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24ago12


Mediante actos de prevaricación la justicia protege los intereses de los terratenientes Facussé y Morales


El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, denuncia el brutal desalojo de una protesta campesina y la violenta detención, el 21 de agosto de 2012, de 25 hombres y dos mujeres, que fueron apresados y sometidos a crueles vejámenes y amenazas graves (entre ellas la desaparición forzada), si continúan ejerciendo su derecho a la protesta pacífica.

Los campesinos del Bajo Aguán se manifestaban en Tegucigalpa frente a la Corte Suprema de Justicia pidiendo que se juzgue con imparcialidad el caso que afecta a campesinos del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (conocido como "MARCA") y los terratenientes Miguel Facussé y René Morales.

Estos terratenientes obtuvieron en apelación la revocación de un fallo que en primera instancia fue favorable a los campesinos y que anulaba las escrituras de supuesta propiedad de Miguel Facussé y de René Morales por comprobarse que eran falsificadas.

Esa misma mañana estaba programada una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero se exigió en el momento que, para llevarla a cabo, tenían que estar presentes los apoderados legales del terrateniente Miguel Facussé.

La dirigencia campesina consideró esta exigencia peligrosa, pues en la reunión se denunciarían actos ilícitos de magistrados de las Cortes de Apelaciones Primera y Segunda de La Ceiba y Francisco Morazán, incluido prevaricato para favorecer a los terratenientes.

Aunque la reunión con los campesinos no se llevó a cabo, la Corte sí la celebró en cambio con los apoderados legales de Miguel Facussé, mientras a los denunciantes les echó la policía dejando el saldo de decenas de heridos y 27 detenidos en forma ilegal.

La violenta represión de la policía preventiva del régimen de Porfirio Lobo Sosa, ha dejado como saldo, entre los heridos, 3 hospitalizados (un menor de 16 años, Kevin Chacón, herido en el brazo y remitido a cirugía; Antonio Ramírez, que es atendido en Ortopedia y Daniel Santos (de 61 años), perteneciente a MARCA, Trujillo, que sufrió lesiones en la nariz; todos son atendidos en el Hospital Escuela).

Por su parte, los detenidos son 27, entre ellos 2 mujeres, el Presidente de la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (ANACH), un abogado representante de los campesinos (Antonio Trejo), y dos dirigentes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA): el Presidente Johny Rivas y el Secretario de Relaciones Públicas Vitalino Álvarez.

Antonio Trejo, Vitalino Álvarez, portavoz y negociador oficial del MUCA y Jonny Rivas fueron transportados, con esposas en las manos, en la patrulla M1-42.

Entre los golpeados están la abogada Marlen Cruz, del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), quien recibió golpes a manos de cuatro policías antimotines al mando de los oficiales Montoya y Bonilla, de la Policía Nacional que dirige el comisionado general Juan Carlos Bonilla Valladares, apodado "El Tigre", nombrado en el puesto por Porfirio Lobo el pasado 21 de mayo, y cuyo pasado en relación con la dirección de escuadrones de la muerte está obstaculizando parcialmente, y de momento, la ayuda para asistencia militar y seguridad que Estados Unidos concede a Honduras.

La integridad física de los detenidos está en peligro y éstos, según informa COFADEH, permanecen incomunicados desde las 10 de la noche del 21 de agosto en la Policía Metropolitana Número Uno, por los subalternos de Juan Carlos Bonilla, en otra acción que violenta toda norma legal pues momentos antes se había firmado un acta de conciliación en el Distrito Policial Número Cinco, el mismo martes 21 de agosto.

Precisamente esta actuación, que pone de manifiesto el alcance de la protección oficial y el favorecimiento a los terratenientes Hondureños, se dio entrada la noche, después de que el Ministerio Público manifestara que no levantaría cargos, pues se trataba de faltas que ameritaban una conciliación ante un juez.

