Información
Equipo Nizkor
        Tienda | Donaciones online
Derechos | Equipo Nizkor       

18jun15

English | Français


Informe del Secretario General sobre la protección de los civiles en los conflictos armados


Naciones Unidas
Consejo de Seguridad

S/2015/453

Distr. general
18 de junio de 2015
Español
Original: inglés

Informe del Secretario General sobre la protección de los civiles en los conflictos armados

I. Introducción

1. El presente informe se ha elaborado atendiendo a la solicitud que figura en la declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad de 12 de febrero de 2013 (S/2013/2).

2. Se trata de mi undécimo informe sobre la protección de los civiles en los conflictos armados y abarca el período comprendido entre noviembre de 2013 y mayo de 2015. En él se examina el estado de la protección de los civiles en crisis graves relacionadas con conflictos, se señalan los problemas de protección existentes e incipientes, y se describe la labor en curso para reforzar la protección de los civiles. Por último, se formulan recomendaciones para fortalecer la protección de los civiles en los conflictos armados y promover un enfoque más coherente y sistemático por parte del Consejo de Seguridad.

3. A lo largo del pasado decenio el número de personas necesitadas de asistencia humanitaria internacional se ha triplicado. La inmensa mayoría de esas personas son civiles afectados por conflictos armados o emergencias complejas, que representan aproximadamente el 80% de las crisis que requieren una respuesta humanitaria internacional. Alrededor del 42% de los pobres del mundo viven hoy en Estados afectados por conflictos y frágiles, y se espera que el porcentaje aumente al 62% para 2030. Proteger a esas personas y preservar su dignidad, en particular mediante la aplicación del derecho internacional y la rendición de cuentas por las infracciones de este, deben tener la máxima prioridad en la agenda de la comunidad internacional.

4. Sin embargo, la mayoría de los conflictos armados actuales se caracterizan por unos niveles estremecedores de brutalidad y un burdo desprecio por la vida y la dignidad humanas. Se da muerte y mutila a civiles en ataques selectivos o indiscriminados. Los civiles son torturados, tomados como rehenes, reclutados por la fuerza para formar parte de grupos armados, desplazados de sus hogares y separados de sus familias, se les hace desaparecer y se les niega la posibilidad de atender sus necesidades más básicas. La violencia sexual y por razón de género está muy generalizada. Los ataques directos contra escuelas y hospitales se han convertido en características comunes a muchos conflictos armados. Los trabajadores humanitarios y de la salud son objeto de ataques deliberados. En muchos conflictos, las normas más elementales del derecho internacional humanitario se incumplen rutinariamente y hay poca o ninguna rendición de cuentas. La impunidad sigue siendo habitual en los conflictos y alimenta nuevas infracciones.

5. El costo humano de esta dinámica es atroz. Los desplazamientos debidos a los conflictos y la violencia han alcanzado el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial y se estima que hay 38 millones de personas desplazadas dentro de su propio país y otros 13 millones refugiadas en el extranjero. En 2014 solamente, alrededor de 11 millones de personas tuvieron que huir de sus hogares y buscar seguridad en otros lugares de su propio país para escapar a agresiones o por temor a ser agredidas, lo cual equivale a 30.000 personas obligadas a abandonar sus hogares cada día, con pocas esperanzas de regreso. La duración media de los desplazamientos internos provocados por conflictos es de unos 17 años. Para muchos, el desplazamiento es el inicio de una lucha por la seguridad y la estabilidad que durará toda la vida.

6. La defensa de la humanidad constituye la esencia de la acción humanitaria y de la Carta de las Naciones Unidas. Los civiles atrapados en conflictos armados se cuentan entre las personas más vulnerables del mundo. Tienen derecho a ser protegidos. Sin embargo, en estos momentos la comunidad internacional tropieza con escollos constantes que socavan su compromiso y capacidad de proteger a los civiles en situaciones de conflicto y preservar la dignidad de estos. A lo largo de los pasados 16 años, el Consejo de Seguridad ha establecido un sólido marco normativo sobre la protección de los civiles, consagrado en diversas resoluciones y declaraciones de la Presidencia y fundado en los principios del derecho internacional humanitario, el derecho de los derechos humanos y el derecho de los refugiados. Además, el Consejo ha fortalecido considerablemente los mandatos de muchas misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en materia de protección y derechos humanos. También ha contribuido a ello la actualización periódica del aide-mémoire para el examen de cuestiones relativas a la protección de los civiles en los conflictos armados y la creación del grupo de expertos oficioso del Consejo sobre la protección de los civiles. El establecimiento de mandatos temáticos relativos a los niños y los conflictos armados, y la violencia sexual relacionada con los conflictos por parte del Consejo ha sido fundamental para conseguir impulso político y promover medidas sobre esas cuestiones. No obstante, a pesar de esas mejoras en el ámbito normativo, la tarea de proteger a los civiles sobre el terreno se ha caracterizado más por sus fracasos que por sus éxitos.

7. Los cinco retos básicos para la protección de los civiles, que se describen en mis informes anteriores, siguen siendo muy pertinentes. En primer lugar, debemos promover el cumplimiento del derecho internacional por las partes en conflicto, especialmente en el desarrollo de las hostilidades. Un Consejo de Seguridad unido tiene un papel fundamental que desempeñar en este sentido. La falta de aplicación y las infracciones continuas han erosionado el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. En segundo lugar, debemos mantener contactos más sistemáticos con los grupos armados no estatales a fin de presionarlos para que cumplan la ley, protejan a los civiles y no obstaculicen el acceso humanitario a las personas necesitadas. En tercer lugar, sobre la base de los progresos logrados hasta la fecha, debemos fortalecer aún más el papel de las operaciones de mantenimiento de la paz en la protección de los civiles. Es preciso proporcionar al personal de mantenimiento de la paz la capacidad y los recursos necesarios para ejecutar los mandatos y, al mismo tiempo, procurar activamente que las autoridades nacionales cumplan su responsabilidad primordial de proteger a los civiles. En cuarto lugar, necesitamos una acción más concertada de todos los agentes pertinentes, incluidos los que tienen influencia sobre las partes en conflicto, a fin de garantizar el acceso humanitario rápido y sin trabas a las personas que precisan protección y asistencia. Cuando las partes en conflicto niegan su consentimiento a las operaciones de socorro por motivos arbitrarios, debe haber consecuencias. En quinto lugar, sigue existiendo una necesidad abrumadora de asegurar que quienes incumplan la ley rindan cuentas de sus actos. De lo contrario, se está promoviendo una cultura de impunidad en que proliferan las infracciones. En mis informes anteriores se incluyen numerosas recomendaciones para ayudar al Consejo, a los Estados Miembros y a las partes en los conflictos a hacer frente a los problemas. Dichas recomendaciones merecen una consideración y acción serias. Los Estados tienen la responsabilidad primordial de proteger a los civiles en su territorio, y el objetivo último de mis recomendaciones es reforzar la responsabilidad de los Estados, no sustituirla.

8. Debemos utilizar la Cumbre Humanitaria Mundial, que tendrá lugar en 2016, a fin de poner en marcha un ambicioso programa de cambio y reducir la violencia y los efectos de los conflictos sobre los civiles de forma mensurable, con objetivos y metas claros. También debemos aprovechar la labor del proceso de la agenda para el desarrollo después de 2015 para garantizar realmente que nadie quede postergado, y mucho menos los desplazados y otras personas afectadas por los conflictos. Enunciar con claridad nuestra ambición de reducir la violencia para 2030 y definir objetivos e indicadores concretos promoverá la mensurabilidad, el diálogo y la acción en esta esfera de importancia crucial.

II. Problemas de países concretos

9. A pesar de que en los pasados 18 meses se han realizado algunos progresos en el plano normativo, el estado general de la protección sobre el terreno sigue siendo desalentador. Los civiles aún constituyen la gran mayoría de las víctimas de los conflictos armados, y las violaciones generalizadas del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos van frecuentemente acompañadas de una falta total de rendición de cuentas.

