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23ene13


CN aprueba Regiones Especiales de Desarrollo


El Congreso Nacional aprobó la noche de este miércoles el decreto que crea las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, conocido como la nueva versión de las Ciudades Modelo declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en octubre pasado.

El decreto fue aprobado por 110 votos a favor, cinco abstenciones y 13 votos en contra.

El estamento jurídico aprobado por el Legislativo, reforma los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la Republica.

En ese sentido, el artículo 294, ahora se deberá leerse: El territorio nacional se divide en departamentos. Su creación y límites deben ser decretados por el Congreso Nacional. Los departamentos se dividen en municipios autónomos administrados por corporaciones electas por el pueblo, de conformidad con la ley.

Agrega que sin perjuicio de lo establecido en los dos párrafos anteriores, el Congreso Nacional puede crear zonas sujetas a regímenes especiales de conformidad con el artículo 329 de la carta magna.

Mientras tanto, el artículo 303 constitucional reformado indica que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes.

Añade que el Poder Judicial se integra por una Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelaciones, los juzgados, por tribunales con competencia exclusiva en zonas del país sujetas a regímenes especiales creados de conformidad a la Constitución, y demás dependencias que señale la ley.

Establece que en ningún juicio debe haber más de dos instancias; el juez o magistrado que haya ejercido jurisdicción en una de ellas, no puede conocer en la otra, ni en recurso extraordinario en el mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad. Tampoco pueden juzgar en una misma causa los cónyuges y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Entretanto, el artículo 329 reformado señala que el Estado promueve el desarrollo económico y social, que debe estar sujeto a una planificación estratégica. La ley regula el sistema y proceso de planificación con la participación de los poderes del Estado y las organizaciones políticas, económicas y sociales, debidamente representadas.

Para realizar la función de promover el desarrollo económico y social, y complementar las acciones de los demás agentes de este desarrollo, el Estado, con visión a mediano y largo plazo, debe diseñar concertadamente con la sociedad hondureña una planificación contentiva de los objetivos precisos y los medios y mecanismos para alcanzarlos, agrega.

Indica que los planes de desarrollo de mediano y largo plazo deben incluir políticas y programas estratégicos que garanticen la continuidad de su ejercicio desde su concepción y aprobación, hasta su conclusión.

Destaca que el Plan de Nación, los planes de desarrollo integral y los programas incorporados en los mismos son de obligatorio cumplimiento para los gobiernos sucesivos.

En ese sentido, con la nueva ley, el Estado puede establecer zonas del país sujetas a regímenes especiales los cuales tienen personalidad jurídica, están sujetos a un régimen fiscal especial, pueden contraer obligaciones en tanto no requieran para ello la garantía o el aval solidario del Estado, celebrar contratos hasta el cumplimiento de sus objetivos en el tiempo y durante varios gobiernos, gozan de autonomía funcional y administrativa que incluyen las funciones, facultades y obligaciones que la Constitución y las leyes le confieren a los municipios.

Según el decreto, la creación de una zona sujeta a un régimen especial es competencia exclusiva del Congreso Nacional, previo plebiscito aprobatorio, de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Constitución.

Agrega que este requisito no es necesario para regímenes especiales creados en zonas con baja densidad poblacional. Se entienden por zonas de baja densidad poblacional, aquellas en donde el número de habitantes permanentes por kilómetro cuadrado sea inferior al promedio para zonas rurales calculado por el Instituto Nacional de Estadística, quien emitirá el correspondiente dictamen.

El Congreso Nacional, al aprobar la creación de zonas sujetas a regímenes especiales, debe garantizar que se respeten, en su caso, la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia de la Haya el 11 de septiembre de 1992 y lo dispuesto en los artículos 10, 11, 12, 13, 15 y 19 de la Constitución referentes al territorio.

Estas zonas están sujetas a la legislación nacional en todos los temas relacionados a soberanía, aplicación de la justicia, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, emisión de documentos de identidad y pasaportes.

Uno de los incisos del decreto destaca que el Golfo de Fonseca puede sujetarse a un régimen especial de conformidad al derecho internacional, a lo establecido en el artículo 10 constitucional y el presente artículo; las costas hondureñas del Golfo y del mar Caribe quedarán sometidas a las mismas disposiciones constitucionales.

El decreto aprobado, aclara que para la creación y el funcionamiento de esas zonas, el Congreso Nacional debe aprobar una ley orgánica, la que sólo puede ser modificada, reformada, interpretada o derogada por dos tercios favorables de los miembros del Congreso Nacional, será necesaria además la celebración de un plebiscito a las personas que habiten la zona sujeta a régimen especial cuando su población supere los 100 mil habitantes.

