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04ago15


Una pesadilla llamada Javier Duarte


Este ensayo fue escrito hace poco más de dos semanas, para la versión impresa de agosto, cuando aún no ocurría el multihomicidio de la colonia Narvarte, donde fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa y cuatro mujeres. En esta revisión sobre aciago gobierno de Javier Duarte se hace mención al autoexilio de Espinosa Becerril. Esta casa editorial informará oportunamente, sin sesgos informativos, cómo van las investigaciones, que esperamos que las autoridades ofrezcan pronto.

El 1 de diciembre de 2015, Javier Duarte de Ochoa cumplirá cinco años como gobernador del estado.


Javier Duarte de Ochoa
Gobernador de Veracruz
 

En un lustro, la calidad de vida, las inversiones, la seguridad y la economía se desplomaron. No hay obra pública de relevancia. La deuda se ha disparado y sigue creciendo. La inseguridad priva en todo el territorio. La corrupción es generalizada y la libertad de expresión se ejerce bajo amenaza, literal, de muerte.

El grupo político al que pertenece Duarte ha depauperado al estado durante la última década sin que existan visos de que habrá justicia en algún momento. La impunidad en Veracruz es gigantesca, descarada y dolorosa.

A su amparo, varios funcionarios y exfuncionarios de la anterior y la actual administración se han enriquecido brutalmente. Algunos acaparan la prestación de servicios para el gobierno. Otros se convirtieron, de la noche a la mañana, en magnates de los medios de comunicación. Todos, se mudaron a vivir a residencias faraónicas.

En medio de esto, Veracruz no crece, vive en el atraso a pesar de contar con riquezas naturales como ninguna otra entidad de la República Mexicana. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social federal, 52% de la población vive en condiciones de pobreza laboral y 1.1 millones vive en pobreza extrema. El 25.8% está en condiciones de rezago educativo, 25.7% no tiene acceso a servicios de salud y 68.5% no cuenta con seguridad social. Dos millones 218 mil 900 habitantes del estado presentan carencias por acceso a la alimentación.

Ese es apenas un atisbo de la realidad de un estado que ha sido saqueado por sus gobernantes, y que con Javier Duarte, llegó niveles extremos de opacidad, disposición arbitraria de recursos y malversación, que tienen a la entidad en la quiebra, con graves problemas para cubrir su propia nómina cada quincena y que incluso ha cometido ultrajes al nivel de retener sus pensiones a los trabajadores jubilados.

Duarte ha hecho de la felonía un "arte" macabro. Y lo aplica hasta a sus mismos correligionarios, a quienes con la mano en la cintura ha traicionado incumpliendo acuerdos en aras de mantener en el poder al grupo al que pertenece, que es comandado por su antecesor, Fidel Herrera Beltrán.

Convertido en un dictadorzuelo, Duarte de Ocho ha pretendido controlarlo todo, restringir todo. Y para ello no ha dudado en torcer la ley y en intentar enmendarla a su antojo y conveniencia.

Reformó la Constitución del Estado para reducir la próxima gubernatura a un periodo de dos años, en los que la entidad vivirá una parálisis aún mayor que la actual ante la ausencia de certidumbre para cualquier inversionista. Intentó criminalizar a las redes sociales y sus usuarios acusándolos de terroristas, y más recientemente, los calificó como "tóxicos". Y para enderezar una venganza personal contra una periodista crítica de su gestión, le aplicó todo el poder del Estado y la mantuvo en prisión durante nueve meses de manera arbitraria e ilegal.

Difícilmente alguien podrá disputarle a Javier Duarte un título que desde ahora le pertenece solamente a él. Es el peor gobernador de la historia de Veracruz.

I.- El estado de los "frutsis y pingüinos"

El 15 de octubre de 2014, el gobernador declaró a los reporteros que en el estado "antes se hablaba de balaceras, de asesinatos, de participación de la delincuencia organizada. Y hoy hablamos de robos a negocios, a que se robaron un frutsi y unos pingüinos en un Oxxo. Es parte de la dinámica que hemos venido fortaleciendo, hemos avanzado de manera significativa".