Afganistán

10. En 2014 se registró un marcado aumento del número de víctimas civiles y desplazamientos que afectó de manera desproporcionada a las mujeres y los niños. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA) informó de que en 2014 había habido más víctimas civiles (10.548) que en cualquier otro año desde 2009 y se había producido un crecimiento del 22% en comparación con 2013. El enorme incremento (40%) del número de víctimas que son niños es motivo de particular preocupación. También hubo un fuerte aumento del número de víctimas civiles como consecuencia del uso de armas explosivas en zonas pobladas. En 2014 resultaron desplazadas por primera vez más de 166.000 personas, con lo que el número total de desplazados internos superó los 805.000. Además, desde junio de 2014, el Afganistán ha recibido a 280.000 refugiados del Pakistán, mientras que el Pakistán sigue acogiendo a alrededor de 1,5 millones de refugiados afganos. En febrero de 2014 el Gobierno adoptó una política nacional integral sobre los desplazamientos internos. Nosotros, la comunidad internacional, debemos apoyar los esfuerzos del Gobierno para lograr su aplicación efectiva. El acceso humanitario sigue siendo un serio desafío debido a la gran inseguridad. A lo largo de 2014 continuaron aumentando los atentados contra el personal y los bienes de las entidades humanitarias, que incluyeron el secuestro y la muerte de cinco trabajadores nacionales de Save the Children International.

República Centroafricana

11. La violencia sectaria, el considerable nivel de desplazamiento, la persistente inseguridad y el temor siguieron caracterizando al país en 2014. A pesar del progreso realizado en 2015 en el ámbito político, la situación humanitaria sigue siendo grave; más del 60% de la población necesita ahora asistencia humanitaria. Si bien la situación de la seguridad en Bangui y algunas otras zonas mejoró después de que en 2014 se desplegaran fuerzas internacionales y la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana, los enfrentamientos entre grupos armados y los ataques contra civiles siguen siendo generalizados. Las dificultades que tienen las instituciones locales y nacionales para restablecer la autoridad del Estado han convertido la protección de los civiles en un reto enorme. La Comisión Internacional de Investigación sobre la República Centroafricana ha documentado ejecuciones extrajudiciales, arrestos y detenciones arbitrarios, secuestros y torturas. Los grupos armados antibalaka atacan sistemáticamente a grupos minoritarios. Casi toda la población musulmana de la zona occidental del país, incluido Bangui, ha huido y muchos han sido objeto de ataques deliberados. De 6.000 a 10.000 niños han sido reclutados o utilizados por los grupos armados, y se siguen recibiendo denuncias de explotación y abusos sexuales cometidos por las partes en el conflicto y por las fuerzas internacionales. Alrededor de una quinta parte de la población ha tenido que desplazarse, y hay 463.000 desplazados internos y 430.000 refugiados en los Estados vecinos. Unos 36.000 desplazados internos pertenecientes a minorías religiosas y étnicas están encerrados en enclaves rodeados por elementos antibalaka y carecen efectivamente de acceso a alimentos y suministros médicos. Se ha recibido información según la cual se habría esclavizado, torturado, violado, mutilado y matado a pastores fulani. El acceso humanitario sigue siendo difícil en muchas zonas debido a las hostilidades, la violencia contra el personal humanitario y la interferencia en la ejecución de las actividades humanitarias. En los pasados 12 meses solamente han resultado muertos 18 trabajadores humanitarios.

Colombia

12. Si bien en 2014 se registró un ansiado progreso en las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo (FARC-EP), no fue acompañado de una mejora general de la situación humanitaria sobre el terreno, donde los grupos indígenas y los colombianos afrodescendientes se vieron particularmente afectados por la violencia y la inseguridad. Las FARC-EP han mantenido su control sobre las comunidades mediante restricciones a la movilidad, extorsiones y amenazas. Por otra parte, continúa el conflicto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los actos violentos cometidos por grupos armados y otras estructuras armadas locales después de la desmovilización. Sigue habiendo un riesgo alto de accidentes relacionados con minas terrestres en extensas zonas del país. Se han planteado preocupaciones por que el proyecto de legislación en materia de justicia militar socave la lucha contra la impunidad por las ejecuciones extrajudiciales y otras presuntas infracciones graves cometidas por los militares durante el conflicto. En 2014 tuvieron que desplazarse a causa del conflicto y la violencia más de 150.000 personas, con lo que el número total de desplazados internos superó los seis millones. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (2011) ofrece una oportunidad importante de proporcionar reparación a millones de desplazados internos, pero hasta la fecha solo un pequeño número se ha beneficiado de ella.

República Democrática del Congo

13. Durante dos decenios, la persistencia del conflicto en las provincias orientales y la inestabilidad en otras partes del país han dado lugar a crisis humanitarias recurrentes y prolongadas, altas tasas de malnutrición y brotes de enfermedades. En los pasados 18 meses, los grupos armados y las fuerzas del Gobierno han seguido cometiendo infracciones, incluidas muertes ilícitas, torturas, violaciones y pillaje, especialmente en la parte oriental del país. Entre ellas cabe citar la ejecución sumaria a manos de las Fuerzas Democráticas Aliadas de al menos 237 civiles en el territorio de Beni, Kivu del Norte, entre octubre de 2014 y mayo de 2015. La violencia sexual relacionada con el conflicto sigue estando arraigada. Persiste la preocupación por los ataques contra escuelas y el reclutamiento y la utilización de niños por los grupos armados. Hay casi 2,8 millones de desplazados internos y 443.000 personas han buscado refugio en los Estados vecinos. Si bien en algunas zonas donde reina una calma relativa los desplazados han regresado a sus lugares de origen, en general el desplazamiento está aumentando. Solo en la provincia de Katanga 180.000 personas se vieron obligadas a desplazarse a consecuencia de los enfrentamientos y la inseguridad desde diciembre de 2013 hasta octubre de 2014. Además, en abril y mayo de 2015 llegaron de Burundi alrededor de 10.000 refugiados. En muchas zonas el acceso humanitario es limitado como consecuencia de la inseguridad, la infraestructura deficiente y los atentados contra trabajadores humanitarios, así como de otras restricciones.

Iraq

14. La escala de la crisis del Iraq ha aumentado de forma drástica desde mi informe anterior (S/2013/689), ya que en el último año han proliferado los atentados selectivos contra civiles, la violencia sexual y por razón de género, y la intimidación, a menudo en función de las etnias y sectas, sin que se observen indicios de remisión. El número de iraquíes que necesitan asistencia humanitaria ha crecido marcadamente, hasta alcanzar más de 8,2 millones de personas, lo que representa un aumento de 3 millones en los pasados cinco meses. En 2014 resultaron muertas más de 12.000 personas y 23.000 sufrieron heridas. El uso de armas explosivas en zonas pobladas sigue siendo una de las principales causas de muerte, lesiones y desplazamiento de civiles. La rápida expansión de los grupos armados, en particular del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), también ha tenido un efecto devastador. Los grupos armados toman como blanco y reclutan a niños, mientras que millares de mujeres y niñas han sido secuestradas, obligadas a casarse y sometidas a violencia sexual y por razón de género. Todas las partes en el conflicto han sido acusadas de cometer abusos y asesinatos sectarios y por motivos étnicos. Casi 3 millones de personas, la mitad de ellas niños, han sido desplazadas internamente desde que comenzó el conflicto en la provincia de Al-Anbar en enero de 2014. Los desplazados internos residen en alojamientos insalubres, con abastecimiento de agua y saneamiento limitados. El regreso de los desplazados internos se ve obstaculizado por la proliferación de trampas explosivas y artefactos explosivos improvisados, los daños a la infraestructura pública, la falta de servicios básicos y las limitaciones de acceso impuestas por las fuerzas de seguridad. A menudo se niega a los desplazados internos varones la entrada a las provincias más seguras. El Iraq también continúa albergando a unos 248.000 refugiados de la República Árabe Siria. El acceso humanitario sigue siendo sumamente problemático, ya que la violencia y la inseguridad afectan a las operaciones humanitarias, en particular a los 2,3 millones de iraquíes necesitados de asistencia humanitaria que viven en zonas del norte y el oeste del Iraq fuera del control del Gobierno, incluidas las zonas controladas por el EIIL. En todo el país casi 7 millones de personas, es decir, el 20% de la población, carecen de acceso a servicios esenciales de salud, abastecimiento de agua y saneamiento.

