EQUIPO NIZKOR |
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CENIDH
Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua durante el año 1999.
Derechos económicos y sociales
Propiedad
Civiles y Políticos
Seguridad ciudadana
Manifestación y libertad individual
Acceso a la justicia
Libertad de expresión
Mujeres, niñez y adolescencia
Derechos de los Pueblos
Medio ambiente sano
1. Contexto nacionalA un año del paso del huracán Mitch por centroamérica, Nicaragua no se ha "transformado", como se proponía -con bastante retórica- tras la tragedia. Más bien, 1999 terminó marcado por preocupantes hechos que profundizan las tendencias negativas que el país arrastra y que lo van empujando a dilemas que, para resolverse, demandan de drásticos cambios tanto en el rumbo político como en el de la conciencia de los nicaragüenses.
La crisis nacional se da en todos los terrenos. Es una crisis económica, política, social y ética. La economía presenta déficits históricos insuperables, el modelo es cada vez más excluyente, el empobrecimiento está arriesgando el futuro -la desnutrición y la falta de educación y salud afecta a la mayoría de la niñez-, las instituciones se han debilitando, la impunidad y la corrupción tratan de dominar el escenario político, y un sector de poderosos trata de sembrar entre la población antivalores de individualismo, apatía e impotencia.
El presidente de la república siguió consolidando su autocrático estilo de gobernar, debilitando así la cada vez más frágil institucionalidad del país.
Inmediatamente después de iniciarse en enero la legislatura, la asamblea permaneció más de 40 días sin celebrar sesiones plenarias por falta de agenda, a pesar de que desde hace años permanecen engavetadas en el legislativo más de 100 proyectos de ley de contenido social. En mayo, la asamblea sólo había sesionado una semana seguida con normalidad. Rompiendo toda legalidad, el presupuesto general de la república no se aprobó hasta el 5 de mayo.
La función legislativa se ha desnaturalizado por la falta de autonomía y de pensamiento propio de la mayoría de los legisladores. Son evidentes los manejos del poder ejecutivo para usar la ley con el objeto de fortalecer el centralismo y obviar los controles institucionales.
La asamblea nacional continuó subordinada a las directrices del presidente, no sólo por la dependencia total del ejecutivo con que la bancada liberal ha venido actuando, sino como consecuencia del pacto político del presidente Alemán con la cúpula dirigente que controla el FSLN.
En las últimas semanas del año desembocaron conclusiones parciales de dos hechos políticos trascendentales, que influirán en el curso del próximo año, y que llenaron de incertidumbres, polémicas y prometedoras tomas de conciencia el año 1999.
El conflicto del ejecutivo -y más específicamente, del presidente Alemán- con la contraloría general de la república desembocó en el encarcelamiento del contralor Ing. Agustín Jarquín Anaya..
Este bochornoso atropello contra la institucionalidad reveló hasta qué punto no existe en el país independencia entre los poderes del estado, y hasta qué extremo está dispuesto a llegar el presidente en el modelo de presidencialismo autoritario que ha venido fraguando desde que llegó al poder, y que afecta todos los ámbitos de la vida nacional.
La reacción indignada de un importante sector de la opinión pública nacional y de la comunidad internacional contribuyó a hacer de este hecho una especie de "frontera de conciencia" que puede determinar acontecimientos futuros. Es característico en este año una inicial y prometedora toma de conciencia en la población del vínculo que existe entre la corrupción oficial y el empobrecimiento nacional. Es éste uno de los datos más positivos de este año. Por primera vez en la historia nacional la población ha empezado a vincular más claramente corrupción con subdesarrollo y atraso económico.
El pacto Alemán-Ortega llegó también este año a su culminación, al aprobarse en primera legislatura 15 reformas al texto constitucional, y al presentarse al legislativo las reformas a la ley electoral. Todos los cambios legales acordados entre ambos dirigentes y sus círculos de allegados están orientados a transar prebendas entre las cúpulas de ambos partidos y a partidarizar aún más los poderes y las instituciones del estado.
El objetivo del pacto es debilitar cualquier brote de pluralismo, encauzando bipartidistamente toda la vida nacional y neutralizar, obstaculizar o abortar la consolidación de otras fuerzas políticas. En ese contexto, el objetivo del pacto es garantizar impunidad a ambos círculos de poder. Es característico en este año el desgaste de la dirigencia de ambos sectores pactistas y el "abrir los ojos" de un sector de opinión pública que reclama, aún incipientemente, "otra forma de hacer política". Todas las encuestas muestran que entre un 50-60% de la población rechaza a ambos dirigentes y a ambos partidos y no se identifica con ninguna opción política existente.
Antes de se concretaran públicamente las negociaciones entre el plc y la dirigencia del FSLN, y antes de la creación de las comisiones de cada partido destinada a emprender las mismas, todo había sido ya acordado en encuentros privados entre humberto Ortega saavedra y dionisio marenco por el FSLN- ambos no pertenecen al directorio del FSLN, pero son de la confianza de su secretario general Daniel Ortega saavedra-, con jaime morales carazo, con el propio presidente de la república, dr. Arnoldo Alemán -lider del plc- y con otros miembros del gobierno que gozan de la confianza del presidente. quienes finalmente dicidieron lo fundamental del acuerdo o pacto fueron el presidente Arnoldo Alemán y Daniel Ortega.
Por tanto, lo pactado fue antecedido por un proceso carente de transparencia e inconsulto, sin que fueran escuchadas las opiniones de los militantes de ambos partidos, mucho menos de la ciudadanía. Los dos dirigentes dialogaron y pactaron con la lógica de ser las únicas fuerzas políticas presentes en el país, y seguros de ser, cualquiera de los dos, los virtuales vencedores en la próxima contienda electoral
En junio, y después de dos años de espera, fueron finalmente electos por la asamblea nacional, el procurador y subprocurador de derechos humanos, recayendo la elección, después de irregularidades y violaciones a la ley creadora de la procuraduría en el diputado liberal dr. Benjamín Pérez y en el académico sandinista lic. Julián Corrales. La elección fue.. (sic). A pesar de ello, el cenidh sigue apostando a contribuir al rescate y el fortalecimiento de la misma, por su importancia en el contexto nacional.
Tanto en el conflicto ejecutivo-contraloría, como en el pacto Alemán-Ortega, un sector de la jerarquía católica, y particularmente el cardenal miguel obando, tomaron claro partido, favorable a los intereses del gobierno. Es una característica del año que termina la profundización de la injerencia de la jerarquía en los problemas políticos nacionales, a la vez que ha empezado a emerger una prometedora toma de conciencia entre la población sobre lo inadecuado y peligroso de esta parcialización de las autoridades religiosas.
En el terreno económico se profundiza el abismo entre ricos y pobres, con una brecha cada vez más escandalosa, está en marcha una contrarreforma agraria, y la población emigra masivamente en busca de las oportunidades que no encuentra en nicaragua. La "estabilidad" que se puede observar no se debe a ningun plan económico sino al dinero de las remesas familiares de estos emigrantes y también al dinero que circula en el país y que nace de negocios sucios cada vez más presentes en el entramado económico nacional.
La insensibilidad y la irresponsabilidad de gobernantes y "opositores" ha evidenciado que son peores los huracanes políticos y sociales que los huracanes que engendra la naturaleza, como característica. Relevante la corrupción gubernamental marcó el accionar del gobierno y por eso analizamos específicamente el tema.
Fiscalización de bienes y recursos del estado
En 1997, desde que el actual gobierno liberal asumió el poder, el presidente de la república Arnoldo Alemán ideó y trató de ejecutar diferentes planes para restar facultades a la contraloría general de la república (cgr) y deslegitimar a su titular y a su equipo. En 1999, las tramas políticas que se fueron construyendo desde la presidencia -con peyorativas campañas públicas, y con acciones judiciales en contra del contralor agustín Jarquín, la subcontralora claudia frixione y otros funcionarios de la cgr- y el pacto político PLC-FSLN, que incorpora la creación de una contraloría colegiada, evidenciaron la voluntad del ejecutivo de evadir los controles fiscalizadores de la contraloría ante sus actos de corrupción y de eludir así sus compromisos internacionales de procurar la trasparencia en el ejercicio de la función pública y apoyar a la institución de control y fiscalización.
Desde los primeros días del año, el ejecutivo reavivó su pretensión de deslegitimar a la CGR. La ocasión fue la rendición del segundo informe de gestión, en el que el presidente Alemán presentó nuevamente la propuesta que había formulado en diciembre de 1998, de crear una instancia de fiscalización que supervisara los fondos provenientes de la cooperación internacional destinados al proceso de reconstrucción post mitch. El contralor Jarquín reaccionó mencionando algo obvio: por mandato constitucional esta facultad es competencia de la CGR y el ordenamiento jurídico existente debe ser respetado.
El 9 de marzo, el presidente Alemán volvió nuevamente sobre esta propuesta, anunciando formalmente una comisión autónoma de tres miembros nombrados por el ejecutivo que supervisaría la cooperación internacional que ingresara al país después de la reunión del grupo consultivo en estocolmo.
El presidente afirmó que la nueva iniciativa gubernamental tenía el respaldo financiero del banco interamericano de desarrollo (bid), pero no precisó cuál sería su marco normativo de funcionamiento. Por esto, la opinión pública interpretó que se trataba de otra opción para restar credibilidad y facultades a la CGR. A lo largo de todo el año no se conoció nunca en qué quedó o qué llegó a hacer la comisión o sus miembros.
También hubo iniciativas contra la contraloría en el ámbito legislativo. Los diputados del partido camino cristiano -aliados de los liberales- presentaron una propuesta de reforma a la ley orgánica de la CGR cuyo énfasis iba dirigido a conformar para la institución una dirección colegiada integrada por siete personas, que serían electas por la asamblea nacional. Tan burdo fue lo propuesto, por sus vicios de inconstitucionalidad -pretender reformar artículos constitucionales mediante la reforma de una ley ordinaria-, que se evidenció la maniobra gubernamental. Finalmente, esta iniciativa no prosperó.
Incremento patrimonial del presidente de la república
El 25 de febrero, la CGR publicó las tres declaraciones de probidad del presidente Alemán: la rendida en 1990 al asumir la alcaldía de managua, la de 1995 al renunciar como alcalde, y la de 1996 previa a asumir la presidencia. El análisis comparativo que presentó la CGR reveló un incremento patrimonial del orden del 900%, pues en 1990 Alemán tenía como patrimonio propiedades por valor de 26 mil dólares; en 1995 por 309 mil dólares y en 1997 ya había llegado a un millón de dólares. El informe reflejó también que una sociedad anónima de nombre geninsa era la que aparecía en las operaciones de compraventa de tierras para la familia Alemán, siendo presidente de la sociedad un funcionario del estado: eduardo mena, director del instituto de desarrollo rural.
La CGR solicitó al presidente de la república que aclarara las contradicciones y vacíos existentes en sus declaraciones de probidad y que informara sobre las nuevas adquisiciones que hubiera hecho en el ejercicio de su cargo como presidente. anunció también que investigaría las obras de infraestructura que las instituciones gubernamentales habían realizado en las propiedades presidenciales. Al día siguiente, y en abierta contradicción con anteriores declaraciones a los medios de comunicación, Alemán argumentó que él no había comprado propiedades, y atribuyó el origen de su patrimonio a herencias familiares, incrementadas por la plusvalía acumulada en las mismas. Afirmó también que no entregaría ninguna información a la CGR, pues según su interpretación la ley de integridad moral de los funcionarios públicos ya no estaba vigente. el contralor Jarquín puso su informe en conocimiento de la junta directiva de la asamblea nacional -controlada por una mayoría de diputados liberales que siguen las orientaciones del ejecutivo-, pero el parlamento no le dio trámite por considerarlo inconcluso.
Al fijar su posición sobre el informe de la CGR sobre el patrimonio presidencial, el CENIDH destacó que reunía todos los requisitos legales que de acuerdo a la normativa administrativa que establece la CGR debe tener un documento de esta naturaleza. Destacó además que los "hechos constitutivos de delitos" señalados en el informe del ente fiscalizador evidenciaban que el presidente y otros funcionarios gubernamentales "obtuvieron con ventaja concesiones y lucro personal de entidades del estado". El CENIDH demandó al contralor dar paso al proceso sumario contra el presidente Alemán, petición que en 1999 no resolvió la contraloría.
Trama política del ejecutivo
Tras varias semanas de tensión en torno al informe de la CGR, se anunció una reunión entre la contraloría general de la república y el presidente Alemán para el 16 de marzo en la noche. En horas de la tarde, la comisión anticorrupción de la asamblea nacional publicó un informe -con visos de irregularidad y con la celeridad demandada por el ejecutivo-, en el que recomendaba al plenario desaforar al contralor Jarquín para así preparar las condiciones para su enjuiciamiento en los tribunales, iniciativa que la procuraduría general de justicia venía manifestando, argumentando que eran ilegales ciertas cantidades de dinero que legalmente recibía la contraloría de diversas entidades estatales.
