera un estado de angustia. Los asesinatos, la tortura, los golpes con tolete, patadas, puñetazos, exposiciones a gases tóxicos, el constante uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional y el ejército es el factor determinante para mantener los niveles de ansiedad elevados debido al miedo de ser o de volver a ser abusado.

    Sentir la presencia de los victimarios en las cercanías de barrios y colonias, con el conocimiento previo de la inexistencia de medidas de control y sanción por parte del Estado, genera un clima de inseguridad; los manifestantes sienten que son identificados, fotografiados y reciben amenazas en sus teléfonos celulares, por mensajes de texto o llamadas, y consideran que pueden ser perseguidos y asesinados. No salen de sus casas y la cultura del silencio y de la no denuncia se incrementa, ya que no hay confianza en los mecanismos encargados de impartir justicia.

    "… siento dolor por la familia que murió, mi amigo que murió… Toda la gente de ahí sabe quién fue, pero nadie puede decir nada; ellos nos dicen: "ver, oír y callar"..." |14|

    "… nos golpearon , los policías y los militares encerraron a la gente, tiraron bombas lacrimógenas, tiros; agarré carrera al monte y me fueron a traer, me golpearon brutalmente como animal, con garrotes, con los fusiles, me decían: maldito perro te vamos a matar y yo les decía: no me maten por favor tengo mis hijos, y decían: mata a este perro, me dejaron de muerte, inválido, me faltó poquito para morirme, me metieron a un camión y nos encerraron en la policía. Me quebraron el brazo izquierdo, me quebraron una costilla, me rajaron la cabeza, me hirieron con un fusil. Me llevaron al hospital de Santa Teresa, me trataron bien la primera vez y la segunda no me quisieron atender, me regresaron a la bartolina, éramos trece, yo era el más golpeado. Yo no quería venir por temor, me pueden buscar para hacer una cosa. Casi no salgo de la casa por miedo, estuve cuatro meses en cama. Ya no puedo trabajar, se me duerme el hombro izquierdo, me siento y me duele la columna, del dolor cuando uso el azadón parece que se me va a caer el brazo, me pegan mareos para dormir del lado derecho y padezco de olvido..." |15|

    Los medios de comunicación y el sector judicial afines al gobierno de facto los etiqueta como "revoltosos". Se ha criminalizado la protesta, son acusados de vandalismo, daños a la propiedad privada, sedición y terrorismo. Son procesados criminalmente. En sus comunidades no se sienten bien, ya que el estigma de ser un criminal no les permite disfrutar plenamente de sus vidas. Sienten que la opinión pública está en su contra, son señalados como los responsables del momento de crisis y de inseguridad. Quienes tienen orden de captura permanecen en estado de alerta, se ven forzados a salir de sus casas por el temor de ser capturados. Se presentan a los juzgados bajo amenazas, lo que solo agudiza el sentimiento de desprotección. Los acontecimientos recientes recuerdan las sensaciones de la década de los 80 cuando la tensión derivada de la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional mantenía a la población con miedo y desconfianza en las autoridades del Estado.

    "Soy uno de los dirigentes de la zona de ******* y al saber que han habido falsos positivos (infiltrados, asesinatos) en varios lados del país, tengo ese temor, que me sobresale frecuentemente, de morir en un accidente provocado, a veces voy por la calle pendiente..." |16|

    "Efectivamente me siguen, por ser dirigente del FNRP en la zona y en otros movimientos contra la corrupción desde la década de los 80, y siempre tengo la certeza y el temor que andan tras de mí..." |17|

    Las campañas de desprestigio en contra de los líderes sindicales y de la movilización social son un método usado constantemente durante los últimos años para desvirtuar los movimientos populares. Tienen como objetivo hacer que la población dude de la integridad de las personas en las que han depositado su confianza. Las acusaciones de corrupción, de pertenecer a líneas de pensamiento que buscan el caos, de estar confabulados con gobiernos de otros países para vender la soberanía y de ser los responsables de crímenes, son usadas constantemente en los medios de comunicación. Se les ha acusado de comunistas, socialistas y terroristas, intercambiando estas palabras casi como sinónimos, se ha desinformado a la población sobre las realidades de otros países con tendencias económicas y políticas distintas (en Venezuela se roban a los niños para el ejército, los comunistas y Fidel Castro son ateos, Hugo Chávez está aliado con el diablo) y la propaganda en contra del comunismo y socialismo se ha basado en ataques para generar miedo y no en criticar las bases estructurales de dichos modelos (el comunismo trae pobreza, el socialismo es diabólico). Aunque los ataques a dirigentes, sean o no falsos, cumplen la función de generar duda, lo que incrementa el clima de desconfianza y mantiene el tejido social tenso y desequilibrado.

    También existen personajes de la vida pública que por sus acciones incongruentes en cuanto al discurso dentro del régimen de Porfirio Lobo Sosa perdieron la confianza del pueblo que los seguía, estos casos son diferentes ya que no existe una campaña en su contra; sin embargo, su accionar político los ha llevado a posiciones contrarias a las que profesaban previamente.

    El pedido de justicia y verdad es el reclamo más grande que estos pobladores tienen. Desean ver que los victimarios sean judicializados y sentenciados por el debido proceso y que los hechos sean expuestos como ocurrieron, sin censurar nombres ni atrocidades cometidas por los enjuiciados. El reconocimiento de responsabilidades por parte del Estado y la promesa de planear y ejecutar programas para evitar que vuelvan a ocurrir significaría la mayor victoria para las víctimas, que han luchado por la transformación integral de la realidad nacional.

    "Esto se tiene que superar, no puede ser eterno, la política que tenemos no puede ser eterna y la represión tampoco, tiene que haber un momento en que podamos relajarnos, aunque no se pueda olvidar." |18|

    Polarización de la sociedad

    La sociedad en general se encuentra con opinión dividida respecto a lo sucedido, una parte apoya el golpe de Estado y otra lo rechaza absolutamente. Una tercera parte de la población podría ser considerada neutral pero jamás indiferente, pues siempre acaba inclinándose hacia un lado más que al otro. La mayor evidencia de esta polarización se observó en las fechas inmediatamente posteriores al 28 de junio de 2009, cuando hubo manifestaciones públicas de respaldo a cada posición, unas apoyadas por el gobierno de facto de Roberto Michelletti y las otras reprimidas por el aparato represor que incluyó policías, soldados, fuerzas especiales, reservistas y grupos con poder relativo. Así se incrementó aún más el daño al tejido social, rompiendo redes que anteriormente eran fortalecidas en un ambiente de solidaridad, transformándolas en relaciones hostiles donde prevalece la desconfianza entre pares (en edad, género, estrato social), ya que la posibilidad de ser denunciado o atacado está latente en los pensamientos de los líderes sindicales y de la movilización social. Las relaciones con vecinos, familiares y amigos fueron alteradas al expresarse en ideologías contrarias.

    Este nivel de desacuerdo social afectó familias; relaciones entre madres y padres con hijos e hijas cambiaron. Se perdió la confianza con las personas cercanas. Se evitan temas de conversación, se deja de visitar parientes; las relaciones se tornan hostiles.

    "No hay ganas de realizar convivios pues no hay tranquilidad en el ambiente" |19|

    "… ya no hay confianza, si voy a una fiesta pueden haber amigos pero también enemigos viendo en qué ando." |20|

    "No tengo mucha vida social, con amigos sí, soy tolerante y puedo respetar que no pensemos igual, pero cuando son groseros mejor no los trato, un primo me dijo una vez: "prima si lo que le gusta es que le den duro, véngase a *****, aquí le dan tolete todos los días" |21|

    Se acentuó la falta de confianza en el Estado y, sobre todo, en su capacidad de respuesta ante las peticiones de justicia. La policía y el ejército son vistos no sólo como incapaces de controlar el crimen y la injusticia, sino como perpetradores de crímenes y aliados del narco tráfico, el sicariato y el crimen organizado, exhortados a seguir actuando de la misma manera por la impunidad reinante.

    "Estoy siendo perseguido, me dan seguimiento de todos los movimientos que hago, he identificado algunos policías que aparecen a los lugares que voy."

    Impacto en mujeres

    Las mujeres integrantes y líderes de organizaciones sindicales y de la protesta en contra del golpe de Estado han sido víctimas de acoso y violaciones sexuales, discriminación de género, golpes, asesinatos e insultos, entre otros ataques. Se han modificado sus círculos sociales y su capacidad para afrontar y de resiliencia ha sido puesta a prueba. Sienten temor de policías y militares, se sienten perseguidas, sus empleos y condición económica se han visto afectadas por pérdida o amenaza de pérdida. Sirven de apoyo y sustento en sus familias y, al mismo tiempo, lo necesitan como mecanismo de contención emocional.

    "Sentí impotencia, miedo, mucho miedo, porque podíamos morir, porque incluso escapando de los militares salimos corriendo y algunos carros casi nos atropellan. Nos golpearon, me agarraron a patadas, me insultaron, no me tocaron pero me golpearon mucho, hasta me agarraban del pelo; nos hacían gestos con el tolete de que nos harían cosas feas, que nos iban a meter ese tolete en el ano... Me decían que el presidente era Micheletti y que ya no había nada que hacer." |22|

    "… sentí mucho enojo, después me sentí con mucho dolor, como deprimida, no podía entender porque entre hermanos nos estamos matando... No puedo ver a un policía o militar, no podría hacerle ni un favor." |23|

    Se enfrentan a estos hechos con valor y determinación porque sienten que lo correcto es pronunciar su inconformidad. Son viudas, amas de casa, dirigentes, profesionales, que se desenvuelven en muchos roles dentro de la sociedad, por lo que el impacto en el desarrollo de sus vidas es un mensaje a las bases estructurales que manejan una sociedad particularmente machista, donde el papel femenino es visto de menos. El espacio de las manifestaciones ha dado la oportunidad de desembocar la inconformidad almacenada en un proceso en el cual creen, y asumen, que son incluidas y respetadas.

    "Me dejó marcada de por vida, tal vez no tanto en el mal sentido, a pesar de todo fue bueno lo que me pasó, si no en este momento sería un vegetal, por lo menos ahora tengo conciencia social." |24|

    Impacto individual

    La sintomatología del estrés post traumático es característica en pobladores que han experimentado etapas de crisis significativas. La pérdida o aumento del apetito acompañada de disomnias es recurrente, reviven los sentimientos que tuvieron en las represiones cuando ven imágenes, y cuando escuchan historias o comentarios relevantes a los eventos, relatan tener dificultad para recordar hechos anteriores principalmente fechas y sienten miedo sin razón aparente (aparte del miedo generado por hechos contundentes). Pacientes que ya presentaban una psicopatología recayeron y otros han manifestado rasgos de personalidad que estaban menos destacados, pero que ahora rozan con los límites posiblemente patológicos.

    "No como mucho, a veces tengo mucho apetito y me da ansiedad por comer, perdí mucho peso en los primeros meses después del suceso." |25|

    El estado de tristeza manifiesta es evidencia de la condición emocional poco saludable que este colectivo mantiene. Los síntomas de un trastorno depresivo sugieren el patrón de una epidemia de trastornos del estado de ánimo, todo desencadenado por la situación social desfavorable.

    "Procuro más bien olvidar... porque lo recuerdo todo"

    "Tuve tres meses sin dormir, me enfermé muchísimo, me recetaron pastillas para dormir y normalizar el sueño, tenía sobresaltos. Al cerrar la puerta ponía el ropero, el chinero para que nadie pasara. Ahora ya puedo dormir, pero siempre tengo sobresaltos y me despierto con facilidad." |26|

    La culpa sólo es visible en una minoría de víctimas, piensan que pudieron hacer más o pronunciarse desde antes, lamentan haber iniciado su vida política tarde; en otros casos la culpa se debe a la creencia de que son responsables en mayor medida de lo que aconteció.

    "… tal vez con otro tipo de cultura o educación en la población ese golpe de Estado no se hubiera dado, como pasó en Ecuador, pero la pobreza y la falta de cultura organizativa no nos permitió, me siento culpable porque aún sabiendo no se pudo hacer otra cosa." |27|

    "Como ciudadano sí, por no haber hecho lo suficiente, pude haber hecho más, pude haber dicho más, para evitar este golpe, he decidido ser ingenuo, nos aislaron haciéndonos creer que los militares eran un organismo aislado y no beligerante." |28|

    La mayoría de víctimas siente que hizo lo correcto y que los responsables de las violaciones son los que deben sentir la carga moral.

    "Porque desde el momento en que no estoy de acuerdo con lo que ha pasado en Honduras, me siento satisfecha por defender mis ideales, contra el golpe de Estado, contra el régimen militar." |29|

    "No me siento culpable para nada, estoy dolida con quienes daban las órdenes que nos gasearan y que nos golpearan, yo salía por esa gente que no tenía voz, niños descalzos llenos de lombrices, había conciencia de que había ocurrido un golpe de Estado; esos mártires que han muerto, recuerdo haber visto el cuerpo de Pedro Magdiel, eso queda grabado, es difícil de olvidar, un muchacho joven con un futuro por delante" |30|

    Alteración del proyecto de vida

    El proyecto de vida de los líderes y miembros de sindicatos y de la protesta social en muchos casos se alteró de manera drástica. Los planes a corto y mediano plazo cambiaron de manera radical debido a la inmediatez con la que sucedieron los acontecimientos. Negocios cerraron, jóvenes abandonaron sus estudios, utilizaron sus ahorros, sobre la marcha y de manera improvisada las vidas daban giros hacia lugares desconocidos.

    "Todos mis proyectos se vieron afectados, era un pequeño empresario, tenía joyería, venta de ropa, calzado, mochilas, cuadernos, mis tiendas fueron asaltadas, tenía taxis que fueron chocados, por lo que me he retirado del comercio" |31|

    "… teníamos planes a corto mediano y largo plazo que se podían lograr con la familia, pero se alteró porque las políticas y las autoridades no nos permiten. Si emigro para buscar empleo aparecen los peros, de la política, la edad, el nivel de organización, más la delincuencia." |32|

    Desplazamientos forzosos y cambios en el estilo de vida provocados por la convulsión social y las violaciones a derechos humanos crearon escenarios en los cuales el proyecto de vida anterior no tenía cabida. Perder el empleo, la fuente de ingresos, empezar vidas en otros países y desempeñar roles distintos a los acostumbrados son los retos que deben enfrentar para vivir de manera digna, haciendo a un lado los objetivos añorados.

    Destacable es el grupo que ve en la transformación del país su nuevo objetivo y se enfocan en él de manera positiva. Encontraron un lugar donde poner sus ideales y se disponen a hacer lo posible para alcanzar su meta. El nuevo proyecto de vida de ciertos individuos es el de lograr que la movilización social logre establecerse, pronunciarse y que se corrijan los errores del pasado.