Con este burdo comparativo, Duarte quiso explicar que se había registrado una baja en los índices de inseguridad que asolaron de manera sangrienta a Veracruz los primeros tres años de su administración, cuando la disputa entre los cárteles de la droga lo convirtió en un campo de guerra. El capítulo más espeluznante de aquellos días fue el del 20 de septiembre de 2011, cuando sicarios del cártel "Jalisco Nueva Generación" arrojaron 35 cadáveres de presuntos "Zetas" en una de las principales avenidas de Boca del Río, mientras cerca de ahí se celebraba una reunión nacional de procuradores de justicia.

La infiltración de la delincuencia organizada no era algo nuevo. Se comenzó a sentir desde la administración de Miguel Alemán Velasco. Incluso un capo de mediana fuerza, Albino Quintero Meraz, vivía en Costa de Oro, en el mismo fraccionamiento de lujo que el entonces mandatario, y donde fue aprehendido por el ejército.

Pero fue en el sexenio siguiente, el de Fidel Herrera Beltrán, cuando el narcotráfico se apoderó de Veracruz y comenzaron los secuestros, las extorsiones, el pago de derecho de piso y, por supuesto, la proliferación de estupefacientes. Amplias franjas del estado de pronto se convirtieron en tierra de nadie, en territorios controlados por los grupos delincuenciales, que se dieron el lujo de instalar antenas clandestinas de radiocomunicación, a los ojos de las autoridades, que fueron, al menos, omisas.

La violencia se disparó desde 3 de marzo de 2007, cuando una carrera de caballos celebrada en Villarín -una congregación del puerto de Veracruz- terminó en una balacera en la que cayó abatido uno de los líderes del cártel de los "Zetas", Efraín Teodoro Torres, alias el "Zeta 14". En esa misma carrera participaron caballos del empresario tuxpeño Francisco Colorado, preso actualmente en una cárcel de Texas por lavar dinero para el cártel de "Los Zetas" a través de la compra de caballos pura sangre, y quien ha sido señalado como financiero de las campañas a la gubernatura de Fidel Herrera y Javier Duarte.

Las balaceras comenzaron a ser cada vez más frecuentes. Pero cuando comenzó la administración de Duarte salieron de control. A plena luz del día, los sicarios se enfrentaban entre sí o contra la policía, que resultó estar infiltrada por los grupos criminales.

Ante su incapacidad manifiesta para hacer frente a la escalada de violencia, Javier Duarte le entregó al Gobierno Federal -en ese entonces todavía en el sexenio de Felipe Calderón- la responsabilidad de la seguridad en el estado, que en un abrir y cerrar de ojos, se militarizó.

El empoderamiento de Arturo Bermúdez

Si hay un funcionario poderoso en Veracruz, ese es Arturo Bermúdez Zurita. Al grado de que el propio Javier Duarte ha llegado a declarar que primero se va él del gobierno, que su subalterno.

La carrera pública de Bermúdez tomó vuelo en el sexenio de Miguel Alemán, en el que fungió como secretario particular del subsecretario de Finanzas y Planeación, Sergio Maya Alemán, sobrino del gobernador. Bermúdez dio el salto al gobierno de Fidel Herrera y ahí se desempeñó como director del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), la oficina de inteligencia del gobierno estatal.

Inició la administración de Javier Duarte como subsecretario de Seguridad Pública, hasta que el titular de la dependencia, el general Sergio López Esquer, renuncia tras ser víctima de un atentado perpetrado por un grupo armado, en julio de 2011.

A partir de ese momento, Bermúdez Zurita se empodera. Es el único inamovible. Tanto por agradecimiento -impidió el secuestro de los hijos del gobernador cuando estos salían de la escuela, a punta de pistola y con un saldo indeterminado de muertos-, como por el nivel de información que posee. Por recomendación suya, Duarte desmanteló a varias de las corporaciones policíacas municipales por su colusión con las bandas criminales. En su lugar, se creó primero la Policía Estatal Acreditable, y más recientemente la Fuerza Civil de Veracruz, un grupo de élite cuyas funciones duplicarían las de su entidad hermana.

Pero la inseguridad no mengua. El operativo Veracruz Seguro, la instalación del Mando Único con elementos castrenses y los "blindajes" de las principales ciudades del norte, centro y sur del estado no han apaciguado la violencia, osea los secuestros, extorsiones y amenazas.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre de 2014, en Veracruz se reportaron 957 homicidios con averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas; 142 secuestros y 216 extorsiones. De enero a mayo de 2015, la incidencia delictiva fue de 19 mil 497 presuntos delitos. Esos son los casos denunciados. Los que no se hacen del conocimiento de las autoridades pueden llegar a duplicarse.

