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DERECHOS


19jun06


Intervención de Jorge Taiana, Canciller de la República Argentina, ante la primera sesión del Consejo de Derechos Humanos.


INTERVENCIÓN DEL SEÑOR CANCILLER DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
DR. JORGE TAIANA, EN EL SEGMENTO DE ALTO NIVEL DEL
1 PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
DE LAS NACIONES UNIDAS

GINEBRA, 19 DE JUNIO DE 2006

Señor Presidente
Señor Secretario General de las Naciones Unidas
Señora Alta Comisionada para los Derechos Humanos
Señoras y Señores Jefes de Delegación
Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil
Señoras y Señoras

Es para mi un honor participar en esta histórica inauguración de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Desde el inicio de la reforma del sistema de las Naciones Unidas la República Argentina apoyó firmemente la jerarquización de los derechos humanos dentro de la organización.

Los temas de desarrollo y de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales han concentrado hasta ahora la máxima atención de la ONU.

Hoy le toca el turno a los derechos humanos.

Desde una perspectiva histórica, el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos que hoy conocemos tiene solamente 60 años, nacido a partir de la adopción de la Declaración Universal en 1948.

Deseo destacar, que el mismo resulta un período significativamente breve, si tenemos en cuenta que durante 300 años, desde la Paz de Westfalia, la relación entre el Estado y los individuos sometidos a su jurisdicción no era un tema de interés de la comunidad internacional y que permanecía indiferente frente a abusos masivos y sistemáticos de gobiernos, tanto autoritarios como democráticos.

La resolución 60/251 de la Asamblea General nos obliga a "reafirmar el compromiso de reforzar el mecanismo de derechos humanos de las Naciones Unidas a fin de asegurar el disfrute efectivo por todas las personas de todos los derechos humanos, es decir, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el desarrollo."

Esta es una responsabilidad muy grande y no debemos perder la oportunidad de consolidar un sistema universal fuerte, efectivo, eficiente, imparcial.

Un sistema que promueva la vigencia efectiva de los derechos fundamentales privilegiando el diálogo y la cooperación, y que al mismo tiempo no se subordine a los intereses de la realpolitik.

Mi presencia hoy coincide con un año muy significativo y relevante en materia de derechos humanos en la Argentina.

Conmemoramos el pasado 24 de marzo, en mi país y en otros países del mundo, los 30 años del último golpe de estado, que inició el más cruel y triste episodio de la historia contemporánea argentina.

El año 1976 produjo un punto de inflexión no sólo en la concepción sino en el lugar que ocupan los derechos humanos en la vida privada y en la agenda política de nuestro país.

A partir del sufrimiento de la más brutal y sistemática práctica de violación de los derechos y libertades, el concepto de derechos humanos se hizo vivencia colectiva e histórica y se incorporó a nuestro lenguaje cotidiano e institucional.

La lucha contra la dictadura fue encabezada por familiares de las víctimas y diversas organizaciones de derechos humanos, que nacieron en aquellos años. Las unió el horror y la valentía, y ellos dieron el ejemplo más genuino del ejercicio de la defensa de los derechos humanos desinteresada, democrática y solidaria.

Esta lucha constante durante la dictadura, que luego fue continuada al recuperar la democracia para alcanzar la verdad y la justicia, es lo más positivo que supimos generar en nuestro tejido social, y es algo que estamos muy orgullosos.

Y es también una experiencia que trascendió la Argentina.

Es así que hoy las "Abuelas y Madres de Plaza de Mayo" son un sinónimo de la lucha contra la impunidad en todo el mundo.

Desde la recuperación de la democracia, los reclamos de la sociedad alentaron desarrollos legislativos, jurisprudenciales y de políticas públicas en materia de derechos humanos que pasaron a ser parte de nuestra identidad como nación.

Luego de dos décadas de democracia pero de justicia parcial asistimos desde la asunción del gobierno del Presidente Kirchner en 2003 a un cambio de paradigma: por primera vez los tres poderes del Estado, respondiendo a los mandatos de la sociedad en su conjunto, han adoptado decisiones coincidentes para preservar los cuatro pilares de la lucha contra la impunidad: la memoria, la verdad, la justicia y la reparación.

Estas decisiones permitieron la anulación de las leyes de impunidad, su declaración de inconstitucionalidad por parte del máximo tribunal de nuestro país y, en consecuencia, la reapertura de más de mil causas judiciales por crímenes de lesa humanidad, y cientos de individuos detenidos.

