Tenemos que aniquilar este monstruo.

EQUIPO NIZKOR

Artículo

DERECHOS

La opinión personal de Jesse Helms sobre la Corte Penal Internacional.

Tenemos que aniquilar este monstruo.

Votar en contra de la Corte Penal Internacional no es suficiente.

Los Estados Unidos debieran intentar acabar con ella.

[Original English version below]

La decisión estadounidense de mantenerse fuera del Tratado de Roma por el que se establece una Corte Penal Internacional en el marco de las Naciones Unidas ha sido lo más adecuadado que se ha podido hacer. No obstante, desde la ceremonia de firmas en Roma, varios gobiernos han expresado su convencimiento de que los EE.UU. acabarán cediendo a las presiones internacionales para unirse al Tratado, mientras que otros, esperan que nos limitemos a mirar hacia el otro lado y que no interfiramos en los esfuerzos para el establecimiento y la legitimación de la Corte. Los Estados Unidos no pueden permitirse ni una ni otra cosa.
Rechazar el Tratado de Roma no es suficiente. Los Estados Unidos tienen que combatir el Tratado. Lloyd Axworthy, Ministro de Exteriores de Canadá, hizo una buena pregunta en Roma: "La cuestión es si [los EE.UU.] tratarán [a la Corte] con benigna negligencia, o si emprenderán una oposición agresiva". Tenemos que oponernos agresivamente porque, incluso si los EE.UU. nunca se unen a la Corte, el Tratado de Roma acarreará serias implicaciones para la política exterior estadounidense.
El Tratado de Roma es un documento peligroso y con numerosas fisuras. Entre los crímenes que contempla incluye algo llamado "agresión", un crimen que fue incorporado a pesar de que los países que negociaron el Tratado no fueron capaces de alcanzar un acuerdo acerca de lo que es.
Debemos tener claro lo que lo que constituirá una "agresión" a los ojos de la Corte: habrá crimen de agresión cuandoquiera que Estados Unidos emprenda una acción militar en defensa de sus intereses nacionales, salvo que los EE.UU. soliciten y obtengan el permiso de la Corte.
Esta Corte pretende someter a juicio la política de seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Pueden Vds. imaginar lo que hubiera ocurrido si este tribunal hubiera estado ya en funcionamiento durante la invasión estadounidense de Panamá?, ¿o la de Granada?, ¿o el bombardeo de Trípoli?. En ninguno de estos casos los EE.UU. solicitaron el permiso de las Naciones Unidas para defender nuestros intereses. Y mientras yo siga respirando, los Estados Unidos nunca permitirán -y repito, nunca- que sus decisiones sobre seguridad nacional sean juzgadas por una Corte Penal Internacional.
Cualquiera que dude de que la Corte intentará actuar de este modo no tiene más que echar un vistazo a la historia reciente. En la década de los 80, la Corte Internacional de la Haya intentó declarar que el apoyo de los Estados Unidos a la contra nicaragüense constituía una violación del Derecho Internacional. La administración Reagan hizo caso omiso, sabiamente, a esta Corte, ya que carecía de jurisdicción y, por lo tanto, no tenía autoridad en el asunto.
Pues bien, la Corte Penal Internacional declara que el pueblo americano está sometido a su jurisdicción, sin importar lo que diga el Gobierno de los Estados Unidos. Los delegados en Roma incluyeron un tipo de "jurisdicción universal" en el Estatuto de la Corte, lo que se traduce en que, incluso si EE.UU. nunca firma el Tratado, o si el Senado rehúsa ratificarlo, los países parte en el Tratado seguirán afirmando que los soldados y ciudadanos americanos están bajo la jurisdicción de la Corte.
Esto es un ultraje y tendrá graves consecuencias en nuestras relaciones con cada país que firme y ratifique el Tratado. Piensen en lo siguiente: Alemania ha sido la autora intelectual de esta provisión de jurisdicción universal. Los EE.UU. tienen miles de soldados estacionados en Alemania. ¿Considerará ahora el Gobierno alemán a estas fuerzas bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional?. Me inclino por mantener nuestras tropas en Alemania, pero nunca si Alemania insiste en exponerlas a la jurisdicción de la CPI.
De hecho, la administración Clinton tendrá ahora que renegociar el status de nuestros acuerdos militares no sólo con Alemania, sino con todo otro Estado signatario donde tenemos soldados destacados. Y debemos dejar claro a estos gobiernos que su negativa a proceder de este modo nos llevará a reconsiderar nuestra decisión de estacionar tropas en su territorio, participar en operaciones para el mantenimiento de la paz y cumplir con nuestros compromisos en el marco del Artículo Cinco de la Carta de la OTAN.
Este Tratado supone también una masiva disolución de la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del veto de los Estados Unidos en el seno del Consejo. En palabras del representante de la India, los delegados en Roma decidieron que "cualquier papel preeminente del Consejo de Seguridad constituye [constituiría] una violación de la igualdad soberana... [a causa de] la composición del Consejo de Seguridad y el poder de veto concentrado en los cinco miembros permanentes es una anomalía que no puede ser reproducida y reconocida por la Corte Penal Internacional".
Increíblemente, durante las negociaciones, los Estados Unidos acompasaron este esfuerzo para diluir los poderes del Consejo de Seguridad dando el visto bueno a una propuesta de Singapur que da vuelta al Consejo de Seguridad. Según el Tratado adoptado en Roma, los EE.UU. no pueden vetar un caso del que conozca la Corte. Por el contrario, el bloqueo de un caso requerirá el apoyo de la mayoría del Consejo, así como del consenso de todos los miembros permanentes. Esta disolución del poder de veto en el Consejo de Seguridad es inaceptable y los Estados Unidos deben combatirla.
Debido a que esta Corte tiene tan amplias implicaciones para los EE.UU., incluso aunque nunca seamos parte en el Tratado, intento obtener garantías de la administración Clinton de que:

Los EE.UU. nunca votarán en el Consejo de Seguridad la remisión de un caso a la Corte.

Los EE.UU. no prestarán ningún tipo de ayuda a la Corte, se trata de financiación, de donaciones voluntarias o de cualquier otro tipo de asistencia jurídica.

Los EE.UU. no extraditarán a ningún individuo a la Corte o no remitirán, directa o indirectamente, un caso a la Corte.

Los EE.UU. incorporarán en todos sus tratados bilaterales de extradición una disposición que prohíba al socio del tratado la extradición de cuidadanos estadounidenses a la Corte.

Los EE.UU. renegociarán cada uno de sus acuerdos militares con vistas a incluir una disposición que prohíba a cada socio en estos tratados la extradición de soldados estadounidenses a la Corte, y no estacionará fuerzas en cualquier país que se niegue a aceptar esta prohibición.

Los EE.UU. no permitirán que sus soldados participen en operaciones de la OTAN, de las NN.UU. o en cualquier misión internacional para el mantenimiento de la paz, en tanto en cuanto no haya llegado a un acuerdo con todos los aliados de la OTAN y las NN.UU. que establezca que ningún soldado estadounidense estará sometido a la jurisdicción de la Corte.

La Corte Penal Internacional es una amenaza para los intereses nacionales de los Estados Unidos. No podemos tratarla con la "benigna negligencia" que espera el Sr. Axworthy. Tal y como expusiera como conclusión un delegado holandés "no diré que hemos creado un monstruo, pero la criatura tiene algunos defectos".
Está equivocado. La CPI es de hecho un monstruo, y tenemos la responsabilidad de descuartizarlo antes de que crezca y acabe devorándonos.

Original English version.

Personal View Jesse Helms: We must slay this monster

Voting against the International Criminal Court is not enough.