Libia

15. La situación humanitaria se ha deteriorado muchísimo desde que se intensificaron los enfrentamientos a mediados de 2014. El uso generalizado de armas explosivas en zonas pobladas ha tenido un efecto terrible en los civiles, pues ha ocasionado muertos, heridos, desplazamientos y destrucción de viviendas e infraestructura básica, en tanto dejaba peligrosos restos explosivos de guerra. Los combates entre grupos armados se han caracterizado por infracciones generalizadas del derecho internacional, que incluyen muertes ilícitas, ejecuciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, secuestros y desplazamientos forzados. En el sur del país han continuado los enfrentamientos violentos entre grupos tribales. El conflicto ha afectado desproporcionadamente a los niños. Las escuelas han sido dañadas por los bombardeos y se utilizaron como base para lanzar ataques. Hay unos 400.000 desplazados internos, muchos de los cuales han sido desplazados repetidamente debido a la propagación del conflicto. La situación de los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo, que ya suscitaba grave preocupación antes de la escalada de los combates, se ha deteriorado aún más. El acceso humanitario se ve gravemente limitado en varias zonas debido a la inseguridad y el temor al extremismo violento, lo cual reduce la posibilidad de evaluar las necesidades y proporcionar protección y asistencia.

Malí

16. La reanudación del conflicto ocurrida en el norte de Malí en mayo de 2014 dio lugar a un aumento de la violencia, las tensiones entre comunidades y los desplazamientos. Los enfrentamientos entre las partes en el conflicto, así como la utilización de minas y artefactos explosivos improvisados en las regiones del norte y, más recientemente, del centro de Malí han causado víctimas civiles. Continúa el reclutamiento y la utilización de niños por los grupos armados, y los arrestos y detenciones arbitrarios, así como el maltrato de los detenidos, siguen siendo motivo de preocupación. Al 31 de mayo de 2015, había en Malí más de 100.000 desplazados internos y 137.500 refugiados malienses en los países vecinos. En colaboración con el Gobierno, las Naciones Unidas han elaborado una estrategia nacional sobre soluciones duraderas para los desplazados internos, las personas que regresan y los refugiados repatriados, pero el Gobierno aún no la ha respaldado oficialmente. La falta de servicios básicos en muchas zonas de origen obstaculiza el regreso de los desplazados internos. Las operaciones humanitarias se han visto dificultadas en varias zonas, ya que la inseguridad y la violencia desencadenaron la reubicación temporal de los trabajadores humanitarios y la suspensión de sus actividades.

Myanmar

17. La reanudación de los enfrentamientos en el estado de Kachin y el norte del estado de Shan dio lugar a nuevos desplazamientos y a la desintegración de las estructuras comunitarias, lo cual hizo aumentar el riesgo de violencia sexual y por razón de género. En el estado de Rakhine, más de 416.000 personas siguen necesitando asistencia humanitaria a raíz de la violencia intercomunitaria entre budistas y musulmanes rohinyás ocurrida en junio y octubre de 2012. Se ha expresado preocupación por la incapacidad de las partes para distinguir entre civiles y combatientes durante las hostilidades en Kachin y Shan septentrional, así como por la continuación del reclutamiento y la utilización de niños. Casi cuatro años después de que estallara el conflicto, en Kachin y Shan septentrional siguen desplazadas alrededor de 100.000 personas. En Rakhine, viven en campamentos 140.000 desplazados internos, la mayoría de los cuales son rohinyás que permanecen separados del resto de la población y tienen limitada la libertad de circulación. Estos solo representan una parte de los más de 1 millón de rohinyás que siguen siendo apátridas como resultado de la Ley de Ciudadanía del país de 1982, por la que se les deniega igual acceso a la ciudadanía, y estando marginados por decenios de discriminación y persecución, lo cual ha llevado a millares de ellos a huir en peligrosos viajes en barco. Es preciso realizar mayores esfuerzos a fin de descongestionar los campamentos y encontrar soluciones duraderas para los desplazados, así como abordar las causas profundas de la tensión y la violencia intercomunitarias. El acceso humanitario sigue siendo muy problemático. Las operaciones de socorro se han visto socavadas por la inseguridad imperante en Kachin y Shan septentrional, que se traduce en falta de acceso a las zonas no controladas por el gobierno. En Rakhin el entorno sigue siendo profundamente hostil para los trabajadores humanitarios. En marzo de 2014, los locales de las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias fueron objeto de un atentado, lo cual obligó a reubicar a 300 trabajadores humanitarios.

Nigeria

18. Durante el período sobre el que se informa, en particular, en los primeros meses de 2015, en el noreste de Nigeria se ha producido un notable aumento de la violencia, que atemoriza a la población civil y provoca grandes desplazamientos. Se estima que desde enero de 2014 han muerto unos 5.000 civiles. Además, al menos 2.000 mujeres y niñas fueron secuestradas por Boko Haram durante ese período y muchas han sido sometidas a esclavitud sexual u obligadas a combatir. Boko Haram ha reclutado y utilizado a niños, incluso como terroristas suicidas y escudos humanos. En enero de 2015, durante el período inmediatamente anterior a las elecciones nacionales, Boko Haram atacó casi a diario comunidades de los tres Estados más afectados (Borno, Yobe y Adamawa), entre otras cosas, utilizando armas explosivas en zonas pobladas, lo que produjo muertes, lesiones y desplazamientos de civiles. En abril de 2015, el Ejército de Nigeria liberó a más de 700 mujeres y niños, y se considera que una iniciativa internacional contra la insurgencia ha logrado avances considerables contra Boko Haram en abril y mayo de 2015. No obstante, la lucha contra la insurgencia a cargo de las fuerzas de seguridad nacionales, las milicias armadas y las fuerzas de seguridad de los países vecinos también está vinculada a informes de vulneraciones muy graves de los derechos humanos que, al parecer, han causado un elevado número de víctimas. Se estima que al 30 de abril de 2015 había 1,5 millones de personas desplazadas internamente. Alrededor del 90% de los desplazados internos viven en comunidades de acogida, por lo general en condiciones desesperadas, con poco o ningún acceso a la asistencia humanitaria. Otros residen en campamentos, centros colectivos y lugares no oficiales mal equipados. Han huido a países vecinos 210.000 personas más. El Gobierno ha declarado su intención de apoyar el regreso de los desplazados internos y los refugiados. Sin embargo, la inseguridad y la presencia de municiones sin detonar en las zonas de retorno generan grandes retos. En algunas partes del país, en particular, en el noreste, el acceso humanitario sigue siendo problemático debido a la gran inseguridad.