Escuela del crimen

Tras una solicitud de información dirigida al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública bajo el folio 2210300038515, en la que se requirió la relación de policías evaluados, aprobados y reprobados del estado de Veracruz y sus municipios, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación dio a conocer que de enero de 2010 a diciembre de 2014 fueron evaluados 19 mil 332 policías estatales. Pero los resultados de la evaluación hablan por sí solos. Del total de elementos policiacos estatales examinados, siete mil 786 reprobaron. Y en el caso de los policías municipales, de seis mil 458 evaluados, dos mil 663 han reprobado.

De un total de 25 mil 790 elementos de las corporaciones de seguridad pública en Veracruz, a 10 mil 449 se les han negado los certificados de control de confianza. Solamente 59.48% del total de los policías de Veracruz han logrado pasar los exámenes correspondientes.

Por ello no extraña que existan una gran cantidad de denuncias en las que se señala a los policías como responsables de cometer delitos incluidos el secuestro, la desaparición forzada y el homicidio.

De acuerdo con el organismo no gubernamental Colectivo por la Paz Xalapa, de enero a agosto de 2013 se documentó que 40 personas fueron "levantadas" por elementos policiacos en ciudades como Veracruz, Cosamaloapan y Coatzacoalcos.

Un caso emblemático del proceder de la policía veracruzana es el del participante del concurso televisivo "La Voz México", Gibrán Martiz, quien en enero de 2014 fue sacado de su domicilio a la fuerza por policías estatales junto con un menor de edad que se encontraba con él. Ambos aparecieron muertos dos semanas después, con signos de tortura y armas "sembradas" junto a los cadáveres.

El 10 de junio de 2015, la CNDH emitió una recomendación al gobernador a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado por la "detención arbitraria, desaparición forzada y una inadecuada procuración de justicia" en este caso. En una entrevista vía Skype para el programa de televisión por Internet Medios con M, concedida a la periodista Eirinet Gómez, el padre del malogrado cantante, Efraín Martiz, acusó a los policías que detuvieron a su hijo y a otros dos jóvenes de haberlos asesinado.

Uno de los jóvenes, José Eduardo de la Cruz Caballero, quien permanece en calidad de desaparecido, "parece que se metió con el hijastro del secretario de Seguridad Arturo Bermúdez, por un tema de pleito de cantina. Este muchacho le da un aventón a mi hijo para ir al estudio, y en el trayecto del departamento al estudio, lo paran, porque ya le habían reconocido el carro, y ahí es donde comienza toda esta historia", manifestó Efraín Martiz, quiendebió abandonar el país al temer por su integridad física.

"Así me lo dijeron gente de la misma policía, señor, no iban contra su hijo, iban contra el otro muchacho que ya traía problemas con el secretario, pero desgraciadamente su hijo vio cuando lo mataron y como ellos no quieren testigos, pues su hijo, lamentablemente, y el otro menor, tuvieron que también matarlos (sic). Así me lo dijeron'", afirmó Efraín Martiz, quien agregó que vía geolocalización, comprobaron que el teléfono móvil de Gibrán estuvo en la Academia de Policía de "El Lencero".

Cortado con la misma tijera que su jefe, amigo y protector, Arturo Bermúdez, cuestionado en el sur de Veracruz sobre la creciente ola de inseguridad, respondió con otra frase que se volverá emblemática de esta administración y que los muestra tal como son: "debemos hacer una acción nosotros de inversión en un candado, en una alarma, que ahora son muy baratas, tener hasta un perro que pueda acreditar la seguridad de la casa".

Por cierto, uno de los múltiples negocios particulares de Arturo Bermúdez es el de la venta de alarmas.

II.- Duarte a los periodistas: "pórtense bien"

"Pórtense bien", dijo Javier Duarte a los reporteros de Veracruz que lo acompañaron a celebrar la "libertad de expresión", el 30 de junio de 2015.

Mientras los reporteros degustaban un plato defrijoles, Duarte los agredía en su propia casa, lanzando amenazas: "todos sabemos quiénes de una u otra manera tienen una vinculación con estos grupos (criminales). Que nos hagamos como que 'la virgen nos habla' es otra historia, pero todos sabemos quiénes tienen vínculos y quiénes están metidos con el hampa. Pórtense bien por favor".