Pero todo fue una pantalla para ocultar las verdaderas intenciones de enviar a la cárcel a los labriegos que llegan a Tegucigalpa a denunciar actos de corrupción cometidos por magistrados de las Cortes de Apelaciones de La Ceiba y Francisco Morazán, mediante los cuales se pretendía revocar un fallo que devolvió las tierras que legítimamente pertenecen a los campesinos y campesinas de las cooperativas Despertar, San Isidro y La Trinidad, ubicadas en El Aguán.

De hecho, al terminar de firmar el Acta de Conciliación llegó el Comisionado Bonilla, Jefe de la Policía Metropolitana Número Uno, quien de forma prepotente sacó a los defensores y defensoras de derechos humanos, juezas y fiscal y ordenó subir a patrullas a los detenidos sin informar hacia dónde se los llevaba, un acto que tenía todas las características de un secuestro.

Las patrullas fueron seguidas por compañeros y compañeras de los detenidos y constataron que fueron introducidos a la Policía Metropolitana Número Uno donde no dejan ingresar a nadie, lo que hace temer por su integridad física y psicológica.

La indefensión en que se encuentran es tal que se solicitó la exhibición personal ó Hábeas Córpus por tratarse de una detención ilegal.

Según informa el COFADH, la Jueza Ejecutora, de entrada, llegó en forma prepotente, no habló con los detenidos y se encerró por largo rato con el jefe de la policía en La Granja; posteriormente inició entrevistas con los detenidos, cuando estaban en el Distrito Policial Número Cinco del barrio Belén, casi presionándoles para que se inculparan.


El pasado 18 de julio de 2012, Organizaciones Campesinas del Aguán denunciaron en conferencia de prensa que los terratenientes Miguel Facussé y René Morales a través del tráfico de influencias, el poder económico y en actuaciones reñidas con la ley, la justicia y el derecho han obtenido órdenes de desalojo ilegales contra las cooperativas San Esteban, San Isidro, Despertar y la Trinidad, quienes poseen legalmente las tierras que habitan.

A través de un comunicado, las organizaciones sostuvieron que las tierras de dichas cooperativas han sido legalmente posesionadas por los juzgados de la República, mediante sentencias firmes y en contra de la cuales no cabe ningún recurso.

El comunicado ha sido refrendado por el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), la Asociación Nacional de Campesinos hondureños (ANACH), el Movimiento Campesino de San Manuel (MOCSAM), la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y la Vía Campesina.

Las tierras de San Esteban, San Isidro y La Trinidad fueron expropiadas por la vía judicial al terrateniente Miguel Facussé y René Morales por órdenes de un juzgado competente; sin embargo Migue Facussé apeló la decisión del tribunal y en un día, la resolución del juzgado fue revocada.

El abogado defensor de las cooperativas Antonio Trejo expresó que estamos frente a un acto de injusticia que se está dando en esta zona, como se ha acostumbrado de parte de los empresarios Miguel Facussé y René Morales en el caso de las cooperativas San Isidro, Despertar, la Trinidad y San Esteban, que desde 1990 han venido luchando cuando fueron despojados de sus tierras de manera ilegal y mediante la falsificación de documentos públicos.

"Logramos que el Juzgado de Letras de Francisco Morazán emitiera una sentencia anulando las escrituras de Miguel Facussé y de René Morales por comprobarse que eran falsificadas y por comprobarse que se había violentado la ley para poder obtener los predios", explicó Trejo.

Añadió que pese a ello, el día 29 de junio del presente año a las 6:00 de la mañana por orden de los mismos juzgados que dictaron las sentencias se puso en posesión de sus tierras a los compañeros y compañeras de las cooperativas...

Con la gran sorpresa que un par de días después, mientras la Corte está de vacaciones, el poder Judicial está inhabilitado y solamente quedan de turno jueces para resolver asuntos en materia penal, "estos empresarios a través de su influencia y su poder lograron en un par de días (en días inhábiles) el día sábado o domingo, obtener una orden de desalojo".