    "Tengo más ganas de hacer cosas, como participar en política, me esfuerzo más, siento que las nuevas generaciones se deben esforzar para que no les ocurra lo que a nosotros" |33|


    2. Ex funcionarios públicos

    Vida cotidiana y hechos

    Además de las organizaciones que luchan contra el golpe de Estado, se suman algunos ex-funcionarios que ejercieron su labor en el período comprendido de 2006-2009 en el mandato del presidente José Manuel Zelaya Rosales. El desacuerdo a las acciones efectuadas por el nuevo aparato estatal tras el 28 de junio de 2009 los hizo objeto de hostigamiento, despido laboral y persecución política.

    Vida laboral

    Al anunciar su posición contra el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, ex funcionarios del gobierno de José Manuel Zelaya Rosales fueron despojados de sus cargos por el gobierno de facto de Roberto Micheletti Baín, quedando expuestos a la pérdida de garantías judiciales, campañas de desprestigio, amenazas, detenciones y en algunos casos, el exilio.

    "Yo antes era agente de narcóticos en la DGIC, pero me indignó que las leyes aquí no hacen nada, aquí el gobierno es militar y se hace lo que ellos dicen." (Testimonio - Ex funcionarios públicos x1)

    La tensión generada por las diferencias políticas entre compañeros y jefes de trabajo propició un ambiente laboral desfavorable, amenazas con la pérdida de empleos y finalmente despidos previos a culminar el período presidencial establecido.

    "Me preocupa cuando escucho comentarios malintencionados sobre el gobierno de Zelaya, cuando veo noticias locales y la violencia empeora." (Testimonio ex funcionarios públicos x2)

    "Tuve que regresar de Tegucigalpa a ..., cambió lo económico, era ministro de ... en el gobierno de Zelaya, y ahora me tengo que enfocar en otras cosas."(Testimonio ex funcionarios públicos x3)

    Los despidos a funcionarios del gobierno de Zelaya y personal afín a él consolidan la toma de poder del gobierno de facto, ya que representaban una amenaza para los nuevos intereses, tras el golpe de Estado. Otros funcionarios optaron por renunciar de sus cargos al no compartir las nuevas disposiciones del nuevo gobierno.

    "Renuncié de la DGIC después del 28 de junio, pero ya tengo otro lugar donde trabajar." (Testimonio ex funcionarios públicos x4)

    Los despidos, renuncias y cambios de empleo generaron estrés y excesiva preocupación por las presiones económicas, seguridad personal y familiar.

    "Me despidieron cuando cumplía el cargo de Administrador del PRAF, y cuando toma posesión Micheletti el 31 de junio de 2009 me envían el sobre de despido. Ahora me dedico a actividades agrícolas desde mi casa, aunque no me suple mis necesidades pero recibo mi jubilación." (Testimonio ex funcionarios públicos x5)

    Vida familiar

    El apoyo familiar se fortaleció; sin embargo, el estrés y la tensión se acrecentaron por las amenazas y persecuciones sufridas en diversos medios (mensajes a celulares, llamadas telefónicas). Los señalamientos a los familiares de funcionarios públicos provocaron el cambio de escuelas o colegios, limitando las salidas a lugares públicos y cambiando por completo la rutina diaria. Los sentimientos de inseguridad aumentan cuando algunos de los familiares se encuentran fuera de casa, debido a represiones cometidas a manifestantes y constantes violaciones a sus derechos humanos desde el aparato estatal.

    "A veces, especialmente cuando veo militares, aunque estemos a distancia, siento que hay prejuicio de ellos hacia nosotros." (Testimonio ex funcionarios públicos x6)

    "Yo no tuve nada que ver con que estos señores inventaran un golpe de Estado, incluso sé que algunos diplomáticos que perdieron su trabajo después del golpe tenían pensado demandar al estado de Honduras." (Testimonio ex funcionarios públicos x7)

    Se expresa una disminución del deseo sexual, tensión, agudización de padecimientos como la diabetes y excesiva preocupación, que afectaron en gran medida la vida en pareja. En algunos casos, la situación de tensión llevó a la ruptura del matrimonio.

    Los familiares que residen en el exterior, entre ellos los hijos de las víctimas, son otro grupo afectado, la preocupación y las tensiones por la situación del país se ven en aumento al no tener acceso a la información en los medios locales sobre los acontecimientos ocurridos, y la inexistente seguridad para sus familiares.

    Socialmente su círculo se redujo significativamente, teniendo de apoyo primario a los familiares cercanos. Las salidas se limitaron estrictamente a situaciones laborales, las actividades de esparcimiento las realizan con precaución, extendiendo estas medidas a todos los miembros de la familia.

    "En cuanto a algunas amistades por diferencias ideológicas, pero he dejado de hacer actividades al aire libre por la inseguridad en general que invade el país." (Testimonio ex funcionarios públicos x8)

    Clima emocional

    Las campañas de desprestigio en contra del gobierno de José Manuel Zelaya hicieron un impacto en los ex funcionarios que seguían afines al depuesto presidente. Eran acusados de criminales, de violaciones constantes a la Constitución y de actos de corrupción. A la fecha de hoy muchos de esos casos que fueron llevados a la justicia siguen en proceso y no han podido limpiar sus nombres. Sus hijos e hijas fueron insultados en sus colegios y el hostigamiento en vecindarios y colonias incrementó el sentimiento de persecución y miedo.

    "Mis hijos sufrieron insultos, tuve que cambiarlos de escuela, mi esposa me apoyó y mi madre también, pero siempre se mostraban alerta y preocupados por mi seguridad y la de mis hermanos." (Testimonio ex funcionarios públicos x9)

    La inseguridad derivada de la crisis social existente y la que aumentó el golpe es la causa del miedo y tensión de más evidencia en este colectivo, pues se encuentran plenamente identificados como partidarios del ex gobernante, lo que eleva el riesgo; sienten que exponen sus vidas y que sus muertes quedarán impunes.

    "Mis familiares se preocuparon por mi atentado" (testimonio ex funcionarios públicos x10)

    Algunos actúan de manera recurrente en los movimientos en contra del golpe de Estado, otros prefieren no tener activismo por su seguridad; los que se encuentran en el exilio trabajan de diferentes maneras en busca de la justicia, porque sienten que es lo correcto y además fueron afectados de manera directa por los crímenes cometidos.

    "Casi siempre, por ejemplo, cuando hay intervención de los militares en las manifestaciones, se indigna cualquiera que sigan atropellando al pueblo." (Testimonio x11 ex funcionarios públicos)

    "Se intensificó mi temor después del golpe de Estado, ahora me siento más tranquilo, porque tenemos parentesco con "Mel" Zelaya, mi esposa se vio más afectada." (Testimonio x12 ex funcionarios públicos).

    Hacen un pedido porque se conozca la verdad de los acontecimientos, desean fervientemente que se aclaren los hechos y que los culpables sean sometidos a los procesos judiciales correspondientes.

    Polarización de la sociedad

    Al ser personajes de vida pública los ex funcionarios sintieron cómo la sociedad dividía su opinión acerca de los sucesos y de las responsabilidades que ellos tenían en los mismos. Personas los catalogaban como criminales, otros los ejemplificaban como víctimas. Algunos se acomodaron a las exigencias del gobierno de facto, manteniendo sus empleos y cambiando el discurso. Los que mantuvieron su posición y fueron separados de sus cargos enfrentaban el estigma de ser vistos por un sector de la sociedad como culpables, y responsables de la crisis. Este sector pide que estos sujetos sean enjuiciados y entregados a los organismos competentes. Bajo el precepto de inocencia el sector afín a ellos defiende sus posiciones y cree en su inocencia.

    Al ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos, han perdido la confianza en el Estado, principalmente en el sector judicial y en la policía, viendo en ellos los principales persecutores y perpetradores de crímenes y violaciones constantes. Existen relatos de miembros de la policía y el ejército que abandonaron estos organismos, porque no estaban de acuerdo con el papel que desempeñaron tras el golpe de Estado.

    "Cuando veo manifestaciones, la lucha magisterial, aunque uno no quiera, lo afectan bastante. Los derechos humanos no valen en este país." (Testimonio ex funcionarios públicos x13)

    "Casi siempre recuerdo los hechos, por ejemplo cuando hay intervención de los militares en las manifestaciones, se indigna cualquiera que sigan atropellando al pueblo." (Testimonio ex funcionarios públicos x14)

    Aunque cuentan con apoyo del núcleo familiar, las relaciones y vínculos afectivos se debilitaron en cierta medida luego del golpe de Estado. La confianza en amigos y personas conocidas se perdió. La inseguridad se proyectó de tal manera que se desconfió de cualquier persona, inclusive las que eran cercanas y queridas.

    "… han surgido dos bandos en mi familia extendida y entre mis hijos, en cuanto a diferencias ideológicas." (Testimonio ex funcionarios públicos x14)

    Impacto individual

    El sentimiento de frustración y tristeza afecta mucho a estas personas. Sienten cómo se ha debilitado el carácter formal de la sociedad, transformándose en un espacio sin posibilidades de desarrollo positivo para su bienestar. Sus vidas han cambiado y el estado de ánimo decaído está presente en ellos desde los acontecimientos del 28 de junio del 2009. El cambio, los hábitos del sueño y alimenticios son síntomas físicos que se manifiestan en este sector. La pérdida del apetito y las dificultades para dormir se evidencian tras los relatos escuchados. Pérdida de memoria selectiva, principalmente fechas, ocurre con frecuencia. Síntomas somáticos de un trastorno depresivo están presentes en el colectivo, lo que sumado a la inestabilidad social puede desembocar en una patología más seria.

    "Hay cosas que a uno lo marcan, un soldado bien entrenado siente dolor, somos humanos, no somos máquinas, aunque a uno lo formen así." (Testimonio ex funcionarios públicos x15)

    El sentimiento de culpa y de irreversibilidad de los hechos atenta contra la estabilidad emocional de estas personas. Atribuyen responsabilidades a los perpetradores del golpe, sienten que ellos han hecho lo correcto pero que presiones externas los han dejado en situaciones poco favorables. Es por esto que los daños que han sufrido tanto físicos, sociales, psicológicos y económicos, en gran medida perciben que no serán recuperables.

    "Desde el primer momento que estoy con mi pueblo defendiendo las causas que son justas, no me hace sentir culpable, porque no estamos de acuerdo con esta política falsa" (Testimonio ex funcionarios públicos x16)

    "…hay daño psicológico que no se recupera, en lo económico estoy sin casa" (Testimonio ex funcionarios públicos x17)

    El impacto de estos acontecimientos generó estrés, los afectados encuentran diversas formas de lidiar con ello, mantienen la esperanza que en algún momento el Estado no sólo se normalice, sino que cambie y sea adecuado a las expectativas que tienen sobre un mundo ideal.

    "Tendremos la esperanza de que se puede rescatar lo perdido, que se restablezca la democracia, pero no se podrá olvidar." (Testimonio ex funcionarios públicos x18)

    Alteración del proyecto de vida

    "Pienso seguir luchando dentro de la política, tal vez se vean interrumpidos algunos planes, pero seguiremos en la lucha." (Testimonio ex funcionarios públicos 19)

    Planes a corto y mediano plazo descartados por la situación económica y el ambiente político son relatados por parte de los ex funcionarios públicos. Abandonaron de manera obligada sus proyectos y aspiraciones dentro de la política, manejan sus vidas pensando en planos diferentes a los acostumbrados y de los que disfrutaban. El esfuerzo por recuperar el terreno político, en donde el ambiente es muy competitivo, no se ve en vano, y piensan que es posible lograr ubicarse en posiciones similares si los gobiernos futuros logran cambiar, lo que por los momentos ven como una tarea ardua.

    "Después de mi jubilación, tenía pensado ir de embajador a otro país, pero no pude hacerlo, todo lo que tiene que ver con plata ha quedado en segundo lugar." (Testimonio ex funcionarios públicos x20)

    El factor económico es determinante, perder empleos con salarios estables significó acomodar el estilo de vida. Los ahorros se usaron para sobrevivir la época de crisis. Muchos tuvieron que salir del país y sus recursos económicos se redujeron en la medida en que estaban lejos de sus hogares sin trabajo y sin ingresos.

    "…yo tenía planes individuales y me enjarané con las tarjetas y aún sigo pagando deudas." (Testimonio ex funcionarios públicos x21)

    El proyecto de vida debió ser evaluado y modificado de acuerdo a las realidades que ahora enfrentaban, la capacidad de resiliencia fue llevada a límites nuevos. Nutren sus esperanzas en el anhelo de poder ver que se conozca la verdad y la justicia.


    3. Amas de casa

    Vida cotidiana y hechos.

    Su papel en el sostenimiento de las familias ha sido crucial como contención en los momentos de crisis vividos y siempre se ha invisibilizado el trabajo llevado a cabo por las mujeres. La tensión generada por el golpe de Estado agudizó problemáticas previas como la violencia doméstica, desempleo y pobreza. El clima de miedo y constante tensión repercute en sus temores incluso para desarrollar sus actividades productivas, lo cual incide negativamente en su ingreso económico agudizando la feminización de la pobreza.

    Vida laboral y económica

    Junto con las actividades cotidianas las mujeres ejercen además otras como cuidadoras de la casa y, al mismo tiempo, generadoras de ingresos que fortalecen la precaria economía familiar. Las amas de casa se sumaron a las acciones de resistencia, lo cual les provocó disminución en su rendimiento, discriminación por participación en el Frente e inclusive la destrucción de sus medios de subsistencia. Han disminuido sus ingresos por la problemática. En el caso de las mujeres del valle del Aguán que perdieron a sus esposos asesinados, su viudez triplica sus roles para obtener lo necesario para el sostenimiento de su familia.

    Vida familiar y de pareja

    Hay casos en los cuales por la discriminación vivida las familias tuvieron que mudarse, dificultando el ejercicio de sus funciones; hay madres que requieren y cuentan con sus hijos para garantizar el sustento, otras tienen que dejar a solas a las hijas para poder ir a trabajar. En las relaciones de pareja la minoría recibe el apoyo de su cónyuge y en los casos cuando la mujer sí recibe apoyo sucede que la pareja permanece en preocupación constante por el temor a represalias por su participación. El aparecimiento de celos por la participación de las mujeres en los espacios políticos mixtos y las peleas causadas por las diferencias ideológicas, han estado presentes en esta dinámica de pareja.

    "Al principio, yo no tenía deseos de nada porque dormíamos con el radio colgado en el cuarto y prendido escuchando las noticias." |34|

    Relaciones sociales y actividades de esparcimiento

    Las medidas de seguridad que han tomado incluyen el no salir mucho, solamente permanecen en la comunidad limitándose a visitas entre familiares y asistencia a actividades religiosas. Se restringen y se muestran aprensivas.

