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29oct14
Familias piden investigar desaparición de 43 estudiantes en México como "crimen de Estado"
Los padres y madres de 43 estudiantes desaparecidos hace más de un mes en Guerrero, estado del sur de México, exigen al Gobierno asumir el caso como un "crimen de Estado" e investigar hacia arriba del Gobierno y no sólo en fosas, dijo este miércoles el abogado de los familiares Vidulfo Rosales.
El centro de la exigencia de las familias es "regresar la investigación a la premisa de que los estudiantes fueron detenidos con vida por autoridades", dijo Rosales a la agencia RIA Novosti, mientras viajaba con un grupo de unos 40 familiares a reunirse por primera vez con el presidente Enrique Peña.
El abogado reprochó que "la búsqueda se ha direccionado hacia los restos encontrados en fosas; por esa razón, pedimos que las autoridades se dediquen a buscar a los muchachos con vida", dijo vía telefónica en su ruta hacia la cita vespertina en residencia presidencial de Los Pinos.
La reunión privada, sin acceso a la prensa, incluye a altos cargos del gabinete de Peña junto con asesores civiles y legales de los familiares.
Los testimonios de testigos y más de 50 detenidos establecen que fueron detenidos con vida por policías y matones ligados al narcotráfico: "Esa investigación implica otra logística y esfuerzos dirigidos en otra dirección, hacia arriba", dijo el asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlalchinollan, nombre del antiguo reino prehispánico en esa región agreste.
"Obviamente, es obligación de la PGR (fiscalía federal) investigar las fosas encontradas con restos; pero no es la prioridad, se debe investigar a todas las autoridades del Estado", dijo el abogado Rosales, evocando la promesa del presidente Peña que ofreció investigar "tope donde tope".
Además, los alumnos sobrevivientes del grupo de aspirantes a maestros rurales exigen que no sea "criminalizada" la rebelde Escuela Normal rural de maestros de Ayotzinapan, 300 km al sur de la capital, en la entrada a las montañas de Guerrero, escenario de rebeliones durante todo el siglo XX.
Los alumnos fueron atacados el 26 de septiembre por policías y narcotraficantes por orden del alcalde de Iguala ligado al crimen organizado, 200 km al suroeste, con saldo de seis muertos, 20 heridos y 43 desparecidos, según las pesquisas oficiales.
La "persecución" contra los estudiantes de esa escuela normal rural se acentuó entre 2008, y en 2011 un manifestación fue reprimida con "uso excesivo de las fuerzas federales y estatales, con saldo de muertos y tres heridos, el 12 diciembre de 2011", recordó el abogado.
A los familiares les aflige "que las autoridades adopten la línea de investigación de unos estudiantes infiltrados por provocadores", expresó el defensor de las víctimas.
El argumento central de los ofendidos apunta hacia "los elementos de impunidad, omisiones previas de las autoridades y criminalización de la protesta social, generaron el clima y el marco para la agresión", cometida aquella noche y madrugada siguiente.
Los familiares de las víctimas, fallecidos, heridos y desaparecidos exigen la "reparación integral de los daños, el establecimiento de la verdad".
Las declaraciones de las autoridades "asumen su trabajo de generar un clima de gobernabilidad, pero antes su deber es encontrar a los estudiantes".
Las autoridades se comportan con "el matiz de una política represiva y con el propósito de evitar las movilizaciones sociales. Urge restablecer el Estado de Derecho, pero para los padres la prioridad es la presentación con vida de sus hijos", subrayó; y agregó que los familiares lamentan que las autoridades traten de vincularlos con el crimen organizado.
En los ataques y desapariciones hubo intervención estatal enfatizan: "Las policías y las autoridades municipales y estatales, que incluyen al Gobernador son las que tienen vínculos con el crimen organizado y no al revés", deploró el defensor Rosales.
El líder humanitario criticó que se ha dejado de investigar los vínculos de las autoridades con el cartel los Hermanos Beltrán Leyva, cuyo último líder fue detenido por autoridades federales cinco días después de los ataques contra los estudiantes.
"Eso nos llama la atención, es la prueba de que hubo omisión en el desempeño de las autoridades, hay omisiones previas a un crimen de lesa humanidad, cometidos antes y después de la noche del 26 de septiembre", señaló.
Finalmente, Rosales anunció que el análisis de los restos de los primeros 28 cuerpos encontrados en fosas cerca de Iguala, será entregado en menos de 15 días por los forenses del Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF) que apoyan a los familiares.
Los forenses del equipo formado para investigar los crímenes de la dictadura argentina (1976-83) "han cuestionado la manera en que trabajaron las autoridades forenses del Estado mexicano, hubo deficiencias graves", dijo el jurista.
[Fuente: Ria Novosti, Ciudad de México, 29oct14]
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