La pregunta es cómo la obtuvieron?.

"La Corte está cerrada desde el 29 de junio hasta el martes 17 de julio, entonces cómo se pudo abrir la Corte solo para atender a empresarios de esta naturaleza?, eso significa que en Honduras la justicia está a favor de los empresarios, porque para el pueblo no hay justicia, porque nosotros hemos querido hacer uso de algunos recursos pero hemos no podido", porque la Corte está cerrada", denunció el abogado defensor.

Trejo recalcó que "lo importante es que esta gente de las cooperativas de MARCA son los legítimos dueños de las tierras que poseen y las sentencias que los juzgados admitieron son fallos firmes contra los cuales no cabe un recurso de apelación, no cabe un recurso de revisión, tampoco cabe un recurso de casación porque el plazo máximo que la ley concede para interponer un recurso en el caso de revisión son 6 meses, la sentencia de la San Isidro salió el 11 de noviembre de 2010, en el caso la Despertar en abril de 2011 y en el caso de La Trinidad en febrero de este año, entonces ya no queda tiempo para interponer ningún recurso".

"Sin embargo, la Corte se ha prestado para cometer este acto de injusticia, este acto de violación a los derechos humanos de los campesinos y campesinas para favorecer a estos empresarios Miguel Facussé y René Morales; quiero manifestar que preparamos una acusación contra los magistrados de la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán y contra los magistrados de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba por prestarse para manipular la justicia y cometer delitos como el abuso de autoridad, el prevaricato y violación de los deberes de los funcionarios", anunció Trejo.

Cabe señalar, destacó el abogado, que cada uno de los miembros de las cooperativas cuenta con la "escritura pública" de las tierras, por lo que ya no se trata de un caso de que Miguel Facussé o René Morales tienen escritura, en vista de que éstas fueron anuladas por los tribunales y se inscribieron las órdenes emanadas de los juzgados para la respectiva anulación.

La joven Maura Janet Guerra, sosteniendo en sus manos la escritura pública que la acredita como dueña de su parcela de tierra en la cooperativa La Trinidad, dijo que las familias de su comunidad han luchado durante muchos años por obtener las tierras que ahora les pertenecen.

"Ahora nos quieren desalojar y quitarnos la comida de nuestros hijos e hijas, ellos quieren que nos salgamos, pero nosotros no vamos a dejar algo que es nuestro, que legalmente estamos ahí porque nos pertenece, hemos escuchado por todos los medios desde la semana pasada, que nos tienen amenazados con desalojarnos", expresó Guerra.

Se conoció que el terrateniente René Morales es el precursor de las amenazas de desalojo en contra de las familias que conforman la cooperativa La Trinidad, en cuyas tierras hay plantaciones de palma africana, cuyo fruto, el aceite, se comercializa de manera independiente.

Por su parte el director ejecutivo de Vía Campesina; Rafael Alegría sostuvo que "es increíble cómo "la justicia", se parcializa a favor de Miguel Facussé y de René Morales, están de vacaciones los tribunales de justicia y sólo abren para atender a los terratenientes y revocan una sentencia que ha venido en juicio por 19 años a favor de los campesinos y campesinas".

Alegría señaló que la situación en El Aguán se mantiene muy complicada, hay más asesinatos, campesinos desaparecidos todavía y corre la sangre, lamentablemente son los campesinos los que ponen la vida y esto es condenable desde cualquier punto de vista.

"El Gobierno ni siquiera responde y no hay visos de que cumpla con los compromisos contraídos con los campesinos del MUCA de facilitarles o entregarles 11 mil hectáreas de tierra, de manera que sigue la conflictividad en el Aguán que a mi juicio sólo puede resolverse cuando los campesinos tengan toda la tierra que les pertenece legítimamente", expresó el director ejecutivo de la Vía Campesina.