    "Pues tengo miedo que en el vecindario me ataquen y den información a esa gente desconocida que anda haciendo averiguaciones si soy de la resistencia". |35|

    Clima emocional

    Afectivamente la crisis política impacta negativamente en la vida de las mujeres. Experimentan constante preocupación, enojo, coraje, miedo, incertidumbre, se sienten amenazadas, temen por su seguridad y la de sus hijos e hijas.

    "Me siento deprimida, quiero pasar solo encerrada. Siento que nosotros sin tener dinero somos nada, porque los que tienen el dinero son los que nos andan matando". |36|

    Las viudas, las hermanas, las madres de los asesinados, experimentan un gran dolor por la pérdida de sus seres queridos y por la injusticia de las circunstancias vinculadas a esas muertes, y la impunidad que se mantiene. Las que tienen hijos e hijas, se sienten con temor de vivir en soledad su crianza y pese a su dolor, deben postergar la elaboración del duelo pues urge suplir y garantizar el sustento y seguridad de sus dependientes.

    Impacto en la niñez

    En el valle del Aguán la pobreza y permanente crisis alimentaria se evidencia en el mal estado nutricional de las niñas, niños y mujeres. Pero pese a las circunstancias adversas las amas de casa son las responsables de la preparación de los alimentos, hasta han llegado a alimentar a sus hijos e hijas con el corozo de la palma; entre las acciones represivas que han sufrido reportan que en el pasado les envenenaron el agua.

    Impacto individual

    Las mujeres en este conflicto han sufrido la violencia contra sus cuerpos y la de sus seres queridos. Experimentan miedo, una y otra vez reviven las experiencias amenazantes que han sufrido, reaccionando en el cuerpo y la mente como si estuvieran ocurriendo en el presente. Reportan que esto les sucede cuando ven policías, aunque esa sensación de miedo puede ser activada incluso cuando la persona adopta una postura física que recuerda la vivida en el momento del trauma, las sensaciones y reacciones somáticas son un recuerdo en sí mismos del episodio traumático, lo cual implica un alto nivel de disfunción diaria.


    4. Campesinos/as

    La situación de derechos humanos se ha caracterizado por la prolongación y profundización del estado de indefensión e impunidad que ha sido profundizado y reforzado tras el golpe de Estado, afectando de manera particular a las personas que luchan por los derechos humanos. En este marco, una de las regiones más afectadas por la tensión y represión ha sido el Bajo Aguán. Los movimientos campesinos de esta zona que luchan por el acceso a la tierra para ejercer su derecho a alimentarse, se han enfrentado a una situación de permanente hostigamiento y atropellos, tanto por parte de las fuerzas de seguridad pública como por miembros de empresas de seguridad privada, respaldadas por el Estado. Entre enero 2010 y febrero 2011, 25 muertes han sido registradas en relación con el conflicto por la tierra en el Bajo Aguán, entre estos 23 campesinos asesinados, un periodista y su compañera. |37|

    En este colectivo analizaremos además el impacto psicosocial en la península de Zacate Grande en el sur, y en la Red COMAL en el centro del país. También incluimos análisis de testimonios obtenidos de personas que luchan por la conservación de los recursos naturales en el país, indígenas miembros y simpatizantes del COPINH y garífunas que brindaron su testimonio a la Comisión de Verdad. Se decidió analizar los tres grupos en el mismo apartado por las similitudes que se encontraron en sus testimonios; sin embargo, se reconocen las diferencias entre los tres grupos.

    Vida cotidiana y hechos

    La mayoría de los campesinos y campesinas que habitan en el interior del país, se dedican a actividades de agricultura y piscicultura. En la zona del valle del Aguán, el principal cultivo es el de palma africana, siendo la fruta de esta especie la fuente de ingresos de los campesinos. También siembran maíz y frijol, que son los principales alimentos diarios; en la zona sur se dedican mayoritariamente al cultivo y venta del camarón y otros mariscos; y en el resto del país, a la siembra y cultivo de granos básicos y otros cultivos de subsistencia.

    Se ha desatado una gran polémica en la zona del valle del Aguán por el enfrentamiento de intereses entre la posesión y recuperación de las tierras, entre movimientos campesinos y los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales. Es un conflicto con antecedentes históricos, que protagonizan hoy el MCA, MUCA y MARCA.

    Por otro lado, en la zona sur del país los comuneros buscan su supervivencia y la recuperación de los territorios de su comunidad en la península de Zacate Grande, donde también confrontan con el terrateniente Miguel Facussé.

    En ambas regiones el clima de inseguridad, lucha y enfrentamiento por las tierras es perenne, generando constantes desplazamientos o desalojos por las fuerzas del Estado y personas particulares al servicio de los terratenientes. Los desalojos incluyen la destrucción de hogares, escuelas y centros comunitarios, lo que los obliga a construir pequeñas chozas hechas de plástico, palma o residuos de otros materiales para habitar, teniendo esto último un impacto significativo en las condiciones de salubridad. Adicionalmente, sufren de escasez de alimentos, poco o ningún acceso a la salud y a la educación de sus hijos.

    Vida laboral y económica:

    Estas comunidades campesinas sufren muchos problemas económicos, que se reflejan en la escasez de recursos para adquirir alimentos y mantener una buena productividad de sus cultivos. El trabajo de la tierra demanda una buena condición física, y algunos campesinos(as) se han visto incapacitados por las agresiones que sufrieron en la represión policial durante las manifestaciones en contra del golpe de Estado y las posteriores represiones, derivadas de los desalojos. Los golpes y traumas físicos (disparos), les impidieron continuar con su trabajo físico de la mejor manera. Por deterioro de su salud han desmejorado sus trabajos, además tuvieron que retirarse de sus lugares de trabajo por la persecución.

    En la zona sur del país los comuneros buscan su supervivencia y la recuperación de los territorios de su comunidad en la península de Zacate Grande, donde también confrontan con el terrateniente Miguel Facussé.

    Cuando son desplazados de sus tierras y desalojados, pierden sus siembras. La acción del desalojo no solamente implica sacarlos del lugar, incluye muchas veces la destrucción de los cultivos, sus viviendas y cualquier otra infraestructura que permita mantener algún arraigo a la tierra de donde son desalojados/as violentamente. Además, los campesinos se dedican principalmente al trabajo para la subsistencia, esta faena reduce sus oportunidades de comercio e inversión.

    "Nuestro trabajo es de subsistencia, y no se puede estar trabajando por que peligra la vida, y a veces no le dan ganas de ir a trabajar la tierra." |38|

    Por otro lado, se les niegan los préstamos en los organismos financieros, lo que les dificulta realizar inversiones más grandes para sus cultivos. En algunos casos, familiares de estos campesinos y ellos mismos fueron despedidos durante el gobierno de facto. Después del golpe de Estado al ingresar tropas militares al INA en Sinaloa, Colón, algunos de ellos(as) perdieron sus trabajos. Quienes fueron despedidos, no pueden encontrar otro trabajo porque son objeto de etiquetamiento y discriminación. Todo este tipo de situaciones que han venido enfrentando, genera problemas emocionales que afectan indirectamente su vida económica y laboral.

    "La concentración que debo tener en el trabajo, no era la esperada, algunos informes y proyectos globales se han ido retrasando; y me siento sumamente afectado, es muy difícil para Red Comal crecer en un ambiente de hostigamiento por parte del gobierno." |39|

    Las organizaciones campesinas se sumaron a condenar el golpe de Estado por lo que recibieron una serie de amenazas, dificultades y hostigamiento en sus empleos, así como también en su vida cotidiana; algunos proyectos en los que trabajaban se paralizaron debido al clima de incertidumbre que vivía el país, además de recibir etiquetamiento por ser simpatizantes del naciente movimiento de la Resistencia.

    "En la parte organizativa, fondos y ayudas, comenzaron a señalarme por ser de la Resistencia, aunque aún conservo mi trabajo que es un voluntariado donde me proporcionan los viáticos, soy ...del Consejo de Gobierno Lenca."

    "Yo estaba haciendo un proyecto para IBIS a través del COPINH, con los acontecimientos del golpe de Estado, era un tanto difícil seguir con la investigación y se pospuso." |40|

    Buscan la manera de reunirse en las organizaciones, pero trabajan con miedo, relatan que no pueden dedicarse a sus labores con tranquilidad.

    "No puedo trabajar en paz, anda uno preocupado porque lo pueden matar estos terratenientes de Miguel Facussé" |41|

    Vida familiar y de pareja

    La familia en general se ve preocupada por el riesgo que maten a uno de sus miembros por ser partes del FNRP. Los familiares viven constantemente llenos de miedo y terror. La intranquilidad e inseguridad en los hogares aumentan por las amenazas a las de que han sido objeto. En algunas ocasiones, la familia se ve obligada a abandonar los terrenos donde habían construido sus viviendas y se quedan sin un lugar donde desarrollar su hogar; la preocupación influye en el sostenimiento de la familia.

    Se visualiza también la polarización social, que inicia en la familia, dividiéndola en bandos contrarios, golpistas y resistencia. Esto genera discusiones y el rompimiento de la comunicación entre sus miembros. En gran parte de las familias entrevistadas, en las comunidades campesinas, se ha perdido un familiar, asesinado en circunstancias no esclarecidas por las entidades de investigación criminal del Estado, y en muchos casos, las autoridades ubicaron los hechos dentro de un conflicto armado en la zona. Estas aseveraciones son hechas sobre el valle del Aguán. Los asesinados son en su mayoría hombres con hogar, con pareja e hijos, que dejan mujeres viudas, que deben encargarse del imprevisto de sostener el hogar, a niños sin padre, con traumas de alcance no visualizado en este documento. El análisis de este impacto se consignará en el colectivo de amas de casa que han quedado viudas al perder a sus maridos, en el conflicto por tierras, ya descrito. Consecuentemente, todos los miembros de la familia, inclusive menores de edad, se han tenido que involucrar en la lucha por la tierra, para su supervivencia. Se comenzaron a sentir angustiados y atemorizados por su situación.

    "Al inicio estaban temerosos, pero ahora están en pie de lucha, mi hijo era sargento segundo y pidió la baja para unirse a la lucha, no le querían dar la baja."

    "Todos nos vimos afectados, porque además de haber sufrido un infarto cerebral hace seis (6) años y tres (3) isquemias cerebrales, la última hace tres semanas a consecuencia de la tensión que tengo y eso perjudicó mi salud." |42|

    "Se sienten preocupados por mi participación en la lucha, porque en algunos medios me sacaban como guerrillero, terrorista." |43|

    Las relaciones con sus parejas manifiestan distanciamiento, discusiones y peleas por problemas económicos y de seguridad. Se revelan rupturas de pareja por desacuerdos en ideologías políticas. La exigencia de atención de parte de su conyugue se evidencia al mostrar inconformidad por el tiempo que tenían que dedicar a las actividades de la "lucha" y desatendían su pareja, incluyendo distanciamiento en su relación íntima, que se ve afectada debido a las constantes preocupaciones. Además, relatan desconfianza entre conyugues, por ausencias del hogar y celos (pensamientos de infidelidad). Al mismo tiempo, cuando uno de los miembros se ve obligado a migrar de la comunidad o salir del país, la relación se deteriora o se concluye.

    "Mi señora se preocupa que me puedan seguir, incluso no fui a la Asamblea, porque ella me pidió que no fuera aunque me escogieran de delegado, me escogieron pero tuve que poner una excusa para no ir; teme que me maten, se preocupa que me pase algo y que los niños se quede sin papá" |44|

    "Mi vida de pareja pasó a segundo plano, porque discutíamos mucho, porque yo estaba en la resistencia y ella era golpista -le decía yo- porque no me sentía apoyado; y aún tenemos pleitos porque cuestiona mi participación en la resistencia." |45|

    Las familias tienen problemas porque se han quedado sin sus viviendas, todos los familiares presentan preocupaciones, temor, depresión (estrés post traumático); se han agudizado sus problemas de salud, han sido igualmente víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

    "Uno estaba dormido, tenía una hija que iba al colegio y en eso dan una patada a la puerta y dicen manos arriba, y mi niña con la mochilita en el hombro quedó traumada; a mi hijo lo "enchacharon" cuando lo mandé a avisarle a mi hermano lo que pasaba, ellos viven con ese trauma" |46|

    "Mi mamá y mi hermano se preocuparon, mi hermano fue golpeado por los policías porque mi casa fue de las primeras que destruyeron."

    "La más afectada ha sido mi mamá y la que más lo ha expresado, y ella me dice que no me meta en esto, que me retire, que le preocupa mi vida, que ella me necesita." |47|

    Relaciones sociales y actividades de esparcimiento

    El tejido social en las comunidades se ha debilitado, así como también las redes de solidaridad. Antes del golpe de Estado los héroes locales, jugadores, activistas y líderes de la comunidad eran reconocidos. Se realizaban actividades de juego, reuniones sociales y grupos de apoyo dentro de la comunidad, sin percibir discriminación a algunos de sus miembros.

    "Siempre fueron fieles a darme aliento y nos reunimos a jugar y a ver las parcelas."

    "A veces siento que no puedo hablar con mis amigos, no me siento con la misma libertad de salir, algunas personas nos miran de menos por nuestra forma de pensar." |48|

    Después de los conflictos generados por el golpe de Estado sus relaciones se han visto deterioradas, los amigos de antaño se vuelven indiferentes con su situación individual. Se empieza a generar una falta de confianza en las relaciones de amistad, rompimiento de las redes de apoyo, aparece el etiquetamiento. Tienen el sentimiento de haber ganado enemigos por su participación en la política.

    "… nos dicen que somos guerrilleros, comunistas, resistencia, terroristas, lo dicen en dos tonos:
    (1) Tengan cuidado porque pueden hacer algo y,
    (2) Otros lo dicen en tono de burla porque tenemos medidas cautelares y no podemos hacer nada, nos insultan y provocan para ver qué hacemos en su contra." |49|

    Estos grupos sufren modificaciones, integrando solamente a las personas con las mismas ideologías políticas y sentimientos de camaradería llamándolos "compañeros de lucha", esto ha generado un sistema de apoyo mutuo y de solidaridad entre los compañeros.

    "Mis amigos me dan aliento y por ellos no desvanezco, y por mis hijos." |50|

    En cuanto a las actividades de esparcimiento que anteriormente realizaban, como juegos, cuidado de las parcelas, participación en las ferias o fiestas de la comunidad, ahora se ven más restringidos debido a la inseguridad en la que viven, por temor a que los vigilen y les quieran hacer algún daño. Con dificultad salen de sus casas a realizar compras u otras diligencias. Adicionalmente la falta de recursos económicos impide que puedan destinar tiempo y dinero a actividades de esparcimiento. Se han reducido incluso sus antiguas formas de desplazamiento y el temor de salir de sus casas se manifiesta de manera persistente afectando sus actividades físicas y su salud.