Territorio Palestino Ocupado

19. Las hostilidades que tuvieron lugar en Gaza en 2014 se saldaron con el mayor número de civiles muertos desde 1967, así como con grandes daños a la propiedad y desplazamientos de civiles. Durante las hostilidades que se desarrollaron en Gaza en julio y agosto de 2014 resultaron muertos más de 1.500 civiles palestinos, que incluían a más de 500 niños, y 11.000 padecieron lesiones. También sufrieron grandes daños las viviendas y la infraestructura civiles, entre ellas, colegios y hospitales. Se utilizaron abundantes armas explosivas en zonas pobladas, y sigue habiendo restos explosivos de guerra dispersos por toda Gaza. Las hostilidades tuvieron asimismo un efecto grave sobre los civiles israelíes debido a los disparos indiscriminados con cohetes y morteros lanzados por grupos armados desde Gaza, que causaron la muerte de cinco civiles israelíes y desplazamientos en el sur de Israel. Además, se produjeron víctimas mortales israelíes y palestinas en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, en gran parte como consecuencia de los enfrentamientos entre manifestantes palestinos y fuerzas israelíes. Esos incidentes pusieron de relieve preocupaciones de larga data sobre el uso de munición real con fines de control de masas. En el punto álgido de las hostilidades que se produjeron en Gaza había casi 500.000 palestinos desplazados internamente, y unos 100.000 siguen desplazados. El continuo derribo de viviendas palestinas y el desplazamiento forzoso de civiles palestinos, muchos de los cuales son refugiados inscritos, en relación con la construcción de asentamientos ilegales en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, siguen siendo motivo de seria preocupación. A pesar de la reciente relajación de la tensión, las restricciones a la entrada en Gaza impiden el acceso a servicios y recursos, socavan los medios de vida y la reconstrucción, agravan la fragmentación del Territorio Palestino Ocupado y obstaculizan la asistencia humanitaria. Israel debe permitir y facilitar el acceso humanitario rápido y sin obstáculos hacia y desde Gaza y la Ribera Occidental a fin de asegurar que se atiendan las necesidades básicas de los civiles.

Pakistán

20. Las operaciones militares en las áreas tribales bajo administración federal continuaron. Si bien durante el período de que se informa prosiguieron las operaciones militares, parece que mejoró la planificación anticipada para limitar su efecto sobre los civiles. El 16 de diciembre de 2014 nueve hombres armados irrumpieron en la escuela pública del ejército en Peshawar, mataron a 145 personas, incluidos 132 alumnos, e hirieron al menos a otras 133. Siguen desplazadas en el Pakistán aproximadamente 1,6 millones de personas, entre ellas 700.000 desplazadas en 2014, en gran parte como consecuencia del conflicto existente en las zonas tribales de administración federal. En 2014 huyeron al Afganistán otras 39.000 familias. A fines de 2014, el Gobierno anunció su intención de lograr que todos los desplazados regresaran en un plazo de dos años, de manera gradual y con apoyo. El acceso humanitario a las zonas de regreso de los desplazados internos es fundamental para planificar, apoyar y supervisar los retornos. Sin embargo, las demoras burocráticas siguen afectando al acceso de las organizaciones humanitarias a las personas necesitadas.

Somalia

21. La crisis humanitaria de Somalia sigue siendo una de las mayores y más complejas del mundo. En la mayoría de los distritos del sur y el centro de Somalia impera una gran inseguridad; durante los primeros nueve meses de 2014 se tuvo noticia de unos 2.170 incidentes violentos. En Mogadiscio, Al-Shabaab ha seguido utilizando técnicas de lucha asimétrica, en particular ataques con artefactos explosivos improvisados contra instituciones del Gobierno, políticos y periodistas. Más de un millón de desplazados internos siguen enfrentándose a una serie de problemas de protección, que incluyen desalojos forzosos, discriminación y violencia sexual. Desde principios de 2015 unos 43.000 desplazados internos han sido desalojados de asentamientos de Mogadiscio, lo cual ha obligado a muchos a trasladarse a zonas con malas condiciones de vida y escasez de servicios y seguridad. Todas las partes en el conflicto han restringido deliberadamente el acceso humanitario por medios que incluyen limitaciones de circulación por carretera y restricciones administrativas, particularmente en las zonas meridional y central de Somalia. Prosiguieron los atentados contra los agentes humanitarios: durante los primeros nueve meses de 2014 hubo 75 incidentes en que se vieron involucrados trabajadores humanitarios, entre ellos 10 muertes y 22 secuestros. Solamente en los pasados tres meses han resultado muertos 7 trabajadores humanitarios, 11 han sufrido heridas y 20 han sido arrestados y detenidos. En abril de 2015, cuatro trabajadores humanitarios de las Naciones Unidas resultaron muertos en un atentado perpetrado por Al-Shabaab en Garowe (Puntlandia), que anteriormente se consideraba uno de los entornos de seguridad más favorables para la asistencia internacional en el país.

Sudán del Sur

22. Han transcurrido 18 meses desde el inicio del conflicto que asola Sudán del Sur. Ambas partes en el conflicto son acusadas de someter a civiles a asesinatos, detenciones arbitrarias, secuestros, desapariciones y violencia sexual, y de atacar objetivos de carácter civil, como lugares de culto, escuelas y hospitales. Según se informa, ambas partes han utilizado la violencia sexual como parte de las tácticas militares. Se estima que se han destruido u ocupado, o han dejado de funcionar, 184 establecimientos sanitarios. El acceso a la educación se ha visto perturbado y desde diciembre de 2013 unos 400.000 niños han abandonado la escuela, y el 70% de los centros docentes de las zonas afectadas por el conflicto han cerrado. Desde 2014 las fuerzas y grupos armados también han reclutado y utilizado a varios millares de niños. En este contexto, acojo favorablemente que la facción Cobra del Ejército Democrático de Sudán del Sur haya liberado recientemente a más de 1.700 niños soldados. La Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur sigue proporcionando protección física en sus bases a unos 118.000 desplazados internos, mientras que en otros lugares más de 1,5 millones de personas están desplazadas internamente y más de 540.000 han huido a otros países. Persiste la preocupación sobre la militarización de los campamentos y la infiltración de elementos armados en los campamentos de refugiados. La violencia contra los trabajadores humanitarios y las restricciones impuestas por ambas partes a la circulación por vía terrestre y aérea siguen socavando el acceso humanitario. Al menos 13 trabajadores humanitarios han resultado muertos desde que se inició el conflicto.

Sudán

23. Los combates continuados en la región de Darfur han entrañado infracciones generalizadas del derecho internacional humanitario y vulneraciones de los derechos humanos. Los enfrentamientos ocurridos en Darfur han incluido atentados deliberados o indiscriminados contra civiles que se consideraban afines a los grupos armados de la oposición y atentados esporádicos contra personas que consideraban afines al Gobierno. Prosiguieron las denuncias de actos de violencia sexual cometidos en Darfur, a pesar de que las Naciones Unidas han tenido dificultades para obtener acceso con el fin de investigar esas denuncias y las presuntas vulneraciones de los derechos humanos. También se ha tenido noticia de la comisión de atentados contra civiles en los estados de Kordofán del Sur y Nilo Azul. Se estima que durante 2014 huyeron del conflicto intercomunitario y de las operaciones "Verano decisivo" de las fuerzas del gobierno 430.000 personas. El número total de desplazados internos superó así los 2,5 millones, la mayoría de los cuales viven en campamentos. Tan solo en los primeros cinco meses de 2015 se verificó que en Darfur había al menos 65.000 desplazados internos nuevos. Según se informa, en 2014 las operaciones militares llevadas a cabo en los estados de Kordofán del Sur y Nilo Azul causaron el desplazamiento de unas 140.000 personas. Aunque fue posible llegar a la mayoría de las zonas que acogen a las personas necesitadas de asistencia, en muchos casos el acceso era parcial y entrañó retrasos y restricciones. El acceso humanitario a través de las líneas del conflicto para alcanzar zonas de conflicto activo y zonas controladas por las fuerzas armadas de la oposición sigue cortado.