En la mesa principal estuvieron el presidente de la ANACH, Ramón Navarro, el vocero de MUCA Vitalino Alvarez, el abogado defensor de las cooperativas afectadas Antonio Trejo, así como miembros de las 4 cooperativas campesinas que componen al MARCA.


El Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán, MARCA, emitió un comunicado en el que denuncia actos de corrupción, tráfico de influencias, prevaricato y abuso de autoridad de parte de las autoridades judiciales de las Cortes Primera y Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán y de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba.

Según el MARCA, los magistrados admitieron de forma ilegal recursos de amparo presentados por los abogados de los terratenientes y productores palmeros Miguel Facussé Barjum y René Morales Carazo, revirtiendo de esa manera las sentencias firmes y ya ejecutadas que el pasado 29 de junio posesionaron a las familias del MARCA de tres fincas (San Isidro, El Despertar y La Trinidad), cuya propiedad venían reclamando en los tribunales desde hace 18 años.

Esa decisión, que se dio cuando las Cortes estaban de vacaciones y en días y horas inhábiles, abrió la puerta a nuevos desalojos forzosos que podrían desembocar en más derramamiento de sangre.

En los últimos dos años y medio, el conflicto agrario del Bajo Aguán ha dejado un saldo de 51 campesinos, un periodista y su pareja asesinados y otro campesino desaparecido.

El pasado 18 de julio, cientos de campesinos se reconcentraron en la entrada de la finca San Isidro, para impedir que efectivos del ejército y de la policía cumplieran con una amañada orden de desalojo, que estaba siendo ejecutada por el juez Danilo Riera Aguilar, quien se desempeña también como guardia de seguridad del mismo Facussé.

La orden no se pudo ejecutar por la fuerte resistencia de las organizaciones campesinas y populares de la zona. Sin embargo, fuentes ligadas al propietario del Grupo Dinant (Corporación Dinant y Exportadora del Atlántico SA), aseguran que las familias campesinas serán desalojadas.

"Ayer se detuvo el desalojo para evitar una tragedia en la zona, porque en una radio todo el día se pidió a la gente que se solidarizaran con los campesinos y llegó mucha gente, incluso con niños, entonces las autoridades tomaron la determinación correcta de retirarse", explicó Roger Pineda, representante legal y tesorero de Corporación Dinant, a medios nacionales.

Pineda no escatimó en expresiones de cinismo para justificar la presencia de Riera Aguilar. "El hecho que sea un empleado nuestro no limita que sea un juez ejecutor, él es nombrado por los juzgado de la República y que trabaje también para nosotros no tiene ninguna ilegalidad", manifestó ante los medios.

Estos días está previsto que se haga efectivo el pago a los terratenientes palmeros de unas 4,600 hectáreas (unos 32 millones de dólares) de tierra que fueron objeto de negociación con las organizaciones campesinas del MARCA y MUCA.

"Hemos demostrado en los tribunales que tenemos la razón y hoy nos plantamos frente a la entrada de la finca con nuestras familias, nuestros hijos. De aquí no nos vamos a mover. Vamos a defender nuestras tierras y nuestros derechos aunque nos toque morir por ellos", dijo Mario Matute, secretario general de la cooperativa San Isidro, expresando el sentir de las familias campesinas que han luchado y ganado el caso en los tribunalas después de casi 20 años.

El comunicado del MARCA dice así:

"1.- Desde 1994 venimos luchando en los Juzgados y Tribunales de la República para recuperar nuestras tierras que nos fueron despojadas mediante la falsificación de documentos, soborno de uno o dos de los directivos de nuestras cooperativas y mediante la violación de las leyes de nuestro país.

2.- Las cooperativas San Isidro obtuvo sentencia en fecha 13 de noviembre del 2010, La Despertar el 11 de mayo del 2011, ambas dictadas por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Francisco Morazán y La Trinidad el 7 de febrero del 2012, dictada ésta última por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón; estos fallos que quedaron firmes al no interponerse recurso alguno.