    "Mi aspiración antes era venir en bicicleta a la oficina de Comal, pero por seguridad, incluso los amigos me piden no hacerlo, por tanta amenaza de muerte recibida; no puedo salir a caminar y he aumentado de peso y eso afecta mi salud. En cuanto a las relaciones con vecinos procuro tener cuidado y abordar diferencias con argumentación sin ofender diferencia de criterios; en Comal tenemos una filosofía pacifista, sin creer en el uso de armas. El golpe de Estado es una respuesta armada a un conjunto de ideas." (Testimonio-Campesinos-)

    Manifiestan que sus relaciones con sus vecinos se han deteriorado, que ahora no se comunican de la misma manera en que lo hacían antes; existe un ambiente de indiferencia de parte de los habitantes cercanos.

    "No salimos de casa, los vecinos he notado que se ponen estresados, como que no quieren hablar con uno." |51|

    Clima emocional

    El clima emocional de los y las campesinas se define en una situación de alerta, acompañado de miedo y terror, amenazas y hostigamiento por parte de los militares, policías y guardias de seguridad privada de los empresarios de la zona del valle del Aguán. Esas amenazas se dan a través de acciones violentas intimidatorias (quema de casas, disparos durante la noche, revisiones de vehículos con actitud amenazante), acusaciones de crímenes no cometidos, así como llamadas o mensajes telefónicos con amenazas directas a la integridad física de los miembros de las comunidades campesinas, y de sus familias.

    "Siento como una "psicosis" por la gente que camina con esas armas, desde que salgo de mi casa tengo en mi mente a qué hora me sucede algo a mí."

    En ocasiones, estas actitudes amenazantes de los guardias de seguridad o de los agentes públicos acaban desembocando en agresiones, sobre todo cuando se trata de líderes de las comunidades o de los movimientos campesinos, que son los más amenazados.

    El conflicto en el Bajo Aguán ha generado un clima de inseguridad a todas las comunidades campesinas; las muertes se han incrementado y no han finalizado, el número de campesinos muertos en supuestos enfrentamientos, accidentes o por sicariato, ha tenido el mayor registro hasta la fecha.

    El miedo es uno de los sentimientos que impera sobre esta población, porque no se encuentran seguros en los lugares donde viven, han sido desalojados de las diferentes fincas, registrando destrucción de sus casas, escuelas y de todas las demás pertenencias.

    El etiquetamiento que reciben los campesinos del Bajo Aguán como "tacamiches" y etiquetados dentro de su entorno como delincuentes e invasores, produce discriminación en hospitales, bancos y tiendas de compra; han sido objeto de campañas de desprestigio por el resto de los habitantes de la zona del valle del Aguán. Esta situación no les permite tener una vida digna.

    Las comunidades campesinas viven en su mayoría hacinadas, en condiciones insalubres y sin acceso a agua potable, alcantarillado, letrinas, sin un nivel de alimentación adecuado para garantizar su buena salud, y sin acceso a servicios públicos de salud. Todo esto constituye un cuadro deprimente, atentatorio al derecho a la salud de las comunidades campesinas del Bajo Aguán. Adicionalmente, la dirigencia campesina denuncia la exclusión en salas o clínicas de emergencia a víctimas de la represión, cuando buscan asistencia médica, lo que es violatorio al derecho a la no discriminación.

    "… siento temor exagerado, nunca creí que por trabajar las tierras pudiéramos tener problemas con la justicia, y pensé en que si yo no podía cultivar ahora cómo iban a hacer mis hijos, y eso me dio fuerza" |52|

    "Yo andaba con mi hijo el día que iba a trabajar la tierra; llegó una patrulla con varios policías y una mujer policía a nuestras tierras, ella dijo que era testigo de cuántos muertos caen, con tal no tocaran a uno de los suyos hablando de los policías; y de ahí salió el hombre que me golpeó y estas personas comenzaron a reírse." |53|

    Las campañas de miedo e intimidación son frecuentes en la zona y son utilizadas para amedrentar a la población general. Son objeto de burla y humillación por parte de las personas que llegan a participar en los desalojos, incluyendo agentes policiales; esto violenta su derecho a la honra y la dignidad.

    "Ganas de llorar al ver la destrucción que estaban haciendo, con tanto esfuerzo uno hace su casa, cuando uno les decía a los señores de los tractores se reían y gritaban destruyendo la casa"

    Percepción de la polarización de la sociedad

    Debido a los constantes hostigamientos que han recibido de parte de agentes militares y policiales, los campesinos manifiestan repudio y un alto nivel de desconfianza hacia el gobierno, pero también hacia tribunales, jueces, fiscales y magistrados.

    "Cuando veo a los policías, me hierve la sangre, no los puedo ni ver. Me he vuelto muy nervioso. Yo no tengo buenas intenciones para un policía o militares, detesto estar a la par de una persona de esas." |54|

    Perciben a la sociedad como amenazadora, por el etiquetamiento y discriminación de la que son víctimas.

    Criminalización de la protesta

    Se han levantado perfiles de los dirigentes campesinos, emitido órdenes de captura a líderes y lideresas por acusaciones de usurpación después de las acciones de recuperación de fincas, tras los desalojos. Y los han privado de libertad. De esta manera criminalizan las demandas de tierra, y se genera un clima de tensión e indefensión.

    "… las cárceles en las que he estado no son para seres humanos, llenas de heces fecales y orines, de aproximadamente 3 o 4 metros cúbicos, sin lugar donde sentarse ni nada, eso lo recuerdo y vivimos amenazados por el ladrón Miguel Facussé" |55|

    El Ministerio Público presenta requerimientos fiscales por sedición y celebración de manifestaciones ilícitas en perjuicio de la seguridad interior del Estado, argumentando que "la conducta de los imputados se orienta a realizar actos de violencia contra las autoridades y particulares con finalidad política". En Zacate Grande hay acusados por daños al medio ambiente por la creación de fincas camaroneras comunitarias.

    "Cuando me voy a dormir tengo miedo, me parece que van a venir a hacernos algo con tantas denuncias que tengo encima..." |56|

    Impacto en las mujeres

    La mayoría de las mujeres que fueron entrevistadas, correspondía al grupo de viudas de los campesinos asesinados en el valle del Aguán; ellas están consignadas en el colectivo de amas de casa. En otros casos se registran mujeres que se dedican a la agricultura y actividades campesinas que demuestran miedo por los desalojos de los que han sido víctimas, incluyendo la destrucción de sus casas y siembras, dejándolas sin hogar a ellas y sus hijos. En algunas ocasiones las mujeres se desempeñan como líderes de su comunidad, exponiéndoles a mayores amenazas de muerte, persecución y hostigamiento por parte de los militares y policías de la zona.

    "Siento que por una parte nos hacen esto porque uno toma tierras, porque no tiene nada. Un policía se nos acercó, nos decía que ellos no querían hacerlo, pero que les pagaban y obedecían órdenes, golpearon a unas personas. Los militares andaban ahí en un camión "

    "Yo andaba con mi hijo el día que iba a trabajar la tierra; llegó una patrulla con varios policías y una mujer policía a nuestras tierras, ella dijo que era testigo de cuántos muertos caen, con tal no tocaran a uno de los suyos, hablando de los policías; y de ahí salió el hombre que me golpeó y estas personas comenzaron a reírse." |57|

    Hay un significativo número de madres solteras que llevan años sin oportunidades de desarrollo, pese a su arduo trabajo en la tierra carecen de recursos suficientes para una vida digna. Las mujeres campesinas presentan deterioro en su salud física y emocional, carecen de cuidados médicos generales, de salud sexual y reproductiva y atención a enfermedades crónicas. Al buscar atención médica en Trujillo y otras ciudades del valle del Aguán son objeto de marginación y discriminación por ser de la comunidad de Guadalupe Carney. Han escuchado que el personal de salud se refiere a ellas en forma despectiva: "ya vienen las tacamiches a molestar", dicen.

    Impacto en la niñez

    En los niños se observa temor y miedo a los agentes policiales y militares, en algunos casos relatan abusos físicos o psicológicos que sufren en las comunidades campesinas. Manifestaron también que han sido objeto de amenazas, extorsión y manipulación por parte de las fuerzas armadas y policiales.

    "Yo les tenía miedo a esos que venían vestidos de verde, con unas armas grandotas, nos agarraban y nos preguntaban que dónde estaban escondidas las pistolas que teníamos, no los puedo ver porque me dan miedo, de que me maten"

    Los niños han tenido que abandonar sus centros educativos y poner en pausa su educación debido a la inseguridad que viven en sus comunidades, las madres se sienten atemorizadas de mandarlos a la escuela. En sus centros de estudio también han sido víctimas de estigmatización y discriminación por parte de otros compañeros y maestros, por lo cual mantienen una restricción en sus relaciones sociales y sus grupos de apoyo.

    "… mis hijos pasan con temor y miedo."

    "Siento que arriesgué a mis hijos, porque en el cuarto alquilábamos, pero verlos expuestos me sentí mal, el más pequeñito me decía: "Policía malo mami", nos empujaron pero nada más." |58|

    Ahora los niños de estas comunidades perciben a los policías y militares como personas malas, perdiendo cualquier interés por conocerlos. Esto desembocará en un sentimiento de aversión y repulsión a las autoridades policiales y militares.

    Impacto individual

    Este grupo de campesinos ha empezado a padecer cierta sintomatología de trastorno de estrés post traumático, expresado en problemas de sueño, pérdida o aumento del apetito, miedo o terror, sentido de persecuciones, que si aumenta y no son tratados podría desencadenar en trastorno de estrés post-traumático muy pronunciado. Muchas víctimas después de los desalojos y nuevas ubicaciones se sienten deprimidas, con deterioro físico y se han manifestado inclusive enfermedades psicosomáticas.

    Las víctimas sienten temor por las represalias que puedan tomar en contra de ellas, experimentando además frustración, ira, tristeza, inseguridad, impotencia, y que no vale la pena vivir. Es el retrato de un estado de indefensión, desprotección e irrespeto, en el que está también en precario su derecho a la vivienda y a la dignidad.

    "Para mí, como les repito, esas son cosas que se han visto desde ya tiempo, Miguel Facussé dice que es dueño de las tierras pero él no ha comprado nada, hay un pánico que ha crecido en los niños, aún adultos, tenemos un martirio, saldría mejor que nos dieran un solo macanazo en la nuca."

    Además de esto han buscado auto culpabilizarlos, ellos en algunas ocasiones se sienten así por lo que les sucede y manifiestan que las recuperaciones han hecho por no tener un lugar donde vivir. A pesar de que tomen las tierras sin los permisos correspondientes, no justifica el uso desproporcionado de la fuerza por militares y policías. Estos campesinos han sido estigmatizados y culpabilizados por el resto de la población.

    "No fui yo quien quiso que esto pasara, lo único que he hecho es defender que las tierras de Zacate Grande para que no sean privatizadas."

    Muchos perciben su situación como irreparable. Viven un clima de tensión permanente, terror, y en muchas ocasiones las víctimas prefieren el silencio.

    "No había tenido oportunidad para denunciar ese hecho, porque las autoridades más bien están de lado de ellos y hasta nos pueden hacer algo por pensar distinto a ellos. A los únicos que puedo contarles esto es a ustedes, no a la otra comisión que no le importa el pueblo". |59|

    Además, en la zona del valle del Aguán las víctimas conviven cerca de sus victimarios o enemigos; en algunas ocasiones los agentes de seguridad privada son integrantes de la misma comunidad, lo que aumenta la inseguridad individual y comunitaria.

    La falta de investigación de los asesinatos, así como la sanción y justicia a los responsables, dificulta la resolución del duelo de sus familiares y contribuye a que los efectos de la violencia continúen creciendo como olas en contra de este grupo. Esta situación no permite la reconstrucción del tejido social, profundiza la polarización.

    Esta sintomatología ha deteriorado la calidad de vida de las personas de la comunidad a nivel individual, familiar, social y laboral. Es un colectivo muy vulnerable a permanentes violaciones a los derechos humanos, que han generado desplazamientos internos y externos también.

    "En los momentos más duros, cuando estaba muy fuerte la persecución, me he tenido que cambiar de casa como medida de precaución, hubo un momento en que sentí que esa noche me iban a matar ". (Defensor de Recursos Naturales- Testimonio-)

    La situación les obliga por seguridad personal o conservación del empleo a aminorar su participación en las organizaciones a las que pertenecen y en general en la vida de la comunidad. En esta injusticia, que refleja las desigualdades sociales de las que son objeto, participan la policía nacional y las fuerzas armadas.

    "Uno se siente impotente, porque ellos tienen el control de los militares, porque en lugar de apoyar al pueblo apoyan a estas personas ricas y uno es pobre, prácticamente vivimos de la tierra." |60|


    5. Docentes

    Vida cotidiana y hechos

    Las organizaciones magisteriales se constituyeron durante la década de los años 60 y 70; en la actualidad su Federación está conformada por 6 colegios magisteriales. Es un actor social potente en manifestaciones, huelgas de brazos caídos y asambleas informativas, como protestas al incumplimiento de aumentos salariales, irrespeto a su Estatuto y desatención de las condiciones físicas de los centros educativos por el gobierno. |61|

    A raíz del golpe de Estado, las organizaciones magisteriales se incorporan al Frente Nacional de Resistencia Popular; como consecuencia, reciben un alto nivel de represión en las manifestaciones públicas, incluyendo asesinatos, persecución selectiva, señalamientos discriminatorios, suspensión laboral y campañas criminalizadoras, que tienen impacto a nivel individual, familiar, grupal, comunitario y social.

    Vida laboral y económica

    Este aspecto se vio fuertemente impactado por la tensión entre compañeros y compañeras de trabajo por diferencias ideológicas, en la mayoría de los casos con las autoridades de los centros educativos que amenazaban con cancelar sus puestos a quienes participaran en las manifestaciones de calle.

    "Amenazan con quitarme mi trabajo, por participar en los movimientos magisteriales." (Testimonio - gremio magisterial x.1)

    "Nos tachan en la escuela como los de izquierda, he sido marginada por mis pensamientos políticos" (Testimonio - gremio magisterial x.2)

    "Me da miedo que me suspendan o me quiten el trabajo, he escuchado solamente que quieren quitar el trabajo. Me cambiaron de actividades que ya tenía como queriendo provocar faltas. (Testimonio - gremio magisterial x.3)"

    Las suspensiones laborales fueron una medida disuasiva por el aparato estatal aplicada a maestros que participaron en las manifestaciones magisteriales, comprendiendo un período de 2 a 6 meses, incluyendo despidos sin justificación, cancelación de contratos e incumplimiento de los pagos establecidos en el Estatuto del Docente, |62| provocando dificultades en la manutención de sus familias, el reemplazo de sus plazas por docentes del proyecto PROEHCO |63| y, como medida extrema, amenazas con el cierre o destrucción del centro educativo.