Para esta reunión estaba previsto en la agenda del contralor discutir sobre el patrimonio presidencial, sobre el proyecto regional de fiscalización de la ayuda externa post mitch y sobre el presupuesto general de la república para 1999, aún sin aprobar.
Pese a que el presidente Alemán llegó a la reunión acompañado de los funcionarios que le son más cercanos en la presidencia, al contralor se le quiso imponer que entrara solo a la reunión en la casa presidencial. Jarquín rechazó esta condición y se negó a entrar a la reunión. De forma inmediata, el asesor presidencial, jaime morales carazo, y los secretarios presidenciales, fernando robleto y gilberto wong, brindaron una conferencia de prensa. Morales carazo informó que habían descubierto que la CGR había firmado varios contratos por servicios con diferentes personas y empresas a lo largo de 1998, y que entre ellos se encontraba un contrato con una persona inexistente -ramón parrales-. mostró también una copia del contrato con ese alegado "fantasma".
Morales carazo insistió en el "derroche de 7 millones de córdobas" en que había incurrido la CGR al pagarle a fantasmas y a otras personas -presentó una lista- por prestar servicios que, a juicio del gobierno tenían el único objetivo de promover la imagen política del contralor y de atacar injustificadamente la gestión gubernamental.
El fondo de la versión del gobierno era que el titular de la CGR no podía estar acusando a nadie de nada, habiendo incurrido él mismo en ilegalidades, y fue el temor a que esto se descubrieran públicamente sus ilegalidades lo que le llevó a negarse a entrar a la reunión con el presidente.
Al día siguiente, el contralor Jarquín, acompañado por la subcontralora claudia frixione y el equipo de la CGR, brindó una conferencia de prensa en la que reconoció el error cometido al contratar a una persona ficticia, cuya verdadera identidad era el presentador de tv danilo lacayo, director del programa "buenos días" del canal 2, quien en base a ese contrato había realizado trabajos de publicidad en favor de la contraloría y de investigación sobre varios casos de corrupción. Explicó Jarquín que el contrato fue elaborado con esta argucia a sugerencia de su ex-asistente, Néstor Abaunza, que le indicó que lacayo así lo había solicitado por razones de seguridad. Aclaró Jarquín que las personas y empresas que aparecían en la lista presentada por morales carazo no sólo existían sino que habían prestado servicios de publicidad y de otra naturaleza de forma completamente legal a la CGR.
A criterio del CENIDH, fue notorio que, con su trama política, el ejecutivo pretendió descalificar al contralor agustín Jarquín y al trabajo de la CGR y también erosionar la crediblidad de los medios de comunicación y de los periodistas ante la opinión pública, bastiones en la lucha contra la corrupción oficial.
Para lograr este objetivo, la presidencia utilizó mecanismos de espionaje político, ya que el "descubrimiento" fue producto de un "trabajo investigativo" desarrollado desde la propia casa presidencial. Es de destacar que el error del contralor Jarquín -reconocido públicamente por él- no implicó ningún perjuicio económico para el estado ni contribuyó al enriquecimiento personal del contralor o de ningún otro funcionario de la CGR.
La población no estuvo ausente en el conflicto del ejecutivo con la contraloría. El 25 de marzo se realizó una manifestación convocada por radio la primerísima y por varias organizaciones sociales, entre ellas el CENIDH, a la que asistieron más de 15 mil personas, que expresaron su respaldo al contralor y a la labor de la CGR. Por primera vez en la historia del país, la lucha contra la corrupción gubernamental era capaz de movilizar a muy diversos sectores sociales y políticos.
La trama política contra la CGR fue noticia diaria durante varios meses en los medios de comunicación social. El gobierno y el partido liberal constitucionalista desarrollaron una costosa campaña -con un gasto estimado de 7 millones de córdobas - atacando al contralor y a la subcontralora presentándolos ante la opinión pública, con un hábil manejo de sus propias declaraciones, como vulgares delincuentes.
La trama se trasladó al ámbito judicial cuando la procuraduría general de justicia -dependiente del ejecutivo- acusó al contralor, a la subcontralora y a los principales funcionarios de la CGR por falsificación de documentos públicos y auténticos, fraude y otros delitos. A su vez, la policía nacional que intervino a posteriori al "descubrimiento" gubernamental acusó a danilo lacayo y a néstor abaunza por uso indebido de nombre, fraude y otros delitos. La CGR, por su parte, presentó acusación contra los funcionarios de la presidencia involucrados en el caso, y contra néstor abaunza y danilo lacayo por usurpación de atribuciones y sustracción de documentos.
Durante varios meses los equipos jurídicos de ambas partes hicieron uso de una serie de recursos legales, que prolongaron la tramitación del juicio -las tres causas fueron acumuladas-, y el caso pasó de mano en mano de varios judiciales. Durante este tiempo, el ejecutivo no escatimó ni medios ni recursos -una excesiva diligencia procesal de la procuraduría general de justicia, campañas publicitarias, declaraciones presidenciales de condena e indulto, intento de soborno a un judicial, maniobras legislativas para desaforar al contralor- para promover una sentencia desfavorable al contralor y a los funcionarios de la CGR. El contralor y la subcontralora decidieron renunciar a su inmunidad y sujetarse a la decisión del poder judicial, dando así un ejemplo que contribuyó grandemente a construir institucionalidad y honestidad en el país.
Antes de que la judicial emitiera la sentencia, y en un gesto sin precedentes en el desempeño de la función pública, el contralor agustín Jarquín entregó un poder especial al pastor evangélico dr. Gustavo parajón, al cardenal miguel obando, al CENIDH, la cpdh y la anpdh, y a los tres principales diarios nacionales, autorizándoles a investigar todo lo relativo a su patrimonio personal y familiar, proporcionándoles para ello toda la documentación necesaria.
También antes de emitirse la sentencia, se produjo el fracaso de las reuniones entre el ejecutivo y la CGR iniciadas por presiones del fondo monetario internacional, por la negativa de los delegados del ejecutivo a consensuar una agenda común, ya que su único interés parecía ser la revisión de las resoluciones de la CGR que afectaban a funcionarios del actual gobierno.
La trama llegó a su final cuando el 5 de noviembre, la jueza cuarto de distrito del crimen de managua, dra. Vanessa Chévez, dictó auto de segura y formal prisión contra el contralor Jarquín, danilo lacayo y néstor abaunza por el delito de fraude, y liberó de responsabilidad a los otros involucrados -funcionarios de la presidencia y de la CGR-. sin ser requerido, el 8 de noviembre el contralor Jarquín se personó al juzgado a notificarse del auto de prisión, apelando del mismo y manifestando su disposición de no evadir la aplicación de la justicia. Dos días después la judicial dictó la orden de detención.
El 10 de noviembre, el contralor Jarquín fue detenido por la policía en las instalaciones de la CGR y trasladado inicialmente a las instalaciones de Plaza el Sol y luego a la dirección de investigaciones criminales. El 24 de diciembre a eso de las cinco de la tarde, después de 44 días de cárcel, el ingeniero Jarquín fue liberado luego que el tribunal de apelaciones emitiera una resolución en la que revocaba la sentencia de la juez inferior y en consecuencia absolvía definitivamente a los tres procesado del delito de fraude.
Desde el momento de la detención y ubicación definitiva del contralor en prisión, hasta su salida de la cárcel, el CENIDH vigiló tanto sus condiciones de seguridad como las garantías del debido proceso en la tramitación de la apelación.
La detención de Jarquín generó reacciones adversas de la población -expresiones públicas y constantes, manifestaciones, plantones diarios- y de los organismos financieros internacionales y prácticamente de todas las instancias de cooperación con Nicaragua, que de diferentes formas y de manera muy firme manifestaron públicamente su repudio al juicio contra el contralor y a su encarcelamiento.
Los embajadores de la Unión Europea, Noruega y Suiza emitieron una declaración en la que expresaron la necesidad de que hubiera independencia entre las instituciones públicas y consideraron que la detención del contralor Jarquín puede "tener un profundo impacto en la gobernabilidad del país y puede también poner en riesgo la admisión de nicaragua a la iniciativa hipc". Dijeron que les "gustaría ver una rápida solución a los actuales problemas institucionales para evitar ulteriores repercusiones negativas", recordando que "algunas instituciones como la contraloría general de la república han visto obstaculizado durante demasiado tiempo el pleno ejercicio de sus funciones constitucionales". Asimismo, expresaron su preocupación por varios casos que estaban siendo objeto de investigación por la CGR, y que podrían implicar malos manejos de importantes sumas de dinero público.
Presupuesto de 1999
Antes de la aprobación del presupuesto general de la república de 1999, la CGR había denunciado la existencia de 1 mil 600 millones de córdobas (unos 150 millones de dólares) como partidas no especificadas a ser manejadas con abierta discrecionalidad por la presidencia de la república y el banco central. Esta denuncia se convirtió en un punto central de la crisis institucional entre el ejecutivo y la contraloría. El 7 de abril, el ministerio de hacienda y crédito público reconoció una "errata" en la elaboración del presupuesto por más de mil millones de córdobas, lo que generó una agria discusión en la asamblea nacional y mayores retrasos en la aprobación del presupuesto que, por ley, debió aprobarse en diciembre de 1998. Finalmente, y tras tensiones y agitadas sesiones parlamentarias, el presupuesto se aprobó hasta el 5 de mayo de 1999.
Las expectativas de que el presupuesto de 1999 incluyera aumentos salariales para los sectores laborales más afectados por las políticas ecónomicas -maestros, policías, soldados, trabajadores de la salud- no se alcanzaron. la CGR reconoció que se habían logrado eliminar las partidas discrecionales que iba a manejar la presidencia para imprevistos, pero cuestionó que se mantuviera la política de transferencias de fondos hacia la presidencia y hacia el banco central desde empresas estatales y entes autónomos, sin especificar su destino.
En el documento "análisis preliminar de la ejecución del presupuesto general de la república i semestre del año 1999...", remitido a la asamblea nacional por la contralora en funciones, doctora claudia frixione, quedó claro que aún persisten importantes vacíos en la información que el ejecutivo debe remitir a la CGR para un mayor control de la ejecución presupuestaria, asimismo se aprecia que existen partidas presupuestarias que son manejadas con gran discrecionalidad.
Dicho documento menciona entre otros aspectos, que las transferencias de capital, que se destinan a inversiones y cuyos beneficiarios son organismos públicos y privados, se ejecutaron financieramente en un 44.0 % (588.7 millones de córdobas), correspondiendo de esto el 51.4 % al sector privado y al sector público, el 35.8 %. haciéndose mención que es necesario "determinar con especificidad las organizaciones y programas que conforman el sector privado y los conceptos que comprenden estas inversiones".
Por otra parte, dicho documento destaca la ineficiencia de algunas entidades públicas en lo que respecta a la ejecución de su presupuesto, refiriendo que " el programa de inversiones públicas se ejecutó en un 40.4 % (1,421.5 millones de córdobas), de un total de presupuestado de 3, 522.6 millones de córdobas..., llama la atención que organismos con altos presupuestos de inversión, tienen niveles de ejecución muy bajos; se destacan entre ellos entidades orientadas a la inversión social (salud y educación) y productiva agropecuaria". Asimismo, se hace ver que la CGR en su análisis no incluyó lo relativo al avance físico enero/junio de los proyectos que conforman el programa de inversiones públicas, dado que en su mayoría los organismos del estado no envían a la CGR informes detallados sobre los avances de los proyectos.
La reunión de Estocolmo
La delegación nicaragüense que asistió a la reunión del grupo consultivo para centroamérica en estocolmo (25 al 28 de mayo) llegó con un listado de 300 proyectos, para los que solicitaba 1 mil 300 millones de dólares, el 77% para proyectos de reconstrucción vial. Antes del viaje, el gobierno desarrolló una amplia campaña desinformativa buscando hacer creer a la población que la reunión sería el espacio donde se le condonaría a nicaragua su deuda externa, y que eso significaría el inicio de la salida de la pobreza.
En estocolmo, el presidente Alemán usó en su discurso los conceptos que emplea la cooperación externa para presentar los avances que en transparencia en el manejo de los recursos y en gobernabilidad había alcanzado el país. Utilizó también este foro para proponer la creación de una instancia de fiscalización regional, pero la iniciativa no tuvo ningún eco en la comunidad internacional.
El contralor general de la república Agustín Jarquín asistió a Estocolmo en su carácter de presidente de la organización centroamericana de entidades fiscalizadoras, para proponer que cada país estimulara 10 acciones para garantizar transparencia: fortalecer las contralorías nacionales; establecer leyes para atender lo contencioso administrativo; tipificar los delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y soborno; lograr que las instituciones del estado elaboren presupuestos claros en cuanto al origen y destino de todas las partidas.