3.- Que se ordenó por los Juzgados respectivos al Instituto de la Propiedad de Trujillo, ANULAR las escrituras de los empresarios MIGUEL FACUSSE Y RENE MORALES y se nombró Juez Ejecutor para que procediera a desalojar a los guardias de dichos empresarios y se nos entregaran las tierras, lo cual se hizo con auxilio de la policía el día viernes 29 de junio del 2012, a las 6.00, 7.45 y 8.45 AM. respectivamente.

4.- Que al ser desalojados, estos empresarios mediante el tráfico de influencia y en claros actos de corrupción presentaron Recursos de Amparo ante las Cortes Primera y Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán y los magistrados DANERY ANTONIO MEDAL, MARCO TULIO BARAHONA VALLE (asesor de Facussé) y KATHERINE CHANG ARIAS (de la Corte Primera), la magistrada MARIA LUISA RAMOS y 2 magistrados más de la Corte Segunda de Apelaciones, todo ello cuando la corte estaba de vacaciones y en días y horas inhábiles

(La Corte cerró al público el día 29 de junio del 2012 a las 4.00 P.M.y se abrió el día martes 17 de julio a las 7.30 AM.).

En este tiempo dichos magistrados admitieron recursos de amparo a favor de MIGUEL FACUSSE Y RENE MORALES y emitieron órdenes de desalojos en contra nuestra, admitieron amparos contra sentencias firmes, violentando la Constitución y los artículos 46, 48 y 51 de la Ley Sobre Justicia Constitucional... Cometiendo los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y violación de los deberes de los funcionarios.

5.- En la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, los magistrados CELINO ARÍSTIDES AGUILERA, JOEL SERRANO y OTRO en el feriado del Poder Judicial y, siendo esa Corte totalmente incompetente porque sólo puede conocer asuntos de Atlántida y no del Departamento de Colón, estos "magistrados"

  • admitieron un Recurso de Amparo el 7 de julio del 2012, ilegalmente,
  • ordenaron se libraran órdenes de desalojo,
  • que se nombrara juez ejecutor y se nos desalojara nuevamente de nuestras tierras.

Luego estos magistrados SE DECLARARON INCOMPETENTES PARA SEGUIR CONOCIENDO DEL CASO, lo que querían era cometer tal acto de corrupción, no sabemos por qué precio se vendieron.

6.- RESPONSABILIZAMOS a los señores MIGUEL FACUSSE Y RENE MORALES y al Poder Judicial y, en especial a estos magistrados:

  • DANERY ANTONIO MEDAL, MARCO TULIO BARAHONA VALLE (asesor de Facussé) y KATHERINE CHANG ARIAS (Corte 1 de Apelaciones de Francisco Morazán),
  • magistrada MARIA LUISA RAMOS y 2 Magistrados más de la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán,
  • CELINO ARÍSTIDES AGUILERA, JOEL SERRAMO y otro magistrado de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba,

de los actos de violencia y muerte contra cualquier miembro de nuestras organizaciones campesinas y abogados que nos representan.

7.- HACEMOS UN LLAMADO a los entes encargados de vigilar por la verdadera aplicación de la Justicia a investigar estos actos de corrupción y las cuentas de ahorro de estos magistrados a organizaciones de derechos humanos y campesinos en general a solidarizarse con nuestra causa."

Hasta aquí el comunicado del MOVIMIENTO AUTENTICO REIVINDICADOR DE CAMPESINOS DEL AGUAN (MARCA), emitido el 21 de julio de 2012.

* * *

Este programa se ha realizado con información suministrada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, por Marvin Palacios, desde Tegucigalpa, para Defensores en Línea, Giorgio Trucchi para la LINyM y por MARCA.

Radio Nizkor, Bélgica, 23ago12

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