Y todavía remató. "Vamos a sacudir el árbol, y se van a caer muchas manzanas podridas", dijo el gobernador con absoluta ligereza, en uno de los desplantes que lo caracterizan.

Dos días después la madrugada del jueves 2 de julio, fue hallado muerto, tirado sobre el asfalto de la autopista Veracruz-Ciudad Cardel, el reportero Juan Mendoza Delgado, quien había sido reportado por su familia como desaparecido, precisamente, desde el 30 de junio. Una macabra "coincidencia".

Por expresiones irresponsables como esa el periodismo en Veracruz vive la mayor crisis de inseguridad y vulnerabilidad de su historia. La situación de indefensión en la que los trabajadores de la información desarrollan su labor ha sido propiciada por el propio gobierno estatal, cuyo titular desprecia a los periodistas, a menos que sean sus amanuenses. A esos, hasta les paga viajes al extranjero, les pone medios de comunicación, o de perdida los mantiene a raya con el "cochupo" o "chayo" correspondiente.

Pero en el estado que tiene al gobernador al que la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos premió por su "defensa de la libertad de expresión", ya van 13 reporteros asesinados en menos de cinco años. Es la entidad de la República más letal para el ejercicio del periodismo.

Tan solo en lo que va de 2015, tres reporteros han sido ultimados en Veracruz: Armando Saldaña en Tezonapa, y Moisés Sánchez y Juan Mendoza en Medellín. En los tres casos, al igual que en los diez anteriores, el gobierno de Javier Duarte se ha negado a investigar que los homicidios se deban a la actividad profesional de las víctimas. Con uno de ellos, Armando Saldaña, incluso se desentendió de investigar de oficio, con el pretexto de que su cuerpo fue hallado en territorio oaxaqueño, a pesar de que el reportero de la Ke-Buena de Tierra Blanca trabajaba para varios medios veracruzanos más y vivía en el municipio de Tezonapa, que es colindante con Cosolapa, en el estado de Oaxaca. Caso similar al de Octavio Rojas Hernández, corresponsal de El Buen Tono de Córdoba, también muerto en Cosolapa el 11 de agosto de 2014.

A fuerza de recibir presiones y críticas dentro y fuera de Veracruz, Duarte le "reconoció" a Moisés Sánchez su calidad de reportero, luego de que al principio se refirió a él solo como taxista -oficio que también desempeñaba para ayudarse a sobrevivir- con tal de desvincular su secuestro y posterior asesinato de su labor informativa. Pero la justicia tampoco ha llegado para Moisés, quien editaba el periódico y el blog La Voz de Medellín. Quien fue señalado como presunto autor intelectual de su ejecución, el alcalde hoy desaforado Omar Cruz Reyes, está prófugo. Y existen serias dudas sobre la veracidad de la declaración del autor material del homicidio.

Con Juan Mendoza, el gobierno estatal llegó a extremos de indolencia. Soltó en las redes sociales y en los medios tradicionales, a través de sus corifeos, que la causa de su muerte había sido por atropellamiento. Horas más tarde, todavía sin los resultados de la necropsia de ley, la Fiscalía General del Estado dio por buena esa versión y declaró el caso como "esclarecido".

En efecto, al haberse encontrado el cuerpo de Juan Mendoza en medio de una autopista, éste presentaba señales de haber sido arrollado por vehículos, lo que resulta lógico por el simple hecho del lugar donde se encontraba.

Pero la Fiscalía General del Estado no contaba con que se filtrarían imágenes del cadáver en medio de la carretera, justo como lo encontraron, y donde se le aprecia con una venda en la cabeza y un punto rojo en medio, que da la impresión de ser un tiro de gracia. Jamás se dio explicación alguna sobre esto.

Fue tan burda la versión de la Fiscalía, que hasta la ComisiónEstatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) que -desde su origen se ha caracterizado por su docilidad al gobierno estatal-, condenó el homicidio, justamente en esos términos, y exigió dar con los responsables, lo cual la administración de Javier Duarte ignoró junto con los llamados en el mismo sentido que le hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El comisionado de la CEAPP Jorge Morales Vázquez expresó en un artículo sus preocupaciones respecto de una nueva manera de silenciar a los periodistas veracruzanos.