The US should try to bring it down.
The decision by the US to walk away from the Rome treaty establishing a United Nations International Criminal Court was clearly the right thing to do. Since the signing ceremony in Rome, however, several governments have made clear their belief that the US will eventually succumb to international pressure and join the court, while others are hopeful that we will simply look the other way and not interfere with the efforts to establish and legitimise the court. The US can afford to do neither.
Rejecting the Rome treaty is not enough. The US must fight the treaty. Lloyd Axworthy, Canadian foreign minister, asked a good question in Rome: "The question is whether [the US] treats [the court] with benign neglect, or whether they are aggressively opposed." We must be aggressively opposed, because, even if the US never joins the court, the Rome treaty will have serious implications for US foreign policy.
The Rome treaty is an irreparably flawed and dangerous document. It includes, as one of its "core crimes", something called "aggression" - a crime that was included even though the countries negotiating the treaty were unable to reach agreement on just what it is.
It should be quite clear what will constitute "aggression" in the eyes of this court: it will be a crime of aggression whenever the US takes any military action to defend its national interests, unless the US first seeks and receives the permission of the UN.
This court proposes to sit in judgement on US national security policy.
Imagine what would have happened if this court had been in place during the US invasion of Panama? Or the US invasion of Grenada? Or the US bombing of Tripoli? In none of those cases did the US seek permission from the UN to defend our interests. And so long as there is breath in me, the US will never - I repeat, never - allow its national security decisions to be judged by an International Criminal Court.
Anyone who doubts the court will attempt to do so need only look to recent history. In the 1980s, the World Court attempted to declare that US support for the Nicaraguan contras was a violation of international law. The Reagan administration wisely ignored the World Court, because it lacked jurisdiction, and so had no authority in that matter.
Well, the International Criminal Court declares that the American people are under its jurisdiction - no matter what the US government says. The delegates in Rome included a form of "universal jurisdiction" in the court statute, which means that, even if the US never signs the treaty, or if the Senate refuses to ratify it, the countries participating in this court will still contend that American soldiers and citizens are within the jurisdiction of the court.
That is an outrage - and will have grave consequences for our relations with every country that signs and ratifies this treaty. Consider: Germany was the intellectual author of this universal jurisdiction provision. The US has thousands of soldiers stationed in Germany. Will the German government now consider those forces under the jurisdiction of the International Criminal Court? I support keeping our forces in Germany - but not if Germany insists on exposing them to the jurisdiction of the ICC.
Indeed, the Clinton administration will now have to renegotiate the status of our forces agreements not only with Germany, but with every other signatory state where American soldiers are stationed. And we must make clear to these governments that their refusal to do so will force us to reconsider our ability to station forces on their territory, participate in peacekeeping operations and meet our Article Five commitments under the Nato charter.
This treaty also represents a massive dilution of the authority of the UN Security Council - and the US veto within the council. In the words of the Indian representative, the delegates in Rome decided that "any pre-eminent role of the Security Council [would] constitute a violation of sovereign equality . . . [because] the composition of the Security Council and the veto vested in five permanent members is an anomaly which cannot be reproduced and recognised by the International Criminal Court".
Incredibly, during the negotiations, the US went along with this back- door effort to dilute the Security Council's powers, agreeing to a proposal by Singapore that turns the Security Council on its head. Under the treaty adopted in Rome, the US cannot veto a case going before the court. Rather, blocking a case will require the support of a majority of the council, as well as consensus among all the permanent members. Such a dilution of veto power in the Security Council is unacceptable, and must be fought by the US.
Because this court has such wide-ranging implications for the US, even if we are never a party to the treaty, I intend to seek assurances from the Clinton administration that:

The US will never vote in the Security Council to refer a case to the court.

The US will provide no assistance whatsoever to the court, either in funding, in-kind contributions, or other legal assistance.

The US will not extradite any individual to the court or, directly or indirectly, refer a case to the court.

The US will include in all of its bilateral extradition treaties a provision prohibiting a treaty partner from extraditing US citizens to this court.

The US will renegotiate every one of its status-of-forces agreements to include a provision that prohibits a treaty partner from extraditing US soldiers to this court, and not station forces in any country that refuses to accept such a prohibition.

The US will not permit a US soldier to participate in any Nato, UN or other international peacekeeping mission, until it has reached agreement with all Nato allies and the UN that no US soldier will be subject to the jurisdiction of this court.

The International Criminal Court is a threat to US national interests. We cannot treat it with the "benign neglect" Mr Axworthy is hoping for.
As a Dutch delegate put it at the conclusion: "I won't say we gave birth to a monster, but the baby has some defects."
He is wrong. The ICC is indeed a monster - and it is our responsibility to slay it before it grows to devour us.

The author is chairman of the Senate Foreign Relations Committee. Jesse Helms es el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Este artículo se publicó en el Financial Times, de Londres, en su edición del Viernes 31 de julio de 1998.
Traducción y edición electrónica realizada por el Equipo Nizkor, en Madrid a 8 de agosto de 1998.

Tribunal Penal Internacional