Como resultado de la reunión de estocolmo se decidió que la cooperación que llegara a nicaragua sea monitoreada por el llamado grupo de los cinco, una instancia en la que participan representantes de la sociedad civil y de cinco países (españa, canadá, estados unidos, alemania y suecia). Al regreso de la delegación oficial, el gobierno tuvo que reconocer que el 52% de los montos prometidos en estocolmo no eran nuevos porque ya estaban definidos desde años atrás.
Principales casos de corrupción
Compra de tierras de la familia presidencial
En los dos primeros meses del año los medios de comunicación informaron sobre hechos que evidenciaban tendencias latifundistas en el presidente de la república, sus familiares y algunos de sus más cercanos allegados, quienes habrían adquirido -y parecían seguir adquiriendo- cientos de manzanas de tierra en distintos puntos del país, pagando por ellas precios irrisorios a cooperativas en quiebra y a otros pequeños y medianos propietarios. En estas operaciones de compraventa aparecían involucrados el director del instituto de desarrollo rural, eduardo mena, que actuaba como administrador de geninsa, la sociedad anónima de la familia Alemán, y el subprocurador general de justicia, denis maltez, que hacía las veces de notario público de la familia presidencial. Llamaba la atención que las tierras estaban ubicadas en lugares donde el gobierno desarrolla importantes proyectos de turismo y de construcción de carreteras, lo que aumentaba el valor de las propiedades. Igualmente, era destacable que en las nuevas propiedades presidenciales las empresas estatales habían abierto caminos e instalado pozos de agua potable y la energía eléctrica.
El presidente Alemán reconoció que su familia había adquirido estas tierras a cooperativas quebradas financieramente y a precios muy bajos, y reivindicó, en cadena televisiva, el derecho que tenían de adquirir los bienes que pudieran, responsabilizando a los medios de comunicación de desarrollar una campaña "malévola" en contra del prestigio de su familia.
Cuando el presidente Alemán fue requerido por la CGR para que informara sobre su patrimonio en relación a estas compras, la respuesta del presidente fue que el contralor investigara en los registros públicos de la propiedad. Posteriormente, el diputado sandinista víctor hugo tinoco solicitó a la contraloría que iniciará una investigación sobre el patrimonio presidencial. Cuando los funcionarios de la CGR desarrollaban la investigación en la finca la chinampa -la que cuenta con la mejor infraestructura-, se produjo una comunicación telefónica del presidente Alemán al contralor Jarquín, donde el presidente, en forma amenazante, le dijo que si quería guerra la tendría y que comenzaría a jugar con él "bola recia". En esta ocasión, el contralor solicitó por escrito al mandatario le brindara una aclaración sobre el sentido de estas afirmaciones, y recurrió a la par al CENIDH para denunciar las amenazas del presidente, situación que el CENIDH puso en conocimiento de la comisión interamericana de derechos humanos, solicitando medidas cautelares.
En junio se conoció concretamente que a finales de 1998 el presidente Alemán había adquirido una propiedad de 125 manzanas en el municipio de tola, departamento de rivas, por la que la sociedad geninsa pagó 800 córdobas por manzana a una cooperativa endeudada con la banca estatal, informándose también que la familia Alemán ya había comprado antes en la zona unas 1,791 manzanas de tierra, cuyo valor se incrementaría por estar ubicadas cerca de la zona donde se construirá el megaproyecto del canal seco.
En diciembre se conoció también concretamente de nuevas adquisiciones de tierras por el presidente Alemán: 100 manzanas en diriamba compradas a una cooperativa, 70 manzanas de otra finca también en diriamba, y 246 manzanas más en villa carlos fonseca, departamento de managua. Todas estas adquisiciones fueron hechas a través de su custodio personal, david lara bustamante y de la firma representaciones internacionales s.a. (Reprinsa) y también bajo los oficios notariales del subprocurador general de la república, Denis Maltez.
Certificados de beneficio tributario
A finales de enero, la contraloría presentó los resultados de una investigación realizada en torno al otorgamiento hecho durante el gobierno chamorro por el ministerio de economía de los llamados certificados de beneficio tributario a empresas de exportación. Parte de estos cbt los recibieron empresas vinculadas al grupo Hermoso y Vigil. La CGR demostró que estas empresas defraudaron al estado en 19 millones de dólares, y señaló presunciones de responsabilidad penal contra el ex-ministro Pablo Pereira. El informe de la CGR pasó a los juzgados, donde la judicial dictó auto de segura y formal prisión contra Pereira, que concluyó el año como prófugo de la justicia.
Empresa nicaragüense de telecomunicaciones
Estando en marcha el proceso de privatización de enitel, la contraloría emitió en marzo una resolución declarando la nulidad del contrato firmado en 1998 entre enitel y la empresa construcciones centroamericanas, subsidiaria de la empresa de comunicaciones mastec -propiedad del grupo cubano-americano mas canosa-, para instalar 100 mil nuevas líneas telefónicas por valor de 100 millones de dólares. Las razones alegadas por la CGR se sustentaron en el alto costo del proyecto, que no contó con el aval de la CGR. En esta ocasión, se descubrió que el gobierno había constituido una hipoteca sobre siete propiedades de enitel, entre ellas su edificio principal, por valor de 100 millones de dólares a favor de la empresa construcciones centroamericanas, la que enitel se vio obligada a anular por su ilegalidad.
La procuraduría general de la república se negó a iniciar las acciones necesarias para la anulación del contrato con la subsidiaria de mastec, y al retirarse las empresas que participaban en el proceso de licitación, la CGR demandó de enitel declararlo desierto y reiniciarlo a finales del año, decisión que finalmente se impuso pese al obstinamiento del gobierno que quería pagar los favores políticos hechos por el grupo mas canosa al presidente de la república a costa del patrimonio estatal.
Alcaldía de managua
En mayo, un medio de comunicación social demostró -con las facturas de los servicios públicos- que desde hacía varios años el alcalde de managua, roberto cedeño, pagaba los recibos de energía eléctrica, agua potable y teléfonos de sus dos casas particulares y otros gastos de su familia con fondos de la comuna capitalina. Cedeño aceptó la versión y declaró que lo había hecho así por lo reducido de su salario -que es de 4 mil dólares- y porque tomaba estas cantidades como gastos de representación, lo que era usual desde el período alcaldicio del dr. Alemán. Después de una presión pública a través de todos los medios, cedeño aceptó reembolsar esos gastos.
Privatización del banco nicaragüense de industria y comercio
Tras un proceso que ya en su momento no apareció muy claro, el estado privatizó el 51% de las acciones del estatal banic, que fueron adquiridas por la empresa inversiones iberoamericanas, sociedad anónima vinculada al hamilton bank de los estados unidos, que pagó 11 millones 52 mil dólares por ellas, superando así su precio base, que había sido fijado en algo más de 6 millones de dólares. Ya en ocasión de la privatización, el diputado conservador noel vidaurre afirmó que había muchas irregularidades en el proceso, destinadas a enmascarar a los verdaderos adquirientes de las acciones, señalando que eran altos funcionarios del actual gobierno.
El 30 de agosto, la CGR emitió una resolución por la que anuló el proceso de capitalización (privatización) del 51% de las 36 mil acciones del banic vendidas a la empresa inversiones iberoamericanas. La investigación desarrollada por la contraloría comprobaba que en el proceso se cometieron violaciones a la ley que regula específicamente este tipo de operaciones. Entre otras cosas, se demostró que el banic, antes de ser capitalizado, otorgó créditos millonarios a allegados del presidente Alemán, entre éstos, a donald spencer; y que algunos de los directivos salientes se otorgaron ilegalmente durante el proceso de privatización más de 20 millones de córdobas en indemnizaciones, bonos, dietas y sobresueldos. Entre los funcionarios beneficiados estaba el ministro de hacienda y crédito público, esteban duquestrada. El banco mundial -que supervisa las reformas estructurales que hace nicaragua- y que incluso proporcionó información sobre el mismo a la contraloría, guardó distancia del proceso de privatización del banic, después de conocer la resolución de la CGR.
La CGR demandó del presidente que se sancionara a los funcionarios involucrados, lo que no sucedió, más bien como ya ha sido habitual en otros casos, los altos funcionarios del gobierno y los ex-funcionarios del banic señalados recurrieron de amparo contra la resolución de la CGR. Y los nuevos dueños del banic no permitieron siquiera ingresar a las instalaciones del banic a los funcionarios de la CGR para realizar una serie de auditorías, necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Minimizando la gravedad de estos hechos, el presidente Alemán anunció que sería el banco mundial quien realizaría la auditoría.
Como en el proceso de privatización aparecía involucrado el hamilton bank, establecido en estados unidos, la CGR solicitó a la fiscal general de los estados unidos, janet reno, que realizara una investigación que determinara si en la ilegalidad de la operación financiera se violentaron no sólo leyes nicaragüenses, sino también leyes federales estadounidenses. Al finalizar el año, no se volvió a conocer nada sobre lo actuado por las autoridades estadounidenses en este caso.
Empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados
El 6 de octubre, la CGR emitió una resolución en la que señaló presunciones de responsabilidad penal y administrativa al director de enacal por haber construido, con fondos estatales, cinco pozos de agua en dos de las haciendas presidenciales, aún cuando la sociedad geninsa pagó por ellos cierta cantidad de dinero. Cuando se estaba tramitando el caso en la vía judicial, el director de enacal, róger solórzano, recurrió de amparo y, con una celeridad inusitada, la corte suprema de justicia ordenó suspender el proceso penal, prolongando así la cadena de impunidades de altos funcionarios del actual gobierno, envueltos en actos de corrupción por los que no responden nunca.
El pacto Alemán-Ortega y sus efectos en la contraloría
En junio se confirmó lo que desde hacía meses se especulaba en relación a uno de los objetivos del pacto entre el presidente Alemán y el dirigente del FSLN Daniel Ortega: cambiar la estructura de funcionamiento de la contraloría general de la república mediante una reforma constitucional que estableciera para la institución una dirección colegiada. Un mes después, la organización centroamericana de entidades fiscalizadoras (ocefs) emitió una resolución criticando la colegiación del ente fiscalizador de nicaragua, y el contralor agustín Jarquín anunció que renunciaría a su cargo si se producía una transformación que desnaturalizara la función de la contraloría politizando el resultado de sus investigaciones técnicas.
El pacto -con las reformas constitucionales que contiene- no sólo representó cambios institucionales en la CGR, sino que puso al descubierto la falta de consistencia política y ética del FSLN ante el problema de la corrupción.
El 3 de diciembre, la presidenta del CENIDH, vilma núñez presentó ante la comisión especial dictaminadora de la asamblea nacional, las consideraciones del CENIDH sobre las reformas constitucionales. Respecto a la colegiación de la contraloría general de la república manifestó el CENIDH:
"En la reforma de los artículos 154 al 156 se establece la contraloría colegiada, con 5 miembros propietarios y 3 suplentes, sustituyendo las figuras del contralor y subcontralora por la del consejo superior de la contraloría, dirigido por un presidente y un vicepresidente. se establece también que la asamblea nacional autorizará auditorías sobre la gestión del ente fiscalizador.
En estos años ha quedado demostrado que la contraloría general de la república representa una de las pocas excepciones a la ausencia de control y fiscalización que existe en el estado. El ente fiscalizador se ha convertido en la institución estatal de mayor credibilidad y prestigio en la nación, por haber asumido responsablemente el mandato que le confiere la constitución y por las investigaciones que ha venido realizando, a pesar de limitaciones, presiones y hasta amenazas. De esta manera, la contraloría general de la república ha contribuido de forma notable a ir creando una conciencia ciudadana que demanda transparencia y rendición de cuentas a los servidores públicos, conciencia tan novedosa como necesaria en nicaragua.
Resulta lamentable que dos voluntades partidarias en proceso de descrédito hayan decidido abortar esta experiencia institucional y frenar este incipiente proceso de maduración democrática. Es obvio que la colegiación de la contraloría general de la república está orientada a desnaturalizar el trabajo profesional y técnico que viene realizando ejemplarmente esta institución y a politizarlo partidariamente en función de los intereses de ambos grupos negociadores. Contribuye a hacerlo obvio el que esta reforma ha sido pactada en el contexto de graves acusaciones sobre la corrupción de altos funcionarios gubernamentales, incluido el propio presidente de la república y su familia.
En la lógica de los acuerdos, basada en la impunidad compartida, no podemos olvidar que si al actual gobierno liberal la opinión pública lo ha señalado reiteradamente como "el más corrupto de la historia de nicaragua", el partido "opositor" que ha pactado con él estas reformas constitucionales cuenta con altos dirigentes que están también vinculados a graves actos de corrupción y abusos de poder.
La disposición lV transitoria de la reforma, al dejar al ingeniero Agustín Jarquín como miembro propietario del consejo superior de la contraloría, y a la subcontralora claudia frixione como suplente de este consejo, pretende una apariencia de respeto institucional en relación a la finalización de los períodos para los que fueron electos. Resulta obvio que, aunque permanezcan al interior de la institución, el contralor y la subcontralora perderán toda posibilidad de incidir eficazmente en los trabajos de la nueva institución colegiada. Esto es peor en el caso de la subcontralora, a quien despojan del cargo, porque la suplencia que se le concede significa poder trabajar solamente en ausencia de los propietarios, siendo objeto de esta manera de una clara destitución.