    "Desde el asesinato de Moisés Sánchez Cerezo, que detonó una reacción virulenta del gremio periodístico y de la opinión pública, exhibiendo al gobierno de Veracruz y al gobernador Javier Duarte de Ochoa, atisbé y así se lo comenté a varios cercanos, sobre la posibilidad de que los criminales planearan encubrir el próximo asesinato de un periodista en Veracruz, para reducir el costo político y mantener el perfil bajo. Por eso lo ocurrido a Juan Mendoza prende las alarmas. La versión oficial sobre las causas de su muerte lejos de dar tranquilidad, preocupa.

    "Hablando con compañeros de Juan Mendoza supe que él no daba servicio en carretera federal por no tener los permisos y por el temor a la inseguridad (meses antes de su muerte ya había sido asaltado). El miércoles, cuando fue hallado su cuerpo sobre la carretera federal, no portaba ningún documento de identificación ni se localizó el taxi, por lo que fue remitido al forense en calidad de desconocido. Y como colofón, de dónde salió y quién le puso la venda que portaba en la cabeza y que aparece en fotografías mientras su cuerpo permanecía en la carpeta asfáltica? Juan Mendoza no fue víctima de un simple accidente, como se quiere hacer creer. Es urgente que una instancia externa y con credibilidad, ajena a la Fiscalía de Veracruz, realice una autopsia del cadáver e investigue el caso", sentenció Morales Vázquez.

"La muerte escogió a Veracruz"

Entre los reporteros que recientemente fueron agredidos está el fotógrafo Rubén Espinosa, quien trabajaba para la agencia AVC Noticias y en la corresponsalía de Proceso y Cuartoscuro.

El comunicador veracruzano decidió exiliarse tras sufrir acoso e intimidaciones de parte de hombres con apariencia de militares o policías, que lo hostigaron fotografiándolo y dejándose ver delante y detrás suyo durante sus recorridos de trabajo y afuera de su domicilio particular. Rubén Espinosa participó en la cobertura de todas las protestas por las agresiones a la prensa en Veracruz, así como en la doble colocación de una placa para nombrar de manera simbólica "Plaza Regina Martínez" al zócalo de la capital de Veracruz, exactamente enfrente del palacio de gobierno. También dio cobertura a la brutal agresión de un grupo armado a jóvenes universitarios que casi pierden la vida en ese ataque, perpetrado dos días antes de las elecciones federales intermedias del pasado 7 de junio.

Fue exactamente tras estos últimos hechos que se recrudeció el hostigamiento, lo que obligó a Rubén Espinosa a salir de la entidad antes de convertirse en una cifra más de las estadísticas, el 9 de junio de 2015. Ya fuera de Veracruz, Espinosa fue entrevistado por la periodista Shaila Rosagel para el portal Sin Embargo, a quien le dijo que "me molesta mucho que una persona decida el rumbo de mi vida. Que por un capricho, una necedad, una inmadurez a todas luces notable, tenga que salirme de un estado al cual quiero muchísimo".

Señaló que "viene una represión muchísimo más grande que la que tenemos hoy en día. Y recordemos que Javier Duarte, al inicio de su mandato dijo que era admirador de (Francisco) Franco. Es un referente al que la gente no puso mucha atención y lo están viviendo los veracruzanos. Sólo le pido a la gente, a la sociedad y a los periodistas que volteen a ver a Veracruz, porque nos están matando toda libertad de expresión".

Rubén Espinosa no pierde la esperanza de regresar a Veracruz, pero eso sucederá "cuando el estado dé condiciones para poder trabajar, no quiero que exista un número 13 y 14. Es triste pensar en Veracruz, no hay palabras para decir lo mal que está ese estado, ese gobierno, la prensa, y lo bien que está la corrupción. La muerte escogió a Veracruz, la muerte decidió vivir ahí".

Veracruz, mortífero para los periodistas

El 3 de julio pasado Reporteros Sin Fronteras se prnunció respecto de los más recientes asesinatos de comunicadores en México y destacó que Veracruz se encuentra "entre los más mortíferos para los periodistas" en el país, y que "la presencia de numerosos cárteles y la corrupción de ciertos funcionarios locales han generado un elevado nivel de inseguridad". A su vez, Artículo 19 documentó que tan sólo en el primer semestre de 2015, en Veracruz se cometieron 23 agresiones contra miembros de la prensa, colocando a la entidad en cuarto lugar nacional. De estas, nueve fueron contra mujeres periodistas, siendo en este rubro la número uno del país. En lo que va del sexenio de Duarte, suman más de 200 ataques contra trabajadores de la información.