República Árabe Siria

24. La República Árabe Siria ha entrado en su quinto año de un conflicto en el que la violencia y la brutalidad siguen en pleno auge con absoluta impunidad de todas las partes implicadas. Se estima que 12,2 millones de personas necesitan asistencia humanitaria actualmente, cifra superior en casi 3 millones a la del pasado año. Más de 220.000 personas han muerto y se ha producido más de 1 millón de heridos desde marzo de 2011. Los civiles han sido objeto de ataques directos o indiscriminados en todo el país que incluyen un amplio uso de bombas de barril y otras armas explosivas en zonas pobladas. También se han denunciado ataques con armas químicas. Los combatientes han dañado, destruido u ocupado hospitales, escuelas, lugares de culto y otras propiedades públicas. Dado que se han cortado los servicios esenciales, la población civil carece de agua y de electricidad. Sigue habiendo informes de ejecuciones sumarias y extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual y reclutamiento forzado por las partes en el conflicto. Más de la mitad de la población siria se ha visto obligada a abandonar su hogar, y hay 7,6 millones de desplazados internos y casi 4 millones de refugiados en los países vecinos. El acceso humanitario sigue estando limitado por los combates y la inseguridad, así como por la obstrucción deliberada de asistencia indispensable para salvar vidas, a pesar de tres resoluciones del Consejo de Seguridad en las que se ponen de relieve las obligaciones de las partes en virtud del derecho internacional humanitario y se exige el pleno acceso de la asistencia humanitaria. Unos 4,8 millones de personas viven en zonas a las que resulta difícil llegar o que están sitiadas. Los trabajadores de asistencia humanitaria son frecuentemente víctimas de hostigamientos, secuestros y asesinatos, y los centros de atención a la salud y su personal también han pasado a estar en el punto de mira.

Ucrania

25. El menosprecio general de la protección de los civiles ha sido una constante en el conflicto de Ucrania. Cinco millones de personas necesitan actualmente asistencia humanitaria, lo que incluye servicios como la vivienda, la alimentación y la atención de la salud. Al menos 6.344 personas resultaron muertas entre mediados de abril y mediados de mayo de 2015. Los combates se han caracterizado por el amplio uso de armas explosivas, entre otras, municiones en racimo, en zonas pobladas. A fecha de 21 de mayo de 2015 había aproximadamente 1,3 millones de desplazados internos registrados en Ucrania. En noviembre de 2014 el Gobierno aprobó una ley nacional sobre la garantía de los derechos y las libertades de los desplazados internos, lo que dotó de un cierto carácter previsible a las actividades de asistencia. Entretanto, casi 860.000 personas han huido a los países vecinos, un tercio de las cuales son niños. La inestabilidad de la situación de seguridad en la zona oriental de Ucrania, los daños en la infraestructura y las trabas burocráticas han entorpecido el acceso humanitario a las personas necesitadas. Los civiles que permanecen en las zonas afectadas por el conflicto han sufrido las mayores penurias y dificultades para acceder a los servicios básicos a causa de la violencia, la inseguridad y las restricciones a la circulación.

Yemen

26. La impresionante escalada del conflicto del Yemen en 2015 ha causado estragos entre la población civil. Con anterioridad a la última escalada, se estimaba que 15,9 millones de personas, es decir, el 61% de la población, necesitarían asistencia humanitaria en 2015. En la actualidad esa cifra probablemente habrá aumentado de manera significativa. Entre mediados de marzo y mediados de mayo de 2015, unas 2.000 personas resultaron muertas y 8.000 heridas, aproximadamente la mitad de ellas civiles. Los efectos en la infraestructura civil han sido devastadores, dados los ataques aéreos generalizados y el uso de armas explosivas en zonas pobladas, así como los ataques contra centros de salud, escuelas y otras infraestructuras esenciales. Se están produciendo desplazamientos a gran escala en todo el país debido a la intensidad de los combates. A finales de mayo de 2015, había más de 545.000 nuevos desplazados internos y más de 28.000 personas habían abandonado el país durante los dos meses pasados. Las condiciones de acceso se ven gravemente restringidas por las hostilidades y la inseguridad existente; a pesar de ello, las necesidades humanitarias de carácter urgente van en aumento. Muchos yemeníes se ven privados de acceso a los servicios básicos, como la atención médica, la alimentación, el agua y otros productos de primera necesidad. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios pide un acceso humanitario seguro, rápido y sin trabas, con una nueva pausa humanitaria como la observada del 12 al 17 de mayo de 2015, y está trabajando para lograr los acuerdos de pacificación necesarios para contar con un sistema regular y previsible de entrega de los suministros de asistencia a las personas necesitadas.

III. Supervisión de los cinco retos básicos

27. En los pasados 18 meses hemos asistido al deterioro de varios conflictos de larga duración y a la aparición de otros nuevos, con consecuencias devastadoras para los civiles. Ante ese panorama, los cinco retos básicos de la protección siguen siendo sumamente pertinentes.

Cumplimiento y rendición de cuentas

Respeto del derecho internacional humanitario

28. Uno de los retos más cruciales para la protección de los civiles es la falta de respeto por el derecho internacional humanitario que se observa de manera habitual por parte de Estados y grupos armados no estatales. Muchas de las partes en los conflictos armados actuales muestran de forma sistemática un desdén absoluto por las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional humanitario y un total desprecio por la vida humana. Tomar por blanco a los civiles y someterlos a un trato brutal o atacar las infraestructuras civiles vitales de manera deliberada se ha convertido en objetivo habitual de las partes en conflicto. A las vulneraciones del derecho internacional humanitario se suma la impunidad generalizada, que aumenta la osadía de los autores de estos actos y priva a las víctimas de cualquier esperanza de justicia o reparación. Animo a los Estados Miembros a que se unan con miras a estudiar y buscar vías para mejorar el respeto y el cumplimiento del derecho internacional humanitario con carácter urgente y prioritario.

Ataques contra las instalaciones y el personal humanitario y médico

29. Los persistentes ataques contra los trabajadores y los servicios humanitarios y de atención de la salud siguen constituyendo un motivo de preocupación para mí. En un estudio de 2014 del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se documentaban más de 1.800 incidentes relacionados con actos o amenazas de violencia graves que afectaron a la prestación de servicios de atención de la salud en 2012 y 2013. Según la base de datos de los trabajadores de asistencia humanitaria, 270 de estos profesionales perdieron la vida, fueron secuestrados o resultaron gravemente heridos en 2014. El 90% de las víctimas era personal de contratación nacional. Esos ataques tienen consecuencias desastrosas para los civiles. Me complace que el Consejo de Seguridad haya aprobado la resolución 2175 (2014), relativa a la protección del personal humanitario, el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, en la que el Consejo reafirmó las salvaguardias jurídicas concedidas a ese personal, pidió el acceso pleno y sin trabas del personal humanitario a todas las personas que necesitasen asistencia, y puso de relieve que los Estados tenían la responsabilidad de garantizar que los autores de ataques rindieran cuentas de sus actos.

Uso generalizado de armas explosivas en zonas pobladas

30. Desde 2009, he venido haciendo hincapié constantemente en las devastadoras consecuencias de orden humanitario que acarrea el uso de armas explosivas en zonas pobladas |1|. He exhortado a las partes en conflicto a que se abstengan de utilizar armas explosivas de amplio alcance en estas zonas, y he recomendado que el Consejo de Seguridad, cuando proceda, exhorte expresamente a las partes en conflicto a abstenerse del uso de tales armas.

31. Las razones para ello son meridianamente claras. Ya sea en el Afganistán, Libia, el territorio palestino ocupado, el Sudán, la República Árabe Siria, Ucrania, el Yemen u otros lugares, el uso de armas explosivas en zonas pobladas es una de las principales causas de víctimas mortales, heridos y desplazados entre la población civil. Según la organización no gubernamental Action on Armed Violence, 41.847 personas resultaron muertas o heridas por armas explosivas en 2014, de las cuales el 78% eran civiles. En los casos en que se utilizaron armas explosivas en zonas pobladas, el 92% de las víctimas eran civiles |2|. Si bien el derecho internacional humanitario no prohíbe explícitamente las armas explosivas, en muchos casos su uso en zonas pobladas constituye una conducta ilícita por su efecto indiscriminado. Dado que el amplio alcance de los efectos de muchas armas explosivas es sobradamente conocido, cabe prever sus repercusiones en la población y las infraestructuras civiles, lo que plantea graves consideraciones de carácter moral y, en ciertos casos, jurídico.