    "Me sacaron de mi trabajo por andar en mi movimiento político, me cambiaron de centro varias veces por mi manera de pensar, mi participación en esto me ha venido a afectar" (Testimonio - gremio magisterial x.4)

    "Mis ingresos son nulos debido a que estoy suspendido, a pesar de eso vengo a dar clases y cumplir con mi trabajo." (Testimonio - gremio magisterial x.5)

    "Por la pérdida del trabajo, temor a que no nos devuelvan la plaza, no tenemos ninguna garantía de que nos regresen nuestra plaza." (Testimonio - gremio magisterial x.6)

    "Destruyeron la escuela, pero esperamos seguir dando clases." (Testimonio - gremio magisterial x.7)

    "Yo he estado yendo normalmente a mi trabajo, ahorita fui suspendido por el gobierno durante seis meses por la ley que propuso el secretario de educación Alejandro Ventura, por haber participado en un paro indefinido, aunque siempre sigo yendo a trabajar." (Testimonio - gremio magisterial x.8)

    En la mayoría de los casos, los docentes que conservan sus plazas perciben hostilidad y exclusión en las actividades educativas por parte de las autoridades de los centros en que laboran, producto de las diferencias ideológicas generadas por la participación y apoyo a los movimientos magisteriales; estas condiciones han provocado una disminución en la satisfacción laboral, decaimiento, desmotivación, aumento del estrés como consecuencia de las presiones económicas y constantes amenazas de pérdida del empleo.

    "Hubo paro de labores por más de dos meses, me quisieron acusar de abandono de trabajo pero salí bien y con mis compañeros a veces no compartimos porque ellos están a favor de la oligarquía." (Testimonio - gremio magisterial x.9)

    "Tensión laboral, las relaciones se volvieron estrictamente profesionales, por marcadas diferencias ideológicas." (Testimonio - gremio magisterial x.11)

    "Yo pertenezco al gremio magisterial, mi rendimiento ha sido menor, a veces pierdo el control hasta de la clase, me siento preocupado por la situación que se enfrenta ahora." (Testimonio - gremio magisterial x.12)

    De manera particular, una parte de los docentes, ha sentido apoyo de los padres de familia, colegas e incluso de algunas autoridades de los centros educativos.

    "Fui objeto de marginamiento en mi escuela, por parte del director -quien ya no está- no se me pasaba información general, soy maestro especializado, y me daban primer grado, no se me informaba de las actividades de la escuela; ahora hay otro director que es parte de nuestro equipo." (Testimonio - gremio magisterial x.13)

    Vida familiar y de pareja

    Las familias de las víctimas como el grupo más cercano, fueron las más afectadas por la violencia y la represión. En la dinámica familiar, la comunicación se evidencia fracturada y disminuida, se dio un aumento del estrés y de la tensión al interior de la misma provocando en la mayoría de los casos discusiones, peleas, desacuerdos y falta de apoyo en gran medida por las distintas maneras de enfrentar la situación, principalmente por la diferencia ideológica existente entre los que participan de las movilizaciones y los que se mantienen a favor del golpe de Estado.

    "Mi esposo me ha tratado de impedir que ande en manifestaciones, que vaya a los medios, me pide que ya no ande en la resistencia. Esto me ha traído muchos pleitos y en un momento me dijo que desde el golpe de Estado para acá me había arruinado, que me he vuelto más enojada y que no paso mucho tiempo con mi familia." (Testimonio - gremio magisterial x.14)

    "Nos separamos por mi pensamiento político, incluso hubo un rechazo de mi esposo a mis hijos, ya teníamos problemas pero esto terminó de separarnos." (Testimonio - gremio magisterial x.15)

    "Al ser suspendido se puso más tensa la relación, pues me reclaman porque no puedo llevar el sustento al hogar, mi esposa me amenazó incluso de divorciarnos." (Testimonio - gremio magisterial x.16)

    "Tengo un hijo en silla de ruedas que fue producto de violencia en una situación anterior y psicológicamente pasa mal sabiendo mi situación. Hay una división en la familia por no compartir los mismos pensamientos." (Testimonio - gremio magisterial x.17)

    "Hay dificultades para cubrir los gastos, pero también mis hijos están siendo hostigados, pues les dicen que soy haragán y que por eso me han suspendido" (Testimonio - gremio magisterial x.18)

    Existe profunda preocupación por la seguridad personal y de su familiares, temor por las amenazas recibidas por diversos medios, constantes sentimientos de inseguridad cuando un familiar se encuentra fuera de casa debido a las represiones cometidas a manifestantes, asesinatos, detenciones y exposición a gases tóxicos; sentimientos que generalmente se intensifican por la noche al ver vehículos o personas desconocidas cerca de casa.

    "Mis niños tienden a evitar que yo vaya a las marchas, ellos se preocupan por mi situación, mi niña de 10 años dice que los policías son malos." (Testimonio - gremio magisterial x.19)

    "Mis hijos me dicen que no vaya a las manifestaciones, me suplican que no lo haga, siento que mi familia está muy preocupada por mi situación." (Testimonio - gremio magisterial x.20)

    "Mi hijo estuvo preso 7 días, golpearon a mi sobrino, mi familia teme que mi vida esté en peligro y se comportan aprensivos." (Testimonio - gremio magisterial x.21)

    La relación de pareja se ha visto afectada, particularmente se percibe una disminución del deseo sexual, tensión, falta de concentración, excesiva preocupación, disfunción eréctil y dolor al momento del coito.

    "Mi esposo piensa distinto, tiene otro contexto mental y teníamos discusiones, distanciamiento y juicios." Testimonio - gremio magisterial x.22)

    "Falta de deseo sexual y en la cama nos dedicamos a preocuparnos por lo que pasa." (Testimonio - gremio magisterial x.23).

    "Ha disminuido nuestra intimidad, pienso que es por mi mismo carácter, siento que del año pasado para acá he cambiado el deseo sexual." (Testimonio - gremio magisterial x.24).

    Los hijos juegan un papel preponderante; por un lado, aquellos que apoyan la participación de sus padres en las manifestaciones sociales, acompañándoles y formando parte de las mismas; y en otros casos, muestran su desacuerdo y malestar al no compartir ideales.

    "Mi familia se preocupó por mi situación cuando fui suspendido, aunque mi esposa y mis hijos han sido de muchísimo apoyo." (Testimonio - gremio magisterial x.25)

    "A mis hijos los interrogan del porqué de mis suspensión, mi hijo que está en la universidad, no ha podido seguir por la carencia económica." (Testimonio - gremio magisterial x.26)

    Un grupo especialmente afectado en muchas familias son los hijos de las personas muertas o desaparecidas, que han tenido que hacer sus procesos de duelo en condiciones de estigma, y sufrir las consecuencias de la pérdida de apoyo en sus vidas; de igual forma en el caso de los progenitores que enfrentan la pérdida de uno de los cónyuges, provocando una reestructuración de los roles familiares.

    "Desde que desaparecieron a mi papá y lo mataron los militares y policías, me he alejado de todo, no tengo vida social, y procuro no salir, mi mamá pasa temerosa de todos los movimientos que hago, me dice casi que no salga, ni siquiera a dar estas declaraciones, yo no puedo ver policías, si pudiera los mato. Tengo que hacerme cargo de lo que dejó mi papá, los negocios, me siento una persona violenta. No se me quita de la cabeza, no podré olvidar esto, tengo demasiado rencor y dolor dentro." (Testimonio - gremio magisterial x.27)

    El acceso a salud, sustento y continuación de estudios se ha visto disminuida por la falta de recursos económicos. En la mayor parte de los casos este impacto en las familias conllevó un empeoramiento de las condiciones de vida. Además, en el caso de las áreas rurales, estas consecuencias conllevan no solo una pérdida del sustento económico sino también mayores dificultades en su medio local, por la peligrosidad y aislamiento social.

    "Mis hijos me critican que por haberme metido en esos rollos ellos están mal, pues este periodo no he podido pagar la universidad privada." (Testimonio - gremio magisterial x.28)

    Las acciones de las propias víctimas o la solidaridad de su medio familiar han ayudado en algunos casos a un intento por recuperación socioeconómica y personal.

    "Todos somos parte de movimientos populares, y se preocupaban por mis seguridad."(Testimonio - gremio magisterial x.29)

    Relaciones sociales y actividades de esparcimiento

    "Esto ha sido durísimo, ya no puedo salir con toda la libertad que salimos antes, ya no podemos visitar lugares públicos por la misma protección que uno está buscando o medidas de seguridad que tomamos." (Testimonio - gremio magisterial x.29)

    Tras el golpe de Estado, la vida social de los maestros participantes de las movilizaciones se vio afectada por temor a represalias, señalamientos y persecución. La diferencia ideológica marcó un distanciamiento con amistades, vecinos y compañeros de trabajo, participación en iglesias e incluso actividades deportivas. La presencia de policías y militares dentro de estos espacios públicos causaba incomodidad y repudio, pero también mucho temor por una gran parte de la ciudadanía que no se sentía segura ni tranquila al lado de agentes de represión.

    "Me he limitado a eso de andar en restaurantes porque hasta ahí he tenido persecución. Llego a algún lugar y pienso que puede haber alguien que me puede provocar." (Testimonio - gremio magisterial x.30)

    El hostigamiento, secuestros, detenciones violentas , persecución al ser identificado como miembro del gremio magisterial o movilizaciones contra el golpe de Estado generaron una sensación de inseguridad en los ámbitos privados o incluso en otros espacios sociales que ofrecen garantías de cuidado y protección; por otro lado, la carencia económica redujo las salidas estrictamente a reuniones con organizaciones a las que pertenecían, trabajo, escuela, colegio, universidad, visitas a familiares cercanos y, si era posible, consultas médicas.

    "Ya no salimos mucho, solo salimos donde se nos vea, por un listado que tienen las fuerzas policiales para "limpieza social" (Testimonio - gremio magisterial x.31)

    "Íbamos pendientes de que nos detuvieran o cosas así cuando salimos. Esta zona fue muy militarizada y con patrullas para estar vigilando." (Testimonio - gremio magisterial x.32)

    Su círculo social se modificó por completo, conformado en gran parte por miembros de organizaciones contra el golpe de Estado o personas con ideologías afines que no están organizadas, contribuyendo a un ambiente de protección común, libertad en la militancia y sentido de pertenencia.

    "Mis salidas están reducidas, ahora sólo me dedico a las capacitaciones, reuniones con las personas del Frente Nacional de Resistencia Popular, el círculo de amigos es distinto." (Testimonio - gremio magisterial x.33)

    "Me he distanciado de algunas personas, con uno de mis vecinos cambió la relación de forma radical, porque mantenía posiciones que divergían con las mías, y a mi parecer eran equivocadas; en cuanto a las salidas ha sido algo terrible, antes yo salía con mi familia a La Ceiba, Tela, ahora ni lo contemplo, es muy riesgoso."(Testimonio - gremio magisterial x.34)

    Clima emocional

    El impacto social que generaron las violaciones de derechos humanos provocó la generalización de un clima de miedo e inseguridad; se identificaba a las fuerzas de seguridad pública abusando de la autoridad de sus cargos para atentar contra la vida y la dignidad de aquellos a quienes calificaban como "peligrosos".

    "Cada vez que están reprimiendo, me dan muchas ganas de tener otro poder para estar ahí, cuando veo noticias, dejo de ser quien soy, me siento impotente, desprotegido con el corazón lleno de odio. Cuando vi a la profesora muerta, con toda el alma deseé ser yo quien estuviera ahí, me sentí culpable al no poder estar ahí, lo mismo cuando mataron al profesor Vallejo, tengo fresquita la imagen de Isy Obed cuando lo mataron en el aeropuerto, no lo puedo olvidar." (Testimonio - gremio magisterial x.35)

    "Cuando uno mira las escenas de cuando gasean a los compañeros maestros, cuando asesinaron a la maestra, los encarcelamientos, lo afectan mucho a uno. Esto generalmente me mantiene tensa, angustiada, paso llorando cuando veo eso... Cólera, frustración, impotencia, uno siente que esto puede ocurrirle a uno también, vivo con mucho temor de encontrar un carro sin placa que quiera hacerme algo." (Testimonio - gremio magisterial x.36).

    Los actos de violencia cometidos por el Estado evidenciaron un aislamiento social de las víctimas, además de un estado inquebrantable de inhibición, desconfianza y en algunos casos de silencio a nivel colectivo. Los medios de comunicación estatales ejercieron influencia en las percepciones de las personas que no participaban de las manifestaciones, con respecto a las que sí lo hacían; constantemente, se acusaba a éstos de representar una amenaza para la democracia y de estar contra los intereses del país; se les ha señalado de comunistas, izquierdistas.

    "Pertenezco al gremio magisterial, y a la gente le da pena decir que es maestro, para los militares somos el enemigo, ser resistencia/izquierdista es lo peor... " (Testimonio - gremio magisterial x.37)

    "Soy perseguido, en mi casa se han parqueado carros sin placa, he recibido llamadas a mi celular que en el identificador de llamadas no aparece el número, mensajes donde me dicen: Ñángara elaborá tu testamento, porque tus horas están contadas para vos y Geovany Martínez, hijo de la gran puta, tus días están contados. Mi esposa sufrió un derrame facial cuando vio los mensajes." (Testimonio - gremio magisterial x.38)

    Operativos policiales, detenciones de personas, helicópteros que sobrevolaban incesantemente las zonas donde se encontraban los manifestantes, represión de manifestaciones de movimientos sociales, exposición a gases lacrimógenos, aumentaba la tensión y sensación de desprotección. Estos hechos, evocan experiencias vividas en otras épocas, donde su vida se encontraba en riesgo; aumentando comportamientos de retraimiento y desconfianza como mecanismos de protección.

    "Cuando veo noticias y veo lo que pasa con los campesinos del Bajo Aguán, me siento impotente, porque soy maestro, vengo de origen campesino y mi familia fue perseguida en la década de los 80." (Testimonio - gremio magisterial x.39)

    "Me da tanto pesar que cuando murió la maestra Ilse, Pepe Lobo fue a ver a los militares, y ni siquiera tuvo la cortesía de ver a la familia de la maestra, cómo es posible que sigamos aguantando esto, si nos hacen esto descaradamente, siento miedo de que puedan hacernos algo" (Testimonio - gremio magisterial x.40)

    A pesar de que hubo algunos sectores de la sociedad bien adaptados con el nuevo régimen, otros más numerosos se vieron directa e indirectamente afectados por la represión; la gente siente miedo a expresar sus ideas en público, producto de una percepción de inseguridad generalizada.