Y es que en Veracruz, cualquiera mata periodistas.

III.- Escupir para arriba

El 22 de junio de 2015, el gobernador convocó a una rueda de prensa -o más bien, a un monólogo, porque no se permitieron preguntas- en la que dio a conocer que, como por arte de magia, habían quedado solventadas todas las observaciones que le hiciera la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades financieras que equivalen a más de cinco mil millones de pesos. Dichas irregularidades fueron detectadas por el órgano fiscalizador en la revisión de las cuentas públicas del gobierno de Veracruz en los ejercicios 2012 y 2013, aunque también se arrastraban observaciones desde el gobierno anterior, que no habían sido aclaradas.

Los señalamientos más graves corresponden a la falta de comprobación del uso y destino de los fondos federales ministrados al estado para el programa del Seguro Popular y para el fortalecimiento de la educación básica y normal. Estos recursos, rigurosamente etiquetados por la SHCP, no fueron aplicados en lo que debieran.

Y por si fuera poco, se depositaron en una cuenta bancaria diferente a la que las reglas de operación de dichos fondos establecía, en una práctica conocida como la "licuadora", en la que se mezclan recursos de diferente procedencia para borrar su origen y la "etiqueta" que indica su destino final. Adicionalmente, cuando el Gobierno Federal requirió el dinero de los fondos para salud y educación, el gobierno veracruzano lo devolvió. Pero solo para obtener los comprobantes de depósito y de inmediato, retirar nuevamente de las cuentas bancarias esos recursos. Ello le valió que en noviembre de 2014, la Auditoría Superior de la Federación presentara denuncias ante la PGR contra funcionarios y exfuncionarios de la pasada y la actual administración.

Pero nada pasó. La PGR no ejerció acción penal contra esos servidores públicos, a pesar de que incluso recibió un exhorto de parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que apresurara las investigaciones.

Esto le dio todo el espacio al Gobierno de Veracruz para enderezar una respuesta acorde con sus propios intereses. En su mensaje del 22 de junio, Javier Duarte dijo que las denuncias de hechos presentadas ante la PGR por peculado, desvíos y sustracción indebida de recursos públicos federales habían quedado "sin materia, al comprobarse la correcta aplicación de los fondos federales citados".

Pero no presentó una sola prueba pública de sus dichos. Lo único que mostró ante la prensa fueron unas carpetas en las que supuestamente estaba soportada toda la solventación de las irregularidades detectadas, cuyo contenido nadie pudo revisar, así como un papel que sostenía en alto, en el que, también según él, se acreditaría el cumplimiento de los requerimientos de la ASF. Nadie pudo acceder a ese documento.

Lo que sí hizo Javier Duarte fue cargarle la culpa a otros. El 23 de junio el contralor general del estado, Ricardo García Guzmán, divulgó que habían iniciado procesos administrativos contra una decena de ex funcionarios, quienes podrían recibir desde un apercibimiento hasta una inhabilitación para ocupar cargos públicos que podría abarcar diez años.

Los exfuncionarios de mayor rango involucrados en la "cacería de brujas" duartista fueron el exsecretario de Finanzas, excontralor y exauditor general del estado Mauricio Audirac Murillo, y el extesorero y exsubsecretario de Egresos Carlos Aguirre Morales, bajo la débil acusación de que "no entregaron la información que acreditaba la correcta aplicación de los recursos federales en el momento que debieron haberlo hecho".

En cambio, dejó a salvo a otros dos personajes señalados documentada y ampliamente como defraudadores del erario a su paso por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Finanzas, indistintamente: Gabriel Deantes y Edgar Spinoso.

A mediados de 2014, ambos funcionarios se enteraron de su cese fulminante a través de una nota sin firma, a ocho columnas, en el Diario de Xalapa, de la Organización Editorial Mexicana, en la que se les endilgaban los epítetos de "desleales" y de "haberle fallado a Veracruz".

A pesar del escarnio público, meses después Duarte los "perdonó". A Deantes lo nombró secretario de Trabajo y Previsión Social. A Spinoso lo hizo candidato a la diputación federal apoyándolo con todos los recursos del estado, incluido el uso de helicópteros oficiales para su campaña proselitista. Por supuesto, "ganó".