El CENIDH considera que en la parte final del párrafo 1 del artículo 156 constitucional existe un gravísimo atentado contra la independencia y autonomía funcional y administrativa de la contraloría, que en la práctica quedará eliminada, no sólo porque serán allegados a los dirigentes del FSLN y del PLC quienes dirigirán ahora al ente fiscalizador, sino porque se establece la posibilidad de que la asamblea nacional -controlada también por los dos partidos que impulsan las reformas- auditoríe en cualquier momento la gestión de la contraloría".
A pesar de que la casi totalidad de organizaciones y personas que acudieron a la consulta de la comisión rechazaron las reformas constitucionales por su carácter antidemocrático, el dictamen fue favorable y el 9 de diciembre los diputados liberales y sandinistas, excepto cuatro las aprobaron en primera legislatura, quedando pendiente su aprobación definitiva para el año 2000. [volver]
2. Derechos economicos sociales y culturalesDerechos laborales
En 1999 se constató una grave amenaza contra los derechos de los trabajadores, al pretender las organizaciones patronales reformar el código del trabajo, que entró en vigencia en diciembre de 1996, por considerar que desestimula la inversión empresarial. El propósito es eliminar o reformar los artículos 43 y 45, relativos al pago de indemnización por años trabajados, el artículo 27 relativo a las formas de los contratos de trabajo, el artículo 48 que establece las causales y procedimiento de despidos. Además, lo relacionado con la eliminación del fuero sindical, con complejizar aún más los mecanismos de negociación de convenios colectivos y con imposibilitar la realización de huelgas. Los sindicatos -sobre todo los rurales- también pretenden reformar el código tratando de mejorar las condiciones mínimas de trabajo -alimentación balanceada, salud, vivienda, seguro social, educación para niños de 5 a 10 años, educación de adultos, etc.
Los empresarios, los sindicatos y el ministerio del trabajo (mitrab) sostuvieron encuentros para intercambiar sus puntos de vista, lo que indica la aceptación de las tres partes de la necesidad de reformar el código. Aparentemente, existe consenso en lo relacionado a regular el empleo en las maquilas, a establecer mayores restricciones para el trabajo infantil, a ampliar los derechos laborales de las mujeres y a establecer un artículo que garantice la estabilidad laboral a los trabajadores del estado.
Asociación sindical
La dirección de asociaciones sindicales del mitrab reportó que en el primer semestre del año, inscribió 73 nuevos sindicatos (7 más que en igual período del año pasado), con un total de 2,266 afiliados (730 afiliados menos en relación a igual período del año pasado). Los departamentos de managua y matagalpa son los que reportaron mayor número de sindicatos nuevos: 13 y 11 respectivamente. de los 73 nuevos sindicatos, el 85% pertenecen al sector servicios y el 80% se ubica en centros de trabajo estatales. Una tendencia que se mantiene es que la mayoría de nuevos sindicatos no se afilia a las federaciones o confederaciones existentes. En este caso están 22 sindicatos, que tienen organizados al 30% de afiliados. Las organizaciones sindicales que recibieron mayor número de nuevos sindicatos y afiliados fueron fetsalud y la cus, con 10 sindicatos cada una y el 14% de los nuevos afiliados cada una.
De los sindicatos existentes, 302 actualizaron sus juntas directivas (23 más que el primer semestre del año pasado), representando a 18,649 afiliados (1,264 afiliados menos que igual período del año pasado). También se reestructuraron 45 sindicatos con 3,156 afiliados, totalizando 347 organizaciones sindicales. De los sindicatos actualizados, 78 (25.8%) no pertenecen a ninguna federación o confederación, 61 pertenecen a la cst, 49 a fetsalud, 27 a la ctn y 26 a la caus.
En el primer semestre del año, el mitrab autorizó -a petición de los empresarios- la desaforación y posterior despido de 76 dirigentes sindicales. En su mayoría, los empresarios utilizan este procedimiento en contra de los más beligerantes dirigentes sindicales. Actuando así no sólo evitan reclamos laborales, sino que provocan un grave daño a la libertad sindical.
En 1999 se evidenció de forma clara la actitud antisindical del ministerio del trabajo (mitrab) en el caso de un sindicato de la maquiladora chi shing que tuvo que elegir en tres oportunidades directiva sindical. De forma absurda, el mitrab le daba curso a las impugnaciones de los empresarios y negociaba o autorizaba la desaforación y el despido de los sindicalistas. El CENIDH intervino en el trámite administrativo del mitrab y apoyó a los trabajadores, haciendo presión directa e indirecta sobre las autoridades del trabajo para que otorgaran la personalidad jurídica al sindicato, lográndose acceder a ese derecho hasta el 19 de noviembre.
En el ingenio Javier Guerra -hasta hace unos meses propiedad de los trabajadores- se produjeron fuertes roces internos entre los trabajadores en la lucha por la hegemonía sindical. Un grupo era apoyado por la administración y otros querían acabar con un contubernio que había durado más de seis años. Finalmente salió victoriosa la directiva sindical independiente, pero fue impugnada por la empresa y su grupo, y el mitrab dió lugar a dicha impugnación, a pesar de haber constatado que la elección había sido conforme a la ley.
En septiembre y en la empresa cartonica -propiedad del estado-, el mitrab autorizó la desaforación y despido de 7 dirigentes sindicales por haber presuntamente "faltado al respeto" al gerente de la empresa. En el mes de noviembre el tribunal de apelaciones de león admitió un recurso de amparo y mandó suspender los efectos de esa resolución administrativa.
Empleo y desempleo
Según cifras del banco central dadas a conocer en el mes de septiembre por el vicepresidente de la república enrique bolaños, la población económicamente activa (pea) de nicaragua es de 1 millón 695 mil 400 personas, y el gobierno liberal en sus 32 meses de gestión ha creado 250 mil nuevos empleos, lo que estaría contribuyendo a disminuir el desempleo. No obstante, el seguro social sólo ha ingresado a 58 mil 748 nuevos trabajadores y este supuesto incremento de empleos no se refleja en el crecimiento del pib nacional. Un dato impactante es que sólo el 16.89% de la pea (286 mil 363 personas), está asegurada, lo que demuestra los niveles de desprotección social de la población trabajadora nicaragüense. Esta situación se agudizará previsiblemente con la aprobación por la asamblea nacional en el año 2000 de la privatización de las pensiones.
Después del paso del huracán mitch se crearon muchos nuevos puestos de trabajo, sobre todo en el sector construcción, pero en su mayoría se trata de empleos temporales, en los que los trabajadores no llegan a asegurarse. En las regiones autónomas del atlántico no se percibe mejoría en la oferta de empleo. Un ejemplo está en la empresa minera hemconic -antes greenstone-, ubicada en el municipio de bonanza, que continuó reduciendo personal, al igual que el ingenio azucarero de kukra hill.
En su informe de 1996, el banco central había reportado que el desempleo era del 51.1%. a partir de 1997, tras el cambio de gobierno y tras un evidente cambio de metodología de medición, el banco central ubicó el desempleo en un 24.1%. consideramos que las cifras referentes al desempleo han sido continuamente manipuladas por los funcionarios gubernamentales, quienes ni siquiera se ponen de acuerdo sobre las mismas. A finales de abril, la directora de empleos y salarios del mitrab declaró que las cifras del desempleo "no son tan altas", aduciendo que el desempleo abierto es de 10.1% y el subempleo de 40.7%. desmintiendo a sindicalistas y economistas independientes que afirman que en nicaragua el desempleo total sobrepasa el 50%. "Si eso fuera así hubiera un caos social, ni siquiera en los países de africa hay esa cantidad", afirmó la funcionaria.
En octubre, el instituto de estudios nicaragüenses (ien) dio a conocer una encuesta realizada entre el 5 y el 12 de septiembre de 1999, en la que afirma que el desempleo abierto es de 11% y que un 41% de los trabajadores aptos para trabajar está en el subempleo. Según la encuesta, un 85% de los nicaragüenses vive en el nivel de pobreza, y de ellos el 57.6% en pobreza extrema. En un 40.2% de la viviendas sólo una persona trabaja y en un 32.3% son dos las personas con trabajo.
La fundación internacional para el desafío económico global (FIDEG) dio a conocer en noviembre un balance sobre tendencias del mercado de trabajo en las ciudades de managua, león y granada, donde se concentra el 50% de la población urbana de nicaragua. Esta institución ha sostenido que la lenta reactivación económica, la incapacidad del sector privado de absorber mano de obra y la saturación del sector informal de la economía, inciden en que grandes cantidades de trabajadores nicaragüenses emigren, sobre todo a costa rica, en busca de oportunidades de empleo. FIDEG prueba esta afirmación al demostrar que en nicaragua hay una sensible reducción de la pea, lo que está estrechamente relacionado con la migración interna y externa de la mano de obra. Según FIDEG, el 22.3% de la pea que en 1998 se encontraba viviendo en las tres ciudades, emigró buscando otras alternativas, dentro y fuera de nicaragua. Entre las mujeres es mayor la migración, en especial en la ciudad de granada, donde el 28% de la pea femenina emigró, un 47.2% de esa cantidad fuera de nicaragua.
Todo esto confirma las previsiones hechas por el CENIDH en 1998, cuando consideramos que la falta de oportunidades de trabajo que ya existían, situación agravada por el huracán mitch, incrementaría la migración. Analistas independientes han estimado que unos 25 mil nicaragüenses se quedan cada año en costa rica como residentes, y que el monto de las remesas que envían a sus familias supera los 200 millones de dólares al año.
La migración de mano de obra hacia otros países de la región es mínima. Después de costa rica, es estado unidos el país que mayormente eligen los nicaragüenses. En 1999 se volvieron a frustrar las pretensiones del gobierno de exportar fuerza de trabajo a taiwan. El ministro del trabajo sostuvo conversaciones con unos empresarios dueños de la compañía de cruceros carnival, de miami, quienes ofrecían demandar los servicios de mil nuevos trabajadores cada año, pero ningún contrato fue finalmente suscrito con esta empresa.
Para el FIDEG, el desempleo abierto se ha reducido a un 11.5% en managua, león y granada, aunque señala como una violación al derecho a una vida digna el que la calidad de muchos nuevos empleos sea deplorable, ya que tan sólo el 27% de la población ocupada tiene acceso al pleno empleo (laboran 40 horas semanales y pueden adquirir dos o más canastas básicas), mientras que entre el 73% que está en el subempleo, un 26% padece un subempleo visible (laboran menos de 40 horas semanales) y un 47% un subempleo invisible (trabajan largas jornadas y su ingreso es inferior al costo de una canasta básica). Esta situación es aún más precaria entre las mujeres, quienes en un 79% viven en el subempleo, especialmente el invisible.
El gobierno anunció que para trabajar más eficientemente requería despedir a 1,500 trabajadores de la empresa estatal de energía, a 1,500 de la de telecomunicaciones -los despidos son condiciones para la privatización de ambas empresas, dejándolas a los nuevos dueños con mayor rentabilidad y sin sindicatos- y a 600 del ministerio de transporte e infraestructura. En el caso de los trabajadores de telecomunicaciones, ya en 1998 el gobierno había despedido a más de 400 trabajadores, que realizaron una huelga en demanda de la firma del convenio colectivo y a 573 como fruto de una "reorganización". En junio, el principal líder sindical de este sector denunció que su trabajo se les estaba condicionando: o se afiliaban al partido en el poder, al PLC, o eran despedidos.
Según datos del mitrab, en el primer semestre del año los empleadores solicitaron autorización para despedir por "casos especiales" (aplicación de artículos específicos del código del trabajo) a 781 trabajadores, principalmente en el sector servicios (394) y en la industria manufacturera (24). El 63% del total de los casos ocurrió en managua. De ellos, 652 por decisión unilateral de los empresarios, y 129 por presuntas infracciones del trabajador. Por resolución, el mitrab autorizó el despido de 360 trabajadores y dictó no ha lugar en 231 casos. El resto de casos se resolvió por otras vías. Hubo 18 reintegros por acuerdo de las partes y sólo 2 casos pasaron a los juzgados. Es importante resaltar que de las 781 peticiones de autorización de despido, 617 se hicieron conforme el artículo 48 del código, relativo a presuntas faltas del trabajador; 76 casos fueron conforme el artículo 231, relativo a dirigentes sindicales protegidos por el fuero sindical; y 54 casos se tramitaron en contra de mujeres embarazadas.