32. Actualmente se utilizan muchos tipos de armas explosivas, entre otras, bombas lanzadas por vía aérea, proyectiles de artillería, misiles y cohetes, granadas de mortero y artefactos explosivos improvisados. Si bien difieren en cuanto al diseño, la composición y el método de uso, esas armas comparten ciertas características básicas. Por lo general, utilizan la fuerza explosiva para crear una zona de detonación y fragmentación con potencial para matar o herir a cualquier persona o dañar cualquier cosa comprendida en su radio. En otras palabras: esas armas tienen efectos indiscriminados, por lo que su uso en zonas habitadas, como poblaciones, ciudades, mercados y campamentos de desplazados internos, resulta especialmente problemático, y más aún si sus efectos se propagan a una zona extensa.

33. Dado el efecto indiscriminado de las armas explosivas, su utilización en zonas pobladas acarrea consecuencias inaceptables para los civiles, muchos de los cuales mueren o sufren lesiones que trastornan su vida. El uso de armas explosivas en zonas pobladas tiene también importantes repercusiones humanitarias a largo plazo. La vivienda y las infraestructuras esenciales, como los sistemas de abastecimiento de agua y electricidad, resultan dañados o destruidos. Los modos de ganarse el sustento se arruinan por el deterioro o la devastación de la propiedad comercial y los medios de producción. El acceso a la atención a la salud a menudo se ve entorpecido porque los hospitales y las clínicas han sufrido daños, están arrasados o carecen de accesos, o por la muerte del personal sanitario y el corte de los suministros. Se interrumpe la educación de los niños, ya sea por los destrozos en las instalaciones, o bien porque el personal docente ha sufrido daños directos o teme sufrirlos. El conflicto sirio ha dejado a 2,6 millones de niños sin escolarizar, algunos durante tres años o incluso más tiempo. En Gaza, el 66% de las escuelas quedaron deterioradas o destruidas durante las hostilidades de julio y agosto de 2014, entre ellas algunas que albergaban a desplazados internos, lo que supuso una pérdida aún mayor de vidas humanas.

34. El uso de armas explosivas en zonas pobladas es una de las principales causas de desplazamiento, ya que las personas se ven obligadas a huir por los ataques que dañan o destruyen sus casas o sus medios de sustento, o bien por temor a esos ataques. También tiene consecuencias catastróficas en las necesidades y los gastos de reconstrucción tras el conflicto. Las armas explosivas dejan restos explosivos de guerra, que continúan representando una grave amenaza para la población civil, en particular para los niños, a veces durante décadas después de que el conflicto haya finalizado.

35. El uso de armas explosivas en zonas pobladas, en especial, de las que tienen efectos en zonas amplias, plantea graves preocupaciones sobre el respeto de los principios fundamentales de distinción, proporcionalidad y adopción de precauciones previstos en el derecho internacional humanitario. El pleno cumplimiento por todas las partes en conflicto de las disposiciones del derecho internacional humanitario reforzaría considerablemente la protección de los civiles frente a los efectos de las armas explosivas. Además, el desarrollo de criterios normativos para frenar o limitar el uso de armas explosivas en zonas pobladas, en particular, de las armas con efectos en zonas amplias, podría mejorar considerablemente la protección de los civiles.

36. Existen precedentes importantes a ese respecto. Cabe destacar que la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en el Afganistán y la Misión de la Unión Africana en Somalia instituyeron normativas y prácticas que limitan el uso de ciertas armas explosivas en determinados lugares donde los civiles suelen estar presentes, a fin de reducir al mínimo los efectos de las operaciones militares en la población civil. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios está recopilando ejemplos de esas prácticas que pondrá a disposición de los Estados Miembros y los asociados para promover un cambio en los procedimientos de las partes en conflicto. En octubre de 2014, envié a todos los Estados Miembros una nota verbal en la que pedía que facilitasen ejemplos de la normativa y la práctica al respecto. Algunos han respondido a esa solicitud y aliento a los demás a que lo hagan sin demora. También me complace la decisión de Austria de convocar una reunión de expertos a finales de 2015, en cooperación con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, para empezar a estudiar el posible alcance y el contenido de una declaración sobre los efectos que el uso de armas explosivas en zonas pobladas tiene en las actividades humanitarias. Aliento firmemente a los Estados Miembros a participar de manera constructiva en esa iniciativa.

Acceso humanitario

37. Disponer de acceso humanitario de manera regular y constante sigue siendo un problema esencial en muchos conflictos armados. El acceso es un requisito previo para que la actividad humanitaria sea eficaz. Por consiguiente, he insistido en repetidas ocasiones en la necesidad de lograr que las organizaciones humanitarias colaboren de manera sistemática con los grupos armados no estatales en lo tocante al acceso, la protección y otras cuestiones del ámbito humanitario.

38. Durante los últimos 18 meses, un gran número de limitaciones siguió menoscabando la capacidad de las personas afectadas para acceder a la asistencia y los servicios, así como la capacidad de las organizaciones humanitarias para llegar a esas personas. Entre ellas figuran las siguientes: hostilidades activas; ataques contra las instalaciones y los trabajadores humanitarios; restricciones burocráticas; e interferencias en la prestación de asistencia. En algunos conflictos, las partes han obstaculizado de forma deliberada la prestación de asistencia con el fin de perjudicar a la población civil. El acceso de las organizaciones humanitarias no es simplemente un requisito técnico o una decisión burocrática de los gobiernos. La denegación del acceso prolonga el sufrimiento y ocasiona muertes.

39. Por lo tanto, deseo reiterar que en los casos en que la parte en el conflicto que tenga a la población civil bajo su control no pueda o no quiera atender las necesidades de esa población, se debe permitir a las organizaciones humanitarias que lleven a cabo operaciones de socorro de manera imparcial. El consentimiento de los Estados afectados a esas operaciones no se puede retirar arbitrariamente. Una vez que se han acordado dichas operaciones, las partes deben permitir y facilitar el paso rápido y sin trabas de los cargamentos, el equipo y el personal de socorro. Denegar arbitrariamente el acceso humanitario y privar a los civiles de objetos indispensables para su supervivencia, por ejemplo obstaculizando deliberadamente el suministro de socorro y el acceso a él, constituye una violación del derecho internacional humanitario. Esta idea cada vez recibe mayor reconocimiento en las resoluciones del Consejo de Seguridad. Es necesario que se rindan cuentas por este tipo de actos.

Mantenimiento de la paz

40. Observo los problemas que el personal de mantenimiento de la paz afronta de manera constante en sus actividades para proteger a los civiles en los conflictos armados. Aunque en muchos conflictos el panorama sigue siendo sombrío, sería mucho peor sin la valiosa protección que puede proporcionar el personal de mantenimiento de la paz. Durante el período sobre el que se informa, los ataques contra el personal de mantenimiento de la paz causaron 55 bajas mortales. Tan solo en Malí y Darfur los ataques contra dicho personal durante ese período ocasionaron 42 muertos y 99 heridos. El personal de mantenimiento de la paz también se enfrenta de manera creciente a restricciones a la circulación que vulneran los acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas con las autoridades nacionales, lo cual puede menoscabar su capacidad para cumplir las tareas previstas en su mandato. Todas las partes deben respetar la función, importante e imparcial, del personal de mantenimiento de la paz en la protección de los civiles. He recibido recientemente el informe del Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las Operaciones de Paz (véase S/2015/446) y haré recomendaciones a la Asamblea General a su debido tiempo.

Desplazamiento interno a largo plazo en situaciones de crisis prolongadas

41. Los desplazamientos internos han alcanzado niveles sin precedentes. A finales de 2014 había más de 38 millones de personas desplazadas dentro del territorio de sus países por los conflictos y la violencia, mientras que otros 13 millones de personas habían buscado refugio en el extranjero. Estas cifras son superiores a las de cualquier otro período desde la Segunda Guerra Mundial. Según las estimaciones, 11 millones de personas se convirtieron en desplazados internos tan solo en 2014, es decir, 30.000 personas al día. La duración media de los desplazamientos internos ocasionados por conflictos es de 17 años.