    "Cuando veo a esa señora la vecina que metió preso a mi esposo, Damaris Abigail Flores Osorto, ella es activista del partido nacional y desde que sabe que estamos en el Frente se la ha tomado contra nosotros."(Testimonio - gremio magisterial x.41)

    "Tengo temor que me hagan daño, identifico al Ministro de Educación Alejandro Ventura, al Presidente Pepe Lobo y a las FFAA por todas las denuncias que hemos hecho por su abuso de autoridad, duermo poco pensando en la familia, tengo once días de estar en la huelga de maestros." (Testimonio - gremio magisterial x.42)

    La búsqueda de verdad y justicia fue obstaculizada por las instituciones judiciales y la policía quienes no brindaban la ayuda requerida para el proceso, poniendo a los familiares de las víctimas en una situación de inseguridad e impunidad.

    "Tengo sentimientos de inseguridad, de indefensión, saber que si a uno le pasa algo no hay dónde acudir, mi miedo se relaciona con que me puedan hacer algo, porque todos los compañeros me dicen que me tengo que cuidar porque me he expuesto mucho públicamente." (Testimonio - gremio magisterial x.43)

    "En primer lugar, considero que no he cometido ningún acto ilegal o pecado, tengo claro que el problema central del país son los altos niveles de corrupción, donde se pierde la condición humana, tengo identificados a quienes me persiguen, uno de ellos es el jefe de la granja penal de Sta. Rosa de Copán."(Testimonio - gremio magisterial x.44)

    "Tenemos miedo a la denuncia, ahora sentimos que la policía y los jueces están involucrados en los actos criminales y que ya no tiene sentido denunciar. Yo considero que hay lugares sitiados en Honduras, mi hermana estuvo sola, la gente se encierra de miedo en sus casas, las personas que viven cerca saben quien fue pero nadie quiere hablar, nos encontramos en un grado de indefensión." (Testimonio - gremio magisterial x.45)

    Polarización de la sociedad

    Este sector percibe institucionalización de la violencia por parte del Estado como mecanismo de control y seguridad; con el fin de lograr fragmentación o debilitamiento organizativo a través de persecuciones, riesgo de la tortura o el asesinato en el caso de militantes reconocidos del gremio magisterial y demás organizaciones contra el golpe de Estado. La ausencia permanente de sanción de crímenes y violaciones a derechos humanos ha generado profunda desconfianza y repudio hacia la policía, militares, autoridades estatales.

    "Nunca hemos hecho una denuncia formal, más que mostrar fotografías y documentos a medios extranjeros y nacionales, precisamente porque no sabemos si a quien le daremos declaraciones son parte de las personas que propiciaron el golpe de Estado, y pueden hacerle daño a nuestras familias." (Testimonio - gremio magisterial x.46)

    "Decidí denunciar por la agresión y maltrato físico/verbal que recibimos por parte de militares y policías. Odio desde ese momento hasta hoy que veo como golpean a mis compañeros, siento cólera, indignación; rechazo a los policías y militares, cuando pasan quisiera gritarles, ya no les tengo confianza." (Testimonio - gremio magisterial x.47)

    Impacto individual

    A nivel físico, se manifiesta un estado general de sobresalto, sudoración, insomnio, pérdida o aumento del apetito, cansancio, afección respiratoria por exposición a gases lacrimógenos que eran lanzados en plantones ó movilizaciones sociales; dolores localizados en varias zonas del cuerpo, producto de los golpes recibidos con toletes, patadas y puñetazos, y problemas gastrointestinales. Otras condiciones médicas, diagnosticadas con anterioridad, se vieron agudizadas tras las experiencias vividas y pocos recursos para el tratamiento requerido.

    "Tengo sentimientos de indefensión e impotencia, porque no tengo dónde ir a reclamar, enojo, indignación, humillación. Hay efectos colaterales, es un daño irreversible el que uno ha recibido. A raíz de eso duermo poco." (Testimonio - gremio magisterial x.48)

    "Mi dificultad es cuando está oscuro, para dormir, incluso hay veces que despierto con miedo y me levanto a revisar las puertas, siento que en los sueños me persiguen y que me torturan, cuando está oscuro y solo me da mucho miedo." (Testimonio - gremio magisterial x.49)

    Han experimentado sentimientos de desesperación, tristeza, temor y desamparo; cambios bruscos en su estado de ánimo, reaccionando de manera hostil en situaciones cotidianas, desde el hogar hasta el centro de trabajo.

    "Yo pertenezco al gremio magisterial, mi rendimiento ha sido menor, a veces pierdo el control hasta de la clase, me siento preocupado por la situación que se enfrenta ahora."(Testimonio - gremio magisterial x.50)

    El señalamiento y persecución a la que han sido sometidos, suponen un contexto de peligro y de vulneración de la vida que se fortalece al no sentir respaldo ni protección del aparato estatal, generando pérdida de valoración personal, frustración e impotencia. Existe constante preocupación por posibles represalias que amenacen la integridad personal y de familiares; sin embargo, expresan profundo orgullo de luchar por una causa que consideran justa, motivados por deseos de justicia y castigo a responsables de los hechos.

    La condición física y emocional de las víctimas ha desencadenado reacción a estrés agudo, episodios depresivos, trastorno de estrés post traumático, abuso de medicamentos e incluso el incremento en el consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas.

    "Mis hijos se han vuelto bien nerviosos, y más cuando me tomo mis cervezas se ponen más nerviosos." (Testimonio - gremio magisterial x.51)

    "Creo que psicológicamente se me ha metido eso en la cabeza, no sé si habrá algún medicamento para relajarme. Siento que no puedo salir de eso." (Testimonio - gremio magisterial x.52)

    La falta de recursos impide la búsqueda de servicios médicos y asesoría psicológica, condiciones que de no ser tratadas podrían agudizarse o desencadenar otras condiciones patológicas.

    Alteración en el proyecto de vida

    Las circunstancias de los hechos vividos suponen un aumento de las exigencias emocionales, tanto al interior de la familia como en la relación con amistades o vecinos. Todo ello conlleva un gran esfuerzo por asimilar los hechos, enfrentar la pérdida o las dificultades prácticas y manejar el estigma o la valoración social de los hechos con otras personas, no es tarea fácil.

    Los proyectos a futuro se vieron truncados por suspensiones laborales y pérdidas de trabajo, reduciendo los ingresos económicos para cubrir necesidad de acceso a salud, educación y alimentación. Remodelaciones en el hogar, deseo de continuar estudios universitarios, cambio de vivienda, salida de la comunidad y del país por persecuciones percibidas, son algunos eventos que han llevado a la modificación abrupta en el plan de vida de las víctimas y sus familiares.

    "Yo siempre había pensado en sacar otra carrera universitaria, pero con todo esto que me ha pasado y económicamente es más difícil con las circunstancias del país." (Testimonio - gremio magisterial x.53)

    "Tenía el proyecto de culminar la construcción de mi casa, pero al ser suspendido me encuentra limitado económicamente." (Testimonio - gremio magisterial x.54)


    6. Periodistas

    Vida cotidiana y hechos

    Vida laboral y económica

    Este colectivo ha vivido múltiples acciones represoras entre las que destacan:

    1. Acciones orientadas a impedir el trabajo periodístico
    2. Acciones intimidatorias contra la libertad de expresión
    3. Acciones contra la integridad psicológica y física del periodista
    4. Emisión de normativas y utilización del marco legal para impedir la libre expresión y acceso a la información
    5. Actos de censura
    6. Represalias económicas

    "Estamos tan presionados que si cometemos un error en decir una cifra de personas en una marcha (de opositores al derrocamiento (del Presidente) Zelaya) ya somos objeto de amenaza por mensajitos (de texto vía celular) o llamadas telefónicas. Estamos en una situación difícil que nunca hemos vivido como profesionales del periodismo", expresó Nancy Johns a C-Libre. Mientras los discursos de los funcionarios del Estado pregonan reconciliación y estabilidad en el año 2010 las muertes a este gremio aumentan y se mantienen en la impunidad, repercutiendo estas amenazas y el uso del miedo como herramienta represiva, enviándoles subliminalmente un mensaje de freno de la libertad de expresión.

    La falta de recursos impide la búsqueda de servicios médicos y asesoría psicológica, condiciones que de no ser tratadas podrían agudizarse o desencadenar otras condiciones patológicas.

    La autocensura que se aplican las personas en el ejercicio del periodismo o en su calidad de fuentes por el miedo a atentados contra su vida y despidos limita el interés y rigor que pueden hacer en sus investigaciones y presentación de las noticias.

    Familia y relaciones de pareja

    Las tensiones producto del ejercicio de la actividad periodística se han incrementado siendo extensivas a sus familiares y creando un entorno conflictivo en sus relaciones afectivas y familiares.

    "Después del 28 de junio he tenido problemas, estoy actualmente separado, mi esposa se preocupaba demasiado y tuvimos diferencias, no le dedicaba tiempo." |64|

    "Hay ciertas cosas que no alcanza a entenderlas, y he optado por no discutirlas con él, me enojo cuando no me apoya." |65|

    La percepción de poner en riesgo a las personas que les rodean por ser figura de los medios provocan preocupación y aislamiento, así que como alternativa toman distancia por el temor de que otras personas reciban amenazas.

    "Conocí a una muchacha después del golpe de Estado y nos separamos porque me daba miedo ir a visitarla para que no le pasara nada, lo mismo con amigos que les pedí que se alejaran de mi para que no les pasara nada." |66|

    Relaciones sociales y actividades de esparcimiento

    Todos reportan que ha sido afectada. La convivencia en actividades de tiempo libre ha disminuido o ha sufrido alteraciones, ya que permanecen en un estado mental aprensivo.

    "Cuando hay fiestas uno tiene en mente que le pueda pasar algo, ahora ya no salgo tanto".

    "Ir a las reuniones me cansa pensar que tengo que decir y que no tengo que decir, entonces mejor no voy." |67|

    "Ya no podemos salir como antes, con la libertad que teníamos, varios de mis amigos se han retirado por miedo a que les ocurra algo por estar cerca de mí." |68|

    Clima emocional

    Han experimentado y continúan sintiendo sentimientos negativos de enojo, miedo, preocupación, tristeza, indignación, impotencia, humillación, injusticia, rabia, frustración, desprecio, rencor, dolor y resentimiento como consecuencia de las acciones represoras vividas. En reportaje publicado por la Red CIMAC, según Daysi Flores, conductora del espacio "Tiempo de hablar", ambos programas contaron con mucha audiencia y participación del público.

    "Hemos invitado a la gente, desde la intimidad de la radio, a compartir con nosotras la realidad que vivimos y no la que le pintan los medios oficiales".

    Polarización de la sociedad

    Con el golpe de Estado del 2009 la polarización política también fue mediática, dando lugar a atentados dirigidos contra los medios de comunicación. Los medios que evidenciaron su oposición al golpe de Estado, incluyendo las radios comunitarias, fueron víctimas de ataques, hostigamiento, amenazas por fuerzas militares. Los medios que apoyaron la llamada "sucesión constitucional" también sufrieron ataques que fueron atribuidos a extranjeros con interés en desatar el caos y anarquía, así como a personas no identificadas.

    Impacto en las mujeres

    Muy poco se ha ventilado sobre los múltiples ataques y amenazas de las que han sido víctimas mujeres en el ejercicio periodístico.

    "Estoy enojada, me parece el colmo de la canallada y me enoja que sigan pretendiendo excusarse en decretos. Es una dictadura que pretende callarnos, sobre todo a las mujeres que pensamos, que cuestionamos, que colocamos debate".

    Impacto en la niñez

    Los hijos e hijas de las personas que ejercen el periodismo han sufrido las repercusiones del estrés de sus padres y madres, quienes no se encuentran con la disponibilidad de compartir, ya que producto de la irritabilidad son vulnerables a malos tratos y descuidos.

    "No le tengo paciencia a mi niño, estoy cansado, no tengo ganas de jugar con él".

    También los menores de edad han sido víctimas directas de la represión contra sus padres como es el caso de la niña Abril McDonald, hija del caricaturista Allan McDonald, quien con apenas 17 meses de edad fue víctima de la brutalidad militar.

    Impacto individual

    El quehacer periodístico en un ambiente de crisis política es estresante y ha tenido repercusiones en el estado de salud emocional del personal que trabaja comunicación, como cambios bruscos en su estado de ánimo después de los hechos vividos y relatados en su testimonio. Según la Organización Mundial de la Salud a través de la clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10 (10 por la décima Edición de 1998) "La exposición a un acontecimiento excepcionalmente estresante, agudo o mantenido, es capaz de provocar una reacción de estrés o un cambio vital significativo que conduce a síntomas debidos al aumento de la activación y comportamientos de evitación a los estímulos relacionados con el trauma. Todo ello ha de provocar interferencia en los mecanismos de adaptación normal y un malestar clínicamente significativo y/o deterioro en las áreas vitales del sujeto."


    7. Exiliados y desplazados

    En algunos casos donde la violencia o persecución a los familiares fue extrema, se produjo como consecuencia su desplazamiento o exilio. Algunas experiencias traumáticas incluyeron el exilio o el desplazamiento forzado de las víctimas y familiares. El desplazamiento es una consecuencia pero, a la vez, es fuente de nuevas violaciones y -en sí mismo- es una violación del derecho a decidir libremente dónde asentar la vida.

    El desplazamiento representa por lo general una desestructuración familiar, debido a la necesidad de proteger sus vidas y a la escasez de recursos económicos o de apoyo. En términos psicológicos, supone una pérdida de apoyo social además de ser un potente generador de estrés crónico, con un importante impacto negativo en la situación de los refugiados y desplazados.

    Ser desplazado significa, además, una pérdida de referentes culturales, de la relación con la tierra en familias campesinas o indígenas, y cambios en la propia identidad. Cuando este desplazamiento se hace en condiciones precarias de seguridad o de recursos económicos, las consecuencias son muy negativas. Todo ello tiene incidencia en los procesos de socialización y educación de los hijos, sumado al daño psicológico por la pérdida y la desestructuración familiar.

    Asimismo, el miedo como efecto generalizado ha producido desplazamiento de la gente a otras zonas así como exilio a otros países donde se sienten a salvo de persecuciones y hostigamientos.

    Entre las consecuencias de las violaciones, muchas veces se encuentran tanto el desplazamiento, el exilio, la clandestinidad, así como el cambio y sobrecarga de roles al interior de la familia, lo cual produce a veces intensos sentimientos de culpa debido a la imposibilidad de continuar con las responsabilidades y funciones que tradicionalmente habían ocupado al interior de los círculos familiares.

    Vida cotidiana y hechos

    Se tomaron los testimonios de personas que se encuentran en calidad de refugiados por motivos políticos como consecuencia del golpe de Estado del 28 de junio del 2009.

    Las personas que se avocaron a brindar su testimonio ante los representantes de la Comisión de Verdad se encuentran entre ellos ex militares, campesinos con órdenes de captura, dirigentes campesinos que fueron amenazados de muerte y la expatriación de familias enteras que se vieron obligados a salir del país por el clima de inseguridad y amenazas contra su vida.