Adicionalmente, los empleadores solicitaron 12 suspensiones "temporales" de contratos, afectando con ello a 780 trabajadores. 7 solicitudes fueron presentadas en león y 3 en managua, afectando a 178 trabajadores en león y a 493 en managua. El 94% de los casos (733 trabajadores) pertenecía a la industria manufacturera. El 98% laboraba en empresas privadas, estando ubicados 635 (81%) en la zona urbana. La causa aducida por los empleadores para hacer sus peticiones fueron en 494 casos fuerza mayor o caso fortuito y en 201 casos la falta de materia prima.
Los empleadores solicitaron 14 autorizaciones para la terminación de contratos de trabajo, afectando así a un total de 792 trabajadores. 8 solicitudes fueron interpuestas en estelí y 2 en león, afectando a 375 y 276 trabajadores respectivamente. del total de trabajadores afectados, 397 estaban ubicados en el sector construcción y 377 en la industria manufacturera. El 98% (774 trabajadores) laboraban para la empresa privada.
Salarios y canasta básica
A pesar de que en junio de 1998 correspondía hacer la revisión del salario mínimo, conforme a los acuerdos entre empresarios, trabajadores y gobierno, fue hasta febrero de 1999 que se inició un debate público sobre el tema, y no por presiones de las organizaciones sindicales, sino por las de otros sectores. A pesar de esto, la instalación de la comisión de salario mínimo se retrasó debido al conflicto de los trabajadores de la construcción.
La comisión nacional del salario mínimo, integrada de conformidad con la ley, se instaló a finales de marzo y el 28 de julio, después de prolongadas jornadas de negociación, acordó reajustar el salario mínimo en cada uno de los sectores de la economía. Para el sector agropecuario -siempre el menos favorecido- se estableció el salario mínimo en 450 córdobas más la comida. Para los trabajadores del gobierno central quedó en 550 córdobas. Para la industria manufacturera, en 600. El sector más favorecido fue el de la construcción, con 1,200 córdobas mensuales, seguido por las empresas financieras con 1,000. El CENIDH recibió información sobre incumplimiento de estos salarios en las empresas de la industria manufacturera y de la construcción. Por esta razón, considera positivo que en noviembre diez organizaciones sindicales solicitaran al mitrab la instalación de la comisión nacional de salario mínimo para revisar la situación.
Según el FIDEG, el valor de la canasta básica de 53 productos era en octubre de 2,053.52 córdobas en la zona del pacífico, siendo la ciudad más cara managua, donde tenía un valor de 2,099.05 córdobas, lo que significa un incremento de 274.05 córdobas en relación a su costo en 1998. La canasta básica sigue teniendo un precio más bajo en los departamentos de juigalpa (1,984.16 córdobas) y de matagalpa (2,056.02).
El FIDEG aifrma que en la región del pacífico, en agosto de 1999, la gran mayoría de los trabajadores no cubría con sus salarios una canasta básica satisfactoria. Un 54.3% de la fuerza de trabajo recibía ingresos con los que podía adquirir media canasta básica o menos, el 25% podía adquirir sólo media canasta básica, el 14% adquiría entre una y dos canastas y tan sólo el 6.7% adquiría dos canastas o más.
Convenios colectivos
Según el ministerio del trabajo, hasta el mes de junio los trabajadores introdujeron un total de 17 pliegos de peticiones, que firmaron 2,407 trabajadores de un total de 4,981, un 48%. los sectores con mayor número de trabajadores firmantes fueron: servicios, electricidad, gas, agua e industria manufacturera. 10 de estos pliegos llegaron del sector estatal y 7 del privado. 14 de los 17 pliegos no fueron asesorados por ninguna organización sindical. Las causa de interposición de estos pliegos fueron: 12 en demanda de mejores condiciones de trabajo (firmando 1,888 trabajadores de un total de 3,729), 3 en demanda de salarios y 2 de indemnización por privatización.
En el mismo período, el mitrab reportó que se negociaron 16 convenios colectivos y ningún convenio salarial. Resultaron favorecidos 42,679 trabajadores. 10 de esos convenios provinieron de la industria manufacturera y 5 del sector servicios, 3 se dieron en entidades del estado y 13 en el sector privado. Un dato interesante es que 9 de los 17 convenios fueron negociados por sindicatos que no pertenecen a las federaciones o confederaciones sindicales.
El 25 de noviembre, y después de 30 meses de negociaciones, dos federaciones de trabajadores de la empresa de telecomunicaciones enitel suscribieron por fin un acuerdo poniéndole fin a la negociación del convenio colectivo. Establecieron que el salario mínimo en ese sector será de 1,090 córdobas mensuales, excluyeron del ámbito de aplicación del convenio a los trabajadores de confianza, establecieron los permisos sindicales para los dirigentes sindicales, definieron la estabilidad laboral, y acordaron un incremento salarial de entre el 12 y el 21%.
También en el mes de marzo se concluyó la negociación del convenio colectivo de los trabajadores de la construcción, retrasado por dos años.
Huelgas y conflictos colectivos
Hasta el mes de junio, en toda la primera mitad del año, las inspectorías departamentales informaron de la realización de una sola huelga en todo el país. Esta tuvo lugar en la región autónoma del atlántico sur en una empresa privada del sector servicios ubicada en el área rural, en la que se involucraron 17 trabajadores de un total de 87. Esta huelga fue solucionada por un acuerdo y presuntamente sólo se perdió un día de trabajo.
Desde hacía más de dos años -la ley establece 23 días-, los trabajadores de la construcción habían venido negociando un convenio colectivo con la cámara nicaragüense de la construcción, pero no se había llegado a acuerdos debido a la intransigencia de los empleadores, por lo que fueron los trabajadores de la construcción quienes llevaron a cabo la protesta laboral más significativa de 1999. Los aproximadamente 10 mil trabajadores del sector construcción realizaron marchas y paros laborales de un día y de horas, todo en demanda de la suscripción de su convenio colectivo, negociación estancada en cuatro claúsulas relacionadas con la periodicidad del pago, con el salario, con la liquidación de las prestaciones y con la vigencia del convenio.
Los trabajadores que construían el hospital del maestro estuvieron en huelga durante 7 días. El mitrab se sintió presionado -por primera vez en los casi tres años de gobierno liberal- a manifestar públicamente que podría declarar legal la huelga si no había acuerdos, y el ministro nombró a su viceministro como juez de huelga. Este hizo cabildeos y otros esfuerzos por evitar que se declarara "legal" una huelga, por cuarta vez en la historia laboral de nicaragua. Finalmente, el 19 de marzo informó que la cámara nicaragüense de la construcción había aceptado una propuesta presentada por el ministerio, la que la dirigencia sindical rechazó a pesar del agotamiento de más de tres meses de protestas.
Finalmente, el 23 de marzo el presidente de la república nombró una comisión integrada por el presidente del banco central, el ministro de hacienda y el ministro y viceministro del trabajo, quienes sostuvieron una reunión con ambas partes el 24 de marzo. En esta reunión llegaron al acuerdo de que el salario por unidad de tiempo para los oficiales sería de 8 córdobas y de 5 para los ayudantes, y que el pago de salarios sería semanal, aunque las partes podrían acordar otra modalidad. Se estableció también el pago de vacaciones y de aguinaldo proporcionales y en las fechas que estipula el código, aunque también podrían acordar otra modalidad. Algo novedoso fue el reconocimiento del pago por indemnización por años trabajados. Este convenio entró en vigencia a partir el 1 de mayo de 1999 y vence el 31 de abril del año 2001.
En el mes de junio, se inició en la empresa cartonica -hasta ahora estatal y que los trabajadores pretenden se privatice a su favor- un conflicto cuando la gerencia trasladó a los ocho vigilantes a labores productivas y pidió vigilancia policial. Los trabajadores también cuestionaban la reducción en los niveles de las ventas, sospechando que el gobierno pretende llevar a la bancarrota a la empresa para privatizarla a precios irrisorios en favor de sus allegados. Los trabajadores acudieron al ministerio del trabajo, pero posteriormente denunciaron la parcialidad del delegado del ministerio. A petición del sindicato y de la empresa, el CENIDH actuó como mediador. Después de varias reuniones de negociación quedó evidenciada la falta de voluntad de la empresa para llegar a acuerdos.
En septiembre se produjo un incidente entre dirigentes sindicales y el gerente de cartonica, por lo que éste solicitó la desaforación de la directiva sindical. Los trabajadores le negaron el ingreso a la empresa y siguieron trabajando, pero después les cortaron los teléfonos, el agua y la luz para finalmente desalojarlos con policías el 28 de septiembre. Resultaron detenidos dos dirigentes sindicales, entre ellos una mujer. La directiva sindical fue denunciada por usurpación de dominio privado, y aunque el juez ordenó la detención de la directiva sindical, la policía se excedió y desalojó a todos los trabajadores.
El 30 de octubre, 400 trabajadores que laboraban en la construcción del hotel plaza real en managua se lanzaron a una huelga por incumplimiento del convenio colectivo y en demanda de mejores condiciones de higiene y seguridad. La huelga fue declarada ilegal por el mitrab, que posteriormente no autorizó el despido solicitado en contra de 160 trabajadores, seguramente porque estaban claros de la legitimidad de la huelga, ya que el propio mitrab comprobó -en una inspección realizada a petición del sindicato- que no había las mínimas condiciones de higiene, que el comedor y servicios higiénicos eran insuficientes, que había en el lugar criaderos de zancudos, y que los trabajadores no tenían ni cinturones de seguridad ni cascos de protección.
Durante el año hubo conflictos colectivos en las empresas maquiladoras de la zona franca. El CENIDH enfatiza el significado de la resolución 379-99 de la inspectoría general del trabajo, que prácticamente declaró legal una huelga desarrollada a inicios del mes de diciembre en la empresa jem iii s.a., ocasionada por el traslado ordenado por la empresa de 79 trabajadores -sin su consentimiento- a una línea de producción en la que devengarían salarios menores. El mitrab admitió que los trabajadores paralizaron las labores por una evidente violación al código del trabajo, por lo que no dio lugar a la petición de declaratoria de ilegalidad de la huelga, reconociendo así implícitamente que la huelga fue legal. Las autoridades del trabajo se vieron forzadas a favorecer a los trabajadores, al ver que, en solidaridad con los huelguistas, los trabajadores de otras dos empresas maquiladoras del mismo plantel amenazaban con irse a la huelga.
Demandas individuales
Hasta junio, el mitrab reportó que las inspectorías departamentales habían recibido un total de 5,234 demandas individuales. 1,193 exigían el pago de su liquidación final (22.7%), 1,090 exigían el pago de salarios (21%), 569 de vacaciones, 541 exigían indemnización y el resto prestaciones sociales y otras. 742 fueron interpuestas en managua, 401 en estelí y 385 en león. El 47% de las demandas (1,720) provenía del sector servicios y 646 (18%) de la industria de manufactura. El 66% de las demandas individuales fueron interpuestas en contra de empresas privadas, ubicadas en un 65% en áreas urbanas.
Varias soluciones se dieron a estas demandas. En 1,678 casos se pagó a los trabajadores, en 871 casos abandonaron la demanda, en 794 casos los propios trabajadores prefirieron llevar los casos directamente a los juzgados, en 82 casos hubo arreglos entre las partes y 186 demandas quedaron en trámite. en 21 casos hubo despidos.
Los montos recuperados a favor de los trabajadores ascienden a un total de 3.7 millones de córdobas. De ellos, 1.59 millones correspondieron a pagos de indemnizaciones y 1.15 millones a pago de salarios. El 44% de ese monto fue pagado por los empleadores de managua. Sigue en orden matagalpa y la región autónoma del atlántico sur, con un 9% del monto cada una.
Hasta junio, la oficina de abogados de los trabajadores atendió 194 casos, 102 menos que en igual período del año anterior. De estos casos, 184 eran contra el estado, demandando en 168 casos liquidación final. La evidente disminución de casos atendidos por esta oficina está ligada a su cuestionada beligerancia e imparcialidad. Llama la atención del CENIDH el hecho de que en 1998 hayamos cuestionado que el 97% de los casos provenía del sector privado -se eludían los casos provenientes del estado-, mientras que en 1999 el 94.8% provino de entidades gubernamentales. Esto nos lleva a pensar que las estadísticas puedan estar equivocadas.
En el primer semestre del año, la inspectoría general recibió 186 recursos de apelación provenientes de las inspectorías departamentales, 115 de managua, 11 de juigalpa, y el resto de otros lugares. 77 apelaciones llegaron del sector servicios, 62 de la industria de manufactura. 181 provenían de áreas urbanas, 112 de trabajadores de empresas privadas y 72 de trabajadores del estado.
En 94 casos recurrió el trabajador, en 83 el empleador y en 9 el sindicato. De esos 186 recursos, 92 fueron declarados sin lugar -ignoramos cuántos afectaron a los trabajadores-, 45 quedaron desiertos -por extemporáneos o improcedentes-. unicamente 30 resoluciones fueron revocadas -no sabemos si a favor o en contra de los trabajadores-, 14 fueron declaradas nulas y 1 fue modificada.