Asimismo, establece que las autoridades de las zonas sujetas a regímenes especiales tienen la obligación de adoptar las mejores prácticas nacionales e internacionales para garantizar la existencia y permanencia del entorno económico y legal adecuado para ser competitivas a nivel internacional.

Indica que para la solución de conflictos dentro de las zonas del país sujetas a regímenes especiales, el Poder Judicial por medio del Consejo de la Judicatura, debe crear tribunales con competencia exclusiva y autónoma sobre éstos.

Los jueces de las zonas sujetas a jurisdicción especial serán nombrados por el Consejo de la Judicatura mediante concurso de un listado propuesto de una comisión especial integrada en la forma que señale la Ley Orgánica de estos regímenes, añade.

La ley puede establecer la sujeción a arbitraje obligatorio para la solución de conflictos de las personas naturales o jurídicas que habiten dentro de las áreas comprendidas por estos regímenes para ciertas materias.

Los tribunales de las zonas sujetas a un régimen jurídico especial podrán adoptar sistemas o tradiciones jurídicas de otras partes del mundo, siempre que garanticen igual o mejor los principios constitucionales de protección a los Derechos Humanos previa aprobación del Congreso Nacional.

Acalorado debate

Durante la discusión del controversial proyecto se originó un acalorado debate, algunos de los diputados que incluso apoyaron la aprobación del decreto, manifestaron inquietudes sobre el mismo, principalmente en lo que se refiere al papel de las municipalidades y su autonomía frente a la nueva ley y manifestaron que los alcaldes desconocen olímpicamente el proyecto.

El diputado liberal, Ángel Darío Banegas, expuso su desacuerdo con la aprobación del decreto ya que argumentó que el dictamen que se entregó a los legisladores es exactamente el mismo anterior que promovía las ciudades modelo y sobre el cual se interpuso una lluvia de recursos de inconstitucionalidad.

"Leí este proyecto y comparado con este maravilloso dictamen que han hecho, que sin duda surgió de las manos de un buen tejedor, aquel anteproyecto parecía la obra de un hachero ultramontano, parece cirugía fina, pero me parece el mismo argumento", comentó Banegas.

Comparó que la primera versión de las ciudades modelo era como un reggaetón y el que se aprobó esta noche tiene un ritmo de vals, y por lo tanto se opuso a la reforma constitucional ya que considera que "se trata de un acto de soberanía, como abrir las puertas al colonialismo transnacional y se trata de una reforma para vender el país, mi país, el de nuestros hijos, porque se concede a estas zonas especiales, soberanía, autogobierno, legislación tributaria especial, sistema judicial especial".

En ese sentido, pidió declarar región especial todo el país lo que se logrará, combatiendo urgentemente, el espanto de la muerte cotidiana, la asquerosa corrupción que carcome a los hondureños y ordenando la casa y por lo tanto "mil veces no".

La discusión se puso más álgida cuando intervino el diputado de Unificación Democrática, Sergio Castellanos, quien acusó a los que están a favor del decreto de ser "vende patrias" y recordó que ya alguien en el pasado propuso que Honduras se convirtiera en un Estado libre asociado de Estados Unidos "que iba a ser nuestro amo, ahora lo va a ser el capital internacional, vamos a ser una República alquilada".

Castellanos también opinó que las pocas cosas buenas que hizo la anterior Sala de lo Constitucional, fue declarar inconstitucional el decreto que creaba las Regiones Especiales de Desarrollo (RED) conocidas como ciudades modelo.

La exposición de Castellanos desató la ira del titular del Legislativo quien advirtió que "no aceptaré que nadie ponga en duda mi patriotismo y me diga vende patria".

El ex presidente del Congreso Nacional y ex jefe de la bancada liberal, José Alfredo Saavedra, se pronunció en contra de los regímenes especiales, aunque dijo respetar el criterio de sus compañeros de cámara que estaban a favor del decreto.

El diputado liberal Víctor Sabillón se pronunció a favor del proyecto, en medio de sonoros aplausos que se escuchaban cada vez que intervenía uno de los que se manifestaban favorablemente a los regímenes especiales como el democristiano Jorge Alberto Elvir, quien aclaró que a él no le ofrecieron dinero para apoyar el decreto.

Un momento tenso se vivió en la cámara cuando en una de sus varias intervenciones, el diputado Oswaldo Ramos Soto, dijo que en ese momento el Congreso Nacional, estaba actuando como una Asamblea Nacional Constituyente, a lo que el titular del Legislativo le dijo que había causado un susto y le advirtió que seguramente algunos medios que no quieren que nadie cambie en el país, seguramente lo iban a atacar.

[Fuente: Proceso Digital, Tegucigalpa, 23ene13]

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