    Según revelan, las condiciones del país donde se encuentran en forma de exiliados, no son óptimas ya que no tienen empleo ni posibilidades reales de obtener uno, la inseguridad y violencia es similar a la que se vive en Honduras, sus relaciones sociales son muy limitadas y reciben poco apoyo de las instituciones que los recibieron y les recomendaron salir del país. Algunos de ellos se plantean la idea de emigrar a otro lugar con mejores condiciones, ya sea en este mismo continente o a Europa. Sin embargo, en todos los casos el deseo de regresar a Honduras es expresado de forma manifiesta.

    Vida laboral y económica

    No podemos hablar de vida laboral plenamente, cabe mencionar que las personas en calidad de refugiados o exiliados por el hecho de abandonar su país de origen, han dejado su trabajo y la mayoría de sus recursos económicos.

    Debido a esto no cuentan con los recursos necesarios para la calidad de vida deseada. Y ahora se enfrentan a un panorama completamente diferente, ya sea en el ámbito laboral o económico, al mismo tiempo esto ha hecho que se deteriore su estado de ánimo en general. Además manifiestan la cancelación de su contrato durante el golpe de Estado, sin recibir los beneficios laborales que habían adquirido anteriormente.

    "Aquí me despidieron durante el golpe, por ser parte de la resistencia, aun con un permiso sindical no me pagaron mis beneficios por ley, en España no he podido encontrar trabajo en todo este tiempo. A mi hermana le negaron mis documentos en INFOP" |69|

    Uno de sus métodos de subsistencia es la ayuda económica que les envían sus familiares desde su país natal. Además del sentimiento de frustración por la subestimación de su trabajo y la pérdida de su estatus laboral adquirido por su trayectoria.

    "… a veces me siento frustrada, soy asistente administrativo pero hago de todo, en Honduras administraba una constructora, yo mandaba, aquí me manda todo mundo". |70|

    Entre las consecuencias de las violaciones, muchas veces se encuentran tanto el desplazamiento, el exilio, la clandestinidad, así como el cambio y sobrecarga de roles al interior de la familia.

    En la red tejida alrededor del trabajo, se encuentran los intercambios económicos (fuerza de trabajo, remuneración) así como también afectividad, categorías de inserción laboral, estructuración de la cotidianeidad, de identidad, de aprobación social, pertenencias y seguridad. La inserción a un nuevo ámbito laboral se encuentra fuertemente ligada a la inserción social y cultural de los migrantes.

    Vida familiar y de pareja

    El impacto en las redes familiares cercanas de los exiliados como padres, madres, hijos, esposas, hermanos se evalúa en este apartado. A raíz de su distanciamiento físico, las relaciones con sus familiares se han debilitado. Tanto para los que se encuentran lejos de su casa como para los que quedan en su país los impactos psicosociales son indescriptibles.

    Los que salen del país se enfrentan a sentimientos de frustración, desesperación, tristeza y nostalgia por la familia que dejaron, sus pertenencias y su identidad. Los que sufren principalmente son los hijos e hijas que no se explican la ausencia de sus padres o madres, expresando la necesidad de compartir con ellos.

    "… mis hijos me hablan y me dicen que me extrañan, preguntan cuándo voy a volver." |71|

    El impacto que tiene en los niños puede acarrear problemas en la escuela de rendimiento académico, distanciamiento y retraimiento, nostalgia, tristeza y otros sentimientos de inseguridad por no tener a su progenitor cerca.

    Al mismo tiempo los demás familiares muestran sentimientos de tristeza y nostalgia que expresan por la lejanía de su pariente.

    "Mi padre sufrió un derrame cerebral, mi madre se enferma mucho. Mis hijos tuvieron que salir del país. Mi hija menor siempre está muy preocupada. Me preocupa por mi hermano". |72|

    En el exilio se producen fracturas en las líneas de parentesco más amplias, sus repercusiones se agudizan, ya que las circunstancias por las que emigran hacen difícil pensar en un pronto retorno o el alejamiento se prevé como definitivo. El retorno se encuentra impedido mientras las causas que lo motivaron a salir del país (persecución, miedo, falsas acusaciones) persistan.

    Además, factores estresantes que provoca el exilio como búsqueda de empleo, vivienda, adaptación al nuevo país, incertidumbre sobre el futuro, incluyendo la separación de sus familias, tensan al máximo las exigencias del individuo que se encuentra en esta situación.

    La comunicación con la red familiar pasó de definirse por la interacción cara a cara, cercana, espontánea y relativamente periódica a una comunicación mediatizada por canales virtuales (correspondencia, llamadas telefónicas, redes sociales y plataformas comunicación virtual) que no son de interacción directa con sus familiares. Adicionalmente tratan de comunicarse solamente a ciertas horas del día para mantener la seguridad y no tienen la libertad de comunicarse sin restricciones.

    Sin embargo, en el repertorio de entrevistados, no aparecen casos de ruptura definitiva con la red familiar. El vínculo familiar se mantuvo en todos los casos, aunque con niveles muy diferentes de afectividad e interacción. En la pareja, los impactos también se hicieron sentir.

    "Por la inseguridad de planes a futuro, sentía que no podía avanzar en esa relación. Por eso decidimos mejor romper la relación" |73|

    La mayoría de los entrevistados mencionaron haber roto sus relaciones de pareja al momento del desalojo forzado de su país. Las distancias de tiempo y espacio amenazaron las relaciones afectivas y sociales. Por otro lado, en algunas parejas aumentaron las discusiones y los desacuerdos. La relación conyugal comenzó a distanciarse y manifestar problemas emocionales entre ellos.

    "… desde que nos venimos aquí, él ha cambiado bastante, en vez de acercarme hace que me aleje más" |74|

    Relaciones sociales y actividades de esparcimiento

    Al igual que con la familia, las redes sociales de amigos y personas muy cercanas que habían construido en su país natal se han roto. Y tienen mucha dificultad para construir nuevos amigos.

    "… no tengo con quien salir, no puedo confiar en ellos, pueden dar información dónde estoy y cosas así, ni en mis mejores amigos he confiado en donde estoy por protegerlos a ellos." |75|

    En muchas ocasiones han tenido que abandonar a sus amigos y sus compañeros más cercanos, sin poder despedirse de ellos y sin justificar su desplazamiento debido a las medidas que deben adoptar en muchas ocasiones no se les permite comunicarse con ellos. Esto representa un espacio de tensión y tienden a sentirse desleales.

    "Es un corte radical, no me comunico nada más que con mi amigo más cercano, me mandan correos de donde estoy pero no les puedo contestar" |76|

    Los vínculos creados entre los mismos exiliados generan una red afectiva de contención y ayuda que funciona muchas veces como familia, satisfaciendo así algunas necesidades que en otros momentos cumplirían las familias de origen. Sin embargo, esta situación también les da desesperanza porque la situación de desamparo que comparten todos.

    Es necesaria la construcción de nuevos vínculos para posibilitar en la persona la inserción en los países de acogida.

    Clima emocional

    El exilio, visualizándolo como una experiencia traumática, se vive en forma diferente por cada persona, dependiendo del marco social en que se inserta, de la estructura de personalidad, de la escala de valores que determina su conducta y de la situación concreta de vida política, laboral y familiar que antecede y acompaña a la experiencia de exilio. Las principales evidencias emocionales que se visualizan en las personas exiliadas, son el clima de miedo por enfrentarse a un nuevo lugar desconocido, en el cual han sido forzados a desplazarse. Adicionalmente los problemas de seguridad que enfrentan son de gran impacto, ya que salen de su país de origen huyendo de situaciones que amenazaban contra su integridad física y psicológica e incluso contra su propia vida o contra su libertad. Sienten que incluso en estos nuevos países que les brindan acogida son objeto de persecución y búsqueda.

    "Fui amenazado de muerte, intimidado, siento paranoia, no confío en las personas, solamente confío en mi hermana y dos o tres amigos. He caído en una depresión. Dejaba las cosas sin terminar, comencé a acumular cosas que no servían, no tenía concentración para estudiar. Tenía muchos recuerdos de lo que había pasado aquí en Honduras" |77|

    Todas estas manifestaciones podrían convertirse en el síndrome de Ulises, nombre que se le da al conjunto de síntomas y sentimientos que presentan las personas que han emigrado. Han expresado incluso odio hacia las personas o las situaciones que los obligaron a salir del país. Caracterizando esto como un desprecio por las autoridades del país, llegando incluso a no reconocerlas.

    "Siento odio, lo hice para salvaguardar mi humanidad y la de mi familia, el odio lo empecé a sentir hasta que llegue acá, siento que arrastré a mi familia a esto" |78|

    El exilio se vive en esta etapa en forma ambivalente. El país de acogida aparece fraternal y protector, se establecen nuevas relaciones entre los compañeros de exilio, se mantiene una importante actividad grupal en tomo a la situación política y a la búsqueda de solución a los problemas inmediatos. Al mismo tiempo, se vive una situación de aislamiento y desarraigo gratificada por un "estoy aquí, pero no pertenezco".

    El exiliado vive una situación disociada entre los requerimientos inmediatos de adaptación y sobre vida que le imponen las condiciones del país y el anhelo siempre presente de retomar a la patria.

    Polarización de la sociedad

    El clima de inseguridad tras el golpe de Estado se vio reflejado de forma directa en este colectivo. El nivel de estrés y la necesidad de encontrar seguridad fue lo que los llevó a abandonar el país. Era impensable poder confiar en los organismos estatales y se vive a tal punto que al encontrarse en el exilio no tienen contacto con amistades, familiares ni organizaciones de las que eran parte, esto por miedo a ser ubicados y expuestos en los países en los que ahora residen.

    Los hechos que motivaron la decisión de abandonar el país son en gran medida resultados de la división social. Ver que la policía, el ejército y otros sectores responsables de las violaciones de las que fueron víctimas, siguen impunes, generan miedo, incrementando la desconfianza en la capacidad del estado de proporcionar un ambiente seguro en el cual le sea posible el retorno.

    La confianza en personas cercanas y conocidos se perdió, ya sea porque tenían visiones distintas y para no exponerlos a información que los podía perjudicar. Crear nuevas relaciones se dificulta porque el sentimiento de persecución genera desconfianza, lo que hace que sea tardado el proceso de crear vínculos afectivos estables.

    "no tengo con quien salir, no puedo confiar en ellos, pueden dar información de donde estoy y cosas así, ni en mis mejores amigos he confiado en donde estoy por protegerlos a ellos." |79|

    "hay un corte radical, no me comunico nada más que con mi amigo más cercano, me mandan correos de donde estoy pero no los puedo contestar" |80|

    La criminalización de las protestas significó que individuos procesados judicialmente, ante la amenaza de ser privados de libertad por crímenes que no cometieron, optaron por dejar sus tierras y marcharse de ahí. Las consecuencias del exilio como acción represiva de un Estado no cesan con el retorno. El daño psicológico, social e incluso físico provocado por el destierro en la persona y el grupo familiar forma un continuo que se prolonga más allá del retorno.

    "… tuve paciencia para aguantar el montón de mentiras que frente a mi han dicho"

    Impacto Individual

    El exilio político, implica rupturas biográficas de importante consideración. Grinberg y Grinberg afirman que toda experiencia migratoria es una experiencia potencialmente traumática y configura una situación de crisis. El exilio, podría entrar así, en los llamados traumatismos "acumulativos" y de "tensión", con reacciones no siempre ruidosas y aparentes, pero de efectos profundos y duraderos.

    Los cuadros con síntomas somáticos son comunes en los exiliados, padecen dificultades para conciliar el sueño y variaciones del apetito. Reviven los hechos en pesadillas o al ver imágenes de lo que pasa en Honduras, relatan tener cambios bruscos en el estado de ánimo y dificultad para recordar hechos anteriores.

    "… no duermo bien, tengo insomnio y me muevo mucho en la cama, siento que el sueño no me repara."

    "… he estado hasta tres días sin comer, solo como una vez al día, me dan ganas de vomitarla, depende del estado de ánimo" |81|

    La poca actividad laboral, la lejanía con sus familias y el sentimiento de abandono se suman para que los sentimientos de tristeza y el estado de ánimo depresivo se manifiesten en las víctimas de desplazamiento forzoso. El poco apoyo social que reciben de parte de las organizaciones de derechos humanos y de la comunidad donde residen es un factor de riesgo que aumenta las posibilidades de un trastorno del estado de ánimo. Es importante destacar que la inseguridad con la que viven hace que la sensación de miedo y de ser perseguidos no esté necesariamente vinculada a un delirio o a ideas de referencia ya que es un mecanismo de protección para salvaguardar la vida que ha sido amenazada con anterioridad.

    "Siento indignación, incertidumbre, ansiedad, frustración, no pude volver a ver quién dijo miedo la película"

    "… varias veces con las motocicletas, me parece que me van a hacer algo, cuando estaba en otra ciudad no salía, solo como a las 10 pm salía al corredor, estuve meses así." |82|

    Sentimientos de culpa son variables de individuo a individuo, los que no se sienten culpables saben que fueron llevados a tomar decisiones que afectan su entorno pero que en el momento era la mejor opción, y aunque afectaron a sus familias y seres queridos mantienen que los responsables son otros y solo actuaron para mantenerse vivos. El grupo que demuestra sentimientos de culpa manifiesta que es debido a que sienten que sus responsabilidades van más allá de la decisión de abandonar el país y cuestionan si sus acciones previas generaron riesgos mayores que los beneficios que esperaban. Sienten culpa por llevar a sus familias a vivir situaciones que no se merecen.

    "… en la noche por la crisis económica me siento culpable de haber hecho algo que hice en los ochenta que definitivamente a venido a generar este conflicto, arrastre a mi familia a esto" |83|

    Alteración del proyecto de vida

    La ruptura del proyecto vital del exiliado, la pérdida de un pasado que no logra unir coherentemente con su experiencia presente, la pérdida de status político, social, laboral, los obstáculos que encuentra para que esta sociedad ajena lo reconozca en lo que es o intenta ser, genera en el exiliado una crisis de identidad.

    Las víctimas del desplazamiento forzoso ven como sus proyectos de vida se paralizan. Esta fuera de su alcance el poder realizar los planes que tenían a mediano y largo plazo ya que lo que les depara el destino es incierto. Abandonan sus relaciones afectivas, sus trabajos son distintos, usan los fondos familiares para sobrevivir en un lugar nuevo. Los retos se llevan día a día y es complicado pensar en el mañana ya que principalmente su deseo de volver al país y de mejorar sus condiciones de vida es el plan a corto y mediano plazo, pero al mantenerse la situación sin seguridad para ellos no lo ven factible.