Zonas francas
En 1999 se amplió el número de empresas maquiladoras y por tanto, creció el número de trabajadores -principalmente mujeres- en ellas. Este año se construyó una nueva zona franca denominada zaratoga en las inmediaciones de managua, en los brasiles. Se espera que pueda dar empleo directo a 2 mil personas. El gobierno firmó también contratos con otros empresarios, que construirán nuevos planteles en otros departamentos.
En contraste con la relativa estabilidad con que operaron las maquilas en 1998, en 1999 se produjeron al menos cinco huelgas en la empresa chentex -no registradas por el mitrab-, una huelga en la jem iii -que fue declarada legal- otra huelga y mucha inestabilidad en la empresa chih hsing, por la oposición de la empresa a la conformación de un sindicato, y otra huelga que espontáneamente declararon los trabajadores en la empresa nien sing por maltrato verbal y físico y por el despido arbitrario de tres trabajadores.
El 15 de noviembre ocurrió un grave accidente de trabajo en la empresa chentex, en la línea de producción número 1. A las 10 de la mañana las trabajadoras sufrieron mareos, ardor en los ojos, ardor y dolor en la garganta, y dificultades para respirar. Después, perdían el conocimiento y caían desmayadas. Con estos síntomas se vieron afectadas más de 300 trabajadoras, de las cuales 221 fueron atendidas en los hospitales de managua, donde les tuvieron que suministrar oxígeno y reanimación convencional. La mayoría fueron dadas de alta el mismo día, quedando 44 mujeres internas por 2-3 días. El mitrab investigó el accidente y dio su veredicto -que quitaba responsabilidad a la empresa- en base a unos exámenes especiales de sangre practicados a 18 trabajadoras, pero las muestras fueron tomadas ocho días después del hecho, por lo que lógicamente no se encontraron ya residuos químicos.
En una conferencia de prensa dada en la casa presidencial, funcionarios del ministerio de salud y representantes de la empresa afirmaron que se trató de una "histeria colectiva" y que probablemente algún loco había introducido un gas en las instalaciones. El CENIDH rechazó con firmeza estas declaraciones, que tuvieron también el efecto de que los empresarios y la policía pretendieron responsabilizar del accidente al trabajador jimmy obando lópez. El CENIDH recurrió de amparo en su favor. Finalmente, el 3 de diciembre la policía nacional dió a conocer su informe, señalando que las causas de la crisis padecida por las trabajadoras era el hacinamiento en que laboran las obreras, ya que el dióxido de cárbono que expele el ser humano al respirar es intoxicante.
Destacamos nuevamente la huelga declarada legal por el mitrab en la empresa jem iii, por ser la primera legal en las maquilas. Sin embargo, hay que resaltar que esta declaratoria no se debió a que el mitrab sea respetuoso de la ley y de los derechos de los trabajadores, sino a que querían evitar que el conflicto se complicara con otras huelgas en otras empresas.
Caso preocupante fue el de la empresa chih hsing. El 16 de julio se conformó en ella un sindicato, y a los cuatro días la empresa despidió a cuatro dirigentes sindicales. En protesta, todos los trabajadores se declararon en una huelga que duró 4 días. El mitrab declaró ilegal la huelga, pero ordenó reintegrar a los cuatro dirigentes despedidos. Al final, la empresa se impuso apelando la resolución del mitrab, e insistió en mantener los despidos. Llegó a ofrecer 10 mil córdobas a cada uno de los once sindicalistas para que "vendieran" sus puestos de trabajo. Estos aceptaron quedando únicamente en la empresa una dirigente. la empresa impugnó también ante el mitrab la elección de la directiva sindical y, sorprendentemente, el ministerio dio curso al proceso declarando nula la inscripción de la directiva sindical.
El conflicto continuó. El 4 de agosto, los trabajadores volvieron a organizar su sindicato, en una asamblea a la que asistieron 157 personas. Posteriormente introdujeron un pliego petitorio. La empresa volvió a apelar y el mitrab declaró nula la inscripción de la directiva sindical. El 19 de octubre, los trabajadores volvieron a elegir directiva sindical y el mitrab no otorgó en tiempo la personalidad jurídica a la directiva. Nuevamente la empresa impugnó lo actuado por los trabajadores. Un acta elaborada por el mitrab deja constancia que, de siete trabajadores presionados por la empresa para que negaran haber firmado para la elección del sindicato, sólo uno ratificó su respaldo al sindicato. En base a eso, el mitrab no dio lugar a la inscripción.
El 3 de noviembre, 24 trabajadores volvieron a elegir directiva sindical y nuevamente la empresa impugnó la inscripción, presentando las tarjetas de asistencia y alegando que ese día varios trabajadores no habían llegado a trabajar. El 11 de noviembre el mitrab resolvió no dar lugar a la inscripción del sindicato. Los trabajadores apelaron, y el 19 de noviembre les fue por fin autorizada la personalidad jurídica de su sindicato. En todo este proceso el CENIDH acompañó a los trabajadores y gestionó ante el mitrab a su favor, pudiendo comprobar la excesiva parcialidad del mitrab a favor de esta empresa.
Es de destacar que las empresas de maquila han avanzado en la eliminación del trabajo infantil. El 22 de junio, 19 gerentes de maquiladoras se comprometieron, en reunión sostenida con el ministro del trabajo, a no contratar mano de obra infantil, estableciendo como edad mínima para ingresar a trabajar 18 años de edad.
Trabajadoras de la empresa maquiladora k.b. manufacturing, de origen estadounidense, denunciaron públicamente en febrero que eran obligadas a suscribir contratos de trabajo cada seis meses, con lo cual perdían su derecho a reclamar prestaciones sociales, principalmente la indemnización por años de antigüedad. Posteriormente a esta denuncia, la empresa se negó a firmar nuevos contratos con las trabajadoras que denunciaron, que declararon también que les tienen prohibido ir al baño cuando lo necesitan y que la empresa había despedido a por lo menos tres trabajadoras por estar embarazadas.
En enero, el mitrab fue impedido de realizar inspecciones en dos empresas maquiladoras, la nien hsing y la shi hsing, ambas gerenciadas por lucas huang, empresario que ya ha sido expulsado de otros países por irrespetar a los trabajadores y a las autoridades del trabajo nacionales.
El 1 de julio, y a petición del movimiento de mujeres maría elena cuadra -organismo no gubernamental que trabaja con mujeres de la maquila-, siete diputados presentaron a la asamblea nacional un anteproyecto para reformar el decreto 46-91 que regula las zonas francas industriales de exportación. El anteproyecto fue acompañado de 51 mil firmas que respaldan la reforma. Esta consiste básicamente en que las empresas gocen de exoneraciones fiscales sólo si cumplen con la legislación laboral nicaragüense, incluyendo los convenios de la oit. La reforma establecería una serie de obligaciones a los empleadores para garantizar mejores condiciones de trabajo y les obligaría a adoptar medidas de protección e higiene a favor de las trabajadoras. En octubre, la comisión de asuntos laborales de la asamblea nacional dictaminó favorablemente este proyecto.
Aunque la mayor parte de las normas propuestas en el anteproyecto están contempladas en el código del trabajo, también es cierto que los empleadores de las maquilas tienen como ley rectora el decreto 46-91. Es evidente que las trabajadoras de las maquilas se beneficiarán con este proyecto de ley.
El Movimiento María Elena Cuadra dio a conocer en octubre una encuesta hecha a 2,562 mujeres trabajadoras de la maquila en los meses de enero a julio. 3 de cada 10 mujeres dijo haber sido víctima directa de violencia verbal o de presión sicológica en su trabajo. Igual número confirmó haber visto a otra trabajadora sufrir malos tratos. El 96% afirmó que el tiempo para descansar y almorzar es sólo de 30-45 minutos diarios, y el 35% señaló que utilizar los servicios higiénicos requiere de permiso, que les toman el tiempo que pasan en el servicio y que en algunos casos las sacan de allí. El 67% de las encuestadas dijo que cuando sus hijos se enferman la empresa no les da permiso para atenderlos. Un 18% dijo que sí les daban permiso. El 22% dijo que tenía un salario de 500 córdobas mensuales, un 38% de 750 córdobas, un 15% de mil, y el resto declaró salarios más allá de 1,250 córdobas.
Area propiedad de los trabajadores
El CENIDH considera que este proyecto, que pudo ser estratégico, ha fracasado en términos sociales y políticos. Porque quienes debían ser los más beneficiados con él, los trabajadores, han sido los más afectados. Este año resultó calamitoso para las empresas de los trabajadores, en su mayoría prácticamente quebradas, con una crisis financiera insuperable, por lo que sólo están ampliando su pasivo con el seguro social, con la empresa de energía, de agua, etc. en consecuencia, indefectiblemente tendrán que malvender sus acciones, y ya se avizoran como potenciales compradores dirigentes políticos del FSLN y del PLC.
Se pueden mencionar ejemplos que confirman esta lamentable realidad. En febrero, y según denuncia de los trabajadores, la empresa de los trabajadores fondoazucar vendió a las empresas agrosenelsa y cazur -pertenecientes presuntamente a dirigentes sandinistas- el 49% de las acciones del ingenio javier guerra y de la empresa agrícola de rivas, en 7.1 millones de dólares, suma que los trabajadores ignoran quién la recibió.
Este caso no es excepcional. Las empresas donde no ha habido conflictos son pocas. Las empresas delmor, intercasa y plisa son las únicas que parecen estar trabajando con algún nivel de solvencia. En las empresas administradas por empresarios privados en las que los trabajadores tienen minoría de acciones, los empresarios los han despedido y les han comprado sus acciones a precios irrisorios. Es el caso de indumetasa. Aún está pendiente la entrega de porcentajes accionarios de los trabajadores en seis empresas que todavía administra el estado, entre ellas solka y cartonica.
Los trabajadores de estas empresas -imposibilitados de pagar sus deudas al estado por la venta de dichas empresas- presionaron al gobierno y lograron que en las negociaciones entre dirigentes liberales y sandinistas se acordara extenderles el plazo para pagar, lo que sólo viene a prolongar su agonía empresarial.
Accidentes de trabajo
En el primer semestre del año el mitrab programó 222 inspecciones técnicas de higiene y seguridad ocupacional y ejecutó 166 (75%), cubriendo a 27 mil 939 trabajadores. En managua cumplió el 69% de las inspecciones, en chinandega el 75%, en león el 60%, sobrecumpliendo en masaya y granada. En estas inspecciones el mitrab encontró 114 mil 590 afectaciones. De ellas, el 86% (98,168) en empresas privadas ubicadas el 69% en el sector urbano. En 49 mil 636 afectaciones (43%) se reportaron condiciones generales de seguridad, en 47,393 (41%) la afectación fue por medidas organizativas y en 14,029 (12%) por falta de equipos de protección. El mitrab programó 192 reinspecciones, cumpliendo 120. En ellas comprobó que las empresas habían corregido un 58% de las debilidades señaladas en las inspecciones.
Según el ministerio del trabajo, durante el primer semestre de 1999 ocurrieron 3 mil 263 accidentes de trabajo, 331 más que en igual período de 1998, lo que representa un incremento del 10%. los departamentos con mayor incidencia fueron managua con 54% y chinandega con 26%. en la industria manufacturera ocurrieron 2 mil 324 accidentes (71% del total). Le siguen el sector agricultura y el de servicios, con un 8% del total de accidentes cada sector. A partir de sus inspecciones, el mitrab señaló que en el país son 10 mil 493 los trabajadores expuestos a falta de ventilación y a contaminantes ambientales, sobre todo al ruido y a contaminantes químicos.
De estos accidentes, 2,797 fueron leves, 433 graves, 9 muy graves y 24 mortales. A inicios del mes de diciembre, el mitrab reportó 40 accidentes mortales, 10 en los ingenios azucareros y 7 en el sector construcción. En el segundo semestre del año, cuatro accidentes impactaron particularmente a la opinión pública. El de la empresa de vuelos nacionales la costeña, en el que murieron 16 personas -en su mayoría viajaban por razones de trabajo-; el de un helicóptero del ejército, en el que fallecieron tres oficiales; el de una explosión en una panadería de managua, en la que resultaron 6 personas afectadas y falleció una de ellas; y la intoxicación de las trabajadoras de la empresa chentex en la zona franca debido al hacinamiento.
Derecho a la salud
Desde inicios de la década de los 90 se produjo un retroceso significativo en los índices de salud de la población nicaragüense, como resultado de la aplicación de políticas de ajuste estructural que tratando de reducir el gasto público optaron por la privatización de los servicios de salud.
Sistema de salud en crisis
Las condiciones de insalubridad, la falta de atención preventiva, el constante deterioro del medio ambiente y esta crisis en el sistema de salud pública son factores que inciden negativamente en el acceso al derecho a la salud. Todas estas condiciones se vieron agravadas por las secuelas del huracán mitch, que entre sus muchos desastres ocasionó una disminución de la cobertura del sistema de salud, ya deficiente antes del paso del huracán.