42. Los desplazados internos son especialmente vulnerables. Suelen tener un acceso limitado a los servicios básicos, y muchos de ellos no tienen documentación legal y tienen problemas para encontrar empleo o reclamar sus propiedades. Corren un riesgo mayor de sufrir discriminación y explotación, en especial las mujeres y las niñas. Muchos de ellos están alojados en campamentos que solo disponen de los servicios más rudimentarios, pero la inmensa mayoría vive en comunidades de acogida. La generosidad de las comunidades que ofrecen apoyo a los desplazados internos durante semanas, meses o incluso años sin duda merece reconocimiento.

43. La responsabilidad primordial de proteger y ayudar a los desplazados internos en su territorio incumbe a los gobiernos nacionales. Los gobiernos deberían invertir en medidas que les permitan estar preparados y crear las normativas y los marcos jurídicos necesarios para ocuparse de los desplazamientos internos, sobre la base de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Actualmente, menos del 40% de los países tienen marcos de ese tipo. Los gobiernos deberían promover soluciones duraderas, como el regreso, la integración local y el asentamiento en otras partes del país, desde que se inicia una crisis de desplazamientos. La Convención de la Unión Africana para la Protección y Asistencia a los Desplazados Internos en África (Convención de Kampala) contiene disposiciones instructivas; crear marcos similares podría ser beneficioso para otras regiones. En el plano nacional, me alegro de que Somalia y Ucrania hayan aprobado legislación en materia de desplazamientos.

44. La comunidad internacional tiene la responsabilidad no solo de prestar asistencia a los desplazados internos, sino también de colaborar para hacer frente a sus necesidades concretas en materia de protección y a las causas de su desplazamiento. Debemos fomentar la coordinación y la capacidad operacional de las organizaciones humanitarias para apoyar a los gobiernos y a los asociados para el desarrollo al hacer frente a las necesidades a corto y largo plazo de los desplazados internos. El Consejo de Seguridad, en la reunión con arreglo a la fórmula Arria sobre protección de los desplazados internos celebrada en mayo de 2014, recalcó la importancia de restablecer la autoridad y la protección nacionales, el cometido esencial de la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad cuando falla la protección nacional, y la necesidad de centrar más la atención y las inversiones en buscar soluciones a largo plazo y duraderas para los desplazados internos. Animo a los miembros del Consejo a tomar en consideración estas recomendaciones en lo relativo a los casos de países concretos.

45. Los objetivos de desarrollo sostenible brindan una oportunidad única para hacer frente a los desplazamientos prolongados de manera sistemática y eficaz. Aunque el desplazamiento no está incluido en los objetivos y las metas de desarrollo sostenible, tendría que verse reflejado en sus indicadores, en sus series de datos desglosados y en su definición de los grupos vulnerables, algo que resulta esencial para garantizar que nadie quede postergado y crear un entorno que favorezca la protección de los 51 millones de personas desplazadas en todo el mundo. Defender el derecho de estas personas particularmente vulnerables a vivir en condiciones de seguridad y dignidad y ofrecerles soluciones duraderas constituye un factor esencial para acabar con la pobreza en todas sus formas y en todos los lugares, y debe, por tanto, formar parte del marco de los objetivos de desarrollo sostenible.

46. Más allá del proceso de los objetivos de desarrollo sostenible, es necesario que nos fijemos un objetivo ambicioso pero verosímil, por ejemplo, un compromiso colectivo de reducir a la mitad el número de personas desplazadas para el año 2030. Movilizar a los Estados Miembros, los gobiernos afectados, los donantes, los agentes del ámbito humanitario y del desarrollo y las instituciones financieras internacionales en torno a un objetivo común y concreto es un requisito previo para lograr avances sobre los desplazamientos internos que nos obligará a idear enfoques mejor coordinados y más globales.

V. Avances normativos y actividades en curso para reforzar la protección de los civiles

47. Desde mi anterior informe, se han producido varios avances importantes en pro de la protección de los civiles.

Cumplimiento y rendición de cuentas

48. La entrada en vigor en 2014 del Tratado sobre el Comercio de Armas constituye un paso importante para impedir la circulación de armas y municiones hacia zonas afectadas por los conflictos y la violencia. Exhorto a los Estados que aún no lo hayan hecho a suscribir y aplicar el Tratado sin demora.

49. Desde 2012, Suiza y el CICR han celebrado consultas con los Estados partes en los Convenios de Ginebra de 1949 para buscar formas de mejorar el cumplimiento del derecho internacional humanitario. La 32 Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que tendrá lugar en diciembre de 2015 brinda a los Estados una buena oportunidad para poner en práctica las recomendaciones que surjan de ese proceso.

50. En la lucha contra la violencia sexual relacionada con los conflictos, mi Representante Especial sobre la Violencia Sexual en los Conflictos firmó comunicados conjuntos con los Gobiernos de la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, así como un marco de cooperación con la Unión Africana, para hacer frente a esta lacra.

51. En ciertos países, entre otros, el Afganistán, Myanmar y la República Democrática del Congo, se observaron progresos en la ejecución de los planes de acción para erradicar e impedir el reclutamiento y la utilización de niños. Las nuevas Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades, junto con las orientaciones preparadas previamente por mi Representante Especial para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, son también importantes contribuciones a la protección de los niños.

52. Se han adoptado diversas medidas dentro de la iniciativa "Los derechos humanos primero" que puse en marcha en 2013 con el fin de fomentar la capacidad de las Naciones Unidas para prevenir y responder a las violaciones graves del derecho internacional humanitario y en materia de derechos humanos. Se han reforzado los mecanismos de alerta temprana y coordinación de la respuesta de las Naciones Unidas, así como las actividades para mejorar el intercambio y el análisis colectivo de la información dentro y en todo el sistema de las Naciones Unidas en lo que respecta a esas violaciones. En la declaración formulada por los directores de los organismos que integran el Comité Interinstitucional Permanente sobre la importancia de la protección en la acción humanitaria, publicada en diciembre de 2013, se esbozaban medidas para reforzar la protección de todas las personas afectadas y en situación de riesgo en el marco de la respuesta humanitaria.

53. Durante los pasados dos años, la acertada aplicación a fuerzas de seguridad ajenas a las Naciones Unidas por parte de las operaciones de mantenimiento de la paz de la política de diligencia debida en materia de derechos humanos relativa a las operaciones de apoyo de las Naciones Unidas constituye otra vía eficaz para reducir el riesgo de que las fuerzas nacionales de seguridad cometan violaciones del derecho internacional humanitario o en materia de derechos humanos.

54. La utilidad de llevar un registro de bajas se volvió a destacar en un estudio realizado por el Grupo de Investigación Oxford en 2014, en el que se concluyó que el registro de bajas realizado por la UNAMA en el Afganistán había hecho posible que se abogase por que las partes en conflicto prestasen atención a su conducta y había propiciado una disminución de las víctimas civiles ocasionadas por sus operaciones.

55. La Corte Penal Internacional impuso su segunda condena el 7 de marzo de 2014, al declarar a Germain Katanga culpable de cinco cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Además, en diciembre de 2014 la Sala de Apelaciones de la Corte confirmó la condena y la sentencia de Thomas Lubanga Dyilo. Estos veredictos revisten importancia para las víctimas de esos crímenes atroces contra civiles, para la justicia internacional y para la lucha contra la impunidad.