    Las realidades de los países en que residen no varían mucho de las de Honduras, y buscar empleo es una de las tareas que enfrentan. La necesidad económica y psicológica de ocupar el tiempo en actividades productivas es un factor estresante, ya que en un par de meses pasaron de labores en los que se sentían cómodos a ocupaciones no tan satisfactorias o a no tener ocupación. El trabajo aparece unido al concepto de inserción y residencia. La inserción laboral implica un proyecto de al menos mediano plazo en el lugar ya que el ámbito laboral ocupa un lugar privilegiado en el tejido social de pertenencia.

    "… no quiero ver al futuro"

    "Todo se suspendió, se cortó, tenía mi proyecto de hacer mi casa, tenía planes, formar una empresa, se me va el tiempo sin hacer nada, estoy cerca de los 50 y no tengo nada" |84|

    La crisis económica, más la falta de empleo continuo no permite mantener una cuenta de ahorros. El dinero ganado es usado a diario, la planificación presupuestaria se basa en los gastos necesarios para cada día, no existe el margen de ganancia que genere recursos para poder aspirar a modificar las condiciones de vida de manera sustancial. Los proyectos de vida no solo fueron modificados, ahora es difícil realizar planes, y obliga a este colectivo a tener una visión a corto plazo.


    Impacto psicosocial de las violaciones de derechos humanos y del golpe de Estado

    "Por lo general, se califica como trauma psíquico la particular herida que una experiencia difícil o excepcional (la muerte de un ser quiero, una situación de particular tensión o sufrimiento, algún hecho dolorosamente frustrante) deja en una persona concreta. A veces se utiliza el término "trauma social" para referirse a cómo algún proceso histórico puede haber dejado afectada a toda una población; por ejemplo, el caso del pueblo alemán y del pueblo judío tras la experiencia de la "solución final". |85|

    La estrategia utilizada por el gobierno de facto y continuada por el gobierno electo en 2009 para consolidar el golpe de Estado ha incluido el eje de guerra psicológica, tal como fue implementada en América Latina durante las dictaduras de los 70 y 80 y como parte de la estrategia contrainsurgente que funcionó en la región centroamericana en los 80.

    La guerra psicológica consiste en el esfuerzo sistemático por ganarse la mente y el corazón, del enemigo y de sus simpatizantes, actuales o potenciales, y para ello se sirve de cualquier medio que permita convencer y conmover, sin excluir los medios que convencen sólo porque conmueven, como es toda forma de terrorismo de Estado. En el contexto del Golpe, se creó un clima de miedo y terror con un fuerte impacto social y colectivo; al mismo tiempo utilizando otros mecanismos para desgastar la identificación social de la población con la organización de la resistencia al Golpe.

    Esta Comisión revisó 419 fichas psicológicas obtenidas durante la toma de testimonios. Las víctimas presentan ciertas similitudes, según los sectores sociales de que ellos formaron parte. Se puede hablar de líderes y miembros de sindicatos y de la protesta social, ex funcionarios públicos del gobierno del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, amas de casa, campesinos, docentes, periodistas y exiliados.

    1. Impactos en víctimas directas

    En todos los casos revisados, se puede hablar en primer lugar de los impactos psicosociales directos que sufrieron las víctimas, sobrevivientes de las violaciones de sus derechos humanos. Estos impactos incluyen: pérdida de confianza en si mismo y en los demás, deterioro de su sentido de identidad y agotamiento así como una incapacidad de controlar emociones angustiantes como tristeza, rabia, frustración e impotencia. Esto está relacionado, no solamente con la experiencia traumática vivida, sino también con el deterioro de vínculos socio-relacionales generada por la misma.

    La mayoría de víctimas sufrieron consecuencias laborales incluyendo despedido, sanciones o afectación de su clima laboral relacionado con su experiencia de violación de derechos humanos. Esto como consecuencia de ser identificados por su empleador, clientes o compañeros de trabajo como alguien "con problemas políticos", por no cumplir con tareas laborales por haber sido encarcelado o por atender a sus lesiones físicas y psicológicas o "simplemente" porque su presencia en el local de trabajo "da miedo" a sus superiores. Obviamente esto trajo consecuencias económicas para víctimas quienes fueron despedidas sin prestaciones ni jubilaciones y quedaron sin salario por algún tiempo; así como para aquellas que no tienen ingresos fijos (artesanos, taxistas, vendedores ambulantes) y sufrieron la disminución de ingresos por tener que abandonar temporalmente sus labores.

    Igualmente, la mayoría de víctimas sufrieron consecuencias familiares incluyendo: el deterioro de relaciones con sus hijos e hijas, el deterioro de relaciones de pareja y el rompimiento de relaciones en el seno familiar. Estos impactos están relacionados con la generación de miedo, desconfianza e incluso por diferencias ideológicas en las familias que relucen a la sombra de la polarización de la sociedad. Suelen producir sentimientos de culpabilidad e insatisfacción mutua: tanto en la víctima directa como en sus familiares.

    Generalmente, las víctimas han tenido que reducir sus espacios socio-relacionales como medida de seguridad para si misma y para sus seres queridos. Han tenido que reducir sus círculos sociales e incluso dejar de visitar ciertos lugares y personas, incluso reducir su dinámica de esparcimiento cotidiana. En otros casos, son las amistades o conocidos que rompen relaciones por miedo o porque la experiencia traumática ha provocado un distanciamiento ideológico o político. Esto provoca una situación de deterioro de las redes de apoyo psicosocial y un aislamiento personal.

    Esta Comisión revisó 419 fichas psicológicas obtenidas durante la toma de testimonios.

    2. Impactos en familiares y amistades cercanas

    El impacto psicosocial por excelencia en los familiares y amistades cercanas ha sido la ansiedad de ver sus seres queridos violentados. Obviamente, la amenaza a su ser querido se convierte, en la mayoría de casos, en una amenaza a toda la familia, real o imaginada. Particularmente los familiares que viven en el mismo hogar se vuelven presos de sentimientos de persecución y suelen repetir sintomatología de la víctima como el no poder controlar emociones negativas como tristeza, rabia, frustración o impotencia.

    La pareja de la víctima tuvo que asumir una doble carga, puesto que tuvo que asumir la carga cotidiana de la víctima directa mientras éste no lo logró hacer. Esto fue más fuerte en aquellos casos donde la víctima perdió sus ingresos familiares por cesación de labores o por no poder trabajar durante un período determinado. Las parejas de las víctimas muchas veces tuvieron la sensación de "haber perdido el apoyo de su compañero o compañera" y la sensación de que la víctima ponía en peligro a sus hijos e hijas. En algunos casos, sobre todo con las víctimas de tortura, secuelas sexuales como pérdida de interés, impotencia o disfunción eréctil o frigidez también ha repercutido en su vida de pareja. Todo esto, según las víctimas, fue motivo de conflicto familiar.

    Los hijos e hijas menores sufrieron miedo de que algo ocurra a sus padres y sus madres, así como a sí mismo por ser expuestos por vídeos, fotografías o relatos. Este miedo en muchos casos se convirtió en sentido de inseguridad profunda y desasosiego y resultó degenerativa para su identidad personal. Han sufrido igualmente por las problemáticas psicosociales y económicas de sus progenitores.

    Estos impactos también han afectado a amistades cercanas de las víctimas y de su ámbito familiar.

    3. Impactos en la sociedad en general o en grandes grupos sociales

    La guerra psicológica, de la cual las víctimas directas de las violaciones fueron las afectadas principales, fue -y sigue siendo hasta la fecha- dirigida a inmovilizar a la sociedad en general.

    La represión a sectores particulares como el magisterio, campesinas y campesinos o el sector LBGT ha resultado en la generalización de los impactos psicosociales a todo el sector. El caso de los campesinos y campesinas que luchan por la tierra (ejemplo: familias agrupadas en MUCA, MARCA y el MCA) es aún más extrema porque el riesgo permanente de desalojo se convierte en la angustia cotidiana de inseguridad de las necesidades humanas de primer lugar (vivienda, alimentación, etc.)

    El fenómeno de la institucionalización de la violencia y su cristalización en el aparato estatal ha generado impactos psicosociales para toda hondureña y hondureño quien esté obligado a vivir en un ambiente de terror. La criminalización de la protesta es una violación de las libertades civiles básica de todo ciudadano y crea una impotencia generalizada. La impunidad produce un quiebre del sentimiento de justicia en la población en general; al mismo tiempo, la desconfianza generalizada que provoca hacia la institucionalidad arriesga el funcionamiento del mismo.

    Finalmente, es importante recordar que el nivel de desarrollo de las sociedades está relacionado con la capacidad de sus miembros de organizarse para resolver sus necesidades. Una sociedad que se vuelve inmóvil y se desorganiza es una sociedad con pocas posibilidades para avanzar en su proceso de desarrollo.

    Cuadro resumen informe psicosocial (Testimonios)

    ASPECTOS Vida Cotidiana Clima emocional Percepción de la polarización de la sociedad Criminalización de la protesta Impacto en las mujeres Impacto Individual Alteración del proyecto de vida

    SECTORES

    1 Líderes y/o miembros de sindicatos y de la movilización social "Mi mamá pasa temerosa, de todos los movimientos que hago, me dice casi que no salga, ni siquiera a dar estas declaraciones... " "siento dolor por la familia que murió, mi amigo que murió… Toda la gente de ahí sabe quién fue, pero nadie puede decir nada; ellos nos dicen "ver, oír y callar"..." "ya no hay confianza, si voy a una fiesta pueden haber amigos pero también enemigos viendo en que ando." "Efectivamente me siguen, por ser dirigente del FNRP en la zona, y en otros movimientos contra la corrupción, desde la década de los 80' s y siempre tengo la certeza y el temor que andantras demí... " "…Nos golpearon, me agarraron a patadas, me insultaron, no me tocaron pero me golpearon mucho, hasta me agarraban del pelo; nos hacían gestos con el tolete de que nos harían cosas feas, que nos iban a meter ese tolete en el ano... Me decían que el presidente era Micheletti y que ya no había nada que hacer." " Tuve tres meses sin dormir, me enfermé muchísimo, me recetaron pastillas para dormir y normalizar el sueño, tenía sobresaltos. Al cerrar la puerta ponía el ropero, el chinero para que nadie pasara. Ahora ya puedo dormir, pero siempre tengo sobresaltos y me despierto con facilidad." " Todos mis proyectos se vieron afectados, era un pequeño empresario, tenía joyería, venta de ropa, calzado, mochilas, cuadernos, mis tiendas fueron asaltadas, tenía taxis que fueron chocados, por lo que me he retirado del comercio"
    2 Ex funcionarios públicos (del gobierno de Manuel Zelaya Rosales) "Me despidieron cuando cumplía el cargo de Administrador del PRAF, y cuando toma posesión Micheletti el 31 de junio de 2009 me envían el sobre de despido. Ahora me dedico a actividades agrícolas desde mi casa, aunque no me suple mis necesidades pero recibo mi "Mis hijos sufrieron insultos, tuve que cambiarlos de escuela, mi esposa me apoyo, mi madre también pero siempre se mostraban alerta y preocupados por mi seguridad y la de mis hermanos." (Testimonio ex funcionario público x9) "han surgido dos bandos, en mi familia extendida y de mis hijos en cuanto a diferencias ideológicas." (Testimonio ex funcionarios públicos x14)

    "hay daño psicológico que no se recupera, en lo económico estoy sin casa" (testimonio ex funcionarios públicos x17) "Después de jubilación, tenía pensado ir de embajador a otro país, pero no pude hacerlo, todo lo que tiene que ver con plata ha quedado en segundo lugar." Testimonio ex funcionarios públicos x20)
    3 Amas de casa " Al principio, yo no tenía deseos de nada porque dormíamos con el radio colgado en el cuarto y prendido escuchando las noticias." "Me siento deprimida, quiero pasar solo encerrada. Siento que nosotros sin tener dinero somos nada porque los que tienen el dinero son los que nos andan matando".

    "Pues tengo miedo que en el vecindario me ataquen y den información a esa gente desconocida que anda haciendo averiguaciones si soy de la resistencia". (Relaciones sociales y actividades de esparcimiento)

    "Me siento deprimida, quiero pasar solo encerrada. Siento que nosotros sin tener dinero somos nada porque los que tienen el dinero son los que nos andan matando". (Clima emocional)

    4 Campesinos "Siento como una "psicosis" por la gente que camina con esas armas, desde que salgo de mi casa tengo en mi mente de que a qué hora me sucede algo a mí."

    " Yo les tenía miedo a esos que venían vestidos de verde, con unas armas grandotas, nos agarraban y nos preguntaban que donde estaban escondidas las pistolas que teníamos, no los puedo ver porque me dan miedo, de que me maten (Impacto en la niñez)

    "Se sienten preocupados por mi participación en la lucha, porque en algunos medios me sacaban como guerrillero, terrorista." (Vida familiar y de pareja) "Mi señora se preocupa, que me puedan seguir,incluso no fui a la asamblea,porque ella me pidió que no fuera aunque me escogieran de delegado, y me escogieron tuve que poner una excusa para no ir, teme que me maten, se preocupa que me pase algo y que los niños se quede sin papá (Vida familiar y de pareja) "Siento que por una parte nos hacen esto porque uno invade tierras porque no tiene nada. Un policía se nos acercó nos decían que ellos no querían hacerlo, pero que les pagaban y obedecían órdenes, golpearon a unas personas. Los militares andaban ahí en un camión. " nos dicen que somos guerrilleros, comunistas, resistencia, terroristas, lo dicen en dos tonos: (1) tengan cuidado porque pueden hacer algo y (2) otros lo dicen en tono de burla porque tenemos medidas cautelares y no podemos hacer nada, nos insultan y provocan para ver que hacemos en su contra". "Nuestro trabajo es de subsistencia, y no se puede estar trabajando por que peligra la vida, y a veces no le dan ganas de ir a trabajar la tierra." (Vida Laboral y económica)
    5 Docentes "Amenazan con quitarme mi trabajo, por participar en los movimientos magisteriales." (Testimonio - gremio magisterial x.1)
    "Nos tachan en la escuela como los de izquierda, he sido marginada por mis pensamientos políticos" (Testimonio - gremio magisterial x.2) (Vida laboral yeconómica)
    "Cuando veo noticias y veo lo que pasa con los campesinos del Bajo Aguán, me siento impotente, porque soy maestro, vengo de origen campesino y mi familia fue perseguida en la década de los 80's."(Testimonio - gremio magisterial x.39) "Decidí denunciar por la agresión y maltrato físico/verbal que recibimos por parte de militares y policías. Odio desde ese momento hasta hoy que veo como golpean a mis compañeros, siento cólera, indignación; rechazo a los policías y militares, cuando pasan quisiera gritarles, ya no les tengo confianza." (Testimonio - gremio magisterial x.47) "Esto ha sido durísimo, ya no puedo salir con toda la libertad que salimos antes, ya no podemos visitar lugares públicos por la misma protección que uno esta buscando o medidas de seguridad