Según reportes del ministerio de salud (minsa) unas 86 unidades de salud sufrieron severos daños con el paso del mitch. De ellas, 10 resultaron totalmente destruidas y 76 dañadas parcialmente. estas cantidades representan afectaciones en un 10% de la red sanitaria del país. El gobierno proyectó invertir más de 32 millones de dólares -que serían financiados por el banco mundial y estarían destinados al fortalecimiento de la red de centros de salud- y otros 48 millones para la reparación y el mejoramiento de la infraestructura dañada. Pero estos montos de dinero apenas fueron invertidos, dato confirmado por el ministro de hacienda y crédito público, quien refirió que la subejecución del presupuesto del minsa asciende a unos 65 millones de dólares. La mayor parte del dinero no ejecutado es proveniente de fondos de proyectos y programas de organismos internacionales.
La ministra de salud justificó la subejecución de los fondos externos declarando que para poder acceder a sus primeros desembolsos -destinados a infraestructura y control de epidemias- había que llenar requisitos y presentar documentaciones, lo que el ministerio no hizo. Afirmó también que en cuanto a recursos nacionales había sobrejecución.
La subejecución de fondos influye directamente en la población, que paga a funcionarios administrativos del minsa que trabajan deficientemente, mientras ve cómo no mejoran la atención a quienes utilizan el servicio público de salud ni tampoco mejoran las condiciones de los empleados de hospitales y centros de salud.
Las secuelas del huracán mitch agravaron particularmente la situación en los departamentos de estelí, león, matagalpa, chinandega y madriz, por la falta de mantenimiento de los centros sanitarios que ya existía. Según el informe de los daños ocasionados por el huracán mitch de la comisión económica para américa latina y el caribe de naciones unidas (cepal), el valor estimado de los daños fue de 25 millones de dólares. De esta cantidad, 14 millones de dólares corresponden a pérdidas en infraestructura física y 11 millones a pérdida de equipos.
Un problema estructural
El huracán agravó un drama estructural. Según el informe de desarrollo humano 1999 del pnud, el 17% de la población nicaragüense no tiene acceso a ninguna atención de salud, situación que es más grave en las zonas rurales, donde los pobladores tienen que caminar grandes distancias para poder acceder a una consulta médica. El abandono de la población en las zonas fronterizas es particularmente llamativo. En general, podemos observar que para el mantenimiento y crecimiento de la red de salud pública no se ha tomado suficientemente en cuenta el ritmo de crecimiento de la población nicaragüense, que es muy alto.
Nicaragua dispone actualmente de 971 locales para atención médica: 25 son hospitales para enfermos críticos -la mayoría localizados en zonas urbanas-, 4 hospitales para enfermos crónicos y una policlínica -todos ubicados en la capital-, 163 centros de salud y 778 puestos de salud.
Según el informe de desarrollo humano del pnud, el 65% de la población no tiene acceso a los servicios de saneamiento y un 38% al agua potable, dos condiciones básicas para garantizar la salud preventiva. Según el informe, nicaragua es el país de centroamérica en donde es mayor la cantidad de personas sin acceso al agua potable y al saneamiento.
El banco mundial y el banco interamericano de desarrollo continúan financiando el denominado "proyecto de modernización del sector salud", con el objetivo de reducir la ineficiencia en el sistema de salud y ampliar la cobertura y calidad de los servicios médicos a la población. Sectores sindicales han denunciado que este proyecto ha significado, en lo fundamental, nuevos despidos y la privatización encubierta de los servicios de lavandería, comida y vigilancia en todos los hospitales, puestos y centros de salud.
Según fuentes oficiales del minsa, el monto de financiamiento para este proyecto es de unos 85 millones de dólares a ejecutarse en 4 años. De esta cantidad, 48.6 millones son financiados por el bid, y de ellos 9 millones se destinarán a indemnización por despidos, lo que confirma en parte la denuncia de los trabajadores del sector.
Consecuencias de la huelga médica y privatización de la salud
A la huelga médica de 1998, el gobierno respondió con acciones represivas, entre las que se incluyeron el que dirigentes del movimiento médico pro-salario fueran despedidos o traslados a las zonas más afectadas por el huracán mitch, decisión ésta que fue utilizada como un medio de presión para que los médicos del movimiento eligieran entonces acogerse al plan de retiro voluntario, mientras que quienes no aceptaban su traslado, eran despedidos. Según fetsalud y del movimiento de médicos pro-salario, una considerable cantidad de médicos fueron perjudicados por estas medidas.
Las políticas de despido del minsa han incluido a especialistas con amplia experiencia. Uno de ellos, david ortiz mairena -director departamental de higiene y epidemiología en el departamento de río san juan, con más de 15 años de experiencia en el comportamiento de enfermedades que se ha logrado tener bajo control en esa zona-, y fernando gutiérrez, quien fue despedido por el director del hospital manolo morales, josé marenco, sin justa causa, y aunque en el proceso administrativo el ministerio del trabajo ordenó su reintegro, marenco no acató la resolución.
La descapitalización de recursos humanos en los hospitales con el plan de retiro voluntario promovido por el minsa ha originado medidas arbitrarias, como la de no dar pase a los médicos residentes que están por culminar sus cursos, ni promoverlos a los años siguientes ni a graduarse, justificando esto en que no eran aptos porque perdieron muchas prácticas por la huelga médica y por la emergencia del huracán mitch. Según dirigentes sindicales, estas medidas del minsa obedecen a que no tienen cómo cubrir las plazas de todos los especialistas que decidieron acogerse al plan de retiro voluntario.
Según declaraciones del director del hospital bautista, josé noel larios, es un grave error que el minsa haya permitido el retiro de muchos médicos con una vasta experiencia acumulada por más de 30 años de laborar en el minsa, y que también impartían clases a los residentes de los hospitales públicos. "Creo que el minsa perdió con este plan un montón de médicos valiosos que a través de los años adquirieron experiencias que ni siquiera aparecen reflejadas en los libros de medicina. El gobierno debería de reconsiderar el caso de los médicos maestros que se vieron obligados a irse del sistema", dijo Larios.
Por su parte, Eduardo Rivas, jefe de ortopedia del hospital escuela Lenín Fonseca, especialista en ortopedia con 33 años de experiencia dijo: "el minsa no midió a conciencia la disminución de la calidad de los servicios brindados a la población más pobre y ahora esos conocimientos y experiencias serán aprovechados por la empresa privada". Directores de clínicas y hospitales privados ya han manifestado su interés de aprovechar la experiencia docente de tantos médicos para crear facultades privadas de especialidades médicas.
En febrero de 1999 ya se habían retirado 374 médicos del sistema nacional de salud. Como condición para los médicos que se acogieron al plan de retiro voluntario, el minsa estableció que no podrán ser contratados por ninguna institución u organismo estatal durante un período de 7 años.
Las políticas del minsa beneficiarán a las empresas privadas y perjudicarán a los nicaragüenses más pobres, que son quienes acuden al sistema de salud pública y no tienen cómo acceder a consulta en un hospital o clínica privada, y a los desempleados y trabajadores del sector informal, que no cotizan al instituto nicaragüense de seguridad social y que por eso tampoco tienen acceso a las empresas médicas previsionales. Sólo les quedará acudir a los medios de comunicación a solicitar ayudas de beneficencia, costumbre que se está extendiendo cada día más.
Nueva ley
En junio de 1998 se publicó la ley 292, ley de medicamentos y farmacias, con su reglamento. Especialistas del sector salud cuestionaron la normativa por considerarla una mala copia de legislaciones de diferentes países, señalando entre otras cosas que el artículo primero de la ley no regula -cómo debería hacerlo- los principios, normas, criterios y exigencias básicas sobre la eficacia y calidad de las materias primas, material higiénico sanitario o de reposición periódica, productos de aseo personal, limpieza y productos de higiene personal.
De acuerdo a la ley, el minsa, a través de la dirección de farmacia, no está facultado para impedir la importación de estos productos, aunque sean una estafa o puedan dañar la salud de los consumidores por estar vencidos o por no traer las especificaciones médicas pertinentes. A pesar de que los artículos 7 y 59, literales b y c, establecen que los productos importados deberán ser registrados y autorizados por el minsa, en la práctica esto se vuelve inaplicable por no existir una normativa procedimental sobre la autorización de la importación de productos farmacéuticos que no estén contemplados en la referida ley o cuyo uso o consumo haya sido prohibido por razones sanitarias en su país de origen o por recomendación de organismos internacionales.
También existen incongruencias en el reglamento de la ley, específicamente en el capítulo referido a la normativa que regula la tenencia y comercialización para fines médicos de las sustancias estupefacientes y sicotrópicas, ya que no contiene lo referido a los procedimientos para que las farmacias puedan elaborar o preparar por encargo medicamentos que contengan estas sustancias. Tampoco contiene la regulación de medicamentos que contengan estupefacientes que se encuentren de tránsito por el territorio nacional, ni la posesión de éstos por extranjeros que estén en el país y los requieran para su tratamiento.
Según la dirección general de farmacias, existen en nicaragua 1,000 farmacias, más del 50% (560) no legalizadas. Sólo 456 farmacias tienen un regente durante 8 horas como lo manda la ley, y otras 230 sólo tienen regente durante 4 horas.
Epidemias
El cuadro epidemiológico de Nicaragua es complejo y se ha ido agravando con el tiempo. A muchas enfermedades endémicas se van sumando otras. A mediados de mayo, y en la región central del país, se dio la voz de alarma sobre una plaga de ratas que había acabado con la producción de primera en la región, y provocado una epidemia de leptospirosis en comunidades de Río San Juan y el noreste de Chontales. Hasta el 6 de julio el MINSA había reportado 110 casos sospechosos de leptospirosis a nivel nacional, 93 en Río San Juan.
Según datos de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del MINSA, desde el 1 de enero hasta el 6 de noviembre de 1999 se reportaron 9 mil 198 casos de dengue clásico, 5,026 de ellos en Managua. Sigue León, con 785 casos. Managua también tuvo la cifra más alta de casos de dengue hemorrágico: 313 casos de los 560 reportados. Sigue León, con 135 casos. Por dengue hemorrágico murieron 11 personas, 7 de ellas en Masaya, paradójicamente uno de los departamentos que reporta menos incidencia de la enfermedad.
De los 512 casos de cólera reportados hasta el 30 de octubre, 142 corresponden a la Región Autónoma del Atlántico Norte. Sigue Managua, con 98. Hasta el 30 de octubre, se habían reportado 28 mil 982 casos de malaria.
Matagalpa es el departamento que mayor número de casos de intoxicación por plaguicidas con 265. Le sigue Chinandega con 179, con 26 muertes por esta causa. 152 muertes por plaguicidas -de 1,361 casos de intoxicación- ocurrieron en todo el país. Chinandega tiene el récord de muertes por esta causa.
En 1999 se reportaron también 334 casos de meningitis bacteriana, ocupando Managua el primer lugar de incidencia con 98 casos. Le sigue Matagalpa, con 64 casos. También se reportaron 73 casos de meningitis meningocóccica, con 19 fallecidos.
Problemas Específicos de Salud
Un serio problema de salud pública el de los embarazos y partos en adolescentes de 15 a 19 años. Según la encuesta de Demografía y Salud realizada por el Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos en 1999, la mitad de las adolescentes nicaragüenses ya son madres o están embarazadas a los 19 años. En comparación con 1998, el incremento es del 25.6%. Una de las causas son las políticas educativas oficiales que no incorporan una adecuada educación sexual en las escuelas. Según la Encuesta de Demografía y Salud, la falta de orientación sexual incide en que las enfermedades de transmisión sexual se propaguen en jóvenes y adolescentes menores de 19 años.
La mortalidad materno-infantil entre las adolescentes nicaragüenses es de las más elevadas de Centroamérica con un 25.3% de muertes por causas directas o indirectas al parto.
La tasa de mortalidad materna en Nicaragua es de 72.3 x 100 mil nacidos vivos esperados. Un 72.5% de las muertes maternas ocurre en las zonas rurales, como consecuencia de la ausencia de servicios básicos de salud.
En materia de salud mental, en el Hospital Psiquiátrico, al igual que en la mayoría de los centros hospitalarios públicos, existe lo que las autoridades denominan "sistema de salud diferenciado", que no es más que la prestación de servicios privados de atención en salud a quienes tengan posibilidades económicas para pagarlos utilizando para ello las instalaciones y los recursos públicos. La justificación de las autoridades del Hospital Psiquiátrico -similar a la de las autoridades de otros hospitales públicos- es que con estos recursos extra se complementa el raquítico presupuesto que les asigna el Estado. En éste, como en todos los hospitales y centros de salud públicos, los pacientes que tienen acceso a consulta médica gratuita no reciben nunca medicamentos.
Enfermedades de Transmisión Sexual
En las enfermedades de transmisión sexual existe un notable subregistro, por deficiencias del MINSA, y porque la población tiene arraigados tabúes que le llevan a buscar atención fuera del sistema público o a automedicarse.