La deuda eterna

El 17 de febrero de 2015, el Gobierno estatal contrató un crédito por mil 338 millones de pesos. Este empréstito fue inscrito ante la SHCP el 19 de marzo. Ni la Secretaría de Finanzas y Planeación ni el Congreso del Estado le notificaron a los veracruzanos de este nuevo crédito. Literalmente, se lo "pasaron de humo" a los contribuyentes.

Y lo hicieron porque en la Ley de Ingresos del Gobierno de Veracruz para este año, la LXIII Legislatura local le extendió una patente de corso al Ejecutivo para seguir endeudándose, sin rendir cuentas, "hasta por un monto equivalente al 5.0% del total de los ingresos ordinarios que se estiman obtener en el ejercicio fiscal de 2015", lo que equivale a aproximadamente cinco mil millones de pesos, "para ser destinado a inversión pública productiva". Precisamente, lo que en cinco años no ha hecho este gobierno, pues en su mayoría, los recursos recibidos los ha utilizado en el refinanciamiento de deudas y para fondear el pago de la nómina y las pensiones del estado.

De acuerdo con el último reporte de la SHCP, el Gobierno de Veracruz debe, ya considerando el último empréstito contratado, poco más de 35 mil 929 millones de pesos. Aunque este cálculo solo abarca lo contratado con instituciones bancarias, financieras y de gobierno, que desde 2008 suman al menos 27 empréstitos, 25 de éstos pedidos durante este sexenio.

Aparte se tendría que agregar lo que se le debe a proveedores y contratistas desde el sexenio pasado, así como el servicio por la bursatilización del impuesto a la tenencia vehicular cuando Duarte era secretario de Finanzas y Planeación en la administración de Fidel Herrera. Sumadas esas variables, la deuda del estado es cercana a los 100 mil millones de pesos.

En su semáforo económico estatal sobre deuda pública, la asociación civil "México Cómo vamos?", coloca Veracruz en el color rojo, debido a que el porcentaje de su deuda (4.4%) es mayor al porcentaje de deuda nacional en relación con el PIB.

El "hoyo" financiero

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, José Francisco Yunes Zorrilla, dio a conocer el 10 de junio de este año que existe en Veracruz un déficit estructural mensual de cerca de 800 millones de pesos, lo que representa un grave desequilibrio financiero.

    "Este desequilibrio financiero significa una presión mensual en el sistema pensionario de alrededor de 160 millones de pesos; que hay un desajuste en el tema de los recursos destinados a educación por modificaciones a las fórmulas de la Ley de Coordinación Fiscal; que existe un desequilibrio por la magnitud del servicio de deuda que tiene que encararse con gasto corriente.

    "Si se suman, esto va generando una presión mensual de entre 700 y 800 millones de pesos que el gobierno tiene que tomar de alguno de los fondos, que es lo que está observando la Auditoría Superior de la Federación y de lo que ya dio vista a la PRG", expuso el legislador federal priista, quien refirió que urge una reestructura administrativa en la entidad. "El grave problema del estado en el ámbito público es financiero-económico", sostuvo.

Pero antes que un verdadero reordenamiento del gasto, para tapar el "hoyo" financiero el gobierno estatal optó por despedir personal a través de un "decreto de austeridad" publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 7 de julio de este año.

En sus "Lineamientos generales que establecen las políticas del ejercicio del presupuesto, modernización de la gestión administrativa y austeridad del gasto público para los ejercicios fiscales 2015 y 2016", la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General definen las directrices para adelgazar la nómina gubernamental pues "rebasa la capacidad de pago mensual de compromisos del estado".

De tal suerte que dispusieron que las dependencias y entidades "continuarán con las medidas para eliminar duplicidad de puestos, funciones y procesos innecesarios; eliminar o extinguir órganos administrativos o fideicomisos innecesarios que impliquen costo y no generen acciones de gobierno eficaces; y racionalizar las plantillas de personal".

Asimismo, se instrumentará un Programa de Retiro Voluntario en razón de la disponibilidad financiera, y "las dependencias y entidades deberán realizar un diagnóstico y estudio de cargas de trabajo, de las plazas destinadas al apoyo de actividades administrativas, a fin de eliminar o transferir a funciones sustantivas y aquellas que no resulten indispensables para la operación". O lo que es lo mismo, la estructura gubernamental en Veracruz es elefantiásica. E insostenible.