Esta voluntad política responde a una sociedad y a un gobierno que exigen recuperar mas de 400 niños que han sido secuestrados y privados de su identidad, que exigen saber el destino de las miles de personas desaparecidas y que exigen el castigo de los culpables de dichos crímenes.

Estos desarrollos, que marcarán un antes y un después en la historia argentina, tuvieron como una de sus principales fuentes al derecho internacional de los derechos humanos, que nuestro país ha incorporado masivamente, ratificando casi todos los tratados, cumpliendo fielmente con las decisiones de los órganos internacionales de protección, y favoreciendo que los tribunales adopten la práctica de utilizar las normas internacionales de derechos humanos como parte del ordenamiento jurídico interno.

En el presente, para fortalecer el derecho internacional de los derechos humanos, es necesario que nos concentremos en garantizar el éxito de este Consejo de Derechos Humanos.

El primer año del Consejo será muy importante.

Deberá completar la transición de la Comisión y comenzar a abordar las cuestiones sustantivas teniendo como guía la resolución que dio origen a este nuevo órgano.

Debemos evitar cualquier vació legal de protección, y mantener el sistema de procedimientos, expertos y relatores especiales, los servicios de asesoramiento y el procedimientos de demandas.

Y debemos demostrarle a la comunidad internacional que la reforma no fue cosmética y que estamos dispuestos realmente a darle mayores garantías de protección a aquellos que las requieren en cualquier parte del mundo.

La Comisión que hoy termina sus funciones fue efectivamente muchas veces politizada, ineficaz e inoperante.

De hecho mi país sufrió esa politización, cuando bajo un equilibrio bipolar que era indiferente a los derechos humanos, las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos en la Argentina durante la dictadura militar nunca fueron motivo de consideración por el pleno de esta Comisión.

Por ello tuvo que crearse, como salida, el Grupo Especial sobre Desaparición Forzada de Personas, para tener un foro donde abordar las miles de denuncias sobre mi país. En ese contexto, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas está lista para ser adoptada, y nosotros, como un pais que ha contribuido con empeño a su redacción, hacemos votos para que su adopción sea el principal logro de esta primera sesión.

Esta Convención ha sido fruto de la lucha del movimiento de los derechos humanos a lo largo de varias décadas.

Contribuirá a reconocer el derecho a no ser víctima de desaparición forzada, a confirmar que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituyen un crimen de lesa humanidad, a reafirmar en todos los casos el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación, y a establecer el derecho a conocer la verdad ante esta flagrante violación de los derechos humanos, si fuera necesario mediante recursos judiciales efectivos.

Adoptarla será una señal positiva y significará un gran paso en la lucha contra la impunidad y a favor de la prevención de esas graves violaciones de los derechos humanos.

Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las detenciones arbitrarias y otros graves delitos cometidos contra miles de habitantes de mi país, por motivos ideológicos y de otra índole, constituyeron una tragedia y una violación grave, masiva y sistemática de los derechos humanos que, como el genocidio, estamos obligados a prevenir.

No debemos olvidar los genocidios que marcaron el siglo XX y que todo indica que podrían repetirse en el siglo XXI.

En este sentido, la Argentina participa como único país latinoamericano en el Grupo internacional de trabajo sobre educación, memoria e investigación del Holocausto, para promover la enseñanza de la Shoa en nuestro país en el sistema educativo.

Somos conscientes de que un adecuado conocimiento de esta tragedia permite analizar la profundidad de los desafíos que tenemos como humanidad, estudiar como en un mismo país la civilización puede confundirse rápidamente con la barbarie, y asumir que no hay desarrollo cultural, científico, económico o tecnológico que prevenga la discriminación, la intolerancia, la persecución y el exterminio.

Estas son algunas acciones que nos permiten encontrar nuestro lugar en el mundo en materia de derechos humanos.

Nuestro contexto histórico político, más de dos décadas de democracia, la valentía de las victimas, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil, y el cambio copernicano del actual gobierno en materia de memoria, verdad, justicia y reparación, nos permite incorporarnos a este Consejo desde un lugar privilegiado, como país que vivió la tragedia y recuperó la libertad y la dignidad.

La promoción y protección de derechos humanos es un tema que indefectiblemente está para quedarse en las relaciones internacionales del siglo XXI.

A la luz del contundente apoyo que tuvo el establecimiento de este nuevo órgano por parte de la comunidad internacional, no tenemos la opción de ser simplemente testigos u observadores.

Estamos obligados a ser protagonistas de un cambio.

Y mi país se compromete hoy a contribuir a que ese cambio se produzca.

MUCHAS GRACIAS


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