Las Regiones del Atlántico son las que tradicionalmente han reportado mayor número de casos de enfermedades de transmisión sexual, a pesar de que son las menos atendidas por su lejanía, sus dificultades de comunicación y la dispersión de su población. Le siguen este orden Masaya, Chinandega, León y Managua.
Nicaragua es el país centroamericano donde más tardíamente se diagnosticó a la primera persona portadora del VIH/SIDA y es hoy el país que en la región tiene una incidencia más baja de esta enfermedad. Según la Dirección de Vigilancia Epidemiológica, hasta septiembre de 1999 se reportaron 476 casos, de los que 209 presentan mayor avance en el deterioro del sistema inmunológico. De ellos, fallecieron 131, lo que representa una tasa de mortalidad del 27.5%, con una tendencia hacia el incremento de los casos y los fallecimientos.
De acuerdo al Boletín Epidemiológico de la Unidad de Vigilancia y Epidemiología del MINSA, del total de nicaragüenses que son portadoras del VIH/SIDA el 76% son hombres y el 24% mujeres. En 1993 la incidencia en los hombres respecto a la enfermedad era de 1.1 por 100 mil habitantes. En 1999 es de 2.2 por 100 mil habitantes. En el caso de las mujeres, la tendencia es similar, salvo algunas variables en algunos años debido al subregistro imperante. Esto indica que en seis años se ha duplicado la incidencia. Lo más preocupante es el incremento en las mujeres, pues la enfermedad se transmite a los hijos en gestación.
La principal vía de transmisión del VIH/SIDA es la sexual (87% del total de casos). En primer lugar está la transmisión por relaciones heterosexuales (66.2%). Siguen las relaciones homosexuales (22.3%) y las bisexuales (11.5%). Esto contradice el mito de que la enfermedad se presenta más comúnmente en hombres que tienen sexo con hombres.
Otra manera de contraer la enfermedad, aunque con menor incidencia, es el uso de drogas intravenosas (10.1%), lo que resulta un índice indirecto para conocer la cantidad de población que hace uso de este tipo de sustancias. También se ha transmitido la enfermedad por transfusión sanguínea (0.9%) y por madre embarazada (1.5%).
Existe un número significativo de personas con edades entre los 15-19 años viviendo con el VIH/SIDA. Tomando en consideración el tiempo de incubación de la enfermedad y el de su diagnóstico, puede suponerse que estas personas contrajeron la enfermedad a inicios de la adolescencia. Como las estadísticas indican que las principales vías de contagio son las relaciones sexuales y el uso de drogas, esto debe de llamar la atención a las autoridades encargadas y a los ONGs para definir estrategias de prevención. Diversas ONGs han venido insistiendo en adecuar la educación sexual que reciben los jóvenes y adolescentes de secundaria, que deben de proporcionar información específica sobre esta enfermedad.
Los departamentos donde se han reportado mayor número de personas viviendo con el VIH/SIDA son Managua (238), Chinandega (38), RAAS (19), Matagalpa (14), Carazo (13), Madriz (13) y Granada (12). El resto de departamentos ha reportado números menores, pero en todos sin excepción hay casos, a pesar del subregistro que dificulta que el MINSA lleve el control.
En 1996 fue aprobada la Ley 238, Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el SIDA, pero fue hasta diciembre de 1998 que la Comisión de Salud, Seguridad Social y Bienestar de la Asamblea Nacional anunció la presentación ante el plenario de la Asamblea Nacional del anteproyecto de reglamento de esa ley, para ser aprobado en el primer trimestre de ese año. Nunca se aprobó. La falta de aprobación del reglamento impide la aplicación de las normas contenidas en la ley, que protegen los derechos humanos de las personas portadoras del VIH/SIDA.
Presupuesto para Salud
En 1999, el presupuesto que tuvo el MINSA fue de 1 millón 269 mil 993 córdobas, lo que representa el 14% del Presupuesto General de la República. Una buena parte de este monto se dedicó al rubro de salarios y gastos de representación de los altos funcionarios administrativos del MINSA, aunque oficialmente se afirma que los hospitales públicos absorben el 60% del presupuesto, a pesar de que la inversión -tanto en infraestructura como en material de reposición, además en salarios de médicos, enfermeras y trabajadores de la salud- resulta imperceptible. Es cada vez más significativa la brecha salarial entre los altos funcionarios y los empleados del Ministerio.
Para el año 2000 el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional fue de 1 millón 758 mil 713 córdobas, lo que representa un aumento de 488 millones de córdobas en el rubro salud. Este incremento no garantiza que efectivamente se logre una mejoría en la atención a la población -por su aumento de 1998 a 1999- ni tampoco que se les garantice a los trabajadores de la salud mejores condiciones de trabajo y salariales.
Mejorar la salud pública y las condiciones de los trabajadores de la salud es un compromiso adquirido por el gobierno con los organismos internacionales, como contrapartida de otros compromisos que establecen la reducción del personal de salud, la privatización de los servicios, y contrapartidas nacionales para recibir préstamos o financiamientos de estos organismos.
Lo más significativo, en cuanto al derecho a la salud, es la notable y creciente desatención en que se encuentra desde hace años la población rural, víctima en las dos últimas décadas del conflicto militar y posteriormente, de un modelo económico que sólo favorece a quienes tienen más y de una política gubernamental que utiliza los recursos del Estado para hacer proselitismo político.[volver]
En el año escolar 1999, el gobierno central destinó a la educación un presupuesto de 96 millones 693 mil 328 córdobas, lo que representa 134 millones de córdobas más en relación al presupuesto de 1998. Aunque según la UNESCO, el presupuesto destinado a la educación pública debería ser el 7% del PIB, en Nicaragua sólo se destina a educación el 4%. El gobierno proyectó también recibir 67 mil 149 dólares de organismos internacionales, además de los 40 millones de dólares con los que la comunidad internacional decidió apoyar programas de reconstrucción y habilitación de escuelas afectadas por el Mitch.
Sistema Educativo en Crisis
En Centroamérica, Nicaragua es el país que tiene los índices más bajos en cuanto a cobertura, calidad y presupuesto de educación. En 1999 se programó que ingresaran a las aulas escolares 1 millón 366 mil 537 alumnos, incluyendo preescolar, primaria, secundaria, educación especial, formación docente y educación de adultos.
Uno de cada cuatro nicaragüenses ni siquiera lee ni escribe su propio nombre. Alrededor de un millón de niños y jóvenes se quedan anualmente fuera de los servicios escolares. En el área urbana, sólo un 30% de los que ingresan en primaria la terminan. En el área rural es sólo el 10%. La secundaria cubre apenas al 34% de la población en esas edades. Se padece un rezago de por lo menos 30 años. Los índices de analfabetismo (30%) crecen a la par de los del desempleo y la pobreza.
Las clases en el campo son multigrados y a veces no sólo de dos grados sino hasta de tres. Un mismo maestro atiende dos y tres grados en diferentes turnos. La mayoría de estos maestros son empíricos (52% en el área rural). Cada año 2 mil 500 maestros abandonan su trabajo en el sistema de educación básica y media. Los maestros nicaragüenses son los peor pagados de Centroamérica y los que pagan los servicios básicos más caros de la región. El salario del maestro en Guatemala es 250 dólares, en El Salvador 300, en Honduras 260, en Costa Rica 350 y en Nicaragua es apenas de unos 65 dólares.
Es prometedor el anuncio hecho este año de que se titulará a maestros empíricos, se ofrecerán postgrados en diferentes disciplinas y hasta se creará la carrera de director de escuela. Existen planes de preparación y profesionalización de maestros para los próximos tres años, dirigidos a 31 mil docentes de la educación básica y media, que son apoyados financieramente por el BID.
La deserción escolar tiene como causa principal la pobreza. Las familias no tienen qué comer, ni tienen ropa, zapatos o cómo movilizarse. Los padres de familia mandan a los niños a trabajar para ayudarse económicamente. Como parte de los planes de atención a los menores de escasos recursos, el Ministerio de Educación Cultura y Deportes (MECD) ha programado brindar a medio millón de alumnos -preferentemente en las zonas rurales- un programa de nutrición escolar, pero se han recibido denuncias de que las galletas y el cereal que brinda el MECD en este programa tienen gorgojos y polillas.
La falta de equidad en la educación pública -en comparación con la realidad del resto de países centroamericanos- se expresa en el crecimiento alarmante del índice de analfabetismo, en el escaso índice de niños y niñas en la educación preescolar -particularmente en el sector rural-, en los elevados índices de deserción y repetición en los primeros grados de educación primaria, en la baja cobertura del nivel de educación primaria, más baja aún en el nivel medio y superior, y en la baja calidad de la educación que reciben los estudiantes de los sectores sociales más pobres. Todo apunta a la configuración de un modelo que excluye a las mayorías y que no garantiza ni equidad en la distribución de la riqueza material, cultural y espiritual, ni en las oportunidades para superar tantas iniquidades sociales.
Se debe luchar por lograr no sólo la apertura de centros escolares de calidad donde no los haya y por promover la asistencia y la permanencia en donde los haya. También se debe luchar por elevar la eficiencia de los sistemas escolares, no por medios de dudosa eficacia como la llamada "promoción automática", sino mejorando las condiciones económicas y sociales del país y mejorando los procesos pedagógicos, didácticos y administrativos de las unidades educativas.
Textos Escolares
Existe una fundada suspicacia sobre la posibilidad de que existan grandes negocios detrás de la venta de útiles escolares. En los últimos nueve años la industria gráfica nicaragüense ha sido marginada del mercado de los textos escolares, y las políticas educativas han sido orientadas a imponer en los colegios públicos y privados textos elaborados en el extranjero, alegando que los precios nicaragüenses no son competitivos con los de la industria gráfica extranjera.
La importación de libros está exonerada de impuestos y producirlos en Nicaragua -lo que crearía fuentes de empleo y contribuiría a la economía del país- sí está gravado con una serie de impuestos. En esta situación, la industria gráfica nacional sólo tiene acceso a un 15-20% del mercado, y los textos que utilizan los escolares son impresos en Colombia y México.
El Banco Central de Nicaragua tiene datos que indican que en los últimos dos años se importaron al país 32 millones de dólares en libros, cuadernos, y materiales, tanto educativos como culturales.
En Nicaragua existen más de 160 imprentas, entre grandes y medianas. La industria gráfica nicaragüense tiene capacidad para cubrir hasta en un 75% las importaciones de libros y si lo hiciera podría generar hasta tres mil empleos anuales, entre directos y temporales.
Autonomía Escolar
Aunque es cierto que es necesario romper con los viejos modelos educativos, centralistas y burocráticos, que impiden al gobierno, a las autoridades locales y a la sociedad civil responsabilizarse con la educación, es una realidad que en la situación en que vive la mayoría de los nicaragüenses, se trata de un ideal que puede limitarse a confundir descentralización con desconcentración, siendo ésta fundamentalmente financiera.
El Estado no puede renunciar a las obligaciones que la Constitución establece: garantizar a todos educación gratuita, de calidad, laica y sin compromiso ni con partidos políticos, ni grupos religiosos, ni económicos.
En Nicaragua se requiere una verdadera -y no ficticia- transferencia de poder de decisión desde el Estado a la sociedad civil vinculada y comprometida con la educación, para que Estado y sociedad, ejerciendo una real democracia participativa, decidan el rumbo y futuro de las prioridades de la educación en el ámbito local y en el nacional.
La autonomía escolar y la descentralización municipal de la educación deben experimentar cambios importantes. Según informes y evaluaciones independientes, estos dos modelos -cuyos creadores están fuera de nuestras fronteras-, aunque han permitido alguna participación de los padres de familia, se han limitado fundamentalmente al cobro y a la administración del pago de aranceles y de obligaciones económicas con el centro de estudios, y no han contribuido a superar los problemas de fondo de la educación, el acceso de todos, la gratuidad, la calidad, la democratización verdadera en la participación, y la dignificación del magisterio.
Respecto de la autonomía de los centros escolares, existe una opinión generalizada sobre su impacto negativo. Sobre ella, y según "La Educación en Nicaragua", del Grupo Propositivo de Cabildeo, de febrero de 1999, los maestros sienten:
- Que no han participado en la gestación de este proyecto, que ha sido impuesto en muchos casos.
- Que se han convertido en cobradores, con el fin de mejorar su escaso salario.
- Que entran en contradicción con los padres de familia.
- Que se ha mercantilizado la educación.
- Que se enfatiza lo administrativo y no el mejoramiento de la calidad de la educación.
- Que se reduce el acceso a la educación de quienes no tienen posibilidades económicas.
Plan Nacional de Educación
Uno de los más graves problemas que aquejan a nuestra sociedad es la fragilidad, ductilidad y precariedad de sus instituciones jurídico-normativas. En Nicaragua no se respetan las leyes ni las normas existentes.
En 1995 fue creada oficialmente una instancia superior de coordinación de la educación nacional. Son miembros de esta instancia los más altos representantes de los órganos de di