Acceso humanitario

56. Atendiendo a una solicitud que figuraba en mi anterior informe, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y la Universidad de Oxford han dirigido una serie de consultas con varios especialistas y organizaciones con miras a preparar orientaciones detalladas sobre el marco jurídico que rige la asistencia humanitaria, con especial atención a la retirada arbitraria del consentimiento para realizar operaciones de socorro. Las orientaciones, que se publicarán en julio de 2015, cubrirán temas como quién debe dar su consentimiento para llevar a cabo operaciones de socorro transfronterizas; qué constituye una denegación arbitraria del consentimiento; y cómo se puede hacer valer la obligación de permitir y facilitar las operaciones. Se espera que las orientaciones influyan en las políticas y estrategias de promoción para mejorar el acceso humanitario a las poblaciones afectadas por conflictos.

Mantenimiento de la paz

57. El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno han publicado la primera normativa de las Naciones Unidas sobre la protección de civiles en las operaciones de mantenimiento de la paz, junto con las directrices conexas para los componentes militares. Se trata de un paso importante en nuestras iniciativas para institucionalizar el modo en que el personal de mantenimiento de la paz del componente civil, policial y militar cumple los mandatos sobre protección de civiles en coordinación con los agentes del ámbito humanitario y de los derechos humanos y en apoyo de las autoridades nacionales.

VI. Recomendaciones

58. Recordando las numerosas recomendaciones de mis anteriores informes encaminadas a reforzar la protección de los civiles, deseo destacar la importancia de las siguientes medidas.

Promoción del respeto por el derecho internacional

59. Para mejorar el cumplimiento del derecho internacional y garantizar que se rinda cuentas por las infracciones, el Consejo de Seguridad debería:

    a) Recordar de manera sistemática a las partes en el conflicto sus obligaciones conforme al derecho internacional, en particular, durante el desarrollo de las hostilidades, y exhortar a las partes a cumplirlas cabalmente;

    b) Condenar de manera sistemática las violaciones del derecho internacional humanitario, en materia de derechos humanos y de refugiados, incluidos los ataques contra el personal y las instalaciones del ámbito humanitario y de la atención a la salud, y estudiar la posibilidad de referir tales casos a la Corte Penal Internacional;

    c) Solicitar de manera sistemática informes sobre las violaciones del derecho internacional humanitario y en materia de derechos humanos, y, cuando exista preocupación sobre violaciones graves, estudiar la posibilidad de ordenar comisiones de investigación o de referir las situaciones a la Corte Penal Internacional;

    d) Estudiar la aplicación de medidas selectivas contra las partes y las personas que incumplen de manera habitual sus obligaciones de proteger a los civiles;

    e) Alentar a los Estados Miembros a que establezcan mecanismos concretos para fomentar el respeto del derecho internacional, tales como reuniones periódicas sobre el cumplimiento y un registro central para vigilar y dejar constancia de las violaciones del derecho internacional.

60. Los Estados Miembros deberían:

    a) Adoptar leyes nacionales para el enjuiciamiento de las personas sospechosas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras graves violaciones del derecho internacional humanitario y en materia de derechos humanos;

    b) Buscar, enjuiciar y extraditar a las personas sospechosas de infracciones graves del derecho internacional humanitario, o de violaciones graves del derecho en materia de derechos humanos;

    c) Ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional sin demora;

    d) Cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional y mecanismos similares.

Acceso humanitario

61. El Consejo de Seguridad debería recordar de manera sistemática a las partes en conflicto sus obligaciones de permitir y facilitar un acceso humanitario rápido y sin trabas. Además, debería condenar los casos en que se deniegue arbitrariamente el acceso humanitario y se prive a los civiles de objetos indispensables para su supervivencia, por ejemplo obstaculizando deliberadamente el suministro de socorro y el acceso a él, y debería hacer hincapié en que tales actos constituyen violaciones del derecho internacional humanitario.

62. El Coordinador del Socorro de Emergencia y las organizaciones humanitarias deberían colaborar de manera sistemática en materia humanitaria con los agentes no estatales que son parte en el conflicto a fin de mejorar el acceso humanitario, asegurar la entrega de asistencia de emergencia y reforzar la protección de los civiles en las zonas de conflicto. Tal colaboración con fines exclusivamente humanitarios no implica el reconocimiento de las aspiraciones políticas o militares de los grupos armados no estatales.

Uso de armas explosivas en zonas pobladas

63. Las partes en conflicto deberían abstenerse de utilizar armas explosivas de amplio alcance en zonas pobladas. Además, los Estados Miembros deberían considerar la posibilidad de contraer un compromiso en este sentido.

64. Los Estados Miembros deberían fomentar el intercambio de información y de la experiencia adquirida sobre el uso y los efectos de las armas explosivas de amplio alcance en zonas pobladas. En particular, como se pide en mi nota verbal de octubre de 2014, los Estados Miembros deberían apoyar las actividades que está llevando a cabo la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios para recopilar ejemplos de buenas prácticas y preparar orientaciones que permitan mejorar la protección de los civiles y reducir los efectos en el plano humanitario del uso de armas explosivas en zonas pobladas.

65. Los Estados Miembros, con el apoyo de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y las organizaciones competentes, deberían elaborar metas e indicadores con miras a supervisar los avances para reducir los efectos en el plano humanitario del uso de armas explosivas en zonas pobladas.

Seguimiento y registro de las bajas civiles

66. Habida cuenta de la utilidad demostrada del seguimiento de las bajas civiles como componente de la estrategia militar para reducir los daños causados a los civiles, las partes en conflicto deberían establecer y aplicar mecanismos en este sentido, incluso en el contexto de operaciones multinacionales y de misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas inmersas en operaciones ofensivas.

67. Las entidades de las Naciones Unidas deberían colaborar con miras a establecer un sistema común de las Naciones Unidas para el registro sistemático de las víctimas civiles, como parte de las medidas más amplias encaminadas a supervisar las violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos e informar sobre ellas, utilizando para ello las buenas prácticas y los conocimientos especializados de las Naciones Unidas, los Estados Miembros y la sociedad civil.

Desplazamiento

68. Los Estados Miembros deberían asegurarse de que en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible se tengan debidamente en cuenta las necesidades a largo plazo de los desplazados forzosos, así como en las correspondientes definiciones, indicadores y series de datos desglosados. Más allá de ese marco, aliento a que se establezcan objetivos ambiciosos pero verosímiles y mecanismos nacionales de vigilancia con el fin de reducir considerablemente (por ejemplo, a la mitad) el número de personas en esta situación para el año 2030.

69. Los Estados miembros de la Unión Africana deberían ratificar y aplicar la Convención de Kampala sin demora. Además, deberían promover la creación de instrumentos similares en otras regiones para proteger a los desplazados internos y atender sus necesidades concretas. El objetivo debería ser lograr que para 2030 al menos el 50% de los Estados hayan aprobado y aplicado marcos jurídicos y normativos nacionales y regionales sobre los desplazamientos internos.

Protección de los civiles ante el Consejo de Seguridad

70. Dada la extremada gravedad de los problemas y los niveles de violencia a los que se enfrentan los civiles en situaciones de conflicto en todo el mundo, recomiendo que:

    a) Mi informe sobre la protección de los civiles en los conflictos armados se presente con periodicidad anual (en vez de cada 18 meses);

    b) El Consejo reanude su práctica de celebrar debates abiertos sobre la protección de los civiles dos veces al año, en junio y en diciembre.

    c) Se utilice de manera sistemática al Grupo de Expertos sobre la Protección de los Civiles para vigilar las tendencias relativas a la protección en un número mayor de situaciones que constituyan motivo de preocupación, incluso cuando no haya operaciones de paz, y se señale a la atención de los miembros del Consejo los problemas más acuciantes en materia de protección a los que se enfrentan los civiles y las posibles opciones para hacerles frente.


Notas:

1. S/2009/277, párr. 36. [Volver]

2. Action on Armed Violence, Explosive States: Monitoring Explosive Violence in 2014. [Volver]


Tienda Donaciones Radio Nizkor

War in Iraq
small logoThis document has been published on 01Jul15 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.