A pesar de que cada quincena el gobierno sufre para completar la nómina de sus empleados y de todas las instituciones públicas que dependen de las ministraciones de la Secretaría de Finanzas, incluida la Universidad Veracruzana, Javier Duarte habla de un Veracruz de ensueño, con disciplina financiera y transparencia en el uso de los recursos públicos. Y cuidado y alguien lo contradiga, pues en automático se está "hablando mal de Veracruz".

IV.- El "generalísimo" Duarte

Durante su campaña a la gubernatura en el año 2010, Javier Duarte fue cuestionado acerca del personaje histórico al cual admiraba más. Sin empacho, y sin el menor asomo de duda, contestó, en más de una ocasión: "el generalísimo Francisco Franco. Era un gran estratega".

 

Ante lo inadecuado que resultaba para un candidato del PRI declararse públicamente admirador de un dictador fascista, sus asesores lo convencieron de que se guardara su fervor franquista. El registro, perduró. Ya como gobernador, Javier Duarte de Ochoa dejaría en libertad sus ánimos dictatoriales y mostraría, en toda su magnitud, su talante más autoritario.

Y empezó con el gremio al que más desprecia, el de los periodistas. A través de su primera coordinadora de Comunicación Social, Gina Domínguez Colío, buscó ejercer un férreo control no solo sobre lo que se difundía en los medios, sino incluso sobre lo que los reporteros publicaban en sus redes sociales personales, al grado que varios perdieron su empleo luego de las quejas que la funcionaria, otrora respetada periodista, profería ante los jefes de éstos o con los mismos dueños de los medios, que para no contrariar al "señor gobernador" ni poner en riesgo sus convenios publicitarios, cortaban el hilo por lo más delgado.

Con la escalada de violencia criminal de los primeros años de su mandato, creció también la intolerancia de Duarte a la crítica. Tanto, que para escarmentar a una usuaria de redes sociales que lo vapuleaba, le inventó cargos por terrorismo y la encarceló, hasta que las condenas internacionales lo obligaron a devolverle su libertad.

Fue el mismo caso de la periodista María Josefina Gamboa Torales, a quien indebidamente mantuvo en prisión durante ocho meses luego de que ella, accidentalmente, atropelló y privó de la vida a un tatuador, lo que de acuerdo con la legislación vigente en ese momento le permitía enfrentar su proceso en libertad tras el pago de una fianza, derecho que le fue negado a manera de venganza por las duras críticas que ha realizado contra los abusos del gobierno estatal.

Para frenar los señalamientos de ineptitud contra su gobierno en los momentos de la crisis de violencia, en septiembre de 2011 reformó el Código Penal para imponer penas de uno a cuatro años de prisión y multas de 500 a mil días de salario mínimo a quienes fueran acusados de terrorismo, sabotaje y propagación de información falsa desde las redes sociales. En 2013, la Suprema Corte declaró inconstitucional esta norma.

El acto represivo que sin duda marcará a su administración fue el violento desalojo y agresión a estudiantes, maestros, activistas y periodistas la madrugada del 14 de septiembre de 2013, cuando la policía estatal atacó a hombres, mujeres y ancianos a punta de toletazos eléctricos para despejar el zócalo de Xalapa, la capital del estado, para que al otro día el gobernador pudiera dar el "grito" de Independencia ante contingentes de acarreados. Como un dictadorzuelo.

"Aunque me hagan memes"

La más reciente andanada de Javier Duarte contra las redes sociales, su "coco" durante todo el sexenio, es una campaña propagandística oficial" impulsada principalmente por su esposa Karime Macías Tubilla, en la que pugna por un uso "responsable" de las mismas, aunque la intención es satanizarlas, desacreditarlas e inhibir su uso. El propio Duarte protagonizó un video donde llama a la población a unirse a este propósito, diciendo que a él y a su esposa "nos encanta Internet, aunque me hagan memes". Lo cierto es que los detesta.

El afán de control llegó a tal punto, que promulgó a escondidas un reglamento para la Ley de Tránsito y Seguridad Vial abiertamente inconstitucional, que pretendía sancionar hasta por cuál lado de la acera debían caminar los peatones y establecía la obligación de portar una identificación oficial con fotografía en la que se indicara el domicilio de los ciudadanos. Simplemente aberrante. Ante la inminente condena mundial hacia una norma que rayaba en el nazi-fascismo, la tuvo que derogar.

Pero sin duda, el generalísimo habría estado orgulloso de su pupilo.

[Fuente: Por Aurelio Contreras Moreno, Etcétera, México DF, 04ago15]

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